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ÍNDICE

1. LA FAES ACUSA AL GOBIERNO DE ATACAR LA CONSTITUCIÓN (17/01/06)

2. EL TÉRMINO NACIÓN (14/01/06)

3. GALICIA: ACUSAN AL ALCALDE DE A POBRA (PP) DE INCUMPLIR UNA SENTENCIA YA EJECUTADA (20/01/06)

4. ANDALUCÍA: EL TRIBUNAL DE CUENTAS EMBARGA A UN EX DELEGADO DEL PP DE LA ZONA FRANCA (17/01/06)

5. UN CONCEJAL DEL PP DE HUELVA HA GASTADO 1.200 € EN TRES MESES LLAMANDO A LÍNEAS ERÓTICAS Y SE DESCARGA JUEGOS Y MELODÍAS DESDE EL AYUNTAMIENTO (15/01/06)

6. MADRID: URBANISMO PERMITE LEVANTAR 1.000 CASAS EN ZONA DE TRANSICIÓN DEL PARQUE NACIONAL (14/01/06)

7. MADRID: LA FUTURA ALCALDESA DE CHINCHÓN DEL PP ES ACCIONISTA DE DOS CONSTRUCTORAS DEL PUEBLO (16/01/06)

8. COMUNIDAD VALENCIANA: ZAPLANA DIO CONTRATOS MILLONARIOS A LA EMPRESA DE UN LÍDER FASCISTA (16/01/06)

9. COMUNIDAD VALENCIANA: ZAPLANA MOLESTO POR EL TRATO QUE LE DISPENSA EL GOBIERNO VALENCIANO (20/01/06)

10. COMUNIDAD VALENCIANA: EL SUEGRO DE ZAPLANA CONTRA ZAPLANA (19/01/06)

11. COMUNIDAD VALENCIANA: TABARES DECLARA AL JUEZ QUE FIRMÓ EL CONTRATO DE 6 MILLONES CON JULIO IGLESIAS POR ORDEN DE ZAPLANA (20/01/06)

12. MARQUINA DECLARA ANTE EL JUEZ QUE EL IVEX LE ORDENÓ EL "MARRÓN" DE FALSIFICAR UNA FACTURA DE 325.000 DÓLARES (18/01/06)

13. COMUNIDAD VALENCIANA: TURISMO ADJUDICA DE NUEVO EL "STAND" DE FITUR A LA EMPRESA QUE ORGANIZA LOS ACTOS DEL PP (20/01/06)

14. COMUNIDAD VALENCIANA: UNA JUEZ PARALIZA ANTE LA PASIVIDAD MUNICIPAL UNA OBRA EN CASTELLÓN DIRIGIDA POR LA ESPOSA DEL ALCALDE DEL PP (17/01/06)

15. CIUDAD DE MELILLA: UN SENADOR DEL PP DICE QUE "TEJERO ENTRÓ EN EL CONGRESO CON UNA PISTOLA Y ZAPATERO EN UN TREN" (17/01/05)

16. C.A DE CANARIAS: EL LÍDER DEL PP DE CANARIAS TAMBIÉN COMPARA A ZAPATERO CON EL CORONEL TEJERO (18/01/06) 

17. EL GOBIERNO BALEAR INTERVIENE EN EL NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE SA NOSTRA (18/01/06)

18. REGIÓN DE MURCIA: UN CONCEJAL DEL PP DE MURCIA ES SOCIO DE UNA EMPRESA AUTORIZADA A CONSTRUIR PISOS EN LA CIUDAD (20/01/06)


1. LA FAES ACUSA AL GOBIERNO DE ATACAR LA CONSTITUCIÓN 17/01/06

La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), dirigida por José María Aznar, en la editorial del último número 9 de la revista "Cuadernos de Pensamiento Político" acusa al actual Gobierno de liderar un "movimiento contraconstitucional" que "desprecia" la Constitución de 1978 y la libertad con ella conseguida. Advierte de que se ha creado "la moda del revisionismo de la Transición" que pretende deslegitimar la Carta Magna aprobada en 1978 y el proceso que la hizo posible. "Para el revisionismo, por cuya senda transita el Gobierno desde el principio de la Legislatura, España se halla desde 1978 sumida en una atmósfera narcótica que oscurece el juicio y debilita la voluntad", indica el editorial.

Según los argumentos de la FAES, el Gobierno defiende que en 1978 se "tramó un gran engaño" y por eso, afirman, los "revisionistas" pretenden ahora que la Constitución vigente ya no es válida. Así, está escrito en la editorial: "lo que el revisionismo aspira a quitarnos no son los recuerdos, no es la historia, es la libertad".

La FAES, que tiene como misión nutrir de argumentos a la derecha española, enarbola la defensa de la Constitución para criticar cualquier intento de revisarla y con ello, indirectamente está atacando la posibilidad abierta con las reformas de los estatutos autonómicos que, como el de Cataluña, intentan estirar al máximo el marco constitucional.

El secretario general del PP, Ángel Acebes, anunció desde Toledo que el PP está preparando "iniciativas" y la "movilización de los ciudadanos" para tratar de impedir que España deje de ser una única "nación". Acebes hizo estas declaraciones desde Toledo, donde los máximos dirigentes del partido están reunidos en un encierro de 48 horas para fijar su estrategia para 2006

Acebes justificó la necesidad de movilizar a los ciudadanos y llevar a cabo iniciativas que impidan el desmembramiento de España, porque como principal partido de la oposición tenemos "una responsabilidad". Asimismo añadió: "Los ciudadanos no pueden permitir que una minoría independentista […], con la complicidad del Gobierno, imponga su modelo de Estado".

Estas manifestaciones se produjeron poco antes de encerrarse con el resto de la cúpua del partido en el Parador de Toledo. En esta reunión participan también el presidente del partido, Mariano Rajoy; los portavoces de Congreso, Senado y parlamento europeo, Eduardo Zaplana, Pío García Escudero y Jaime Mayor Oreja, respectivamente; el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, y el diputado Carlos Aragonés, además del asesor Pedro Arriola. El objetivo de esta reunión, era marcar las líneas claves que el PP seguirá durante este año que comienza. Uno de los temas que más tiempo ocupará a los populares será preparar su estrategia ante el debate en el Congreso del proyecto de un nuevo Estatut.

Además, los máximos dirigentes del PP sentarán las bases de la Convención Nacional que se celebrará en marzo, y en la que se pretende "actualizar" el mensaje del partido y elaborar "un nuevo proyecto político", según anunció Rajoy hace algún tiempo. En esta Convención se tratarán otros temas como la evolución de la economía, la lucha contra el terrorismo y el futuro de la UE. Algunos de estos dirigentes que están reunidos en Toledo participarán este fin de semana en el congreso del PP gallego. Acebes y Piqué, además de los ex ministros Cascos y Trillo arroparán a Fraga en su relevo al frente del partido. Su sucesor, Alberto Núñez Feijoo ha anunciado que el partido inicia la nueva etapa "más unido que antes".

