Quedan dos semanas de plenos en las Cortes y, después, toda la agenda política estará concentrada en la larguísima campaña electoral. El equipo de Mariano Rajoy, con Pío García Escudero al frente, su jefe de campaña, trabaja a destajo para arañar votos a los socialistas, sobre todo en las 22 provincias clave donde hay escaños en juego. 10 o 12 de ellos decidirán las elecciones. Y para eso, el líder, que pide abiertamente el voto de la izquierda molesta por el debate territorial, está dibujando cada vez más claramente una imagen de centrismo, que incluye distanciarse de la AVT, acudir a una concentración unitaria contra ETA, y dedicar su agenda a las propuestas económicas y no tanto a la crítica sobre terrorismo.

A pesar de los últimos acontecimientos, Rajoy preguntará en el Congreso por economía, y no por ETA, como era habitual antes del verano. Pero para cerrar esa imagen de centrismo, falta un elemento clave: la multiplicación de voces que siempre pedía el dimitido Josep Piqué, esto es, que Ángel Acebes y Eduardo Zaplana, números dos y tres del partido -quienes, por orden de Rajoy en un claro reparto de papeles, han protagonizado los ataques más duros al Ejecutivo- dejen de monopolizar la escena pública del PP.

El diseño de la campaña de Rajoy, cada vez más perfilado, les deja a ambos en un segundo plano, según confirman fuentes del entorno del líder. No es que vayan a desaparecer, siguen siendo dirigentes clave a los que Rajoy agradece siempre que puede los servicios prestados "en estos años difíciles", pero hay varios factores que harán que su aparición en los grandes medios nacionales se reduzca significativamente. El más importante de todos es el protagonismo de Rajoy. La campaña del PP va a ser personalista al máximo, según fuentes de la dirección. Desde principios de enero, el líder tiene prácticamente cerrado ya un gran acto diario. Y es él quien va a protagonizar todos los anuncios electorales de su partido, no sólo en los 15 días de campaña, sino en el mes y medio anterior. En él recae el protagonismo de anunciar también las listas electorales, un asunto que concentrará gran atención.

Pero hay más elementos. En Navidades se acaba el Congreso, el lugar donde Zaplana especialmente, aunque también Acebes, logra todo el protagonismo por sus durísimos debates con varios ministros, que en muchas ocasiones han desplazado en los titulares de prensa, televisiones y radios al choque de los líderes, Rajoy y Zapatero. Sin Congreso, Zaplana pasará a ser, simplemente, un candidato más. Si se confirma finalmente que no va de número uno por Valencia -el líder del PP en esta comunidad, Francisco Camps, es su mayor rival político-, ocupará un puesto importante en Madrid, pero no será cabeza de lista y por tanto su protagonismo será menor. Si Alberto Ruiz-Gallardón entra en esa lista -como parece probable, según coinciden la mayoría de los dirigentes consultados-, ese factor también restará protagonismo a Zaplana.

Acebes será candidato por Ávila, una provincia de escasa importancia estratégica, donde los escaños no se moverán. Con toda seguridad, viajará por toda España, como hizo en las elecciones municipales, pero sus apariciones suelen tener una repercusión exclusivamente local, porque el foco estará puesto en el líder. Además, hay otro elemento fundamental en las apariciones públicas del partido. Una vez que el Congreso deje de reunirse, el PP estará ya absolutamente concentrado en los actos electorales. Y en ese contexto, el jefe de campaña, Pío García Escudero, sustituirá naturalmente al secretario general a la hora de hacer anuncios o dar el mensaje del partido, según fuentes cercanas a Rajoy. Y el responsable del programa electoral, Juan Costa, multiplicará también su presencia -ya lo está haciendo en las últimas semanas-. Ambos sustituirán así, gradualmente, a la pareja que ha sido la cara del PP en la oposición, Acebes y Zaplana. García Escudero y Costa están englobados dentro del grupo de dirigentes moderados, y así se interpretó cuando Rajoy los eligió como los hombres fuertes de su campaña. En las últimas semanas ya han protagonizado alguna comparecencia conjunta para explicar propuestas programáticas, y a partir de enero su presencia será mucho mayor. Las fuentes consultadas ponen como ejemplo lo que pasó en las municipales -campaña también dirigida por García Escudero-, cuando Acebes y Zaplana desaparecieron.

En realidad, según coinciden varios dirigentes, se trata sobre todo de una operación estética, de aparición pública, ya que Rajoy no ha dejado de contar en ningún momento con Acebes y Zaplana para tomar las decisiones más relevantes. Y varias veces les ha mostrado su apoyo en público, precisamente cuando estaban más cuestionados. En el entorno del líder señalan que él está convencido de que el partido debe mucho a dos personas que han llevado la parte más dura de la oposición con cierto éxito, ya que las encuestas sitúan al PP muy cerca de los socialistas. Rajoy considera, señalan en su entorno, que parte del mérito es de ellos, porque con su dureza han logrado deteriorar la imagen de Zapatero, cada vez peor valorado en las encuestas aunque aún muy por encima del líder del PP. Sin embargo, no añaden votos, dicen los estrategas. "¿A quién va a votar la señora del barrio de Salamanca que está encantada con el discurso duro? Esos ya están todos movilizados, necesitamos otro tipo de perfil para ganar", señala una persona de confianza de Rajoy.

(www.elpais.com, 09/12/07)

El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, aceptó la propuesta del candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para participar en un debate televisado en campaña electoral, aunque descartó TVE, al considerar que "no garantiza la pluralidad ni el trato igual a todas las fuerzas políticas".

Así, aunque Rajoy se mostró muy satisfecho de su participación en el programa Tengo una pregunta para usted, emitido en la televisión pública hace un par de meses, ahora asegura "no desear" un debate en la que califica como "televisión gubernamental desde el primero hasta el último de sus programas". Fuentes consultadas en el PP admiten que la dirección de TVE se ha puesto ya en contacto con los dos partidos mayoritarios para negociar las condiciones de un posible cara a cara, pero subrayan que "ahora mismo" no se dan las condiciones de pluralidad para que pueda llevarse a cabo.

Esas mismas fuentes añaden que "no hay juego limpio" en esta televisión y, como ejemplo, sacan a colación que en la retransmisión de la concentración que tuvo lugar en Madrid tras el último asesinato de la banda etarra se sobreimpresionó en pantalla el lema Por la paz, por la derrota de ETA, cuando el elegido realmente por los convocantes era Por la libertad, para la derrota de ETA. Los populares dicen tener recopiladas varias grabaciones de intervenciones de Rajoy en TVE en las que, a su entender, queda en evidencia una supuesta falta de imparcialidad. No obstante, especifican que un posible "cambio" en el ente público podría hacer que se replantearan su decisión inicial.

Interpelado por los periodistas en Sevilla, Rajoy se mostró dispuesto a debatir en medios privados que garanticen "la pluralidad informativa". En este sentido, mencionó cadenas como Cuatro, Tele 5 o Antena 3 TV. Asimismo, abogó por elegir distintos formatos que permitan profundizar, de forma monográfica, en temas como el modelo territorialidad, la lucha antiterrorista, la inmigración o la economía.

Rajoy reconoció recientemente que fue un error no participar en debates en la campaña del 2004 y, mismo, hizo hincapié en que lo que tiene "más sentido" es que se celebren duelos dialécticos entre los candidatos de los dos partidos más importantes de España, dado que son seguidos por muchos ciudadanos. Insistió en que suponen una buena oportunidad para dar un nuevo aire a las campañas electorales, basadas tradicionalmente en las vallas y la pegada de carteles. Rajoy recogió también el guante en un posible cara a cara entre primeras figuras de ambos partidos, como sugirió Zapatero.

(www.elperiodico.com, 12/12/079

A tres meses de las elecciones, José María Aznar ha lanzado un aviso a navegantes. Aunque no es nuevo. Según el ex presidente del Gobierno, una nueva victoria de José Luis Rodríguez Zapatero en los comicios del próximo 9 marzo supondría el regreso a la negociación con ETA. En declaraciones a Onda Cero, Aznar ha arremetido sin paliativos contra el Ejecutivo Zapatero, al que ha acusado de "haber puesto en riesgo los elementos básicos de la Transición" y haber "reabierto heridas que estaban cerradas".

Desde su punto de vista,  han sido años "en los que se ha dado alas al separatismo". Por eso, "no se puede creer a alguien que hace años dice que no sabe si existe la nación española y hoy se envuelve en la bandera de España". De igual forma, ha contrapuesto la actitud real del Ejecutivo de Zapatero con sus declaraciones públicas en las que asegura estar por la derrota de ETA. Metido de lleno en la cuestión ETA, Aznar ha subrayado que el Gobierno actual "aceptó la vuelta de ETA a las instituciones mediante el Partido Comunista de las Tierras Vascas", y ha facilitado su retorno a las instituciones con ANV y "la recuperación del fenómeno del terrorismo en España".

"Por eso, si puede, con ayuda de la declaración del Congreso que autoriza al Gobierno a negociar con ETA, si se vuelven a dar las circunstancias, lo volverá a hacer", ha insistido ante la posibilidad de una nueva negociación. Aznar ha rechazado que pueda compararse la negociación con ETA del Gobierno de Zapatero con la comprobación que hizo el Ejecutivo que él presidía de si la tregua que ofreció unilateralmente la banda terrorista iba en serio. El presidente de FAES ha destacado la importancia de la actitud de Francia ante ETA, y ha reiterado que no se puede perseguir a comandos de la banda en España o en el país vecino mientras "una parte de los que ponen las bombas están sentados en las instituciones" y "se está financiando a una parte del terror con dinero público".

(www.publico.es, 10/12/07)

A escasos meses de los comicios generales, Rajoy se esfuerza por ofrecer un perfil más centrista del PP de cara a las próximas elecciones, intento en el que se enmarcan algunos de sus últimos movimientos. Ajeno a estas estrategias electorales, Aznar insiste en mostrar la misma faceta ultraconservadora de siempre en su partido y ensalzó como referentes políticos al ex presidente republicano Ronald Reagan, al Papa Juan Pablo II y a Margaret Thatcher, la dama de hierro, expresando su admiración hacia quienes definió como "los tres campeones de la libertad" porque vencieron "a la tiranía comunista".

Rajoy se esfuerza antes de las generales en ofrecer una visión más plural de su partido y a la línea de oposición frontal que han representado durante toda la legislatura Acebes o Zaplana trata de sumar voces más moderadas como las del ratista Juan Costa, responsable del programa electoral. En esta estrategia centrista se enmarcan otros gestos como evitar una nueva foto con Alcaraz o filtrar ahora a la prensa afín discrepancias con el radicalismo de Federico Jiménez Losantos. Aznar tumbó en una sola intervención todo este juego de equilibrios y puso negro sobre blanco cuáles deben ser los referentes políticos de un partido conservador como el PP: Reagan, Juan Pablo II y Thatcher.

Los elogios de Aznar se produjeron durante la presentación en la FAES de un libro dedicado a estas tres figuras: el presidente, el Papa y la primera ministra. La utilización que hizo el ex presidente de las víctimas del terrorismo durante este acto para atacar a Zapatero ha eclipsado el resto de su intervención, donde Aznar apeló a necesidad de recuperar los "ideales, determinación y firmeza" de Reagan, Thatcher y Juan Pablo II a quienes definió como "campeones de la libertad" y atribuyó la caída del comunismo.

