Las otras noticias + PPOPULARES de los Genoveses, SA
Del 22 al 31 de diciembre de 2007
|
|
Ir a informes anteriores |
ÍNDICE
1. RAJOY IMPUSO LAS RECUSACIONES AL CONSTITUCIONAL
2. JUECES DEL CONSTITUCIONAL INTENTARON CONVENCER AL PP DE QUE NO RECUSARA
3. RAJOY GARANTIZA QUE GOBERNARÁ SÓLO OCHO AÑOS SI ES PRESIDENTE
4. BRONCA CON TRABAJADORES DE TVG EN UN ACTO DE RAJOY
5. INQUIETUD ENTRE DIPUTADOS Y CLÁSICOS
6. TENSA NAVIDAD EN LA FAMILIA POPULAR
7. EL PP ARREMETE CONTRA LA 'HACIENDA' CATALANA
8. AZNAR VUELVE A LA CARGA: "EXISTE UN RIESGO PARA LA CONTINUIDAD HISTÓRICA DE ESPAÑA"
9. CONFIRMADO: EL IV ENCUENTRO DE VÍCTIMAS, EXCUSA PARA ATACAR AL EJECUTIVO SOCIALISTA
10. GALICIA: EL FISCAL INVESTIGA LICENCIAS QUE DIO EL EX ALCALDE DE ARTEIXO A SUS EMPRESAS
11. GALICIA: LA FISCALÍA SE QUERELLA CONTRA UNA CANTERA DE XUNQUEIRA DE AMBÍA
12. ANDALUCÍA: EL SUPREMO TRAMITA LA DENUNCIA CONTRA DEL OJO
13. COMUNIDAD DE MADRID GALLARDÓN AVANZA, AGUIRRE ESPERA
14. COMUNIDAD DE MADRID: AGUIRRE IRRUMPE EN LA HUELGA
15. COMUNIDAD DE MADRID: "SÍ, HAY PLURALIDAD: DE DERECHAS O MUY DE DERECHAS"
16. COMUNIDAD DE MADRID: EL GOBIERNO REGIONAL IMPUGNA LAS AYUDAS AL ALQUILER
17. COMUNIDAD DE MADRID: LA COMUNIDAD ARRENDATARIA
18. COMUNIDAD DE MADRID: LA RED CORRUPTA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID CRECE CON OTROS CINCO ARRESTOS
17. COMUNIDAD VALENCIANA: EL CONSELL 'ESCONDE' E 1.224 MILLONES EN FACTURAS IMPAGADAS
18. COMUNIDAD VALENCIANA: PREGUNTAS SOBRE LA VISITA PAPAL
22. REGIÓN DE MURCIA: LA AUDIENCIA IMPUTA OCHO DELITOS AL ALCALDE DE TOTANA Y CONFIRMA SU PRISIÓN
23. REGIÓN DE MURCIA: EL AYUNTAMIENTO TIENE PARALIZADOS 70 CONVENIOS POR LOS QUE RECIBIÓ 16 MILLONES
25. ISLAS CANARIAS: CRISIS EN EL PP CANARIO
26. ISLAS CANARIAS: UN MUNICIPIO CANARIO PAGARÁ LA DEFENSA DE 2 ACUSADOS POR CORRUPCIÓN
27. EL OBISPO DE TENERIFE AFIRMA QUE ALGUNOS MENORES INCITAN AL ABUSO SEXUAL
28. EL SUPREMO RECIBE LA DENUNCIA CONTRA EL JUEZ GARCÍA-CALVO
1. RAJOY IMPUSO LAS RECUSACIONES AL CONSTITUCIONAL
El intento del PP de recusar a tres jueces del sector progresista del Tribunal Constitucional empezó a gestarse el pasado 24 de octubre, cuando en una comida de la dirección, y a pesar de los recelos expresados por algunos de los dirigentes populares por la falta de base, Mariano Rajoy impuso su criterio argumentando que "no podemos quedarnos de brazos cruzados". A partir de ahí, los consejos jurídicos de Federico Trillo y Soraya Sáez de Santamaría dispusieron la estrategia y el diario El Mundo publicó la información que sirvió de base para las recusaciones. Magistrados conservadores del Constitucional trataron en vano de frenar la jugada, que acabó con una serio correctivo del Alto Tribunal al Partido Popular, tachando sus intentos de recusaciones de "fraude procesal".
En una comida el pasado 24 de octubre en la que también
asistían Ángel Acebes, Eduardo Zaplana, Carlos Aragonés, Jorge Fernández
Díaz y el líder del PP, Mariano Rajoy, se empezó a maniobrar para recusar a
tres magistrados progresistas del Constitucional, según revela hoy el diario
El País. A pesar de que varios de los comensales expresaron sus dudas, ya
que entre otras cosas ellos habían puesto el grito en el cielo cuando el
Gobierno recurrió a dos magistrados conservadores, siempre según la versión
del periódico de Prisa, Rajoy acabó por imponer su criterio: "Hay que hacer
algo, no podemos quedarnos de brazos cruzados ante una ofensiva como la del
Gobierno, que le permite controlar el Constitucional cuando se va a juzgar
el Estatuto de Cataluña. Lo explicamos diciendo que el Gobierno no nos ha
dejado otra opción".
A partir de ahí se inició la operación recusación, con el asesoramiento
jurídico de Federico Trillo y de Soraya Sáez de Santamaría. En el
Parlamento, 62 populares firmaron el recurso, mientras que el diario El
Mundo publicaba una noticia sin firmar que sería el sustento para argumentar
la recusación. La noticia daba cuenta de una presunta reunión celebrada el
12 de junio en la que tres magistrados del sector progresista habrían
mostrado su apoyo a la ley de reforma del Constitucional. Esta información
fue desmentida por todos los jueces implicados, tanto los conservadores como
los progresistas.
Una vez publicada la noticia el portavoz del grupo parlamentario popular, Eduardo Zaplana, anunció que el PP presentaba el recurso. A partir de ahí varios magistrados del sector conservador llamaron a dirigentes del PP para advertirles de lo errado de la estrategia dado lo endeble de las pruebas.
Se produjo una reunión de crisis en Génova, con Rajoy, Acebes, Trillo, Astarloa y Sáenz de Santamaría. Pero ya no habría marcha atrás y se mantuvo el criterio inicial de Rajoy. El intento de recusación se saldó con un auto de rechazo del Constitucional en el que se calificaba la actitud del PP de "intento de abuso de derecho o fraude procesal".
(www.elplural.com, 24/12/07)
2. JUECES DEL CONSTITUCIONAL INTENTARON CONVENCER AL PP DE QUE NO RECUSARA
La dirección del PP tomó la decisión de recusar a tres jueces del Tribunal Constitucional a pesar de que varios magistrados conservadores de este organismo trataron de convencerles de que no lo hicieran, según confirman fuentes parlamentarias y de la dirección del PP. La decisión ha supuesto un grave revés para el PP, ya que ha sido rechazada con un auto sin precedentes en el que el tribunal calificaba la actitud del principal partido de la oposición como un "intento de abuso de derecho o fraude procesal". El PP basaba su recurso en una información de prensa publicada en el diario El Mundo y desmentida por completo.
El 24 de octubre, Mariano Rajoy convocó a una comida en el restaurante Paradis, al lado del Congreso, a algunos de sus colaboradores más directos. Estaban Ángel Acebes y Eduardo Zaplana, números dos y tres del partido, Carlos Aragonés, miembro de maitines, y Jorge Fernández Díaz, número dos del Grupo Parlamentario. La posible recusación de tres jueces progresistas del Constitucional, en respuesta a la que el Gobierno había presentado contra dos conservadores, monopolizó rápidamente la conversación.
Ninguno de los presentes se mostró entusiasmado con la idea de recurrir. Pero Rajoy parecía ya decidido, a decir de dos comensales. El equipo jurídico, liderado por Federico Trillo y Soraya Sáenz de Santamaría, le había trasladado la posibilidad de utilizar una reunión en la que tres magistrados progresistas habrían mostrado su apoyo a la Ley del Constitucional, el recurso que debían juzgar.
Uno tras otro, los dirigentes expresaron sus dudas. Sobre todo argumentales. El PP había puesto el grito en el cielo cuando el Gobierno recurrió, y era difícil justificar por qué hacían lo mismo. Se impuso el criterio de Rajoy: "Hay que hacer algo, no podemos quedarnos de brazos cruzados ante una ofensiva como la del Gobierno, que le permite controlar el Constitucional cuando se va a juzgar el Estatuto de Cataluña. Lo explicamos diciendo que el Gobierno no nos ha dejado otra opción".
La decisión estaba pues, tomada. Y se puso en marcha rápidamente. Aprovechando que todos los diputados estaban en el Congreso -había una votación de los Presupuestos y la movilización fue total- se habilitó la salita contigua al despacho de Rajoy para que 62 de ellos firmaran el recurso. No lo hicieron Rajoy ni Zaplana, uno de los que más dudas había expresado.
La otra parte de la operación consistía en que El Mundo publicara la información para que el PP pudiera argumentar que tenía datos nuevos para la recusación. Y así sucedió. Al día siguiente apareció una información sin firmar narrando una reunión del 12 de junio en la que tres magistrados del sector progresista habrían mostrado su apoyo a la ley. Todos los presentes en esa reunión -seis magistrados- han desmentido después esa información.
Al día siguiente, Eduardo Zaplana, con la noticia encima de la mesa, confirmó en rueda de prensa, al mediodía, que se iba a presentar el recurso. No había consultado con Génova, como hace habitualmente, pero pensó que esta vez no hacía falta. Sin embargo, en la dirección del PP hubo muchos nervios esa tarde.
Los populares admiten que entre los magistrados conservadores hay dos bloques. En uno están Jorge Rodríguez Zapata (amigo de Trillo) y Roberto García-Calvo. En el otro todos los demás. Varios magistrados de este último grupo llamaron, según diversas fuentes parlamentarias y de Génova, a dirigentes del PP, entre ellos Ignacio Astarloa, responsable de Justicia y con serias dudas sobre el asunto, para convencer a la dirección de que con pruebas tan endebles sería muy difícil sacar adelante ninguna recusación.
La tarde fue larga en Génova, con una reunión de crisis de Rajoy, Acebes, Trillo, Astarloa y Sáenz de Santamaría. El equipo de prensa se negó hasta última hora a confirmar la noticia que había adelantado Zaplana. El propio portavoz, uno de los más reacios a la recusación, había puesto más difícil la marcha atrás con su rueda de prensa.
Al final se impuso la primera decisión de Rajoy. Los que se habían opuesto mantuvieron la disciplina de partido. Uno de los que más apoyaron la iniciativa se queja de que ahora internamente todos se quieran desvincular y culpen a Trillo. "Claro, cuando un recurso sale bien, tiene muchos padres, pero cuando sale mal, como este, nadie quiere hacerse responsable. En un partido hay que estar a las duras y a las maduras", sentencia.
(www.elpais.com, 24/12/07)
3. RAJOY GARANTIZA QUE GOBERNARÁ SÓLO OCHO AÑOS SI ES PRESIDENTE
Mariano Rajoy considera que el expresidente del Gobierno José María Aznar acertó al comprometerse a no superar, en ningún caso, dos legislaturas en el poder. Y tanto cree en el acierto político de aquella iniciativa que, según revelan desde su entorno, está dispuesto a asumir ante los españoles ese mismo compromiso en caso de lograr la victoria en las legislativas del 9 de marzo.
Ahora está por ver cómo valora la cuestión el fundador del partido, Manuel Fraga --que siempre ha rechazado poner límites a los mandatos por la desazón que se crea en el seno de los partidos--, y aquellos dirigentes que, sin disimulos, esperan su oportunidad para suceder a Rajoy. Mientras, el candidato da los últimos retoques al perfil de sus listas, y hasta de su posible gobierno.
Faltan pocos días para que se desvele el misterio. El PP prevé dar a conocer a sus cabezas de lista una vez que se disuelvan formalmente las Cortes, esto es, el 14 de enero. Alrededor de esa fecha se sabrá también si, para disgusto de la presidenta autonómica Esperanza Aguirre y como casi todos dan por hecho, el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón tendrá hueco en la candidatura al Congreso o si el portavoz en la Cámara baja, Eduardo Zaplana, concurrirá a las elecciones por Madrid o Valencia. Si finalmente Zaplana lo hace en las listas valencianas, será con la férrea oposición del presidente de la Generalitat, Francisco Camps.