2. EL PP NO DESCARTA UNA MANIFESTACIÓN SI EL TEXTO MANTIENE EL TÉRMINO NACIÓN (14/01/06)

"El preámbulo es la expresión del alcance político del articulado" de una ley, según Rajoy. A su juicio, "tiene pleno valor jurídico" y, por eso, "es igual que el término nación aparezca en un sitio o en otro". Rajoy invitó a quien crea que no tiene ningún valor jurídico definir a Cataluña como nación si tal cosa va en el preámbulo del Estatuto "que no lo ponga". El líder del PP aseguró que, para su partido, es "de la mayor importancia" que pueda aparecer el término nación en el Estatuto para definir a Cataluña ya que "desde la Constitución de 1812 nunca se ha puesto en duda que España es la única nación española".

Para rechazar que esto ocurra, Rajoy aseguró que utilizará "todas las vías que constitucionalmente" tiene un partido en la oposición. La obvia es que será él -junto a Ángel Acebes y Eduardo Zaplana- quien defenderá las enmiendas de los populares en la Comisión Constitucional del Congreso. Añadió que "el PP será el portavoz de la preocupación de los españoles también en la sociedad y en la calle". De ahí que no descarte convocar movilizaciones contra el Estatuto.

3. GALICIA: ACUSAN AL ALCALDE DE A POBRA (PP) DE INCUMPLIR UNA SENTENCIA YA EJECUTADA (20/01/06)

La Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) presentó una querella contra el alcalde de A Pobra, Isaac Maceiras (PP), al que acusa de haber incumplido de forma reiterada los sucesivos requerimientos que le fueron efectuados para que cumpliera una sentencia judicial. Se da la circunstancia de que dicho fallo fue ejecutado hace más de cuatro meses. La sentencia a la que se refiere el fiscal en su querella está relacionada con una vivienda situada en la parroquia de Santa Cruz de Lesón, sobre la que pesaba una orden de derribo de la cubierta dictada en 1999. Fue en noviembre de ese año cuando el regidor pobrense recibió el primer requerimiento para hacer efectivo el fallo, según el cual, el inmueble incumplía la distancia reglamentaria con respecto a la finca colindante.

A partir de entonces, y hasta marzo del año pasado, el TSXG emitió una decena más de requerimientos e incluso llegó a imponer al alcalde una multa de 300 €. Cabe destacar que, en un par de ocasiones, el Concello desplazó varias máquinas al lugar para derribar el tejado de la casa, pero una concentración de vecinos se lo impidió. Finalmente, la cubierta de la vivienda fue derribada entre los meses de agosto y septiembre del 2005. Pese a ello, el fiscal dice en su querella no tener constancia de que la sentencia fuera cumplida. Por ello, pide que se tome declaración al regidor pobrense en calidad de imputado y que se incoe contra él el correspondiente procedimiento penal.

4. ANDALUCÍA: EL TRIBUNAL DE CUENTAS EMBARGA A UN EX DELEGADODEL PP DE LA ZONA FRANCA (17/01/06)

La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas del Estado ha embargado al ex delegado de la Zona Franca de Cádiz Manuel Rodríguez de Castro, del PP, las acciones de cinco empresas y un vehículo de su propiedad. Se trata de una medida preventiva en ejecución de la providencia que este tribunal dictó el 26 de abril de 2005 y en la que ordenaba el embargo, por la cantidad de 549.159 €, de bienes y derechos del ex delegado, quien eludirá su cita para declarar en los juzgados de Madrid.

La cantidad exigida por el tribunal se corresponde con presuntos gastos de dinero público que no justificó entre 1997 y 2001, cuando dirigía el consorcio gaditano. El embargo afecta a las acciones de las siguientes empresas: Oda Móviles, SL; Fanatic Movil, SL; Premium Atlas, SL; Iberian Reits España, SL; y Agencia Hispano-Azteca, SL.Asimismo, le han embargado un vehículo de cinco años de antigüedad.

Éstas son las únicas propiedades de Rodríguez de Castro que el Tribunal de Cuentas ha localizado en España, según recoge una providencia dictada el 15 noviembre de 2005. José Antonio Bosch, uno de los abogados del ex delegado, afirmó que el embargo no cubre los 549.159 € exigidos. Bosch aseguró que la mayoría de estas empresas no tiene actividad y su valor es "intrascendente".

El embargo se produce después de que el presidente del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto, confirmase el 23 de febrero de 2005 en la comisión mixta Congreso Senado los gastos injustificados por el dirigente popular: 330.000 € en viajes y restaurantes; 37.200 € en metálico para "compras que parecen tener un carácter particular" y para "viajes de personas no identificadas"; 132.000 € en efectivo "sin que la dirección del Consorcio aportara a los servicios financieros los correspondientes justificantes de gasto". Rodríguez de Castro presentó facturas de hoteles, coches con chófer y viajes a Brasil, Perú, Argentina, Puerto Rico, México, Panamá y China. Denuncia el Tribunal que algunas de esas facturas se pasaron dos veces.

La sección de enjuiciamiento celebra la vista que analizará todas estas supuestas irregularidades, para lo que ha citado a declarar al acusado. Sin embargo, Rodríguez de Castro no acudirá. El dirigente popular, que reside en Miami, pidió declarar mediante video-conferencia para evitar desplazarse a España exclusivamente al juicio. El Tribunal de Cuentas ha denegado esta petición.

5. UN CONCEJAL DEL PP DE HUELVA HA GASTADO 1.200 € EN TRES MESES LLAMANDO A LÍNEAS ERÓTICAS Y SE DESCARGA JUEGOS Y MELODÍAS DESDE EL AYUNTAMIENTO (15/01/06)

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Huelva ha denunciado que, según un informe del consistorio, concejales del PP llamaron a líneas eróticas usando los teléfonos del ayuntamiento. Llegaron a gastar 1.200 € (200.000 pesetas) en estas llamadas y en descargar juegos y melodías para teléfonos móviles como la de la telenovela ‘Pasión de gavilanes’.

El informe municipal, realizado por un funcionario del área de comunicaciones cesado ahora por el equipo de gobierno del PP, constata que concejales del PP han abusado de los teléfonos públicos haciendo llamadas a líneas eróticas. En concreto, uno de los tenientes de alcalde, Juan Carlos Adame, ha gastado 1.200 € en tres meses en bajarse juegos como el FIFA Fútbol, el Tetris, el Pau Gasol y en descargar melodías para el móvil como la de ‘Pasión de gavilanes’. El equipo de gobierno del PP guarda silencio por el momento y ha eludido hacer declaraciones al respecto.