El ex presidente, que se ha distanciado de quien designara como su sucesor, Mariano Rajoy, también se permitió algún reproche velado a sus compañeros de partido cuando defendió el lenguaje de sus referentes conservadores: "Los tres [Reagan, Juan Pablo II y Thatcher] tenían gran capacidad para conectar con la gente normal, porque los tres hablaban muy claro, llamaban las cosas por su nombre, no les asustaba la verdad, por eso molestaban y molestan tanto a quienes buscan ocultar su falta de principios en un torrente de palabras".

Aznar no aludió en ningún momento a las políticas económicas liberales y contrarias a las coberturas sociales y al Estado del bienestar en general de Reagan o Thatcher, o a la paralización que hizo Juan Pablo II de los impulsos más renovadores y aperturistas que el Concilio Vaticano II prescribía para la Iglesia católica. El popular insistió en hablar de los tres en términos de luchadores contra el comunismo soviético y en establecer una analogía con la lucha actual contra el terrorismo, una línea argumental de inspiración neocon que utiliza reiteradamente desde la invasión de Irak.

(www.elplural.com, 12/12/07)

En la COPE criticaron duramente al candidato popular por negarse a enfrentarse a Zapatero en TVE y le ofrecieron varios consejos para que no tuviera miedo al debate ni con el presidente ni con el resto de formaciones políticas. Entre los consejos, Losantos le sugirió que desmienta sistemáticamente a Zapatero independientemente de que sea "verdadero o falso" o que cuando debata con el resto de formaciones juegue al victimismo. En otras palabras, desde la cadena de los obispos aconsejan al líder del PP que mienta. Los tertulianos de la cadena de la COPE insinuaron que "a lo mejor" las reticencias de Rajoy a encontrarse en TVE con Zapatero se deben a que está "ocultando que no quiere debate" y concluyeron que ya su negativa a enfrentarse en televisión con el candidato socialista en las elecciones de 2004 le pasó factura electoral.

Uno de los tertulianos insistió en que Rajoy "no tiene que tener miedo" a Zapatero y Losantos subrayó que tampoco a los otros partidos, ofreciendo al popular la estrategia a seguir: "A Zapatero a machacarle y al resto a hacerse la víctima". En este sentido, el locutor de la cadena de los obispos le propuso unas consignas: "No toleran la democracia, no me dejan defender España, están con la ETA".

Losantos ofreció otro consejo a Rajoy para derrotar en la televisión a Zapatero: que desmienta sistemáticamente todos los datos que ofrezca el presidente independientemente de que sean verdad o no. Así, el de los obispos señaló que "los datos en la tele los desmientes y dices ese dato es falso". Insistió: "Vamos a suponer que es verdadero, es igual, es o tú o yo, empate a cero".

(www.elplural.com, 13/12/07)

El mayoritario Sindicato Unificado de Policía (SUP) presentó en la Audiencia Nacional dos denuncias contra los periodistas Federico Jiménez Losantos, presentador de la COPE, y Luis del Pino, autor del libro Los enigmas del 11-M y colaborador de la emisora episcopal, porque, a su juicio, han cometido delitos de calumnias e injurias contra la policía, el juez instructor del 11-M, Juan del Olmo, y la fiscala Olga Sánchez.
Según el escrito de la denuncia, Losantos ha acusado en reiteradas ocasiones a la policía de ocultar pruebas, así como al juez y a la fiscala de mentir y aceptar pruebas falsas. Más allá, dicen, ha ido Del Pino, quien, según la denuncia, afirma en sus libros que la masacre fue cometida por los servicios de seguridad.

(www.elperiodico.com, 14/12/07)

El programa El debate, de CNN+, reunió por la noche a dos víctimas del terrorismo muy críticas con la gestión que está realizando Francisco José Alcaraz. Moderado por el periodista José María Calleja, el programa contó con la presencia de Roberto Manrique, ex miembro de la AVT y presidente de la Asociación Catalana de Víctimas, y a Luis Portero, el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo que fue sucedido por el propio Alcaraz, y uno de los que más pronto alertaran del desvío de los objetivos de la asociación después de la entrada del actual presidente.

Con respecto a la concentración conjunta que tuvo lugar en la Puerta de Alcalá el pasado martes, ambas víctimas celebraron "que se pudieran ver, aunque fuera poco tiempo, a todas las siglas políticas". Luis Portero se quedó "con la participación del Partido Popular y la foto de familia", que, según interpretó, podría ser un primer paso para el final de la crispación. Preguntados por la ausencia del presidente de la AVT en el acto, Luis Portero -que manifestó tener discrepancias con la política antiterrorista del Gobierno de Zapatero- la consideró "lamentable". Más concreto se mostró en este punto Manrique, que se preguntó sobre si la ausencia del presidente de la AVT se habría debido "quizá a porque sabía que no iba a ser el protagonista".

Las dos víctimas rememoraron y elogiaron la "labor asistencial" y "el carácter apolítico" de la AVT en el pasado, comparándola con la situación actual. Ahora, según Luis Portero "la AVT es más un lobby político que otra cosa". Por ello, Roberto Manrique lamentó que "la AVT tiene una historia de asistencia social tremenda, y ahora te para la gente en la calle y te distinguen entre víctimas `de las otras`o `normales`".

Con respecto a la politización de la asociación, Manrique explicó que "antes, con la antigua AVT, no se preguntaba a las víctimas lo que pensábamos. Con el señor Alcaraz nos empezaron a llegar cartas para que puntuáramos a los partidos". "Lo que no puede hacerse es ocho manifestaciones contra el Gobierno y ninguna contra ETA", afirmó Portero: "No se dispara al enemigo, que es ETA". Manrique coincidió con su contertulio señalando que "cuando a algún Gobierno hay que decirle algo, hay que decírselo, no utilizando en la calle el dolor de las víctimas".

Una politización que, además, estaría dejando de lado la más importante función de la asociación: "Cuando leo que en la AVT hay dos psicólogos para 3.000 víctimas, me parece patético", afirmó Roberto Manrique. "Se olvidan de que lo que tienen que hacer es trabajar por las víctimas (...) Luego están otros grupos que, sin ser víctimas del terrorismo, nos dicen cómo tenemos que vestir o a quién tenemos que votar.

Uno de los puntos más complicados que se trataron fue el del concepto de víctima. Según Roberto Manrique, "no están todas las víctimas en la AVT, y tendríamos que ver qué se entiende por víctima. Si consideramos como tales a los tíos, primos, etc., yo podría sumar a la asociación catalana hasta 29 nuevos miembros. Estoy convencido de que hay mucha gente representando a las víctimas y que su nombre no consta en ninguna sentencia o expediente. Algo no huele bien en esta historia".

Por su parte, Luis Portero relató cómo en los estatutos de la asociación, Alcaraz habría "impuesto un segundo párrafo según el cual la AVT podría incluir discrecionalmente como víctimas a otros familiares además de los reconocidos como tales. Y el señor Alcaraz tiene a gran parte de su familia metida en la AVT".

Por otro lado, y como solución al problema de división que sufren las víctimas, Luis Portero propuso que se produjeran reuniones entre los distintos colectivos. Pero también tuvo en cuenta que "va siendo hora en la AVT de un cambio en la dirección".

(www.elplural.com, 06/12/07)

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha decidido optar a las subvenciones que el Departamento de Interior del Gobierno vasco ofrece a todas las organizaciones y colectivos que tienen entre sus miembros damnificados por la violencia de ETA. Esta decisión de la asociación presidida por Francisco José Alcaraz ha sido fuertemente criticada por otras organizaciones de víctimas, que recuerdan que el ariete mediático del PP les llegó a acusar de mantener relaciones con el Gobierno Vasco "para poner luego la mano". De este modo, Francisco José Alcaraz habría pasado de afirmar el pasado mes de abril que "al lado de Ibarretxe estarán los de siempre, los que pretenden hacer el juego al Gobierno vasco para luego poner la mano", a optar a estas subvenciones que tienen un presupuesto de 400.000 euros.

Sin embargo, la asociación presidida por Alcaraz ha justificado su doble rasero afirmando que "no tiene que ver que uno esté en contra de una determinada política para ejercer su derecho a pedir dinero con el objetivo de servir a los intereses y las necesidades de las víctimas". "Lo que le pide la AVT al Gobierno vasco es que deje de dedicar un solo euro de los impuestos de los españoles a subvencionar a los familiares de los presos de ETA y haga más hincapié en ayudas a las víctimas del terrorismo", declararon portavoces autorizados de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.

(www.elplural.com, 11/12/07)

"Cuando me di cuenta de que estaban intentando sobornarme, si estoy de pie me caigo". De forma tan gráfica se expresa Gregorio López Gonzalo, único edil de EA en esa localidad alavesa que la semana pasada denunció un intento de soborno para cambiar su voto y ampliar la construcción de viviendas alrededor del campo de golf previsto. López rompe el empate a cuatro ediles entre el PNV, que gobierna, y el PP. El intermediario que le intentó sobornar, Gregorio Ochoa, está detenido.

Pregunta. ¿Cómo se produjo el intento de soborno?

Respuesta. A finales de septiembre se presenta en mi bodega un individuo y me suelta de buenas a primeras que viene de parte de una promotora, aunque no dio un nombre, y que tenía que cambiar mi voto sobre el campo de golf. Me dijo que tenía que apoyar en el pleno al PP para que se levantaran 320 casas en lugar de 120 y me ofreció 60.000 euros.

P. ¿Cuál fue su reacción?

R. Le dije que por nada iba a cambiar mi voto. Cuando le escuche, si estoy de pie me caigo. No acepto un soborno. Tener la conciencia tranquila no tiene precio.

P. ¿Qué hizo después?

R. Al día siguiente se lo comenté a los concejales del equipo de gobierno [del PNV] y a los responsables de mi partido, pero como no había pruebas no se puso denuncia.

P. Hubo otra ocasión.

R. El martes de la semana pasada [un día antes del pleno] vuelve a la bodega. Le dije que regresara al día siguiente. Entre tanto hablé con la alcaldesa y la Ertzaintza y se estableció el dispositivo. Al día siguiente se grabó la conversación, en la que me llegó a ofrecer 90.000 euros por apoyar al PP.

(www.elpais.com, 11/12/07)

Los campos de golf en la Rioja Alavesa llevan camino de convertirse en un culebrón con los peores ingredientes: intento de soborno, amenazas, concejales escoltados en los plenos y dos pueblos, Laguardia y Labastida, divididos. El PP de Laguardia (en la oposición, con cuatro concejales) anunció que retira su apoyo al campo de golf, que promovió con énfasis en los anteriores mandatos, cuando dispuso de mayoría absoluta y dejó listo el proyecto. El intento de soborno denunciado por el único concejal de EA, Gregorio López, ha acelerado este cambio de postura.

Gregorio O., un intermediario ya encarcelado por orden judicial, ofreció al edil hasta 90.000 euros para que apoyase la pasada semana en un pleno municipal el plan del PP de construir 320 viviendas alrededor del campo y no las 120 que permite el Gobierno, número con el que la actual alcaldesa, del PNV, se muestra de acuerdo. El voto de López resulta decisivo para romper el empate a cuatro ediles entre PNV y PP.

El PP retira su apoyo mientras no exista "el necesario consenso político e institucional". Los populares condenan el intento de soborno y respaldan la actuación del edil de EA, quien lo denunció a la Ertzaintza.

(www.elpais.com, 13/12/07)

En el PP de Catalunya no hay discrepancias internas ni intentos de desestabilización, pese a determinadas voces críticas. Esa es la posición que defiende la actual dirección, que arropa a su presidente, Daniel Sirera. La portavoz del PPC en el Parlament, Carina Mejías, negó que exista "ninguna corriente crítica" ni "discrepancias" de los diputados Francesc Vendrell y Montserrat Nebrera con el discurso de Sirera.

