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ÍNDICE

1. NO HABRÁ NI VENCEDORES NI VENCIDOS", DECÍA EL GOBIERNO DE AZNAR EN 1998 (21/02/06)

2. LAS BASES DEL PP: "¡VUELVE, AZNAR, VUELVE CON NOSOTROS!" (18/02/06)

3. AZNAR, INVESTIGADO POR APOYAR A UN CANDIDATO PRESIDENCIAL EN MÉXICO

4. CATALUÑA: EL RECHAZO DE LOS CATALANES AL PP SUBE AL 85,7%  (18/02/06)

5. CATALUÑA: ASOCIACIONES DE JURISTAS ACUSAN AL PP DE AGREDIR AL ESTADO DE DERECHO (22/02/06)

6. ANDALUCÍA: EL PP SE ECHA AL MONTE Y ARENAS ALIENTA A LA MOVILIZACIÓN CALLEJERA (20/02/06)

7. MADRID: EL CONSEJO DE ESTADO DESAUTORIZA EL PLAN DE AGUIRRE DE CONSTRUIR CARRETERAS QUE SON COMPETENCIA DEL ESTADO (23/02/06)

8. MADRID: AGUIRRE DESAFÍA A SANIDAD CON UN REGLAMENTO QUE PERMITE FUMAR EN BARES DE CENTROS DE TRABAJO (23/02/06)

9. MADRID: TELEMADRID ENCARGA UNA SERIE DE REPORTAJES POLÍTICOS A 'EL MUNDO'  (18/02/06)

10. COMUNIDAD VALENCIANA: LOS ZAPLANISTAS EXHIBEN SU FUERZA EN ALICANTE PARA OBLIGAR A CAMPS A NEGOCIAR LAS CANDIDATURAS  (18/02/06)

11. COMUNIDAD VALENCIANA: UNA MULTINACIONAL DEMANDA A UNA DE LAS EMPRESAS INVESTIGADAS POR EL CASO FABRA  (20/02/06)

12. COMUNIDAD VALENCIANA: EL PP INTENTA CONVENCER A CARLOS FABRA PARA QUE NO REPITA EN LA CANDIDATURA DE CASTELLÓN  (19/02/06)

13. COMUNIDAD VALENCIANA: ALGO HUELE A PODRIDO EN LOS JUZGADOS DE CASTELLÓN: EL TERCER FISCAL Y LA SÉPTIMA JUEZA QUE INTERVIENEN EN EL 'CASO FABRA' TAMBIÉN SE MARCHAN (23/02/06)

14. COMUNIDAD VALENCIANA: HACIENDA RECLAMA A TERRA MÍTICA LOS CRÉDITOS IMPAGADOS QUE LE DIO EL GOBIERNO DE AZNAR (19/02/06)

15. COMUNIDAD VALENCIANA: ALGÚN INTERÉS TENDRÁN: ASTARLOA (PP) CONSIDERA "ESTUPENDA" LA PROPUESTA DE ALCALDES DEL PP DE CONTRATAR SEGURIDAD PRIVADA (21/02/06)

16. COMUNIDAD VALENCIANA: EL FISCAL PIDE AL JUEZ QUE INVESTIGUE LAS CUENTAS DEL ALCALDE DE TORREVIEJA (PP)  (22/02/06)

17. ISLAS BALEARES: MATUTES MÁXIMO BENEFICIARIO DE LA AUTOVÍA DE IBIZA  (19/02/06)

18. ISLAS BALEARES: EL GOBIERNO BALEAR DEL PP PAGÓ A URDANGARIN 100.000 € PARA MONTAR EL GABINETE DE PRENSA  (18/02/06)

19. ISLAS CANARIAS: LA 'TRAMA EÓLICA' INVOLUCRA A ALTOS CARGOS DEL PP (20/02/06)

20. CASTILLA Y LEÓN: EL ALCALDE DE SALAMANCA (PP) ACUSADO DE OFRECER EL PADRÓN PARA ENVIAR 9.000 ANÓNIMOS (23/02/06)

21. CASTILLA Y LEÓN. DIMITE LA ALCALDESA DE CEBREROS (PP) TRAS UNA ACUSACIÓN DE IRREGULARIDADES URBANÍSTICAS (22/02/06)

22. CASTILLA–LA MANCHA: EL PP PIDE A BARREDA QUE DEFIENDA A LOS CASTELLANO-MANCHEGOS QUE VIVEN EN CATALUÑA (22/02/06)

23. REGIÓN DE MURCIA: MURCIA RECALIFICA SUELO A LA COOPERATIVA VINCULADA A SU CONCEJAL DE URBANISMO DEL PP (21/02/06)

24. REGIÓN DE MURCIA: TORRE PACHECO (PP) RECALIFICA GRAN PARTE DE SU TERRITORIO EN EL AVANCE DEL PGOU (24/02/06)


1. NO HABRÁ NI VENCEDORES NI VENCIDOS", DECÍA EL GOBIERNO DE AZNAR (21/02/06)

El entonces secretario de Estado para la Seguridad, Ricardo Martí Fluxá, reconocía en noviembre de 1997 que el conflicto vasco terminará "sin vencedores ni vencidos". El número dos de Interior bajo el Gobierno de Aznar, también hablaba de que el proceso hasta la "rendición total" de ETA sería "largo" aunque reconocía que estaban en el "buen camino".

Las palabras de Fluxá coinciden con las de la actual vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien aseguraba el viernes que el fin del terrorismo "no debe plantearse en los términos" de vencedores ni vencidos. También coincididen con la última resolución aprobada por el Parlamento Vasco en la que se insta al Gobierno de Ibarretxe a lograr "una paz sin vencedores ni vencidos".

Apenas dos años después de que Martí Fluxá asegurara que no habría "ni vencedores ni vencidos", fue designado por Aznar como uno de los interlocutores del Gobierno con la banda terrorista en Zúrich (Suiza) en mayo de 1999. Además de Fluxà, en la delegación gubernamental estaban el secretario general de la Presidencia, Javier Zarzalejos, y el asesor personal de Aznar, Pedro Arriola. Los tres se habían reunido cinco meses antes con una delegación de HB encabezada por Arnaldo Otegi. Estos encuentros habían sido autorizados expresamente por Aznar, quien el 3 de noviembre de 1998 asumió en persona el liderazgo de los contactos con ETA.

Entonces, el principal partido de la oposición era el PSOE y su portavoz, Joaquín Almunia, lo único que reprochó al Gobierno fue que hubiera iniciado los contactos sin haberles informado previamente. A pesar de ello, el ex ministro socialista Enrique Múgica habló de la necesidad de abrir contactos con los terroristas. "Lo lógico es que el Gobierno conozca si ETA tiene voluntad de abandonar definitivamente la violencia, aseguró. Múgica fue nombrado por Aznar Defensor del Pueblo, cargo en el que continúa en la actualidad. El político se ha convertido ahora en una de las voces más críticas en relación al diálogo con ETA y llegó a hablar de que sí habría "vencedores y vencidos" en la lucha contra el terrorismo.

Pese a que ahora Aznar predica el no rotundo a dialogar con los terroristas, sean del signo que sean, en 1999 mantenía postulados bien diferentes. De hecho, el 12 de enero de ese año el entonces presidente se quejaba de que "ETA aún no haya designado interlocutores". Su lamento se producía un día después de que los terroristas exigieran el pago del impuesto revolucionario a 40 empresarios del País Vasco. Días después, el 17 de enero, anunció la intención del Gobierno de dialogar con ETA antes del mes de junio.

Aznar dijo entonces que sabría ser "generoso" con los terroristas. Nunca se llegó a saber en qué consistía esa generosidad porque en noviembre de 1999 ETA anunció que rompía la tregua e inició una campaña de asesinatos. Desde entonces han muerto 21 personas en diferentes atentados, aunque ya han transcurrido casi tres años sin que los terroristas hayan vuelto a matar.