6. MADRID: URBANISMO PERMITE LEVANTAR 1.000 CASAS EN ZONA DE TRANSICIÓN DEL PARQUE NACIONAL (14/01/06)

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha suspendido el plan general de Los Molinos, vigente desde 1969, y ha redactado unas normas de ordenación transitorias que recalifican 41 hectáreas para la construcción de 1.045 viviendas en la zona de transición del futuro parque nacional del Guadarrama. En ellas vivirán más de 3.000 vecinos, que permitirán que Los Molinos casi duplique su población actual. La consejería declara además como suelo urbano consolidado las cerca de 400 hectáreas existentes entre el casco urbano y las urbanizaciones periféricas, donde existen grandes bolsas de suelo sin edificar. La orden de la consejería, en información pública hasta el próximo 22 de enero, insta también al Ayuntamiento de Los Molinos, del PP, a que revise el planeamiento antes de dos años.

El Gobierno regional decidió suspender el citado plan general, vigente desde hace 37 años, para "enjugar en buena parte" el déficit residencial acumulado en los últimos 20 años respecto al resto de municipios de la comarca y para que "pueda asumir la cuota de mercado que le corresponde, superando las dificultades estructurales que hasta ahora lo habían impedido".Según la orden de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) del pasado 22 de diciembre, se recalifican 41 hectáreas para levantar un polígono industrial (Matalongiles) y construir 1.045 viviendas en dos sectores (Extensión Norte y La Cerquilla). Además, se da un plazo de dos años para que el Ayuntamiento de esta localidad serrana revise su planeamiento. La orden se encuentra en información pública hasta el próximo 22 de enero para que los interesados presenten las alegaciones que se estimen convenientes.

Con esta decisión se quiere poner fin a uno de los "puntos negros" urbanísticos de la región, derivado de la inviabilidad de llevar a la práctica un plan general de hace 37 años, redactado entonces por la extinta Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid (Coplaco). Las 2.000 hectáreas del término municipal se hallan dentro de una zona de protección de riberas y, sobre todo, del área de transición del futuro Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama. La Dirección General de Urbanismo, en apenas un mes dado el carácter urgente que se ha dado al tema, ha tomado como base de su actuación, a la hora de redactar estas medidas transitorias, las normas subsidiarias de 1991. Éstas, por un defecto de forma, fueron declaradas nulas en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

7. MADRID: LA FUTURA ALCALDESA DE CHINCHÓN DEL PP ES ACCIONISTA DE DOS CONSTRUCTORAS DEL PUEBLO (16/01/06)

Luisa María Fernández Fernández, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Chinchón y futura alcaldesa, es accionista de dos constructoras radicadas en la localidad: Navarredonda 2000, SL, y Nuevas Propiedades Inmobiliarias Chinchón, SL. El objeto social de ambas sociedades es la construcción de edificios y la promoción de viviendas. Las dos constructoras están levantando actualmente dos promociones en el casco urbano. Fernández, que es abogada de profesión, encabeza además la moción de censura que el PP y una ex concejal del Partido Independiente de Chinchón, Isabel Montes, han presentado contra la actual alcaldesa, la socialista Encarnación Moya. Esta última lleva días afirmando que tras la moción de censura se esconde una trama urbanística, algo que el PP niega.

Pero Javier Sánchez-Lázaro, senador de la antigua Alianza Popular por Extremadura a principios de los ochenta ( PP), es administrador solidario y apoderado de la empresa inmobiliaria Jabbar Inversiones. Esta empresa es dueña, a través de otra denominada Inverwarner Promociones 2002, de una finca en Chinchón denominada Dehesa de la Jara Alta (de 350 hectáreas). El consejero delegado mancomunado y apoderado de Jabbar entre 1999 y 2003 y accionista de Inverwarner (sólo tiene una acción), es Pedro García Valero. Éste, a su vez, es amigo y ex compañero de trabajo de Ricardo Romero de Tejada, ex secretario regional del PP, en la empresa de fotocopias MIC Servicio de Copias, SL. Esta empresa salió a relucir durante la comisión de investigación del llamado caso Tamayo, cuando dos diputados del PSOE (María Teresa Sáez y Eduardo Tamayo) traicionaron a su partido y se ausentaron durante la sesión de investidura del candidato socialista Rafael Simancas. Éste no pudo ser presidente regional.

En 2000, la entonces alcaldesa de Chinchón, Ana María Magallares, del PP, elaboró el avance del plan general y recalificó dichos terrenos de Jabbar. El PP dice que no fue ella directamente, sino que había delegado las competencias urbanísticas en la Comunidad de Madrid, también del PP.

En las últimas elecciones el PP obtuvo cinco concejales, el PSOE logró cuatro ediles y el Partido Independientes, dos. Socialistas e independientes decidieron coligarse. Una de sus primeras acciones fue anular el avance del plan. Ahora el PP se ha aliado con una concejal independiente, que ha sido expulsada del partido, para recuperar el gobierno local. El PP alega que ellos fueron el partido más votado.Para adquirir los terrenos de la Dehesa de la Jara Alta, el entonces presidente de Jabbar, Javier Sánchez Lázaro, y su consejero Pedro García Valero constituyeron la empresa Inverwarner Promociones 2002, cuyo fin según consta en el registro mercantil es el siguiente: "El objeto social consistirá en el planteamiento y el desarrollo de la totalidad de las actuaciones de carácter urbanístico que sean precisas, para lograr la aprobación definitiva de los planes generales de ordenación urbana de las fincas propiedad de la sociedad en Chinchón o instrumento de planeamiento general de eficacia urbanística similar, que contenga las previsiones necesarias para clasificar como suelo urbanizable, sectorizado o no, las fincas de su propiedad".

Inverwarner tiene un capital social de seis millones de € que fueron desembolsados por Pedro García (un euro) y Jabbar, con 5.999.999 participaciones.Los socios mayoritarios de la empresa MIC Servicios de Copias, SL, en la que trabajaba Ricardo Romero de Tejada y Pedro García Valero, son los hermanos Juan Carlos y Fernando Sánchez Lázaro, que fue diputado regional en la Asamblea de Madrid (1995-1999).

Ruth Porta, portavoz adjunta del PSM en la Asamblea de Madrid, reiteró su "sospecha de oscuros intereses urbanísticos e inmobiliarios relacionados con el PP y Romero de Tejada en Chinchón". Porta afirma que la moción de censura "oculta estos intereses y violenta la voluntad popular". También señaló que la concejal independiente que apoya la moción de censura expulsada de su partido y, es "una tránsfuga". Así, Javier Recuero, secretario y tesorero del Partido Independiente de Chinchón, señala que "Montes está expulsada del partido, aunque tiene un periodo de cinco días [hasta el 18] para presentar alegaciones", admite. "El día 19", añade, "dos días antes de la moción de censura, se le comunicará a Montes la expulsión oficial".

