Ir a informes anteriores

ÍNDICE

1. ANTE EL ESTATUT DE CATALUÑA : RAJOY NECESITA SER PROTAGONISTA EN LAS FIRMAS CONTRA EL ESTATUT (25/04/06)

2. ANTE EL ESTATUT DE CATALUÑA…CUANDO RAJOY ERA CONTRARIO AL REFERÉNDUM SOBERANISTA (26/04/06)

3. ANTE EL ANUNCIO DE ALTO EL FUEGO PERMANENTE DE ETA: ACEBES, INSISTE EN QUE EL ALTO EL FUEGO DE ETA "NO ES REAL" (27/04/06)

4. A ZAPLANA LE CRECEN LOS PROBLEMAS: EL FISCAL DEL TRIBUNAL DE CUENTAS REMITE A ANTICORRUPCIÓN UNA CAMPAÑA QUE CONCEDIÓ A SUS AMIGUITOS (26/04/06)

6. TODOS LOS PARTIDOS SALVO EL PP APRUEBAN DECLARAR 2006 AÑO DE LA MEMORIA HISTÓRICA (28/04/06)

7. GALICIA: LA CÚPULA ADVIERTE A UN ASPIRANTE A CANDIDATO A LAS DIPUTACIONES QUE LAS CANDIDATURAS LAS DECIDE EL PARTIDO (23/04/06)

8. ANDALUCÍA: "MARBELLA GATE", EL PP OTORGÓ UNA SUBVENCIÓN AL CEREBRO DE LA CORRUPCIÓN MARBELLÍ (25/04/06)

9. ANDALUCÍA: "MARBELLA GATE", EL PP PIDIÓ AL EX ALCALDE MARBELLÍ QUE LITIGARA CON LA JUNTA POR EL URBANISMO (26/04/06)

10. ANDALUCÍA: EL PP RECHAZA UNA MOCIÓN PARA QUE SE RETIREN SÍMBOLOS FRANQUISTAS EN JAÉN (23/04/06)

11. MADRID: LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE CREÓ UNA 'CAJA B' PARA PAGAR TRABAJOS IRREGULARES, INCLUIDOS LA ESCOLTA DE LOS TRÁSFUGAS TAMAYO Y SAEZ   (27/04/06)

12. MADRID: AGUIRRE RETA AL CONSTITUCIONAL Y CONSTRUIRÁ LA R-1 Y LA M-50 CON OTRO NOMBRE (25/04/06)

13. MADRID: AGUIRRE Y SU AFÁN PRIVATIZADOR, AHORA LAS NUEVAS LÍNEAS DE METRO  (26/04/06)

14. MADRID: IMPUTADO EL ALCALDE DE BOADILLA, ACUSADO DE NOMBRAR A DEDO A UN CONSERJE AFÍN AL PP  (26/04/06)

15. COMUNIDAD VALENCIANA: LA CONSEJERA DE MIGUEL ACUSA A LOS SOCIALISTAS DE RENTABILIZAR LOS MUERTOS, QUE "LES SALIÓ BIEN EL 11-M" (27/04/06)

16. COMUNIDAD VALENCIANA. LA JUSTICIA NO EXIME DE DECLARAR A CUATRO EX MINISTROS DE AZNAR, Y PERMITE INVESTIGAR EL PATRIMONIO DE SUS HIJOS (28/04/06)

17. COMUNIDAD VALENCIANA: TENSIONES PEPERAS, ORTUÑO RELACIONA SU EXPULSIÓN CAUTELAR DEL PP CON SU DENUNCIA A RIPOLL     (27/04/06)

18. COMUNIDAD VALENCIANA EL ALCALDE DE ORIHUELA VULNERÓ LA LEY DE CONTRATOS AL ADJUDICAR EL INFORME EXTERNO SOBRE LA CONTRATA DE BASURA  (22/04/06)

19. COMUNIDAD VALENCIANA: EL PP CONDONÓ 280.000 € A UNA EMPRESA DE CASTELLÓN BASÁNDOSE EN UN DOCUMENTO FALSO   (27/04/06)

20. COMUNIDAD VALENCIANA. UN ALCALDE DEL PP, EN UN ACTO DE LA EXTREMA DERECHA (28/04/06)

21. ISLAS BALEARES: EL PRESIDENT MATAS VA POR LIBRE Y DESAFÍA A RAJOY CON OTRO ESTATUTO EN BALEARES (22/04/06)

22. ISLAS CANARIAS: GRACIAS A SU GESTIÓN Y A ESCÁNDALOS VARIOS, EL PP PIERDE DIEZ MUNICIPIOS DESDE QUE SE INICIÓ LA LEGISLATURA (24/04/06)

23. REGIÓN DE MURCIA: ‘LADRILLO CONECTION’, EL ALCALDE PEPERO DE SAN JAVIER TIENE UNA CONSTRUCTORA CON DOS DE LOS PRINCIPALES PROMOTORES DE LA CIUDAD (27/04/06)

24. REGIÓN DE MURCIA: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE SE NIEGA, POR TERCERA VEZ, A ENTREGAR LOS DOCUMENTOS DE PUERTO MAYOR (24/04/06)

25. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LOS NEGOCIOS MILLONARIOS DEL HIJO DEL DIPUTADO DEL BURGO (24/04/06)


1. ANTE EL ESTATUT DE CATALUÑA: RAJOY NECESITA SER PROTAGONISTA EN LAS FIRMAS CONTRA EL ESTATUT (25/04/06)

El líder del PP quiere ser él y solo él quien presente los 4 millones de firmas, según aseguró el secretario general popular, Angel Acebes, que piden la convocatoria de un referéndum en toda España sobre la aprobación o no del Estatuto de Cataluña. Es por eso que el equipo de Rajoy ha dado órdenes precisas de que sólo se escuche su voz en el Congreso, lugar donde se celebrará la entrega de las firmas.

Rajoy entregará personalmente las cuatro cajas, que contienen unos cuatrocientos mil folios con las firmas contra el Estatut y, después de hacerlo, será él quien se dirija a los medios de comunicación, desde la Sala de Prensa de la Cámara Baja.

Para evitar contraprogramaciones o alguna discordancia con sus palabras y el tono que él pretende emplear, Rajoy ha dado órdenes precisas de que el portavoz parlamentario, Eduardo Zaplana, que suele manejar sus intervenciones con mayor dureza dialéctica, no comparezca, como viene haciendo habitualmente todos los martes, tras la reunión de la Junta de Portavoces, independientemente de que Rajoy tenga previstas o no comparecencias públicas.

Dentro del PP hay dos lecturas ante este hecho poco habitual: mientras algunos dirigentes aseguran que es una "estrategia de comunicación sin mayor importancia", que trata de reforzar el mensaje del líder y evitar que se acumulen los comentarios sobre el referéndum, otros aseguran que Rajoy ha querido "dejar claro quien es el protagonista de esta iniciativa y ha evitado que el portavoz parlamentario se lleve el titular de mañana, como ha ocurrido en alguna ocasión". Y es que, donde manda patrón, no manda marinero, o eso mismo debe haber pensado el presidente del PP, Mariano Rajoy.

2. ANTE EL ESTATUT DE CATALUÑA…: CUANDO RAJOY ERA CONTRARIO AL REFERÉNDUM SOBERANISTA (26/04/06)

Está escrito en el Diario de Sesiones de las Cortes: Mariano Rajoy, en febrero de 2005, criticó con contundencia al lehendakari vasco, Juan José Ibarretxe, por querer convocar un referéndum soberanista. Entonces expresó su temor de "que no se respete la ley, que se sienten precedentes". Los socialistas le recuerdan que la actual iniciativa del PP es "doblemente inconstitucional". Tal como figura en el registro oficial de los parlamentos de los diputados, el 1 de febrero de 2005, en pleno debate de la propuesta del Estatuto del País Vasco, Mariano Rajoy, dijo: "Éste es un estado de derecho basado en el imperio de la ley y, entre nosotros, para quien abandona la senda legal basta con los tribunales".