Pero Mejías se refirió especialmente a Nebrera, al considerar que ha cometido "errores clamorosos", como publicar "determinados artículos en portadas de diarios contra las tesis del partido", dijo refiriéndose a un artículo publicado el pasado 3 de noviembre.

Mejías declaró a Europa Press que en el grupo parlamentario no se han producido discrepancias serias con la línea oficial. Y añadió que el almuerzo que hace un mes reunió a varios diputados, con el objeto de mostrar sus diferencias, "fue instrumentalizado por alguien con interés en liderar una corriente interna dentro del grupo parlamentario, que no existe, porque esta persona no representa a nadie más que a sí mismo", dijo en alusión a Vendrell.

Este diputado, que llegó al PP de la mano de Josep Piqué, como llegaría más tarde Nebrera, anunció su intención de dejar el escaño, pero está a la espera de poder reorientar su futuro profesional. Mejías recordó esa relación de Vendrell con Piqué. "Creo que él ha vivido un momento de incomodidad, fruto de las circunstancias que con el tiempo se irán ajustando", aseguró.

La dirección del PP catalán no ve en Vendrell un problema insoluble, a diferencia de Nebrera. Mejías fue contundente al considerar que la actual diputada es "muy ambiciosa políticamente". Lo que irrita a Mejías es que Nebrera le diga al PP "lo que debe hacer", cuando su actitud debería ser la de "intentar aprender como funciona el partido y, a partir de aquí, hacer aportaciones para ir escalando dentro de la estructura".

A pesar de ello, Mejías concluyó que su compañera Nebrera "parece que lo ha entendido", al comprobar que "sus salidas de tono han bajado considerablemente".

(www.elperiodico.com, 07/12/07)

El ex dirigente del PP catalán y cofundador de Alianza Popular, Manuel Milián Mestre, responsabiliza al Gobierno de Aznar de la situación actual del Partido Popular de Cataluña y plantea que "tal vez nadie empujó tanto a ERC en su éxito de 2004 como Aznar". Manuel Milián Mestre considera que el segundo Gobierno de Aznar, "no supo entender" algunos valores que tenía el PP en su primera etapa y con los que se "se trató de definir un enganche solidario entre Catalunya y España" y le "propinó un misil en la línea de flotación del PP catalán" del que todavía se resiente hoy.

El ex dirigente popular es muy crítico con el PP nacional y señala que en Madrid "casi nunca se han comprendido las duras condiciones de ser militante del PP en Catalunya" y llega a compararlo con una "muerte civil" en la que se sufre "una marginación social, absolutamente injusta". Manuel Milián Mestre señala que en el País Vasco, donde "la muerte física es evidente" el heroísmo explícito del PP es reconocido, admirado y celebrado", mientras que en Cataluña "todo resulta mucho más sutil" ya que según señala el que fuera uno de los fundadores de Alianza Popular "la marginación se produce desde las sombras, bien sea por la descalificación personal con atributos que no se corresponden con la realidad o por la simple descalificación de su supuesta catalanidad".

Manuel Milián Mestre pretende mostrar su apoyo al actual presidente del PP catalán, Daniel Sirera, y lo hace a través de un artículo publicado en El Periódico de Catalunya, en el que considera que nadie puede "rechazar la catalanidad de un partido que nació en Barcelona y se financió con empresarios catalanes". Además, Milián Mestre señala que en Cataluña "se tomaron importantes riesgos y se contó con la cooperación de personalidades catalanas muy destacadas de la política y de la economía". Sin embargo, asegura que, con el segundo mandato de Aznar empezó "el estrabismo para con las injusticias con Catalunya". No obstante dirigente histórico del PP asegura que Daniel Sirera cuya tarea "no será fácil" afronta "con realismo" lo que el considera "la insolidaridad" con Cataluña.

(www.elplural.com, 06/12/07)

Los complementos de productividad que supuestamente reciben los cargos de confianza del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) cuestionan que la política de austeridad promocionada por la alcaldesa Ángeles Muñoz (PP) se aplique a todos los niveles. Según un informe oficial del consistorio, en el mes de noviembre tres directores de área, entre los que están los antiguos vocales de la gestora propuestos por el PP Baldomero León y Javier García, tienen asignados casi 1.800 euros en concepto de productividad. León y García trabajan como directores de área de los distritos de Puerto Banús y Las Chapas, trabajo por el que perciben un sueldo bruto mensual de 7.000 euros. El tercer cargo de confianza al que se le atribuyen 1.800 euros por productividad es Sagrario Fermoso, contratada por la Comisión Gestora, y que ha continuado tras las elecciones municipales como directora de área.

El coordinador de Personal y Hacienda, Carlos Rubio, mantuvo que la asignación de estas cantidades a estos tres cargos de confianza es fruto de "un error en la elaboración de los listados que no se puede subsanar hasta el año próximo". Rubio asegura que los sueldos de los cargos de confianza se fijaron en Pleno y que no reciben plus de productividad alguno. "Esos 1.800 euros forman parte de los 7.000 euros brutos que reciben cada mes", afirmó.

Sólo en noviembre, el Ayuntamiento de Marbella destinó 300.000 euros para complementos de productividad. "Constituye una prebenda más del gilismo. La situación debe cambiar con la catalogación de puestos de trabajo", explicaron fuentes municipales. El dinero se reparte entre 800 trabajadores -entre los que hay policías, bomberos o limpiadoras- a los que se les asignan cantidades por noches trabajadas, fines de semana o prolongación de jornadas. Las asignaciones más altas, de hasta 3.000 euros, aparecen englobadas en el epígrafe genérico "complemento de productividad". "En la última negociación del convenio acordaron que se hiciera una catalogación y como no se hizo, acordaron que recibirían unos extras cada mes", explica Rubio.

Los complementos se asignan directamente desde la alcaldía y varían cada mes en función de diversas variables. Fuentes consultadas añaden que también se utilizan para incrementar sueldos que han tocado techo por la vía oficial.

Entre los funcionarios municipales que han sumado casi 1.800 euros extras en concepto de productividad en noviembre está Jorge González, el jefe de los servicios jurídicos de Urbanismo cuya declaración fue clave para iniciar el caso Malaya, o el arquitecto Francisco Merino, anterior jefe de Urbanismo trasladado desde verano al área de Patrimonio. Merino está implicado en el caso Monteverde, investigación sobre el pago de unos 42 millones de euros a un estudio de arquitectos por proyectos nunca redactados.

El informe recoge un extra de 2.000 euros para el interventor, Juan Antonio Castro y el vicesecretario Javier de las Cuevas. El jefe de la Policía Local, Rafael Mora tiene asignados 3.000 euros en complementos y su antecesor en el cargo, Rafael del Pozo, también ha recibido 100 euros por productividad a pesar de no estar en activo. Del Pozo, imputado en el caso Malaya, está de baja por enfermedad.

Este mismo mes, el equipo de gobierno ha anunciado la retirada definitiva del seguro médico privado del que disfrutaba la mitad de la plantilla municipal (1500 trabajadores) desde hace 12 años. La medida, enmarcada en el plan de austeridad, ha recibido numerosas protestas de los sindicatos, y la oposición, que ha reclamado al equipo de Ángeles Muñoz que afronte en primera instancia un recorte a los elevados sueldos de los cargos de confianza.

El próximo día 20 finaliza la prórroga para abonar los 92 millones que el Consistorio adeuda a Hacienda, y en enero caduca la moratoria para comenzar a pagar los 164 millones de deuda con la Seguridad Social. El equipo de Gobierno no prevé afrontar ninguno de los pagos.

(www.elpais.com,  09/12/07)

De 207 a 235 puestos de alta dirección en un solo año. La diferencia son 28 altos cargos más -un incremento del 11,9%- que integrarán el Gobierno regional que preside Esperanza Aguirre, del PP, en 2008. Desde que Aguirre ha llegado al cargo, la cifra de personal de libre designación en la Administración autonómica ha subido un 32%. on cifras contempladas en el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, en tramitación en la Asamblea. El pasado 22 de noviembre la mayoría absoluta del PP en la Cámara regional (67 diputados) rechazó las enmiendas a la totalidad de los grupos de la oposición (PSOE e Izquierda Unida).

No ha habido traspaso de nuevas competencias desde que en 2002 la Comunidad de Madrid recibió las de Sanidad y Educación, pero la presidenta regional ha elevado el número de puestos de confianza de 179 a 235 desde que fue elegida para su primer mandato, en 2003. El próximo año será el que más crezcan los mandos regionales: 28 nuevos puestos, frente a los tres que aumentaron en el año 2006, el que menos subió en esta particular lista.

El coste de esos puestos de libre designación ha pasado de una partida presupuestaria de 14,11 millones de euros en 2003 a los 32,58 millones recogidos en el proyecto presupuestario de 2008. Éste distingue altos cargos y personal eventual de los gabinetes, pero todos son puestos de confianza, elegidos por el Gobierno regional sin tener que justificarlos. Los primeros crecerán el año próximo el 15%, y los segundos, el 14,6%. Además, en el monto total están incluidos los emolumentos del personal directivo de instituciones sanitarias y los puestos laborales de alta dirección.

La Consejería de Hacienda, responsable de elaborar los presupuestos, asegura que en realidad sólo habrá 21 puestos de libre designación nuevos el próximo año, porque los otros siete "han decaído" desde que se redactó el proyecto, según explicó un portavoz. Además, justifica el aumento de cargos en que se han creado este año dos nuevas consejerías, Vivienda y Deportes, y en que existe una nueva Secretaría General Técnica en la Consejería de Presidencia. "Responde a nuevas necesidades de la estructura administrativa", aclaró el portavoz.

"Si no hay competencias nuevas, el incremento del gasto en altos cargos es un despilfarro", apostilla el diputado socialista Adolfo Piñedo. Además, es una política que no casa con la austeridad que Esperanza Aguirre defiende para la Administración regional y que el pasado 25 de octubre, cuando el Consejo de Gobierno aprobó el proyecto de ley de los presupuestos regionales, presentó como una de las "prioridades" del gasto.

Sobre todo, porque el aumento de cargos de alta dirección no ha crecido en la misma medida que su sueldo en los últimos cinco años. Mientras el coste en 2008 (32,58 millones) supone un poco más del doble que en 2003 (14,11 millones), el número de beneficiarios ha crecido apenas el 23,8%.

Los sueldos de los puestos de libre designación del Gobierno regional oscilan entre los 92.683 euros que cobra un consejero y los 84.624 de los directores generales, secretarios técnicos o gerentes. La presidenta de la Comunidad de Madrid cobra 100.742 euros.

Además, a eso se añade la opacidad acerca del personal directivo de instituciones sanitarias, del que los presupuestos sólo incluyen el importe económico, pero no el número de puestos. La razón es que el artículo 52 de la Ley de Presupuestos permite a la Consejería de Sanidad, que dirige Juan José Güemes, fijar libremente la retribución de los directivos sanitarios de su departamento o de los hospitales. En 2008 serán 11,58 millones de euros. La Consejería de Sanidad no facilitó el número de puestos entre los que se reparte.

Piñedo recuerda que esa cantidad no incluye el personal directivo de los seis nuevos hospitales, que entrarán en funcionamiento a lo largo del próximo año, ni nuevas empresas y fundaciones, como el Instituto de Nutrición y los Trastornos Alimentarios.