Francisco Granados, secretario general del PP de Madrid, niega tajantemente que Montes sea una concejal tránsfuga. "Era la presidenta del partido y con quien firmamos el pacto de legislatura. En ese partido son dos [Granados se refiere a que este partido tiene dos concejales]: la presidenta y otro. ¿Quién de los dos representa al partido? Yo creo que la presidenta. Por lo tanto, ¿quién la echa? ¿El otro concejal?".

Granados explicó que la candidata del PP a la alcaldía de Chinchón "la semana pasada dejó los cargos directivos de las dos constructoras", si bien reconoce que aún continúa con las acciones en estas empresas. "No es ilegal tener acciones en una constructora", añade, si bien reconoce que actualmente las dos empresas de la futura alcaldesa están levantando dos promociones en el casco urbano del municipio. El secretario del PP indica, además, que desconoce la compra de terrenos a las afueras de Chinchón por parte de Jabbar. "No conozco a los Sánchez Lázaro absolutamente de nada. No los he visto nunca", señaló.

8. COMUNIDAD VALENCIANA: ZAPLANA DIO CONTRATOS MILLONARIOS A LA EMPRESA DE UN LÍDER FASCISTA (16/01/06)

La empresa "Levantina de Seguridad, S.A.", propiedad del fundador del partido fascista, Plataforma España 2000, José Luis Roberto Navarro, recibió entre 1999 y 2004 la adjudicación de contratos por parte de la Generalitat Valenciana por un valor de casi 6 millones de € (1.000 millones de pesetas). Además de poseer esta compañía de seguridad privada y otros negocios, este destacado líder ultraderechista preside la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (ANELA). Otra de sus actividades es la promoción de combates de "Valetudo", una modalidad extrema de artes marciales en la que puede golpearse al contrario en cualquier parte de su cuerpo, sin más límite que la pérdida de la consciencia o la rendición del oponente.

La Generalitat Valenciana adjudicó, al menos, 18 contratos distintos a "Levantina de Seguridad, S.A.", entre enero de 1999 y junio de 2004. En la práctica totalidad de los casos, para actividades de vigilancia en diversos centros públicos gestionados por la Administración Autonómica. La Consellería de Cultura, Educación y Deporte, la de Sanidad, la de Bienestar Social, la de Agricultura, Pesca y Alimentación, o la de Justicia y Administraciones Públicas, se encuentran entre las entidades adjudicatarias. Se da la circunstancia de que, sobre las actuaciones del personal de esta empresa de seguridad privada pesan un sinfín de denuncias por extralimitaciones, abusos y agresiones.

Durante la presidencia de Eduardo Zaplana se adjudicaron no menos de diez de estos contratos a la compañía propiedad del dirigente ultraderechista. La primera de la que existe constancia documental data del 15 de enero de 1999, aunque no se especifica el importe. Ya, el 9 de febrero de 1999 consta la adjudicación por un importe de 150.350 € de la vigilancia en las dependencias del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. El 23 de octubre de 2000, el contrato tenía un importe de 88.502,39 € por la vigilancia del Museo de Valltorta. El 10 de abril de 2001, la adjudicación de la vigilancia y seguridad de los edificios del Complejo L’Eliana fue valorada en 115.163,53 €. Además, en este caso, la oferta realizada por la empresa coincidió al céntimo exacto con la cantidad establecida en las bases de licitación –siempre resulta inferior la cantidad ofertada por las compañías-. Apenas un mes después, el 14 de mayo de 2001, Levantina S.A. recibía otro contrato por importe de 141.138,92 € por la seguridad en las instalaciones del Servicio de Desarrollo Tecnológico Agrario de Moncada. A finales del mismo mes, el día 31, se concedía a la empresa de José Luis Roberto otro contrato, por importe de 631.062,71 € para la custodia de los centros educativos de Cheste y de La Misericordia.

El 30 de enero de 2002, Levantina de Seguridad conseguía otros 194.697,87 € del erario público por los servicios de seguridad para el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. Ocho días más tarde, el 7 de febrero, la Consellería de Bienestar Social ofrecía otro protocolo por 93.884,93 €.

La marcha de Eduardo Zaplana al Ministerio de Trabajo no interrumpió las fluidas relaciones entre la Administración autonómica y el líder de la extrema derecha valenciana. En noviembre de 2002, la empresa de José Luis Roberto volvió a suscribir otros tres contratos con la Generalitat –dos de ellos, el mismo día- , por un total de 296.014 €. Nada más comenzar 2003, el 21 de enero, Levantina S.A. recibía el premio gordo: un contrato por 2.375.392 € por vigilancia y seguridad en centros de la Consellería de Sanidad. Ese mismo año se suscribieron otras tres contrataciones por un importe de 1.030.398 €.

Únicamente consta un contrato suscrito en 2004. Levantina de Seguridad recibía 262.800 € por la vigilancia del Teatro Romano de Sagunto. Era el 8 de junio. Desde entonces no existe documentación que acredite contratos entre ambas partes. Pero, puede que no sea casual. Justo en el mes de junio de 2004 se celebró la célebre velada de Valetudo en la valenciana localidad de Mislata que fue retratada en un programa televisivo en enero de 2005.. Puede que a los responsables de la Generalitat no les escandalizase mantener relaciones comerciales con el presidente de los empresarios de la prostitución en España. A lo mejor tampoco importaba mucho su destacada militancia fascista. Pero, tal vez, la promoción de la violencia extrema debió ser considerada excesiva por "alguien".

9. COMUNIDAD VALENCIANA: ZAPLANA MOLESTO POR EL TRATO QUE LE DISPENSA EL GOBIERNO VALENCIANO (20/01/06)

El ex presidente de la Generalitat y actual portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, es de los pocos dirigentes populares valencianos que aún no había confirmado su presencia en el macro-mitin que el PPCV ha preparado a Mariano Rajoy mañana en la Feria de Valencia. Zaplana, según fuentes de su entorno, tiene motivos para estar molesto por el trato que le dispensa la actual dirección del partido en la Comunidad Valenciana.

Los organizadores del acto no han previsto que el cabeza de lista por Valencia en las últimas elecciones generales intervenga, aunque sea con un simple saluda. El vicesecretario del PPCV, Ricardo Costa, alegó que Madrid tomó la decisión sobre los parlamentos. Aunque algunos cargos indicaban que Zaplana no acudiría, la organización le ha reservado a una silla, lógicamente en un lugar destacado. junto a Soraya Saénz de Santamaría, protagonista del Estatuto valenciano, y Bernardo de Castro. Zaplana ofreció el lunes en Madrid una conferencia a la que acudió Rajoy, la plana mayor del PP y los consellers valencianos Alicia de Miguel y Miguel Peralta. En ese encuentro, Rajoy alabó la gestión de Zaplana e ironizó con su gran dedicación: "Muchas veces es excesivo, pero es mejor eso que lo contrario".

