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ÍNDICE
1. ANTE EL ANUNCIO DE ALTO EL FUEGO PERMANENTE DE ETA: DISCREPANCIAS DEL PP
2. ANTE EL ANUNCIO DE ALTO EL FUEGO PERMANENTE DE ETA: ZAPLANA MIENTE EN UN PROGRAMA DE TELEVISIÓN (24/03/06)
3. ANTE EL ANUNCIO DE ALTO EL FUEGO PERMANENTE DE ETA: EL EX MINISTRO MAYOR OREJA INSISTE EN VINCULAR ETA CON ESTATUT (24/03/06)
4. ANTE EL ESTATUT DE CATALUÑA: EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL REPRENDE AL PP POR QUERER USARLO EN SU BENEFICIO (24/03/06)
5. RAJOY BATE SU RÉCORD DE IMPOPULARIDAD (24/03/06)
6. JAIME IGNACIO DEL BURGO: "ESPAÑA AGONIZA" (24/03/06)
7. ANDALUCÍA: ZAPLANA Y AGUIRRE APARCAN SIN SANCIÓN EN UNA PLAZA DE CÁDIZ DONDE MULTARON A CHAVES (23/03/06)
8. ANDALUCÍA: LA FISCALÍA ESTUDIARÀ EL MACROBOTELLÓN DE GRANADA, AUTORIZADO POR EL ALCALDE DEL PP
9. MADRID: TENSIONES EN EL PP TRAS LAS DECLARACIONES DE RUIZ-GALLARDÓN SOBRE SU DESEO DE PASAR A LA POLÍTICA NACIONAL (22/03/06)
10. MADRID: EL CONSEJERO DE SANIDAD, CARGO PÚBLICO Y NEGOCIOS PRIVADOS (22/03/06)
11. MADRID: EL PP RECHAZA QUE LA ASAMBLEA INVESTIGUE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 9 DE METRO (22/03/06)
12. MADRID: SEIS COLEGIOS QUE SEPARAN A SUS ALUMNOS POR SEXOS RECIBEN AYUDAS DEL PP (19/03/06)
13. MADRID: HIXIENES OBTENDRÁ EL 40% DE LOS BENEFICIOS DEL APARCAMIENTO DE PAGO EN SU ZONA (19/03/06)
14. COMUNIDAD VALENCIANA: Demasiados políticos bajo sospecha (19/03/06)
15. COMUNIDAD VALENCIANA: CASO FABRA, Un proceso con siete jueces y cuatro fiscales (19/03/06)
16. COMUNIDAD VALENCIANA: QUIÉN ES QUIÉN EN LA TRAMA DE ORIHUELA (19/03/06)
17. COMUNIDAD VALENCIANA: MEDINA: EL FISCAL ANTICORRUPCIÓN INVESTIGARÁ EL SUPUESTO SOBORNO POR LA CONTRATA DE BASURAS DE ORIHUELA (24/03/06)
18. COMUNIDAD VALENCIANA: MEDINA: "LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL PP ME SOMETE A PERSECUCIÓN" (19/03/06)
19. COMUNIDAD VALENCIANA: EL PRIMER EDIL DE TORREVIEJA (PP) CONTRATA CON EL HERMANO DE UN EDIL (21/03/06)
20 COMUNIDAD VALENCIANA: AL QUE REPARTE LE TOCA LA MEJOR PARTE: UN ALTO CARGO DE TERRITORIO COMPRA UNA FINCA JUNTO A UN FUTURO CAMPO DE GOLF EN ALCOI (22/03/06)
21. COMUNIDAD VALENCIANA: EL ALCALDE DE CREVILLENT PRETENDE FOTOGRAFIAR A TODOS LOS INMIGRANTES (24/03/06)
22. CASTILLA Y LEÓN: envíoS de mails con insultos al Rey y a Zapatero desde el ordenador del jefe de prensa del Ayuntamiento de Valladolid (20/03/06)
23. REGIÓN DE MURCIA: SE ABRE UNA INVESTIGACIÓN PENAL POR LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES DEL ARQUITECTO MUNICIPAL (21/03/06)
24. REGIÓN DE MURCIA: EL PP APRUEBA EN SOLITARIO UNA MACROURBANIZACIÓN EN SAN GINÉS QUE SIGUE SIN TENER ASEGURADA EL AGUA (21/03/06)
25. ISLAS CANARIAS: LA FISCALÍA ENVÍA AL TSJC LA CAUSA CONTRA GONZÁLEZ ARROYO POR PREVARICACIÓN AL CONTRATAR A UN TÉCNICO ILEGALMENTE (24/03/06)
26. ISLAS CANARIAS: 'CASO PARQUES EÓLICOS' (19/03/06)
27. islas canarias: La policía detiene a 4 personas más por las comisiones ilegales de Telde (22/03/06)
28. ISLAS BALEARES: UN GRUPO DE CIUDADANOS PRESENTARÁ MAÑANA UNA DENUNCIA CONTRA MATAS POR MALVERSACIÓN DE FONDOS (24/03/06)