Una portavoz de Sanidad aseguró que cada hospital tendrá únicamente un gerente como alto cargo y que la intención es crear una estructura de mando que sea muy simple. Como ejemplo, citó el hospital de Fuenlabrada. Aun así, esto significa que en realidad los mandos regionales superan con mucho los 235 que reconocen los Presupuestos Generales.

Sueldos de los cargos directivos

- Presidenta de la Comunidad de Madrid: (un puesto) 100.742 euros al año

- Vicepresidente: (dos puestos) 96.713 euros al año

- Consejero: (13 puestos) 92.683 euros

- Viceconsejero: (14 puestos) 88.653 euros

- Secretario general técnico, gerente o director general: 84.624 euros

Su discurso oficial es el de la españolidad y el de la denuncia de que Zapatero y los Gobiernos regionales de Cataluña y País Vasco ponen en peligro la integridad estatal. Sin embargo, en la práctica, Esperanza Aguirre se ha especializado en boicotear las leyes del Gobierno central con la Administración madrileña como ariete. El reportaje Insumisa publicado por la revista El Siglo repasa varios de los pulsos que Aguirre ha planteado al Gobierno de Zapatero desde que llegara a la presidencia de la Comunidad de Madrid y señala cómo esa rebeldía podría formar parte de su campaña como autoproclamada "lideresa nacional" dentro del PP.

Sus enfrentamientos con el Gobierno central han sido constantes. Recién elegido presidente Zapatero, Aguirre le presentó en mayo de 2004 toda una declaración de intenciones. El presidente anunció que presentaría un real decreto para paralizar la Ley Orgánica de Calidad de Educación (LOCE) a la que se acusó de segregacionista, y la popular respondió adelantándose con un decreto para desarrollar la LOCE en la comunidad. El Tribunal Supremo y el Consejo de Estado dieron la razón a Zapatero.

Aguirre tiene tendencia a incumplir las leyes sociales. Especialmente sonada ha sido su reticencia a aplicar en la comunidad la Ley de Dependencia, retrasando la tramitación de las solicitudes justificándose en los servicios comunitarios que ya existían. Finalmente el Gobierno regional ha tenido que reconocer 700 grandes dependientes por los que ya recibe la asignación correspondiente del Ejecutivo central, aunque sigue muy lejos del grado de implantación de la ley en el resto de autonomías.

Muy similar ha sido el caso de la Ley Estatal de Apoyo al Alquiler, cuya puesta en práctica se está dilatando alegando razones "burocráticas". Ya con la ley precedente, la de la ministra Trujillo para fomentar el alquiler, la comunidad de Madrid fue la única que no tramitó ninguna ayuda. Sobre otro de los caminos apuntados para frenar la carestía de la vivienda, la Ley del Suelo, la CAM ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Constitucional.

También el Constitucional ha tenido que intervenir a instancias del Ministerio de Medio Ambiente ante otra de las pretensiones de Aguirre y ha suspendido cautelarmente su prohibición a los agentes forestales de acceder a fincas sin permiso judicial.

Otros de los desacatos de la presidenta regional atañen a la Sanidad, ya que su decreto regional sobre la conocida como ley antitabaco es más permisivo que la norma estatal. Además, en cuanto a las listas de espera, la CAM ha establecido su propia metodología y el Ministerio de Sanidad les acusa de utilizar parámetros diferentes al de otras autonomías que impiden la comparación. Otro conflicto de la CAM durante esta legislatura ha sido con Industria y la decisión de impulsar a toda costa el canal autonómico La Otra, lo que costó a la Comunidad una multa de dos millones de euros y la prohibición de emitir en analógico.

En caso de que Rajoy no gane las elecciones y se vea incapaz así de retirar Educación para la Ciudadanía como ha prometido, Aguirre amenaza con seguir liderando la insumisión de las comunidades populares a esta asignatura, en buena medida con la vista puesta en su objetivo de crecer como "lideresa nacional".

(www.elplural.com, 11/12/07)

Los agentes forestales volvieron a la Asamblea regional. Medio centenar, de uniforme, se concentró frente al edificio de la Cámara regional en Entrevías porque se habló de ellos durante el pleno al inicio y al cierre de la sesión.

La diputada de IU Reyes Montiel abrió el debate con una petición a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, para que se pronunciara sobre el recurso que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha planteado al Constitucional contra la Ley de Medidas Urgentes de Modernización de la Administración regional, aprobada el pasado julio.

Aunque el tribunal no ha decidido sobre el fondo, sí ha suspendido cautelarmente la aplicación del artículo 9 de la ley, que impone a los agentes forestales contar con autorización judicial para entrar a fincas privadas a realizar sus funciones. Aguirre se escudó en que el tribunal no se ha pronunciado para eludir la cuestión.

Montiel reprochó al Gobierno regional que esta medida ha bloqueado el trabajo de los forestales y echó mano de estadísticas de los sindicatos. "De las 23.868 autorizaciones judiciales solicitadas sólo se han concedido cuatro", afirmó. Un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente cuestionó estas cifras, y aseguró que sólo han recibido 47 solicitudes para tramitar autorizaciones judiciales, aunque reconoció que de ellas sólo se han concedido cuatro.

El mismo asunto cerró la sesión, pues se aprobó una propuesta para que la Asamblea formule alegaciones ante el Constitucional contra el recurso del Gobierno central. Una vez más, se impuso la mayoría absoluta del PP (67 diputados).

(www.elpais.com, 06/12/07)

En teoría, Telemadrid sigue siendo una cadena de televisión pública, pero en la práctica, la cadena madrileña se ha convertido en un mero instrumento del PP, desde el que Fernando Sánchez Dragó ha llegado incluso a pedir la vuelta a la política de los "reservas de lujo" del PP: Rato, Cascos, Mayor Oreja, Pizarro, Vidal Cuadras, o Luisa Fernanda Rudi. Haciendo suyo un artículo que la periodista Isabel San Sebastián publicó el pasado sábado en el diario El Mundo, Dragó afirmó en el informativo del pasado lunes que "España está amenazada en todos los frentes vitales", que el PP "tiene las televisiones en contra y el nacionalismo radical aliada a la izquierda bienpensante", y que por tanto, la derecha "no puede sentarse a esperar ver pasar el cadáver de su adversario".

Sin embargo, y es de agradecer, en esta ocasión Dragó abogó por la vuelta de los duros al PP sin su característico vaso de whisky, sin la compañía de su estimada mascota, el gato Soseky, y, lo que es más difícil, sin expresar su deseo de que Esperanza Aguirre se convierta en la próxima presidenta del Gobierno español.

Aun así, es intolerable que desde una cadena pública de televisión, en el informativo de medianoche, y ante la incapacidad de Rajoy de "generar una moral vencedora", Sánchez Dragó abogue en su Diario de la Noche por la vuelta de los duros del PP a la primera línea de la política.

"Lo mejor del banquillo, las grandes figuras capaces de movilizar entusiasmo y generar confianza en el triunfo (…) como Rato, Cascos, Mayor Oreja, Pizarro, Vidal Quadras, o Rudi (…) sigan aparcados en diversos exilios", lamentó, al igual que su colega Isabel San Sebastián, el fichaje estrella de Esperanza Aguirre, Fernando Sánchez Dragó.

(www.elplural.com, 12/12/07)

El alcalde popular de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón ha mejorado, sin duda su relación con el que fuera presidente del Gobierno y le hace merecedor de grandes elogios, como la afirmación de que "los ocho años de Aznar han sido los mejores de España. Por otro lado Gallardón considera que la unidad entre PP y PSOE pasa por la ilegalización de ANV que, de entrada, "nunca debió ser legalizada".

Alberto Ruiz Gallardón señala que su "relación afectiva" con el matrimonio Aznar "se ha intensificado" desde que tiene conocimiento de "la extraordinaria calidad política y humana de Ana Botella" y considera que los ocho años con José María Aznar al frente del Gobierno "han sido los mejores de España" y añade que "hará falta tiempo" para poder hacer un "análisis sereno" –de su mandato- que hoy se ve dificultado "por la pasión política" existente.

El alcalde de Madrid cree que la unidad entre PP y PSOE pasa inevitablemente por la "recuperación del Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo firmado hace ocho años por los dos partidos que representan al ochenta por ciento del país, y que suscribió el propio Zapatero". Gallardón considera que lo que entraña ese pacto es la toma de conciencia por parte de los partidos políticos de que "el Estado de Derecho tiene medios eficaces para desterrar a los terroristas de la convivencia, siempre y cuando las instituciones se tengan el respeto suficiente a sí mismas como para impedir que ninguna extensión del terrorismo puede estar presente en ellas aprovechándose de sus recursos". Esto significa, según afirma Gallardón en una entrevista, "la ilegalización de ANV que, de entrada, nunca debió ser legal".

De cara a las elecciones de marzo, Gallardón afirma que los programas electorales tanto del PP como del PSOE caminan hacia el centro. Califica el de su partido, un proyecto político "válido todos los españoles" lo que se va a ver reflejado en un programa "radicalmente del centro" y con el discurso de un líder que considera que está instalado "en la moderación, serenidad y firmeza". Y añade: "El PP es hoy un partido centrado".

Para Gallardón, lo que esperan los españoles es que el PP presente un proyecto que "no sea la otra cara de la moneda del Gobierno de estos cuatro años" ya que sería "un grave error" sustituir "cuatro años de exclusión socialista por cuatro de exclusión popular". En este sentido, el alcalde de Madrid considera que el PP tendrá que hacer "un uso inteligente de ese poder, es decir, un uso generoso, para recuperar consensos que han sido quebrados por el Gobierno socialista" con el fin de "volver a unir a los españoles".

La vuelta de Bono a la política es motivo de alegría para el alcalde de Madrid ya que "una persona de su calidad no debía estar fuera de la política" aunque, como es lógico, "deseo que no pueda ser presidente del Congreso porque el partido que gane sea el PP". Unos vuelven y otros salen de la política, como es el caso de su compañero de partido Rodrigo Rato, del que Gallardón cree que el hecho de que "se dedique a cosas privadas no va a impedir que apoye a Rajoy".

Gallardón también se ha referido a la sentencia del 11-M en la entrevista al diario mencionado y la ha calificado, lejos de lo que opinan muchos de sus compañeros de partido, como "un triunfo del Estado de Derecho" ya que "se ha conseguido una eficiente acción policial que detiene a los criminales; una instrucción sumarial que garantiza plenamente los derechos de los imputados pero que conforma los elementos de culpabilidad; y una sentencia que desde todas las garantías procesales establece la respuesta de una sociedad libre frente a un ataque del terror".

www.elplural.com 10.12.07

Era imposible ocultarlo más. La trama de corrupción del Ayuntamiento de Madrid desmantelada en la llamada Operación Guateque sigue dando coletazos, y el propio alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, tuvo que admitir que en la capital existen "deficiencias" en la tramitación de licencias y que esto genera "efectos perversos". Y, aunque rechazó que hubiera "un desorden generalizado" en la situación legal de los edificios de la ciudad, habló sin reparos de "un déficit de gestión que vamos a corregir". "Vamos a proponer una modificación de la normativa, tanto propia como de la Comunidad de Madrid, para dar una respuesta adecuada a todas las situaciones que dé seguridad y agilidad al proceso".

Estas declaraciones del alcalde se producen justo después del cruce de acusaciones entre su equipo y el de la oposición. Los populares denunciaron que la sede del PSOE, en la calle de Ferraz, carecía de licencia de funcionamiento desde su apertura, en 1981. Y los socialistas contraatacaron afirmando lo mismo respecto a la central del PP en la calle de Génova y las oficinas de la FAES.