El PP es en estos momentos el partido del no. Asimismo toda la cúpula popular anunciaba su presencia destacada en la manifestación del sábado en Madrid de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de José Alcaraz. Allí estarán el líder del PP, Mariano Rajoy y el secretario general, Ángel Acebes, para expresar su oposición a la negociación con ETA bajo el lema "Por ellos, por todos, en mi nombre no". En la concentración también participará el ex presidente del Gobierno, José María Aznar.

2. LAS BASES DEL PP: "¡VUELVE, AZNAR, VUELVE CON NOSOTROS!" (18/02/06)

¡Vuelve", vuelve con nosotros!". Éstos fueron los gritos que pudo escuchar el ex presidente mientras firmaba, en Madrid, a favor del referéndum sobre el Estatut de Cataluña. Aznar estuvo acompañado Esperanza Aguirre, y por el secretario general del PP, Ángel Acebes, que aprovechó para exigirle a Zapatero que le diga claramente a ETA que "no va a pagar el precio político de la autodeterminación".

José María Aznar se acercó a firmar a favor de la celebración de un referéndum sobre la reforma del Estatut. Fue en la calle Princesa de Madrid, donde el ex presidente fue recibido con gritos y aplausos de sus seguidores que le pidieron que regrese: "¡Vuelve, Aznar, vuelve con nosotros!".

Ángel Acebes ha aprovechado para explicar que la campaña de recogida de firmas, iniciada hace tres semanas, lleva ya recogidas 1.665.000 adhesiones, tanto en las mesas como por Internet. Sobre el hipotético proceso de paz, Acebes ha explicado que no puede haber una paz "falsa", de "claudicación". Y le ha exigido Zapatero que le diga a ETA "que no hay precio político porque dejen de matar".

3. AZNAR, INVESTIGADO POR APOYAR A UN CANDIDATO PRESIDENCIAL EN MÉXICO

El ministerio del Interior de México está investigando a Aznar por una posible violación de las leyes del país. El ex presidente apoyó durante un acto al candidato presidencial del PAN, Felipe Calderón. Las leyes mexicanas prohíben expresamente a los extranjeros inmiscuirse en los asuntos internos del país. Existen precedentes de expulsión de foráneos por expresar su apoyo a los zapatistas del subcomandante Marcos.

La prensa mexicana se hacía eco de esta noticia. El ministro de Gobernación (equivalente al de Interior en España) está estudiando la posibilidad de citar al ex presidente Aznar para "indicarle que la ley mexicana […] no permite a los extranjeros hacer declaraciones como las suyas". Durante un acto, celebrado en la localidad mexicana de Monterrey, José María Aznar pidió a los mexicanos que votaran en las elecciones presidenciales del próximo 2 de julio por Felipe Calderón, candidato del Partido de Acción Nacional (PAN) al que también pertenece el presidente de México, Vicente Fox.

La ley mexicana es muy estricta sobre la participación de extranjeros en los asuntos políticos del país. De hecho existen precedentes, no muy lejanos, de expulsión por intervenir en actos de apoyo a favor de los zapatistas del subcomadnante Marcos. El izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), criticó duramente las palabras de Aznar: "Es legítimo que la derecha respalde a la derecha, pero es ilegal que un extranjero haga política interna en México".

4. CATALUÑA: EL RECHAZO DE LOS CATALANES AL PP SUBE AL 85,7%  (18/02/06)

El Partido Popular está alcanzado cotas de impopularidad nunca vistas en Cataluña. Así lo apunta la última encuesta del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, hecha pública, según la cual el 85,7% de los catalanes se sienten distantes o muy distantes del partido conservador. Este porcentaje de rechazo es 7,5 puntos superior al registrado hace tres meses por otra encuesta de la Generalitat y 19 puntos más alto que el atribuido por un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas centrado en Cataluña y realizado en el año 2000. La encuesta fue efectuada entre el 19 y el 23 de diciembre, antes de la última ofensiva anticatalana del PP, que se ha traducido en la recogida de firmas y la emisión de anuncios contra la reforma de Estatuto que se tramita en el Congreso.

A partir de 1.000 entrevistas, el sondeo atribuye al PP un nivel de rechazo muy superior al de cualquier otro partido político en Cataluña. A gran distancia de los populares se sitúa Esquerra Republicana (ERC), con el 57% de los encuestados que se declaran distantes o muy distantes de su política. Le siguen Iniciativa per Catalunya (54,8%), Convergència i Unió (54,2%) y el Partit dels Socialistes de Catalunya (41,5%). Por el contrario, sólo el 1,9% de los catalanes declaran sentirse muy próximos al PP, porcentaje que era del 3,5% en la oleada de noviembre. En general, todos los partidos pierden apoyos por parte de quienes en anteriores encuestas se declaraban "muy próximos" a sus políticas. En cambio, quienes sólo se definían "próximos" a un partido, ahora incrementan su fidelidad. El PP es la única excepción, pues también pierde un punto en este apartado.

5. CATALUÑA: ASOCIACIONES DE JURISTAS ACUSAN AL PP DE AGREDIR AL ESTADO DE DERECHO (22/02/06)

Diversas asociaciones de juristas de Cataluña de talante progresista emitieron un manifiesto en el que censuran con dureza lo que consideran una "constante agresión a las instituciones básicas del Estado de derecho" por parte del Partido Popular. "La manipulación y la mentira, presididas por el interés partidista, han llevado a superar todos los límites, con el objetivo de trasladar a la población mensajes desestabilizadores que fomentan las tensiones y el odio", aseguran los firmantes.

Entre los más representativos figuran la sección de Cataluña de Jueces para la Democracia, la Unión Progresista de Fiscales, la Asociación Catalana de Juristas Demócratas, el Instituto de Derechos Humanos, el Grupo de Estudios de Política Criminal y el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona. Los firmantes recuerdan que, en la excarcelación de terroristas por el Código Penal de 1973 "se quiere hacer creer que hay una aplicación desviada del derecho, donde sólo hay un respeto al principio de legalidad". El vigente código, que no votó el PP, prevé cumplimiento íntegro de condenas de hasta 30 años y de 40 con la reforma de 2003.

También se asegura que Ángel Acebes, secretario general del PP, "critica cínicamente y sin pudor" la interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo de la acumulación de condenas en casos de terrorismo para deprestigiar a la fiscalía. Del mismo modo se considera que los populares realizan una "utilización descarada del terrorismo con finalidades electoralistas, además de manipular el sufrimiento de las víctimas".

6. ANDALUCÍA: EL PP SE ECHA AL MONTE Y ARENAS ALIENTA A LA MOVILIZACIÓN CALLEJERA (20/02/06)

El presidente del PP en Andalucía, Javier Arenas, alentó a la movilización social en las instituciones y en la calle frente a lo que consideró situación "muy grave" del modelo de Estado autonómico y para evitar que Andalucía sea una autonomía "de segunda", que dijo es lo que pretenden el presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, y de la Junta, Manuel Chaves. Ante unos 4.000 simpatizantes - 50.000 según el PP-, Arenas incluyó en su lista de reproches a Chaves que "ha dejado de defender el derecho a hablar en nuestra lengua materna, el español".

En un acto convocado en Málaga bajo el lema "Por una Andalucía de primera en la España constitucional", Arenas dibujó un panorama apocalíptico por el desarrollo de un estado autonómico que consideró desigual y asimétrico, o por la situación de riesgo que dijo viven algunos derechos fundamentales entre los que citó el uso del castellano e incluso el de la libertad de expresión.

Describió la actual situación política como "un momento especialmente grave de nuestra historia", frente a la que dijo no basta la oposición del PP en las instituciones, por lo que reclamó también la movilización social "pueblo a pueblo, casa a casa, puerta a puerta, persona a persona", para por ejemplo defender un derecho tan "esencial" como el de "ser escuchado", para que España "siga existiendo como nación".