El líder del Partido Popular afirmaba "no tener miedo" del resultado de un hipotético referéndum en el País Vasco, sino que "lo que temo es que no se respete la ley, que se sienten precedentes, que cunda la impresión de que en este país las normas no se respetan y que la autoridad no ejerce". Entonces le decía al lehendakari que "ni siquiera el presidente del Gobierno puede convocar un referéndum, sin la autorización de estas Cortes; menos puede hacerlo ningún presidente de comunidad autónoma; si alguno la hace, prevarica, es decir, se sitúa fuera de la ley".

Sus críticas a convocar un referéndum, utilizado como reflejo del pulso de la voluntad soberanista de la población, contrastan con la actual campaña de recogida de firmas para el referéndum sobre el Estatut de Cataluña. Campaña que ha sido justificada por Mariano Rajoy porque las reformas estatutarias "rompen las bases del consenso social en torno a la idea de España y su modelo territorial". Rajoy siempre ha defendido su recogida de firmas como "algo irreprochablemente democrático", como dijo al inicio de la campaña, cuando hizo estas contundentes declaraciones: "Tengo derecho a dirigirme al conjunto de españoles y recabar firmas donde me dé la gana, donde estime oportuno".

3. ANTE EL ANUNCIO DE ALTO EL FUEGO PERMANENTE DE ETA: ACEBES INSISTE EN QUE EL ALTO EL FUEGO DE ETA "NO ES REAL" (27/04/06)

El secretario general del PP, Ángel Acebes, reiteró que el anuncio del alto el fuego de ETA "no es real" después de los dos atentados que se produjeron en Barañáin y Getxo. El número dos del PP parece estar bastante alejado de la "moderación" adoptada por Mariano Rajoy. Así, el secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, alabó la posición "ponderada" y "prudente" del líder del PP y aseguró que el Ejecutivo "sólo" escucha las opiniones del Rajoy. Desde el programa La Mañana de su cadena amiga, la COPE, Acebes ha asegurado que no caben distinciones entre la banda y es que "empezamos a oír que hay algo distinto entre ETA y otros que están en su ámbito próximo". El número dos del PP también ha dicho que "a esta democracia le ha costado mucho decir que ETA es todo su entramado". Acebes ha dejado claro que tras los ataques del fin de semana están los terroristas porque "todo es ETA".

4. A ZAPLANA LE CRECEN LOS PROBLEMAS: EL FISCAL DEL TRIBUNAL DE CUENTAS REMITE A ANTICORRUPCIÓN UNA CAMPAÑA QUE CONCEDIÓ A SUS AMIGUITOS (26/04/06)

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha remitido al fiscal Anticorrupción, Antonio Salinas, los documentos que el Ministerio de Trabajo no le envió en su día cuando investigó la campaña publicitaria sobre la revalorización de las pensiones y abono de una paga única a los jubilados en 2003 y que concluyó con el archivo de las actuaciones en septiembre de 2004. La remisión se produce al objeto de que el fiscal Anticorrupción decida, a la vista de esos papeles, si procede la reapertura de las diligencias informativas que indicó de oficio y también a raíz de una denuncia de Izquierda Unida, que acusó al entonces ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana, portavoz del PP en el Congreso, de un supuesto delito de prevaricación y tráfico de influencias. Trabajo contrató por 7,2 millones € mediante el procedimiento negociado sin publicidad -habitualmente, "a dedo"- esta campaña con Carat, firma en la que estaba Miguel Ángel Rodríguez, ex portavoz del Gobierno con Aznar.

La actuación de la fiscalía es consecuencia de la auditoría que el tribunal ha realizado de las campañas de Trabajo durante los años 2002, 2003 y primer cuatrimestre de 2004, la práctica totalidad bajo mandato de Zaplana. La fiscalización pone en evidencia que la adjudicación de esta campaña, no sólo fue irregular e innecesaria -previamente se había contratado también la notificación individual a los jubilados de la paga para compensarles la desviación del IPC en 2002, algo obligado por ley desde 1997-, sino que la finalidad, en lugar de informar a los pensionistas, fue la de proyectar una imagen favorable del Gobierno del PP en la antesala de las elecciones de 2003.

El pleno del Tribunal de Cuentas aprobó la auditoría el 16 de marzo. El escrito a Anticorrupción lo firmó, con fecha de 28 de marzo, el entonces fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Jorge Sena. El envío se cursó el 29 y entró en Anticorrupción el 31 de marzo. Con posterioridad, Sena se jubiló por razones de edad. El 7 de abril el Gobierno lo nombró fiscal emérito del Tribunal Supremo. Durante la elaboración de la auditoría el mismo fiscal ya solicitó que Anticorrupción estudiara la reapertura del caso. En su escrito, Sena señala que no ha "encontrado indicios de que existiera responsabilidad contable [menoscabo de fondos públicos por una actuación indebida o negligente] por parte de los dirigentes de la Administración". Sin embargo, añade, el departamento fiscalizador le ha informado de que Anticorrupción abrió diligencias por una denuncia de IU, que la teniente fiscal [entonces, Belén Suárez] archivó en septiembre de 2004 al entender que no había, "en principio, responsabilidad penal". Acto seguido, advierte que en el texto del informe de fiscalización "se pone de relieve que si bien la Fiscalía Anticorrupción se manifestó en el sentido indicado, la verdad es que no estuvo lo suficientemente informada, pues el Ministerio de Trabajo, al parecer, no le aportó toda la documentación e información necesarias para tomar postura".

El archivo de las diligencias se produjo ya con Gobierno socialista, aunque tanto la teniente fiscal como el fiscal Anticorrupción accedieron a las responsabilidades durante la etapa de Aznar. El sobreseimiento se produjo sin que se llegara a citar a ningún responsable y pese a la existencia de un informe de julio de 2003 de la Unidad Técnica de Apoyo de la Intervención General del Estado a la Fiscalía Anticorrupción. En una nota a pie de página de la auditoría, el tribunal dice "coincidir" con la unidad de interventores cuando señaló la "improcedencia" de la adjudicación a dedo de esta campaña (en lugar de convocar un concurso público), dado que "la justificación del expediente es muy débil, la imperiosa urgencia es inexistente, los acontecimientos han sido perfectamente previsibles y se disponía de plazo hasta el 1 de abril de 2003 para su ejecución, no existiendo razón alguna, salvo las políticas, para anticipar su pago a 15 de enero de 2003".

Entre los documentos remitidos a Anticorrupción figura el estudio "post test" elaborado por Carat en abril de 2003, que evidencia la finalidad partidista de la campaña al contraponer "el miedo (gestión del PSOE)" a "la seguridad (gestión del PP)", o el contrato para la notificación individual a los pensionistas (que desmonta la necesidad de la publicidad). También la modificación del contrato, que supuso triplicar los medios beneficiarios en la Comunitat. Zaplana, al igual que el director del INSS y el entonces secretario de Estado de la Seguridad Social, Gerardo Camps, conseller de Economía, argumentaron que la Fiscalía no solicitó más documentos tras la petición inicial que se cumplimentó el 5 de marzo de 2003.

6. MÁS SOLOS QUE LA UNA: TODOS LOS PARTIDOS SALVO EL PP APRUEBAN DECLARAR 2006 AÑO DE LA MEMORIA HISTÓRICA (28/04/06)

Todos los grupos parlamentarios del Congreso, salvo el PP, han aprobado una Proposición de Ley que declara 2006 como Año de la Memoria Histórica e insta al Gobierno a presentar, en el plazo de un mes, el anunciado informe sobre la situación de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo. Todos los partidos han destacado en sus intervenciones que con la aprobación no se pretende "reabrir heridas", excepto el PP, que sostiene que la iniciativa pretende "utilizar el pasado como arma política".