Sobre estas y otras polémicas internas ya ha reflexionado Rajoy, quien, según se apunta desde la dirección popular, tiene tomadas las decisiones oportunas. Eso sí, los interesados las conocerán solo "horas antes" que la opinión pública, a fin de evitar inoportunas filtraciones.
Así, mientras el líder intenta marcar sus tiempos, algún relevante cargo del PP adelanta, sin micrófonos ni grabadoras delante, que únicamente seguirá en política si ganan en marzo. "No hay que forzar que te echen. Habrá que abrir paso", sentencia.
Otros dedican su tiempo a intentar ganarse a contrarreloj un escaño y los más curtidos esperan que su sacrificado silencio ante la curiosidad periodística sea interpretado como virtud a tener en cuenta. Por el momento, Rajoy es cicatero en sus guiños a los elegidos, aunque con excepciones: en una conferencia en Madrid auguró que Ignacio Astarloa será ministro. Tampoco oculta que le gustaría que el responsable de su programa, Juan Costa --que fue mano derecha de Rodrigo Rato--, estuviera en su gabinete. Y en una cena privada con parlamentarios garantizó, la pasada semana, que su jefe de campaña y portavoz en el Senado, Pío García Escudero, "mejorará" si hay suerte en marzo.
Pero, sin apenas hablar de otros, algo va dejando caer Rajoy de lo suyo. En diferentes entrevistas ha mantenido que, si pierde otra vez, pretende seguir al frente del partido. "He dedicado al PP media vida y le dedicaré lo que haga falta, hasta que queráis que yo siga aquí", enfatizó recientemente en un acto popular.
Si gana, pondrá fecha de caducidad a su mandato. No más de ocho años. A buen seguro, el también gallego Manuel Fraga volverá a poner el grito en el cielo. Ya en el 2000, en Sevilla, Fraga quiso tentar a Aznar para que rompiese su promesa. "Si no lo digo, reviento. ¡No hagas planes a menos de diez años, porque no nos da la gana", dijo entonces. Siete años después, se reafirma en su tesis: a su juicio, el "único error" que se le puede imputar a Aznar es haber publicitado su renuncia a un tercer mandato dado que, a su entender, provocó "sensación de interinidad" en las filas del PP antes de las elecciones legislativas del 2004. "Facilitó todas las maniobras en unos comicios en los que la jornada de reflexión, dos días después de la masacre de Atocha, fue quebrantada de forma manifiestamente ilegal", asevera Fraga. Pues, según parece, Rajoy no lo comparte.
(wwwelperiodico.com, 27/12/07)
4. BRONCA CON TRABAJADORES DE TVG EN UN ACTO DE RAJOY
La polémica por el bloqueo del PP a las oposiciones en la Compañía de Radio y Televisión de Galicia acabó por salpicar al presidente del partido, Mariano Rajoy. Un grupo de unos 20 trabajadores del ente autonómico llevó sus protestas a la puerta de un cibercafé de Santiago donde Rajoy celebró un acto contra el canon digital. Otros tantos jóvenes de Nuevas Generaciones del PP les hicieron frente. Dos diputadas del PP aseguraron que fueron agredidas.
Los primeros en llegar fueron los trabajadores y sindicalistas de la radio y la televisión, que se concentraron ante la puerta del establecimiento donde se iba a celebrar el acto. Los militantes de las juventudes del PP se metieron entre ellos a empujones para hacer un pasillo por el que Rajoy pudiera entrar en el cíber, entre gritos contra la actitud de los representantes del PP en el consejo de administración de CRTVG.
Los enfrentamientos se repitieron a la salida de Rajoy y una vez que el presidente del PP abandonó el lugar. El dirigente del PP de Santiago Gerardo Conde Roa se encaró con los empleados de TVG, a los que empujó y arrancó los carteles que portaban. Mezclados entre los militantes de nuevas generaciones también estaban los populares Arsenio Fernández de Mesa, Juan Juncal y Xosé Manuel Barreiro.
El conflicto de las oposiciones se debe al rechazo del PP a apoyar la oferta de empleo de CRTVG, para la que se precisa el apoyo de dos tercios del consejo de administración. La dirección de la compañía y los sindicatos negociaron la cobertura por oposición de 220 plazas. La temporalidad en el ente autonómico afecta a 400 trabajadores eventuales de la compañía, frente a 550 fijos. CRTVG no convoca oposiciones desde 1992.
En el interior del cibercafé, todo transcurrió con normalidad. Rajoy se extendió en sus críticas al canon digital, que grava los soportes y los equipos electrónicos capaces de reproducir y almacenar obras sujetas a derechos de autor. Después de prometer una educación fundamentada en las nuevas tecnologías y "más exigente", se sentó ante un ordenador y sumó su firma a las que se recogen en la página Todos contra el canon. El presidente del PP presentó un vídeo, almacenado en un lápiz de memoria, en el que "la familia popular" felicita la Navidad a los españoles entre acordes de villancicos. El pen-drive, resaltó Rajoy, también está "gravado con el canon".
Rajoy centró su discurso en la polémica del canon digital. No hizo lo mismo el presidente del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quien aprovechó su intervención en el acto para criticar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por trasladar a Galicia un Talgo que prestaba servicio en la línea entre Málaga y Madrid, que estrenó su tren de alta velocidad. A Galicia le dan un Talgo "que sobraba", mientras Zapatero "dice que le sobra dinero para cuatro aves", reprochó Feijóo. En cuanto al canon digital, el líder de los populares gallegos la comparó con la "propina" del vicepresidente Pedro Solbes. En su opinión, el canon es una "propina obligatoria", cuando debería ser "un acto de voluntad".
(www.elpais.com, 24/12/07)
5. INQUIETUD ENTRE DIPUTADOS Y CLÁSICOS
Los actos propagandísticos que el PP ha programado en las últimas semanas tienen una característica común: no falta nadie. Las listas están al caer, y la inquietud se percibe no sólo entre los diputados, que quieren repetir, sino entre algunos clásicos o ex ministros que quieren volver, especialmente en el Parlamento Europeo. Aún no hay nada definitivo, pero algunas cosas parecen estar claras. Luisa Fernanda Rudi volverá a encabezar Zaragoza con toda probabilidad, y Pilar del Castillo y Ana Mato repetirán probablemente en la lista de Madrid, donde hay gran necesidad de mujeres para cumplir la ley de paridad.
Parecen definidas las listas del País Vasco, en las que no estará presumiblemente Jaime Mayor Oreja, a quien algunos colocaban en Toledo y la mayoría continuando al frente del grupo europeo. Alfonso Alonso, ex alcalde de Vitoria y muy valorado en el entorno de Rajoy, se incorporará al Congreso por Álava.
En Barcelona hay una rivalidad de igual a igual entre Dolors Nadal y Jorge Fernández. Rita Barberá, la alcaldesa de Valencia, insistía el viernes en escabullirse: la mejor manera de apoyar a Rajoy es desde el Ayuntamiento, decía. Pero el PP intenta convencerla.Otra incógnita es el papel de Soraya Sáenz de Santamaría y Ana Pastor. La primera podría ir en un lugar destacado en Madrid, y Pastor, amiga de Rajoy, seguir por Pontevedra, su tierra, aunque el partido local, en medio de una batalla interna, preferiría que fuera por Madrid. Lucía Figar, de la que todos hablan, va a dar a luz y terminaría su baja maternal a pocos días de las elecciones, con lo que parece más difícil que se incorpore.
(www.elpais.com, 23/12/07)
6. TENSA NAVIDAD EN LA FAMILIA POPULAR
Las disputas entre Aguirre y Gallardón han agriado el fin de año del líder de la familia popular. Pero aunque las del alcalde y la presidenta son las más sonoras, no son ni mucho menos las únicas peleas internas con las que Mariano Rajoy tiene que lidiar en el seno de su partido. Los motivos de las divisiones son de lo más variado: a quién le corresponde situarse más cerca del líder, excesos de españolismo o de regionalismo, ofrecer empleo a cambio de votos, usar la sede del partido para vender pisos…
Ocurre en las mejores familias, pero en la popular se han especializado en tirarse los trastos a la cabeza unos a otros. Aguirre y Gallardón llevaron sus diferencias a la cena navideña del PP de Madrid celebrada en Pinto hace unos días, cuando la presidenta le indico al alcalde que esperaba que se cumplieran "todos tus deseos". En el penúltimo capítulo del enfrentamiento que ambos mantienen y ante lo que parece la inevitable presencia del alcalde en las listas de Madrid, Aguirre dejó entrever la razón de sus buenos deseos para Gallardón: pretende que quien secunde a Rajoy en las generales corra su misma suerte, es decir, que si el líder es derrotado, también lo haga su segundo de a bordo, como ocurre en el modelo americano.
Pero el PP tiene otros muchos frentes internos abiertos. Uno de los que se ha evidenciado más recientemente es el de Canarias con la dimisión del coordinador general de la campaña electoral y secretario general de los conservadores, Larry Álvarez. Éste, que también era portavoz popular del Cabildo de Gran Canaria, dimitió tras las críticas recibidas de su propio partido por la abstención de su grupo en la votación de los presupuestos propuestos por el PSOE para la ciudad en 2008. Soria ha convocado para esta tarde al comité ejecutivo regional para tratar de cerrar la crisis.
En Santiago de Compostela hace casi dos años que una gestora se ocupa de la dirección del PP, pero 10 de sus 20 vocales exigen ya un congreso extraordinario que ponga fin a la provisionalidad. El actual portavoz del grupo municipal, Gerardo Conde Roa, aspira a hacerse con el poder del PP municipal frente a Carlos Pillado. Conde Roa insinuó que cuando el partido era liderado por David Pillado, el padre de Carlos, la sede del PP servía para vender pisos y el partido era un instrumento "para defender el ladrillo y la peseta". El mismo día de esta denuncia en la gestora el otro aspirante, Carlos Pillado, se reunía a unos cuantos metros para preparar su candidatura, ya que según él el PP de Santiago "está adormilado".
El PP murciano ha protagonizado numerosas informaciones por la presunta corrupción urbanística en Totana, donde el efecto más inmediato del escándalo ha sido un considerable incremento de las afiliaciones al partido. Sí ha habido crítica interna en otra localidad murciana, Fortuna, donde la ex concejal popular María Dolores García acusó ante la Audiencia Provincial al actual alcalde, Matías Carrillo, a su hermano, a su mujer y a otro edil, José Antonio Carvajal, de comprar votos en las elecciones de 2003 con empleos municipales y vales de comida. La denuncia fue presentada por IU.
Otra de las divisiones más llamativas del PP es la que fractura al partido en Valencia. Aunque Camps se ha llevado el gato al agua y ha conseguido alejar a los zaplanistas de los órganos de poder de la Comunidad y prácticamente de las provincias de Castellón y Valencia, sin embargo los fieles a Eduardo Zaplana se han hecho fuertes en Alicante, donde se han refugiado en los cargos públicos de la Diputación. La toma de posesión de José Joaquín Ripoll como presidente de la diputación alicantina el pasado mes de septiembre fue un acto de reivindicación de la familia zaplanista, cuyo líder se dejó saludar exultante, mientras que Francisco Camps se fue al terminar el acto institucional y no compartió comida con sus correligionarios.
Las luchas de poder en las comunidades son las que han dejado este año más damnificados entre los populares. En Cataluña y tras dos amagos previos, Josep Piqué acabó dimitiendo como líder del PPC catalán al sentirse desautorizado por el secretario general del partido, sin que Mariano Rajoy actuase para impedirlo. Sin embargo, las cosas tampoco están siendo fáciles para sustituto, Daniel Sirera, ya que si bien cuenta con el apoyo de la dirección nacional y de Acebes en particular no tiene en cambio el respaldo mayoritario de los suyos en Cataluña. Así, ocho de los 14 diputados que tiene el Grupo Popular en Cataluña se reunieron el mes de octubre para manifestar su discrepancia con la línea política seguida por Sirera desde su llegada, según publicó La Vanguardia. Los diputados disconformes consideran que el giro españolista de la nueva dirección perjudica los intereses del partido en Calatuña.