10. COMUNIDAD VALENCIANA: EL SUEGRO DE ZAPLANA CONTRA ZAPLANA

Las batallas internas del Partido Popular en Benidorm, a raíz de la próxima elección a la agrupación local del 9 de febrero, no cesan. El senador del PP Miguel Barceló, suegro de Eduardo Zaplana y padre de una de las candidatas, Ángela Barceló está preparando un informe para la dirección del partido, donde critica las maniobras de los zaplanistas. Mientras, el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, ha decidido apoyar a Barceló, para oponerse a Zaplana. Ello ha motivado que Miguel Barceló, senador del PP, explica en su informe que existen actuaciones en el proceso de elección interna que "rompen con el principio de neutralidad", en defensa de su hija, la candidata Ángela Barceló, (hermana de la mujer de Zaplana). Y alerta a la dirección nacional del PP del uso de fondos y medios públicos en este proceso, una malversación de fondos, que daña la imagen que transmite el partido a los ciudadanos.

Con este paso, Miguel Barceló se opone directamente a Eduardo Zaplana que defiende a la otra candidata, Gema Amor. Barceló ya mostró sus desavenencias al grupo zaplanista en noviembre, en una entrevista concedida a la publicación Noticias Benidorm, donde arremetía duramente contra Joaquín Ripoll, el presidente provincial del PP, máximo representante de Zaplana en la Comunidad Valenciana. Pero ahora ha dado un paso más.

Como también lo ha hecho Francisco Camps, presidente de la Comundad. Camps ha decidido apoyar a la candidata Ángela Barceló y así ganar adeptos en el principal feudo del zaplanismo que es Benidorm. Recordemos que Zaplana había sido alcalde de esta ciudad de 1991 a 1994 y aunque ahora sus tareas políticas son a escala nacional, no ha dejado nunca de controlar los movimientos políticos en la zona.

El apoyo de Camps ha venido a través de la dirección regional del PP, que ha autorizado Ángela Barceló, que es concejala del ayuntamiento de Benidorm, a utilizar los símbolos del partido en los mítines de su campaña. Esta decisión es fruto de una polémica –una más- suscitada por la denuncia de su contrincante, Gema Amor, que la acusaba de uso indebido de emblemas del partido, como el himno o las siglas. Para Ángela Barceló, el apoyo de Camps es muy significativo pues hasta ahora contaba con poco respaldo de pesos pesados del PP, aunque sí de parte importante de las bases. La mayor parte de la dirección provincial del PP apoya a Gema Amor, actual consejera de Cooperación y Participación.

11. COMUNIDAD VALENCIANA: TABARES DECLARA AL JUEZ QUE FIRMÓ EL CONTRATO DE 6 MILLONES CON JULIO IGLESIAS POR ORDEN DE ZAPLANA (20/01/06)

Alguien está mintiendo y la trola está tasada, como mínimo, en 615 millones de pesetas, casi 3,7 millones €. Es la diferencia entre el contrato oficial que el Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) firmó con Julio Iglesias por valor de 375 millones de pesetas y el anexo que se ocultó a las Cortes y a la opinión pública, que corregía al alza los emolumentos hasta 990 millones de pesetas, el equivalente a 5.950.019 €.

El 15 de junio de 2001 el entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, se lavó las manos sobre este asunto en tribuna parlamentaria y descargó toda la responsabilidad de la ejecución de los pagos en el ex director del organismo público de exportación José María Tabares. Al mes siguiente, el conseller Fernando Castelló hizo lo propio. Y el pasado lunes Tabares dijo la suya ante el titular del juzgado de instrucción 14 de Sevilla, que le tomó declaración a petición del juez Luis Carlos Presencia Rubio, quien investiga presunta malversación de fondos, falsedad documental y delito fiscal en el contrato del cantante.

José María Tabares planteó toda su línea argumental desde el supuesto de que ni en el contrato ni en su ejecución se cometió ninguna ilegalidad ni irregularidad; pero por si acaso y como nunca se sabe como acaban estos asuntos, reiteró tantas veces como pudo la obediencia debida y adornó su declaración con "se me dijo" a granel.

En un momento de su comparecencia como imputado, sentenció que si firmó el contrato con todos sus anexos fue "por orden" de sus "superiores", y citó al entonces conseller de Industria, Diego Such, y al presidente "Don Eduardo Zaplana", según el acta de la declaración judicial. "Del señor Presidente" dijo haber recibido las "instrucciones verbales" para estampar su rúbrica junto a la de Julio Iglesias de la Cueva en el acuerdo por el que el artista se comprometía a realizar media docena de actuaciones por cuenta del IVEX. Zaplana fue la estrella del testimonio que prestó Tabares en el juzgado de Sevilla, pero no el único protagonista. El ex director del IVEX también recibió "verbalmente" consignas del jefe del gabinete de Presidencia, puesto que ocupaba Juan Francisco García. José María Tabares Domínguez fue nombrado director del IVEX a mediados del mes de julio de 1997. A ese dato se agarró como una lapa para desentenderse de la negociación del fichaje de quien fue telonero de los mítines de José María Aznar en la campaña de las generales de 1996.

Tabares asegura que es un ignorante absoluto sobre la "génesis" del contrato porque él "ni siquiera era director general cuando se gestó la idea". Supone que la propiedad intelectual del fichaje de Julio Iglesias como embajador comercial sería de los "cargos correspondientes de la Generalitat".

Durante el interrogatorio salió la carta que el dia de Sant Jaume de 1997, en plena negociación, remitió el representante de Julio Iglesias, Luis Fernando Esteban, a Zaplana, documento que se reproduce en la página siguiente. En la misiva el hombre de confianza del cantante indicaba al presidente que ya se había reunido con Tabares y con "José Uncio" -entonces director general del Instituto Valenciano de Finanzas(IVF)- para tratar sobre el "convenio" con la Generalitat. Esteban envió a Zaplana una propuesta de contrato con la "remuneración global" que "me indicastes" (sic).El precontrato fijaba una "contraprestación" para Julio Iglesias "por sus servicios" de 990 millones: "165 millones de pesetas por cada feria o visita institucional (165x6=990)".