En relación al desarrollo del Estado autonómico, dijo que la situación actual es "mucho más grave que aquel 28 de febrero cuando algunos quisieron que Andalucía accediera a la autonomía por la vía lenta del artículo 143 y ganamos la simetría y la vía rápida en la calle". La referencia genérica a esos "algunos" resulta chocante, pues el PP, entonces Alianza Popular, se opuso a que Andalucía accediera a la autonomía por la vía rápida en el referéndum del 28 de febrero de 1980. Ahora, según Arenas, hay una involución y "Zapatero y Chaves han decidido que tiene que haber comunidades de primera, y que Andalucía sea una comunidad de segunda". Frente a ello, proclamó la rebeldía del PP: "No queremos resignarnos, queremos ser los primeros de España y de Europa".

El rechazo a la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña estuvo latente a lo largo de todo el acto, desde la inicial lectura de 26 artículos de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de Andalucía por parte de otros tantos dirigentes populares, hasta el hilo argumental del discurso de Arenas, pero nunca fue citado expresamente. "Rechazamos los acuerdos oscuros promovidos por Zapatero y que desgraciadamente tienen el consentimiento de Manuel Chaves", dijo Arenas.

7. MADRID: EL CONSEJO DE ESTADO DESAUTORIZA EL PLAN DE AGUIRRE AL CONSTRUIR CARRETERAS QUE CON COMPETENCIA DEL ESTADO (23/02/06)

El Consejo de Estado dará la razón al Ejecutivo central en la polémica que mantiene con el Gobierno de la Comunidad de Madrid y fallará que la competencia para construir el cierre norte de la M-50 y la R-1 es del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El Ministerio de Administraciones Públicas, que preside Jordi Sevilla, presentó hace algunas semanas una petición para que el Consejo de Estado emitiera un dictamen, tras la decisión del Consejo de Ministros de plantear conflicto de competencias después de que la Consejería de Transportes pusiera en marcha el procedimiento burocrático para iniciar la construcción de estas dos carreteras. El Gobierno regional aprobó la convocatoria de los concursos de consultoría y asistencia del anteproyecto para realizar estas obras. Posteriormente, el Consejo de Gobierno adjudicó la redacción del proyecto, que actualmente está en fase de redacción. El objetivo era que las máquinas pudieran entrar a trabajar en el verano.

El Consejo de Estado contestará a Administración Territorial que existen fundamentos jurídicos para mantener el requerimiento. Los dictámenes de este órgano no son vinculantes, pero el Gobierno central y los autonómicos suelen hacer caso a las resoluciones de esta institución del Estado. Además de los cargos elegidos por los órganos democráticos, sus letrados y abogados están considerados como los más prestigiosos de España.

Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha dicho en varias ocasiones que haría la R-1 y la M-50 aunque lo trate de impedir el Gobierno de España. "En 25 años de Estado de las Autonomías, jamás se ha enviado un requerimiento a una comunidad autónoma por hacer una carretera que transite exclusivamente por su territorio y que se vaya a sufragar con fondos de los madrileños", ha explicado en varias ocasiones.

8. MADRID: AGUIRRE DESAFÍA A SANIDAD CON UN REGLAMENTO QUE PERMITE FUMAR EN BARES DE CENTROS DE TRABAJO (23/02/06)

El Gobierno de Esperanza Aguirre ha acordado remitir al Consejo Económico y Social (CES) el reglamento que desarrolla la ley estatal de medidas sanitarias frente al tabaquismo, según el cual estará permitido fumar en los bares y cafeterías de los centros de trabajo que tengan más de 100 metros cuadrados. No obstante, las cafeterías de centros sanitarios y educativos quedan excluidas de este supuesto y deberán estar libres de humos. La Ley Antitabaco del Ministerio de Sanidad establece la prohibición total de fumar en los centros de trabajo. Tras el informe del CES, el texto regional se remitirá al Consejo de Estado, aunque ninguno de los dos dictámenes será vinculante.

El reglamento del Gobierno regional establece, además, que dentro de los centros de trabajo se podrá fumar en las "unidades no productivas" cuando con carácter excepcional alberguen "actos sociales, protocolarios y celebraciones". Ahora bien, cuando estos espacios tengan más de cien metros cuadrados, la zona de fumadores deberá estar debidamente separada. En este sentido, el reglamento madrileño obliga a diferenciar las zonas de fumadores de las de no fumadores mediante "separaciones físicas no estancas" que eviten que los humos y olores del tabaco perjudiquen a los no fumadores.

Asimismo, el texto permite fumar en aquellos lugares de edificios que no estén cerrados, cubiertos ni techados, tales como balcones, patios y terrazas, incluso en centros de trabajo. Cuando se trate de establecimientos que tengan salas con más de un uso hostelero (por ejemplo, hoteles que disponen de restaurante, cafetería, discoteca, etc.), la Comunidad de Madrid plantea que si las superficies útiles son inferiores a 100 m2, los responsables de esos locales podrán decidir, de acuerdo con la ley estatal, si dejan fumar. Además, en los reservados o zonas aisladas de los establecimientos que se puedan reservar con exclusividad, por ejemplo, para bodas, bautizos y comuniones, el cliente podrá decidir si deja fumar o no.

Así lo ha explicado el consejero de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno regional. Lamela ha asegurado que ese reglamento, que entra en colisión con la Ley Antitabaco del Ministerio de Sanidad y Consumo, que contempla la prohibición total de fumar en los centros de trabajo, "no es inconstitucional ni ilegal" y que palía la "falta de concreción y la inseguridad jurídica" de algunos artículos de la norma estatal.

9. MADRID: TELEMADRID ENCARGA UNA SERIE DE REPORTAJES POLÍTICOS A 'EL MUNDO'  (18/02/06)

Telemadrid (del PP) ha encargado una serie de documentales de carácter político a la empresa Canal Mundo Producciones Audiovisuales, la productora del diario El Mundo. Estos reportajes abarcan asuntos tan controvertidos como el caso Bono, la negociación con ETA, la kale borroka, la violencia en el fútbol y la unidad de España, según los datos aportados por los socialistas, que han revisado en el Consejo de Administración los términos del contrato suscrito entre la cadena y la productora. Según los mismos datos, este paquete -compuesto por seis documentales- tiene un coste global de 249.000 €.

Los consejeros del PSOE pidieron en la reunión del Consejo de Administración de Telemadrid explicaciones al director general, Manuel Soriano, en torno a estos reportajes. Los socialistas califican de "inaceptable" el "sesgo ideológico en la contratación", que se apoya en "la estrategia política del PP". Para el consejero socialista Mario Salvatierra, esta adjudicación agudiza el "alto voltaje político de Telemadrid, la televisión más ideologizada y que más deforma la realidad a favor del PP". La dirección de la cadena mantiene que los trabajos encargados a la productora de El Mundo son "una pequeña parte" del "ambicioso plan de producción de documentales aprobado a finales del año pasado, que abarca entre 50 y 60 horas", explicó el director de Antena, Javier Caballé.

El directivo de Telemadrid cita el caso del trabajo sobre las claves del 23-F, producido por Sarmata y dirigido por Jesús Palacios. Se difundirá el próximo jueves y ha costado 89.900 €, según el PSOE. O el recientemente emitido sobre la torre Windsor (101.700 €), a cargo de Transglobe. Del documental sobre ETA en el que trabaja El Mundo TV, Caballé afirma que se trata de un contrato que está en fase de guión.

Los socialistas sostienen que los reportajes realizados por esta productora están sobrevalorados y su presupuesto -a una media de 41.500 € por entrega- está "por encima del precio de mercado". Caballé rebate esta interpretación: "El precio es más que razonable para un trabajo de estas características. Es un precio estándar". También aprecian los socialistas que las condiciones de contratación son "muy perjudiciales" para Telemadrid, ya que la productora podrá acceder a 160 minutos de imágenes de la cadena por cada uno de los documentales, que tienen una duración de 45 minutos.

Algunos de los documentales de El Mundo TV, como los dedicados a las bandas callejeras o a la polémica agresión al ministro José Bono durante una manifestación de la AVT, han sido ya emitidos. 11-M, historia de un atentado, difundido en 2005, quedó "bastante bien cinematográficamente e ideológicamente", según precisó Soriano al Ejecutivo regional.