29. LA RIOJA: LLEVAN LA VENTA DEL PARKING DE LA PAZ A LA JUSTICIA Y AL TRIBUNAL DE CUENTAS (18/03/06)
1. ANTE EL ANUNCIO DE ALTO EL FUEGO PERMANENTE DE ETA: DISCREPANCIAS DEL PP (22/03/06)
Las reacciones extremas de varios líderes del PP tras conocerse el alto el fuego de ETA –Gallardón o Matas hablaron de "magnífica noticia" mientras San Gil o Mayor Oreja lanzaban acusaciones contra el Gobierno"- han dado paso a declaraciones más homogéneas y matizadas. El presidente del partido, Mariano Rajoy, ha vuelto a oscilar entre la mano tendida y el recelo y, en una entrevista ha reiterado que prestará su apoyo al presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, "si se ajusta al Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo". Además, ha asegurado que preguntará a Zapatero si "sabía algo" de antemano de esta declaración de tregua.
Rajoy ha afirmado que pedirá a Zapatero que le aclare, en la reunión que ambos van a mantener el próximo martes en La Moncloa, "qué es lo que quiere hacer en el futuro". De momento el líder popular se ha mostrado muy crítico con el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien afirmó que las nuevas circunstancias" hacen que su intención de pedir prisión para el portavoz de la ilegalizada Batasuna Arnaldo Otegi "merezca una reflexión seria". "Eso es un auténtico disparate" ha sentenciado.
Igualmente escéptico con el comunicado de Batasuna se ha mostrado el secretario general de los populares, Ángel Acebes, quien ha recordado que en el texto difundido por los etarras "no hay una sola renuncia" y se exige un precio político al reclamar "la autodeterminación, la capacidad para decidir, la legalización de Batasuna, que no actúe el estado de derecho y la ley, y la territorialidad en España y Francia". Sin embargo, igual que su presidente, se ha mostrado partidario de que los dos grandes partidos "trabajen juntos en busca del fin del terrorismo" siempre "desde el Pacto Antiterrorista".
Por su parte, el portavoz parlamentario popular, Eduardo Zaplana, avanzó que la postura del PP de cara a un futuro proceso de paz dependerá de la próxima reunión entre Zapatero y Rajoy, y "de los planes que tenga el Gobierno". Zaplana recordó que el PP "siempre ha estado dispuesto a colaborar" con el Gobierno en la lucha contra el terrorismo. Zaplana lamentó que Zapatero se "cargara" el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo y se alejara de la política de consenso, en una estrategia de "gestos" hacia ETA.
La unificación del discurso de los populares se ha apreciado sobre todo en las declaraciones que ha hecho Alberto Ruiz Gallardón. El presidente de la comunidad de Madrid, que saludó el anuncio como una "una de las noticias más importantes desde hace muchísimo tiempo" reclamó "cautela" para valorar esta situación y se remitió a lo declarado por Mariano Rajoy. Gallardón concluyó que "ojalá" se produzca la comunicación de que los terroristas renuncian definitivamente al ejercicio de cualquier tipo de acción que esté fuera de la ley.