Según Gallardón, el caos en la tramitación de las licencias de funcionamiento es el mismo en todas las ciudades grandes, y el principal culpable es la normativa actual, que, en su opinión, "no ha sido adaptada a la evolución y al dinamismo de Madrid". El alcalde recordó que el Pleno del Ayuntamiento aprobó hace dos semanas, además, por unanimidad de los tres grupos municipales -PP, PSOE e IU-, la creación de una comisión de investigación que se constituirá cuando el juez que lleva el caso de la Operación Guateque levante el secreto del sumario. "Vamos a cumplir ese compromiso para depurar las responsabilidades de los funcionarios", afirmó.

Gallardón respaldó, además, las decisiones adoptadas en los últimos días por la delegada de Urbanismo y Vivienda, del Ayuntamiento, Pilar Martínez. Así, tras ser preguntado por si Martínez recibió alguna orden para que los inspectores municipales no se personaran en Ferraz, como inicialmente estaba previsto, Gallardón apuntó: "Las decisiones que adopta la delegada de Urbanismo son las más adecuadas para la tramitación".

(www.elpais.com, 14/12/07)

Numerosas recomendaciones de altos cargos y concejales a los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid para agilizar determinados expedientes figuran recogidas por escrito en la documentación -más de 3.390 historiales administrativos- sobre la que ha puesto una lupa la investigación judicial del caso Guateque, la mayor trama de corrupción descubierta en la capital en toda su historia democrática.

Se ha tenido acceso a una documentación que permite analizar pormenorizadamente los expedientes tramitados, en la Concejalía de Medio Ambiente, cuartel general desde el que se organizaron la mayoría de las irregularidades destapadas por la investigación policial y judicial. Fuentes cercanas a Medio Ambiente señalan: "Había hosteleros que se hacían tan pesados que se les adelantaba el expediente para no oírlos más. Pero, en otros casos, se les daba prioridad porque llegaban instrucciones de arriba, sin más", admiten.

En el Departamento de Medio Ambiente se produjo entre 2005 y 2007 -periodo que comprende la documentación a la que ha tenido acceso este periódico- un goteo de llamadas y avisos de varios concejales y altos cargos municipales pidiendo que se diese "prioridad" o se "adelantasen" expedientes de bares, restaurantes y salas de fiestas. Así lo revelan anotaciones hechas por los propios funcionarios de Medio Ambiente en la base de datos de los 3.390 expedientes que tramitó este departamento entre el 1 de enero de 2005 y el pasado 13 de noviembre. "Prioridad director general"; "prioridad concejal de Tetuán"; "se adelanta por escrito del concejal..."; "prioridad gerente JM [junta municipal] Salamanca"... Al menos en 131 expedientes analizados figura ese tipo de recomendaciones, y en al menos 11 casos son los concejales los que supuestamente dan la orden de priorizar o adelantar un expediente. En la mayoría de los casos, el técnico encargado de la tramitación de la licencia es Victoriano Ceballos, un funcionario al que colocó a dedo el PSOE -es cuñado de un ex concejal socialista- y que está encarcelado como supuesto cabecilla de la trama.

La base de datos no acredita que las órdenes de los superiores sean fruto de intereses ilícitos, matizan fuentes cercanas a Medio Ambiente. "Pero lo cierto es que llamaban o pasaban notas: una veces justificadas; y otras, no", señalan.

Las diligencias que instruye el juez de Madrid Santiago Torres sobre la trama de corrupción continúan secretas. El juez investiga, de momento, 187 expedientes. Básicamente, se ha centrado, por ahora, en aquellos que son mencionados por los implicados de la Operación Guateque en las conversaciones telefónicas que les interceptó la Guardia Civil. Pero no es descartable, al hilo de las decenas de denuncias de empresarios hosteleros que han empezado a llegar a su juzgado, que Torres solicite todas las licencias del periodo investigado: desde enero de 2005 hasta el pasado noviembre.

El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, indicó al estallar este escándalo que, con los datos que había en la causa en ese momento, no cabía hablar de "conexiones políticas". Los tres grupos políticos del Ayuntamiento de Madrid, incluido el PP, que gobierna el municipio, han aprobado la creación de una comisión de investigación que depure responsabilidades sobre lo ocurrido. Casi todos los encausados están presos porque sus nombres son mencionados en conversaciones en las que se oye a funcionarios -principalmente, al supuesto cabecilla de la trama, Victoriano Ceballos Fernández- hablar del cobro de comisiones a cambio de acelerar o retrasar informes medioambientales, necesarios para lograr una licencia.

Un análisis de los 3.390 expedientes revela cómo algunas licencias se tramitaban en cuestión de semanas y otros tardaban más de un año. Con una precisión: adelantar un expediente supone una alteración en los turnos y saltarse otros más antiguos.

(www.elpais.es, 10/12/07)

La operación Guateque ha puesto en el disparadero a los ediles de Alberto Ruiz-Gallardón. Partidos y medios miran hasta dónde llegaría la mano política en la agilización de las licencias. Y uno de los citados es Luis Asúa Brunt, concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid desde 1999 y, hasta el pasado mes de junio, responsable del distrito de Centro, una de las zonas calientes de la Guateque. Allí se tramitaban más expedientes y allí hay, supuestamente, más puntos negros en el caso. Asúa aparece en los archivos del Registro Mercantil, según ha comprobado Público, como apoderado o administrador solidario de tres empresas: Marbeland, SL; Mosi Guard España, SL, y Ediciones Egunon, SL. Y aparece como tal a día de hoy, en diciembre de 2007.

El edil popular reconoce su participación en las tres compañías. En conversación con este diario, aseguró que sólo hay una empresa "plenamente activa", Marbeland. "Las demás no registran actividad desde hace años. Pero no es tan fácil matar a una persona jurídica. Hacer los asientos de cancelación a veces cuesta más". Asúa argumenta que no declaró la actividad en tales empresas al ingresar en el Ayuntamiento porque "estaban muertas". "Sociedades residuales hay miles", añade, "y en aquel tiempo [1999] no existían herramientas informáticas tan completas como las actuales para rastrear en qué empresas figuraba yo".

El edil recuerda que el pequeño bufete de letrados en el que trabajaba –que tenía su nombre, Luis Asúa– gestionaba "infinidad de apoderamientos de otras empresas". El concejal subraya que se dio de baja en el Colegio de Abogados de Madrid como profesional ejerciente "entre 1999 y 2000". De las tres empresas citadas, no se puede decir que tengan mucho en común. La primera de ellas, Marbeland, es una promotora inmobiliaria que opera básicamente en Madrid, Valladolid y Marbella. "Pertenecía a mi suegro y, a través de él, a mi esposa, que ya falleció. Es de mi familia política".

Asúa remacha que figura como apoderado desde 1997 porque así se le habilitó en un pleito contra la Cámara de Comercio de Madrid. "Pero ni cobro ni firmo ningún documento". Tampoco, dice, de las otras dos compañías. Mosi Guard se montó en en el año 1995 como empresa que gestionaba en España la licencia del repelente de mosquitos homónimo, líder de ventas en el Reino Unido, y que todavía comercializan los laboratorios OTC Ibérica. La tercera compañía, Egunon, también de la añada de 1995, se proyectó como una empresa editorial, pero "ni se llegó a levantar", insiste Asúa. Nada sabe de los socios capitalistas.

(www.publico.es, 11/12/07)

El Ayuntamiento y la baronesa Thyssen ya están de acuerdo. El noveno plan de reforma del eje Prado-Recoletos apunta a ser el bueno. Es muy parecido al que aceptó, en un principio, el museo el pasado septiembre. Por la puerta de la pinacoteca de la baronesa vuelven a pasar sólo tres carriles de tráfico, como entonces. El Consistorio ha vuelto al punto de partida. En el último plan del Ayuntamiento del pasado 27 de noviembre eran cinco. Los dos carriles "sobrantes" cruzan ahora de acera y arrancarán desde Neptuno hasta el propio despacho del alcalde, en Cibeles.

Toda la parte que afecta al Museo del Prado se queda tal y como estaba en el último plan. El acuerdo se gestó tras una reunión entre técnicos el pasado día 5. El encuentro fue auspiciado por el Ministerio de Cultura, que ha ejercido de mediador. Las desaveniencias entre la baronesa y el Ayuntamiento han sido continuas desde el inicio de las negociaciones. Hasta el punto de que los responsables de la pinacoteca amenazaron hace menos de 15 días con llevarse la colección a otro sitio.

Las fricciones han sido una constante. Algunas, muy llamativas. Por ejemplo, la unión con grilletes de la baronesa a un árbol. En satisfecho resumen del propio Gallardón: "Después de mucho recorrido y una historia que a veces ha traspasado lo que es la información habitual de los asuntos municipales, ya están los tres grandes museos de acuerdo: Thyssen, Reina Sofía y Prado". Aunque fue el ministro César Antonio Molina quien reveló el acuerdo en un desayuno informativo. Después, el alcalde Ruiz-Gallardón lo confirmó: "Sólo falta hacerlo oficial". Bueno, eso y que la Comunidad de Madrid conceda su obligatorio visto bueno. Para ello tiene un mes desde la presentación del proyecto. El anterior no recibió el visto bueno, objetándosele varios aspectos desde el punto de vista ambiental. En general, la posición de Aguirre, presidenta regional, ha sido de mayor cercanía al Thyssen que a su compañero de partido Ruiz-Gallardón.

El alcalde reconoció que este plan es casi idéntico al "penúltimo que se barajó". O sea, al que le gustaba al Thyssen. Entonces, según fuentes cercanas al proyecto, fue la propia baronesa quien no terminó de formalizar el acuerdo. Por eso, ahora se ha negociado que el nuevo plan parezca una oferta del museo, aunque ha sido consensuado entre técnicos de las dos instituciones. Además, "se mantiene íntegro el arbolado", según aseguró Gallardón. Algo que confirman todas las partes implicadas.

(www.elpais.com, 14/12/07)

A la Comunidad de Madrid no le gustó nada que el ministro de Cultura, César Antonio Molina, pusiera fin al conflicto sobre el eje Prado-Recoletos con un acuerdo entre el Ayuntamiento, el ministerio y la Fundación Thyssen. Por eso, a media tarde, el Gobierno regional se apresuró a anunciar que condiciona su visto bueno preceptivo al proyecto municipal a que el Consistorio le presente "exhaustivos" planes de movilidad y de medio ambiente, según explicó un portavoz del Ejecutivo regional.

A mediodía, el vicepresidente primero, Ignacio González, había recordado que en la tramitación del proyecto municipal, la Comunidad de Madrid tiene la última palabra. El paseo del Prado fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de monumento por el Gobierno regional en 1999, cuando lo presidía el hoy alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. Eso somete a cualquier proyecto de obras a fuertes limitaciones ambientales y de protección del patrimonio.

"Es un proyecto de envergadura extraordinaria", recalcó el vicepresidente Ignacio González, que insistió en que afectará a unos 600.000 vecinos de cuatro distritos: Arganzuela, Centro, Retiro y Salamanca.

"Las limitaciones de tráfico en la zona supondrán el desplazamiento de vehículos a otras zonas y, en la medida en que esa circulación afecte al Jardín Botánico o al Retiro, implica unas afecciones medioambientales sobre las que la Comunidad va a estar muy vigilante", puntualizó. Por eso, reclama al Ayuntamiento un estudio que incluya "todos los contaminantes atmosféricos que se generen por el tráfico y su repercusión" sobre los ciudadanos.