La propuesta ha contado con 172 votos a favor, 131 en contra -todos del PP- y cuato abstenciones procedentes de ERC, que consideró insuficiente la iniciativa. La Proposición de Ley, aprobada en lectura única por el trámite de urgencia y que ahora pasará al Senado, propone que se reconozca la II República como antecedente de la actual democracia e insta al Ejecutivo a que promueva durante este año actos de homenaje a las víctimas de la Guerra Civil española y del franquismo.

Este reconocimiento vendrá acompañado de la puesta en circulación de sellos y monedas en recuerdo de las personas que defendieron "el orden constitucional establecido en la II República" y padecieron la represión franquista. El PP ha presentado una enmienda para que el año 2006 sea declarado "Año de la Concordia", propuesta que fue rechazada por los demás grupos parlamentarios.

En su intervención ante el pleno, el portavoz del PP Manuel Atencia ha anunciado que su grupo votará en contra de todas las iniciativas sobre la Memoria Histórica, ya que "son contrarias al pacto constitucional, intentan imponer una verdad oficial, tratan de revisar la transición democrática, dividen a los españoles y reabren viejas heridas". Según Atencia, "la II República es historia y como tal debe ser tratada". Además, ha recordado que la monarquía constitucional nacida en 1978 supuso la "superación de viejos conflictos". Tras lamentar que José Luis Rodríguez Zapatero "se declare heredero de la II República, en lugar de sentirse heredero de Felipe González o Alfonso Guerra", el diputado popular aseguró que el PP sí se siente heredero de la UCD, partido que "pilotó la transición".

7. GALICIA: LA CÚPULA ADVIERTE A UN ASPIRANTE A CANDIDATO A LAS DIPUTACIONES QUE LAS CANDIDATURAS LAS DECIDE EL PARTIDO (23/04/06)

El presidente del Partido Popular de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, dijo que el candidato para presidir la Diputación de Lugo lo decidirá el comité ejecutivo regional del partido y lo ratificará posteriormente el comité nacional. Aseguró que a él le parece bien que se postulen dos candidatos, Francisco Cacharro Pardo, actual responsable de esta institución, y el presidente provincial del PP, José Manuel Barreiro, y afirmó que ambas posibilidades "hay que estudiarlas". "La prudencia aconseja escuchar a la gente que tiene interés por si es la mejor alternativa", puntualizó tras asegurar que no le preocupa que haya dos candidatos. "Me preocuparía que no hubiera ninguno", destacó Feijoo.

En las últimas semanas Francisco Cacharro protagoniza un pulso con la dirección del partido por asegurarse la reelección al frente de la institución, tras conocerse la intención de la cúpula popular de sustituirlo por José Manuel Barreiro. A este respecto, el líder del PP gallego aseguró que entre mayo y junio el partido decidirá los candidatos a las elecciones municipales de mayo del 2007 en las principales ciudades gallegas, y después de los municipios con población superior a 20.000 habitantes.

8. ANDALUCÍA: "MARBELLA GATE", EL PP OTORGÓ UNA SUBVENCIÓN AL CEREBRO DE LA CORRUPCIÓN MARBELLÍ (25/04/06)

Juan Antonio Roca, implicado en la trama de corrupción de Marbella, consiguió que el Gobierno del PP le concediera una subvención a fondo perdido de 652.516 € en 2003. Lo hizo a través de Condeor, cuya administradora única es su testaferro Montserrat Corulla, también encarcelada. Se denuncia que Roca haya logrado "nutrirse de dinero público, por vías aparentemente legales". La publicación semanal explica que "el Gobierno de José María Aznar" le concedió la subvención para "financiar la construcción de un hotel de cuatro estrellas en el Municipio murciano de Los Alcázares".

Esta subvención fue concedida por la Dirección General de Desarrollo Industrial e Incentivos Regionales del Ministerio de Economía, cuando Rodrigo Rato lo dirigía. La cuantía (652.516 €) equivalía al 8 % del proyecto de inversión total presentado por la empresa Condeor. El proyecto alcanzaba los 8,1 millones de € e iba a crear 54 puestos de trabajo.

La aprobación fue un alarde de falta de conexión entre el Ministerio y la Audiencia Nacional, que disponía desde el año 2002 de documentos manuscritos de Roca en los que daba instrucciones a sus presuntos testaferros. Estos documentos forman parte de los incautados durante un registro policial en las oficinas de Roca en 2002 y se incorporaron al sumario del caso Saqueo de Marbella.

Después, el expediente de la subvención para el hotel, MU/993/P02, sufrió varios cambios. A finales de 2004, ya con el PSOE en el Gobierno, se amplió el plazo que tenía la empresa para justificar que había realizado el 25 % de la inversión realizada hasta el 21 de enero de 2005. Medio año más tarde, la empresa solicitó una reducción en el número de puestos de trabajo que había prometido crear. Condeor estaba supuestamente en negociaciones con la cadena hotelera Husa para que gestionase el hotel.

El Ministerio de Economía aceptó su petición de rebajar en un 49 % los puestos de trabajo el 23 de febrero de 2006. Pero recortó la subvención en un 25 % (la redujo desde el 8 hasta el 6 % sobre el importe de la inversión total). La ayuda pública se quedó en 489.387 €. La empresa Condeor tiene registradas 31 fincas a su nombre. Un palacete en Madrid, cuatro solares en Marbella, un hotel y dos parcelas en Los Alcáceres y otro hotel en una aldea de Huelva está entre sus propiedades.

9. ANDALUCÍA: "MARBELLA GATE", EL PP PIDIÓ AL EX ALCALDE MARBELLÍ QUE LITIGARA CON LA JUNTA POR EL URBANISMO (26/04/06)

El grupo popular en el Ayuntamiento de Marbella pidió al ex alcalde en funciones Tomás Reñones que presentara ante la Junta de Andalucía el escrito de alegaciones contra el expediente de retirada de competencias urbanísticas al Ayuntamiento antes de que el Consejo de Ministros disolviera la corporación. El PP insiste en que ya no hay motivos para esta intervención y así lo pedirá en el Parlamento. El pasado 5 de abril, Reñones convocó a la junta de portavoces para decidir si el Ayuntamiento presentaba o no a la Junta el escrito de alegaciones contra el expediente de retirada de competencias urbanísticas.

A la junta de portavoces asistieron, además del ex alcalde accidental, dos ediles del grupo mixto D, otros dos del mixto A, uno del GIL, uno del PA y dos del PP. Éstos últimos pidieron con insistencia a Reñones que presentara el recurso, aunque se negaron a la proposición del alcalde de que fuera firmado por todos los grupos. "Era su responsabilidad", explicó la presidenta local del PP, Ángeles Muñoz. El ex alcalde accidental presentó las alegaciones finalmente dos días después l que el Consejo de Ministros aprobó la disolución del consistorio.

El presidente de la gestora, Diego Martín Reyes, entiende que "no tiene sentido" mantener las alegaciones y que la gestora debe retirarlas, pero el PP considera que ya no hay motivos al haberse disuelto el gobierno municipal que vulneraba el ordenamiento urbanístico y que no cumplía las resoluciones judiciales.

El PP anunció que presentará en el Parlamento andaluz una proposición para que la Junta suspenda el procedimiento de retirada de competencias urbanísticas, e indicó que sí la Junta sigue adelante, la gestora debería presentar un recurso contra la medida final. Dentro de la gestora, es mayoritaria la posición a favor de la intervención de la Junta, que sustentan los 10 vocales que suman PSOE, IU y PA.