10. COMUNIDAD VALENCIANA: DIVISIÓN EN EL PP. LOS ZAPLANISTAS EXHIBEN SU FUERZA EN ALICANTE PARA OBLIGAR A CAMPS A NEGOCIAR LAS CANDIDATURAS  (18/02/06)

El sector zaplanista del PP pisó a fondo el acelerador para mostrar toda la potencia que ha acumulado durante el proceso de renovación de las juntas locales de la provincia de Alicante con el objetivo de obligar a Francisco Camps, presidente del Consell y líder regional del PP, a negociar las candidaturas electorales. En el ambiente de una cena multitudiaria presidida anoche por Eduardo Zaplana, quedó claro el mensaje de que la mayoría de este sector en Alicante pretende hacer valer su peso en la confección de las listas para los comicios autonómicos y muncipales de 2007.

José Joaquín Ripoll, lider del sector zaplanista, recuerda cada vez que puede cómo se elaboran las listas del PP: primero desde las localidades y cuando hay discrepancias la dirección provincial o regional decide. "Si alguien piensa que el presidente de un comité electoral hará una lista es que no sabe para qué sirve un comité". , ante los casi 3.000 militantes que asistieron a esta cena, volvió a remarcar este mensaje.

Antes del acto, el presidente del PP de la provincia de Alicante y de la Diputación, interpretó que la encuesta difundida el jueves por el PP regional, según la cual ese partido aumentaría su ventaja en la ciudad de Alicante, "corrobora" que se debería acometer un proceso de renovación en la candidatura a la alcaldía. El día anterior, el presidente Camps interpretó todo lo contrario: con Luis Díaz Alperi, el PP mejoraría los resultados.

Ripoll se quejó de que desconocía el sondeo revelado por el presidente de la Generalitat. "No se quién del PP ha encargado la encuesta, ya que ni la ejecutiva local ni la provincial la ha solicitado". No obstante, comentó que los resultados son "positivos". Para meter el dedo en la llaga abierta por su enfrentamiento con Díaz Alperi, Ripoll comentó que hay un dato del sondeo que le "disgusta": que la aceptación a nivel autonómico es mayor todavía que la aceptación a nivel municipal. Y siguiendo su interpretación aseveró que en el sondeo no hay ni una pregunta sobre líderes, sino una general en la que se contesta que los líderes del PP son más valorados que los socialistas.

Los zaplanistas apuestan por Julio de España o por la diputada nacional Macarena Montesinos para la alcaldía de Alicante. Julio de España asegura estar a "disposición" de presentarse como candidato del PP a la alcaldía de Alicante, en sustitución del actual titular, el campista Luis Díaz Alperi. Anoche en su discurso, De España pasó por alto esta cuestión y prefirió presentar a Zaplana como el motor impulsor de "los 10 años de más bienestar en la historia de la Comunidad Valenciana". La reciente victoria de la zaplanista Gema Amor en Benidorm ha endulzado a la dirección del PP de Alicante el mal trago de cerrar el proceso de renovación de las juntas locales sin resolver el grave conflicto de Elche, desencadenado en una votación de militantes que terminó a golpes y con las urnas intervenidas en la comisaría de policía. La agrupación de esta ciudad es la única de Alicante que no se ha renovado.

El PP de Elche dirime sus diferencias en los juzgados. Los zaplanistas incluso han reprobado al ex ministro Federico Trillo Figueroa para resolver los expedientes al ex delegado del Consell en Elche Manuel Ortuño. Y éste, en el proceso judicial por presunta manipulación del censo de militantes ilicitanos, ha pedido que declare en el juzgado el secretario general del PP, Ángel Acebes. Según Ortuño, el listado de militantes se cambió el mismo día de la votación. El juez solicitó a la dirección del partido en Madrid una copia autentificada del censo. Según Ortuño, este listado sigue siendo falso. El sector zaplanista, en cambio, sostiene que se trata del mismo listado que se llevó a la votación, documento que, a pesar de que fue triturado, se recogió en bolsas y está en poder del juez tiene como prueba. En este juicio, Ortuño ha solicitado la comparecencia Ángel Acebes.

11. COMUNIDAD VALENCIANA: UNA MULTINACIONAL DEMANDA A UNA DE LAS EMPRESAS INVESTIGADAS POR EL CASO FABRA  (20/02/06)

La principal multinacional de distribución de productos fitosanitarios, Syngenta Agro SA, ha presentado una demanda civil por competencia desleal contra Artemis 2000, una de las empresas que está siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción por su presunta implicación en el caso Fabra. Según el empresario Vicente Vilar, gerente de Naranjax, Artemis 2000 fue creada como simple tapadera para canalizar las autorizaciones de los productos insecticidas que concedía el Ministerio de Agricultura en base a documentación falsificada.

Al frente de Artemis figuraron como socias al 50% Montserrat Vives, ex mujer del industrial, y María Amparo Fernández, esposa del presidente de la Diputación Provincial de Castelló, Carlos Fabra. La función de esta sociedad era canalizar las licencias de los productos pesticidas que se iban autorizando en los ministerios gracias a las supuestas mediaciones de Carlos Fabra, según Vilar.

El Juzgado de Primera Instancia Nº 4 de Castelló fijó el próximo 10 de abril como fecha para la celebración del juicio oral. Syngenta alega en su demanda que Artemis 2000 incumple la normativa fitosanitaria al comercializar el producto Zambu, un insecticida formulado a partir de otra sustancia, el fenoxicarb, que sólo pueden fabricar legalmente Naranjax SL y la propia Syngenta. La multinacional considera que existen indicios para concluir que Artemis ha estado vulnerando la ley al distribuir productos fitosanitarios fabricados por empresas no autorizadas por el Ministerio de Agricultura. Además, según la demanda de Syngenta, las sustancias sospechosas de haber eludido el control sanitario están suspendidas cautelarmente por el ministerio desde el pasado verano, por lo que el grupo empresarial apela a esta medida.

Ante tales evidencias, Syngenta -que distribuye legalmente el fenoxicarb bajo el nombre de un producto comercial que se denomina Insegar- reclama del juzgado una sentencia condenatoria para Artemis 2000, en la que se ordene la retirada del mercado del producto Zambu y el pago de una indemnización por daños y perjuicios. En el juicio del próximo 10 de abril, Syngenta tratará de demostrar la competencia desleal y la comercialización ilegal supuestamente ejercida por Artemis 2000.

12. COMUNIDAD VALENCIANA: EL PP INTENTA CONVENCER A CARLOS FABRA PARA QUE NO REPITA EN LA CANDIDATURA DE CASTELLÓN  (19/02/06)

El alcalde de Castellón, Alberto Fabra, tiene una tarea delicada entre manos. Al margen de cumplir su trabajo como máximo representante de la ciudad, su partido, el PP, le ha señalado para tratar de convencer al presidente de la Diputación, Carlos Fabra, involucrado en un escándalo de tráfico de influencias, de la "oportunidad" de que no repita en Castellón para las próximas eleccione, dentro de poco más de un año.

Carlos Fabra tenía, hasta ahora, asegurado el segundo puesto para un cargo, el de concejal, que le permitía el acceso a la Diputación. Sin embargo, el desgaste del líder del PP provincial y las investigaciones judiciales a las que está sometido, por la posible comisión de uno o varios delitos contra la Administración pública, un presunto delito fiscal y posible delito de falsedad, han llevado a la dirección a plantearse definitivamente la idoneidad del momento para que Carlos Fabra se retire, al menos, de la lista municipal a la capital de La Plana. El presidente del PP regional, Francisco Camps, ya ha designado incluso al sucesor de Fabra, Víctor Campos, quien, al parecer, ya habría aceptado la decisión de Camps y su vuelta a las listas municipales ocupando el número dos. Así, la última visita del presidente regional a Castellón para ver en su despacho a Alberto Fabra sirvió para escenificar el apoyo y la confianza que Camps ha depositado en éste.