Después de que tuviera que dejar la presidencia balear al no conseguir pactar con el resto de formaciones tras las autonómicas de mayo, también Jaume Matas dejó la presidencia del PP balear. Su sustituta, Rosa Estaràs, ha desconcertado a los suyos pero por lo contrario que Sirera, ya que ha proclamado que ahora el PP regional se dedicará a defender la identidad del pueblo balear.
También ha renunciado a continuar como diputada Alicia Castro Masave, que encabezó la candidatura popular en Asturias a las generales en 2004 y parecía que iba a repetir puesto en las listas de 2008. Castro fue la mano derecha de Zaplana en la Comisión de Investigación del 11-M, donde se erigió como una de las principales defensoras de la denominada teoría de la conspiración, impulsada por el diario El Mundo y jaleada por medios como COPE, LibertadDigital y Telemadrid. Otro de los principales defensores de la conspiración, Ignacio del Burgo, también anunciado que no repetirá por Navarra. Sin embargo, otros conspiradores de la familia popular como Zaplana o Acebes siguen gozando de buena salud en el partido.
(www.elplural.com, 27/12/07)
7. EL PP ARREMETE CONTRA LA 'HACIENDA' CATALANA
El Consejo Consultivo de la Generalitat de Cataluña aprobó en su reunión del pasado día 24 crear la Agencia Tributaria catalana a principios de enero, y el PP denunció que supone un avance en la desaparición de la Hacienda del Estado en esa comunidad autónoma. La Agencia es un paso más para "acabar con la unidad entre los españoles", dijo Soraya Sáenz de Santamaría, secretaria de Política Autonómica del PP.
Este partido ha recurrido al Tribunal Constitucional el Estatuto de Cataluña, que preveía la creación de la nueva agencia. Sáenz de Santamaría pidió que se resuelva el recurso "cuanto antes" para acabar con la "política de hechos consumados" que está suponiendo el desarrollo legislativo y reglamentario del Estatuto. Según Sáenz de Santamaría, si obtienen una sentencia favorable, habría que dar "marcha atrás" en asuntos como el que se pone en marcha esta semana y anular todas las leyes que lo desarrollan.
El Estatuto de Cataluña, aprobado en septiembre del año pasado, establecía que antes de dos años debía crearse la Agencia Tributaria de Cataluña, por medio de una ley del Parlamento autónomo. La ley fue aprobada en julio con la oposición de PP y Ciutadans.
La Agencia asume la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los tributos propios de la Generalitat de Cataluña (art. 204.1 del Estatuto). También asume las mismas funciones en los tributos cedidos por el Estado. Para esto, se creará un Consorcio entre las dos agencias tributarias, catalana y estatal.
Esta cuestión fue prácticamente copiada por el Estatuto de Andalucía. Con matices, las otras cuatro reformas estatutarias también prevén agencias tributarias autonómicas. Sáenz de Santamaría defendió que el caso catalán es un "salto cualitativo", ya que existe la posibilidad de que acabe por "recaudar y gestionar todos los tributos", algo que "no pasa con los otros".
(www.elpais.com, 27/12/07)
8. AZNAR VUELVE A LA CARGA: "EXISTE UN RIESGO PARA LA CONTINUIDAD HISTÓRICA DE ESPAÑA"
El ex presidente José María Aznar vuelve a alertar de los riegos de ruptura de España y proclama que no desea "ser de una generación que ve disgregarse nuestro país". Para evitarlo propone un cambio de Gobierno, ya que Zapatero ha "alentado" y "promovido" de la destrucción de la nación. En una entrevista a ABC, el presidente de FAES alerta del "error" de la posible independencia de Kosovo de Serbia, un asunto que le lleva a intentar justificar de nuevo su intervención en Irak cuando señala que "ahí [en los Balcanes] sí que España intervino sin autorización de las Naciones Unidos, sólo directamente a través de la OTAN".
La posible independencia de Kosovo también lleva a Aznar a alertar de que "existe un riesgo para la continuidad histórica de España" y apunto como síntoma "un referéndum de autodeterminación, ilegal por cierto, convocado para el próximo en el País Vasco". El primer referéndum convocado por Ibarretxe se produjo durante el gobierno del propio Aznar.
También habla de "coacciones intolerables en el Tribunal Constitucional" para "convalidar" el Estatuto de Cataluña y si no "España se va a enterar". "¿Qué case de chantaje es éste?", se pregunta Aznar, que lo atribuye a "personas de cuarta, quinta o novena fila.
Para el popular, esta "inaceptable" situación no es responsabilidad de los nacionalistas, a los que dice respetar, ni de los independentistas, a los que asegura entender y defender "su derecho a serlo". Sin embargo, acusa al Gobierno de España de haber "alentad" y "promovido esta situación", así como de ser "responsable". Por eso considera "urgente" un cambio de Gobierno, "para que el país no esté condicionado por aquellos que quieren acabar con la continuidad histórica de España".
(www.elplural.com, 26/12/07)
9. CONFIRMADO: EL IV ENCUENTRO DE VÍCTIMAS, EXCUSA PARA ATACAR AL EJECUTIVO SOCIALISTA
Tal y como ya informó El Plural a finales del pasado mes de noviembre, la Universidad Católica San Pablo CEU de Madrid organizará en plena precampaña electoral, el 22 y 23 de Enero, y apoyada por la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT), el IV Congreso Internacional sobre Víctimas del Terrorismo. Como ya sucedió en ediciones anteriores, este acto podría convertirse en un alegato contra la política antiterrorista del Ejecutivo socialista. De momento, la prensa conservadora, a la par que anuncia la fecha en que se realizará este cónclave, aprovecha la ocasión para vertir las primeras críticas contra José Luis Rodríguez Zapatero. "Las víctimas presentan su IV Congreso con temor a otro desplante de Zapatero", se afirma en ABC.
"Por desgracia, no siempre los políticos saben estar a la altura que les corresponde. Una vez más, Rodríguez Zapatero no ha confirmado su presencia y podría ausentarse de nuevo en un congreso que el Gobierno valora en función de criterios que se refieren a su propia imagen y conveniencia, cuando debería pensar en términos de apoyo moral y sentido de Estado. La frialdad o incluso la desatención hacía las víctimas cuentan entre los errores más graves del Ejecutivo a lo largo de la legislatura que termina (…) Rodríguez Zapatero prefiere no saber nada del presente más doloroso", reza el editorial de hoy de ABC.
Mientras crítica a José Luis Rodríguez Zapatero, la prensa conservadora aprovecha la ocasión para elogiar a los líderes populares que sí asistirán a este acto. Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre formarán parte del comité de honor. Antonio María Rouco Varela, cardenal arzobispo de Madrid y uno de los miembros del sector de la Conferencia Episcopal que más enérgicamente ha criticado el proceso de paz, realizará una ofrenda floral a la virgen de la Almudena.
Por su parte, el presidente del Partido Popular y aspirante a suceder a José Luis Rodríguez Zapatero en la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, pronunciará una conferencia de una hora y media de duración, justo antes del acto de clausura de este conclave, que empieza a convertirse, tal y como se temía, en una excusa para cargar duramente contra el Ejecutivo socialista.
Cabe precisar que, la sospecha de que este acto intentará desgastar al Partido Socialista aumenta si se tiene en cuenta que el periodista Cayetano González, articulista de El Mundo y jefe de prensa de Jaime Mayor Oreja en su etapa como ministro de Interior será el encargado de dirigir este congreso organizado, a dos meses vista de las próximas elecciones generales, por la Universidad San Pablo CEU de Madrid.
Ciertamente, son muchos los que consideran que la fecha elegida para celebra este IV cónclave de víctimas del terrorismo no es casual. Hasta ahora, se han celebrado este tipo de eventos en 2004 (en Madrid), 2005 (en Bogotá) y 2006 (en Valencia), sin embargo, no en 2007. La Universidad católica y conservadora ha preferido posponer este congreso hasta enero de 2008, sin explicar el por qué de este sospechoso retraso.
(www.elplural.com, 23/12/07)
10. GALICIA: EL FISCAL INVESTIGA LICENCIAS QUE DIO EL EX ALCALDE DE ARTEIXO A SUS EMPRESAS
Tres semanas después de destapar una presunta trama urbanística en el Concello de Mugardos, la unidad especializada de la Guardia Civil en materia de delitos urbanísticos ha entregado un informe similar al fiscal anticorrupción de Galicia en el que también aprecia irregularidades en el Concello de Arteixo durante la etapa en la que Manuel Pose (PP) era su alcalde. Concretamente, los indicios de ilegalidad apuntan al ex regidor, a la que fue primera teniente de alcalde, Isabel Vila Vilas, y al anterior arquitecto municipal, Enrique Sebastián Roel Estrada.
Este informe, realizado a instancias del fiscal especializado en delitos contra la ordenación del territorio, Antonio Roma, desvela un supuesto enriquecimiento de los denunciados sirviéndose de su poder de decisión en el Ayuntamiento entre el 2000 y el 2004. La Guardia Civil apunta que tanto Manuel Pose, como Isabel Vila y Enrique Roel otorgaron licencias de obras a empresas propias o de su entorno. El ministerio público, atendiendo a la investigación llevada a cabo por la nueva unidad de la Guardia Civil, interesó la admisión a trámite de la denuncia, que acabará en manos de un juez, que deberá decidir si continúa adelante o archiva la causa.
La unidad especializada de la Guardia Civil señala en su informe que «con respecto a la concesión de licencias a distintas sociedades en las que Manuel Pose tenía interés, se puede concretar que ha participado en la votación de alguna de ellas", si bien se aclara que su voto «no fue decisivo para conceder la licencia, porque su abstención permitiría igualmente la aprobación por mayoría".
En otro apartado de la denuncia se asegura que el entonces alcalde del PP, «una vez que retiró las competencias de otorgamiento de licencias a la junta de gobierno local y las asumió él, en al menos una ocasión dictó resolución para la urbanización del entorno de dos edificios, uno de ellos promovido por la sociedad Álvarez Pedras, con interés suyo".
Además, la sociedad Arquihor, en la que también tiene poder el ex alcalde, «facturó al ayuntamiento varias marquesinas de paradas de autobús, presumiéndose que estas compras fueron por adjudicación directa", pues la Guardia Civil no «ha localizado ninguna contratación previa de las mismas".
En cuanto a la supuesta participación de la ex primera teniente de alcalde, Isabel Vila, durante el mandato de Pose, la Guardia Civil apunta que las sociedades Arteixo Consulting y Arista Gestión, «vinculadas" a la ahora presidenta local del PP, «recibieron diversas contrataciones del ente municipal; en ocasiones por contratación directa a propuesta de la propia Isabel Vila".
Otra de las supuestas irregularidades que se le imputan a Isabel Vila es que, según aparece en la investigación, «ella misma firmó por decreto diversas licencias de obras cuyos proyectos eran redactados por arquitectos vinculados a Arteixo Consulting y Arista Gestión".
Sobre el arquitecto municipal, entre el 2000 y el 2004, Enrique Roel, la Guardia Civil afirma que «desempeñó su profesión en la dirección de obra de la construcción promovida por la sociedad de Pose Miñones, Os bosques de Arteixo". No solo trabajó en esa construcción, sino en «otras obras concedidas por el Concello cuyos proyectos fueron redactados por él mismo".
(www.lavozdegalicia.es, 27/12/07)
11. GALICIA: LA FISCALÍA SE QUERELLA CONTRA UNA CANTERA DE XUNQUEIRA DE AMBÍA
La Fiscalía de Ourense ha presentado una querella por acto depredatorio, hurto y daños medioambientales contra la empresa minera Farriense de Granitos, SL, regentada por empresarios vinculados al alcalde popular de Xunqueira de Ambía, José Luis Gavilanes. La querella incluye, además, una denuncia por supuesta ilegalidad administrativa contra la delegación de la Consellería de Industria en Ourense, de la que es responsable el nacionalista Xosé Antón Jardón, que "no cerró la actividad de la cantera ni la sancionó hasta que no hubo una intervención del fiscal", según fuentes judiciales. Industria demoró la paralización de la actividad ilegal de la cantera pese a las continuas reclamaciones realizadas por el portavoz municipal del BNG en ese municipio, Xosé Lois Quintas Coello.