La Consejería de Obras Públicas mantiene el procedimiento y, una vez estudiadas las alegaciones, enviará el expediente al Consejo Consultivo para que dictamines. Para la Junta es prioritario que Marbella se dote de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), para cuya elaboración carece de competencias la gestora. El PP alega que "no se puede privar a Marbella de diseñar el futuro de la ciudad".

10. ANDALUCÍA: EL PP RECHAZA UNA MOCIÓN PARA QUE SE RETIREN SÍMBOLOS FRANQUISTAS EN JAÉN (23/04/06)

El PP impuso su mayoría en el pleno del Ayuntamiento de Jaén para rechazar la moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en la que se pedía la retirada de los símbolos de la dictadura franquista y del fascismo que aún perduran en la ciudad. "El PP ha perdido una oportunidad de abordar este asunto desde el consenso democrático", señaló el concejal de IU José Luis Cano, que calificó de "lamentable" la postura del gobierno local. La concejal de Cultura, Cristina Nestares, fue la encargada de argumentar el rechazo a la moción señalando en su exposición que durante la contienda civil "todo el mundo lo pasó mal". La moción de IU, mediante la que se solicitaba el compromiso de retirar todos los símbolos franquistas antes de final de año, estaba basada en un estudio elaborado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica sobre la abundante presencia de edificios y calles con nombres de la dictadura franquista y el fascismo en la capital jiennense, entre ellos las calles 18 de julio y División azul.

11. MADRID: LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE CREÓ UNA 'CAJA B' PARA PAGAR TRABAJOS IRREGULARES, INCLUIDOS LA ESCOLTA DE LOS TRÁSFUGAS TAMAYO Y SAEZ   (27/04/06)

La Universidad Complutense de Madrid, desarrolló entre 1999 y 2002 un sistema de financiación paralelo al oficial que se nutría de fondos no declarados de seis colegios mayores. Con ese dinero se pagaron al menos 894.000 € en gratificaciones a personal de la Complutense y ajeno a ella. Entre los beneficiarios está un vigilante privado que protegió a los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez cuando éstos abandonaron su grupo e impidieron que la izquierda gobernara la Comunidad de Madrid.

Dionisio Ramos, anterior gerente general de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y ex alto cargo del primer Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid, presuntamente era el principal responsable de un sistema de financiación paralela que se mantuvo durante años en la institución madrileña para efectuar pagos irregulares. Entre esos pagos figuran varios a Juan Antonio Expósito, el escolta que protegió a los ex diputados del PSOE Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez durante la crisis que ambos provocaron al desertar de las filas socialistas tras las elecciones autonómicas madrileñas de 2003. Según documentos y otros analizados por una auditoría externa de la Universidad que ha sido puesta a disposición judicial, sólo entre los años 1999 y 2002, se hicieron pagos irregulares por valor, al menos, de 894.000 € (unos 150 millones de pesetas). Estas operaciones comenzaron hace más de una década y se prolongaron hasta la elección, en mayo de 2003, de Carlos Berzosa como nuevo rector de la Universidad.

Tras acceder a decenas de documentos originales que prueban la existencia de esa contabilidad paralela, que se nutría de los pagos de los 950 alumnos hospedados en los seis colegios mayores propios de la institución. La administración de este irregular sistema de financiación tenía su sede en el Colegio Mayor Antonio de Nebrija, del que Ramos fue director (y colegial en sus tiempos de estudiante) y que era dirigido por su propia hermana, Maribel Ramos, que desde 2000 ostentaba el cargo de administradora de los colegios mayores.

"La auditoría externa de la Universidad Complutense del ejercicio económico 2002, realizada por Price Waterhouse Coopers, constata falta de control en la facturación de los Colegios Mayores propios de la Universidad, lo que se manifiesta en ingresos no incorporados al presupuesto de la Universidad y falta de contabilidad de gastos", afirma el informe elaborado por el rector. Se confirma así la "existencia de un segundo canal económico paralelo y complementario de los canales oficiales de la UCM, basado en movimientos de dinero en efectivo con tres fuentes de entrada: reservas de plaza de los colegiales, cobro de mensualidades directas de algunos de ellos y cobros de los alojados en los meses de verano".

Según los documentos oficiales, con el dinero de esa "caja B" se pagaron distintas cantidades a 26 personas, además de al vigilante privado Expósito, entre las que se encuentran vicerrectores, gerentes y técnicos de la administración, algunos de los cuales son familiares directos de Ramos. Los recibos a nombre de Juan Antonio Expósito, por un valor de 4.800 €, introducen, sin embargo, una sospecha de conexiones políticas por la vinculación del escolta con la crisis creada en 2003 en la Asamblea de Madrid.

Tras la comisión de investigación abierta por aquellos hechos, que intentó demostrar sin éxito la existencia de una trama urbanística vinculada al PP detrás de aquel episodio, tanto Expósito como Dionisio Ramos declararon ante el juez a finales del año pasado. En esa comparecencia, ambos aseguraron no conocerse personalmente. Expósito lo negó pese a haber reconocido, ya en prisión y mediante un manuscrito, que sus servicios habían sido pagados por la Complutense y que Ramos le había encargado la vigilancia de algunas personas de la Universidad.

Ramos insistió en que no conocía "de nada" a Expósito y aseguró que preparaba una demanda en defensa de su "honor" y contra las "calumnias" vertidas por los medios de comunicación. Y declinó dar explicaciones sobre los pagos. Los recibos a favor de Expósito en poder de este periódico, en los que éste cobra por un trabajo en concepto de "unidad de vigilancia" de la Universidad, llevan el membrete de los Colegios Mayores de la Complutense. Pese a los desmentidos de ambos y las versiones contradictorias mantenidas ante el juez por Expósito, los documentos recabados por este periódico vinculan al escolta y al gerente de la Complutense en un momento en el que el PP podía haber perdido el Gobierno de la Comunidad y que la espantada de los dos tránsfugas evitó.

Antes de llegar a la gerencia, Ramos ejerció como vicegerente de obras de la UCM entre 1987 y 1995, bajo el rectorado de Gustavo Villapalos, a quien también acompañó como secretario general técnico en la Consejería de Educación, bajo Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid (1995). Durante ese tiempo en la vicegerencia de obras, Ramos promovió residencias para personal universitario en el campus de Somosaguas (Pozuelo, Madrid).

La auditoría encargada por el rector Berzosa ha comprobado la existencia de una cuenta corriente que entre 1995 y 2001 estuvo a nombre de diferentes testaferros -desde subdirectores de colegios mayores hasta becarios- y con la que se operaba para los pagos irregulares. En esa cuenta (la misma que corresponde el cheque de la foto), según el informe del rector, "se ingresaban cantidades derivadas de la utilización de los colegios mayores y diversos cobros y talones a lo largo del año". "Los cobros canalizados por esta vía", añade la auditoría, "superarían los 105 millones de pesetas en 2000".

12. MADRID: AGUIRRE RETA AL CONSTITUCIONAL Y CONSTRUIRÁ LA R-1 Y LA M-50 CON OTRO NOMBRE (25/04/06)

El Gobierno de Esperanza Aguirre ha tomado la decisión de denominar RM-1 a la autopista de peaje radial 1, y M-45, al cierre por el norte de la vía de circunvalación M-50, según fuentes del Ejecutivo regional. Ambas infraestructuras están declaradas de "interés general" por el Consejo de Ministros, razón por la que el Gobierno central ha reclamado su competencia y ha llevado esta petición hasta el Tribunal Constitucional, que la admitió a trámite a primeros de mes.