El imputado Tabares aseguró que se enteró de la carta cuando le llegó la documentación de la querella. Admite que estuvo en la reunión (no concreta si como director o todavía como responsable de comercio exterior, pues fue ascendido en esos días) con Luis Fernando Esteban y con José Manuel Uncio, pero niega que en ese encuentro se abordaran las "condiciones y términos económicos del contrato". El motivo del encuentro era "determinar las acciones" que se iban a acometer en el exterior. Esto es, fijar el calendario de recitales. ¿Y que pintaba el máximo responsable del Instituto de Finanzas, el banco de la Generalitat, si el repertorio de esa reunión era estrictamente artístico y comercial? Tabares no lo aclaró. El querellante PSPV ya pidió al juez que llame a Uncio como imputado por si tiene idea del asunto.

12. MARQUINA DECLARA ANTE EL JUEZ QUE EL IVEX LE ORDENÓ EL "MARRÓN" DE FALSIFICAR UNA FACTURA DE 325.000 DÓLARES (18/01/06)

El ex delegado del IVEX en Miami, José Marquina, ratificó al alza ante el juez sus revelaciones en la entrevista. Explicó que los ex directivos del IVEX José María Tabares y Faustino Salcedo le ordenaron emitir una factura falsa por 325.000 dólares como gastos del concierto de Julio Iglesias en Orlando y el dinero se derivó a una firma del artista en Bahamas. Aportó justificantes que prueban que el recital costó 207.296.

El contrato "b" por el que se elevó el caché de Julio Iglesias por promocionar a la Comunidad Valenciana de los 375 millones de pesetas oficiales a 990 millones libres de impuestos hibernó cinco años debajo de la alfombra del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX). Alguien lo desempolvó y se publicó. La partitura de la operación Julio Iglesias se escribió un 29 de diciembre de 1997 y las facturas que han ido apareciendo estos años con silencio nervioso del Consell indicaban que esa música se interpretó.

Marquina ratificó punto por punto ante el titular del juzgado de instrucción número 19 de Valencia todo lo que declaró en la entrevista concedida, el pasado 13 de noviembre, en exclusiva a Levante-EMV y un poco más. Durante las más de dos horas de testimonio, explicó al juez Luis Carlos Presencia Rubio que el ex director del IVEX José María Tabares y el entonces responsable de comercio exterior Faustino Salcedo -hoy delegado en Miami- le ordenaron emitir una factura falsa de 325.000 dólares por supuestos gastos generados por el recital que el cantante dio en Orlando la noche del 23 de abril de 1998 en el marco de la misión comercial e institucional del IVEX a la Florida. Le cargaron a él el "marrón", llegó a comentar de forma elocuente.

Marquina sentenció que no se quedó con un solo dólar, pese a que le enviaron desde la sede central del Instituto en la Plaza de América un cheque por esa cantidad a nombre de Strategies & Solutions (su empresa) para que lo cobrara en la sede del Banco Exterior de España (BEX) en Miami. Tal cual llegó lo endosó, por órdenes de los directivos de Valencia y según la versión del ex delegado en Miami, a favor de International Concerts, para que ingresara el dinero en la cuenta numerada y secreta WA356115.000 que esta firma vinculada a Julio Iglesias tenía abierta en la sucursal de UBS en Nassau (Bahamas). Al ser endosado el cheque -firmado para que un tercero lo hiciese efectivo- el dinero no llegó a ingresarse en la cuenta de la firma de Marquina. El BEX aplicó una comisión de 65 dólares y los 324.935 restantes volaron hacia las cercanas Islas Bahamas, situadas a 40 minutos en avión de Miami.

¿Y cómo sabe el ex representante del IVEX en Florida que los 325.000 dólares que él facturó y que acabaron en manos de International Concerts no podían responder a costes reales del concierto de Julio Iglesias? La cuestión fue planteada por el juez en el interrogatorio. Y Marquina se reiteró en que ese cheque respondía a servicios no prestados porque los gastos reales los sabía él. Entonces puso sobre la mesa un tocho de justificantes de los costes soportados por la organización del recital de Orlando. El total ascendía a 207.926 dólares con 21 centavos. El ex delegado en Miami lo sabe porque él mismo fue quien organizó el sarao y fue pagando los diferentes conceptos a cuenta de la provisión de fondos que le remitió el IVEX. Posteriormente, envió la liquidación de los gastos para aclarar las cuentas.

13. COMUNIDAD VALENCIANA: TURISMO ADJUDICA DE NUEVO EL "STAND" DE FITUR A LA EMPRESA QUE ORGANIZA LOS ACTOS DEL PP (20/01/06)

La Agencia Valenciana de Turismo (AVT) ha adjudicado un año más a la empresa Orange Market el montaje del stand que la Comunidad Valenciana lucirá en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid, que abre sus puertas el próximo 25 de enero. La firma, que dirige en Valencia Álvaro Pérez Alonso, ha realizado varios trabajos para el PP. Orange Market fue fundada por Pablo Crespo, presidente de Special Events, empresa que tiene como máximo accionista a Windrate Ltd., firma administrada por otras empresas con domicilio en paraísos fiscales.

Orange Market fue la encargada de la instalación del stand de la Comunidad Valenciana en la edición de Fitur del 2005, unos trabajos por los que facturó 930.000 €. Este año repite encargo, tras resultar ganadora del concurso público que la Conselleria de Turismo convocó a través del DOGV el pasado 22 de septiembre. Fuentes de la conselleria confirmaron que la adjudicación ha recaído en Orange Market, que presentó una oferta valorada en más de 1 millón €. El presupuesto es superior al del año pasado porque el stand no sólo servirá para la Feria de Madrid, sino también para las de Bilbao, Cataluña, Valladolid y Valencia. Las mismas fuentes precisaron que al concurso sólo presentaron oferta dos empresas.

La oferta económica de Orange Market fue ligeramente superior a la ofrecida por la otra firma (unos 4.000 €), pero tras un informe técnico se optó por la propuesta de Orange porque aportaba mejoras. En concreto, según las citadas fuentes, Orange Market ofreció un diseño más vanguardista y la posibilidad de adaptar el stand a las ferias del resto de ciudades, mientras que la oferta de la otra empresa contemplaba el mismo stand para todos los eventos. La conselleria justificó también la adjudicación en el hecho de que Orange aportará la seguridad privada las 24 horas, así como más ordenadores. Orange Market ha suscrito contratos con otras áreas de la Administración, como Presidencia o Territorio. Su último trabajo conocido para el PP fue la cena de inicio de curso político en el Puig.

14. COMUNIDAD VALENCIANA: UNA JUEZ PARALIZA ANTE LA PASIVIDAD MUNICIPAL UNA OBRA EN CASTELLÓN DIRIGIDA POR LA ESPOSA DEL ALCALDE DEL PP (17/01/06)

Ante la pasividad del Ayuntamiento, los vecinos de un céntrico edificio de Castellón tuvieron que recurrir al juzgado para que paralizara las obras de un inmueble próximo después de haber denunciado a los servicios municipales toda una serie de desperfectos que los trabajos de construcción estaban causando en sus viviendas, como grietas, desplome de escayolas y hasta desplazamiento de algunos tabiques. Como consecuencia, una juez paralizó la ejecución del edificio supuestamente responsable de los daños. La directora de esa obra es la esposa del alcalde, Alberto Fabra, del PP.