Son muchas las fechas que se han barajado como límite para que el presidente de la Diputación de Castellón anuncie su retirada. Sin embargo, todas han sido sobrepasadas sin que el popular haya dejado sus puestos. Sólo la mutua de referencia en Castellón, Unión Mutuas, en la que figuraba como consejero, ha visto cómo dejaba libre su puesto aprovechando un reajuste preceptivo por ley. Sin embargo, los movimientos de Fabra sobre su entorno hacen presagiar lo que, en la capital de La Plana, se espera de un momento a otro y que en cualquier caso puede no suceder hasta la víspera de las próximas elecciones municipales. Dicen que Carlos Fabra siempre ha buscado un sitio a quien le ha sido fiel y la larga lista de cargos de libre designación asignados a la presidencia o vicepresidencias de la Diputación de Castellón, así como el nutrido grupo de cargos leales al presidente provincial del PP en el organigrama de la Generalitat lo confirman fehacientemente.

Sin embargo, fuentes del PP consideran que las últimas recolocaciones de personas afines al presidente de la Diputación de Castellón son la muestra "evidente" de que Fabra se está preparando la salida. Una salida que, además de tener como requisito la recolocación de su gente puede incluir la inclusión del propio Fabra en la candidatura municipal de alguna pequeña localidad a modo de jubilación política.

En los últimos tiempos, personas que estaban en cargos de libre designación en la Diputación han pasado a otros puestos con mayores garantías de continuidad. Este es el caso de María Fernanda Vidal, ahora secretaria autonómica de Cohesión Territorial; Vicente Farnós, director ejecutivo de Castelló Cultural; Sonia Bernat, que ha obtenido plaza en el Hospital Provincial; o Alejandra Vicente -que estaba con el vicepresidente del Consell, Víctor Campos-, que ha conseguido puesto de funcionaria tras una polémica oposición en el Instituto de Restauración. Un organismo en el que también ha logrado plaza otra de las asesoras de Fabra, Laura Peñarroya. Otra de las asesoras, Marta García Janini también ha dejado el puesto para ocupar el puesto de coordinadora de la Secretaría del vicepresidente del Consell que antes ocupaba Alejandra Vicente.

13. COMUNIDAD VALENCIANA: ALGO HUELE A PODRIDO EN LOS JUZGADOS DE CASTELLÓN: EL TERCER FISCAL Y LA SÉPTIMA JUEZA QUE INTERVIENEN EN EL 'CASO FABRA' SE MARCHAN  (23/02/06)

El fiscal anticorrupción Daniel Campos, que actúa como acusación pública en el llamado caso Fabra, ha solicitado una excedencia, con lo que la investigación sobre el presidente de la Diputación de Castellón y presidente provincial del PP, Carlos Fabra, pasará a manos del que será el cuarto fiscal desde que se iniciara el procedimiento. En poco más de dos años, la investigación ha registrado el paso de siete jueces y tres fiscales, lo que son muchos cambios para unas diligencias cada vez más voluminosas.

Al inicio, la investigación se centró en la posible comisión de uno o varios delitos contra la Administración pública a la que se han sumado las pesquisas por un presunto delito fiscal. El abandono del experto para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción, que pasa al ámbito privado, se produce en las fechas previas a los interrogatorios a tres ex altos cargos del PP, imputados en la causa.

De momento, este interrogatorio que estaba fijado para el día 3 de marzo, ha pasado al día 10, cuando habrán de declarar el ex senador del PP Miguel Prim, el ex director general del Ministerio de Agricultura Rafael Milán, y el ex secretario general de Gestión Sanitaria del Ministerio de Sanidad Rubén Moreno.

Pero aquí no queda la cosa, el caso Fabra tiene aspectos que más parecen un sainete: No solo el fiscal deja el caso, también la jueza sustituta del Juzgado de Instrucción Número 2 de Nules, que instruye la trama de los cuños falsos del caso Fabra, Julia María Minués, ha sido trasladada a un juzgado de Mislata (Valencia) tras solicitar oficialmente el cambio de destino en un concurso público, según informaron fuentes de la administración de Justicia. La plaza de Mínguez ha sido cubierta provisionalmente por Clara Salazar, otra jueza sustituta que ha pasado por diferentes juzgados de Castelló y que previsiblemente podría dejar también su puesto, ya que sólo un juez titular tiene la obligación de mantenerse en un juzgado durante dos años antes de pedir el traslado. Mínguez es la primera jueza al frente del juzgado número 2 de Nules que pide abandonar la causa y se suma de esta manera a una larga lista de renuncias y bajas, siete en total, que desde finales de 2003, cuando estalló el escándalo político, se han producido en el otro juzgado nulense, el número 1.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) garantizó que este rosario de cambios constantes de jueces y fiscales no supondrá retraso alguno en la marcha de la investigación, por lo que se mantienen las declaraciones previstas para el próximo 10 de marzo de tres ex altos cargos del PP imputados en la causa.

14. COMUNIDAD VALENCIANA: HACIENDA RECLAMA A TERRA MÍTICA LOS CRÉDITOS IMPAGADOS QUE LE DIO EL GOBIERNO DE AZNAR (19/02/06)

El Ministerio de Hacienda también quiere hacer cuentas con Terra Mítica. La Agencia Tributaria mantiene en plena vigencia una reclamación al parque temático de Benidorm por el impago de un préstamo que el Ministerio de Ciencia y Tecnología cursó a la empresa en el año 2000, durante la legislatura en que el equipo de José María Aznar gobernó España con mayoría absoluta.

El crédito, fruto de un programa del Ejecutivo popular para hacer más competitiva la industria, ascendió a 3,2 millones de €, carecía de intereses y tuvo el aval de una entidad financiera de la Comunidad Valenciana, Ruralcaja. Dado que el dinero no se devolvió, el departamento del que entonces era titular Anna Birulés aparece como uno más de los 527 acreedores de Terra Mítica contabilizados por los interventores judiciales del complejo de Benidorm. La empresa de ocio, que cuatro años después de obtener aquel crédito entró en suspensión de pagos, no fue capaz de hacer frente a la anualidad de 2004, evaluada en 805.356,22 €.

El impago del préstamo de Birulés no suscitó la clemencia del fisco en manos de un Consejo de Ministros tutelado por el PSOE, que cada vez que puede le recuerda a Eduardo Zaplana su responsabilidad en el "nido de corrupción" que representa Terra Mítica, como lo definió en el Congreso la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega.

El 17 de marzo de 2005, Hacienda dictó una providencia de apremio y despachó la ejecución administrativa por no cumplir con la anualidad correspondiente. A los más de 805.000 € de principal, la Agencia añadió un recargo de apremio por otros 161.071,24. Sobre esta última circunstancia, los interventores sí han tenido compasión. Según el dictamen emitido por éstos, el recargo "es improcedente por cuanto el impago se produce por la imposibilidad legal de pagar un crédito ordinario concursal, sometido, como el resto de créditos con la misma clasificación jurídica, a la resolución final del expediente de suspensión de pagos". Es decir, el Estado aceptará o no -como el resto de acreedores- el convenio que le plantee la empresa.

Terra Mítica obtuvo aquel dinero del Ministerio de Ciencia y Tecnología en el año 2000 al acogerse a un plan oficial de I+D. El montante se extrajo del presupuesto del citado programa ministerial, de nombre Profit. La condición de Terra Mítica como beneficiaria del crédito podía ser hasta discutible, dado que el Profit tenía como objetivo básico "el impulso de la competitividad del sector productivo". Si el ocio, las montañas rusas y, en general, el turismo, se entienden como productivos frente a la industria, la oportunidad del crédito, entonces, fue indiscutible.

En una lista ordenada alfabéticamente, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, desaparecido con la victoria de Rodríguez Zapatero en 2004, es el acreedor número 329, y el parque le adeuda 3.221.424 €.
No es la única deuda de Terra Mítica con la Administración. La mercantil debe a la Tesorería General de la Seguridad Social 736.169,78 € correspondientes a la cuota patronal de abril de 2004 y hasta el 26 de mayo de ese año. La Seguridad Social sumó un recargo de 135.160,10 € que los interventores consideran tan improcedentes como el caso citado líneas atrás. A esta reclamación se añade otra más de la Agencia Tributaria porque algunos acreedores modificaron el IVA de sus facturas tras la suspensión de pagos.