Ya lo avisó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, cuando el pasado 1 de marzo, tras entrevistarse con la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, no alcanzó ningún acuerdo sobre la construcción de la autopista de peaje radial 1 y el cierre por el norte de la M-50. "Seguiremos con los proyectos y si hace falta les cambiaremos el nombre", amenazó entonces Aguirre, después de recibir la negativa de la ministra a que el Ministerio de Fomento asumiera la construcción del cierre de la M-50 con un túnel bajo el monte del Pardo. Y eso es lo que ha hecho la Comunidad de Madrid: quiere modificar el nombre de estas carreteras. El nombre de estas vías tiene gran importancia porque las dos infraestructuras cuestionadas fueron declaradas de interés general por un Real Decreto del 26 de septiembre de 2003, cuando era presidente José María Aznar (PP). Esa declaración menciona únicamente los nombres de la radial 1 y la M-50, no los itinerarios que recorren.

Con esta argucia, el Gobierno regional trata ahora de evitar que sean paralizados los proyectos que tiene en marcha, una medida que solicitó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y que el Tribunal Constitucional aceptó al admitir a trámite la cuestión de competencia planteada. En el caso de que en cinco meses el tribunal no logre tomar una decisión, la ley le obliga a volver a considerar si mantiene la suspensión sobre los proyectos.

Una portavoz de la Consejería de Transportes e Infraestructuras explicó que la Comunidad todavía no ha recibido la notificación oficial de que debe suspender sus actuaciones mientras decide el tribunal. En la actualidad, se mantiene abierto el plazo para presentar las ofertas de las empresas que quieran acudir al concurso. Sin embargo, la providencia de admisión de la decisión del Constitucional indicaba que había suspendido la vigencia de las resoluciones de la Comunidad desde el 23 de marzo de 2006, "fecha de la interposición del conflicto".

13. MADRID: AGUIRRE Y SU AFÁN PRIVATIZADOR, AHORA LAS NUEVAS LÍNEAS DE METRO  (26/04/06)

La Consejería de Transportes e Infraestructuras ha convocado un concurso para ceder durante 30 años la construcción y explotación de los nuevos tramos del metro de los denominados metros ligeros, que ya están en construcción y que hasta ahora financiaba la Comunidad de Madrid, por lo que las empresas concesionarias deberán devolverle el dinero que se ha gastado en ellas. La privatización no encarecerá el billete, como sí ocurrirá con el metro al aeropuerto de Barajas.

La convocatoria, que está abierta hasta el próximo mes de junio, divide en dos lotes diferentes la concesión del suburbano. Una parte tiene un presupuesto base de licitación de 292,9 millones de €, que corresponde a la línea que unirá Pinar de Chamartín con Las Tablas. La otra parte, de 598,9 millones de €, contemplará los tramos del metro a Boadilla y a Pozuelo.

Las obras de construcción de las tres líneas ya están muy avanzadas. Por eso, las empresas que resulten adjudicatarias en el concurso deberán abonar al Gobierno regional los costes de construcción de la obra. Además, se harán cargo de la explotación y mantenimiento de las nuevas infraestructuras y las inversiones para mantener la calidad del servicio.

14. MADRID: IMPUTADO EL ALCALDE DE BOADILLA, ACUSADO DE NOMBRAR A DEDO A UN CONSERJE AFÍN AL PP  (26/04/06)

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Móstoles sostiene en un auto que existen indicios de que el alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González, del PP, y el ex gerente del Patronato de Cultura (edil) José Francisco Pastor de Luz, pueden haber incurrido en un delito de prevaricación (dictar una decisión injusta a sabiendas) al contratar en 2001 a un conserje sin convocar concurso ni oposición. El trabajador, Raúl de Diego Nicolás, fue reclamado directamente del Inem. Destaca el hecho de que la hermana del conserje, Margarita de Diego Nicolás, ocupara el puesto número 20 de la lista que presentó el PP en las últimas elecciones municipales de 2003.

Con este auto, el juzgado da por finalizadas las diligencias previas que se iniciaron tras una denuncia presentada por los grupos de la oposición (PSOE y Alternativa por Boadilla) en 2002. El juez acuerda proseguir las actuaciones respecto de los imputados Arturo González y José Francisco Pastor de Luz por un posible delito de "prevaricación/nombramientos ilegales". Las actuaciones se pasarán al ministerio fiscal y a las acusaciones particulares para que, en un plazo de 10 días, puedan solicitar la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación, o el sobreseimiento de la causa.

Para el alcalde manifestó: "Estamos ante un mero trámite procesal". También reprocha a sus opositores municipales que "recurran a los tribunales para lograr lo que políticamente no consiguen. Pese a ello, el auto explica cómo el Ayuntamiento contrató a De Diego por tiempo indefinido el 17 de octubre de 2001, fecha en la que empezó a ejercer de conserje. Asimismo, subraya que "dicho trabajador fue reclamado personalmente, con nombre y apellidos, de la oficina del Inem directamente por Francisco Pastor de Luz".

El 2 de noviembre de 2001, el alcalde suscribió un decreto de nombramiento de De Diego como conserje interino del Patronato. El secretario de la Corporación se negó a firmar dicho decreto y advirtió en el Consejo de Administración del Patronato de Cultura en enero de 2002 que se estaba cometiendo una ilegalidad y que el nombramiento era nulo de pleno derecho. El auto afirma que, a pesar de todas estas advertencias, la persona contratada "continúa a esta fecha desempeñando sus funciones como conserje en el citado Patronato". Tras el examen de las actuaciones, el juez llega a la conclusión de que existen indicios suficientes para apreciar una actuación concertada entre el alcalde y el ex gerente del Patronato para contratar a de Diego en un puesto laboral dependiente de la Corporación, "a sabiendas de su ilegalidad".

15. COMUNIDAD VALENCIANA: LA CONSEJERA DE MIGUEL ACUSA A LOS SOCIALISTAS DE RENTABILIZAR LOS MUERTOS, QUE "LES SALIÓ BIEN EL 11-M" (27/04/06)

Una de las preguntas de control al Consell, en el pleno de las Cortes Valencianas, desembocó en una monumental bronca entre populares y socialistas que obligó a suspender la sesión 20 minutos. En respuesta a una cuestión sobre el incendio de marzo en una residencia de Massamagrell, en el que murieron cinco personas, la consejera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, acusó a los socialistas de "intentar rentabilizar a los muertos", algo que, según dijo acto seguido, "les salió bien en el 11-M".

Las últimas palabras de la consejera hicieron saltar de sus escaños a los socialistas, que gritaron "fuera" y la llamaron "sinvergüenza", mientras los populares aplaudían. Entre tanto, a pesar de que aún le quedaba tiempo, De Miguel dio por terminada su intervención, mientras el portavoz adjunto socialista Andrés Perelló pedía la palabra para exigirle que retirara la frase, por considerarla "lo más grave, gordo y doloroso que se ha oído en esta Cámara en los últimos 20 años". Mientras, la vicepresidenta de la Cámara, Maira Barrieras, quien, en ausencia del presidente, Julio de España, dirigía el pleno, intentaba poner orden, sin éxito, y gritaba casi tanto como los diputados de los bancos del Gobierno y del PSPV. Los socialistas le pedían que no se pusiera "nerviosa" y Barrieras precisó: "No estoy nerviosa, soy nerviosa". De Miguel tomó la palabra para asegurar: "Yo no he dicho lo que Perelló dice que he dicho". Ante la imposibilidad de controlar la situación, Barrieras decidió suspender el pleno por 10 minutos, aunque De España, que había asistido a su lado a los últimos momentos del griterío, consideró que eran necesarios 20.

16. COMUNIDAD VALENCIANA: LA JUSTICIA NO EXIME DE DECLARAR A CUATRO EX MINISTROS DE AZNAR, Y PERMITE INVESTIGAR EL PATRIMONIO DE SUS HIJOS (28/04/06)

Carlos Fabra, presidente de la diputación de Castellón, recusó la decisión de la Audiencia Provincial de Castellón de citar a declarar como testigos en el caso Fabra a cuatro ex ministros del Gobierno de José María Aznar El pasado 17 de abril. El pasado miércoles la sección segunda de dicha Audiencia le comunicó que no procede su petición. Tres nuevos testigos (entre ellos Jesús Posada, Miguel Ángel Arias Cañete, Celia Villalobos y Juan Costa) tendrán que declarar sobre las supuestas mediaciones en el Ministerio de Agricultura en favor de Naranjax.

