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ÍNDICE

1. EL PP ADJUDICÓ 4.000 MILLONES EN CONTRATOS PÚBLICOS SIN CONCURSO EN SUS DOS ÚLTIMOS AÑOS DE GOBIERNO (09-02-06)

2. SEGÚN EL TRIBUNAL DE CUENTAS LA CONTRATACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL DURANTE EL GOBIERNO DEL PP SE REALIZÓ "SIN UNA MÍNIMA JUSTIFICACIÓN" (09-02-06)

3. ZAPLANA USÓ DE FORMA IRREGULAR AVIONES PRIVADOS CUANDO ERA MINISTRO (08-02-06)

4. PITIDO POPULAR ENTREGA AL PP MÁS 300.000 FIRMAS FALSAS. ACEBES NIEGA QUE LAS RÚBRICAS RECOGIDAS POR INTERNET SEAN NULAS (07/02/06)

5. IRREGULARIDADES EN LA CAMPAÑA DEL PP DE RECOGIDA DE FIRMAS: EL PP NO PUEDE UTILIZAR LEGALMENTE LAS FIRMAS QUE RECOGE POR INTERNET (07/02/06)

6. IRREGULARIDADES EN LA CAMPAÑA DEL PP DE RECOGIDA DE FIRMAS: UN MAGISTRADO RECABA FIRMAS A FAVOR DEL PP EN LA AUDIENCIA NACIONAL  (04/02/06)

7. AEROPUERTO DE BARAJAS: Tres estatuas previstas en la terminal no pueden instalarse por exceso de peso  

8. CATALUÑA: Piqué cree "incomprensible" que el PP no respalde la definición de Cataluña del Estatuto  (08/02/06)

9. ANDALUCÍA: CERCO JUDICIAL AL PP POR LA ZONA FRANCA (05/02/06)

10. ANDALUCÍA: EL PP RECHAZA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN PARA INVESTIGAR LAS RECALIFICACIONES URBANÍSTICAS EN JÁEN   (07/02/06)

11. ANDALUCÍA: TODOS LOS AGENTES MUNICIPALES DE PALOS DE LA FRONTERA SE QUERELLAN CONTRA EL ALCALDE (PP) POR "PERSECUCIÓN"  (03/02/06)

12. MADRID: AGUIRRE PREFIERE IR A UN ACTO DEL PP EN MÓSTOLES Y REHÚSA ASISTIR A LA FIRMA DE LA LEY DE CAPITALIDAD CON ZAPATERO (07/02/06)

13. MADRID: EL GOBIERNO DEL PP PLANEA PERMITIR FUMAR EN CAFETERÍAS DE EMPRESAS, TERRAZAS DE BARES Y BODAS (09-02-06)

14. MADRID: DIMITE UN CONCEJAL DEL PP EN CHINCHÓN IMPUTADO POR SUPUESTA PREVARICACIÓN (10/01/06)

15. COMUNIDAD VALENCIANA: UNA FIRMA COBRÓ 137.000 $ AL IVEX POR MONTAR EL RECITAL DE MOSCÚ Y OTRA 1 MILLÓN POR "ORGANIZARLO" (07/02/06)

16. COMUNIDAD VALENCIANA: UN IMPUTADO DEL CASO FABRA ADMITE QUE FALSIFICABA CUÑOS PARA OBTENER LICENCIAS (04/02/06)

17. COMUNIDAD VALENCIANA: LA AUDIENCIA VINCULA EL SUPUESTO FRAUDE FISCAL DE FABRA A LA INVESTIGACIÓN DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS (09-02-06)  

18. COMUNIDAD VALENCIANA: UN CASO DE MOBBING, ÚLTIMO EPISODIO DE LA DIVISIÓN EN EL PP VALENCIANO

19. ISLAS BALEARES: EL JUZGADO ADMITE A TRÁMITE LA QUERELLA CONTRA 11 ALCALDES DEL PP POR EL "CASO SES SALINES" (08/02/06)

20. ISLAS CANARIAS: SIETE DETENIDOS POR SUPUESTA CORRUPCIÓN EN EL CONCURSO CANARIO DE PARQUES EÓLICOS (10/01/06)

21. ISLAS CANARIAS: EL LÍDER DEL PP EN FUERTEVENTURA INTENTA COMPRAR EL VOTO DE UN EDIL   (10/01/06)

22. CASTILLA Y LEÓN: OTRO CASO DE RECOGIDA IRREGULAR DE FIRMAS CONTRA EL ESTATUT

23. REGIÓN DE MURCIA: PIDEN QUE SE INVESTIGUEN LOS INTERESES DE LOS POLÍTICOS MURCIANOS

24. REGIÓN DE MURCIA: SÁNCHEZ CARRILLO COMUNICA A VALCÁRCEL QUE NO VE RAZONES PARA PRESENTAR SU DIMISIÓN (07/02/06)


1. EL PP ADJUDICÓ 4.000 MILLONES EN CONTRATOS PÚBLICOS SIN CONCURSO EN SUS DOS ÚLTIMOS AÑOS DE GOBIERNO (09-02-06)

El Gobierno del PP adjudicó contratos públicos sin recurrir a concurso o subasta por valor de 4.000 millones € en los años 2002 y 2003, los últimos en que estuvo en el poder. Así lo pone de manifiesto el Tribunal de Cuentas que reclama una reforma en la contratación pública para introducir más rigor y transparencia.

El máximo órgano fiscalizador ha remitido al Congreso de los Diputados el Informe de fiscalización de la contratación celebrada durante el ejercicio 2003 por las entidades del sector público estatal sometidas a los procedimientos de contratación establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. En el texto se afirma que las adjudicaciones por el método de "procedimiento negociado" en los distintos ministerios y organismos públicos ascendió a 1.964 millones €, una cantidad en línea similar a los 2.000 millones apuntados en 2005 por el Tribunal de Cuentas en su informe del 2002. En total en 2003 se adjudicaron 1.756 contratos por esa vía y el importe representa el 18% del total.

La legislación permite adjudicar por "procedimiento negociado"que se hace con publicidad limitada o incluso nula cuando la Administración entiende que sólo hay un único proveedor posible o por razones de "imperiosa urgencia", entre otros motivos. Según critica el Tribunal en sus conclusiones, "se debería aplicar el máximo rigor en la selección de la forma de adjudicación, reservando la aplicación del procedimiento negociado a los supuestos legalmente previstos, evitando la utilización arbitraria y sin la debida justificación, velando por una aplicación más rigurosa de los principios de publicidad y concurrencia". Según el informe, "en ocasiones se ha acudido a la modalidad de urgencia sin que hayan concurrido, en opinión del Tribunal de Cuentas, dichas circunstancias, opinión reforzada por el hecho de haberse tramitado posteriormente modificaciones de dichos expedientes, dilatando considerablemente la ejecución del contrato".

El Tribunal de Cuentas no facilita, como es habitual en sus informes, nombres concretos de empresas beneficiarias y trata los casos con frecuentes elipsis. Pero según los anexos, el Ministerio de la Presidencia -que encabezaron Mariano Rajoy y Javier Arenas en 2003- adjudicó el 83% de su presupuesto por "procedimiento negociado". También destaca el de Exteriores de Ana Palacio (79%), el de Agricultura de Miguel Arias Cañete (56%) o el de Defensa de Federico Trillo-Figueroa (64%).

El Ministerio de Trabajo de Eduardo Zaplana, merece un estudio aparte del Tribunal de Cuentas por las deficiencias encontradas en la gestión de la Seguridad Social.

El Tribunal de Cuentas resalta en su último informe que se ve obligado a reiterar críticas apuntadas en textos anteriores y aporta ocho recomendaciones. Entre ellas, la ya mencionada sobre el abuso del procedimiento negociado, y también la de que "se debería potenciar el rigor en las fases preparatorias de los contratos, aportando una mayor precisión en la elaboración del proyecto y en el estudio de las necesidades y su objeto, lo que permitiría evitar modificaciones contractuales innecesarias".Sugiere al Gobierno "criterios uniformes en la redacción de los pliegos"y "tomar las medidas necesarias para incrementar el grado de objetividad de las adjudicaciones mediante una más precisa determinación en los citados pliegos del orden de preferencia en los criterios de adjudicación, de las fórmulas y métodos de valoración que vayan a ser utilizados en la aplicación de cada uno de ellos y de su ponderación dentro del conjunto de los criterios establecidos".

"A tales efectos debería acentuarse la ponderación del criterio del precio", reclama el Tribunal de Cuentas, porque no siempre es determinante en los pedidos de la Administración. El presidente del Tribunal, Ubaldo Nieto, nombrado a propuesta del PP, reclama también más exigencia a las empresas contratadas y control de cumplimiento.

2. SEGÚN EL TRIBUNAL DE CUENTAS LA CONTRATACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL DURANTE EL GOBIERNO DEL PP SE REALIZÓ "SIN UNA MÍNIMA JUSTIFICACIÓN" (09-02-06)

Según el Tribunal de Cuentas, el Ministerio de Trabajo de Eduardo Zaplana, merece un estudio aparte del Tribunal de Cuentas por las deficiencias encontradas en la gestión de la Seguridad Social. Se dedica al Ministerio de Trabajo, durante el mandato de Eduardo Zaplana, como Ministro, un duro apartado del informe a la contratación en el área de la Seguridad Social en 2003. El ministro de Trabajo y Seguridad Social en aquel año era el actual portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana.

Según el informe, "en los expedientes de contratación se ha observado la omisión de informes preceptivos o, más frecuentemente, su cumplimentación de un modo meramente formal y sin un mínimo contenido justificativo". En total, el área de la Seguridad Social adjudicó contratos en 2003 por valor de 608 millones €, recurriendo en un 30% de los casos al procedimiento negociado o a la adjudicación directa. Con un agravante, "la mayor parte de las adjudicaciones efectuadas mediante procedimiento negociado, durante el ejercicio 2003, se produjeron en el mes de diciembre".

Los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social "ponen de relieve la elevadísima concentración de las adjudicaciones tanto en número (41%) como en importe (46%)". Y en 2002 ya sucedió algo similar. "A juicio de este Tribunal, esta reiterada concentración de adjudicacion en el mes de diciembre de cada año, con un importe medio superior al millón €, pone de manifiesto una deficiente planificación de las adquisiciones y, en mayor medida incluso, el recurso abusivo a las adquisiciones efectuadas a través del Servicio Central de Suministros con el objeto de lograr un alto grado de ejecución del presupuesto anual". En diciembre se gasta así, a toda prisa, el dinero no utilizado previamente en el presupuesto anual. El Tribunal de Cuentas coloca especialmente la lupa en los servicios informáticos de la Seguridad Social "con contratación de personal externo más allá de lo razonable como consecuencia de las carencias estructurales que padece en el ámbito informático".

3. ZAPLANA USÓ DE FORMA IRREGULAR AVIONES PRIVADOS CUANDO ERA MINISTRO (08-02-06)

6 de mayo de 2003. El entonces ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana, utiliza dos aviones privados para volar primero de Valencia a Torrejón (Madrid) y después, de Torrejón a Málaga. La empresa privada, Gestair S.A., que fue contratada para realizar estos vuelos, emitió dos facturas por los servicios prestados que no llegó a cobrar.

Gestair S.A. emitió dos facturas, la V30641 (4.387´00 €) y la V30640 (4.991´55 €). En total 9.378,55 €, todavía pendientes de pago. Según la documentación, fueron rechazadas porque el gasto no estaba suficientemente acreditado. No es habitual que los ministros utilicen aviones privados en sus desplazamientos, algo para lo que la normativa exige que se cumplan unos requisitos. Entre ellos, que se identifique convenientemente a los pasajeros. Se ha podido saber que en el caso de estos dos vuelos, Zaplana no cumplió esta exigencia y, por tanto, los vuelos no fueron fiscalizados favorablemente.

Pero ésta no es la única irregularidad. Tampoco se detalla en las facturas si el precio corresponde a uno o más pasajes, o se trata del importe global del alquiler de un avión. Además existe contradicción sobre el carácter –original o duplicado- de las facturas, pues ambas expresiones figuran conjuntamente en las dos facturas justificativas incorporadas al expediente.

No es la primera vez que Zaplana se enfrenta a situaciones comprometidas en relación a su afición por los jet privados. La última fue el pasado 14 de noviembre, cuando después de participar en la manifestación contra la LOE en Madrid, el portavoz del PP contrató a una compañía privada para viajar a Valencia para asistir a la boda de una diputada de su partido. La compañía elegida por el ex ministro de Trabajo y ex presidente de la Generalitat fue Helisureste, con la que el Gobierno valenciano tiene contratados desde 1997 los servicios de extinción de incendios, urgencias sanitarias y protección civil.

No es la primera vez que se denuncia la asiduidad con que el dirigente popular utiliza los servicios de Helisureste para cuestiones privadas. Zaplana (cuando era presidente de la Generalitat) viajó a Mónaco en enero del año 2000 para felicitar al piloto valenciano Luis Climent por su triunfo en el rally de Mónaco, así como a Roma en abril de aquel año para ver al Valencia C. F. frente al Lazio.

Pero la afición la mantiene siendo ministro, y en febrero de 2004 tomó un jet privado desde Torrejón a Valencia para asistir a la proclamación de los candidatos del PP para las elecciones generales. Ese mismo año, la Generalitat valenciana renovó el contrato que tenía con la compañía por valor de 13,9 millones €.

4. PITIDO POPULAR ENTREGA AL PP MÁS 300.000 FIRMAS FALSAS, ACEBES NIEGA QUE LAS RÚBRICAS RECOGIDAS POR INTERNET SEAN NULAS (07/02/06)

La página web Pitido Popular ya ha recabado 318.000 firmas falsas para la campaña del PP que pretende propiciar un referéndum contra el Estatut de Cataluña. El enclave digital, que comenzó a recoger rúbricas el mismo día en que Mariano Rajoy estrenó su iniciativa popular en Cádiz, demuestra la escasa fiabilidad del sistema utilizado por el PP para fomentar su cruzada contra la reforma estatutaria catalana. Por su parte, el número dos del PP negó que las adhesiones hechas a través de internet sean nulas.

Pitido Popular ofrece la posibilidad a los usuarios de crear un número de DNI falso válido para todo aquel que desee votar repetidas veces la propuesta de referéndum. Una vez obtenido los ocho dígitos, el voto era redireccionado a la página del PP. Sin embargo, el PP ya no acepta los votos que le llegan desde Pitido Popular. Ahora, para que el voto sea válido, se debe acudir a firmar a la propia página del partido de Rajoy con el número de DNI falso generado por esta peculiar web.

A pesar de la iniciativa de Pitido Popular y de la advertencia de la Agencia de Protección de Datos (APD) al PP de que no podrá utilizar las rúbricas digitales porque "no podrán ser cruzadas con otra base de datos para comprobar su autenticidad, al no advertirse en la web de esta posibilidad", Ángel Acebes declaró que "es mentira que las firmas registradas por internet sean nulas".

Acebes desveló que ya han recabado 825.000 rúbricas. En la misma línea, el secretario general del PP aseguró que todas las firmas son "plenamente válidas, con tal de que tengan la correspondiente identificación del DNI". Según Acebes, "al PSOE le preocupa mucho la campaña de recogida de firmas y por eso se vierten mentiras y descalificaciones, entre ellas, que las firmas de Internet no son válidas, pero sí lo son". Así, fuentes del PP declararon que en las 825.000 firmas contabilizadas se incluyen las recogidas en la calle y las enviadas a través de Internet.  La pregunta que surge entonces es la de si Acebes cuenta entre los votos válidos los 318.000 falsos emitidos desde Pitido Popular.

La recogida de firmas por internet no es el único ejemplo de irregularidades en la campaña pro-referéndum del PP. Así, hace unos días se publicó la noticia de que el magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Bermúdez de la Fuente, hizo campaña a favor de la consulta popular. Bermúdez fue una por una a todas las mesas de los funcionarios que trabajan a sus órdenes animándoles a firmar a favor del referéndum.

5. IRREGULARIDADES EN LA CAMPAÑA DEL PP DE RECOGIDA DE FIRMAS: EL PP NO PUEDE UTILIZAR LEGALMENTE LAS FIRMAS QUE RECOGE POR INTERNET (07/02/06)

La Agencia de Protección de Datos ha advertido que las firmas contra el Estatut recogidas por el PP en su página web no podrán ser empleadas legales, puesto que no cumplen los requisitos. Según la ADP, el PP no está autorizado para ceder los datos de las personas que se hayan adherido su campaña.

El Partido Popular dice haber obtenido ya 800.000 firmas. Sea cual sea la cifra real, para que las adhesiones pudiesen ser utilizadas legalmente, debería haberse informado de quién es el responsable del fichero donde se guardan las firmas, sea cualquiera el procedimiento para su recogida. Igualmente debería constar expresamente mencionada en la petición de firmas, la finalidad para la que se recogen.

La advertencia que se recoge en la petición de firmas del PP no autoriza a ceder los datos a terceros para comprobar su autenticidad, pues en este caso debería estar advertida esta posibilidad por ley. En el texto de la web 'popular' se prevenía textualmente de que el firmante de este escrito "autoriza, de acuerdo con la Ley, la remisión de su firma al Congreso de los Diputados, como apoyo a la Proposición No de Ley solicitando la convocatoria de Referéndum".  Sin embargo, fuentes de la agencia advirtieron "No informar del procedimiento y cruzar los datos sin permiso, sería un incumplimiento grave de la Ley Orgánica de Protección de Datos".

Independientemente de todo lo anterior, la campaña de firmas del PP nunca podría tener naturaleza vinculante, puesto que no se rige por la ley orgánica que regula las iniciativas populares, que excluye expresamente esa vía para las materias reguladas por Leyes Orgánicas, como es el caso del Estatut.

6. IRREGULARIDADES EN LA CAMPAÑA DEL PP DE RECOGIDA DE FIRMAS: UN MAGISTRADO RECABA FIRMAS A FAVOR DEL PP EN LA AUDIENCIA NACIONAL  (04/02/06)

El presidente de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Bermúdez de la Fuente, ha hecho campaña a favor de la recogida de firmas del PP para pedir un referéndum sobre el Estatuto catalán. Bermúdez fue una por una a todas las mesas de los funcionarios que trabajan a sus órdenes animándoles a plasmar su firma en la hoja que el PP utiliza para la recogida de firmas. No fue una actitud intimidatoria, según las fuentes consultadas, pero cuando alguno de ellos mostró su desacuerdo, el presidente expresó su malestar.

Después de intentar con poco éxito la recogida de firmas -de hecho, tan sólo un funcionario firmó-, Fernando Bermúdez dejó sobre la mesa de los funcionarios algunos impresos por si cambiaban de opinión. El hecho puede constituir una falta disciplinaria. El organismo capacitado para decidir si el magistrado incumplió la ley es el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces.

7. AEROPUERTO DE BARAJAS: Tres estatuas previstas en la terminal no pueden instalarse por exceso de peso  

Las tres esculturas de Manuel Valdés que el Ministerio de Fomento compró para adornar la nueva terminal del aeropuerto de Barajas no podrán ser instaladas de momento porque su peso es excesivo. Fuentes de AENA, el ente público que gestiona los aeropuertos, aseguran que el próximo marzo el artista visitará la nueva terminal 4 para ver en qué lugar pueden ubicarse sus tres damas (La coqueta, La realista y La soñadora), una trilogía que costó más de 1 millón € y que contó con la colaboración literaria de Mario Vargas Llosa. Por cada escultura, AENA pagó 386.000 € hace tres años: 1,158 millones por el lote.

Las obras, cabezas de bronce que dialogan entre sí en una conversación poética ideada por Mario Vargas Llosa y grabada en ellas, pesan 2.700 kilos cada una. En un "cálculo rápido" realizado por los técnicos de AENA, se ha estimado que traslada unos 900 kg./m2 de suelo (sobre una base actual de 2,92 m2). Los forjados de hormigón de los pisos de la terminal están pensados para soportar un peso de 500 kg./m2 . "Aunque hay siempre un coeficiente de seguridad, nos da cierto reparo instalarlas sin más", explica un responsable del organismo público dependiente de Fomento. La solución pasa, por construir una base más amplia para distribuir mejor el peso de las obras y evitar sobrecargar los forjados del nuevo edificio. Pero surge otro problema, ya que una peana mayor implica que el tríptico ocupará más espacio del previsto.

La nueva terminal es enorme (un kilómetro del extremo norte al sur), pero el ente público pensaba instalar las damas de Valdés en el nivel 2 de la T-4, donde está la facturación, la zona noble de la nueva terminal y también la que es accesible para todo el que quiera verlas sin necesidad de viajar. Pero además existe un condicionante estético, ya que las tres esculturas están concebidas para ser colocadas en una disposición triangular, lo que determina que se necesite estudiar los flujos de viajeros en la zona para no entorpecer su camino. En principio, AENA sigue apostando por colocar las damas en el nivel de facturación, antes de pasar el control de seguridad, para que pueda disfrutarlas todo el que quiera acercarse al aeropuerto.

Hasta ahora sólo han podido verse públicamente durante la inauguración de la obra civil de la terminal realizada por José María Aznar un mes antes de las anteriores elecciones generales, el 14 de marzo de 2004. Luego, las tres damas fueron devueltas a la fundición que las realizó en un pueblo del sur de Madrid. La compra de las esculturas estuvo rodeada de gran polémica, ya que Valdés trabajaba en exclusiva para la galería Marlborough, a la que en aquel tiempo también estaba vinculada laboralmente la entonces novia y actual esposa del ministro Álvarez-Cascos, María Porto.

Pocas semanas después de la inauguración de la nueva terminal por Aznar, en febrero de 2004, Renfe (también dependiente de Fomento) encargó otras dos esculturas de Antonio López a la misma galería Marlborough, por 1,1 millones €, para vestir la ampliación de la estación madrileña del AVE en Atocha.

La vena lírica del ex ministro Álvarez-Cascos quedó patente en la inauguración con Aznar, cuando en un ataque de rapsodia glosó así los méritos artísticos de Valdés. "[La nueva terminal de Barajas] se transforma, gracias al simbolismo creado de la mano de Valdés y de la pluma de Vargas Llosa, en un imaginario auditorio donde la magia de las formas y las palabras invita a viajar también a través de los sueños", dijo.

8. CATALUÑA: Piqué cree "incomprensible" que el PP no respalde la definición de Cataluña del Estatuto  (08/02/06)

El presidente del PP catalán, Josep Piqué, se ha vuelto a desmarcar de la oposición frontal de su partido al pacto alcanzado entre el Gobierno y CiU para sacar adelante la reforma del Estatuto catalán. En opinión de Piqué, sería "absolutamente incomprensible" que el PP no votara el artículo 1 del proyecto estatutario, en el que se define a Cataluña como nacionalidad, si la Comisión Constitucional decide finalmente someter a votación el articulado del Estatuto. En una entrevista concedida a TVE, el líder de los conservadores catalanes ha vuelto a mostrar puntos de encuentro con la actual redacción del nuevo Estatuto. Así, ha recordado que la definición de Cataluña es "exactamente igual" que la contemplada en el Estatuto vigente y que, además, es la que él mismo defendió en la enmienda que presentó el PP en el Parlamento catalán, reclamando que Cataluña fuera definida como nacionalidad.

Sobre el término nación, que aparece mencionado en el preámbulo del texto, Piqué se ha preguntado que "si finalmente se trata de una mera descripción de una realidad ¿entonces por qué se tanta insistencia en ponerlo?". Su plasmación en el texto final hace "sospechar que hay cosas detrás", según el líder de los populares catalanes.

En este contexto, Piqué ha considerado que en la reunión entre Artur Mas, líder de CiU, y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "se pactaron otras cosas" al margen del Estatuto, en clara alusión a una hipotética alianza en Cataluña y en el Congreso en Madrid entre socialistas y convergentes. También ha denunciado que el acuerdo Zapatero-Mas se hizo "de espaldas al Ministerio de Economía y al Gobierno español", además de a la Generalitat. "Mas y Zapatero pactaron un teórico sistema de financiación sin que lo sepa el Ministerio de Hacienda ni lo sepa el Gobierno de España ni la comunidad concernida, porque se hace con el líder del principal partido de la oposición, traicionando al president de la Generalitat, al Parlament y al resto de fuerzas que aprobaron el texto", ha zanjado.

Piqué también se ha referido al amago de crisis entre el Partido Popular catalán y la dirección nacional a raíz de sus declaraciones a favor de ciertos aspectos del pacto estatutario alcanzado entre CiU y el PSOE. En concreto, Piqué respaldó el modelo de financiación consensuado por socialistas y nacionalistas, lo que rápidamente fue corregido por Ángel Acebes y Mariano Rajoy, que lograron frenar la dimisión de Piqué en una reunión de urgencia en Madrid. Pique se ha referido a esa "larga conversación con Mariano Rajoy", de la que, ha dicho, sacó la conclusión de que su "obligación política y también personal y moral" es la de "luchar hasta el final" para que prevalezca el "sentido común" en el debate político. No obstante, Piqué ha reconocido que en los días de la crisis él mismo hizo "la reflexión" de que la vida política de cualquier persona "tiene fecha de caducidad" y "puede llegar un momento en que puedes llegar a ser un obstáculo para que prospere" el proyecto político del grupo "y has de dar el relevo a otras personas".

Todo ello ha hecho que el líder del PP en Cataluña, Josep Piqué, asegurara que comparte la línea de oposición que está marcando la dirección del PP pero que "otra cosa es que la situación objetivamente sea difícil e incómoda". Preguntado por si se encuentra cómodo con la línea de oposición que está marcando la dirección del PP, Josep Piqué ha asegurado que "la comparte", aunque "otra cosa es que la situación objetivamente sea difícil e incómoda". Según Piqué, "en la política pasas por todo, por momentos más dulces, más agradables y también más agradables". Sin embargo, el presidente del PP catalán ha remarcado que "los momentos de mayor problema agudizan mi instinto de lucha" por lo que ha asegurado que tiene "ganas de luchar".

9. ANDALUCÍA: CERCO JUDICIAL AL PP POR LA ZONA FRANCA (05/02/06)

Los procesos penales y contables contra los ex delegados Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna avanzan sin que éstos desmonten las irregularidades detectadas por la Abogacía del Estado y el Tribunal de Cuentas. La Justicia juzga a estos dirigentes populares -propuestos por la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, con el beneplácito del entonces ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato- por los supuestos desmanes en los casos Rilco y Quality Food. La gestión de estas dos sociedades del recinto fiscal gaditano -que no tenían parangón con la actividad de la Zona Franca- ha causado un irrecuperable quebranto económico superior a los 50 millones € y ha situado a este organismo al borde de la quiebra.

- Querella Abogacía del Estado contra Rodríguez de Castro. El juzgado de instrucción número 4 de Cádiz le ha citado a declarar el próximo 22 de julio como presunto autor de varios delitos de apropiación indebida, malversación de fondos públicos, fraude, prevaricación y exacciones ilegales. Está acusado de adjudicar irregularmente un contrato millonario para crear una red informática que nunca llegó a funcionar. Esta acción penal incluye a los empresarios colombianos Germán y Camila Leiva, a los que el abogado del Estado José Ignacio Monedero acusa de crear la empresa ficticia Miami Free Zone -con sede en EE UU- a la que Rodríguez de Castro adjudicó un contrato para "apropiarse indebidamente" de 4,2 millones €. Los primeros pagos los firmó el ex delegado el mismo día y después de cesar en el cargo.

- Querella Abogacía del Estado contra Osuna. Esta misma querella actúa contra Osuna por un presunto delito societario. Se le acusa de mantener este contrato con Miami Free Zone y autorizar los últimos pagos pese a que tuvo conocimiento del supuesto fraude tras encargar varios informes. Este múltiple proceso incluye a Telvent, que recibió 2,5 millones para colaborar en la red informática porque "existen indicios de que participó en la maquinación fraudulenta".

- Tribunal de Cuentas contra Rodríguez de Castro. La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ultima este proceso en el que acusa al ex delegado de gastar "injustificadamente" y no devolver 550.000 € de dinero público en viajes por más de una docena de países, regalos, hoteles, restaurantes y asesorías injustificadas entre 1997 y 2001. Este procedimiento para el "resarcimiento del dinero público" puede incluir una "derivación penal", (con penas de cárcel) según han precisado varios letrados del Tribunal de Cuentas.

- Tribunal de Cuentas contra Osuna Este órgano ha asumido el mandato que le encargó el 8 marzo de 2005 el Congreso de los Diputados y desde el 29 de abril fiscaliza la gestión de Osuna al entender que pudieron cometerse irregularidades entre 2001 y 2004.

Se prestará especial atención a los contratos millonarios que suscribió Rilco, así como a la gestión de Quality Food, donde pudieron pagarse comisiones ilegales para adquirir contratos de suministro del Ministerio de Defensa. El PP no apoyó esta investigación en el Congreso.

- Otros procesos paralelos

1-Querella Quality Food. Un juzgado de Cádiz tramita la querella de la Abogacía del Estado. Se acusa de presuntos delitos de fraude, apropiación indebida y estafa al ex presidente de esta empresa, Manuel García Gallardo, ex destacado militante del PP; al empresario Rafael Borrego, por la venta irregular de unas parcelas, y al ex director del BBVA en San Fernando, Víctor Ocaña, por expedir certificados falsos de ingresos millonarios que nunca se efectuaron.

2-Juicios civiles Quality Food. Gallardo fue condenado en cinco demandas civiles a pagar a la Zona Franca 1,18 millones. Dos juicios se repetirán porque han sido anulados.

¿Responsabilidades políticas?

Teófila Martínez es la presidenta de la Zona Franca de Cádiz desde que en 1995 fue elegida alcaldesa. Es un cargo inherente al primer edil de Cádiz. Más representativo e institucional que ejecutivo. A este espíritu ha apelado siempre Martínez para eludir cualquier responsabilidad en las irregularidades detectadas. Pero, su participación decisiva en los nombramientos de los dos ex delegados denunciados -impuso a Manuel Rodríguez de Castro por encima del candidato elegido por la dirección del PP de Cádiz-; la defensa encendida de ambos desde el principio -sólo le retiró el apoyo a Rodríguez de Castro hace unos meses-, y su celo por adjudicarse y vender algunas actuaciones de la Zona Franca -de las que se apropió políticamente e incluyó en sus cumplimientos o promesas electorales.

Primero, le pidieron la dimisión como presidenta de este organismo por no darse cuenta de los desmanes que sus hombres de confianza pudieron perpetrar. Ahora, la oposición le exige que dimita como alcaldesa si los ex delegados son condenados. Tras varios meses de silencio y evasivas a la prensa, Martínez declaró que las responsabilidades políticas acabaron con la dimisión de Rodríguez de Castro, a quien llegó a defender tras su marcha como una "víctima de una campaña de acoso" del PSOE. Según los estatutos de la Zona Franca "el alcalde es elemento activo del Consorcio incumbiéndole proponer y desarrollar cuántas iniciativas propongan a los fines para los cuales fue creado dicho organismo".

Manuel García Gallardo aseguró que Martínez le concedió "favores políticos" del Gobierno de Aznar y "préstamos económicos" sin avales, al tiempo que le atribuyó la siguiente frase: "El dinero público no es de nadie, sino del primero que lo trinca". El abogado de Osuna, José Luis Ortiz, afirmó en sede judicial que su cliente fue designado por el PP para "limpiar la mierda" de su antecesor.

10. ANDALUCÍA: EL PP RECHAZA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN PARA INVESTIGAR LAS RECALIFICACIONES URBANÍSTICAS EN JÁEN   (07/02/06)

El PP impuso su mayoría para impedir que el pleno del Ayuntamiento de Jaén debatiera sobre la creación de una comisión que investigue los convenios urbanísticos y recalificaciones aprobados el pasado mes de noviembre. La petición la había formulado el grupo de Izquierda Unida, que defendió la necesidad de "garantizar la transparencia en la gestión urbanística". Por otra parte, el Boletín Oficial de la Provincia publicó 4.000 órdenes de apremio y embargo por impago de tasas de recogida de basuras, muchas de ellas correspondientes a empresas. IU intentó, sin éxito, en la comisión de Urbanismo que el PP apoyase la creación de una comisión de investigación sobre los convenios urbanísticos. Los populares impusieron su mayoría para volver a rechazar esa petición. El concejal de IU José Luis Cano anunció que su grupo volverá a presentar la iniciativa en la próxima comisión de Urbanismo.

Tanto IU como el PSOE se mostraron muy críticos con las tres recalificaciones urbanísticas aprobadas por el PP en noviembre y que salieron a la luz pública en días pasados. En la primera, la finca Viñasnuevas duplicó su valor de 13,3 millones apenas 10 días de ser adquirida por la empresa Dimostra Inmobiliaria; en la segunda, fue la finca Villa Gloria la que, en poco más de un año, aumentó en 40 millones el valor por el que fue adquirida por la firma jiennense Vega y Cuenca, SL; y, finalmente, en la tercera fue la empresa Desarrollos Urbanísticos Cerros de Media Noche, la que, en apenas un año, multiplicó por 10 el valor de una finca de 29 has. adquirida junto a la urbanización Entrecaminos.

En todos los casos, al tratarse de convenios suscritos antes de la entrada en vigor de la nueva Ley del Suelo de Andalucía (el 12 de diciembre) el Ayuntamiento de Jaén se garantizó el cobro por anticipado del 10% de los aprovechamientos urbanísticos.

El PSOE propuso un plan integral para el polígono industrial Los Olivares. Recientemente, el Ayuntamiento ha sido condenado por un Juzgado a poner en marcha un plan de choque en esta zona industrial. Curiosamente, el equipo de gobierno del PP, que ha recurrido la sentencia, secundó la moción. Este gesto coincidió con la publicación de 4.000 órdenes de apremio y embargo, muchas de las cuales corresponden al impago de la tasa de basura industrial por los empresarios del polígono durante el ejercicio de 2003.

11. ANDALUCÍA: TODOS LOS AGENTES MUNICIPALES DE PALOS DE LA FRONTERA SE QUERELLAN CONTRA EL ALCALDE (PP) POR "PERSECUCIÓN"  (03/02/06)

Según uno de los agentes querellados, la decisión de acometer esta actuación judicial viene motivada por el hecho de que la situación de los efectivos "se había hecho insostenible". Fernández señaló que las represalias adoptadas contra los agentes afectaban ya a su propia "integridad física y psíquica". "Nos está haciendo la vida imposible y ha hecho que quedemos ante los ciudadanos como unos golfos y unos criminales, nada más lejos de la realidad", señaló este policía.

Los agentes argumentan que el origen de esa "persecución" tiene que ver con las reivindicaciones laborales que el colectivo llevó a cabo desde 1995, en las que trataba de negociar con el alcalde la revisión del convenio laboral de 1992. Las negociaciones se rompieron y en 2003, los agentes, constituidos en asamblea, se encerraron en el salón de plenos del Ayuntamiento de Palos. Esa protesta acabó con el abandono voluntario por parte de los policías de la protesta, ante la orden de desalojo por parte de Carmelo Romero. Estos agentes consideran que a partir de ese encierro, el regidor comenzó "a tomar una serie de represalias contra todos los integrantes de la Policía Local que se suceden hasta la actualidad".

El abogado, José Faustino de la Banda, explicó que el trasfondo de la querella "reside en entrar en el fondo de la persecución y en la actitud adoptada por el alcalde contra la Policía Local por una protesta legítima". Y añadió: "Queremos que el juez aclare si los hechos que denunciamos son constitutivos de delito". José Faustino de la Banda remarcó que "las represalias van a más y este hecho está generando un cúmulo de tensión entre el colectivo que afecta a sus familiares. Hay un trasfondo social bajo la querella", indicó el letrado. El abogado destacó el reiterado incumplimiento del alcalde respecto a sentencias judiciales. De ahí que hayan incorporado en la querella el posible delito de desobediencia a la justicia.

En el escrito se hace referencia a las sentencias dictadas por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Huelva y por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que instaban al alcalde a reponer en sus funciones al jefe de la Policía Local que había sido depuesto mediante decreto municipal. Y añade: "A pesar de los fallos judiciales el querellado ha hecho caso omiso de las mismas".

12. MADRID: AGUIRRE PREFIERE IR A UN ACTO DEL PP EN MÓSTOLES Y REHÚSA ASISTIR A LA FIRMA DE LA LEY DE CAPITALIDAD CON ZAPATERO (07/02/06)

El acuerdo de la Ley de Capitalidad no contó con la firma de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, sino con la del vicepresidente Ignacio González. La jefa del Ejecutivo regional decidió no asistir al acto oficial de presentación de la futura ley, convocado para por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y que tendrá lugar en el Palacio de la Moncloa, a la que si acudió el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón.

Escudándose en un acto del PP en Móstoles, la presidenta dejó en manos de González la representación de la Comunidad de Madrid. Fuentes cercanas a la presidenta explicaron que ésta considera que se ha hecho ya suficientes fotografías en compañía del presidente del Gobierno. Ambos acudieron recientemente a la inauguración de la nueva terminal del aeropuerto de Barajas, y también a la presentación de la Operación Campamento, también presidida por Rodríguez Zapatero.

13. MADRID: EL GOBIERNO DEL PP PLANEA PERMITIR FUMAR EN CAFETERÍAS DE EMPRESAS, TERRAZAS DE BARES Y BODAS (09-02-06)

La Comunidad de Madrid, con Esperanza Aguirre a la cabeza, ha decidido echar un nuevo pulso al Gobierno de Zapatero. Aguirre prepara un reglamento para aplicar en Madrid una Ley antitabaco más descafeinada que la aprobada en el Congreso de los Diputados. En Madrid, el gobierno de Esperanza Aguirre ha decidido descafeinar la ley contra el tabaco con la aprobación de un reglamento especialmente permisivo. Se trata del decreto regional de aplicación de la Ley antitabaco. 16 folios que ablandan la norma en el territorio madrileño al modificar por ejemplo, el concepto de "centro de trabajo" y permitiendo así fumar en las cafeterías de las empresas, las terrazas de los bares o en las bodas. El borrador exime además a los establecimientos de más de 100 metros de tener que hacer obras y dividir con tabiques los espacios sin humo y garantiza la co-financiación de los tratamientos para dejar de fumar.

El consejero de Sanidad de la Comunidad, Manuel Lamela, ha señalado que no existe todavía un texto definitivo, sólo "cinco o seis borradores". Garantizó, así mismo que su Gobierno desea "que cada vez se fume menos, porque el tabaco es malo para la salud", pero sin caer en la "demagogia y en el sectarismo". Ante las críticas de la ministra de Sanidad, Elena Salgado, que ha acusado a la Comunidad de "actuar contra la salud de los madrileños", el consejero considera que la ministra se ha puesto "nerviosa" y le ha pedido una rectificación inmediata.

14. MADRID: DIMITE UN CONCEJAL DEL PP EN CHINCHÓN IMPUTADO POR SUPUESTA PREVARICACIÓN (10/01/06)

Francisco Grau, uno de los concejales populares que respaldó la moción de censura que aupó al PP al gobierno local en Chinchón, presentó su dimisión como primer teniente de alcalde de la localidad.

La dimisión del edil se produce un mes después de que se celebrara la moción de censura (apoyada por el PP y una concejal independiente expulsada de su partido) que apeó a la socialista Encarnación Moya de la alcaldía. Fuentes del PP confirmaron la dimisión del concejal y justificaron este hecho en la "falta de tiempo para dedicarse a sus nuevas funciones dentro del Ayuntamiento [teniente de alcalde]". Pero los socialistas de Chinchón manejan otra hipótesis. Grau figura como imputado por el Juzgado número 2 de Valdemoro por un presunto delito de prevaricación, coacciones y tráfico de influencias. La promotora Punor, SA, que construía en 2000 en el municipio, le denunció cuando Grau era concejal de Urbanismo. Éste había paralizado la construcción de unos chalés unifamiliares de Punor porque incumplían, supuestamente, el planeamiento urbanístico de la localidad.

Fuentes del PP de Madrid confirmaron la imputación de Grau, aunque mantuvieron que los motivos de su dimisión eran la "falta de tiempo".

15. COMUNIDAD VALENCIANA: UNA FIRMA COBRÓ 137.000 $ AL IVEX POR MONTAR EL RECITAL DE MOSCÚ Y OTRO 1 MILLÓN POR "ORGANIZARLO" (07/02/06)

Igual que existe la ley de la gravedad, hay un principio físico según el cual es imposible que en una paella para 300 el arroz pueda servirse al punto de cocción. Conocedores de esta máxima y desde la convicción personal de que por esos mundos no se puede transitar como un miserable, el ex presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, y el entonces director del IVEX, José María Tabares, decidieron que se servirían 300 paellas, una por comensal. Fue el plato estrella de la cena que se sirvió en el Hotel President de Moscú, el broche de oro a una semana valenciana en la capital rusa, que contó con feria empresarial (con 125 participantes) y concierto de Julio Iglesias, concretamente el cuarto de los seis que ofreció en virtud del contrato que lo ligó al IVEX para promocionar la Comunidad Valenciana por esos mundos.

El gratis total fue la tónica. Cinco mil personas asistieron gratis al recital ofrecido en el Teatro del Kremlin la noche del 8 de junio. El cóctel de cortesía de la última planta de ese escenario también fue gratis. A Julio Iglesias también le salió gratis el montaje escénico de las actuaciones que ofreció, el 9 y el 10 de junio, cobrando entrada. El IVEX, una vez más, había ejercido de productor al pagar hasta el último foco del recital del día 8, el que brindaba la Generalitat a los cinco mil invitados que acudieron. El pagano de todas las alegrías fue el IVEX. Y no le salió barato.

La empresa californiana International Creative Management (ICM), domiciliada en Wilshire Boulevard (Beverly Hills) facturó al IVEX al menos 137.000 $ por hasta once conceptos de organización. Entre ellos, el pago del alquiler del Teatro del Kremlin, que con los equipos de luces y sonido, costó 55.000 $. La misma ICM -una firma prestigiosa en el montaje de espectáculos y representación de artistas y personalidades mundiales, como Margaret Thatcher- cobró 22.500 $ por el vuelo chárter en los que se trasladaron a Rusia los técnicos, músicos e instrumental necesario. Estas y otras facturas se pasaron al cobro entre el 5 de junio (tres días antes del concierto) y el 14 de agosto de 1998. Los pagos se hicieron mediante transferencia a una cuenta de ICM en el Chase Manhattan Bank. Una segunda firma californiana, radicada en la población de Palo Alto (a 50 kilómetros al sur de San Francisco), denominada Reed Group pasó al cobro una factura de 156.492.400 pesetas (1.023.495 $ al cambio) por el genérico concepto "Organización del concierto". La factura número 3160698 se registró en la contabilidad del IVEX una semana después del recital.

Se da la circunstancia de que esta empresa fue una de las encargadas de organizar la misión comercial, tarea por la que cobró unos 63 millones de pesetas. Llama la atención de que ese importe, siendo menos de la mitad de lo que percibió por supuestamente "organizar"el concierto, se desglosó en siete conceptos.
Otras tres empresas participaron en el montaje de la exposición de productos valencianos en Moscú, entre ellas Publicis, que percibió 1.680.000 pesetas por la "adaptación al ruso"de los anuncios promocionales que insertó la Generalitat en los días previos a la feria.

16. COMUNIDAD VALENCIANA: UN IMPUTADO DEL CASO FABRA ADMITE QUE FALSIFICABA CUÑOS PARA OBTENER LICENCIAS (04/02/06)

La titular del juzgado de instrucción número 2 de Nules ha imputado en la trama de los cuños falsos del caso Fabra a dos químicos magrebíes y a un comercial jubilado de Benicàssim, a quienes el empresario Vicente Vilar, gerente de Naranjax, implica en la falsificación de documentos oficiales del Ministerio de Agricultura para conseguir licencias de productos insecticidas agrícolas. Tras la jornada de en el juzgado, la lista de imputados en el caso Fabra asciende ya a 17 personas, entre empresarios, políticos del PP y profesionales de diversos sectores.

Los químicos Hamdi E.A. y Mohamed S., ex empleados de Laboratorios Ibáñez, y el pensionista Manuel M. habían sido citados a las diez y media de la mañana en el juzgado, aunque finalmente el primero de ellos no compareció, por lo que la juez podría dictar una nueva orden de localización en los próximos días. El testimonio de Hamdi puede resultar crucial para desentrañar cómo se fraguó la operación, ya que supuestamente su firma está estampada en los documentos que fueron sellados con falsos cuños de proveedores asiáticos y europeos y que Naranjax enviaba al ministerio para lograr las autorizaciones.
Fuentes judiciales aseguran que tanto los químicos magrebíes como el comercial jubilado ya figuraban como imputados cuando llegaron al juzgado, y así consta en sus correspondientes cédulas de notificación.

En la sala estuvieron el fiscal Anticorrupción Daniel Campos, el abogado de Carlos Fabra, Javier Boix, letrados de la Unión de Consumidores -personada como acusación particular- y los defensores de Vilar y de los demás imputados.

El primero en declarar fue Manuel M., quien reconoció que llegó a fabricar algunos cuños de caucho, aunque declaró que nunca supo con exactitud para qué iban a servir. Sin embargo, sí reconoció que Vilar le informó de que se utilizarían para acelerar la salida al mercado de determinados productos fitosanitarios que estaban paralizados por no cumplir la Ley de Sanidad Vegetal. Cuando la juez ordenó al auxiliar del juzgado que le mostrara una caja con decenas de tampones falsos, Manuel M. alegó que no recordaba exactamente cuáles había fabricado. A pesar de ello, el jubilado asumió que por cada cuño que realizó Vilar le pagó hasta 120 €. Para Manuel M., Vicente Vilar era la persona que dirigía personalmente la fabricación de los sellos, según explicó a la juez, por lo que exculpó a la ex mujer del empresario, Montserrat Vives, de quien dijo que apenas la veía en la fábrica de Artana.

Manuel M., que dijo estar muy afectado por su situación judicial, terminó recriminando que el gerente de Naranjax haya acudido a los juzgados para destapar el caso Fabra: "Creía que Vicente Vilar era un caballero, pero esto no está bien."Según ha declarado Vilar en el juzgado, el presidente de la Diputación de Castelló medió ante organismos oficiales en favor de los productos de Naranjax, cuyos análisis químicos y otros documentos acreditativos fueron falsificados.

La investigación de la trama de los cuños falsos del Ministerio de Agricultura se abrió en los juzgados el pasado 8 de abril, cuando Vilar presentó ante la juez de Nules que investiga el caso Fabra centenares de sellos de caucho falsos que supuestamente sirvieron para tramitar ante el Ministerio de Agricultura las licencias de al menos una treintena de productos insecticidas. Según Vilar, Carlos Fabra estaba informado de que en Naranjax se falsificaban los documentos que servían para obtener las licencias de los productos.

17. COMUNIDAD VALENCIANA: LA AUDIENCIA VINCULA EL SUPUESTO FRAUDE FISCAL DE FABRA A LA INVESTIGACIÓN DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS (09-02-06)  

El presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, habrá de responder, ante el mismo tribunal, por supuestos delitos contra la administración pública y por presunto fraude fiscal. La Audiencia de Castellón ha rechazado los recursos en los que se esgrimía la falta de conexión entre su presunta mediación para favorecer a una empresa de productos fitosanitarios y los ingresos, de 600.000 €, no justificados y detectados por la Agencia Tributaria. Además, el tribunal sostiene que Fabra no ha visto vulnerados sus derechos por la indefensión que argumentaba al no haber sido objeto de audiencia como prevé la nueva ley tributaria, que no es aplicable ya que la inspección fue anterior a su entrada en vigor.

La Sección Segunda de la Audiencia provincial de Castellón ha desestimado los dos recursos que el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, presentó tras la admisión de la denuncia por presunto delito fiscal remitida por la Agencia Tributaria al juzgado de Nules, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Así, el tribunal ha dictaminado que la investigación por el posible fraude se realice junto a la de los otros presuntos delitos, contra la administración pública, que se le imputan a Fabra en esta causa, entre los que se encuentra el tráfico de influencias. Tal como ya marcó la juez de Nules, la Audiencia apunta que "el presunto delito fiscal imputado deriva precisamente de ingresos patrimoniales no justificados en dinero en sus cuentas corrientes", con lo que considera "justificada la conexión establecida" para esclarecer si estos ingresos proceden del presunto tráfico de influencias que también se le imputa.

Además, la Audiencia ha rechazado el argumento de indefensión pretendido por Carlos Fabra, así como su intención de paralizar el procedimiento porque se le había privado del trámite de audiencia ya que la inspección fiscal se inició antes de que esta exigencia legal, sin carácter retroactivo, entrara en vigor.

De esta manera, el líder del PP de Castellón volverá a ser llamado a declarar como imputado por el juzgado de Nules, donde se instruye la causa, ante cuya titular dijo que no se sometería al interrogatorio por el presunto delito fiscal del que le acusa la Agencia Tributaria hasta que estos recursos no estuvieran resueltos. El principal eje de la denuncia por fraude fiscal es la falta de justificación de la procedencia de ingresos en efectivo por un valor de 600.000 € en cuentas de Fabra y su familia de los que son imputables directamente al líder del PP de Castellón, según Hacienda, un total de 300.000. Sin embargo, la Agencia Tributaria también le acusó del impago de cuotas del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por un valor de unos 150.000 euros en el ejercicio de 1999.

En el primero de los recursos resueltos por la Audiencia, Fabra se quejaba porque, a su entender, no existía conexión entre la investigación ante la posible comisión de uno o varios delitos contra la administración pública y el presunto delito fiscal del que le acusa la Agencia Tributaria. En este sentido, el tribunal hace suya la consideración de la juez que ya apuntó que la investigación estaba tratando de averiguar si Fabra, "haciendo uso de su influencia por el cargo que ostenta, medió ante las distintas autoridades para la concesión de las licencias y autorizaciones necesarias para la comercialización de productos fitosanitarios, recibiendo por ello dádivas y cantidades de dinero en efectivo".

A su vez, recoge, tal como hizo la juez, que "en la denuncia de la Agencia Tributaria se constata la existencia en las cuentas corrientes de las que es titular o cotitular el señor Fabra de numerosos ingresos en efectivo cuyo origen no se corresponde con las rentas declaradas, sin que por el contribuyente se haya justificado ese origen", y que se corresponden, por fechas, al momento "en el que presuntamente comienza su relación con el señor Vilar [el empresario que le denunció]".

18. COMUNIDAD VALENCIANA: UN CASO DE MOBBING, ÚLTIMO EPISODIO DE LA DIVISIÓN EN EL PP VALENCIANO

La división en el seno del PP de la Comunidad Valenciana, entre los seguidores de Zaplana y los de Camps, ha alcanzado un nuevo cenit en Torrevieja. La baja médica por mobbing del abogado del alcalde y a la vez letrado jefe de la Diputación de Alicante, apunta a un episodio más de la lucha de poder entre el alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, próximo a Camps, y el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, cercano a Zaplana. La prensa regional destapaba esta semana el asunto: el letrado jefe de la Diputación de Alicante, José Ortiz Ríos causaba baja por acoso laboral o mobbing, pero para muchos no fue una sorpresa.

Ortiz llevaba varios años compatibilizando su trabajo como letrado jefe de la Diputación de Alicante con la defensa de varios asuntos judiciales del Ayuntamiento de Torrevieja. Hasta ahora a nadie parecía importarle esta duplicidad de funciones del abogado. Sin embargo, la situación cambia cuando José Ortiz comienza a ocuparse de la defensa del alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, del PP (en la foto). El regidor está acusado de haber conseguido, aparentemente, cinco millones € en plusvalías por la venta de unos terrenos. Hernández Mateo es un hombre cercano al presidente de la Comunidad, Francisco Camps.

La decisión de José Ortiz de defender al alcalde de Torrevieja no ha gustado nada al presidente de la Diputación, Joaquín Ripoll, cercano a Zaplana. La Diputación le ha pedido a Ortiz que elija entre su puesto como letrado jefe o la defensa del alcalde, Pedro Hernández Mateo. En este contexto es cuando se produce la baja por mobbing del abogado. Para el concejal de Esquerrra Unida en el ayuntamiento de Torrevieja, José Manuel Martínez Andréu, "éste es un episodio más de la lucha de poder entre zaplanistas y campistas, entre Hernández y Ripoll". Y añade, "Podría ser el final de la carrera política del alcalde de Torrevieja".

El Partido Socialista en la localidad alicantina coincide con este análisis. Su portavoz, Ángel Giménez, explica: "Es la punta del iceberg de la fractura del PP en la Comunidad Valenciana y más concretamente en la provincia de Alicante". Giménez alerta además sobre las consecuencias negativas de esta disputa en los ciudadanos. El enfrentamiento entre el alcalde y el presidente de la diputación tiene como primera consecuencia, explica Giménez que: "Torrevieja no haya recibido ninguna partida presupuestaria de la Diputación, a pesar de ser un municipio que cuenta con 100.000 habitantes".

19. ISLAS BALEARES: EL JUZGADO ADMITE A TRÁMITE LA QUERELLA CONTRA 11 ALCALDES DEL PP POR EL "CASO SES SALINES" (08/02/06)

El Juzgado de Instrucción nº 8 de Palma ha admitido a trámite la querella presentada por un particular contra once alcaldes del PP por un presunto delito de falsedad documental, al haber emitido diferentes documentos que certificaban que la Associació de Cavallistes de ses Salinas había actuado en sus municipios. Estos documentos sirvieron para avalar y legalizar, vía interés general otorgado por el Consell de Mallorca, las cuadras y la casa debatle de sus Salinas, Sebastià Vidal (PP), quien finalmente dimitió del cargo por esta polémica. Hay que recordar también que los denunciados en la querella certificaron que la mencionada asociación caballista había actuado en sus municipios desde el año 1995, cuando realmente no se constituyó como tal hasta el año 2002.

Sebastià Vidal utilizó los certificados para presentar su casa como sede de la Associació Cavallista y obtener así el interés general del Consell de Mallorca. Los cargos públicos denunciados por un ciudadano residente en Manacor, el pasado mes de diciembre, son los alcaldes populares Joan Rotger (Selva), Andreu Prohens (Campos), Miquel Vidal (Santanyí), Antoni del Olmo (Santa Margalida), Antoni Serra (sa Pobla), Catalina Soler (Felanitx), Joan Jaume (Lloret), Gabriel Matas (Montuïri) y el mismo Sebastià Vidal. También hay implicado dos tenientes de alcalde, Joan Rubert (Inca) y Joan Jaume Mulet (Llucmajor).

La querella que ha sido admitida a trámite también incluye una denuncia contra el secretario municipal de Campos y el celador del mismo municipio de ses Salinas por "negociaciones prohibidas"en sus cargos y "falsedad documental"con respecto a certificados emitidos por ellos. Después de que el pasado verano se destapara el conocido como "caso ses Salines", los alcaldes del partido conservador denunciados tuvieron respuestas diferentes para explicar su actuación, desde reprobarse a sí mismos, como en sa Pobla, a reafirmarse en la veracidad de sus certificados, como hizo el teniente de alcalde de la ciudad de Inca.

El Consell otorgó el interés general, siempre que la sede de la asociación caballista no se usara como vivienda, también a raíz de informes favorables del Govern. Las inspecciones que se hicieron a causa de la polémica confirmaron lo contrario y el Consell paralizó el interés general.

20. ISLAS CANARIAS: SIETE DETENIDOS POR SUPUESTA CORRUPCIÓN EN EL CONCURSO CANARIO DE PARQUES EÓLICOS (10/01/06)

La policía detuvo en Las Palmas de Gran Canaria y Madrid a siete personas en relación con la supuesta trama vinculada con la Consejería de Industria del Gobierno canario en 2004, entonces dirigida por el consejero Luis Soria (PP), para amañar un concurso de parques eólicos. Entre los arrestados figuran el ex director general de Industria del Gobierno de Canarias, Celso Perdomo, del PP, supuesto autor de la filtración de información privilegiada, dos funcionarios, tres empresarios y el directivo de un banco.

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron en Las Palmas de Gran Canaria y Madrid al anterior director general de Industria del Gobierno de Canarias, Celso Perdomo, y a otras seis personas más por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas, quien instruye el conocido como caso eólico, una supuesta filtración de información privilegiada en 2004, meses antes de que se convocara un concurso para la instalación en las islas de aerogeneradores que produjeran 344 megavatios de energía eléctrica. La operación policial, bautizada como Eolo, incluyó 13 registros en las dos capitales, entre ellos algunos despachos oficiales en el Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de Gran Canaria.

Cuando el presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, expulsó a los populares del Ejecutivo (rompiendo 10 años de pacto entra nacionalistas y populares) el presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, José Manuel Soria (también presidente de los populares en las islas y hermano del ex consejero de Industria), rescató a Perdomo como responsable informático de esta corporación, donde ayer fue detenido, al tiempo que los agentes se incautaron material informático y documentación.

Junto al ex alto cargo del PP, los detenidos son Mónica Quintana Pérez, actual pareja de Perdomo y funcionaria de Educación del Cabildo Insular de Gran Canaria (gobernado por el también presidente del PP canario, José Manuel Soria), y el alto funcionario Honorato López Torres (actual jefe de Área de la Dirección general de Industria en el Gobierno de Canarias, con una carrera intachable en la función pública).

Los tres empresarios también detenidos ayer son Wilebaldo Luis Yanes, titular entre él y sus hijos de una red de empresas y sociedades radicadas en Las Palmas, que recibió los correos electrónicos enviados por el ex alto cargo de Industria Enrique Guzmán López y Alfredo Briganti Arencibia -amigo personal de Perdomo-, estos dos últimos empresarios con domicilio en Madrid. Briganti Arencibia era el secretario del consejo de administración de la empresa Promotora de Recursos Eólicos, creada con apenas 3.000 euros, sin experiencia en el sector de la energía eólica. El séptimo detenido fue Jesús González Martín, jefe de Tesorería de la Caja Insular de Ahorros de Canarias en la sede de la comercial calle Triana de Las Palmas de Gran Canaria. González Martín y Briganti, supuestamente, serían cauce de más poderosos inversores.

La policía intervino ayer abundante información a los detenidos, a los que requisó sus ordenadores. La evaluación de esta información llevará semanas. Hasta el momento, buena parte de los elementos indiciarios parten de las escuchas practicadas a los miembros de esta supuesta trama. Los detenidos se encontraban hasta ayer por la tarde en la comisaría central de Las Palmas de Gran Canaria. El Partido Socialista Canario ha anunciado que se personará en la causa "para tener conocimiento directo del proceso", confirmó su secretario general, Juan Carlos Alemán.

El conocido como caso eólico se destapa a partir de una denuncia efectuada a finales de 2004 por el responsable comercial de la empresa Siemenca (propiedad de Wilebaldo Luis Yanes), tras ser despedido. Alberto Santana presentó un informe ante la Fiscalía Anticorrupción, donde advertía de que desde la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, entonces gobernada por Luis Soria (hermano del presidente del PP, José Manuel Soria), se enviaron correos electrónicos con información privilegiada a distintos empresarios con varios meses de antelación a la convocatoria de un concurso público para instalar parques de molinos de viento. Uno de los correos reflejaba, según el denunciante, el reparto de comisiones millonarias (30 millones de euros de los que 12 serían para los políticos).

21. ISLAS CANARIAS: EL LÍDER DEL PP EN FUERTEVENTURA INTENTA COMPRAR EL VOTO DE UN EDIL  (10/01/06)

El presidente del PP de Fuerteventura y diputado en el Parlamento de Canarias, Domingo González Arroyo, intentó regalar un solar y 6.000 € a un concejal del Ayuntamiento de Antigua cuyo voto resulta decisivo para que prospere una moción de censura contra el actual alcalde, Juan José Cazorla (del partido Alternativa por Antigua), pero el edil al que trataba de comprar grabó las tentativas de soborno. La moción de censura estaría promovida por el PP con el apoyo de dos miembros de Coalición Canaria, Independientes de Fuerteventura y una edil socialista.

En octubre pasado, Francisco Almodóvar Roque (afiliado al partido Alternativa por Antigua) aún no era concejal, aunque su nombre ya sonaba como sustituto de una edil de su formación. Almodóvar Roque grabó al menos dos reuniones, el 11 y 12 de octubre pasado, donde el líder del PP le ofrecía dinero a cambio de apoyo. "Quería encontrar una base sólida para demostrar las malas artes de este señor", confirmaba ayer el autor de la grabación. Almodóvar Roque ha presentado una denuncia ante el Juzgado número 3 de Puerto del Rosario, quien comunicó que enviaría la causa al Tribunal Superior de Justicia de Canarias por la condición de aforado del líder del PP.

El contenido de las conversaciones grabadas, difundido por el diario digital canariasahora.com y su emisora de radio, revela una supuesta trama urdida por el presidente del PP para desbancar al alcalde Cazorla. Para completar la operación necesitaba el apoyo del edil Francisco Almodóvar Roque. Una de las grabaciones recoge las supuestas voces de González Arroyo y la candidata del PP a la alcaldía, Ibiza Melián. En la cinta se escucha la voz del líder del PP decirle a la candidata Ibiza Melián: "¿Tú le has dicho a él lo del solar que le voy a regalar?", para, a los pocos segundos, añadir: "Si quieres tener un kilillo para irte tú escapando, yo te lo doy ya".

A lo largo de la cinta, la voz del líder del PP, ex alcalde de La Oliva, asegura que su único fin es conseguir a personas "que estén dispuestas a gobernar con dignidad". También cita constantemente la cantidad de 20.000 euros: "Y yo lo voy a cumplir con Charlie, que se ha portado con nosotros bien, como con el partido, como tiene que ser y tiene necesidad de tener esos duros para él...". A continuación, González Arroyo rechaza que se esté tratando de un soborno. "No es tema de compra ni venta, ¿sabes cuántos solares he regalado? Más de cuarenta". Ni González Arroyo ni los portavoces del PP en Canarias han contestado a las llamadas de este periódico. En otros medios, Arroyo declaró que apenas conoce al denunciante y puso en duda que fuera suya la voz de las grabaciones.

22. CASTILLA Y LEÓN: OTRO CASO DE RECOGIDA IRREGULAR DE FIRMAS CONTRA EL ESTATUT

El PSOE de Ávila denunció que el PP utiliza un centro de salud de Ávila para recoger firmas contra el Estatuto catalán. El PSOE de Ávila, a través de su responsable de Sanidad, José Luis Martín, consideró como "un hecho grave" que "un centro sanitario se utilice para la actividad partidista". Martín criticó que "hayan sido depositados papeles para recoger firmas" a favor del referéndum sobre el Estatuto catalán, en el Centro de Salud Ávila Sur, como parte de la campaña que el Partido Popular lleva a cabo en todo el país.

Por esa actuación "poco democrática", debido a la "utilización de una instalación de la administración regional" con fines" partidistas y agitadores", Martín exigió la dimisión del delegado territorial de la Junta, Francisco José Sánchez, y que "pida disculpas por utilizar recursos públicos en beneficio del PP".

23. REGIÓN DE MURCIA: PIDEN QUE SE INVESTIGUEN LOS INTERESES DE LOS POLÍTICOS MURCIANOS

El portavoz de los socialistas murcianos, José Ramón Jara, ha solicitado la creación de una comisión de investigación para que se conozcan todos los intereses que tiene cada político en la Región. La petición se produce días después de que los socialistas murcianos alertaran de vinculaciones entre la promotora Polaris World y el hermano del presidente regional, Ramón Luis Valcárcel.

Movidos por las presuntas relaciones entre la promotora Polaris World  y Carlos Valcárcel, hermano del presidente murciano, los socialistas de la Región han solicitado que se abran los registros de cada político, "para que todos los ciudadanos que claman transparencia puedan conocer los intereses que cada político tiene en esta Región".

Respecto a las posibles vinculaciones entre Polaris World y el hermano del presidente murciano, Jara exigió a Valcárcel que dé explicaciones políticas de los que está ocurriendo, que no se esconda tras familiares, y responda a los miles de ciudadanos que no dan crédito de esta situación en la que el Gobierno regional nos ha llevado de no poder diferenciar lo público de los intereses privados de unos pocos".

24. REGIÓN DE MURCIA: SÁNCHEZ CARRILLO COMUNICA A VALCÁRCEL QUE NO VE RAZONES PARA PRESENTAR SU DIMISIÓN (07/02/06)

Murcia se convirtió en un hervidero de comentarios. El rumor de la posible dimisión del concejal de Fomento en el Ayuntamiento de Murcia y número tres del Partido Popular en la Región, Antonio Sánchez Carrillo, corrió como la pólvora. Pero no dejó de ser, de momento, un rumor. El edil comunicó al presidente del Partido Popular, Ramón Luis Valcárcel, que no ve razones para presentar su dimisión. La pasada semana, Valcárcel le pidió a Sánchez Carrillo que reflexionara durante el fin de semana y tomara la mejor decisión, tanto para él, como para el Partido Popular. El presidente regional le aseguró que, tomara la decisión que tomara, seguiría contando con su apoyo. Así, tras meditarlo estos dos días, parece ser que el concejal va a continuar en su cargo.

El edil dijo, en una conversación, que "no he hecho nada malo. No he cometido ninguna ilegalidad", explicó. Sánchez Carrillo insistió, como sus compañeros de partido, que "el que piense que he hecho algo ilegal, que vaya a los juzgados". El concejal de Fomento dijo no querer hacer más declaraciones sobre este tema y que trabaja en el día a día de la Casa Consistorial, inmerso en los proyectos que está llevando a cabo en su concejalía para la ciudad de Murcia. El PSOE ha acusado a Antonio Sánchez Carrillo de votar a favor de las recalificaciones para los proyectos de urbanización de Polaris World, empresa de la que es socio su amigo Facundo Armero.

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