La empresa Farriense de Granitos, conocida por los vecinos de Xunqueira de Ambía como "a canteira do alcalde", según consta en el informe de investigación elaborado por la Policía Judicial, pese a que Gavilanes no figura en la misma, tiene como administrador único a Gregorio Rodríguez Fernández, ex teniente de alcalde del PP en el ayuntamiento limítrofe de Maceda, y como apoderados a José Luis Meire Sampedro, jefe de obras del Ayuntamiento de Xunqueira de Ambía, y Manuel Carracedo González, que fue empleado de Gavilanes como camionero. Antes figuró también como apoderado Samuel García, ex concejal del PP en Xunqueira, y Antonio Domínguez, presidente de los graniteros de Ourense, ahora desvinculado de la empresa.
Farriense de Granitos, cuya actividad fue paralizada a raíz de la querella del fiscal, está situada en el Monte de A Farria, que figura en el planeamiento urbanístico de Xunqueira como protegido a nivel A (protección paisajística y de montes) y con una declaración de la Administración que prohibía la actividad extractiva. Además, los responsables de la explotación han estado trabajando sin licencia municipal, y comercializando el producto durante cuatro años sin que el gobierno local presidido por Gavilanes ordenara tampoco su cierre.
La empresa se constituyó en enero de 2004 con un capital social de 18.000 euros, se inscribió en el Registro Mercantil con una actividad dedicada a la "extracción de piedra para la construcción", y realizó la labor extractiva y comercial pese a que había solicitado un permiso de investigación válido únicamente para analizar la calidad del terreno.
El monte A Farria -un macizo granítico de interés geomorfológico, botánico y paisajístico, coronado por enormes castillos de piedras- está sometido a Protección Especial Paisajística y a Protección Especial de Montes, y la Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental declaró el pasado 6 de marzo la prohibición de cualquier proyecto extractor en él. Pero la empresa siguió trabajando hasta que la Consellería de Industria decretó la paralización a instancias de la Fiscalía.
Las fuentes consultadas por este periódico sostienen que el cierre "ha llegado un poco tarde" y no afectará demasiado a la empresa, "que es más que probable que haya agotado ya las posibilidades de la cantera" y no le suponga coste alguno abandonarla. Así lo confirman los datos derivados del volumen de negocio, en los que queda de manifiesto que en 2006 las ventas, de 585.809 euros, reflejan un descenso del 5,96% en comparación con 2005, mientras que entre 2004 y 2005 la facturación había crecido un 40,6%.
Las cifras del último balance que figuran en el Registro Mercantil destacan que el valor añadido de la empresa ha sido del 57,95% sobre el valor de la producción, "situándose un 18,6% por encima de la media de su sector". En octubre, Farriense de Granitos disponía de unos recursos propios del 2,78% ("un 41,21% por debajo de la media de su sector") y unos recursos ajenos del 97,22%, que la colocaban en este caso un 41,21% por encima de la media del sector. Farriense de Granitos, SL se instaló en 2004 en el monte comunal de A Farria, en unas 30 hectáreas de terreno, con un contrato de alquiler por 10 años y un pago de 180.000 euros. Una vez paralizada la actividad extractora, el administrador de la empresa, Gregorio Rodríguez, ha solicitado autorización municipal para la instalación de un aserradero de piedra.
(www.elpais.com, 26/12/07)
12. ANDALUCÍA: EL SUPREMO TRAMITA LA DENUNCIA CONTRA DEL OJO
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite la denuncia contra el diputado nacional del Partido Popular, José Luis del Ojo, denunciado por la Fiscalía del alto tribunal por presunta prevaricación administrativa y fraude de subvenciones, y ha nombrado al magistrado Perfecto Andrés Ibáñez como instructor de la causa.
La Sala Segunda del alto tribunal considera que de la denuncia presentada "se desprende indicios de delito", pero abrirá nuevas diligencias de investigación sobre la actuación de Del Ojo como alcalde en funciones y concejal de Urbanismo en Ogíjares (Granada). "Se considera de momento insuficiente el material aportado con la denuncia para el juicio de inculpación serio y fundado". Esto retrasará la petición del suplicatorio ante la Congreso de los Diputados por la condición de aforado de De Ojo, y si el PP decide no incluirle en las próximas listas al Congreso, la causa será juzgada finalmente en Granada.
La Fiscalía definió en su informe al diputado como "instigador de las actuaciones" y estima que existen "abundantes indicios" de la comisión de "varios delitos", debido al fraccionamiento de facturas para adjudicar obras a dedo, entre otras irregularidades. El PP reforzó recientemente la condición de aforado de Del Ojo al nombrarlo vicepresidente de la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso.
(wwwelpais.com, 22/12/07)
13. COMUNIDAD DE MADRID GALLARDÓN AVANZA, AGUIRRE ESPERA
Esperanza Aguirre no es una mujer conformista. No acostumbra a resignarse ante la derrota. Pero en su entorno se percibe claramente en los últimos días cierto aire de resignación: desde los estrategas políticos hasta los consejeros más fieles, y la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, parecen haber asumido, que no aceptado, que finalmente, y en contra de su criterio, Mariano Rajoy -incluirá a Alberto Ruiz-Gallardón en la candidatura del PP al Congreso por Madrid. El alcalde no será el número dos, y seguramente estará detrás de Eduardo Zaplana, el número tres del partido, para evitar suspicacias, pero irá, según todas las quinielas.
Una vez asumida lo que para ella es una cruda realidad -todo parece indicar que la decisión ya está tomada, aunque se anunciará oficialmente a partir del 14 de enero, cuando se disuelvan las Cortes- el equipo de Aguirre se prepara para minimizar los costes y, sobre todo, pasar al contrataque. Si es cierto que Gallardón podrá al fin acceder al Congreso -algo que ni él ni Aguirre han logrado nunca en sus carreras políticas, y a lo que esta última no puede aspirar por ser presidenta autonómica- lo que no puede aceptar ella es que el alcalde utilice ese trampolín para hacerse con el liderazgo del partido si Rajoy pierde las elecciones.
Por eso, los operadores políticos de la presidenta, y entre ellos su mano derecha y vicepresidente regional, Ignacio González, hombre fuerte de la política madrileña y aspirante natural a sucederla al frente de la Comunidad si llegara a ser presidenta del PP, tienen ya preparado un discurso que están difundiendo internamente: si Rajoy quiere ir de la mano con Gallardón, en contra de la dirección del partido en Madrid, controlada por Aguirre, ambos tendrán que asumir que se convertirán en un ticket a la americana; esto es, que los dos, como sucede en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, asumen la responsabilidad de la victoria pero sobretodo de la derrota. Nunca el número dos de un ticket americano, después de la derrota del número uno, puede aspirar a sucederle como candidato en las siguientes elecciones.
Así explican en el entorno de la presidenta la declaración de guerra firmada el pasado lunes por su lugarteniente, Ignacio González, en la que señalaba que Gallardón no puede ser alcalde y diputado, según los estatutos del PP. "El alcalde ayudará mejor a que Rajoy gane desde su cargo", insistía González en declaraciones a El Mundo, tras dejar claro no sólo que Gallardón no estará en la lista que proponga el PP de Madrid, sino que espera que el Comité Electoral Nacional, que dirige el andaluz Javier Arenas, acepte esa exclusión y no lo repesque.
Varios miembros de la cúpula consultados esta semana interpretaron esas declaraciones como un pulso a Rajoy, ante el temor de que haya decidido incluir al alcalde. Y ésa es la tesis más extendida dentro del partido. "Todas las maniobras, de uno y otro bando, están calculadas y, si saltan así, es para meter más presión a Mariano", aseguraba el jueves un diputado miembro de la dirección.
Sin embargo, Aguirre y su entorno se empeñan en desviar el tiro. La entrevista era, según admiten, una maniobra calculada, pero para dejar claro que Gallardón tiene que asumir riesgos, y no puede ganar siempre. Si Rajoy vence, él tendrá su éxito político. Pero si pierde, tendrá que asumir, que él también ha perdido, y no puede ser el nuevo líder, señala un consejero madrileño.
La pelea por la sucesión de Rajoy sigue pues detrás de la inagotable batalla en todos los frentes que protagonizan Gallardón y Aguirre. Sin embargo, ambos acuden a actos conjuntos casi a diario -el protocolo obliga, tratándose del alcalde y la presidenta de Madrid- y tratan de guardar las formas, aunque siempre hay algún guiño. El miércoles, en la tradicional cena navideña del PP de Madrid, que tuvo lugar en Pinto, Gallardón compartió mesa con González. La tensión, según uno de los comensales, se notaba pese a los intentos de ambos por mostrarse amables. Rajoy se retrasaba, porque la sesión de control en el Congreso terminó muy tarde. Y ellos buscaban bromas para pasar el trago. Se habló de pensiones. "A mí éste me quiere jubilar", dijo Gallardón señalando a González, "pero no me voy a dejar", completó entre las risas de los asistentes.
Al final del acto, una nueva indirecta, esta vez con la propia presidenta, quien en más de una ocasión espetó al alcalde: "calladito estás más mono". "Feliz Navidad, Alberto, espero que se cumplan todos tus deseos", le dijo ella en presencia de varias personas. "¿Todos, todos, Esperanza?", contestó él con una sonrisa, en clara alusión a su deseo de ir en las listas. "Todos, Alberto, todos, feliz Navidad".
"Lo de esos dos no tiene arreglo. Uno tiene que ganar, y el otro perder la batalla final, sólo así, tal vez, pararán", sentencia un dirigente que los conoce desde hace 25 años.
(www.elpais.com, 23/12/07)
14. COMUNIDAD DE MADRID: AGUIRRE IRRUMPE EN LA HUELGA
Y al undécimo día de huelga de limpieza, se hartó. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, irrumpió ayer en el conflicto laboral entre los limpiadores de Metro de Madrid y las cuatro empresas que los emplean (Eurolimp, Ferroser, Valoriza y Clece), que ha convertido los andenes del metro en un estercolero, y lo zanjó con la resolución tajante de los contratos de limpieza.
"Esas empresas incumplen de manera ostensible y reiterada", argumentó Aguirre su decisión, un golpe de efecto que dejó fuera de juego a ambas partes del conflicto, que a esa hora habían cerrado la reunión que hoy mantendrán en el Instituto Laboral para negociar el fin de la huelga. "He ordenado que se rescindan los contratos y se convoque un nuevo concurso", agregó la presidenta, que subrayó que el único vínculo que Metro de Madrid tiene con la huelga es que existe un contrato que "se está incumpliendo" y que el resto es "un conflicto interno".
También aludió a su etapa como concejal de Medio Ambiente, con competencias sobre la limpieza y "experiencia en huelgas", para sugerir veladamente que si la negociación laboral se ha alargado es por falta de voluntad de llegar a acuerdos.
La decisión también pilló por sorpresa a la propia Consejería de Transportes, que durante todo el día tuvo que estudiar las consecuencias jurídicas de resolver los contratos. La conclusión fue notificada a las concesionarias por la tarde. Se les avisó de que el Gobierno regional inicia los trámites para romper el acuerdo y, mientras comprueba que ninguna de las empresas tiene responsabilidad civil, se incautará de la fianza que pagaron al inicio del contrato. Según una portavoz de la consejería, la media es de un millón de euros.
La intención de Transportes, agregó, es que la limpieza de los andenes comience hoy mismo. Para ello, reclaman a las concesionarias que "de forma extraordinaria y tajante" cumplan los servicios mínimos fijados por Metro. Y que allí donde éstos no sean suficientes para garantizar la limpieza, se refuercen. En concreto, la portavoz de Transportes citó los lugares donde se han volcado bolsas de basura (que tienen restos orgánicos) y donde se ha vertido aceite. "Si no se cubren, Metro aplicará medidas de urgencia con métodos propios o cualquier otro tipo de medidas en unos días", puntualizó.
Es decir, si la basura no comienza a desaparecer hoy mismo de los andenes, mañana podrían entrar en la red del metro los empleados de limpieza con los que cuenta la compañía metropolitana o incluso contratar otros servicios mientras se convoca el nuevo concurso.
Un portavoz de Ferrovial, empresa matriz de Eurolimp y Ferroser, las dos concesionarias que despidieron a 28 trabajadores por "vandalismo e incumplimiento de los servicios mínimos", rehusó hacer comentarios sobre la rescisión de los contratos hasta estudiar la situación. Lo mismo ocurrió con la portavoz de Valoriza (Sacyr Vallehermoso). Fue imposible contactar con Clece (Dragados).