La sala segunda rechazó el incidente de nulidad con el que trató de invalidar las diligencias testificales acordadas por los magistrados en un auto de 28 de febrero por "incongruencia inexistente". En aquella resolución, la Audiencia ordenó la declaración de 17 personas. La ex ministra de Sanidad (Villalobos) y los ex ministros de Agricultura (Arias Cañete), Administraciones Públicas (Posada) y Ciencia y Tecnología (Costa) estaban entre ellos.

En aquel auto, también se decidió investigar todo el patrimonio de Carlos Fabra, así como el de su mujer y sus hijos, al considerar que no es infrecuente que los lucros obtenidos se oculten a través de testaferros. Pues bien, los magistrados se ratificaron en que esta investigación es necesaria para averiguar si el presidente de la diputación ha obtenido ingresos millonarios no declarados desde el año 99. La Audiencia advirtió al líder provincial del PP que de su recurso puede entreverse un ánimo dilatorio. Asimismo, le recordaron que insta ahora la nulidad de la investigación cuando "no atisbó o no expuso" en su momento el "menor viso" de incongruencia. El tribunal concluyó que no está "habilitado" para plantear incidente alguno.

El incidente de nulidad intentaba que la Audiencia reconsiderara su auto, recordándole que el Juzgado de Instrucción Número 1 de Nules se había limitado a pronunciarse en primera instancia sólo sobre cuatro testigos solicitados por la Unión de Consumidores de España (UCE), personada como acción popular en la causa. Los abogados del político reflejaron en su escrito que el mencionado juzgado admitió finalmente sólo tres testigos de los cuatro propuestos en el recurso de reforma, entendiendo que sobre el resto no había controversia.

Además, los representantes de Fabra alegaron que las 13 pruebas testificales adicionales ya habían sido desestimadas con anterioridad por la propia sala de la Audiencia. El político castellonense se acogió a este supuesto defecto procesal para alegar que se le ha colocado en indefensión. Los abogados defensores aseguraron que "deben practicarse las diligencias que sean pertinentes, evitándose aquella vertiente que suponga más espectáculo que efectiva instrucción".

17. COMUNIDAD VALENCIANA: TENSIONES PEPERAS, ORTUÑO RELACIONA SU EXPULSIÓN CAUTELAR DEL PP CON SU DENUNCIA A RIPOLL     (27/04/06)

Manuel Ortuño, ex subdelegado del Consell en Elche y presidente local del PP hasta 2002, aseguró que el expediente de suspensión cautelar de militancia acordado por la dirección nacional es una "medida de presión" para que retire sus denuncias contra la dirección provincial del PP por supuesta manipulación de los censos de afiliados. Ortuño señaló que oficialmente no tiene conocimiento de la apertura del expediente disciplinario, pero que recurrirá la resolución del comité de Derechos y Garantías. "Lo que uno lleva dentro no me lo va a quitar a mí una medida cautelar infantiloide; yo no como del cargo público", dijo.

Ortuño explicó que esta medida es una forma de presionarle para que retire los procesos judiciales que tiene abiertos contra Julio de España, José Joaquín Ripoll y Miguel Peralta por presunta falsificación de los censos de militantes del PP. El partido ha abierto un expediente disciplinario a Manuel Ortuño tras el fallo judicial que le condena a una multa de 60 € por insultar a la diputada nacional del PP Enriqueta Seller, a la que según la sentencia, llamó puta en el transcurso de los altercados ocurridos en la asamblea para elegir los compromisarios al congreso provincial del PP.

Ortuño subrayó que la sentencia que le condena está recurrida en amparo al Tribunal Constitucional ya que él niega haber insultado a la diputada. Para Ortuño, "todo esto es una medida de presión para que desista de los procesos judiciales por la manipulación de los censos que podrían conllevar una condena de dos a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargo público para los procesados que el juez no tardará en decidir".

El veterano político ilicitano acusó directamente a Julio de España, que entonces era el presidente provincial del Partido Popular, a Joaquín Ripoll, como presidente de la diputación de Alicante y al consejero Peralta y afirmó que "desde Alicante nunca han querido que hubiese un partido fuerte en Elche".

18. COMUNIDAD VALENCIANA EL ALCALDE DE ORIHUELA VULNERÓ LA LEY DE CONTRATOS AL ADJUDICAR EL INFORME EXTERNO SOBRE LA CONTRATA DE BASURA  (22/04/06)

El alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, del PP, vulneró la ley de contratos de las corporaciones al adjudicar un informe externo, en concreto a un profesor de la Universidad de Alicante, sobre la contrata de basura. Medina, según denunciaron los grupos de la oposición, encargó el informe "a dedo", ya que no existía un convenio previo entre ambas instituciones públicas (la Universidad de Alicante y el Consistorio), sin consignación presupuestaria y sin la aceptación por parte de la Universidad. La oposición mantiene que la adjudicación al superar los 12.000 € -el trabajo está valorado en 29.000 €- debía haberse hecho por concurso público. El documento fue coordinado por el catedrático de la Universidad de Alicante Santiago González-Varas en colaboración con cuatro ingenieros.

El alcalde optó por pedir informes externos sobre la contrata de basuras el pasado 28 de marzo a raíz del escándalo por el supuesto intento de soborno de una de las cinco firmas que han presentado ofertas. El acuerdo de encargar a la Universidad de Alicante el informe se adoptó en la comisión de gobierno del 30 de marzo. La oposición señala que Medina se limitó a dar "apariencia" de legalidad a la adjudicación. El Ayuntamiento había remitido al profesor documentación sobre el pliego de la contrata e informes de los técnicos municipales el 27 de marzo, tres días antes del acuerdo de la comisión.

El estudio fue presentado a la junta de portavoces del Ayuntamiento. El documento se limita a validar el informe del ingeniero municipal favorable a adjudicar la contrata la firma Urbaser y rechazar el del secretario, contrario a esa opción. Los portavoces de los grupos municipales, incluida la del grupo popular, Mónica Lorente, cuestionaron la "validez" del documento y acordaron reiniciar el proceso de la contrata con más informes externos.

19. COMUNIDAD VALENCIANA: EL PP CONDONÓ 280.000 € A UNA EMPRESA DE CASTELLÓN BASÁNDOSE EN UN DOCUMENTO FALSO   (27/04/06)

El pleno del Ayuntamiento de Castellón, con los votos del PP, aprobó una exención de 280.000 € de los impuestos de instalaciones y obras a favor de la empresa Lubasa por la construcción de un aparcamiento junto al hospital General, basándose en un documento falso. La solicitud supuestamente presentada por el director del hospital en la que se justificó la exención no fue firmada, ni remitida, ni ordenada por él.

La bonificación del 95% de lo que la empresa debía pagar se aprobó ante la solicitud presentada por el director del hospital General de Castellón, que reclamaba la exención ya que la obra fue reclamada por la Consejería de Sanidad y por el propio centro hospitalario. Sin embargo, el escrito que llegó al Ayuntamiento por registro de entrada y que fue no solo incluido en el expediente sino también atendido, no fue firmado, remitido ni ordenado por el director del hospital, según confirmaron fuentes de la propia consejería. El documento "no es creíble", indicaron las mismas fuentes, que hicieron referencia a que en él no figura el sello de registro de salida de la consejería. El papel no es oficial, la firma no coincide con la del director y, de hecho, aunque en el encabezamiento figura "Ramón Jiménez Marco, director del hospital General de Castellón (Consejería de Sanitat)" como remitente, en la rúbrica figura, además de un garabato, un "PO", siglas que responden a "por orden" y que se utilizan en los casos en los que los escritos no pueden ser firmados por el cargo que los emite.