15. COMUNIDAD VALENCIANA: ALGÚN INTERÉS TENDRÁN. ASTARLOA (PP) CONSIDERA "ESTUPENDA" LA PROPUESTA DE ALCALDES DEL PP DE CONTRATAR SEGURIDAD PRIVADA (21/02/06)

El secretario de Libertades Públicas, Seguridad y Justicia del PP, Ignacio Astarloa, avaló la propuesta del grupo de alcaldes del PP de la Costera de contratar seguridad privada en sus municipios. Astarloa, que asistió a una reunión en la sede del PP valenciano, afirmó que la idea le parece "estupenda" y que cuenta con el respaldo de la dirección nacional del PP.

Es más, indicó que su grupo planteará en el Congreso una proposición no de ley para que "allí donde no llegue el poder público lo haga la sociedad civil". El dirigente popular admitió que es "inconcebible" que socialmente se dé este debate, pero lo justificó por el incremento de la criminalidad y la falta de medios humanos y técnicos, que consideró especialmente preocupantes en la Comunidad: "Si los responsables públicos no son capaces de garantizar la seguridad, por lo menos deberían ayudar a los ciudadanos a hacerlo, dentro de las posibilidades que la ley les concede", matizó. La idea de contratar seguridad privada para vigilar las calles cuenta con la oposición del Gobierno central.

Astarloa, que se reunió con la plana mayor del PP valenciano, el conseller de Justicia y Administraciones Públicas, Miguel Peralta, y con empresarios valencianos, dibujó una Comunidad azotada por la delincuencia. "Es el reino de gloria de los delincuentes que no se encuentran a la policía donde se la tiene que encontrar", dijo. Acusó al Gobierno central de abandonar las políticas específicas diseñadas por el anterior Ejecutivo para la Comunidad: las políticas para el Arco Mediterráneo y para combatir las redes del crimen organizado. E hizo una acusación aún más grave al asegurar que el ministro del Interior había enviado una instrucción por escrito al delegado de Gobierno para "ocultar los datos sobre delincuencia".

A preguntas de los periodistas, los dirigentes del PP admitieron que no es positivo crear alarma social. El presidente provincial y alcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, alegó que ya está en la calle y que había callado durante año y medio. Rus advirtió a la Delegación de Gobierno que si el 1 de marzo no obtiene respuesta "tomará medidas personales".

16. COMUNIDAD VALENCIANA: EL FISCAL PIDE AL JUEZ QUE INVESTIGUE LAS CUENTAS DEL ALCALDE DE TORREVIEJA (PP)  (22/02/06)

El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, ha solicitado al juez que investigue los movimientos bancarios del alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, desde 2000. En esa fecha, el primer edil adquirió una finca rústica en Almoradí por 180.000 € y, dos años más tarde, la revendió por 5,4 millones de €. La petición de los extractos bancarios de Hernández Mateo se incluye en la batería de nuevas pruebas que el ministerio público ha trasladado al titular del Juzgado nº 4 de Torrevieja.

La acusación pública también plantea al juez que solicite a las Cortes Valencianas un certificado de los pagos efectuados por esa institución a Hernández Mateo por su condición de diputado autonómico. El fiscal cierra el apartado de nuevas pruebas documentales con la petición de un justificante de los gastos de explotación de la mencionada finca rústica -18 hectáreas de suelo en la localidad de Almoradí-. Hernández Mateo aseguró que compró los terrenos para poner en marcha una explotación agrícola, "y criar perros". A parte, el ministerio público propone al juez instructor que tome declaración, en calidad de testigos, los representantes legales de la mercantil Eden del Mar, firma a la que el alcalde vendió la finca. Esta promotora ha sido beneficiada con adjudicaciones urbanísticas en Torrevieja antes, durante y después de la operación inmobiliaria del alcalde.

17. ISLAS BALEARES: MATUTES MÁXIMO BENEFICIARIO DE LA AUTOVÍA DE IBIZA  (19/02/06)

En Ibiza no se habla de otra cosa: la construcción de la autovía. Los hay a favor de la autovía, en contra y moderados. La carretera no sólo ha dividido físicamente la isla de norte a sur, desde San Antonio a Ibiza y de allí al aeropuerto, sino que ha dividido a su población porque ya no comparten la misma idea de "calidad de vida". Cada uno tiene sus razones, económicas o sentimentales, y sus miedos e intereses. Pero detrás de cada conversación aparece el mismo nombre: Abel Matutes, el ex ministro de Exteriores y ex comisario europeo del PP, y también ex alcalde de Ibiza y principal terrateniente y empresario, que posee al menos el 10% de la pequeña isla.

Él, "don Abel" para unos, y "el Amo" para otros, está vinculado a las dos empresas a las que se les han adjudicado los tres proyectos, correspondientes a los tres tramos que terminarán por constituir la autovía, por el módico precio de 221 millones de €, y que les reportarán un beneficio de 14,3 millones, según el estudio de la consejería de Obras Públicas del Gobierno balear, que promueve las obras con el Consell. En Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), la constructora, Matutes es miembro del consejo de administración; y en la cantera de la que se extraerá gran parte de la graba para las obras, su empresa tiene participaciones en un porcentaje "similar", en sus palabras, a otra llamada MAB. Además, por si le faltaran vínculos con el asunto, es el papá de la actual consejera de Obras Públicas del Consell de Ibiza, la señorita Stella Matutes. Ella y el portavoz del Consell, Joan Marí, aseguran que "el desdoblamiento" de las carreteras implica "cumplir con su programa electoral".

En fin, que todo queda en casa más o menos, pese a que los proyectos de mejora de esas carreteras estaban inicialmente pactados con el Estado e incluidos en los presupuestos del año 2007 para su posterior desarrollo en 2008. Pero la decisión unilateral de iniciar las obras por parte del Gobierno Balear hizo que el Estado denunciara ese convenio original y renunciase a su compromiso de financiarlas. Esa es la razón de que hayan salido a concurso público, las hayan adjudicado finalmente a estas dos empresas y se haya optado por el llamado "peaje en la sombra" para que el Gobierno balear las vaya pagando a plazos durante 25 años con los impuestos de los baleares, como si fueran privadas y costeara el peaje de sus usuarios.

"Esa carretera me machaca a mí también. Me ha obligado a ceder unas tierras previstas para un campo de golf y a comprar otras para poder hacerlo. Pero, como es una necesidad para la isla, pues yo la defiendo. Y que ahora vengan a decir que yo tengo algún beneficio... me duele", aseguraba el viernes Matutes en su despacho. "Resulta que ahora es la derecha la que defiende el interés general de una mejor calidad de vida para todos y carreteras más seguras, y son los de izquierdas los que defienden los intereses de unos pocos, que encima están bien pagados", agregaba en alusión a las indemnizaciones que supuestamente están cobrando los afectados.

Sin embargo, los propietarios niegan la mayor. Unos, los que han firmado el acta de ocupación -requisito imprescindible en cualquier procedimiento de expropiación por vía de urgencia, como es el caso- aseguran que les han pagado una cantidad inicial, pero que en su acta ni siquiera consta el "justiprecio" que determina el valor final de su propiedad, a pesar de que ya haya sido demolida y, en algunos casos, ya ha pasado un año. Algunos han presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Palma, pero no ha servido para que el juez declare la suspensión cautelar de las obras.

18. ISLAS BALEARES: EL GOBIERNO BALEAR DEL PP PAGÓ A URDANGARIN 100.000 € PARA MONTAR EL GABINETE DE PRENSA  (18/02/06)

El Gobierno balear pagó a Iñaki Urdangarin 100.000 € de dinero público para que montara el gabinete de prensa del foro de Turismo y Deporte que organizó en Palma durante apenas tres días. Esta cantidad forma parte de los 1,2 millones de € que destinó el Ejecutivo balear a sufragar el denominado Fórum Illes Balears, que se celebró el pasado mes de noviembre bajo la dirección del marido de la Infanta Cristina.