Desde los sindicatos, hubo oposición generalizada a la decisión de Aguirre. "No es una solución al conflicto", afirmó la portavoz de UGT, Carmen Solera. "La Comunidad quita la adjudicación, pero no sabe cómo actuarán los que vengan".
"No nos parece una solución, en lugar de cambiar de empresa tiene que garantizar las mejoras", puntualizó Iván Albarrán, miembro del comité de huelga y portavoz de CGT.
Los puestos de los 1.500 trabajadores de limpieza de Metro ya están garantizados porque se les aplica el Convenio de Limpieza de Edificios y Locales de la Comunidad de Madrid siempre que tengan cuatro meses de antigüedad. Eso les permite subrogarse en los contratos que puedan hacerse en la futura convocatoria del concurso. "Y vamos a estar muy vigilantes en que se aplique", afirmó la secretaria de Actividades Diversas de Comisiones Obreras, Isabel Rodríguez, sindicato que no participa en esta huelga.
La portavoz de la Consejería de Transportes aseguró que la intención es mantener los puestos. Para garantizar que el conflicto laboral no se repita con los nuevos concesionarios, la comunidad autónoma plantea redactar "unos pliegos del nuevo concurso que marquen unas condiciones que impidan que se dañe al usuario y a la imagen de Metro", según explicó la misma portavoz.
En realidad, la máxima preocupación de los usuarios es estos días la salubridad de la red del metro, donde tras 11 días sin limpieza la basura se amontona por doquier y el hedor inunda los pasillos.
Cuatro técnicos inspectores de Salud Pública batieron ayer las principales líneas del centro en busca de posibles focos insalubres. Su primer dictamen fue que no existe "riesgo inminente" para la salud de los viajeros, aunque esta situación podría variar si persiste la acumulación de suciedad. "La presencia de elementos orgánicos es perjudicial porque pueden aparecer roedores", aclaró una portavoz de Sanidad.
(www.elpais.com, 28/12/07)
15. COMUNIDAD DE MADRID: "SÍ, HAY PLURALIDAD: DE DERECHAS O MUY DE DERECHAS"
"En Telemadrid hay pluralidad de posiciones. Hay posiciones de derechas o de muy de derechas". Ésta es una de las muchas conclusiones a las que Carlos Cuéllar, autor del blog Medios y Política y miembro de la organización Globalizate, ha llegado tras analizar la televisión que Esperanza Aguirre pretende privatizar para, entre otros fines, contratar a un locutor de la Conferencia Episcopal que es conocido por sus discursos extremistas.
Hasta ahora, todos hemos visto la manipulación diario de los informativos de Telemadrid con varios objetivos entre los que están:
- Deslegitimar al actual gobierno apoyando la "teoría de la conspiración"
- Desbaratar con sus informaciones el proceso de paz
- Ideologizar hacia la derecha más extrema a la sociedad
- Portavocía de la Comunidad de Madrid.
La manipulación informativa, superando con creces la efectuada por Alfredo Urdaci cuando fue director de informativos de RTVE, se realiza a través de los informativos en cualquier franja horaria, especialmente el presentador del TN2 Julio Samoano y los programas de debate como Alto y Claro, con Curry Valenzuela y Madrid Opina, con Ernesto Saenz de Buruaga.
De forma muy inteligente, la presidenta de la comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre indicó hace unos meses que en Telemadrid había "pluralidad", jugando con el lenguaje para dar a entender con esta palabra que en la cadena había diversidad de opiniones. Falso. Eso es el pluralismo y la pluralidad es según la RAE: "Multitud o variedad grande de cosas", pero no quiere decir que sean de distinto tipo. Lo que en realidad hay en Telemadrid es efectivamente pluralidad de posiciones de derechas o de muy de derechas.
La lucha de los trabajadores del ente público no se vio reflejada en la sociedad que otorgó a la presidenta de la Comunidad de Madrid acentuar su política informativa. Además, la queja que formuló el comité de empresa al Parlamento Europeo fue archivada con lo que los trabajadores han tenido que plegar velar y esperar a un nuevo comité de empresa que reinicie la lucha. No basta ya con decir, que sus informativos son escandalosos, carentes de todo rigor y objetividad, tenemos que ir un paso más allá. La excusa de que en Canal Sur, ETB o TV3 se manipula también me es inútil porque no veo esas cadenas y en caso de producirse esa manipulación cada uno en su ámbito debería denunciarlo.
El caso de Telemadrid es único en Europa. Una televisión pública que sufragada por los impuestos de todos es el órgano de propaganda de un partido, que además no tiene problemas en decir, que esa es la información que demandan los madrileños porque así lo demostraron en las anteriores elecciones. Por otra parte, se ha iniciado su privatización. No sería raro que fuera vendida a algún poderoso empresario que ya dispone de un periódico digital y que contaría además con el apoyo de un locutor de la Conferencia Episcopal conocido por sus discursos extremistas.
Cuando Hugo Chávez no amplío la licencia de la televisión RCTV que pedía un golpe militar contra él, muchos se llevaron la mano a la cabeza por "la libertad de expresión". Sin embargo, Telemadrid está cerrada literalmente a todo movimiento social que no sea de la línea ideológica de Esperanza Aguirre. Censura real, ya que era muy fácil darte cobertura si eres de la AVT (hasta que llego la orden de que ya no). Es imposible que saquen a un colectivo social, por ejemplo del tipo "Asamblea contra la precariedad y por una vivienda digna". Y no digo que no hayan salido, que lo han hecho pero en el contexto de atacar al gobierno del PSOE, pero no mostrar la postura política de la Asamblea ante el problema de la vivienda que dista años luz de las políticas neoliberales del PP en Madrid.
Pero, si se tratar de vender neoliberalismo y catolicismo hay tenemos expertos de la cuerda de GEES, FAES, Instituto Económico Social, del Vaticano, la Conferencia Episcopal, el "sindicato" Manos Limpias, el Foro de Ermua, etc. Hace unos días apareció Greenpeace en el contexto de criticar al gobierno por no cumplir con su plan de desaladoras, pero ocultando que la organización también se oponía al Plan Hidrológico Nacional, pero parecía que apoyaba las tesis del PP de "Agua para todos" según se desarrolló la noticia.
¿Qué podemos decir cuando tras el asesinato de Carlos Palomino se incidió en el tema de las bandas rivales y se emitió una noticia que relacionaba a la Coordinadora Antifascista con la ilegalizada Batasuna? Se omitió la convocatoria racista de Democracia Nacional, pero se mostraban los resultados de los altercados con la policía y Fernando Sánchez Dragó hacía alegatos racistas en "Diario de la noche".
Es preocupante, en mi opinión, que los movimientos sociales de Madrid no hayamos reclamado nuestro "derecho de acceso" reconocido en el artículo 20 de la Constitución española, eso si, acceder sin que nos tergiversen. Pero tenemos que ir más allá: Cuando se manipula de esa manera y sabes que parte de tu dinero se dedica a esto ya tienes la idea de que para eso, que la privaticen. Pero esta la idea que subyace en todo este proceso. Si se privatiza habrán conseguido su objetivo, de verdad ¿Podemos creer que si se privatiza tendremos más derecho de acceso? En caso de privatizarla estará todo bien cerrado para que siga sirviendo a determinados intereses. En resumen, si Telemadrid se privatiza nos habrán robado, no solo nuestro derecho a expresar nuestras opiniones sino también nuestro dinero. Por ello, es hora de que los movimientos sociales de Madrid demos un paso al frente y reclamemos lo que es nuestro
(www.elplural.com, 24/12/07)
16. COMUNIDAD DE MADRID: EL GOBIERNO REGIONAL IMPUGNA LAS AYUDAS AL ALQUILER
El real decreto de Renta Básica de Emancipación del Ministerio de Vivienda tiene un encendido opositor en la Comunidad de Madrid. Su presidenta, Esperanza Aguirre (PP), decidió presentar un requerimiento de competencia al Gobierno central porque considera que la norma invade sus atribuciones en materia de vivienda en la tramitación de las ayudas.
La impugnación del decreto se presentará en los próximos días al Ministerio de Presidencia, que tiene un mes para responder. Pasado el plazo, o en el caso de que haya una respuesta negativa, la intención de la Comunidad de Madrid es presentar un conflicto de competencias al Tribunal Constitucional.
Para no perjudicar a los ciudadanos, aseguró el vicepresidente regional, Ignacio González, no se planteará la suspensión de las ayudas.
(www.elpais.com, 28/12/07)
17. COMUNIDAD DE MADRID: LA COMUNIDAD ARRENDATARIA
La deuda que arrastran las comunidades autónomas tiene un control riguroso del Banco de España, que cada trimestre fiscaliza el nivel de cada región. En el caso de Madrid ascendía a 9.980 millones de euros a finales de septiembre, el último periodo computado. Son 921 millones de euros más que cuando Esperanza Aguirre llegó a la presidencia de la Comunidad de Madrid en noviembre de 2003.
Sin embargo, la deuda no supone un gran esfuerzo para las arcas regionales, pues apenas supone el 5% de los ingresos corrientes. Es decir, cada año se puede amortizar con holgura. El problema radica en las cantidades millonarias adicionales que el Ejecutivo regional está obligado a pagar. Son las que recibirán empresas privadas que han asumido la gestión de los servicios públicos privatizados por Aguirre o, como le gusta decir a su equipo de gobierno, "externalizados".
Un ejemplo está en la construcción de los seis nuevos hospitales. Para no asumir la inversión, el Gobierno de Aguirre se comprometió a pagar un alquiler durante los próximos 30 años a las compañías privadas que los levantaron. Sólo en 2008 ese arrendamiento va a suponer 145,39 millones de euros, según los presupuestos regionales aprobados el jueves.
Esa misma fórmula se ha trasladado a las carreteras, el metro, y hasta a viviendas del Ivima. La suma de todos estos alquileres, que tienen la denominación de canon, constituye una deuda oculta que no figura como tal en los presupuestos, sino que se incluye como un gasto, como si fuera el pago del alquiler del servicio. La justificación que repiten una y otra vez la presidenta regional y su equipo de gobierno es que las empresas privadas gestionan mejor los servicios públicos. Lo malo es que no sale más barato.
"Con esta política se sacan las inversiones del presupuesto administrativo y se incrementa el gasto corriente [el dinero que sirve para que funcione la Administración], que sí aparece reflejado en las cuentas y que supone ya el 86% de las cuentas", critica el diputado socialista Adolfo Piñedo. "Eso lleva a un problema de la propia sostenibilidad del presupuesto a largo plazo porque aumenta el gasto corriente desaforadamente". En los presupuestos de 2008, el Ejecutivo de Aguirre pagará como mínimo 704,65 millones de euros en cánones. Entre ellos están los siguientes:
- Viviendas del Ivima. La empresa pública de la vivienda (Ivima) tiene una modalidad de construir pisos según la cual el promotor de los pisos los alquila a la Administración. Este año, este casero cobrará 38 millones de euros en "derechos de superficie".
- Carreteras. La Consejería de Transportes ha dejado en manos privadas la construcción y explotación de carreteras como la M-45, la M-501 y la M-511 a cambio del denominado peaje en la sombra. En teoría, cobran según los coches que circulan por ellas. Este año recibirán 88,67 millones de euros de los presupuestos. Además, Transportes tiene en estudio construir otras dos carreteras privadas en este mandato.
- Intercambiadores. Por la explotación de la macroestación de la avenida de América, el Gobierno regional pagará 9,59 millones.
- Metro. El suburbano le costará a la Comunidad de Madrid el próximo año 423 millones en "arrendamientos y cánones". Esto incluye la aportación de capital que recibe la empresa Mintra, encargada de la construcción de nuevas líneas; las concesiones de líneas de tranvía (Sanchinarro, Boadilla y Pozuelo); el arrendamiento de los túneles de Metrosur, o el alquiler de los trenes (material móvil) que Metro arrienda a una empresa privada. Sólo este último concepto figura en los presupuestos regionales con 94,6 millones. Pero a él hay que añadir que, este año, hay que pagar un plazo de la opción de compra de estos trenes, que suponen 61 millones de euros.