Fuentes de la Consejería de Sanidad indicaron que la solicitud de la exención "no ha salido del hospital" pero, pese a que admitió que de la misma se desprende que alguien ha actuado en nombre de la Administración autonómica, "de momento" no se va a solicitar la apertura de ninguna investigación para determinar quién falsificó el documento. El Ayuntamiento revocó la decisión de la exención del impuesto, tras el recurso planteado por el grupo municipal socialista, que se basó en que, pese a que el aparcamiento es una instalación anexa al centro hospitalario, tiene ánimo de lucro ya que todos los usuarios estarán obligados a pagar por su uso. Los técnicos dieron la razón al grupo socialista y hoy mismo el pleno enmendará su decisión. Sin embargo, la concejal del PSPV Josefina Gimeno señaló que, en su opinión, ha existido un intento de fraude que calificó de "escándalo sin precedentes".

20. COMUNIDAD VALENCIANA: UN ALCALDE DEL PP, EN UN ACTO DE LA EXTREMA DERECHA (28/04/06)

Rafael Calvo, alcalde de la localidad castellonense de Segorbe y vinculado al PP, fue moderador de un debate en el que la extrema derecha participó. Incluso, Falange Auténtica le agradeció que tuviera la "valentía" de moderar la mesa redonda sobre José Antonio y la República y se "declararse inmune a las presiones que ha recibido".

Antes que Calvo aceptase la invitación, seis personas con las que había contactado anteriormente la organización, Foro Digital La Espiral, declinaron participar en el debate junto al portavoz de la Ejecutiva Nacional de Falange Auténtica, Enrique Antigüedad. Entre ellos se encontraba Juan Miguel Corchado, profesor de Historia de la Universidad Jaime I.

Rafael Calvo es un independiente, vinculado al PP y elegido en sus listas. Los populares mantienen a ocho concejales en el consistorio (incluido Calvo), frente a cuatro de los socialistas y uno de los republicanos. En el debate se autodefinió como "republicano", según comenta Juan Carlos García Moreno, secretario general de organización de Falange Auténtica (fundada hace tres años y considerada como la "Falange de izquierdas" por la extrema derecha). Calvo y el Ayuntamiento han estado unidos desde los años 80. Primero como independiente del CDS y después, a partir de 1995, de la mano del PP. Desde entonces, ha conseguido tres mayorías absolutas en Segorbe. Previo al debate, Calvo reclamó "garantías" civilizadas en el acto en el que se analizó y ensalzó la figura del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera.

21. ISLAS BALEARES: EL PRESIDENT MATAS VA POR LIBRE Y DESAFÍA A RAJOY CON OTRO ESTATUTO EN BALEARES (22/04/06)

La consigna del PP nacional es ni un estatuto más y así se lo ha hecho saber Mariano Rajoy a sus barones recientemente. La directriz fue contundente y, por ello, difícil de digerir para los que gobiernan y ya tenían en marcha procesos de reforma en sus autonomías. Es el caso del presidente balear, Jaume Matas, que ha optado por desoír el mandato de Rajoy y no sólo no ha detenido la reforma sino que la ha agilizado. El objetivo es tener lista la redacción definitiva del nuevo Estatuto el próximo martes.

La dirección del partido en Madrid teme que, después de la oposición furibunda desarrollada contra el Estatuto de Cataluña en toda España, el catalán se convierta ahora en un modelo a seguir para los presidentes autonómicos populares en un afán por no ser menos que nadie. "En este tema, ni una broma", zanjó el presidente del PP.

Fue el pasado 27 de marzo. Cuando los responsables regionales y autonómicos del PP se esperaban una comida monográfica sobre la entrevista con Zapatero tras el alto el fuego de ETA, Rajoy les sorprendió recordándoles que reformar los estatutos no es una prioridad para el PP y prohibió liderar proyectos muy ambiciosos y que no subrayen la indivisibilidad de la nación española. El aviso era para todos pero especialmente para los que gobiernan. No es el caso de Javier Arenas, que fue el primero en obedecer. El andaluz trasladó a los suyos el jueves la orden de votar no al Estatuto de Andalucía. En su misma situación se encuentra el gallego Alberto Núñez Feijóo.

22. ISLAS CANARIAS: GRACIAS A SU GESTIÓN Y A ESCÁNDALOS VARIOS, EL PP PIERDE DIEZ MUNICIPIOS DESDE QUE SE INICIÓ LA LEGISLATURA (24/04/06)

Esta legislatura no ha sido, hasta ahora, un mar de calma; y, de seguir con la tónica general, se auguran a partir de ahora y hasta marzo de 2007 unas jornadas intensas en el plano político. La ruptura del pacto de gobierno entre nacionalistas y populares en junio del año pasado fue la primera estocada, pero no la única a un PP que no se cansa de reafirmarse en que la situación es de total normalidad, pero que ha perdido desde que se inició el mandato más de diez ayuntamientos en los que gobernaba sin mayoría absoluta, y se le han puesto las cosas difíciles en otros donde sí contaban con todos los concejales de su color político.

Es el caso de Mogán, en el sur de la isla, donde la concejala de Hacienda, Carmen Delia Melián, dejaba este lunes su acta para pasar al grupo mixto por "desavenencias" con el alcalde, Francisco González. Según denunciaba Melián, el primer edil le habría obligado a firmar un expediente sin su consentimiento, lo que le motivó a dimitir. A pesar de garantizar durante toda la semana que la "estabilidad" estaba garantizada y que la oposición no pensaba en una moción de censura, el alcalde ha iniciado este fin de semana una ronda de contactos con los partidos del municipio para poder obtener una nueva mayoría cualificada.

En caso de que se quedaran sin Mogán ya serían cinco los consistorios perdidos por los populares en Gran Canaria -Firgas, Artenara, Arucas y San Bartolomé de Tirajana-. Los más sangrantes, estos dos últimos, que formaban parte de los compromisos adquiridos entre nacionalistas y populares a principios de legislatura. En la isla redonda, José Manuel Soria, presidente del PP, dejó claras también sus preferencias hacia Telde. Allí ha perdido una concejal, encarcelada desde el mes pasado después de que una empresaria denunciase el pago de comisiones por obras contratadas por el Ayuntamiento. Junto a la edil de Urbanismo, ingresó en prisión su asesor, Francisco Gordillo, que fue puesto en libertad condicional con una fianza de 40.000 €.

23. REGIÓN DE MURCIA: ‘LADRILLO CONECTION’, EL ALCALDE PEPERO DE SAN JAVIER TIENE UNA CONSTRUCTORA CON DOS DE LOS PRINCIPALES PROMOTORES DE LA CIUDAD (27/04/06)

El Alcalde San Javier, José Hernández Sánchez, de profesión promotor, forma parte de una sociedad constructora junto a dos de los principales promotores del Mar Menor: Santiago Martínez Esparza, propietario de la firma Urdemasa, y Juan Gracia Jiménez, dueño de la mercantil Peinsa. Junto a ellos, y también en calidad de socio mancomunado, figura el arquitecto valenciano Javier Gea Martínez. Urdemasa y Peinsa son dos empresas con importantes intereses en San Javier. La primera se ha adjudicado numerosas obras públicas (entre ellas, la construcción del nuevo edificio consistorial, un aparcamiento subterráneo, la biblioteca municipal y el centro de día de la tercera edad en el Mirador) y además es propietaria de una parte del Plan Parcial Roda Golf & Beach Resort (1.700 viviendas y campo de golf). La segunda promueve a su vez una importante urbanización, Señorío de Roda, que contempla la construcción de unas 300 viviendas.