2. ANTE EL ANUNCIO DE ALTO EL FUEGO PERMANENTE DE ETA: ZAPLANA MIENTE EN UN PROGRAMA DE TELEVISIÓN (24/03/06)
El portavoz del Grupo parlamentario del PP, ha vuelto a mentir. Lo ha hecho en el programa matinal de Tele 5 La mirada crítica que dirige y presenta el periodista Vicente Vallés. El responsable del programa le dijo por dos veces a Zaplana: "Ustedes acercaron presos cuando estaban en el Gobierno", refiriéndose a presos etarras que fueron trasladados a prisiones cercanas al País Vasco o del propio País Vasco. Zaplana negó la afirmación de Vallés y tiró como pudo balones fuera.
Pero el 8 de septiembre de 1999, el diario El Mundo – Pedro J. Ramírez es amigo Zaplana- publicó una amplia y documentada información, firmada por el periodista Fernando Garea, con este titular: "El Gobierno relanza el proceso de paz con el traslado de 105 presos etarras". El sumario era el siguiente: "Mayor Oreja, reticente hasta el último momento, subraya que se trata de la respuesta a 15 meses sin muertos -24 de los reclusos irán a centros del País Vasco y el resto a cárceles más próximas-. Todos los partidos apoyan la decisión mientras que HB y PNV la consideran "insuficiente" y "vergonzante". El 28 de noviembre, dos meses largos más tarde, El Mundo puntualizaba que "el Gobierno ha llevado a cabo, durante los más de 14 meses de tregua, un total de 135 acercamientos de presos de ETA a cárceles del País Vasco y Navarra y cercanas, con lo que el 47% de éstos se encuentra ya en prisiones de la mitad norte de la Península.
3. ANTE EL ANUNCIO DE ALTO EL FUEGO PERMANENTE DE ETA: EL EX MINISTRO MAYOR OREJA INSISTE EN VINCULAR ETA CON ESTATUT (24/03/06)
El eurodiputado del Partido Popular, y ex ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, aparecía como una de las voces más crispadas dentro del PP. Frente a la aparente moderación del presidente del partido, Mariano Rajoy, el eurodiputado insistía en vincular el alto el fuego a la reunión de Carod Rovira con ETA en Perpiñán y a la aprobación de la reforma del Estatut. Sin embargo, el secretario de Comunicación del PP, Gabriel Elorriga, rechazaba las palabras de su compañero de partido.
Para Mayor Oreja la vinculación entre la reforma del Estatut y el alto el fuego de ETA es indiscutible. El que fuera ministro del Interior con José María Aznar sostiene que el anuncio de ETA es su respuesta a la reunión que mantuvieron representantes de la banda en Perpiñán con el presidente de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, y a la aprobación de la reforma del Estatut de Cataluña. Sostiene el eurodiputado que estamos ante una "ofensiva nacionalista en toda regla" que ha recibido dos impulsos de ETA: "Primero, el Pacto de Estella entre PNV y ETA, y después, el acuerdo de Perpiñán entre ETA y ERC". Los resultados de estos dos impulsos serían, según Mayor Oreja: "El Plan Ibarretxe y el reconocimiento de la nación catalana".
Jaime Mayor Oreja asegura que tras estos primeros objetivos, ahora el debate se centra en la autodeterminación. "No estamos en un proceso de paz, estamos en un proceso de autodeterminación", asevera. "Ahora el debate político que tenemos en España es el de la autodeterminación. Aquí estamos ya en el quid de la cuestión, se suman Perpiñán y Estella. La autodeterminación es el segundo paso tras reconocer a Cataluña y al País Vasco como nación".
El líder popular defiende la idea de que la sociedad española sufre "anestesia", y "éste es el mayor riesgo, el cómplice de esta estrategia diabólica de quienes están perpetrando esta negociación entre ETA y el Gobierno". Mayor Oreja no ha dudado a la hora de hacer un llamamiento a los ciudadanos: "La sociedad española debería comprender que estamos suicidándonos políticamente un poco todos los días", advierte.