(www.elpais.com, 14/12/07)

A José Fernández-Villa, en una esquina de la mesa de la Comisión de Vigilancia de la Contratación del Ayuntamiento de Madrid, le temblaban las manos. José Fernández-Villa, funcionario y ex director de área de mobiliario urbano, tiene un hijo. Un joven licenciado en derecho que trabajó cuatro años en Clear Channel, hasta 2005. Esta multinacional, gracias, entre otras a la firma de su padre, el citado José Fernández-Villa, encadenó dos contratos millonarios con el Consistorio. El último, en 2006, el de los célebres, panorámicos, telescópicos y enormes chirimbolos. Una adjudicación por 10 años y 160 millones de euros.

El ex jefe de mobiliario urbano ya no ocupa su antiguo cargo. Desde la entrada de Ana Botella en la concejalía de Medio Ambiente, hace siete meses, se encarga de dirigir el "equipamiento urbano". El nombre se parece. Pero nada más. No tiene nada que ver con gestión de publicidad y además depende de la concejalía de Obras, que comanda Paz González, su "ex jefa" en Medio Ambiente. "El baile típico tras las elecciones", explicó lacónico. El funcionario aseguró que avisó de la situación laboral de su familiar. Un dato que corroboró Paz González: "Sí". Pero no se inhibió a la hora participar en la elección de Clear Channel.

"Es cierto que mi hijo trabajó en esa empresa, pero entró, como tantos otros jóvenes de hoy en día, con un contrato en prácticas, se marchó en 2004, y nunca tuvo un puesto directivo", argumentó Fernández-Villa. Sin embargo, fuentes de la compañía le desmienten: sí tenía un cargo directivo. Pero el funcionario contraataca: "Si tenía un alto cargo, ¿por qué salió de allí con un finiquito de 3.000 € después de 4 años?".

El PSOE anunció que elevará el contrato al Tribunal de Cuentas. Además, junto a IU, señaló otras "irregularidades". Por ejemplo, que el montante de la operación, más de 160 millones, obliga por ley a que sea el equipo de Gobierno municipal quien dé luz verde. En el PP, sin embargo, no comparten esa impresión: "Nada de eso tiene sentido. No se trata de un contrato de gastos, sino de beneficios" Y así, dicen, todo cambia.

Otro punto polémico fue el de la duración de la adjudicación, diez años con una posible prórroga de otros cuatro. Un punto por el que el PSOE dice que el contrato "es anulable". Al menos, si se atiende al artículo 86.2 de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, que establece que los concursos para "el aprovechamiento especial de los bienes de dominio público" deberán tomar la forma jurídica de concesión si superan los cuatro años.

(www.elpais.com, 06/12/07)

La campaña contra la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, iniciada por el PP tras conocerse su empadronamiento en Beneixida (Valencia), gira alrededor de una premisa falsa. Los populares pretenden que la Fiscalía actúe de oficio como hizo en el caso de un empadronamiento en casa de la alcaldesa de Antella (Valencia). El hecho, sin embargo, es que en esa localidad el ministerio público actuó tras una denuncia formulada por el PSPV.

Los populares insisten - sin ir más lejos a través de su vicesecretario general, David Serra- en exigir a la Fiscalía que dé "el mismo trato que reciben los seis vecinos de Antella que están siendo investigados por su empadronamiento". La realidad es que, de momento, la única persona que está denunciada es la alcaldesa Isabel Giménez. El PP se resiste a presentar la denuncia contra Fernández de la Vega, entre otras razones, porque al estar aforada su caso debería verse en el Tribunal Supremo. De ahí que Serra solicitara a la vicepresidenta que renunciara al fuero.

El portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Esteban González Pons, fue el primero en reclamar al fiscal de Alzira que actuase. El pasado martes dijo que [el ministerio público] "se ha querellado contra seis personas que supuestamente se empadronaron en domicilios de familiares para votar en las [pasadas] elecciones municipales". , el vicesecretario general regional del PP, David Serra, volvió a insistir en idénticos términos: "Exigimos, con el absoluto respeto que la justicia se merece, que su condición de aforada no la exima para que se pueda investigar como se está investigando en Antella".

¿Qué y por qué se está investigando en Antella? El PP se cuida mucho de explicar qué es lo que está investigando el ministerio público en Antella porque afecta directamente a la alcaldesa de su partido. Fuentes de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano confirmaron a este periódico que, contra lo que afirma el PP, el fiscal de Alzira no actuó de oficio, sino como consecuencia de una denuncia presentada el pasado 7 de mayo por un representante legal del PSPV contra la alcaldesa de Antella, por si hubiera cometido un delito de prevaricación en relación con un delito electoral.

La fiscalía abrió diligencias por un presunto "delito cometido en calidad de funcionaria que custodia el censo", por cuanto Giménez, como consta en los documentos remitidos al ministerio público, firmó las certificaciones del censo electoral en el que aparecen seis personas empadronadas en su domicilio. Todavía, a pesar de las afirmaciones de Pons y Serra, no se investiga a los empadronados. Otra cosa es que en el transcurso del proceso se les acabe citando como colaboradores necesarios.

Fuentes de la Fiscalía del TSJ hacen notar la diferencia de lo investigado en Antella y lo que el PP pretende que se investigue. En el primer caso, la alcaldesa actúa como funcionaria, mientras que el empadronamiento de De la Vega es el acto de una ciudadana particular.

(www.elpais.es, 09/12/07)

El Gobierno valenciano ha decidido cerrar el repetidor de La Carrasqueta, en Alicante, que permitía ver TV-3 en todo ese territorio. La decisión llega en pleno proceso de negociación con el Gobierno catalán para llegar a un acuerdo de reciprocidad por el que en Catalunya se pueda ver también Canal 9. El portavoz del Ejecutivo valenciano, Vicente Rambla, aseguró que la decisión "cumple la ley y las decisiones judiciales", algo que para él no invalida "tratar de ir avanzando en el acuerdo de reciprocidad".

Siguiendo ese mismo esquema, el Gobierno que preside Francisco Camps, ha pedido autorización judicial para cerrar los repetidores de Castellón (Pic del Bartolo) y Gandia (Montdúver), pero no el que da cobertura a la ciudad de Valencia (Serra Perenxisa). La reacción del Gobierno catalán fue prudente, aunque con un mandato claro a Camps: que se decida a firmar de inmediato el acuerdo de reciprocidad, que estaría dispuesto a suscribir hoy mismo el Ejecutivo catalán.

Precisamente, José Montilla enmarcó la decisión de cerrar el repetidor de Alicante a razones "estrictamente políticas", en alusión a la cercanía de las generales y después de explicar que se han resuelto todos los problemas técnicos que había aducido en un primer momento el Gobierno valenciano. "Espero que puedan reflexionar", añadió. En la misma línea se pronunció el conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tresserras, al constatar que se "utiliza la cuestión de forma partidista".

Pero el Gobierno catalán tiene algunas cosas claras y la primera es que el cierre del repetidor está amparado por una resolución judicial, que Acció Cultural del País Valencià (ACPV) no ha podido evitar por medios legales. Así, aunque se consideró "inaceptable e inoportuno el cierre" y un "ataque a la pluralidad", el Gobierno catalán insiste en que solo hay un camino, que es la firma del acuerdo.

(www.elperiodico.com, 11/12/07)

La senadora del Partido Popular por la Comunidad valenciana, Andrea Fabra, admitió que su grupo, tal y como ya hiciera en el Congreso de los Diputados, tampoco defenderá la ejecución del trasvase del Ebro en la Cámara Alta en el debate presupuestario. Fabra manifestó que entre las enmiendas que su partido ha presentado al Senado se encuentra una "nueva disposición adicional", para que en un plazo "no superior a los 12 meses" el Gobierno "actualice el Plan Hidrológico Nacional" para dar "una respuesta eficiente y solidaria a las necesidades de agua en España", con el fin de que "se produzcan las transferencias de recursos hídricos sobrantes de las cuencas excedentarias a las cuencas deficitarias".

La senadora, hija del presidente del PP en Castellón Carlos Fabra, reconoció después a preguntas de los periodistas, que la enmienda del Partido Popular en el Senado, donde este partido tiene la mayoría, "no contempla" una referencia expresa a la ejecución del trasvase del Ebro.

(www.elpais.es, 08/12/07)

No es nada corriente que se le diga a un juez qué pruebas debe tener en cuenta - y las que no - en la instrucción de un proceso que está en sus manos. Más raro resulta todavía, si quien marca la raya es el principal imputado y sospechoso del caso. Pues tal y así es como ha actuado el sátrapa del PP en Castellón, Carlos Fabra, presidente bicéfalo del partido conservador y de la diputación.

Según confirman fuentes judiciales, la jueza Lourdes Novarques, que instruye en el juzgado número 1 de Nules el "caso Fabra", tiene en su poder desde hace meses un escrito del letrado, Javier Boix, pidiéndole que desestime como pruebas testificales, unas cuentas corrientes de organismos públicos y empresas privadas. En ellas Fabra tiene poderes otorgados para ordenar transferencias y pagos a su voluntad. Se trata de cuentas de la diputación, del Hospital provincial de Castellón y de "Aerocas", empresa promotora del aeropuerto de Castellón. El abogado de Fabra justifica su sorprendente petición porque si se investigan las citadas cuentas corrientes, "podrían resultar perjudicadas terceras personas", dice el escrito, sin entrar en más detalles.

Además de sorpresa e indignación, la oposición de izquierdas todavía no tiene claro si Fabra actúa de esta manera tan anodina para retrasar su juicio por todo lo que contiene su voluminoso sumario en ciernes: delitos contra la administración del Estado, tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal.

No descartan las mismas fuentes una intención de mayor magnitud, urdida por el cacique conservador castellonense. Sospechan que Fabra se ve solo y con el aliento de la justicia más cerca de su cogote. Denotan que el jefe del PP en Castellón "se siente ahora más abandonado" por quienes antes le protegían en el partido. Por esta razón, "amenaza con poner el ventilador", comentan. Incluso, puede estar dando el primer aviso, a la desesperada, de que si le salen mal las cosas a él con la justicia, puede llevarse por delante a otros gerifaltes del PP no implicados en este asunto de corrupción, de momento.

El "caso Fabra" está resultando ser una complicada y dudosa excepción a la regla judicial. Llama estrepitosamente la atención en medios jurídicos y políticos la demora en la instrucción sumarial. Está a punto de cumplir cuatro años, desde que en diciembre de 2003, desveló la trama de corruptelas y tráfico de influencias el empresario Vicente Vilar. Acusó a Fabra de haberle entregado cantidades millonarias de dinero, por conseguir del gobierno del PP licencias para productos fitosanitarios. Más tarde se comercializaron en la empresa Artemis, gestionada por las esposas de ambos.

Es excepcional igualmente que hasta ahora hayan sido siete los titulares del juzgado de Nules los que se han ocupado de la instrucción y dejado a medias después, pidiendo "por causas personales" el traslado a otra jurisdicción. Y serán ocho muy pronto, cuando a la actual jueza, Lourdes Noverques, le confirmen un nuevo destino que ella misma ha solicitado voluntariamente. Han sido cuatro fiscales hasta hoy los que se han encargado de la acusación.

Más pronto o más tarde, el juicio de Carlos Fabra empieza a verse desde el propio PP valenciano como una realidad a la que tendrá que hacer frente. Lo que no quieren sus dirigentes es que los juicios en cascada coincidan con la precampaña electoral. No se descarta que así sea antes de las generales de 2007.