La sociedad de la que forman parte Santiago Martínez Esparza, Juan Gracia Jiménez y el alcalde José Hernández se denomina Nueva Valencia al Mar S.L., fue constituida el 5 de febrero del 2004 en San Javier, su capital social es de 6.100 € y su objeto social es "la construcción, promoción y venta de edificaciones tanto libres como de protección oficial. La compraventa de terrenos y solares urbanos y rústicos para urbanización, construcción, venta y explotación por arrendamiento o por cualquier otro título jurídico (...)".

El alcalde de San Javier no intentó esconder la existencia de esa sociedad junto a los dos promotores y, al contrario, la defendió como algo totalmente normal, "ya que yo soy promotor y aparejador desde hace más de 30 años, vivo de eso y tengo los amigos que quiero y me asocio con quien quiero". Además señaló que, pese a que lo que recoge el objeto social de la mercantil parezca indicar lo contrario, "eso no es una promotora. Es una sociedad de un grupo de amigos que queremos hacernos unas casas en Valencia".

Hernández calificó de "vaguedades" las imputaciones que se le estaban haciendo por su relación con esos empresarios y espetó a los periodistas: "¿De qué se me acusa?
¿Se está hablando de tráfico de influencias?

Sin embargo, el primer edil de San Javier admitió que, pese a que ambos empresarios son socios suyos y amigos, en ningún momento había considerado necesario abstenerse de votar en Pleno sobre decisiones municipales que les afectaban. "Una de esas sociedades -explicó en relación a Urdemasa- se ha adjudicado todas las obras públicas por el procedimiento de subasta y yo no pertenezco a la mesa de contratación. Yo no me puedo abstener cuando algo se adjudica por subasta pura y dura y cuando se hace a la baja y los sobres se abren en presencia de todo el mundo". El alcalde de San Javier considera así que no existían motivos para abstenerse en las votaciones de Pleno.

24. REGIÓN DE MURCIA: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE SE NIEGA, POR TERCERA VEZ, A ENTREGAR LOS DOCUMENTOS DE PUERTO MAYOR (24/04/06)

La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha pedido por tercera vez a la consejería de Industria y Medio Ambiente la documentación relativa al proyecto de Puerto Mayor, informaron en una nota la asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y Greenpeace.

Dentro del proceso judicial abierto tras el recurso presentado por ambas organizaciones contra el proyecto de Puerto Mayor, la sala ha dictado una resolución que ordena a la consejería que remita esa documentación antes de diez días, bajo apercibimiento de multa. En concreto, pide los datos del expediente del levantamiento de la suspensión de esas obras aprobado por el director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, no enviada por el Gobierno regional en las dos ocasiones anteriores en las que se le pidió. Ambas organizaciones "entienden que si la consejería se niega de nuevo a entregarlo deberá procederse seguidamente a la apertura de diligencias penales contra sus responsables por la posible comisión de un delito de desobediencia a la autoridad judicial".

Según el presidente de ANSE, Pedro García, con este proceder los responsables de la consejería estarían "tratando de ocultar las graves responsabilidades en que podría haber incurrido Alvarado al acordar de forma improcedente el levantamiento de la suspensión de las obras ordenado antes por la Comunidad al comprobar que el proyecto era ilegal por ser contrario a la normativa de Costas y de Medio Ambiente". "A pesar de ser contrario a derecho y contar con una sentencia del Tribunal Supremo que establece que la Comunidad debía proceder a declarar su nulidad con la tramitación de un procedimiento de revisión de actos nulos, las obras de este puerto, con capacidad para unos 950 amarres, siguieron adelante sólo para favorecer los intereses particulares de la empresa", concluye la nota.

25. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LOS NEGOCIOS MILLONARIOS DEL HIJO DEL DIPUTADO DEL BURGO (24/04/06)

Jaime Arturo del Burgo Azpíroz, primogénito del líder de UPN y diputado del Partido Popular, Jaime Ignacio del Burgo Tajadura, es abogado y empresario. Por lo visto, "ha logrado que las administraciones del PP inviertan unos 55 millones de € en sus empresas. Pero éstas invariablemente han acabado en pérdidas y vendidas de ocasión a un grupo gallego". Jaime Arturo del Burgo ha creado, entre otras compañías, Corella Compañía Tecnológica de Construcción (CTC), Hormimeco, Hispano-Lusa Compañía Tecnológica de Construcción y Preindustrializados Pretesandos de Levante. El joven letrado defiende la limpieza de su actuación y asegura que se han creado 1.500 empleos gracias a él.

Del Burgo hijo, que fue testigo en la boda de los Príncipes de Asturias por parte de Leticia Ortiz, afirma que puso sus fábricas en municipios gobernados por el PSOE en las Comunidades de Madrid y Galicia, e IU en una localidad de Valencia. Además, argumenta que el resto de las ayudas que pudo recibir "son a las que tenía derecho y las mismas que cobraría cualquier otra empresa".

Lo cierto es que la publicación semanal del Grupo Zeta denuncia esta semana que el hijo de Del Burgo tiene "la facilidad para lograr subvenciones". Además, añade el "que estas empresas acaben en la quiebra son denominador común de al menos tres de estas iniciativas industriales, llevadas a cabo en territorios autonómicos populares, Navarra, Madrid y Galicia (antes de la derrota de Fraga)".

Su estructura empresarial surge de una sociedad de asesoramiento, Gasteiz Desarrollo Industrial (Gadeinsa). "Su principal aliado para todas estas iniciativas fracasadas ha sido la administración autonómica, que ha invertido, de forma a veces directa y otras en forma de créditos de difícil cobro, más de 55 millones de €".

Tras las subvenciones millonarias, buena parte del conglomerado industrial "ha quedado en manos de una empresa gallega, Grupo Puentes, que ha comprado dos de estas sociedades en suspensión de pagos a precio realmente interesante, 150.000 € por Hormimeco (cuyo valor en balance es de 29 millones de €) y 2 millones por Hispano-Lusa (cuyo activo era de 33 millones de €)".

Para explicar el método de Del Burgo hijo, el periodista Joaquín Vidal recuerda el caso de Hormimeco. Hace hincapié en que a la inauguración de esta empresa el 5 de febrero de 2001 acudió el entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, y una parte representativa de la Comunidad de Madrid.

Dos años antes, cuando se constituyó la sociedad, Cajamadrid, al frente de un sindicato de otros ocho bancos, concedió un crédito hipotecario por valor de 18.709.506. Más adelante, en marzo de 2001, Cajamadrid junto a otras entidades volvió a otorgar otro crédito a Hormimeco de unos 9 millones de €. Dos meses después del segundo crédito, la empresa se declaró en suspensión de pagos. La compañía fue vendida al grupo gallego Puentes, por medio de la empresa Noreste de Pretensazos. Los dos créditos fueron transferidos con la venta.

Por tanto, "los dos créditos, que entonces sumaban 25 millones de €, se venden por poco más de 11 millones de €. Es decir, que a pesar de que podía recuperar todo el dinero, Cajamadrid renunció a 14 millones de €". Hispano-Lusa Compañía Tecnológica de Edificación fue creada también por Del Burgo hijo en mayo de 2001. Un 35 % de los 5.859.800 € de capital social fue aportado por Caixanova. Sodita Capital Riesgo hizo lo propio con el 32,5 %. Además, recibieron 709.000 € a fondo perdido de la Diputación de Ourense, junto a otras subvenciones.

El Grupo Puentes, a través de la empresa Pretor, compró parte de esta empresa en 2002. Pagó a Gadeinsa 2.460.860 € por una participación del 34,66 %, cuando el valor nominal era de 2.031.006 €.

Ir a informes anteriores

© Copyright. 1998 - 2006. www.losgenoveses.net. Ningún derecho reservado. Aquí es todo de gratis y sin comisiones
( Página diseñada para ver con Explorer 5 o superior  a 1024 x 768 píxeles )