En un momento en el que aparentemente Mariano Rajoy suaviza su mensaje y ofrece su apoyo al Gobierno, la tesis defendida por el eurodiputado molesta a algunos. El secretario de Comunicación del PP, Gabriel Elorriaga -hombre de absoluta confianza de Rajoy -, se apresuraba a desmarcarse de Jaime Mayor Oreja: "No es buena cosas tratar de interpretar el razonamiento de ETA, que es un razonamiento irracional y fuera de cualquier lógica"."Creo que conduce a poco, y no perdería mucho el tiempo interpretando a ETA".
4. ANTE EL ESTATUT DE CATALUÑA : EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL REPRENDE AL PP POR QUERER USARLO EN SU BENEFICIO (24/03/06)
A la mayoría de miembros del Tribunal Constitucional no les ha hecho ni pizca de gracia que el PP haya involucrado a la institución en su partidista batalla contra el Gobierno a cuenta del Estatuto catalán. Aunque con el farragoso lenguaje jurídico de las resoluciones judiciales, los magistrados reprenden al partido de Mariano Rajoy por haber querido "desvirtuar claramente" el proceso de amparo al reclamar al tribunal que ejerza una competencia de control previo de constitucionalidad "que de ninguna manera tiene".
El pleno del Tribunal Constitucional hizo pública la sentencia en la que rechaza por 7 votos a 5 el recurso de amparo interpuesto, el pasado noviembre, por el PP contra la tramitación en el Congreso del Estatuto de Cataluña. La demanda del PP alegaba que se cometía un "fraude constitucional" al ordenar la tramitación como una mera reforma estatutaria y no como una reforma de la Carta Magna. El tribunal sostiene que es "obvio" que la propuesta de reforma no puede aún ser "objeto de un juicio de constitucionalidad". Este resulta prematuro, "pues la inconstitucionalidad sólo puede predicarse de las normas, no de las iniciativas parlamentarias". "Sólo podrá enjuiciar el contenido" del Estatuto después de su aprobación.
Además, rechaza que la tramitación del Estatuto por parte del Congreso viole la igualdad de los parlamentarios populares, como denunciaba el PP, y considera que la Mesa del Congreso actuó sin "ninguna tacha". La Mesa de la Cámara baja, subraya la sentencia, "se ha atenido a los límites constitucional y reglamentariamente establecidos" al tramitar la reforma como modificación estatutaria, tal y como se hizo con el plan Ibarretxe y el Estatuto de Valencia.
Los cinco magistrados discrepantes manifiestan que el tribunal debería haber admitido el recurso y resolver si el Estatuto debería haber sido considerado una reforma de la Constitución. En concreto, el magistrado Roberto García-Calvo sostiene que cuando un texto "pretende de facto rebasar la Constitución", como, según él, ocurre en el Título Preliminar y el Título Primero del Estatuto, el proyecto se encuentra "sin duda limitado por la Carta Magna".
Por su parte, Javier Delgado Barrio subraya en su voto particular que existe en la sociedad "una honda preocupación por las consecuencias que de las reformas estatutarias puedan derivar para la Constitución". En otro voto particular, Jorge Rodríguez-Zapata defiende que "el Estado de las autonomías es la bóveda institucional" de la democracia, en virtud del artículo 2 de la Constitución. En un sentido similar se expresa Guillermo Jiménez-Sánchez, quien juzga que, debido a la "relevancia constitucional" del Estatuto, la demanda de amparo debería haberse admitido. Ramón Rodríguez Arribas opina que la sentencia "olvida" que la reforma del Estatuto puede conllevar la de la Constitución como "hecho consumado".
5. MARIANO RAJOY BATE SU RÉCORD DE IMPOPULARIDAD (24/03/06)
Sólo el 33% de los españoles aprueba la gestión del líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, quien registra de esta manera su peor dato de popularidad. Son los datos de la última encuesta del Instituto Opina en la que también han sondeado la opinión de los ciudadanos sobre la guerra de Irak, al cumplirse tres años de la invasión por parte de Estados Unidos. Tres años después del ataque a Irak, el 71% de los ciudadanos considera que la situación en este país ha empeorado desde la invasión de Estados Unidos según la encuesta realizada por el Instituto Opina. Además dos de cada tres encuestados creen que la retirada de las tropas españolas de Irak ha sido positiva.