- Hospitales. Con cada centro sanitario, la Comunidad de Madrid suscribe un concierto. Eso le va a costar 145,39 millones de euros en 2008. El hospital de Valdemoro, que es privado, se llevará 27 millones, pero también reciben alquiler el de Vallecas (16,77 millones), el del Sureste (10,76 millones), el del Sur (14,97 millones), el del Tajo (9,77 millones), el del Henares (16,24 millones) y el del Norte (19,38 millones). Al menos este año está previsto que abran escalonadamente, porque en 2007 se pagaron 53,98 millones sin que funcionaran.
(www.elpais.com, 24/12/07)
18. COMUNIDAD DE MADRID: LA RED CORRUPTA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID CRECE CON OTROS CINCO ARRESTOS
La trama corrupta dedicada al cobro de sobornos a cambio de agilizar licencias en Madrid se extiende a más funcionarios e intermediarios. El juez Santiago Torres, que investiga la red que exigía comisiones ilegales desde hace años en el Ayuntamiento de la capital, ordenó 10 nuevas detenciones de funcionarios y técnicos municipales, aunque la Guardia Civil sólo pudo practicar cinco. La operación trata de levantar el velo que ocultaba una tupida trama que facilitaba la concesión de licencias de apertura o actividad de locales comerciales y de ocio a cambio de dinero o, por el contrario, eternizaba el trámite a quienes no pagaban hasta que se rascaban el bolsillo. El instituto armado ejecutó seis registros, en dependencias municipales, algunas ya batidas en la primera fase: las sedes de Medio Ambiente y Urbanismo.
Torres ha puesto en marcha la nueva fase de la Operación Guateque, lanzada en noviembre pasado, tras analizar la documentación requisada en los primeros registros, cotejarla con las escuchas telefónicas, recibir nuevos datos de las pesquisas de la Guardia Civil y tomar declaración a los hasta ahora detenidos o imputados. Hace unos 10 días, el Ayuntamiento de Madrid fue advertido de que se avecinaba una segunda fase. El alcalde de Madrid, el popular Alberto Ruiz-Gallardón, explicó que la batida de es "una extensión" de la primera parte de la Operación Guateque.
La operación arrancó a primera hora de la mañana, cuando la Guardia Civil se presentó en las sedes de Urbanismo y Medio Ambiente con órdenes de registro y varias de detención. El primer arrestado fue un inspector de Medio Ambiente, J. G. L.
Los agentes también batieron las juntas municipales de distrito de Chamartín, Salamanca (de donde se llevaron al menos un ordenador), Retiro (zonas de pisos y locales caros y cuajadas de comercios) y Carabanchel, informa Álvaro Corcuera.
Ninguna de ellas había sido registrada en la primera fase, por lo que ya son ocho las juntas registradas de las 21 que tiene Madrid. Y las fuentes consultadas creen que la mancha de aceite de la corrupción aún se extenderá más y a más departamentos municipales.
Las detenciones se produjeron en cada una de las oficinas registradas, salvo en la de Retiro. En esta junta de distrito estaba previsto un arresto, pero el encausado estaba ausente. Otros dos funcionarios que iban a ser detenidos están de vacaciones. Las dos personas que faltan hasta completar la decena con orden de arresto judicial están supuestamente vinculadas a un despacho de arquitectos, cuyo registro no pudo ser ejecutado .
Las investigaciones de la trama han llevado ya a seis personas a prisión, mantiene a cuatro funcionarios en libertad bajo fianza (de los 17 arrestados en la primera fase) y ha supuesto el interrogatorio por parte de la Guardia Civil de, al menos, 37 personas. Los cinco arrestados pasarán la noche en el cuartel del instituto armado de Tres Cantos para pasar hoy a disposición de Santiago Torres, titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid. Los encarcelados hasta ahora están acusados de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación administrativa. Los investigadores tienen previsto completar la segunda fase de la operación en los próximos días y advierten de que el caso Guateque tiene visos de extenderse aún más.
De hecho, los 187 expedientes de licencias considerados sospechosos están vinculados a 17 juntas de distrito, según fuentes de la investigación. Los miembros de la trama corrupta exigían entre 3.000 y 18.000 euros por agilizar las licencias. Gracias a sus gestiones, engrasadas con la mordida, un trámite que habitualmente se demoraba hasta dos años, se concretaba en ocho meses.
(www.elpais.com, 28/12/07)
17. COMUNIDAD VALENCIANA: EL CONSELL 'ESCONDE' EN SUS CAJONES 1.224 MILLONES EN FACTURAS IMPAGADAS
La deuda no contabilizada por el Consell, lo que vulgarmente se llama facturas pendientes de pago guardadas en los cajones, volvió a crecer durante 2006. La Sindicatura de Comptes, el órgano encargado de auditar las cuentas de la Generalitat y otras entidades públicas, entregó el informe correspondiente al ejercicio contable del año pasado.
La auditoría revela que en los cajones, casi todos de la Consejería de Sanidad, se dejaron por pagar 1.224 millones de euros, casi 95 más que en 2005. La auditoría correspondiente a este ejercicio, entregada en vísperas de las elecciones autonómicas, fue un espejismo ya que se trataba de una reducción de las deudas sumergidas insólita que no se producía desde 1986.
Las causas del incremento de los gastos, fundamentalmente en la atención sanitaria, son muchos y variados pero no cuentan con suficiente dotación presupuestaria, como volvió a poner de manifiesto la Sindicatura de Comptes. El responsable de la contabilidad del Consell, el vicepresidente económico Gerardo Camps, se apresuró a señalar que las facturas en el cajón sólo ascienden a 816 millones. Pero, en todo caso, esa cifra correspondería ya a 2007 y no a 2006. Camps argumentó que los convenios firmados por la Consejería de Sanidad y el Instituto Valenciano de Finanzas con diversos acreedores ha permitido aflorar 408 millones de euros no reconocidos para convertirlos en deuda a largo plazo.
La Sindicatura da un toque de atención al Gobierno valenciano para que reduzca el impacto de las modificaciones presupuestarias, que en 2006 ascendieron a la no despreciable cantidad de 721 millones de euros. De ellos, 453 millones correspondieron a las transferencias a Sanidad para pagar medicamentos y personal.Los ingresos registrados durante 2006 por parte de la Generalitat crecieron en un 10,4% respecto al año anterior, fundamentalmente gracias al buen comportamiento de los impuestos sobre actos jurídicos documentados. Pero también lo hizo la deuda, pese a que se dieron de baja derechos pendientes de cobro incobrables. La cantidad adeudada a finales de 2006 era de 302 millones de euros más que a principios de ese año y llegaba casi a los 7.098 millones de euros.
Pero si estos son los trazos más llamativos de la auditoría realizada a la contabilidad general de la Generalitat, las empresas públicas son las que registran las cuestiones más llamativas. Estas son las principales:
- Palau de les Arts. Las obras de este coliseo de la ópera habían costado a finales de 2006 la friolera de 442 millones de euros, incluyendo parte del equipamiento y la urbanización anexa. La obra, por la que el arquitecto Santiago Calatrava ha cobrado ya más de 45 millones de euros, se adjudicó en 1995 por 84 millones. El desbarajuste en el gasto atañe a todo el complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que a finales de 2006 había supuesto un gasto en obra de 1.128 millones de euros, casi un 80% más de lo previsto. De muestra, otro botón: L'Oceanogràfic que se adjudicó por 39 millones finalmente ha costado 115.
- Canal 9. Ràdio Televisió Valenciana acabó 2006, una vez más, en situación de quiebra, según la Sindicatura de Comptes. Los números rojos ascendían a 738 millones de euros. Los auditores advierten de que mientras no se ajusten los gastos a los ingresos y el grupo RTVV no se pueda autofinanciar "el proceso de descapitalización continuado exigirá de crecientes aportaciones financieras de la Generalitat y de capitales ajenos para la continuidad de su actividad".
- Asterix y Obelix. La Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana agrupó un variopinto conjunto de proyectos, con los estudios de la Ciudad de la Luz como joya de la corona. La Sindicatura de Comptes reclama mayor claridad en los acuerdos de patrocinio para la producción de películas. Entre 2005 y 2006, esta sociedad firmó 15 contratos para patrocinar el rodaje de películas por valor de 12 millones de euros. Asterix en los Juegos Olímpicos logró una subvención de 4,7 millones, de los cuales se pagó un millón el año pasado. Su majestad Minor logró otro contrato subvención de 2,7 millones. Este grupo de empresas incluye proyectos como el aeropuerto de Castellón, Mundo Ilusión, diversos auditorios, la esfera armilar, etc. Las pérdidas conjuntas registradas fueron de casi 49 millones de euros, un 64% más que el año anterior.
- Ciegsa. La empresa de la Generalitat encargada de construir colegios e institutos no es especialmente diligente a la hora de llevar sus cuentas. La empresa pública cerró 2006 con unas pérdidas de 30 millones de euros, un 83% más que en el ejercicio anterior. Solo en salarios Ciegsa se gastó 2,5 millones de euros. Algunos de sus principales contratos, los de técnicos superiores y medios en arquitectura, se realizaron sin cumplir con los requisitos de publicidad y transparencia.
(www.elpais.com, 22/12/07)
18. COMUNIDAD VALENCIANA: LA OPACIDAD DEL CONSELL PROVOCA OTRA PREGUNTA SOBRE LA VISITA PAPAL
El coste de la visita del Papa a Valencia en julio de 2006 sigue siendo uno de los secretos mejor guardados por el Consell, que no parece dispuesto a arrojar luz sobre la gestión del dinero público gastado en la visita pastoral de Benedicto XVI.
Sin embargo, la persistente opacidad del Consell, que preside Francisco Camps, no ha hecho mella en el parlamentario socialista José Camarasa, que por tercera vez consecutiva ha decidido interpelar al Gobierno valenciano sobre el gasto del erario público en la visita papa. Camarasa solicita también acceso a una parte de la documentación pública referida a la visita del Papa.
En la exposición de motivos, el parlamentario socialista recuerda que el 11 de agosto de 2006 formuló su primera pregunta sobre la aportación realizada por Presidencia de la Generalitat con motivo de la visita del Papa. El 26 de octubre de ese año se le respondió que los gastos habían ascendido, en ese departamento, a 10.417 euros, de los que 9.960 correspondían a los servicios prestados por la agencia de viajes de El Corte Inglés. En esa fecha, el diputado socialista -uno de los que con más tesón ejercen la labor de oposición en las Cortes Valencianas- volvió a formular una segunda pregunta en la que recordaba que "pedía conocer, expresamente, el detalle y los conceptos de los servicios realizados, así como el coste diferenciado de cada uno de ellos"
El pasado 11 de diciembre, el consejero de Presidencia, Vicente Rambla, respondió nuevamente que el desembolso de dinero público correspondió "a la organización de gastos propios que tuvieron lugar en la ciudad de Valencia con motivo de la visita" del Papa. En la respuesta no había detalle alguno de los servicios, fechas y coste.
Esta respuesta ha motivado, finalmente, la tercera pregunta del diputado Camarasa, que afronta con ironía la insistente opacidad del Consell. "Como de las dos mencionadas respuestas pudiera deducirse una actitud escapista respecto a la obligación de facilitar la información requerida por este diputado, y confiando, aún, en que la falta de respuesta por dos veces a la pregunta pudiera deberse a una deficiente comprensión de lo solicitado es por lo que, por tercera vez, formulo la pregunta". Pregunta que se acompaña de una petición de copia de la factura de la agencia de viajes. Ahora solo falta que el Consell conteste a lo que se le pregunta.
(www.elpais.com, 26/12/07)
La actuación del fiscal se produce a instancias de una demanda que presentó hace dos semanas Salvem Tabacalera, el colectivo cívico contrario al «expolio» de la fábrica, construida para la Exposición Regional 1909, que también ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo. El Tribunal Superior de Justicia denegó la suspensión cautelar del proyecto urbanístico, una decisión que en estos momentos revisa el Tribunal Supremo.
La intervención tanto del alto tribunal como del fiscal llega tarde ya que las naves ya están demolidas. A finales de noviembre, el ayuntamiento dio la orden de derribo de las naves laterales y traseras de la fábrica, donde la inmobiliaria Guadalmedina -que permutó la fábrica por un edificio municipal- podrá levantar allí 300 viviendas de renta libre.