El evento corrió a cargo del Instituto Nóos, entidad que preside el duque de Palma y que se dedica, según reza su página web, "a investigar procesos de formulación e implementación de estrategias de patrocinio, mecenazgo y responsabilidad social". Sólo para coordinar las relaciones con los medios de comunicación, Nóos creó la figura de una "directora de comunicación" a la que se le abonaron 25.000 €; la de un "responsable de relación con la prensa", que cobró 15.000 €; así como la de un "director de publicaciones", que recibió por su trabajo 40.000 €. No obstante, y a pesar de la existencia de estos puestos, la entidad dirigida por Urdangarin recurrió a los servicios de un gabinete de prensa externo, a cuya contratación se destinaron un total de 20.000 €. Estos son sólo algunos ejemplos del desglose de los gastos que acarreó una iniciativa que el propio duque de Palma ya ha anunciado que se repetirá el próximo 21 de noviembre en Mallorca.

A la vista del contenido del convenio suscrito entre el Gobierno balear y el Instituto Nóos, el PSOE ha acusado públicamente al Ejecutivo que preside Matas de "gestionar pésimamente los recursos públicos"; pero también de recurrir a la mencionada entidad para organizar el ciclo de conferencias "por orden directa de Jaume Matas".

No en vano, la figura legal escogida para plasmar el acuerdo por escrito ha sido la del convenio, lo cual ha permitido al Gobierno de las Islas sortear el concurso público y poder adjudicar a dedo la iniciativa al Instituto Nóos. En la lista de gastos se contemplan también 120.000 € para pagar a los ponentes de las jornadas; 90.000 en concepto de "acuerdos de investigación con universidades"; y 35.000 a la "investigación sobre la red de regiones". A estas partidas hay que sumar 5.000 € para pagar abogados, 30.000 para el "diseño y la construcción de muebles" y 50.000 € para la "subcontratación de los equipos técnicos y audiovisuales". Asimismo, 46.000 se emplearon en la edición de unos libros sobre las jornadas. Así, hasta sumar 1,2 millones de € públicos gastados en apenas tres días, entre los pasados 22 y 25 de noviembre.

El Gobierno balear, a través del consejero de Turismo, Joan Flaquer, aseguró que "ninguno de los pagos efectuados ha sido irregular" y pide "paciencia para ver los frutos de esta iniciativa".

19. ISLAS CANARIAS: LA 'TRAMA EÓLICA' INVOLUCRA A UN ALTO CARGO DEL PP (20/02/06)

El ex director general de Industria y Energía del Gobierno de Canarias, Celso Perdomo, perdió la confianza del equipo directivo de la Consejería de Industria y Nuevas Tecnologías en el año 2004, pero sin embargo no fue relevado del cargo, en el que se mantuvo hasta que Coalición Canaria y Partido Popular dieron por roto el acuerdo de gobierno y el presidente Adán Martín destituyó a los tres consejeros del PP (Luis Soria en Industria; Australia Navarro en Presidencia, y Águeda Montelongo, en Empleo). Fruto de esa pérdida de confianza, el expediente del concurso eólico dejó de ser competencia suya y se introdujeron cambios notables en el texto de la convocatoria, como acredita el informe que en su día elaboró la Consejería, ya bajo el mandato de Marisa Tejedor.

Según confirmaron fuentes oficiales del Gobierno de Canarias, el presidente del Ejecutivo, Adán Martín, no tuvo constancia de esa pérdida de confianza de Luis Soria en la persona de Celso Perdomo. Sobre este extremo, las citadas fuentes oficiales subrayaron que el grado de opacidad de las consejerías del PP respecto al resto del Gobierno, e incluso respecto a Presidencia, era muy elevado. Esa tesis coincide con el argumento esgrimido estos días desde Coalición Canaria, que recuerda con insistencia que el Partido Popular presumió de su autonomía a la hora del nombramiento de los altos cargos de las tres consejerías que regía. Sin embargo, el trasiego de correos electrónicos entre las diferentes áreas del Gobierno de Canarias dibuja una realidad diferente. Según correos electrónicos enviados desde la Consejería de Industria, la convocatoria del concurso eólica generó muchas tensiones entre Coalición Canaria y el Partido Popular y Presidencia se interesó en diversas ocasiones por los detalles del mismo.

Un correo electrónico fechado el 19 de mayo de 2004 no sólo pone de manifiesto el clima de divergencias, sino que saca a la luz a altos cargos del Ejecutivo que, hasta ahora, pasaban inadvertidos para el esclarecimiento de los hechos. Es el caso del ex viceconsejero de Industria y Nuevas Tecnologías, Antonio Núñez. En un e-mail al ex consejero, Luis Soria, Núñez explica: "Me ha llamado Juan G. Fontes, de parte de Miguel Becerra, y pedían un calendario estimativo de los concursos de Eólica. Le he dicho que primero debe salir la repotenciación, a corto plazo, y luego el resto a medio plazo. La pregunta puede tener algún alcance mayor que se puede valorar".

Juan G. Fontes es Juan González Fontes, el actual secretario general técnico de la Consejería de Industria que, en 2004, ocupaba la jefatura de Energía en Presidencia, a las órdenes directas de  Adán Martín y del viceconsejero, Miguel Becerra.

20. CASTILLA Y LEÓN: EL ALCALDE DE SALAMANCA ACUSADO DE OFRECER EL PADRÓN PARA ENVIAR 9.000 ANÓNIMOS (23/02/06)

El alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, conocido por su beligerante batalla contra la devolución de los papeles de Salamanca a Cataluña, declaró en el juzgado de instrucción número 2 de esa ciudad, junto al jefe provincial del Partido Popular, como presuntos responsables civiles subsidiarios de la campaña de anónimos contra el Museo Casa Lis. Ese museo modernista, que es el más visitado de Castilla-León, fue objeto de una campaña de descrédito hacia su director, que se llevó a cabo desde el Ayuntamiento y la sede del PP, y consistió en el envío de anónimos a 9.000 personas.

Los anónimos se enviaron desde 2002 hasta 2004, y existe un único imputado por los hechos. Se trata de Ángel Porras, jefe del gabinete de la alcaldía en aquellos años y mano derecha de Lanzarote. Porras se declaró culpable de haber enviado los anónimos, aunque debido a las dimensiones de la operación, se hace difícil pensar que pudiese hacerlo él sólo.

Se enviaron cartas anónimas a diversas personas de Salamanca y de Castilla-León. 360 envíos fueron del tipo llamado "VIP", que consistía en un bloc encuadernado y bien impreso, que iba dirigido a personas notables, como directores de banco, universidades y alcaldes de los municipios de la zona. En él se incluía documentación reservada del museo y de su director – como su contrato de trabajo, datos personales u otros documentos reservados-, con la finalidad de desprestigiarlos. Es lo que opina el director del museo Casa Lis, Pedro Pérez Castro: "Para enviar tantos anónimos se necesita la participación de más de una persona, una sola no puede hacerlo". También se enviaron masivamente a ciudadanos particulares cinco folios bajo el título de "Llaves para entender los problemas de la Casa Lis", con la misma finalidad. Lo recibieron todos los abogados y notarios de la ciudad, y otros colectivos profesionales.

El hecho de que muchos destinatarios no figuraban en ninguna guía telefónica, o eran menores parece indicar que para el envío de los anónimos se utilizó el padrón municipal. Ello ha sido considerado una "infracción grave", y queda por demostrar el papel del alcalde en esa utilización. Precisamente, Julián Lanzarote declaró porque se le atribuye la posible utilización de información recabada del padrón municipal para el envío de los documentos, además de la utilización externa de documentos reservados a los que sólo debería tener acceso el alcalde. Y el responsable provincial del Partido Popular, Salvador Cruz, declaró porque se le imputa la posible utilización de la infraestructura de su sede para el desarrollo de la campaña (fotocopias, sobres y sellos).

El Partido Socialista se ha erigido como acusación popular, puesto que, según su portavoz Fernando Pablos, "el ayuntamiento no ejerce de acusación particular, como debería, por miedo a que Ángel Porras hable demasiado".