Tras seis meses de quejas, reclamaciones y del envío de informes al Ayuntamiento, los vecinos de un céntrico inmueble de la plaza de Santa Clara, en Castellón, lograron la paralización de unas obras en la calle Mayor que, según sus denuncias, han provocado grietas en las paredes, el desplome de escayolas en el techo y el desplazamiento de tabiques. La paralización fue dictada, el pasado mes de noviembre, por una juez, después de que el Ayuntamiento de la capital de La Plana hiciera caso omiso a la solicitud de suspensión requerida por los vecinos, cuando la dirección de la obra es responsabilidad de Cristina Fortanet, esposa del alcalde, Alberto Fabra.

La paralización cautelar, debido a los daños que presenta el edificio, ha sido levantada después de que la promotora de la obra haya depositado una fianza correspondiente a la reparación total de los daños. Aún así, la demanda presentada por los vecinos contra los propietarios del solar se mantiene y mañana será objeto de juicio en el juzgado de primera instancia número 3 de Castellón. De momento, los afectados no se han planteado acciones contra el Ayuntamiento por no haber accedido a la paralización de los trabajos. Los primeros escritos de queja se remontan al mes de mayo de 2005, cuando, a través del administrador de la finca, los vecinos hicieron llegar al Ayuntamiento un primer informe, en el que se reflejaba la existencia de "grietas de dimensiones considerables" en la fachada, tabiques desplazados, fisuras verticales, falsos techos afectados y movimientos "excesivos".

En el mismo escrito exponían su preocupación, sobre todo, por una grieta cuyo tamaño iba "en aumento" y que, en su opinión, podía causar a algún desplome, "lo que también pudiera dar lugar a accidentes personales por la imprevisión de este asunto".

Entre las viviendas de estos vecinos y el solar donde se ejecutan las obras existe una edificación, de escasas dimensiones, que sólo estaba ocupada en su planta baja y que fue desalojada, tras la alerta, por orden de los técnicos municipales, quienes, en respuesta al escrito de mayo, ordenaron la evacuación y admitieron que el edificio se había "movido". En este escrito, los técnicos recomendaba que se tomaran las medidas y precauciones oportunas "incluso paralizando cualquiera de los trabajos junto a la medianera". Sin embargo, las obras no se paralizaron, pese al consejo de los técnicos.

Las alegaciones que presentó la dirección de la obra, que corresponde a la esposa del alcalde, se centraron en que las grietas y fisuras eran antiguas, por lo que reclamó que se realizaran testigos (placas de yeso fechadas cuya rotura atestigua nuevos movimientos) "antes de adoptar medidas de seguridad extraordinarias". Estos testigos demostraron que el inmueble continuaba moviéndose, tal como reflejaron los técnicos municipales hasta en seis informes realizados durante julio y agosto. En todos ellos emplazaban a la dirección de la obra a "adoptar las medidas relativas al modo y forma en que se ejecuten las obras para evitar deterioros en edificios vecinos y garantizar la seguridad de los operarios que trabajan en la misma".

Finalmente, en septiembre, los vecinos solicitaron "el cese inmediato" de las obras. Su petición no fue escuchada y, dos meses después, decidieron interponer la demanda que acabaría por desembocar, por vía judicial, en la suspensión de la obra. El último informe de los técnicos municipales, realizado en septiembre a raíz de la solicitud de cese, reflejaba que los testigos "han abierto progresivamente, con mayor desplazamiento en los situados en la parte superior del edificio" y que, en cualquier caso, "se han adoptado las medidas adecuadas para salvaguardar la seguridad de las personas y bienes en la vía pública, así como la relativa a la seguridad de los ocupantes del inmueble desalojado".

El alcalde de Castellón, Alberto Fabra, declinó hacer ningún tipo de comentario sobre lo ocurrido ni sobre la posible influencia del hecho de que sea su esposa la que dirige la obra sobre la decisión del Ayuntamiento de no paralizarla.

15. CIUDAD DE MELILLA: UN SENADOR DEL PP DICE QUE "TEJERO ENTRÓ EN EL CONGRESO CON UNA PISTOLA Y ZAPATERO EN UN TREN" 

El senador del PP por Melilla Carlos Benet Cañete ha comparado de forma "irónica y jocosa" a José Luis Rodríguez Zapatero con dos conocidos militares golpistas, Manuel Pavía, protagonista de uno de los pronunciamientos militares del siglo XIX, y Antonio Tejero, responsable del 23-F. Benet ha afirmado que Zapatero es "un presidente accidental" porque, según ha argumentado, "humorísticamente, algunos recordamos que Pavía entró a caballo en el Congreso, Tejero con una pistola y el señor Zapatero con un tren de cercanías".

Benet, de 50 años, es el senador más antiguo de la cámara alta, ha pedido horas después disculpas por sus palabras. "Quiero pública y expresamente pedir disculpas y retirar dicho comentario que en modo alguno pretendía poner en duda la legitimidad de los resultados de las elecciones generales", ha afirmado el senador en una nota. Y ha añadido que sus palabras fueron "un comentario en una conversación informal".

Benet ha hecho las polémicas declaraciones esta mañana en una reunión con un grupo de periodistas en Meilla. En el encuentro, el senador ha calificado a Zapatero de "presidente accidental" al referirse a su anunciada visita a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y, al ser preguntado por este calificativo, Benet ha respondido: "No hay que olvidar nunca como se produjeron las elecciones y recordemos claramente que en la Historia de España del último siglo, lo entendemos así, humorísticamente hablando, que (en 1874 el general golpista Manuel)Pavía entró a caballo en el Congreso, (en 1981 el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio) Tejero con una pistola y el señor Zapatero con un tren de cercanías (en alusión a los atentados del 11-M)". Por este motivo considera que Zapatero es "el que es accidentalmente el presidente del Gobierno". "Cosa que me parece a mí extraordinariamente bien", ha agregado.

Tras recordar la matanza, en la que murieron 191 personas, se ha referido a las elecciones que se celebraron tres días después: "Yo por lo menos lo matizo y lo veo así en el sentido irónico, no fueron unas elecciones muy leales que digamos las que auparon al poder al gran demagogo". Carlos Benet, que ha calificado sus palabras de "matización jocosa y humorística", ha finalizado su referencia a estos hechos con una advertencia: "En política todo se paga".