El ministerio y la conselleria de Cultura propusieron entre 2002 y 2003 la máxima protección patrimonial para la Tabacalera. Posteriormente, un informe del entonces director general de Patrimonio, Manuel Muñoz, dio luz verde a los derribos. Precisamente, ese informe -que no está firmado por ningún técnico de la conselleria- será uno de los documentos que revisará el fiscal, que ya ha solicitado a la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria de Cultura que le traslade la documentación del proyecto de la Tabacalera. El Ministerio Público, que ya ha nombrado fiscal instructor, también ha solicitado información al Ministerio de Cultura como administración competente en materia de Patrimonio.
Fuentes de la Fiscalía explicaron que se trata de un caso jurídicamente complejo porque hay un informe favorable que avala la operación. La Fiscalía investigará si se ha incurrido en un delito de prevaricación -el que se produce cuando una autoridad o funcionario dicta a sabiendas una resolución ilegal-. También podría instar al juzgado a paralizar los derribos, prácticamente consumados, aunque para hacerlo necesita una base sólida de indicios de delito. De obtenerla, el ayuntamiento gobernado por el PP, que argumenta que las naves derribadas no forman parte del conjunto original, podría verse imputado en un delito contra el patrimonio. En caso contrario, la demanda se archivaría.
El Colegio de Arquitectos y la Academia de Bellas Artes de San Carlos han defendido la protección integral del conjunto. La Dirección General de Patrimonio no respondió a las llamadas de este diario.
(www.levante-emv.com, 28/12/07)
El equipo de Gobierno del Partido Popular del Ayuntamiento de Salamanca, que preside el alcalde Julián Lanzarote, ha aprobado esta mañana la subida de diferentes tasas municipales pese a las masivas protestas vecinales registradas en las últimas semanas. A las puertas del Consistorio se han registrado incidentes. Varios vecinos han sido expulsados del Pleno tras pedir a gritos la dimisión del alcalde. Julián Lanzarote ha contestado que se marchará "cuando lo haga el presidente del Gobierno". La subida afecta al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que se incrementa de media en 45 euros (un 16%); a la tasa de recogida de basuras, de media 17 euros más (un 34,8%), depuración de aguas (13,7%), y a las plusvalías (33,3%). En total, según el Ayuntamiento, cada familia deberá destinar al año 62 euros extras para pagar estos conceptos. La oposición cifra ese gasto extra en 224 euros.
Efectivos de la Policía Local han desalojado a cerca de una treintena de vecinos del Pleno. En concreto, estos vecinos han comenzado a increpar al portavoz del PP, Fernando Rodríguez, lo que ha ocasionado momentos de tensión por lo que fueron invitados a salir de la sala. Sin embargo, los ciudadanos se han negado a abandonar el Pleno, lo que ha ocasionado que finalmente tuvieran que ser desalojados a la fuerza. Finalmente los vecinos han dejado el Consistorio acompañados por todos los miembros del Grupo Municipal Socialista menos su portavoz, Fernando Pablos, quien se ha quedado para manifestar el voto en contra del PSOE a esta subida. Ya en la calle cerca de un centenar de vecinos se ha concentrado en las puertas del Consistorio para mostrar su repulsa a esta medida que se aplicará a partir del próximo año.
Miles de personas protestaron por tercera vez contra esta decisión municipal. En la Plaza Mayor se congregaron unas 25.000, según los organizadores. La Policía Local no ofreció datos de asistencia.
(www.elpais.com, 27/12/07)
El equipo de gobierno de Salamanca optó por desoír las masivas protestas vecinales contra la anunciada subida impositiva. En un bronco pleno salpicado de gritos, actuaciones policiales y dialéctica encendida, el alcalde, Julián Lanzarote, y los demás 15 concejales del PP sacaron adelante unas medidas que supondrán a una familia media un aumento anual de 65 euros, según el grupo gobernante, o de 224 euros, según los socialistas. La Junta de Castilla y León, del PP, desautorizó a Lanzarote al pedirle que negocie con los vecinos la masiva subida de tasas.
No fue un pleno normal. Ya a primera hora de la mañana el Ayuntamiento apareció vallado, en algunos casos con doble barrera, y con la presencia policial. El alcalde dejó entrar a 30 personas como público, la mayoría vinculadas a movimientos vecinales. Pero decenas se quedaron en la puerta.
Al comenzar la sesión, el portavoz socialista, Fernando Pablos, solicitó que se dejase entrar en la sala "a quienes quepan", a lo que el alcalde replicó que accedieran quienes pudieran entrar. En ese momento arreciaron las protestas, hasta entonces esporádicas, de los vecinos, ya que no se autorizaba ninguna entrada. El público comenzó a gritar -"¡los salmantinos estamos hartos, hartos!"- y desde el exterior llegaba el ruido metálico de las vallas agitadas contra el granito. El alcalde ordenó leer el artículo de la legislación que autoriza un desalojo y advirtió de que estaba dispuesto a aplicarlo.
Pablos reprochó al alcalde una actitud que había conducido a "una estafa" con la subida de impuestos para paliar la mala situación económica del Ayuntamiento. Cuando el portavoz popular, Fernando Rodríguez, iba a replicar, se reanudó el griterío: "¡Trato digno para el pueblo!", "¡eres un cobarde!". Y 30 minutos después del inicio del pleno, el alcalde ordenó desalojar a los vecinos. Éstos, al grito de "¡no nos vamos a ir!", se arrojaron al suelo haciendo una piña. Los ediles socialistas les pidieron calma y éstos regresaron a su sitio.
Entonces, el portavoz popular acusó a los socialistas de mantener un discurso "disparatado en la demagogia de siempre, un discurso demagógico y cínico", lo que de nuevo levantó las iras del grupo de vecinos. El alcalde Lanzarote no dudó más y ordenó a la policía que desalojaran a quienes protestaban, mientras éstos clamaron con más fuerza: "¡Del Ayuntamiento no nos moverán!". Los agentes sacaron a rastras a las personas entrelazadas, mientras también se gritaba "¡somos vecinos, no delincuentes!". Los ediles socialistas, salvo su portavoz, abandonaron también el pleno.
La policía cerró la puerta de la sala, que sólo se abrió al finalizar el pleno para permitir la entrada de Chema Collados, presidente de la organización vecinal Fevesa, que había presentado una pregunta relativa a la subida de las tasas: "Llevamos años de caprichos, amiguismos, favores y clientelismos y, ahora, todos los vecinos tenemos que pagar la factura de su incompetencia", afirmó, alternando la lectura del texto -lo único para lo que disponía de autorización- con comentarios cargados de ironía y amargura o increpaciones a concejales populares.
Antes de terminar la sesión, mientras se escuchaban gritos de "¡fiscalía anticorrupción!", cuando el portavoz socialista pidió al alcalde que dimitiera, Lanzarote replicó a Pablos que lo haría cuando dimitiera Rodríguez Zapatero: "Una milésima después, dimito yo", dijo. Como reacción al bronco pleno, el portavoz del Gobierno de Castilla y León y consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez (PP), emplazó al alcalde a que "se siente con los vecinos" para buscar "puntos de encuentro" y dar "una solución a sus necesidades y sensibilidades".
(www.elpais.com, 28/12/07)
22. REGIÓN DE MURCIA: LA AUDIENCIA IMPUTA OCHO DELITOS AL ALCALDE DE TOTANA Y CONFIRMA SU PRISIÓN
La Audiencia Provincial de Murcia ratificó la prisión incondicional contra el alcalde de Totana, José Martínez Andreo (PP), el único de los 13 detenidos por una presunta trama de corrupción urbanística en el municipio murciano que permanece en la cárcel. La justicia investiga si el regidor favoreció a amigos suyos cediéndoles suelo municipal a cambio de que éstos beneficiasen al municipio, cosa que no hicieron.
Los magistrados de la Sala acordaron , tras dos días de deliberaciones, desestimar el recurso de apelación de la defensa de Martínez Andreo "pues los hechos que se refieren revisten apariencia delictiva y son presuntamente constitutivos de, al menos, los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, de omisión del deber de perseguir determinados delitos, y falsificación de documentos públicos".
Fuentes de la investigación elevan el número de infracciones penales que se achacan al alcalde hasta ocho, añadiendo los presuntos delitos de cohecho, falso testimonio (al mentir presuntamente ante un juez sobre un convenio de unas obras de un colegio), malversación (al negociar contratos a bajo precio) e infidelidad en la custodia de documentos públicos (al tener presuntamente documentación del ayuntamiento en su casa y tratar de destruirla). El auto sostiene que existen "indicios razonables de la participación de Martínez Andreo en la ejecución de los delitos, según se desprende de las pruebas que se refieren en el auto reservado".
Además, los jueces sostienen que, al estar el proceso en la fase inicial de investigación, con la prisión se impide que el alcalde "interfiera, oculte o destruya las fuentes de prueba". La medida trata de que no se repita un intento de destruir documentos.
El portavoz del Gobierno murciano, Juan Antonio de Heras (PP), advirtió que para "intervenir las competencias urbanísticas de un ayuntamiento hay que tener no sólo muy contrastados los hechos, sino que tienen que ser reiterados y especialmente graves". En su opinión, "hasta ahora no hay suficientes causas o indicios como para poder actuar de una forma tan contundente".
El portavoz del Gobierno municipal en Totana, José Antonio Valverde Reina (PP), leyó un comunicado en el que consideró "desproporcionada" la decisión del tribunal. Valverde, acompañado por 11 miembros del equipo de gobierno municipal, compareció en el salón de plenos acompañado por una silla vacía que, según dijo, representa el apoyo que muestran a Andreo.
En Totana hay dos tramas urbanísticas. La primera afecta al empresario Manuel Núñez y al diputado del PP en Murcia Juan Morales por una gran recalificación de suelo rústico. Morales, antecesor de Martínez en la alcaldía, ha sido expulsado del PP. La segunda afecta al actual alcalde.
(www.elpais.com, 22/12/07)
23. REGIÓN DE MURCIA: EL AYUNTAMIENTO TIENE PARALIZADOS 70 CONVENIOS POR LOS QUE RECIBIÓ 16 MILLONES
El anterior alcalde del Ayuntamiento de Totana (Murcia), el hoy diputado regional del PP Juan Morales, firmó durante su mandato unos 70 convenios urbanísticos por valor de 65 millones de euros. "Ingresar dinero rápido en los ayuntamientos a golpe de convenio" es, según fuentes jurídicas, un sistema muy habitual.
Pero el dato de Totana adquiere relevancia ahora por dos razones. Primero, porque Morales está siendo investigado por su presunta participación en la trama de corrupción urbanística destapada por la unidad de élite de la Guardia Civil, la UCO. Los responsables de la investigación sospechan que para firmar al menos uno de esos convenios, el ex alcalde llegó a exigir al constructor tres millones de euros.
Pero la cifra también es importante porque los promotores llegaron a adelantar, tras la firma de los convenios, unos 16 millones de euros, que el municipio deberá devolver si los planes llegaran a anularse. Por cada convenio firmado, el Ayuntamiento tenía por costumbre pedir a la otra parte por adelantado un 25% del dinero total establecido por la recalificación. El resto, una vez aprobado el Plan de Ordenación Urbana y hecha la recalificación. Todo se ha venido abajo, ya que el planeamiento urbanístico de Totana ha sido paralizado por la Comunidad de Murcia.
En el marco de la Operación Tótem, la Guardia Civil captó una conversación entre el actual alcalde, José Martínez Andreo, también del PP, y que está encarcelado por su presunta participación en la trama, y un amigo suyo. En ella Martínez expresaba su preocupación por el dinero adelantado: "Si las arcas sobreviven es gracias a los convenios. Como el plan general no salga y haya que devolver el dinero que nos han adelantado, el Ayuntamiento irá a la quiebra", afirmó.
El comentario, grabado, forma parte de las conversaciones interceptadas al alcalde y que figuran en las diligencias de la trama urbanística de Totana, que ya se salda con 13 detenidos.
Según fuentes jurídicas, otras conversaciones interceptadas al alcalde revelan que éste mezcla sus intereses privados con los públicos. Por el tono de sus conversaciones con terceros, algunos de ellos beneficiarios de recalificaciones, se observa que Martínez Andreo no distingue sus negocios privados de la gestión municipal.