A la intrincada trama de este caso, hay que añadirle una anécdota. La Casa Lis toca, pared con pared, con el Archivo de la Guerra Civil, que se opuso cuanto pudo, con ayuda directa del alcalde Julián Lanzarote, al traslado de los denominados papeles de Salamanca, "para salvaguardar el patrimonio".

21. CASTILLA Y LEÓN: DIMITE LA ALCALDESA DE CEBREROS (PP) TRAS UNA ACUSACIÓN DE IRREGULARIDADES URBANÍSTICAS (22/02/06)

La que ha sido alcaldesa de Cebreros desde 1985, Pilar García (PP), presentó su renuncia como primera edil de su pueblo. Aseguró en un comunicado que la intención de esta actuación ha sido la de "defender las gestiones municipales y el interés general de mi pueblo ante cualquier situación de duda creada con las manifestaciones que se han vertido sobre ella en los últimas días". Se refiere Pilar García a las acusaciones formuladas por el grupo socialista en el Ayuntamiento de Cebreros que la acusaron de un posible "conflicto de intereses" urbanístico.

En ese comunicado, Pilar García asegura textualmente que su renuncia se debe a la importancia que tiene para ella el futuro de los vecinos de su pueblo -tanto los que la votaron como los que no-. Insiste en que ha gobernado por el interés general, basando su gestión en la eficacia, la transparencia y la honorabilidad de su persona, "valores que la han guiado en todo momento". Pilar García reconoce que se va triste pero a la vez satisfecha por haber dedicado parte de su vida a "hacer cosas buenas por mi pueblo".

Tras el anuncio de su dimisión, sus compañeros de partido aseguraron que "está tranquila y que ha sido una decisión muy difícil y meditada". De hecho, el primer teniente de alcalde, Ángel Luis Alonso, aseguró que "se lo ha estado pensando mucho". Será precisamente Alonso el que se convierta en alcalde en funciones de la localidad, puesto que compaginará con el de diputado provincial.

Además será propuesto por su grupo de concejales del en el pleno corporativo como alcalde de Cebreros. Por su parte, el puesto libre de concejal que deja Pilar García será ocupado por el siguiente de la lista de los populares de Cebreros, José María Femenia.

Tras la dimisión, el presidente de la Junta Local del PP de Cebreros, Eugenio Blázquez Rosado, destacó "la enorme capacidad de trabajo de Pilar García, quién ha dedicado en los últimos 11 años, toda su vida a la gestión municipal y el desarrollo de su pueblo".

22. CASTILLA–LA MANCHA: EL PP PIDE A BARREDA QUE DEFIENDA A LOS CASTELLANO-MANCHEGOS QUE VIVEN EN CATALUÑA (22/02/06)

El vicesecretario regional del Partido Popular, Alejandro Ballestero, pidió al presidente autonómico, José María Barreda, que defienda los intereses de los más de 170.000 castellano-manchegos que viven en Cataluña, y que se verán seriamente perjudicados por la aprobación del Estatuto de Cataluña, causa que su formación está dispuesta a apoyar. En rueda de prensa, Ballestero afirmó que ya son más de 100.000 las firmas recogidas en Castilla-La Mancha dentro de la campaña Todos tenemos derecho a opinar, "sobrepasando la intención de convertirnos en el instrumento para que los ciudadanos puedan conocer los tropelías del Gobierno nacionalista radical de Cataluña".

De otro lado, anunció que se reunirán con dirigentes de la organización agraria Asaja, dentro de la ronda de contactos que están manteniendo con los agentes sociales de la región, para explicarles las repercusiones que la aprobación del Estatut tendría para la agricultura castellano-manchega. Por otra parte, el vicesecretario regional del PP afirmó que no está de acuerdo con que la reforma del Estatuto se esté haciendo con "prisas" y de espaldas a los ciudadanos y cree que hay que hacerlo de otra manera.

Ballestero acusó a Barreda de utilizar la reforma del Estatuto para tapar el "debate que sobre la convivencia" se ha abierto en el país con el proyecto del Estatuto de Cataluña y agregó que él no entiende las prisas y las urgencias con que se está planteando la reforma en Castilla-La Mancha.

23. REGIÓN DE MURCIA: MURCIA RECALIFICA SUELO A LA COOPERATIVA VINCULADA A SU CONCEJAL DE URBANISMO DEL PP (21/02/06)

El Ayuntamiento de Murcia (PP) decidió recalificar más de 110.000 metros cuadrados de suelo a una cooperativa de viviendas que gestiona Novel Stamp, una empresa fundada por el concejal de Urbanismo, Fernando Berberena Loperena. La solicitud de recalificación se produjo el 14 de febrero de 2003, cuando Berberena pertenecía al consejo de administración de Novel Stamp, que será la gestora de la cooperativa a la que meses después, ya como miembro del Ayuntamiento, se le permitiría construir las viviendas en plena huerta murciana, pese a que el plan general de Murcia lo desaconseja.

Según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el Ayuntamiento de Murcia aprobó definitivamente la recalificación en octubre de 2003 a la cooperativa Joven Futura. Berberena era entonces concejal de Urbanismo y había abandonado su actividad empresarial, vendiendo sus participaciones en esta empresa inmobiliaria en abril aquel mismo año, según aseguró. Ante las críticas de los socialistas, Berberena defendió en persona, en varios plenos, la conveniencia de recalificar los terrenos, basándose en que en dos años había perdido su valor ambiental. Esta decisión se tomó sin los informes técnicos necesarios y sin el estudio de impacto ambiental preceptivo.

El presidente de Joven Futura, Ricardo Zamora, confirmó a que cuando Berberena formaba parte de Novel Stamp esta empresa asesoró a Joven Futura en la presentación del documento y que, después de ser nombrado concejal, se reunió con él para hablar del proyecto urbanístico.

Fernando Berberena, consideró un "disparate" afirmar que benefició a la cooperativa Joven Futura, por haber sido miembro del consejo de administración de Novel Stamp, y consideró que este tipo de acusaciones son "injustas" con los 28 años de trayectoria laboral que le avalan antes de entrar en política.

Berberena rechazaba así esta información difundida. Para ello mostró a los medios de comunicación el acta que realizó antes de la campaña electoral de 2003, en el que daba cuenta de sus bienes actuales y de los que consideraba debía desprenderse al entrar en política. También reconoció que tenía tenía "tres participaciones" en Novel Stamp, pero dijo: "Las vendí, y jamás recibí retribución alguna, pues no estuve ni cinco meses".

En cuanto a la relación de esta empresa con Joven Futura, el edil señaló: "Según me consta, se le contrató para que llevara los asuntos jurídicos, fiscales y administrativos de la cooperativa", ya que "todos los temas urbanísticos de Joven Futura los lleva Urbamusa", que es la empresa urbanizadora municipal.

24. REGIÓN DE MURCIA: TORRE PACHECO (PP) RECALIFICA GRAN PARTE DE SU TERRITORIO EN EL AVANCE DEL PGOU (24/02/06)

Todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Torre Pacheco han dado su respaldo al avance de planeamiento del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, en el Pleno que se celebró el pasado día 2, según ha explicado el alcalde, Daniel García Madrid (PP).

El documento permitirá la recalificación de terrenos situados en la parte inferior de la zona reglable del Trasvase Tajo-Segura, donde podrán ser urbanizados unos 18 km2. Asimismo, en la zona superior a la superficie regable se recalificará otro 30% de suelo. En total, según ha explicado el alcalde, los terrenos urbanizables afectarán a un 30% del total del municipio, que tiene una superficie de unos 190 km2.

Los concejales del Grupo Socialista, por otra parte, votaron en contra de una recalificación de 346.000 m2 de suelo en la zona de Los Capellanes, donde dos empresas quieren construir una urbanización de entre 800 y 1.000 viviendas. Votaron a favor los concejales del PP y de IU, mientras que se abstuvieron los del Partido Independiente. El nivel de edificabilidad es del 0,21%.

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