De puertas para dentro en el PP de Castellón, a su presidente Fabra se le han ido complicando las cosas últimamente. Antes de las elecciones del 27-M, su hombre de confianza, Victor Campos, a la sazón miembro del gobierno de Francisco Camps, le dio brutalmente la espalda, anunciando que dejaba la secretaria general provincial y la política activa.

(www.elplural.com, 07/12/07)

La ex directora general de Sanidad durante el gobierno de Aznar, Dolores Flores, admitió en un juzgado de Nules haber informado de la tramitación de autorizaciones para los productos fitosanitarios vinculados al llamado caso Fabra, así como de que esos productos iban a tener salida "en unos días". Flores reconoció su firma en uno de los faxes que forman parte de las diligencias, en el que ella misma informa textualmente de "los nombres de las sustancias y productos que he firmado para dar salida al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación". El documento respondía, tal como admitió, a una solicitud formulada por el entonces secretario general de Gestión Sanitaria del Ministerio de Sanidad, el valenciano Rubén Moreno, quien reclamó que le informara del estado de la tramitación de dichos fitosanitarios. La petición de autorización de la mayoría de esos productos había sido formulada por la empresa Artemis 2000, de la que era socia la esposa del presidente de la Diputación y líder del PP provincial, Carlos Fabra.

Dolores Flores declaró , en calidad de imputada, ante la titular del juzgado número 1 de Nules donde se instruye la causa por la que se investiga al presidente de la Diputación de Castellón por supuestos delitos contra la Administración pública y un presunto fraude fiscal. La causa está abierta desde que el empresario Vicente Vilar acusó a Fabra de cobrarle cantidades millonarias a cambio de tratar de agilizar autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios. Las solicitudes para dichos productos habían de obtener, primero, la aprobación del Ministerio de Sanidad para, posteriormente, ser autorizados por el de Agricultura.

La vinculación admitida por Flores ratifica que el "interés" mostrado por varios dirigentes del PP sobre los productos del empresario Vicente Vilar no se limitaba al Ministerio de Agricultura sino que también se extendió al de Sanidad. En el fax remitido por la directora general de Sanidad, ésta "detalla" en una lista las sustancias y productos para los que ya ha firmado la autorización y añade, de su puño y letra: "En unos días espero que puedan salir la mayoría". Pese a que Dolores Flores dijo ante el juez no haber enviado el documento directamente a Fabra sino a Rubén Moreno, el hecho es que el escrito llegó finalmente a manos de Vilar y, según éste, fue el propio presidente de la Diputación quien se lo hizo llegar para presentárselo como "prueba" de las gestiones que estaba llevando a cabo en favor de sus productos. Rubén Moreno ya fue interrogado ante la juez y, en aquella ocasión, el fiscal anticorrupción, Luis Pastor, no le formuló ninguna pregunta. Por ello, sólo respondió a preguntas de su abogado ante el que desmintió cualquier vinculación con el caso.

En cualquier caso, la mayoría de los nombres que incluyó Flores en su escrito se refiere a productos de la empresa Artemis 2000, creada por las entonces esposas de Vilar y Fabra, Monserrat Vives y Amparo Fernández, respectivamente. Ambas están igualmente imputadas en la causa.

(www.elpais.com, 11/12/07)

El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del PP, ingresará en breve en el selecto club de altos cargos públicos cienmileuristas. El titular de la Corporación provincial alicantina pasará a ganar un total de 99.768,50 euros, lo que supone un aumento del 37% respecto a sus actuales ingresos.

El aumento del salario de Ripoll, y también del resto de los diputados provinciales, incluidos los de la oposición, del PSPV, está recogido en el proyecto de presupuestos de la Diputación para el próximo año que aprobó el pleno. "Yo no me he subido todavía el sueldo. Antes que yo y cualquier otro diputado provincial se tiene que aprobar la reclasificación de los funcionarios", explicó Ripoll.

La nueva propuesta de salarios incluye un aumento de 12.000 euros para el sueldo el portavoz del único grupo de la oposición, el socialista Roque Moreno. El PSPV se abstuvo en la votación porque, según Roque Moreno, el Grupo Socialista desconocía que el expediente de presupuestos incluía también el planillo con la propuesta de sueldo. "Nos hemos abstenido en el proyecto de presupuestos porque se han recogido tres de nuestras enmiendas", dijo. "Estamos en contra de cualquier subida del sueldo de los diputados y haremos lo posible para que no se aplique", añadió. No obstante, Moreno no aclaró si él y el resto de diputados socialistas renunciarán al incremento si finalmente se materializa merced a la mayoría absoluta del Grupo Popular. Los socialistas sostienen que el incremento de los sueldos que pretende Ripoll "rebasa el acuerdo establecido entre todos los partidos políticos en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, firmado por el propio Ripoll el pasado mes de mayo".

La remuneración de los diputados provinciales está directamente relacionada, por un acuerdo del pleno de la Corporación, a los salarios de los altos funcionarios (secretaria general, oficiales mayores y directores de área). De esta forma, el salario de Ripoll se incrementará siempre con el de secretaria general más un 40%. El pleno del pasado 4 de octubre acordó incrementar el salario de esa funcionaria en 18.000 euros. Este dato eleva automáticamente el salario de Ripoll de los 72.0061,30 euros que cobra en la actualidad a 99.768,50 euros

(www.elpais.com, 14/12/07)

La juez del Juzgado de Primer Instancia e Instrucción nº 1 de Xàtiva, Susana Company, ha citado al alcalde de Xàtiva y presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, en calidad de imputado por haber ordenado la expropiación forzosa de una parcela y reiniciar las obras de reparcelación de un polígono industrial suspendida por el TSJ de la Comunidad Valenciana. Junto con Rus, ha sido citado como imputado el inspector jefe de la Policía Local de Xàtiva, que protegió la intervención en la parcela.

(www.elpais.com, 14/12/07)

El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, sostiene que la "amistad personal y familiar" entre el alcalde Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, y el contratista Enrique Ortiz fue "fundamental" en el supuesto trato de favor del primero al segundo en la adjudicación de tres aparcamientos subterráneos. El fiscal incluye esta afirmación en el recurso de apelación contra el auto de archivo decretado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana de la causa abierta al regidor y dos ediles más de su equipo (Sonia Castedo y Luis Concepción) por prevaricación y tráfico de influencias en la adjudicación de la obra al contratista. En el sumario también estaban imputadon el empresario y un funcionario. La causa fue derivada por el juez instructor al TSJ debido al aforamiento de Alperi, elegido diputado en mayo.

Briones basa su recurso en tres líneas argumentales: vulneración de las facultades del magistrado instructor, error en la apreciación de la prueba en el auto de archivo y desestimación de las pruebas complementarias (declaración de los concejales de la junta de gobierno y nuevo peritaje de las obras) solicitadas por el ministerio público.

En el primer apartado, el escrito del fiscal señala que el auto de sobreseimiento del magistrado instructor del TSJ "ha invadido las competencias exclusivas del órgano encargado del enjuiciamiento y fallo [la sala de lo civil y penal del TSJ] al realizar, sin contradicción alguna, una valoración de las pruebas de cargo y descargo".

En el segundo apartado, puntal del recurso, Briones se reafirma, punto por punto, en la denuncia inicial que dio origen a la investigación judicial. Para Briones, existió un "concierto previo" entre el alcalde y los concejales de Urbanismo, Sonia Castedo, y de Tráfico, Luis Concepción, para "conferir mejoras" al adjudicatario. Y, además, asegura que para sortear la oposición de los técnicos de Urbanismo a las modificaciones del contrato se trasladó el expediente al área de Tráfico, cuyo jefe sí las validó. "No consta en el Ayuntamiento de Alicante nunca antes en un asunto de tanta envergadura y de tramitación tan avanzada un cambio de esta naturaleza", puntualiza Briones en su escrito.

El fiscal concluye su escrito solicitando que se practiquen las pruebas complementarias, en su opinión "esenciales" a fin de despejar si su tesis mantenida en la instrucción es correcta.

(www.elpais.com, 12/12/07)

Cullera tendrá su Manhattan al borde del mar. La comisión territorial de Urbanismo de la Generalitat dio el visto bueno definitivo al polémico plan de la Vega, que levantará en el litoral 33 torres de viviendas de hasta 25 alturas y otros dos rascacielos de 40 para hoteles. El proyecto contempla un máximo de 4.883 viviendas, lo que implicará duplicar la población de la localidad, de 23.200 habitantes. La macrourbanización de Cullera ocupará 610.340 m² junto a la desembocadura del río Júcar, donde el gobierno local, del PP, prevé reclasificar otros 10 millones de metros para 15.000 pisos.

Una brutal presión urbanística sobre el litoral que sale adelante con el apoyo de la Generalitat y los votos en contra en la comisión de los ministerios de Fomento y de Medio Ambiente, que mantienen las objeciones planteadas en la tramitación. La principal, la falta de garantías de que los futuros residentes tendrán agua suficiente. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) insiste en que los recursos no están asegurados, y critica que al agua le falta calidad por el exceso de nitratos. Fomento ratifica su oposición a que se urbanice sin estar acabadas las nuevas conexiones viarias.

La Generalitat rechaza los informes negativos del Gobierno, y esgrime otros. Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente explicaron que los informes municipales avalan que hay agua, y el plan ha superado las deficiencias que obligaron a aplazar la aprobación en 2005. Así, la comisión territorial dio su bendición sin apenas retoques. Sólo subrayó que no concederá licencias de ocupación de los pisos antes de que estén en servicio las variantes de Sueca y Cullera-Favara de la N-332, y los viales de conexión desde el Manhattan.La consejería aprobó el plan de forma provisional en 2005 y ya advirtió a Cullera de que los accesos viarios debían terminarse antes de que se trasladaran los residentes. En aquel momento, exigió también que se subsanaran otras deficiencias que considera solucionadas.

La variante de Sueca está en obras y la de Cullera-Favara en licitación, con lo que la consejería ve suficiente tiempo por delante para que comience a desarrollarse el plan y sólo impone que no se ocupe del Manhattan sin acabar los viales.

Para el Gobierno, que construye estas carreteras, el plan no reúne garantías con las obras por terminar. Cullera soporta un tráfico de 18.000 vehículos diarios, y con el Manhattan serán 35.000. Además, tampoco están hechos los enlaces que unirán la urbanización con las variantes estatales de la N-332. La subdelegación del Gobierno en Valencia recurrió la aprobación provisional del plan hace dos años por los informes negativos de Fomento y Medio Ambiente. También exigió correcciones Costas. Éstas se han cumplido, pero no ha sido el caso con las conexiones viarias y la garantía de agua -las concesiones de nuevos pozos están por decidir y faltan actuaciones hidráulicas complementarias-, por lo que el Ejecutivo mantendrá su recurso judicial o presentará uno nuevo si es necesario. Así lo confirmó el subdelegado, Luis Felipe Martínez, quien destacó que "las circunstancias no han cambiado" en esta fase final del proyecto. "No intervenimos por capricho, lo hacemos para procurar que se cumplan las competencias estatales y se defiendan los derechos de los futuros residentes", aseveró Martínez.

La subdelegación también recurrió la participación en el plan del Instituto Valenciano de Vivienda, que firmó un acuerdo con Cullera para redactar el proyecto. La Generalitat, que ha impulsado el Manhattan a través de esta empresa pública, resalta que el sector tendrá 1.171 viviendas sociales y amplias zonas verdes. Además, la parcela reservada para el nuevo puerto deportivo y pesquero se adjudicará a la Generalitat.