16. C.A DE CANARIAS: EL LÍDER DEL PP DE CANARIAS TAMBIÉN COMPARA A ZAPATERO CON EL CORONEL TEJERO (18/01/06) 

El líder del PP de Canarias, José Manuel Soria, se reafirmó en su opinión de que José Luis Rodríguez Zapatero es "lo peor que le ha ocurrido a la democracia española después de Tejero". Soria ratificó esa opinión, que ya había vertido el pasado diciembre en una entrevista, después de que el lunes el secretario general del PP, Ángel Acebes, desautorizara al senador Juan Benet y le instara a pedir disculpas por la siguiente afirmación: "Pavía entró a caballo en el Congreso, Tejero con una pistola y el señor Zapatero con un tren de cercanías".

Soria mantuvo que su partido sólo había desautorizado la alusión de Benet a los atentados del 11-M y reiteró su comparación de Zapatero con Tejero. Según el líder del PP de Canarias, si Tejero "se quiso cargar" la democracia con un golpe de Estado, ahora Zapatero está dejando que los nacionalistas "la rompan desde un lado y desde otro".

En Galicia, el senador y presidente de la Diputación de Lugo, Francisco Cacharro (PP), respaldó las declaraciones de Benet. Cacharro justificó al senador por Melilla porque, a su juicio, "expresó en voz alta un pensamiento que comparte con millones de españoles". Eso sí, Cacharro matizó que "quizá no era correcto" haber expresado ese "pensamiento en voz alta". Según él, "todo el mundo está de acuerdo [con la opinión de Benet], pero no se puede decir si no hay pruebas".

Eduardo Zaplana, portavoz del PP en el Congreso, fue preguntado si hay muchos dirigentes populares que opinan como Benet, Soria o Cacharro. Contestó: "Estoy seguro de que no". Añadió que Benet ha "pedido disculpas". No dijo nada de los otros dos.

17. EL GOBIERNO BALEAR INTERVIENE EN EL NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE SA NOSTRA (18/01/06)

El Gobierno de Baleares, del PP, ha intervenido en la elección del presidente de la Caixa de Balears Sa Nostra. Así lo explicó anoche el consejero de Economía, Luís Ramis, al anunciar la candidatura de "consenso" del ex empresario Fernando Alzamora, quien ya ocupó el cargo entre los años 1988 y 1992. El consejero Ramis ha negociado con los sectores del consejo para superar la crisis abierta el pasado día 13, cuando la presión de la plantilla frustró en el consejo la reelección de quien fue hasta ahora presidente Llorenç Huguet.

Huguet cayó al perder el apoyo del Gobierno balear al no ponderar el eco de la acciones del sindicato hegemónico, Unión Obrera Balear, que le denunció ante el Banco de España y públicamente por vulnerar el código ético al haber percibido una remuneración, al margen de dietas, no refrendada por la asamblea. En Sa Nostra Huguet cobró por labores de "formación, seguimiento y evaluación" 4.164,24 € al mes. El cargo de presidente es honorífico, sin sueldo. El comité ético de la caja consignó la presunta irregularidad.

El consejo votará en bloque a Alzamora, un empresario de 62 años. Moderado, del sector de patronos, no pudo evitar el hundimiento de su empresa centenaria de alimentación, Casa Alzamora, que fue absorbida por el grupo Eroski, donde él ejerce un cargo de relaciones instituciones en Palma.

18. REGIÓN DE MURCIA: UN CONCEJAL DEL PP DE MURCIA ES SOCIO DE UNA EMPRESA AUTORIZADA A CONSTRUIR PISOS EN LA CIUDAD (20/01/06)

El concejal de Fomento y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Murcia y presidente del Comité Electoral del PP, Antonio Sánchez Carrillo, reconoció que es socio de Facundo Armero Madrid, uno de los propietarios de la empresa Polaris World, a quien el 29 de septiembre de 2005 el equipo de gobierno, también del PP, aprobó el plan parcial La Loma de Polaris, que urbanizará en la ciudad unas 600 viviendas en 585.000 m2. La aprobación de este desarrollo urbanístico podría chocar con la Ley de Incompatibilidades de las Administraciones Públicas, por lo que el PSOE ha pedido la dimisión de Sánchez Carrillo. El alcalde, Miguel Ángel Cámara, no ve tal incompatibilidad.

Sánchez Carrillo tuvo que abandonar en 2005 del consejo de administración de la empresa Puerto Mayor, que, con el apoyo del Gobierno autónomo, mantiene un litigio con el Ministerio de Medio Ambiente para construir 2.100 viviendas y un campo de golf de nueve hoyos en La Manga del Mar Menor.

El concejal de Fomento, que votó a favor del desarrollo urbanístico de su socio Facundo Armero Madrid, es desde el 16 de junio de 2004 socio y administrador mancomunado, junto a Armero, de la empresa Ronda Sur Levante, cuya única finalidad es la construcción de estas viviendas. En unas declaraciones, Sánchez Carrillo admitió que Armero, uno de los propietarios de Polaris World, es amigo suyo. "Yo le propuse comprar una parcela junto a unos terrenos de mi familia en la Ronda Sur, en el plan parcial terciario residencial que existe en la ronda. Efectivamente, compramos una sociedad que tenía como única actividad desarrollar un plan parcial y construir en la zona".

La empresa Polaris World, que promueve entre otras iniciativas la construcción de unas 30.000 viviendas paralizadas en el municipio de Alhama de Murcia por la rebeldía de una concejal, es además una de las concesionarias de la Televisión Autonómica de Murcia, al mismo tiempo que se ha ofrecido a construir 9 kilómetros de carretera, con un presupuesto de 10 millones €, para regalársela a la Administración regional.

"No soy socio con Facundo en ninguna otra empresa. Yo no tengo dedicación exclusiva en el Ayuntamiento, por lo que me dedico a la construcción. Soy concejal por el PP desde el 91 y constructor y promotor desde los años 70, cuando comencé en la empresa de mi padre. Yo construyo con el nombre de Antonio Sánchez Carrillo y no hago nada anormal", añadió el concejal popular.

La portavoz del PSRM-PSOE, Teresa Rosique, pidió al secretario general del PP regional y alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, tras conocer las vinculaciones empresariales entre el concejal de Fomento y el grupo Polaris World, que actúe y depure responsabilidades políticas sobre las actuaciones de Sánchez Carrillo. Rosique manifestó que Polaris World "es una de las empresas más beneficiadas de la Región de Murcia, tanto en recalificaciones urbanísticas como en adjudicaciones millonarias de la radiotelevisión autonómica o de TDT".

Ecologistas en Acción recordó asimismo que "este concejal también es conocido en otros casos, como por formar parte del consejo de administración en las obras de Puerto Mayor, en La Manga, o el de construcción del aparcamiento de San Esteban, adjudicado a una UTE en la que figura el vicepresidente del PP de Orihuela a través de la empresa La Generala".

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