En las últimas dos semanas, la distancia entre el PSOE y el PP se ha recortado en uno punto. Los socialistas obtendrían el 43% de los votos (dos puntos por debajo del último sondeo) y los populares, el 39% (un punto menos que hace dos semanas). IU obtiene el 4%; CiU el 3,5%; ERC el 2% y el PNV el 1,2%. Paralelo al desgaste de Rajoy, crece la opinión de que Zapatero ganará las próximas elecciones. Dos de cada tres ciudadanos piensan que el actual presidente volverá a ganar. En relación a las dudas planteadas por el PP sobre la autoría de los atentados del 11 de marzo, un 61% de la población rechazan esta actitud del principal partido de la oposición.
Dos años después de la masacre, el 63% de los españoles cree que somos igual de vulnerables ante un posible atentado del terrorismo islamista. Un 13% responde que somos más vulnerables y un 15% que somos menos vulnerables. En la encuesta también se ha preguntado por la polémica de los últimos días, cuando el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, criticó a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega por su "afición a los disfraces", lo que provocó la salida del hemiciclo de las diputadas socialistas y de IU en protesta por esta actitud machista del parlamentario. La mayoría de los españoles consideró ofensivas sus palabras y sólo el 15% de los encuestados le disculpan.
6. JAIME IGNACIO DEL BURGO: "ESPAÑA AGONIZA" (24/03/06)
Jaime Ignacio del Burgo escribe esta semana un artículo en un semanario católico en el que critica duramente el Estatut. Para el diputado del Partido Popular, España es una "nación agonizante", aquejada de una "grave enfermedad estatutaria". Jaime Ignacio del Burgo afirma que el nuevo Estatut "convierte a Cataluña en un auténtico Estado, sin presencia española".
"El PSOE ha consentido convertir en nación al histórico Condado de Barcelona o Principado de Cataluña –nunca reino de por sí-, y como nación quedará integrada en el Derecho español", apunta del Burgo. La consecuencia más grave de esta decisión será según el diputado popular "el nacimiento de una nueva nación, Cataluña, mientras agoniza la única nación que proclama la Constitución, la española, aquejada de una grave enfermedad estatutaria".
Pero, este panorama desolador no sólo es consecuencia de la actuación del PSOE, los ciudadanos también tienen responsabilidades: "Lo peor es que una parte de la ciudadanía, proclive a la aceptación de la propaganda socialista, asiste indiferente a la desaparición de la patria común", denuncia. España quedaría así convertida en un estado plurinacional. Ya que la "Generalidad se transforma en auténtico estado, pues son de tal calado las competencias que se le atribuyen que su aplicación práctica será que el Estado español deje de tener presencia directa en Cataluña", afirma. Y Del Burgo se remonta al siglo pasado para añorar, tal vez, la mano dura de antaño: "En 1934, violando el principio de lealtad a la República, el presidente Companys proclamó el Estat català".
Por último el diputado pronostica un futuro aún más negro para el país, ya que el Estatut sería sólo una etapa de transición hacia "la meta final", la independencia: "Los nacionalistas moderados, en público y en privado, afirman que este Estatuto tiene los días contados. ¿Los tendrá también España?, se pregunta.
7. ANDALUCÍA: ZAPLANA Y AGUIRRE APARCAN SIN SANCIÓN EN UNA PLAZA DE CÁDIZ DONDE MULTARON A CHAVES (23/03/06)
En la céntrica plaza de San Antonio de Cádiz sólo se puede aparcar en el párking subterráneo. Hay una pequeña parte reservada para carga y descarga y una parada de taxis, por lo que ningún vehículo puede estacionar en el asfalto que rodea la plaza. El pasado sábado, varios vehículos oficiales de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y del portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, aparcaron varias horas sobre la zona peatonal de la plaza. A 20 metros, el vehículo oficial del presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, fue multado hace tres años.