La comisión aprobó asimismo un plan de 2.023 viviendas en Moncada y de otras 3.100 (la mitad de VPO) en Sagunto.

(www.elpais.es, 06/12/07)

Luis Fernando Cartagena, ex consejero de Obras Públicas de la Generalitat en la época de Zaplana y ex alcalde de Orihuela, encara el proceso por un supuesto delito fiscal pendiente de la concesión del indulto por parte del Gobierno por una condena a cuatro años por apropiarse de la donación de unas religiosas. El primer caso, conocido como el de las primas únicas, únicamente está pendiente de la decisión del juzgado instructor, el número 4 de Orihuela, del auto de apertura de juicio oral. Mientras, la Audiencia de Alicante ya advertido al ex alto cargo del PP de que si en el plazo de seis meses el Gobierno no le concede el indulto procederá a ejecutar la condena, ya ratificada por el Tribunal Supremo, y ordenará su ingreso en prisión.

Por el caso de las primas únicas, la Fiscalía Anticorrupción de Alicante solicita tres años de cárcel para Cartagena por delito fiscal. Cartagena está procesado por las primas únicas del Banco de Santander (fondos de nuda propiedad que aseguraban la opacidad fiscal). La causa de Cartagena es una de las piezas separadas, por su condición de aforado, del sumario general que se incoó en 1992. El ex alto cargo del PP suscribió las primas únicas con el entonces Banco de Santander entre 1987 y 1998. El volumen de la operación fue de dos millones de euros y la presunta deuda fiscal, de 310.000.

Aparte de este proceso, Luis Fernando Cartagena cuenta ya con una condena de cuatro años de cárcel por malversación y falsedad. La Audiencia de Alicante, cuya sentencia ratificó el Tribunal Supremo en marzo de 2004, condenó a Cartagena por apropiarse de la donación (49.000 euros) de una congregación de religiosas al Ayuntamiento de Orihuela. Tras la condena, Cartagena inició el trámite del indulto. El fiscal informó en contra. La petición está pendiente, dos años después, de la decisión del Consejo de Ministros.

(www.elpais.com, 13/12/07)

El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, presidido por el ahora independiente José Manuel Méndez Freijo, "confundió" entre el 2004 y el 2005 los intereses privados de la constructora gallega Mahía con el interés general, en el proceso de tramitación del Estudio de Detalle en el sector SAU 13 de ese municipio, que permitió a la promotora aumentar en 150 pisos de más los fijados en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). De este modo, Mahía obtuvo el permiso municipal del Pleno, entonces con mayoría del PP, para elevar la edificabilidad de 500 viviendas a 650 en esta zona próxima al centro de Hipercor.

Fue una antigua empleada de Méndez y apoderada de Mahía, María Iluminada Miguel Fernández, la que el 10 de diciembre del 2004 tramitó la petición de la promotora ante el Ayuntamiento. En tres meses, el Consistorio dio, con el informe favorable del arquitecto municipal y del secretario pero con el rechazo de la Comisión Territorial de Urbanismo (CTU), su conformidad para elevar la edificabilidad. A pesar de ello, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha "anulado de pleno derecho" dicho acuerdo del Consistorio aprobado el 15 de marzo del 2005 sobre el Estudio de Detalle del sector SAU 13, así como la desestimación que el propio Méndez hizo del recurso que presentó el concejal del PSOE, Evaristo López, que se postuló contrario a la autorización a Mahía.

La sentencia reconoce que la modificación acordada por el Pleno del 2005 comportó para la constructora "un incremento de la edificabilidad privada en 23.064 m², como se admite por la representación del Ayuntamiento", y que defendió el letrado municipal, el procurador en las Cortes, Raúl de la Hoz. De este modo, según la sentencia del TSJ, el equipamiento privado creció en 13.317 m² y la edificabilidad residencial en otros 9.746 m², aumentándose el número de viviendas en 150 pisos.

Se afirma además en el fallo que hubo una "patrimonialización por el propietario (Mahía) del sector del cien por cien del aprovechamiento de la modificación aprobada", y se insiste al respecto en que la autorización de los 150 pisos de más a la constructora gallega por parte del Consistorio presidido por Méndez "no comportó un incremento de espacios libres públicos necesarios en proporción al incremento de edificabilidad y viviendas que se establecen en ese instrumento de planeamiento".

La Ley de Urbanismo recoge que las cesiones a los ayuntamientos han de ser "en pleno dominio, y libre de cargas, gravámenes y ocupantes", aunque en el acuerdo municipal se daba a Mahía la explotación del subsuelo y el vuelo, un hecho que el TSJ cuestiona. Se considera insuficiente que Mahía cediese dos parcelas para uso público, aunque se quedaba con la explotación del subsuelo. La anulación supone además la paralización del edificio de 108 habitaciones destinado para un apartotel que la empresa Binurba, del grupo Mahía, había comenzado a levantar hace dos años en la avenida de Salamanca.

(www.nortedecastilla.es, 12/12/07)

El agua empieza a dividir al PP en Murcia y Valencia. El primer ariete de los dos ejecutivos regionales del PP contra el Gobierno socialista hace aguas. La unidad de criterio exhibida hasta ahora por el presidente valenciano, Francisco Camps, con su homólogo murciano, Ramón Luis Valcárcel, sobre política hídrica quedó hecha añicos en Torrevieja. Y es que mientras el Consell no ha dudado este año en poner todas las trabas a la desaladora de Torrevieja y ha llegado a calificar estas plantas como "centrales nucleares del mar", Murcia ha optado por una postura más pragmática, consciente del déficit hídrico que sufre. Dos altos cargos del Gobierno murciano -el secretario general de la Consejería de Economía y Hacienda, Juan José Beltrán, y la directora general de Economía y Planificación, Esther Ortiz- acompañaron a una delegación de la Comisión Europea en su visita a la planta desaladora que el Ejecutivo central levanta en Torrevieja. Era la primera visita del Gobierno murciano a la polémica desaladora. Los mandatarios murcianos no solo no cuestionaron la viabilidad del proyecto, como constantemente hace el Consell, sino que defendieron su respaldo a las medidas que ayuden a paliar el déficit hídrico que sufre la región. El Gobierno murciano, dijo Beltrán, "está siempre a favor de todo aquello que sean recursos de agua para la región".

Este distanciamiento tuvo su primer conato el pasado mes de marzo, cuando Ramón Luis Valcárcel respaldó la visita del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la inauguración de la planta desaladora de San Pedro del Pinatar (Murcia). La imagen del político murciano brindando con Zapatero con agua desalada contrastaba con la avalancha de críticas que el Ejecutivo de Camps lanza cada vez que refiere a esta desaladora. La Generalitat no ha dejado de poner trabas a la construcción de la que será la mayor desaladora de Europa. El Consell bloqueó el acceso de los camiones a las obras argumentando falta de licencia. Poco después ordenó la paralización de los trabajos por un supuesto impacto negativo en el parque de las Salinas y el conflicto acabó dirimiéndose ante el Tribunal Constitucional, que se pronunció contra esta decisión.

La desaladora estará terminada a finales de 2008 y producirá inicialmente 80 hectómetros cúbicos de agua que darán servicio a más de tres millones de ciudadanos de Alicante y Murcia y a unos 65.000 agricultores de ambas provincias.El respaldo del Gobierno murciano a la denostada, por parte del Consell, planta desaladora de Torrevieja se justifica por un dato objetivo: más de la mitad de la producción de agua que saldrá de la planta se destinará tanto al abastecimiento humano como para el riego de Murcia, según destacó la empresa pública Acuamed, que dirige el proyecto.

La instalación es el buque insignia en materia de recursos hídricos del programa diseñado para la Comunidad Valenciana por Ministerio de Medio Ambiente que dirige Cristina Narbona. La planta, proyectada para sustituir el derogado trasvase del Ebro, es la mayor instalación de estas características diseñada en Europa. La instalación cuenta, además, con el respaldo explícito de Bruselas, que aportará a la construcción de la desaladora 55 millones de euros de los 217 millones de coste total. Una cifra que se eleva hasta los 297 millones de euros con los costes de operación y mantenimiento de la infraestructura durante 15 años, según recordó Acuamed en una nota.

De hecho, los representantes de la Comisión Europea subrayaron durante la visita a la localidad de Torrevieja que la ejecución del proyecto "avanza satisfactoriamente" y está cumpliendo con los planes marcados para su desarrollo y ejecución.

Pese al apoyo al apoyo explícito, remarcado con la presencia de los dos altos cargos del Gobierno regional de Murcia a la desaladora, el secretario general de la Consejería de Economía y Hacienda, matizó su respaldo al programa de desalación que impulsa el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero: "Murcia está a favor de las desalinizadoras que técnicamente se puedan realizar".

(www.elpais.com, 12/12/07)

La investigación judicial sobre una trama de corrupción en el municipio murciano de Totana permitió descubrir las maniobras del alcalde de la localidad, José Martínez Andreo, del PP, para ocultar una operación urbanística irregular. Las conversaciones del regidor, grabadas por orden judicial, destapan sus gestiones para maquillar un contrato adjudicado a dedo a un amigo.

El contenido de las grabaciones obra en las diligencias judiciales -secretas- abiertas sobre la trama de corrupción urbanística. En algunas grabaciones, el alcalde de Totana conversa con su antecesor, Juan Morales, y en otras, con Laura Bastida, la secretaria del Ayuntamiento de esta localidad murciana de 25.000 habitantes. La juez que instruye el caso decretó hace días orden de prisión provisional sin fianza para el alcalde, al que interrogó sobre la venta de unas parcelas del polígono industrial y sobre sus conversaciones telefónicas, entre ellas, alguna relacionada con el promotor gallego también detenido en la operación.

La investigación ha revelado que el regidor, en connivencia con la secretaria municipal, falsificó un documento público [un convenio urbanístico] para evitar que un juez de Totana le sentase en el banquillo por prevaricación. La oposición municipal había denunciado en el juzgado que el Ayuntamiento había adjudicado a dedo a un amigo del alcalde, las obras de un colegio público de la localidad.

Al pedir el juzgado el expediente municipal sobre las obras del colegio, hechas en 2006, Martínez, que ya entonces había sustituido en la alcaldía a Juan Morales, ideó falsificar un convenio y llevarlo al juez para simular que la adjudicación era legal y no a dedo, según la investigación. Para ello habló con la secretaria municipal, que era la que tenía que dar fe de la existencia del documento, y con su amigo y promotor de la obra. Los tres aceptaron fingir un convenio, pero la secretaria se equivocó y puso como fecha del mismo el año 2007. Antes de firmar, el promotor inmobiliario se dio cuenta del error y llamó al alcalde:

-¡Cómo habéis puesto fecha de 2007, si la obra se hizo en 2006! -espetó el constructor al alcalde, quien entonces, comienzos de este año, ya tenía el teléfono intervenido por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Martínez Andreo comentó a su amigo que no se preocupase, que hablaría con la secretaria. Y eso hizo:

-Rompe lo que has hecho y haz copias nuevas, pero con fecha de 2006. La secretaria cambió la fecha y el alcalde, que había sido citado como imputado por este hecho, acudió al juzgado con el falso convenio.

Sobre este asunto declaró como testigo su antecesor en el cargo, Juan Morales, en la actualidad diputado autonómico del Partido Popular y otro de los implicados en la trama de corrupción de Totana. Morales, en una conversación con Martínez, comentó: