|
|
Ir a informes anteriores |
ÍNDICE
1. RAJOY CULPA A ZAPATERO DEL CASO MENA POR "JUGAR A LA RULETA RUSA CON EL ESTATUT" EL LÍDER DEL PP ADMITE QUE EL GENERAL VULNERÓ LA LEY PERO AÑADE QUE "ESTO NO PASA PORQUE SÍ"
2. BARDAJÍ, UN HOMBRE DE AZNAR, LANZA MENSAJES A LOS MILITARES
3. EL EX EMBAJADOR CHILENO EN LA ONU REVELA LAS PRESIONES DE ESPAÑA EL 11-M
4. LA FALTA DE SENSIBILIDAD DE MARTÍNEZ-PUJALTE: "SE LE CAYÓ UN HELICÓPTERO Y SE MURIERON UNOS CUANTOS"
5. LAS AUTONOMÍAS DEL PP REPARTEN LAS TELEVISIONES LOCALES ENTRE GRUPOS DE COMUNICACIÓN AFINES
6. ADMITIDA A TRÁMITE LA DEMANDA DE CAROD-ROVIRA Y PUICERCÓS CONTRA LA COPE Y JIMÉNEZ LOSANTOS
7. GALICIA: BALTAR DEJA SOLO A CABEZAS ANTE LAS ACUSACIONES DEL SECRETARIO MUNICIPAL
8. GALICIA: EL ALCALDE DE TABOADA VUELVE A LA AUDIENCIA PARA SER JUZGADO POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES
9. ANDALUCÍA: EL AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ ACUMULA UNA DEUDA DE 61 MILLONES €
10. ANDALUCÍA: EL PRESIDENTE DEL PP DE JAÉN INSTA A ARENAS A DECIDIR SOBRE EL ALCALDABLE
11. ANDALUCÍA: LA JUEZ INVESTIGA LA RELACIÓN DE PUNTA UMBRÍA Y EL 'CASO CAMAS'
12. MADRID: EL PP PACTA CON UNA TRÁNSFUGA ECHAR A LA ALCALDESA DE CHINCHÓN
13. MADRID: DESDOBLAMIENTO DE LA M-501: PARA LOS ECOLOGISTAS 'EL PROYECTO ES ILEGAL Y AGUIRRE MIENTE'
14. COMUNIDAD VALENCIANA: EL PP VALENCIANO BOICOTEA A ZAPATERO
15. COMUNIDAD VALENCIANA: EL JUEZ RECHAZA EL ARCHIVO DE LA DENUNCIA AL ALCALDE DE TORREVIEJA POR SU MILLONARIA PLUSVALÍA INMOBILIARIA
16. COMUNIDAD VALENCIANA: EL TSJ RATIFICA LA NULIDAD DEL CONTRATO DEL EX CHÓFER DE ZAPLANA
17. COMUNIDAD VALENCIANA: TABARES ADMITE QUE HABÍA "UN ANEXO AL CONTRATO A" DEL IVEX CON JULIO IGLESIAS
18. COMUNIDAD VALENCIANA: TENSIÓN EN EL PP DE BENIDORM: BARCELÓ ACUSA A AMOR DE USAR MEDIOS INSTITUCIONALES PARA PROMOCIONAR SU CANDIDATURA
19. COMUNIDAD VALENCIANA: LOS GASTOS DE PERSONAL DE LAS FUNDACIONES DE LA GENERALITAT SE DUPLICAN EN DOS AÑOS
20. COMUNIDAD VALENCIANA: HACIENDA DENUNCIA QUE VALVERDE VALIDÓ FACTURAS FALSAS DE EMPRESAS SIN CONTRATO CON TERRA MÍTICA
21. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA DERIVA A CASI CIEN PACIENTES DE CÁNCER A UNA CLÍNICA PRIVADA
22. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: EL 'CASO EGÜÉS' NO SERÁ JUZGADO POR UN JURADO
23. ISLAS CANARIAS: SE QUIERE IMPONER EN ESPAÑA UN CAMBIO DE RÉGIMEN"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. RAJOY CULPA A ZAPATERO DEL CASO MENA POR "JUGAR A LA RULETA RUSA CON EL ESTATUT" EL LÍDER DEL PP ADMITE QUE EL GENERAL VULNERÓ LA LEY PERO AÑADE QUE "ESTO NO PASA PORQUE SÍ"
Las declaraciones del general Mena respecto del Estatut de Cataluña, son para Mariano Rajoy impropias de un militar. Pero el líder del PP, tras el matiz, insistió en que reacciones como éstas "no pasan porque sí", sino que son fruto de una inquietud de la que es responsable el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, por "jugar a la ruleta rusa con el Estatut".
El presidente del PP, Mariano Rajoy, matizó la postura que ha mantenido respecto a la actitud del teniente general José Mena Aguado, que amenazó con una intervención del ejército si el Estatut rebasaba la Constitución. Pero la matización fue sólo en parte. El líder del PP suscribió las palabras del portavoz de su partido, Gabriel Elorriaga, pero primero puso por delante la condena a la actitud del jefe de la Fuerza terrestre del Ejército, con unas declaraciones que calificó de "inaceptables".
El máximo responsable del PP, en la línea que ha seguido su partido en los últimos días, atribuyera la responsabilidad de lo ocurrido al presidente del Gobierno. La tesis de Rajoy es que José Luis Rodríguez Zapatero "está jugando a la ruleta rusa con el Estatut, y eso genera inquietud", y las palabras del general Mena son un reflejo de esa inquietud que cada vez "abarca a más sectores de la sociedad española".
Todo ello, anteponiendo el reconocimiento de que "el derecho de expresión de los militares es el que marca la ley, y la ley no les permite hacer esas declaraciones". Unas declaraciones, insistió cada vez que iba a atribuir la responsabilidad de lo sucedido al Gobierno, "que no se debieron hacer, que no se pueden hacer y que no son propias de un militar". Pero ese reconocimiento no impide tampoco que el líder de la oposición se pregunte "qué hacen el ministro de Defensa y el presidente del Gobierno para que pasen estas cosas", con el añadido de que, recordó, el teniente general Mena no es cualquier militar, sino "un alto cargo nombrado por el Consejo de Ministros". El propio Rajoy respondió a su pregunta de por qué pasan estas cosas: "No pasan porque sí". Para el presidente del PP, "el silencio sepulcral de Zapatero produce inquietud, incertidumbre, divisiones y tensiones.
Pero el principal interés de Rajoy fue que la polémica por el caso Mena oculte "lo fundamental", es decir, lo que está ocurriendo con el Estatut, y una de las cosas más graves que a su juicio están sucediendo es que "se está echando a media España de los consensos básicos". es la media España a la que representa el PP, subrayó Rajoy, que se ve excluida porque Zapatero "no quiere pactar con ella el Estatut y prefiere hacerlo con los independentistas". Una actitud, la exclusión del PP, insistió, que "es antidemocrática". y será, está convencido, "un error histórico". El PP, pues, quiere negociar el Estatut y entrar en el acuerdo, aunque Rajoy considere que es incompatible el apoyo de su partido al Estatut y el apoyo a la vez de ERC. Para llegar a ese posible acuerdo pone "tres condiciones: la Constitución, la igualdad de los españoles, y liquidar el capítulo de los derechos y deberes y parte del capítulo de competencias", que, a juicio del líder del PP, convertiría la ley fundamental catalana en un instrumento intervencionista.
Pese a este ofrecimiento, el líder de la oposición es pesimista respecto a la posibilidad de un acuerdo, como lo es en otros muchos asuntos que trató el comité de dirección del PP y que formarán parte de su actividad política. Entre ellos, y principalmente, la OPA de Gas Natural sobre Endesa, en la que al PP no le cabe la menor duda la mano del Gobierno "trabajando en favor de una compañía". Una OPA, dijo, "con la autoridad de haber pertenecido a un Gobierno que impidió cuatro fusiones en defensa de los intereses de los consumidores", que puede ser buena para una empresa, "incluso para el ministro Montilla y para Zapatero, pero mala para los consumidores catalanes".
2. BARDAJÍ, UN HOMBRE DE AZNAR, LANZA MENSAJES A LOS MILITARES
La prensa española más conservadora está lanzando mensajes destinados a sembrar el descontento entre el colectivo militar y a generar, con ello, la inquietud entre la ciudadanía. En esa dirección está interviniendo directamente Rafael Bardají, uno de los principales ideólogos, director de política internacional, de la FAES y hombre confianza de José María Aznar. La COPE recogió unas declaraciones de Bardají, afirmando que en la actualidad el Ejército se encuentra desmembrado, dividido y no ve claros los valores que han de regir su valor. Situación que favorece que los militares mantengan su letargo". Bardají insistió en una idea lanzada ya desde primera hora de la mañana por medios conservadores: el ministro Bono habría buscado un efecto "ejemplarizante" con el castigo al teniente general Mena Aguado. Bardají ha ido más lejos ante al afirmar "que se trata de dar ejemplo a los militares para silenciarlos".
Aunque Bardají és uno de los ideólogos de FAES y tuvo responsabilidades como asesor ejecutivo de los ministros de Defensa Eduardo Serra y Federico Trillo, con Aznar en Moncloa, la COPE lo presenta únicamente como director del Grupo de Estudios Estratégicos (GEES), una organización supuestamente independiente, aunque de talante claramente conservador. Un artículo firmado por dicho grupo, publicado en el periódico electrónico de Jiménez Losantos, ya decía que "a nadie se le escapa que las palabras del teniente general son muy representativas del sentir de la gran mayoría de nuestros jefes y oficiales"
También en orden a extender la sensación de inquietud y descontento militar, La Razón incluye en una de sus informaciones la frase siguiente: "Los círculos militares del más alto rango permanecen callados. Por lo menos, públicamente, porque entre ellos no se comenta otra cosa que el discurso del teniente general Mena y las consecuencias en todos los ámbitos que ha tenido". El titular que antecede a dicho texto pone el énfasis en que el ministro Bono decidió el arresto y destitución del teniente general Mena tras "escucharle apenas quince minutos". Para sugerir un gran descontento en el Ejército por el castigo a este alto mando militar, se añade que la decisión del ministro de Defensa "no ha sentado nada bien entre los militares. Muchos de ellos han mostrado, discretamente, su sorpresa y su desconcierto".
3. EL EX EMBAJADOR CHILENO EN LA ONU REVELA LAS PRESIONES DE ESPAÑA EL 11-M
El Gobierno de José María Aznar se opuso el 11 de marzo de 2004, tras el atentado terrorista en Madrid, a que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas declarase que el ataque fue "presuntamente cometido por ETA", y exigió una condena expresa de la citada banda terrorista, según Heraldo Muñoz, ex embajador de Chile ante la ONU, en su libro Una guerra en solitario al narrar la "conexión española" con la guerra de Irak. Muñoz era ministro secretario general del Gobierno del presidente Ricardo Lagos cuando EE UU ordenó, el 19 de marzo de 2003, invadir Irak. Los preparativos de la guerra los vivió desde el Palacio de la Moneda, en Santiago de Chile. En Nueva York recayó en el entonces embajador de Chile ante la ONU, Juan Gabriel Valdés, seguir las maniobras diplomáticas de Estados Unidos, Reino Unido y España para conseguir, sin éxito, que el Consejo de Seguridad legalizara la guerra de Irak.
Muñoz, empero, retrotrae sus recuerdos al 29 de enero de 2003, fecha en la cual el entonces presidente del Gobierno español, José maría Aznar, y el primer ministro británico, Tony Blair, publicaron junto con otros seis países de Europa del Este lo que se llamó la Carta de los Ocho, en la que estos países se alineaban con la Administración de Bush, desmarcándose de Francia y Alemania en relación con Irak.
"El presidente Bush estaba encantado. Según un diplomático español, le envió una nota escrita a mano en letras mayúsculas a Aznar diciendo: 'José María, que Dios de bendiga a ti y a España. George W.'. Pero ésa era solamente la primera parte del plan", señala Muñoz. "El día en que se publicó la Carta de los Ocho, 10 países de Europa central y oriental recibieron un borrador para agregar a su propia declaración, preparado por un lobbista norteamericano vinculado al Pentágono. El propósito era doble: primero, remarcar las diferencias entre la vieja Europa, representada por Francia y Alemania, y la nueva Europa de los candidatos a entrar en la OTAN y la UE; segundo, la declaración de los 10 solidarizándose con Washington facilitaría una próxima votación favorable en el Congreso estadounidense para la entrada de 7 de ellos en la OTAN.
El relato de Muñoz aborda la jornada del 11 de marzo de 2004. "La mañana del 11 de marzo, temprano en Nueva York... Después de intentar localizar al embajador Inocencio Arias, que había viajado a Viena por motivos oficiales, hablé con la representante permanente alterna, embajadora Ana María Menéndez, y le ofrecí las condolencias de Chile. Sugerí que al menos se debía redactar una declaración presidencial del Consejo de Seguridad o incluso votar una resolución de condena a la acción terrorista. Menéndez agradeció el gesto y dijo que acababa de conversar con el presidente del Consejo de Seguridad, que tenía la intención de llamar a consultas de emergencia durante las cuales la delegación española pediría una resolución".
Y he aquí una narración minuciosa de lo que ocurrió a continuación. "Cuando el Consejo se reunió poco más tarde esa misma mañana, fue una sorpresa para todos cuando la delegación española insistió fuertemente en culpar al grupo terrorista ETA. La representante adjunta [Menéndez] de España se acercó a los asientos de Brasil y Chile para subrayarnos la importancia que tenía para España una mención explícita a ETA en la resolución. El embajador brasileño y yo hicimos notar que todas las resoluciones anteriores condenando ataques terroristas nunca se refirieron a autorías específicas. La actitud de los alemanes y rusos era aún más reticente en cuanto a mencionar a ETA o a cualquier grupo específico".
Muñoz, acto seguido, se puso en contacto con Chile. "Después de mencionarle telefónicamente la situación a la canciller Soledad Alvear, ella mencionó que seguramente los españoles harían lobby en las capitales de los miembros del Consejo de Seguridad. Acordamos que buscaríamos el consenso, tomando en cuenta que sería impensable un voto dividido en relación con un asunto tan delicado. Si fuese posible no se haría ninguna referencia a ETA, pero, en último término, nos plegaríamos al sentimiento del Consejo".
¿Qué pasó a continuación? "Los rusos", recuerda Muñoz, "continuaron oponiéndose a la mención a ETA, pero los alemanes cedieron. La delegación rusa entregó una propuesta de compromiso: agregar al párrafo que condenaba los ataques terroristas una frase que decía, 'presuntamente cometido por ETA'. Menéndez explicó que no tenía 'ningún margen de flexibilidad'. 'Tengo instrucciones de Madrid', insistía, mientras se paseaba por los corredores del Consejo con su teléfono pegado a su oreja. Los rusos se rindieron. Al lograrse un acuerdo pleno nos trasladamos al salón principal para votar. La condena a ETA fue unánime... Las últimas noticias indicaban que se había descubierto un vínculo entre Al Qaeda y las explosiones".
4. LA FALTA DE SENSIBILIDAD DE MARTÍNEZ-PUJALTE: "SE LE CAYÓ UN HELICÓPTERO Y SE MURIERON UNOS CUANTOS"
El portavoz del PP en el Congreso, Vicente Martínez-Pujalte no se conformó sólo con pedir la comparecencia de Bono en el Congreso a raíz del discurso del general Mena del pasado 6 de enero, aprovechó su intervención en un programa de radio para recordar la, a su juicio, mala memoria del ministro de Defensa. "Bono recordará lo que quiera. Siempre recuerda lo que quiere y no recuerda lo que quiere. Sigue hablando del Yakolev y se le olvida que a él se le cayó un helicóptero-refiriéndose al accidente de Afganistán- y se murieron unos cuantos".
Martínez-Pujalte, caracterizado por no dejar indiferente con algunos de sus planteamientos, acabó su entrevista instando a José Bono a "que recuerde lo que quiera, pero que venga", refiriéndose a la solicitud de comparecencia ante el Congreso de los Diputados. "El señor Bono es peculiar, es uno de los más peculiares del Gobierno. Bastante cínico en mi opinión", espetó Martínez-Pujalte, quien manifestó que desde su grupo político "no estamos en contra de las manifestaciones del señor Mena, sino de que el señor Mena haga manifestaciones". "Ha pasado de moda que un general arregle la vida a los civiles"
La entrevista no estuvo exenta de tensión. Justo después de que Martínez Pujalte recordara a Bono que "se le cayó un helicóptero y se le murieron unos cuantos" (en referencia al trágico accidente del pasado mes de agosto en Afganistán en el que murieron 17militares) el conductor del programa le recriminó su actitud.
5. LAS AUTONOMÍAS DEL PP REPARTEN LAS TELEVISIONES LOCALES ENTRE GRUPOS DE COMUNICACIÓN AFINES
Las CCAA tienen en sus manos la concesión de más de mil televisiones locales. Madrid, Baleares, Murcia, La Rioja, Navarra y la Comunidad Valenciana (gobernadas por el PP) han resuelto sus concursos, en los que también han repartido canales de cobertura autonómica. En todos los casos, los ejecutivos regionales han beneficiado a grupos de comunicación afines al PP. La Iglesia, Vocento (editor de Abc), Unedisa (El Mundo), Intereconomía, Antena 3 y el periodista de la Cope Federico Jiménez Losantos han acaparado las licencias adjudicadas en las principales demarcaciones.
Poco a poco, la Iglesia católica está tejiendo una red de cadenas de televisión de cobertura autonómica y local. Los Gobiernos del PP han otorgado a la Cope (la radio gestionada por la Conferencia Episcopal) cuatro licencias para explotar otros tantos canales autonómicos en la Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia y La Rioja.
Además, la Iglesia ha recibido una docena de televisiones locales digitales. Especialmente generoso fue el Ejecutivo de Esperanza Aguirre, que otorgó una en Madrid capital al Arzobispado y otras cuatro (Alcobendas, Móstoles, Pozuelo y Collado-Villalba) a la Cope. En Baleares, el Ejecutivo de Jaume Matas, concedió a la Cope un canal en Palma y otro al obispado de Menorca. La cadena explota también una emisora en Pamplona, el único canal local adjudicado en Navarra. Esta comunidad, con todo, no ha seguido el esquema del resto de ejecutivos regionales del PP, al adjudicar los canales autonómicos a Canal 4 (participado por el Grupo PRISA,) y Canal 6 (impulsado por Promecal).
Paralelamente, el PP ha forjado varias redes de televisiones locales gestionadas por grupos de comunicación o periodistas afines. Éste es el caso de Intereconomía, que a través de la sociedad Homo Virtualis ha obtenido una licencia en Madrid y cuatro en la Comunidad Valenciana. El grupo Intereconomía (editor de la revista Época) está presidido por el ex diputado del PP Julio Ariza. Similar ha sido el caso de Unedisa (El Mundo), que recibió un canal en Madrid capital y otros cuatro en la Comunidad Valenciana (Valencia, Castellón, Elche y Benidorm).
La sociedad Libertad Digital TV, liderada por Federico Jiménez Losantos, ha conseguido licencias en los últimos tres concursos resueltos por el PP. En Madrid, Esperanza Aguirre premió al periodista estrella de la Cope con cuatro frecuencias: Madrid, Móstoles, Fuenlabrada y Alcalá de Henares. Los presidentes de la Comunidad Valenciana y Murcia, Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel, siguieron los mismos pasos. Libertad Digital, nacida al hilo de una página web de Internet, obtuvo cuatro emisoras en la Comunidad Valenciana (Elche, Sagunto, Alcira y Torrent) y tres en Murcia (Lorca, Cartagena y Murcia capital).
Además, los Ejecutivos regionales han primado a grupos de comunicación o empresarios locales. En el caso valenciano, el diario Las Provincias (participado por Vocento) consiguió una de las dos licencias autonómicas en juego; una empresa vinculada a la ex directora de Canal 9 Genoveva Reig ha recibido dos locales, y el empresario de Elche Sacramento Alvear, tres. En Murcia, el presidente Valcárcel ha otorgado emisoras a los diarios locales La Verdad (grupo Vocento), que explotará una de las 3 autonómicas privadas, y La Opinión (Prensa Ibérica), que ha recibido licencias en 8 demarcaciones comarcales.
Vocento, editor de Abc y de una docena de diarios regionales, accionista de Punto Radio, Tele 5 y Net TV, está acumulando redes autonómicas. Ha conseguido licencias en Madrid, en Valencia, Murcia y La Rioja.
Antena 3, a través de Uniprex (matriz de la cadena de radio Onda Cero), recibió cuatro emisoras en Madrid y una en Valencia. El PP ha primado a empresarios sin experiencia en el ámbito de la comunicación y marginado a otros grupos con una sólida presencia. Localia TV, participada por PRISA, no obtuvo ninguna de las 30 televisiones locales que el pasado agosto repartió el Gobierno de Esperanza Aguirre. Idéntica suerte corrió en Murcia, mientras que en Valencia obtuvo una (Ontinyent-Xàtiva) de las 44 emisoras adjudicadas el 30 de diciembre. Localia fue también excluida en Baleares.
6. ADMITIDA A TRÁMITE LA DEMANDA DE CAROD-ROVIRA Y PUICERCÓS CONTRA LA COPE Y JIMÉNEZ LOSANTOS
El titular del Juzgado de Primera Instancia número 22 de Barcelona ha aceptado a trámite la demanda civil presentada en diciembre por el presidente de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, el secretario general, Joan Puigcercós, y por el propio partido, contra la Cadena COPE y contra el locutor Federico Jiménez Losantos. Alegan que la cadena y el periodista han vulnerado su derecho al honor y a la propia imagen. La demanda incluye un compendio de decenas de frases emitidas por la Cadena COPE durante 2005 que según los demandantes suponían una vulneración de su derecho al honor y la propia imagen de los demandantes. En la demanda se solicita que Jiménez Losantos y la COPE cesen en la actitud denunciada, que la sentencia -en caso de ser favorable- se publique en los medios de comunicación, junto a una indemnización por daños y perjuicios que podría ir de los 30.000 a los 90.000 € (ERC lo cifra en algo menos de 60.000 €), que se destinarán a una entidad social sin ánimo de lucro.
En el auto que admite la demanda, el juez da traslado al fiscal y a los demandados para que comparezcan en plazo de 20 días, ya que en caso contrario se les declarará en situación de rebeldía procesal. Tras este paso se iniciará el proceso por la vía del juicio ordinario
7. GALICIA: BALTAR DEJA SOLO AL ALCALDE DE OURENSE (PP) ANTE LAS ACUSACIONES DEL SECRETARIO MUNICIPAL
La Policía Local de Ourense impidió la entrada en su despacho al secretario del Concello, Mariano Rodríguez. Los agentes cumplían así una orden del grupo de gobierno, que un día antes decidió suspenderlo de empleo y sueldo por unas declaraciones en las que responsabilizaba al alcalde, Manuel Cabezas, de los "pelotazos urbanísticos" que, según el funcionario, se han producido en la capital ourensana durante los tres mandatos del regidor. El técnico llegó a manifestar que disponía de documentos inculpatorios contra Cabezas que lo obligarían a "irse para casa o a la cárcel".
Ante tales imputaciones, el presidente de la corporación ourensana decidió defenderse en los tribunales presentando una querella por injurias y calumnias unas horas después de que Mariano Rodríguez hiciese públicas sus declaraciones, pidiendo además al fiscal que abra una investigación para depurar responsabilidades.
Este asunto superó la vertiente administrativa y judicial para adentrarse en el terreno político al constatarse una nueva crisis en el Concello de Ourense, gobernado por el PP, tan sólo cuatro meses después de que se difundiesen varias informaciones que cuestionaban el origen del patrimonio personal de Manuel Cabezas.
Como ya ocurrió en aquel momento, el alcalde se sigue resguardando en la lealtad que le profesan buena parte de los catorce concejales que lo acompañan en el gobierno municipal. Así, aprovechando una comparecencia pública en la que explicó los proyectos municipales para este año, señaló que se sentía "respaldado por todo el grupo de gobierno", sin ser más explícito y sin incluir entre las adhesiones las que le pudieran venir de la dirección del PP.
Mientras Cabezas hacía estas declaraciones, el presidente provincial del partido, José Luis Baltar no hizo un pronunciamiento firme para ponerse al lado del alcalde en su enfrentamiento con el secretario. Baltar prefiere que la Justicia tome una decisión. El presidente del PP se inclina a pensar que los acuerdos que se toman en el Concello de Ourense "son todos legales", aunque le llama la atención la contundencia de las acusaciones que hace el secretario municipal.
8. GALICIA: EL ALCALDE DE TABOADA VUELVE A LA AUDIENCIA PARA SER JUZGADO POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES
El alcalde de Taboada, José Jesús Ramos Ledo; el ex secretario de la corporación, Miguel Ángel Rigueira Estévez y un funcionario, José Manuel Fernández López volverán a la Audiencia Provincial de Lugo para ser juzgados por presuntos delitos de falsedad documental. El regidor, además, está imputado por un supuesto delito contra los derechos individuales. Para Ramos Ledo, el fiscal solicitará nueve años de prisión y diez para el funcionario.
El juicio comenzó el pasado mes de septiembre, pero tuvo que ser suspendido en medio de una fuerte polémica. El fiscal solicitó a uno de los magistrados que formaba parte del tribunal, Óscar Soto Loureiro, que se abstuviese de intervenir, al considerar que estaba vinculado al regidor y también al grupo al que pertenece éste. El juez no accedió a la pretensión del fiscal y éste acabó presentando una recusación que finalmente atendió la Audiencia Provincial.
En primer lugar, el alcalde está acusado de no haber proporcionado información sobre la actividad municipal al concejal socialista José Manuel Dono Pacín. Los hechos se remontan al año 2000. Considera el fiscal que Ramos Ledo, "con un afán de entorpecer el ejercicio de la función de la oposición" se negó a entregar la documentación y también a convocar plenos.
El fiscal acusa al alcalde de haber ordenado al secretario que ocultarse la existencia de una cuenta corriente a donde se habían transferido la mayor parte de los fondos provenientes de un préstamo. La vista está anunciada para las diez y media en la Audiencia. Están citados por el fiscal numerosos testigos.
9. ANDALUCÍA: EL AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ ACUMULA UNA DEUDA DE 61 MILLONES €
El Ayuntamiento de Cádiz, gobernado por el PP, soporta una deuda de 61.885.486 €, según detalla un informe financiero elaborado por la Intervención municipal. Las previsiones contables del interventor advierten de que esta deuda aumentará este año y rozará los 72 millones € a finales de 2006. Para erradicar esta delicada situación económica, este órgano "obliga" al equipo de gobierno, que preside la alcaldesa Teófila Martínez, a "revisar" el actual Plan de Saneamiento. Sin embargo, la regidora popular ha desoído esta recomendación y aprobará los presupuestos para 2006.
La corporación local gaditana celebrará a las 9.00 horas el pleno extraordinario en el que el PP se valdrá de su mayoría absoluta para aprobar un presupuesto para 2006 de 145 millones de €, 15 millones más que en 2005. Con los gastos e inversiones de las empresas municipales, las partidas alcanzarán un montante global de 186 millones. 32 millones serán destinados al capítulo de inversión directa, que es la cifra más baja de todas las capitales de provincia de Andalucía. Esta es una de las razones por las que el PSOE votará en contra, e IU se abstendrá.
En el análisis económico y financiero del presupuesto de 2006, la Intervención detalla que lar arcas locales arrastran una deuda a largo plazo de más de 48 millones por créditos a entidades bancarias. A esta cantidad, hay que sumar los 13 millones y medio de operaciones de tesorería a corto plazo. En total, casi 62 millones de €. Además, los cálculos para 2006 no son nada halagüeños: la deuda aumentará este año en casi 10 millones.
Así las cosas, el interventor insta al gobierno local, del PP, a revisar el Plan de Saneamiento. "En buena lógica (...) se le obliga a la corporación a lo largo de 2006 (...) a revisar el último plan de saneamiento actualizando los datos de las liquidaciones de los últimos años, dado que en el proyecto de Presupuestos (...) no se contempla ninguna medida que origine el superávit necesario para absorber el remanente negativo de tesorería", detalla la Intervención, que aporta otra razón: "Volver en un horizonte que será necesario fijar en el nuevo Plan a la senda del equilibrio presupuestario y financiero, es decir, a la obtención del ahorro neto positivo".
El PP no revisará el Plan porque, según el teniente alcalde de Hacienda, José Blas Fernández, el Ayuntamiento creó hace dos años un órgano de control interno "que desarrolla prácticamente las mismas funciones que el plan que se recomienda".
10. ANDALUCÍA: TENSIONES EN EL PP DE JAÉN POR LA DESIGNACIÓN DEL ALCALDE
El alcalde de Jaén, Miguel Sánchez de Alcázar, y el presidente provincial del PP y concejal, José Enrique Fernández de Moya, han reabierto su particular pugna por ser el candidato popular en las elecciones municipales de 2007. Los dos, que se han mostrado a "disposición del partido", mantienen un pulso desde el último congreso provincial, y no parece que el mismo vaya a cesar sin la mediación del presidente regional, Javier Arenas. Fernández de Moya le apremió para que tome una decisión final. Sánchez de Alcázar defiende una y otra vez el hecho de haber ganado de manera consecutiva dos elecciones por mayoría absoluta. Fernández de Moya se sabe con todo el poder orgánico tras su aplastante victoria en el último congreso provincial y deja la última palabra en el "entrenador" del equipo, en alusión al presidente regional, Javier Arenas. Cuando se le requirió si ha recibido ya el apoyo expreso de Arenas para ser el candidato electoral espetó: "Es una buena pregunta para hacérsela a él [Arenas iba a visitar Jaén]".
De Moya no sólo ha evitado cualquier apoyo explícito a la gestión de Sánchez de Alcázar, sino que ha alimentado el debate sobre su elección como candidato. Así se demostró el mes pasado cuando un periódico local publicó una encuesta sobre valoración de posibles candidatos en la que Fernández de Moya aparecía como el alcaldable del PP, hipótesis que él no zanjó. "Soy una persona de partido y el entrenador decidirá el mejor candidato".
11. ANDALUCÍA: UNA JUEZ INVESTIGA LA RELACIÓN DEL ALCALDE DE PUNTA UMBRÍA (PP) Y EL 'CASO CAMAS'
El juzgado de Instrucción número 3 de Huelva ha determinado en un auto la apertura de una investigación para esclarecer la presunta vinculación del alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, del PP, en la trama de corrupción urbanística del caso Camas (Sevilla), a raíz de la denuncia que en octubre pasado presentó Los Verdes. La juez del caso, María Luisa Claro, establece en el auto que de los hechos se presume "una posible existencia de una infracción criminal".
La investigación se va a centrar en esclarecer la reunión mantenida en un hotel de Punta Umbría el 21 de enero de 2005 por dirigentes y concejales del PP de Huelva y de Sevilla, y en la que estuvo presente el alcalde. En ese encuentro los dirigentes populares trataron presuntamente de comprar el voto de la ex concejal popular de Camas, Inmaculada Larrinaga, para convencerla de que no apoyara la moción de censura contra el alcalde de esa localidad sevillana, Agustín Pavón (IU). El conocimiento de esa reunión constituyó el contenido de la denuncia de Los Verdes.
La juez argumenta que aunque "no están determinadas la naturaleza y circunstancias" de lo que la organización conservacionista considera "trama urbanística", ni tampoco "las personas que en ella han intervenido, es procedente instruir diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y en su caso, el procedimiento aplicable".
Las pesquisas irán encaminadas a aclarar las circunstancias que rodean a la presunta vinculación de Punta Umbría en el caso Camas y los protagonistas que han intervenido en esa supuesta trama. La voluntad de la magistrada es en un primer momento llamar a declarar a las personas que asistieron a la reunión celebrada en Punta Umbría, que según la denuncia de Los Verdes, son José Carlos Hernández Cansino, la alcaldesa de Olivares, María Victoria Fraile (PP), y el concejal de Castilleja de Guzmán (Sevilla) Aureliano Lucas (PP). En la denuncia, Los Verdes dijeron que los populares ofrecieron a Larrinaga un chalé.
12. MADRID: EL PP PACTA CON UNA TRÁNSFUGA ECHAR A LA ALCALDESA DE CHINCHÓN
Responsables del PP presentaron en el registro del Ayuntamiento, junto a una representante del Partido Independiente de Chinchón, un escrito en el que ambos grupos municipales solicitaban la celebración de un pleno extraordinario para presentar una moción de censura contra la alcaldesa socialista de Chinchón, Encarnación Moya. El PP ha justificado la presentación de la moción ante la "ingobernabilidad" del municipio, el "descontento" de los vecinos y por ser la lista más votada en las últimas elecciones. Por su parte, el PSOE asegura que tras la moción existe una reacción a la "desesperada" del PP "ante las encuestas negativas para el partido con vistas a las próximas elecciones, además de motivos urbanísticos". Si la moción definitivamente prosperara, dentro de 10 días la nueva alcaldesa del municipio sería Luisa Fernández, actual portavoz popular.
El municipio pasó a manos socialistas en las últimas elecciones municipales, después de que el PSOE pactara con los independientes de Chinchón. El PP obtuvo cinco concejales, el PSOE, cuatro, y el Partido Independiente de Chinchón, dos. El PSOE pactó un acuerdo de gobernabilidad con los independientes. Pero ahora una concejal de estos últimos, Isabel Montes, que apoyó en su momento al PSOE para que obtuviera la alcaldía, ha decidido respaldar al PP.
La independiente Isabel Montes fue expulsada de su partido y calificada de "tránsfuga" por sus ex compañeros si apoyaba la moción. La portavoz socialista de la Ejecutiva regional del PSM, Ruth Porta, afirmó por la tarde que el PP y la concejal independiente Isabel Montes impidieron, en el pleno del pasado 9 de noviembre, que Chinchón recuperara unos terrenos de la empresa SOS Cuétara "para construir, entre otras, viviendas protegidas". El Ayuntamiento pretendía recuperar los terrenos, que fueron adquiridos en su día por la empresa para instalarse en Chinchón, y que después fueron abandonados tras instalarse definitivamente en Villarejo de Salvanés. Con el acuerdo, Chinchón recuperaría 19.400 m2 más una aportación económica de 825.000 €.
Mientras, la presidenta del Gobierno regional, Esperanza Aguirre, intentó legitimar la moción de censura de Chinchón, pactada entre el PP y una concejal independiente, "porque quien ganó las elecciones en Chinchón fue el PP". Aguirre salió así al paso de las afirmaciones acusando al PP de firmar dicha moción con una tránsfuga.
13. MADRID: DESDOBLAMIENTO DE LA M-501: PARA LOS ECOLOGISTAS "EL PROYECTO ES ILEGAL Y AGUIRRE MIENTE"
Nada más conocer las intenciones del Gobierno de Esperanza Aguirre de desdoblar el trazado de la M-501, la plana mayor de los defensores de la naturaleza del Estado español han hecho sonar sus tambores. Sin la menor fisura y con una sola voz, las cinco organizaciones mayoritarias del movimiento conservacionista español se han puesto en pie de guerra contra el que aseguran que es "el mayor atentado ecológico premeditado contra la naturaleza española".
"Denunciamos que el proyecto está plagado de irregularidades y es ilegal. También que la señora Aguirre miente cuando da como excusa para el desdoblamiento la presunta peligrosidad de la M-501", explicó Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción.
"¿Por qué la zona lleva más de 10 años esperando un plan de gestión y conservación de sus recursos naturales?" preguntó Alejandro Sánchez, de la Sociedad Española de Ornitología, SEO/Birdlife. "Porque si lo hubiera, este plan prohibiría duplicar la carretera, porque se perjudica gravemente al medio natural. No lo hay porque al Gobierno no le preocupa el medio ambiente, sino hacer la carretera. Sus argumentos carecen de la menor credibilidad y lo que está diciendo es una gran mentira".
"La presidenta ha dicho que le gustaría oír la voz de Greenpeace en este tema -señaló por su parte Juan López de Uralde, presidente de la organización-, aunque ya lo hemos dicho, vuelvo a repetirlo: Greenpeace se opone a esta obra con la misma fuerza que el resto de organizaciones ecologistas españolas". López denunció las declaraciones de Aguirre sobre un dirigente de Ecologistas en Acción, que se manifestó en contra de la obra: "Señalar a un ecologista, con su nombre y dirección, como único impulsor de esta oposición es inadmisible, cuando se ha limitado a expresar el sentimiento de los cientos de miles de personas que están detrás del movimiento ecologista y que se oponen a este proyecto. Que Aguirre haga esto a alguien que simplemente ha expresado una opinión es, cuanto menos, amenazante".
Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF/Adena quiso hacer hincapié en lo que de verdad esconde este desdoblamiento: "Debería llamarse la carretera del ladrillo, porque es la puerta que va a abrir a la especulación urbanística a una de las mejores zonas de la naturaleza de Madrid y al valle del Tiétar en Avila". En su opinión, para conseguirlo Aguirre está realizando una auténtica "perversión en la tramitación de la obra, de manera que, sí le sale mal, el problema se trasladará al reino de España, que es el que tiene que rendir cuentas a Europa". Para la portavoz de Amigos de la Tierra, Liliane Spendeler, «Esto es una prueba de la relación que el Gobierno madrileño tiene con su medio ambiente y al que sólo le preocupan los intereses económicos de algunos sectores».
López Uralde advirtió: "esta declaración no es el fin de la batalla, sino el inicio de una guerra que va a durar bastante". Oberhuber concluyó señalando que "en breve plazo vamos a emprender acciones penales contra Aguirre y su Gobierno".
14. COMUNIDAD VALENCIANA: EL PP VALENCIANO BOICOTEA A ZAPATERO
Los principales empresarios valencianos tienen dos alternativas: asistir al acto de clausura de unas jornadas sobre infraestructuras presidido por Francisco Camps o estar presentes en una conferencia del presidente del Gobierno. Desde el PSPV se acusa al PP de boicotear el acto de Zapatero haciéndolo coincidir con la cita de los populares valencianos.
El Presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha "contraprogramado" la visita a la Comunidad Valenciana de José Luis Rodríguez Zapatero. Fue el pasado 17 de diciembre cuando en Consell anunció la convocatoria de su propio congreso sobre infraestructuras para este fin de semana, haciéndolo coincidir con la conferencia política de los socialistas valencianos a la que asistirá el presidente del Gobierno.
La Generalitat valenciana se ha movilizado para asegurarse el triunfo de Camps ante los empresarios y está llamando a los empresarios para recordarles la cita del domingo. Desde el PSPV se asegura que ellos por su parte han invitado a un total de 150 empresarios.
Los que asistan al acto de Camps, no podrán estar en la intervención del presidente del Gobierno. El acto de los populares, al que también asistirá el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, es a las 13 horas en el Palacio de Exposición de Valencia. Justo una hora antes, José Luis Rodríguez Zapatero habrá clausurado la conferencia del PSPV en el Palacio de Congresos. La lejanía física entre ambos puntos obliga a los empresarios a tener que elegir.
15. COMUNIDAD VALENCIANA: EL JUEZ RECHAZA EL ARCHIVO DE LA DENUNCIA AL ALCALDE DE TORREVIEJA POR SU MILLONARIA PLUSVALÍA INMOBILIARIA
El juez ha rechazado un escrito del la defensa del alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, en el que solicitaba el archivo de la causa abierta al primer edil por los supuestos delitos de tráfico de influencias e información privilegiada derivados de la compra-venta de una finca que le reportó una plusvalía de 5,2 millones de €.
El letrado del primer edil presentó un escrito en el que descartaba "cualquier tipo de conducta" delictiva en la operación inmobiliaria del alcalde y, además, minimizaba la ganancia lograda por Hernández Mateo: "No hizo [Hernández Mateo] tan buen negocio con la venta de su finca, si consideramos que año y medio después la misma sociedad que la compró, adquirió otras por la misma zona a distintos propietarios a un precio superior por metro cuadrado, pago al contado", recoge textualmente el escrito remitido al magistrado, el titular del Juzgado número 4 de Torrevieja. El letrado achacó la denuncia contra el alcalde "a un estudiado entramado mediático, con el único fin de presentar ante la opinión un clima generalizado de corrupción política".
El magistrado, a través de una providencia firmada el pasado 28 de diciembre, respondió a la defensa "que no ha lugar" al archivo de la denuncia y comunicó a esa parte su intención de proseguir la investigación. El juez imputó al alcalde de Torrevieja a instancias de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante. El titular de este departamento, Felipe Briones, observó indicios de delitos en la denuncia presentada contra Hernández Mateo por el grupo municipal de EU y pidió al juez que abriera una investigación.
Hernández Mateo compró la finca (18 hectáreas de suelo rústicos en la vecina localidad de Almoradí) en 2000 por 180.000 € y la vendió dos años más tarde por 5,4 millones de pesetas. El alcalde de Torrevieja vendió la finca al promotor Eden del Mar. Esta mercantil ha sido beneficiada con adjudicaciones urbanísticas en Torrevieja antes, durante y después de la operación inmobiliaria del alcalde. En su comparencia ante el juez, Hernández Mateo reiteró "la transparencia" de su operación y achacó su plusvalía de 5,2 millones al auge urbanístico de la Vega Baja en los últimos años.
16. COMUNIDAD VALENCIANA: EL TSJ RATIFICA LA NULIDAD DEL CONTRATO DEL EX CHÓFER DE ZAPLANA
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha confirmado la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo de Valencia que declaró nulo el contrato que la Agencia Valenciana de Turismo realizó al ex chófer del ex presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, en la residencia de invitados ilustres que la Generalitat tiene en Calp. Salvador Gil y su esposa, que también fue fichada para trabajar en el Casal d'Ifach, deberán abandonar sus puestos, pero no tendrán que devolver parte de lo cobrado desde que fueron contratados a finales de 1999 tal como pretendía la Federación de Servicios Públicos de la UGT.
El sindicato mantenía que dado que Gil y su mujer habían ocupado puestos para los que se requería una titulación superior a la que ellos poseen deberían devolver a las arcas autonómicas las retribuciones que cobraron por encima de su capacidad profesional. El alto tribunal desestima el recurso de la FSP-UGT ya que considera que de estimarse "se produciría un supuesto de enriquecimiento injusto en favor de la Agencia Valenciana de Turismo que habría sido destinataria de los servicios de Salvador Gil y su mujer sin abonarles retribución alguna". Para el tribunal "prestado el servicio surge el derecho a percibir en su integridad las retribuciones establecidas para éstos".
Sin embargo, el TSJ es claro a la hora de considerar contrario a derecho la contratación del que fue chófer y asesor del portavoz del PP en el Congreso. Así pues, sin entrar en la cuestión de sí reúnen o no los requisitos de titulación exigidos para el puesto -el chófer ocupaba un puesto de titulado superior cuando solo tenía el graduado escolar- el tribunal considera que no se respetó la ley de la Función Pública ya que no hubo convocatoria pública alguna para cubrir los puestos de trabajo sino que la contratación se hizo directamente. Al vulnerarse el principio de publicidad se impidió la aplicación del resto, dice el fallo
17. COMUNIDAD VALENCIANA: TABARES ADMITE QUE HABÍA "UN ANEXO AL CONTRATO A" DEL IVEX CON JULIO IGLESIAS
El ex director general del Instituto Valenciano de la Exportación, José María Tabares, explicó a la salida de los juzgados en Sevilla que en el contrato de Julio Iglesias con la Generalitat "se formalizaron dos documentos: un contrato y una declaración, algo muy habitual en materia de contratación". Con estas palabras, José María Tabares manifestó lo que no pudo declarar en el juzgado como imputado por un delito fiscal en el caso que se investiga sobre el pago al cantante a una cuenta en las Bahamas entre 1997 y 1999. El titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla, tenía previsto tomar declaración por exhorto del Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia al entonces director general del IVEX, pero problemas de overbooking con la línea de Iberia obligaron a suspender la declaración judicial y a aplazarla hasta el próximo lunes, ante la imposibilidad de que la abogada que representa a la acusación popular en este caso llegara a tiempo a los juzgados.
Al parecer, según explicó José María Tabares, "hay un trato formalizado en una declaración de intenciones, que luego se concreta mediante un contrato en una serie de obligaciones que se asumen y que se seguirán formalizando en las consiguientes facturas". Se trata de un procedimiento "muy habitual" en contratación. añade que uno de ellos es el "contrato que se ha dado en llamar A y el otro un anexo del primero".
Ocho diputados socialistas presentaron hace un año una querella ante los tribunales contra Eduardo Zaplana, Julio Iglesias y otros responsables políticos de la época por varios delitos en la contratación del cantante como imagen de la Comunidad Valenciana en el extranjero a través del IVEX, al considerar que existía un contrato A declarado en las Cortes por una cantidad y un contrato B que es lo que en realidad se había abonado al artista en paraísos fiscales y sin pasar por el control parlamentario. Ese contrato B, cuya existencia admite ahora Tabares, elevaba de 375 a 990 millones de pesetas libres de impuestos la remuneración del artista. El magistrado del Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia acabó estimando esta querella, inicialmente sólo contra José María Tabares como imputado y solamente por un delito fiscal en referencia a los pagos hechos en divisas a las cuentas vinculadas a Julio Iglesias en paraísos fiscales.
José María Tabares manifestó, a la salida del juzgado, que "el éxito o el fracaso del contrato de la Generalitat con Julio Iglesias no es un tema de responsabilidad contable sino política que deber valorarse en las urnas por el contribuyente". El ex director del IVEX reside en Sevilla desde que fue destituido en 1999 por los avales a un empresario belga en un contrato con Ford, caso por el que fue condenado el año pasado a cinco años de cárcel por un delito de estafa y cuya sentencia está recurrida ante el Supremo. Tabares dijo sentirse como un "chivo expiatorio de todo" y añadió que «todo ello viene dirigido de arriba. Es algo premeditado con el objeto de eludir responsabilidades». Respecto de la imputación de los querellantes en el sentido de que se habrían realizado pagos en dinero negro, Tabares fue tajante al afirmar: "Todo lo que se ha pagado está documentado en facturas. Nunca se ha pagado nada en negro, porque yo fui muy estricto en este sentido". Añadió que "todos los pagos han estado visados y supervisados por arriba y por abajo", y señaló al ex conseller de Industria, Diego Such; al director financiero y el vicepresidente del IVEX de entonces, Joaquín Barber y Joaquín Berenguer, y al subsecretario deIndustria, José Antonio Manteca.
Por último, afirmó que respecto al tema del delito fiscal, que podría haber prescrito según la jurisprudencia del Supremo más reciente, "no siempre que se hace un pago en divisas significa que deba tener una correspondiente retención fiscal". Al parecer, según la querella, la Generalitat realizó los pagos a través del IVEX al cantante Julio Iglesias en un paraíso fiscal, las islas Bahamas, y sin la correspondiente retención para la Hacienda Pública. Este es el único delito por el que el juez ha abierto la investigación.
18. COMUNIDAD VALENCIANA: TENSIÓN EN EL PP DE BENIDORM: BARCELÓ ACUSA A AMOR DE USAR MEDIOS INSTITUCIONALES PARA PROMOCIONAR SU CANDIDATURA
Ángela Barceló denunció la utilización de "malas artes" en la carrera por la presidencia del PP de Benidorm, en la que la concejala benidormense y cuñada de Eduardo Zaplana se enfrenta a la consellera de Cooperación y significada zaplanista, Gema Amor. Barceló, que ha pedido a la ejecutiva local del partido que abra una investigación, dirigió su acusación directamente a algunos concejales y diputados de Alicante que, según declaró en rueda de prensa, están haciendo uso de "medios institucionale" para apoyar a la candidatura de Amor y para "presionar a los militantes a que no acudieran a los actos convocados por la concejala benidormense".
El de Benidorm es uno de los feudos más fuertes del PP en la Comunidad Valenciana debido a su amplia militancia y la pugna por hacerse con la presidencia local, que se dirimirá el próximo 9 de febrero, ha despertado una gran expectación. No en vano en ella se enfrentan dos benidormenses muy próximas al ex presidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana: de un lado, su cuñada e hija del senador Miquel Barceló, y del otro, la consellera de Cooperación y Participación, Gema Amor, que presume abiertamente de su amistad con el ex ministro. Las diferencias entre ambas candidatas se han hecho patentes desde el primer día de esta carrera electoral en la que se han cruzado diversos reproches. El último de boca de Barceló, que acusa a Amor de utilizar recursos públicos en su campaña y reclama juego "limpio": «Igual que a mí me han prohibido usar los logotipos del Partido Popular y su sintonía, que hagan lo mismo con los que están utilizando medios públicos para coaccionar a los militantes», exigió.
Barceló se refirió igualmente a las fichas de los nuevos militantes que se están integrando en el partido. De las 58 que ella avaló entre septiembre y finales de noviembre 58, 20 no fueron admitidas por el comité provincial, "sin saber exactamente las razones", dijo. Por otra parte, preguntada por la posibilidad de llegar a una acuerdo para presentar una candidatura única, Barceló lo rechazó de plano: "Ni la he pedido, ni voy a formar parte de ella porque no me voy a integrar en una candidatura que utiliza medios que, desde mi punto de vista, no son los más adecuados", aseguró. Además, insinuó que esta llamada "tercera vía" -la de la lista única y consensuada- responde a que algunos "ahora creen que no han elegido bien a su candidato".
19. COMUNIDAD VALENCIANA: LOS GASTOS DE PERSONAL DE LAS FUNDACIONES DE LA GENERALITAT SE DUPLICAN EN DOS AÑOS
El mantenimiento de las cada vez más numerosas fundaciones públicas dependientes de la Generalitat se está convirtiendo en otro lastre para las maltrechas arcas autonómicas. Al engrosamiento del sector público -cada vez es mayor el número de empresas, entes y organismos públicos- se añade la proliferación de fundaciones cuyo aparato administrativo empieza a hacer mella en las cuentas de la Generalitat. En sólo dos años, de 2002 a 2004, el gasto en el capítulo de personal de estas entidades que en su gran mayoría se nutre de las aportaciones de la Generalitat se ha duplicado al pasar de los 5,5 millones a los 11 millones, que recoge el último informe de la Sindicatura de Comptes referido al ejercicio de 2004.
La diputada socialista Josefa Andrés, que ha hecho un seguimiento de la evolución del gasto en los años de Gobierno de Francisco Camps, denunció el crecimiento "desmesurado" del capítulo de personal. El aumento de estos gastos se debe en parte a la creación de nuevas fundaciones (en 2004 había ya 24 frente a las 17 de 2002), pero también a un mayor peso del capítulo de personal de las fundaciones. El aumento en algunos casos es significativo. Así, si en 2002 la Fundación de la Luz de las Imágenes gastó en personal 229.779 €; dos años después necesitó un 991% más, es decir, 2, 5 millones de €. El Consejo Mundial de las Artes nació con unas necesidades de personal de 12.790 € y dos años después precisa un 259% más.
El último informe de la Sindicatura de Comptes desvela también que muchas de estas fundaciones acabaron 2004 con números rojos. De las 22 entidades analizadas por el organismo fiscalizador, la mitad liquidaron el año con pérdidas. El resultado negativo alcanzó la cifra de 4, 2 millones de €. El resto finalizó el ejercicio con un excedente positivo: 3,9 millones de €.
20. COMUNIDAD VALENCIANA: HACIENDA DENUNCIA QUE VALVERDE VALIDÓ FACTURAS FALSAS DE EMPRESAS SIN CONTRATO CON TERRA MÍTICA
El departamento de contratación de Terra Mítica validó durante los ejercicios de 2000 y 2001 presuntas facturas falsas a empresas que ni siquiera tenían suscrito contrato con el parque temático de Benidorm. Así lo denuncia la Agencia Tributaria en la documentación remitida a la Fiscalía y que sustenta la denuncia presentada ante el TSJ contra el recinto y otras 16 empresas. Según fuentes conocedoras de la investigación, la documentación de Hacienda señala al área que dirigía Justo Valverde y al propio cuñado entonces del portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, como responsable "del control de las facturas emitidas por la entidad, entre las que se encuentran las presuntamente falsas cuya deducción da origen al posible delito".
La Agencia Tributaria señala la "inexistencia de contratos" con algunos de los proveedores implicados en la presunta trama organizada y afirma que del citado control sobre las facturas quedaba constancia mediante "la estampación de un sello del departamento de contratación" y "en algunas de ellas" con la firma en señal de conformidad del propio Justo Valverde. Hacienda, en su búsqueda de responsables de autorizar los pagos sostiene que durante el período en que se hace uso de las presuntas facturas falsas "es obvio que sin el conforme o visto bueno del departamento de contratación" no podía proceder al pago de las citadas facturas.
En su comparecencia como imputado en el juzgado de instrucción número 3 de Valencia, Justo Valverde, testificó que se limitaba a publicar pliegos de condiciones pero que la adjudicación de contratos no dependía de él y descargó sobre jefes de obra y otros departamentos la responsabilidad. Pero la Agencia Tributaria desvela que muchas facturas se emitieron por empresas que no tenían contrato firmado con el parque. Según se ha publicado hasta la fecha, sólo la firma de Vicente Conesa C-3 Ingeniería de la Construcción y el Medio Ambiente mantuvo -y mantiene todavía- una relación contractual definida con Terra Mítica, mientras que otras empresas que facturaron al parque -Prexint Botanics, Altos del Carrichal, Red Moreno, Desarrollo Gran Vía y Excavaciones Escoto (que sí hizo labores de desescombro como subcontratista)- facturaron trabajos que son cuestionados por Hacienda.
Valverde, al igual que hicieron el ex presidente Luis Esteban y el ex director general Miguel Navarro, descargó responsabilidades en niveles inferiores. El juez, tras las declaraciones de estos tres imputados, ha citado a testificar para el próximo 24 de enero también al ex director técnico Antonio Rincón y al ex director financiero, Miguel Izquierdo. No obstante, según fuentes conocedoras de la investigación, la documentación de la Agencia Tributaria recoge citando actas del consejo que Valverde asumió en marzo de 2001 el control sobre el departamento económico financiero, que sumó a su responsabilidad sobre el área de contratación tras la marcha de Izquierdo.
21. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: SE DERIVA A CASI CIEN PACIENTES DE CÁNCER A UNA CLÍNICA PRIVADA
Casi un centenar de enfermos navarros de cáncer fueron derivados en 2005 a la sanidad privada para recibir radioterapia por las averías que sufre el único acelerador lineal que posee el Servicio Navarro de Salud. Las interrupciones del tratamiento afectaron en conjunto a casi 200 enfermos. El Gobierno foral reconoció que en 2001 compró por 4,2 millones € a la empresa Varian Medical Systems Ibérica tres aceleradores de última generación y sus equipos complementarios, que aún no ha puesto en funcionamiento. La compra iba ligada al compromiso de la empresa de suministrarlos cuando el Gobierno navarro construyese un centro oncológico, cuyas obras comenzarán este mes en Pamplona. El Ejecutivo foral considera un plazo "normal" los cinco años que ha tardado en desarrollar el proyecto.
La consejera de Salud, María Kutz, anunció que el número de pacientes derivados a la Clínica Universitaria, propiedad del Opus Dei, crecerá notablemente en los 18 meses que va a tardar la construcción del nuevo centro. Kutz compareció ante la prensa minutos después de que el PSN criticase el "progresivo desmantelamiento" de la sanidad pública en beneficio de la privada. Salud cifró el total de pacientes tratados en la red privada en un 10% del total de usuarios de radioterapia.
22. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: EL 'CASO EGÜÉS' NO SERÁ JUZGADO POR UN JURADO
El denominado caso Egüés no será juzgado por un tribunal popular. La instrucción de la trama de corrupción urbanística en la que están procesados varios ex cargos públicos de UPN seguirá un procedimiento abreviado de diligencias previas. El titular del Juzgado de Aoiz ha revocado la decisión de su antecesora en el cargo, dictada en octubre de 2005, y ha aceptado el recurso presentado por la Fiscalía y las defensas de cuatro de los imputados. La anterior titular del Juzgado de Aoiz decidió que fuese un jurado el competente para decidir la causa tras apreciar indicios de cohecho en la actuación del ex alcalde regionalista de Egüés, Ignacio Galipienzo.
La ley del tribunal del Jurado reconoce las competencias del tribunal para juzgar el cohecho. No obstante, el juez actual, que sustituyó a la magistrada a finales de 2005, matiza que en el proceso se están imputando al mismo tiempo varios presuntos delitos de prevaricación y, tras analizar sus circunstancias, concluye que el jurado "en ningún caso" puede juzgar por conexión el delito de prevaricación, con lo que queda excluida expresamente la posibilidad de seguir el procedimiento del jurado.
El juez debe ahora concretar las acusaciones contra los imputados, un total de diez personas, entre las que se encuentran el ex alcalde de UPN en Egüés, Ignacio Galipienzo, y su esposa, Eva Iglesias; el ex director general de Industria del Gobierno navarro, Emilio Izquierdo; la arquitecta municipal de Egüés y el gerente del consistorio, así como diversos empresarios inmobiliarios que participaron en la compraventa de un solar escolar con la pretensión de edificar un apartotel. De momento el juzgado ha decidido continuar la instrucción contra todos ellos, sin perjuicio de que en el momento en que se acabe la instrucción decida qué personas continúan o no imputadas.
El juzgado considera que UPN y Aralar podrán personarse en la causa como acusaciones populares tras presentar las oportunas querellas. El juzgado aceptó en diciembre la personación en la causa del Ayuntamiento del valle de Egüés como acusación particular al haber resultado perjudicado por las actuaciones investigadas en la causa.
23. ISLAS CANARIAS: LAS ENCENDIDAS HOMILÍAS DEL PRESIDENTE DEL CABILDO
El presidente del Cabildo canario, José Manuel Soria ha vuelto a las andadas. Apenas dos semanas después de comparar a Zapatero con Tejero, dice que "en España se está intentando imponer un cambio de régimen por una vía que en mi opinión es extra-constitucional y antidemocrática".
Lo dijo en los micrófonos de una cadena de radio. Tras referirse al golpe militar de Tejero como "lo más grave que ha sucedido en la democracia en España en estos últimos 25 años", José Manuel Soria ha recalcado que "hay otra forma de cargarse la democracia, como por ejemplo el intentar hacer una ley para taparle la boca a los periodistas si discrepan con el Gobierno".
No es la primera vez que hace declaraciones en este sentido. El día anterior, en un artículo titulado Una comparación odiosa que publicado en cuatro periódicos canarios, se vanaglorió de otras polémicas declaraciones suyas del pasado 22 de diciembre en las que aseguró que Zapatero "pasará a la historia como lo peor que le ha ocurrido a España, después de Tejero".
"A pesar de las invectivas que esa opinión me ha costado entre adversarios políticos y comentaristas, me sigue pareciendo una comparación pertinente y nada odiosa, excepto, claro está, para quien se sienta aludido por ella, un malestar subjetivo que la sabiduría popular ilustra con una imagen insuperable: 'Quien se pica, es porque ajos come'" se defendió el domingo a través de la prensa canaria.
Soria se ha convertido en columnista habitual de los domingos. La oposición llama a este artículo semanal la homilía y considera que es el pago que se le hace por dedicar 6 millones de € a publicidad institucional del Cabildo. En su última homilía justificó las palabras del general Mena, "un brillante militar con una impecable hoja de servicios". Tras asegurar que un militar no está facultado para hacer una evaluación política del Estatut, explica que en realidad lo que ha hecho es "recordar que la Constitución está en vigor y tiene sus propios mecanismos para garantizar la libertad y la igualdad de los españoles", y alude a la tesis del Grupo de Estudios Estratégicos de que "A nadie se le escapa que las palabras del teniente general son muy representativas del sentir de la gran mayoría de nuestros jefes y oficiales".
Soria sostiene que hay "elementos juciosos" para establecer una analogía entre Zapatero y Tejero. Según él, la comparación entre ambos está justificada por las "prácticas genuinamente despóticas" del presidente entre ellas, "la persecución a medios de comunicación, la intervención gubernamental en el Poder Judicial, o la dirección política de la OPA sobre Endesa".