Aguirre y Zaplana asistieron el sábado a la entrega de los premios Libertad y 1812 del Club Liberal en el Casino gaditano. Según se informó, sus coches no fueron sancionados porque ningún policía local vio esta infracción ni tampoco fue denunciado por ningún ciudadano. Sin embargo, la alcaldesa de Cádiz y entonces presidenta del PP andaluz, Teófila Martínez, ordenó en mayo de 2002 a los policías locales de la capital gaditana que multaran a algunos vehículos oficiales, entre los que se encontraba el del presidente andaluz y el de sus escoltas, que estaban mal aparcados en la plaza de San Antonio durante la presentación de la candidatura del entonces presidente de la Diputación, Rafael Román, del PSOE, a la alcaldía de Cádiz.
Tal como se dijo en su momento, Martínez convocó personalmente a los agentes y les pidió que le enviaran la copia de la sanción a su propio despacho. Algunos cargos públicos de la Junta de Andalucía y de la Diputación de Cádiz confirmaron estos extremos y detallaron que Martínez viajaba en uno de los vehículos oficiales del Ayuntamiento a la misma hora de la presentación de Román por la citada plaza, que está a escasos 40 metros del lugar donde se celebró el acto. Días más tarde, la Policía Local le retiró la multa al presidente andaluz.
Dirigentes del PSOE de Cádiz criticaron que estos vehículos oficiales no fueran multados como lo habría sido cualquier conductor que hubiera tenido la osadía de aparcar en una zona prohibida y muy concurrida por niños y mayores.
8. ANDALUCÍA: LA FISCALÍA ESTUDIARÀ EL MACROBOTELLÓN DE GRANADA, AUTORIZADO POR EL ALCALDE DEL PP
El PSOE acusa alcalde de Granada, José Torres Hurtado, del Partido Popular, de hacer "apología" del botellón, y pedirá un pleno extraordinario para debatir sobre el trámite seguido en la autorización de la fiesta. Dos concejales del PP son socios de un bar de copas organizador del macrobotellón granadino. Los hospitales de la ciudad atendieron a un total de 23 jóvenes por intoxicaciones etílicas y a un herido leve por arma blanca, procedentes del 'macrobotellón' que congregó a más de 20.000 personas
El secretario de la agrupación del PSOE de Granada, Ángel Gallego, y el portavoz del grupo municipal socialista, José María Rueda, han anunciado su intención de trasladar a la Fiscalía el proceso de administrativo seguido por el Ayuntamiento en la concesión de la licencia, gastos autorización y contratación de la fiesta celebrada en la Huerta del Rasillo
El grupo municipal adoptará esta última medida tras conocerse que los ediles del PP Eduardo del Moral y Jaime Sánchez Illescas, miembros del equipo de gobierno, son socios en un bar de copas del organizador del "macrobotellón" de Granada. Los socialistas de Granada denuncian la "confusión" que a su juicio se ha evidenciado con esta fiesta entre la gestión pública y la privada. El concejal socialista José María Rueda asegura que el PSOE ha encontrado "la callada por respuesta" por parte del equipo de gobierno cuando han intentado conocer el proceso administrativo seguido.
La oposición al gobierno municipal del PP pide la convocatoria de un pleno extraordinario que pretenden también sirva para debatir sobre las futuras actuaciones del Ayuntamiento ante próximos "botellones".
9. MADRID: TENSIONES EN EL PP TRAS LAS DECLARACIONES DE RUIZ-GALLARDÓN SOBRE SU DESEO DE PASAR A LA POLÍTICA NACIONAL (22/03/06)
Esperanza Aguirre, presidenta del Gobierno regional y del PP madrileño, fue preguntada por el deseo de Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de la capital, de concurrir en las listas de Mariano Rajoy a las próximas elecciones generales (a ser posible como número dos de la lista por Madrid) y convertirse así en diputado en la próxima legislatura. Aguirre contestó: "Ruiz-Gallardón, y yo creo que eso es perfectamente legítimo en un político, nunca ha ocultado que su deseo es ser presidente del Gobierno de España. Probablemente ha pensado que ser el número dos es un paso en ese deseo".