"Maneja el Ayuntamiento como si fuera su propia economía familiar", señalan los citados medios.
(www.elpais.com, 22/12/07)
El alcalde de Puerto Lumbreras y diputado regional, Pedro Antonio Sánchez, tendrá que comparecer como imputado en los juzgados de Lorca, donde se ha admitido a trámite unas querellas por presuntos delitos interpuestas por los concejales del grupo socialista de la anterior corporación municipal. El Tribunal Superior de Justicia concluyó que se sigan las diligencias previas incoadas mediante auto en el Juzgado de Instrucción número 5 de Lorca con fecha de 7 de noviembre de 2007. En las diligencias 11001/2007 se acusa al dirigente popular de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, alteración del precio de concursos, negación prohibida a los funcionarios, fraude y exacciones ilegales y tráfico de influencias, según han informado a VMPress fiuentes judiciales.
Dada su condición de aforado se practican diligencias
indeterminadas 3/2007, y se remite para las prácticas de diligencias
información de sus propiedades al Registro Mercantil de Murcia y Málaga, al
notario de Puerto Lumbreras, a la Dirección General de Urbanismo y al
ayuntamiento de Puerto Lumbreras, entre otras entidades.
En esta diligencia se encuentra personado por el imputado como abogado defensor el mismo letrado que defiende al alcalde de Totana, Martínez Andreo, ahora en la cárcel de Sangonera.
Asimismo, se siguen diligencias previas 790/2007 dimanantes de la querella interpuesta el 30 de marzo de 2007 contra todo el equipo de gobierno y la arquitecta municipal por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y falsedad documental.
El alcalde, la arquitecta y un concejal tendrán que comparecer ante la justicia el 23 de enero, mientras que el resto del equipo de gobierno lo hará el 6 de febrero en los juzgados de Lorca.
Se ha solicitado copia de todas las licencias y expedientes urbanísticos que hay en el ayuntamiento de Puerto Lumbreras.
(www.vegamadiapress.com, 22/12/07)
25. ISLAS CANARIAS: CRISIS EN EL PP CANARIO
La dimisión de los cargo orgánicos del PP de Larry Álvarez ha puesto a su estrategia en la picota. Álvarez ha insistido en dejar atrás las políticas de confrontación y «el no por el no" instituido por los conservadores canarios. Así, decidió guardar en un cajón un informe elaborado por el PP en el que se exhibían los fallos de las cuentas del Cabildo.
Muchos fueron los sorprendidos por la abstención del PP en el Cabildo a los Presupuestos de PSC y NC que provocó la salida de Larry Álvarez de sus cargos como secretario de Organización y Comunicación del PP. Pero muchos más se asombraron de su actitud conciliadora y nada beligerante en el desarrollo del pleno cabildicio. Álvarez contaba con un documento elaborado por asesores económicos de su partido en el que se exhibían los puntos débiles, sobre todo desde el punto de vista político, de las cuentas del Cabildo de Gran Canaria, pero decidió no utilizarlo para desesperación de sus compañeros de partido.
Además, varios miembros del PP también critican que Larry Álvarez no defendiera mejor al Gobierno de Canarias y en concreto a José Manuel Soria ante las duras acusaciones del presidente y vicepresidente del Cabildo grancanario.
Fuentes del PP destacan en ese informe que, para dar soporte a la nueva estructura organizativa del Cabildo, el grupo de gobierno encabezado por el socialista José Miguel Pérez, ha contratado en apenas seis meses y hasta el momento a 51 cargos de confianza, lo que en las cuentas de 2008 supondrá un aumento del coste de este capítulo de 778.200 euros respecto al presupuesto de 2007, el último aprobado por la anterior mayoría absoluta de José Manuel Soria. Además, señalan, existe otra partida de personal eventual que, con gastos de seguridad social incluidos, se sitúa en 399.000 euros, una cifra que sumada a la anterior hace un total de 1.117.200 euros más que en el actual ejercicio.
A esto hay que sumar, según este informe, que de los 4,4 millones de euros que cuesta la nueva estructura de gobierno confeccionada por PSOE y NC casi tres se destinan al personal eventual contratado, destacando en este capítulo el coste de los cargos de confianza nombrados por el vicepresidente y consejero de Desarrollo Económico, Obras Públicas, Infraestructuras y Transportes, Román Rodríguez, que se sitúa en casi 450.000 euros anuales.
Examen. El informe elaborado por los asesores económicos del Partido Popular concluía con que los consejeros del actual grupo de gobierno (16 elegidos en las urnas y otros dos no electos) se van a gastar en concepto de dietas y gastos de locomoción 256.000 euros, lo que representa un aumento de 16.800 euros en relación a 2007, un 7% más que en el último año del mandato de José Manuel Soria gracias a los 15 consejeros que entonces tenía el Partido Popular.
Gasto. Según fuentes del PP citadas por Acn Press «el partido no ha llamado a los portavoces de las instituciones para que voten en un sentido o en otro, pero sí se exige que se aplique el sentido común, y ante un presupuesto donde crece el gasto y no se incluyen inversiones importantes para los ciudadanos, se debe votar en contra", por lo que no entiende la acción de Larry Álvarez.
Ausencias. El ahora ex secretario de organización del PP en Canarias, Luis Larry Álvarez, no acudió hace tres días al comité ejecutivo de su partido en el que el presidente regional, José Manuel Soria, trazó la estrategia a seguir en las instituciones públicas más importantes, según informa Acn Press. Según fuentes de la formación conservadora, la ausencia del todavía portavoz del Cabildo de Gran Canaria ha causado extrañeza en la organización.
(www.canarias7.es, 22/12/07)
26. ISLAS CANARIAS: UN MUNICIPIO CANARIO PAGARÁ LA DEFENSA DE DOS ACUSADOS POR CORRUPCIÓN
El titular del juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 7 de Arona (Tenerife) decretó anoche el ingreso en prisión sin fianza para el arquitecto municipal, Eliseo de la Rosa González, y el empresario Arsenio Zamora, los dos primeros miembros de una supuesta red de corrupción urbanística, en la que también están imputados otros siete cargos públicos de la legislatura anterior: el alcalde, José Alberto González Reverón (Coalición Canaria), y seis concejales nacionalistas, del PP y de un grupo independiente local.
El pleno del Ayuntamiento de Arona, con los votos a favor de Coalición Canaria (mayoría absoluta) y del PP, y la oposición socialista, aprobó la adelantar 54.000 euros de fondos municipales para costear los honorarios de los abogados que defenderán a los cargos públicos imputados, con el compromiso de que, una vez el juez emita sentencia, los concejales devolverán el dinero público que les corresponda. "Dado que existe una presunción de inocencia, es lógico que el ayuntamiento abone esas cantidades; si no resultara así, se exigiría la devolución", afirmó a la cadena SER el primer teniente alcalde de Arona, Antonio Sosa.
Al jefe de la Oficina Técnica de Urbanismo, Eliseo de la Rosa, se le imputan tres delitos -cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, mientras sobre Arsenio Zamora pesan delitos de cohecho y tráfico de influencias.
(www.elpais.com, 22/12/07)
27. EL OBISPO DE TENERIFE AFIRMA QUE ALGUNOS MENORES INCITAN AL ABUSO SEXUAL
"Puede haber menores que sí lo consientan y, de hecho, los hay. Hay adolescentes de 13 años que son menores y están perfectamente de acuerdo y, además, deseándolo. Incluso si te descuidas te provocan. Esto de la sexualidad es algo más complejo de lo que parece". En estos términos se ha referido al abuso de menores el obispo de Tenerife Bernardo Álvarez en una entrevista que publica el diario local La Opinión.
Poco después de las 14.00, el vicario general del obispado, Antonio Pérez, ha matizado estas declaraciones en nombre de Álvarez: "El obispo en sus palabras no pretende justificar ni comprender un fenómeno absolutamente rechazable como es el abuso de menores". En cuanto a la homosexualidad, Álvarez señala que "perjudica a las personas y a la sociedad" y afirma, asimilándola a las agresiones sexuales, que "la persona practica [la homosexualidad] como puede practicar el abuso de menores".
Diferentes diócesis de la Iglesia católica, especialmente en Estados Unidos (Boston y Los Ángeles) e Irlanda (Dublín) se han visto implicadas en escándalos de pederastia destapados y reconocidos en los últimos años.
Por otra parte, el máximo responsable de la Iglesia católica en Tenerife afirma que si en Canarias se registra el récord nacional de divorcios se debe a falta de madurez.
También se refiere el obispo a unas declaraciones de su homólogo de San Sebastián, quien denunció el "sectarismo" de la emisora de radio Cope, propiedad de la Conferencia Episcopal Española: "Primero hay que decir que la COPE no es la Iglesia. Es una emisora en la que la Iglesia tiene la mayoría de la propiedad. Esto significa que es libre, no la maneja nadie ni se vende a nadie. La llevan los que la dirigen y cada uno de los profesionales es libre y responsable de decir lo que quiera. Unas veces hay unas voces como las de la mañana, que yo no comparto para nada". afirma Álvarez.
El obispo también se refiere a la publicación el pasado día 17, de la noticia de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de condenar al Obispado y al Gobierno regional por vulneración de los derechos fundamentales de dos docentes de Religión.
"El artículo de El País es tendencioso y tiene una marcada agresividad. Con Las Palmas hemos optado por callarnos porque se han escrito cartas al director de ese periódico y no las publican. Segundo, en el TSJC ha habido una filtración que vulnera el secreto sumarial, porque ese artículo decía que el tribunal diría tal cosa. Pero lo que no dicen es que en varias ocasiones el Tribunal Supremo de España ha dicho que el de Canarias no tiene razón".
(www.elpais.com, 27/12/07)
28. EL SUPREMO RECIBE LA DENUNCIA CONTRA EL JUEZ GARCÍA-CALVO
La denuncia de un conductor contra el magistrado del Tribunal Constitucional Roberto García-Calvo por haberle amenazado supuestamente con una pistola durante un incidente de tráfico tuvo entrada en el registro del Tribunal Supremo, al que llegaron las actuaciones practicadas por la juez de instrucción número 5 de Móstoles (Madrid).
La titular del Juzgado, Susana González de la Barga, remitió la denuncia al Tribunal Supremo nada más tener conocimiento de que el titular del Toyota Land Cruiser con matrícula reservada que constaba como denunciado era el magistrado del Constitucional Roberto García-Calvo, que es aforado.
De entre los 15 magistrados de la Sala Penal del Supremo, actualmente integran la denominada Sala de Admisión el presidente, Juan Saavedra y los magistrados Julián Sánchez Melgar y Juan Ramón Berdugo, que deberán pronunciarse sobre la admisión a trámite y si se practican diligencias de investigación.
Las actuaciones, de las que se hará cargo la Secretaría de Causas Especiales, se remitirán al Ministerio Fiscal para que emita un informe sobre si la Sala Penal es competente y si existe materia susceptible de ser investigada o si por el contrario el caso debe archivarse. A la vista del informe, lo previsible es que la Sala se declare competente y nombre un instructor -un magistrado de la Sala Penal, de un turno preestablecido- que inicie las averiguaciones.
El incidente tuvo lugar en la carretera de Boadilla del Monte (Madrid) el 13 de julio. Según el conductor denunciante, Vicente Garcerán, el conductor de un Toyota Land Cruiser con el que tuvo un incidente tras un adelantamiento sacó una pistola del portaequipajes y le encañonó mientras le advertía de que "era juez" y le iba a "dar un tiro".
Garcerán denunció los hechos y facilitó el modelo y la matrícula del Toyota. La matrícula no apareció en la base de datos de Tráfico, pero finalmente se informó al juzgado que correspondía a una matrícula reservada y asignada al magistrado Roberto García-Calvo. Éste admitió a este periódico el incidente pero aseguró que, aunque tiene licencia de armas y posee una pistola, no la llevaba en el momento de los hechos.
(www.elpais.com, 28/12/07)
|
|
Ir a informes anteriores |
© Copyright. 1998 - 2007. www.losgenoveses.net. Ningún derecho reservado. Aquí es todo de gratis y sin comisiones
( Página diseñada para ver con Explorer 6 o superior a 1024 x 768 píxeles )