El alcalde hizo público ese deseo y disponibilidad suya para ser diputado en una entrevista publicada en un diario. Rajoy fue preguntado en Lisboa por esta propuesta del alcalde y contestó que ése es un tema que no piensa plantearse hasta 2008. "No dedico a eso ni medio minuto. Pregúntenme en marzo de 2008", contestó Rajoy visiblemente molesto.
La propuesta del alcalde para aunar a su condición de regidor de la capital, si resulta reelegido en 2007, la de diputado ha levantado una gran polvareda en el PP. El primer motivo es que es un anuncio "muy prematuro", según fuentes de la dirección del PP, pues ahora "el objetivo es preparar las municipales y autonómicas" del próximo año, a las que concurrirá Gallardón como candidato a la alcaldía de Madrid.
El segundo motivo es una interpretación de los populares: Gallardón podría estar preparando el día después de las elecciones generales para el caso de que Rajoy no lograra ganarlas y, tras el fracaso, decidiera dejar el liderazgo del partido. Para esa eventualidad, ser diputado es muy relevante con vistas a competir por el liderazgo del partido.
En todo caso, ésa es una eventualidad que fue rechazada por el propio Rajoy. En una entrevista en televisión, el líder del PP afirmó que él se ve "con ganas" de continuar al frente de su partido incluso en el caso de que perdiera las elecciones en 2008.
La presidenta de la Comunidad replicó que ese "deseo" del alcalde puede ser "un paso" para su ambición de convertirse en el futuro en presidente del Gobierno. Para eso, evidentemente, antes tiene que ser líder del PP, candidato de ese partido y ganar las elecciones.
10. MADRID: CONSEJERO DE SANIDAD, CARGO PÚBLICO Y NEGOCIOS PRIVADOS (22/03/06)
La apretada agenda de Manuel Lamela, el cuestionado consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid que, sin embargo goza del máximo apoyo de Esperanza Aguirre, de la que es uno de sus más cercanos allegados, también deja un espacio para la actividad empresarial. Este versátil político es propietario, junto a su padre y su madre, de una empresa dedicada a la lucrativa actividad inmobiliaria. Inversiones Lamela Campos, S.L., nombre de la compañía, iniciaba su andadura en 1992 con un capital social de 500.000 pesetas. El negocio no ha ido nada mal, y actualmente cuenta con un capital social que excede los seis millones de €, o lo que es lo mismo, 1.013 millones de las antiguas pesetas.
En junio de 1992 se registraba la sociedad Inversiones Lamela Campos, S.L., con un capital social de 500.000 pesetas, suscrito por el actual consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela Fernández, y sus padres, Manuel Lamela López y Carolina Fernández Blay, en la que el mandatario madrileño figuraba como administrador único. Su objeto social consistía en "operaciones inmobiliarias de cualquier naturaleza, consistentes tanto en la explotación económica de inmuebles, en régimen de alquiler o a través de cualquier otro sistema o título jurídico que procure su aprovechamiento económico, como en la actividad de adquisición y transmisión de los repetidos inmuebles para realizar su valor de cambio por medio de cualquier título jurídico", aunque también reservaban parte de su función al "asesoramiento jurídico, contable y financiero, en orden a la promoción y constitución de empresas".
El negocio no podía marchar mejor, porque en marzo de 2002, su empresa inmobiliaria realizaba una espectacular ampliación de capital, multiplicando el inicial medio millón por 1.700. Entonces se emitieron acciones por valor de 5.186.734 €, es decir, 863 millones de las antiguas pesetas, suscritos en su totalidad por los tres miembros de la familia. Debían ser buenos tiempos, porque, apenas un año después, en abril de 2003, una nueva ampliación redondeaba el valor de Inversiones Lamela Campos. En esa ocasión, padre, madre e hijo desembolsaban otros 899.997 € –casi 150 millones de pesetas más- para ser titulares de una compañía valorada en 6.089.632 €, ó 1.013 millones de pesetas.
La gran ampliación de capital era suscrita nominalmente, de modo muy mayoritario por sus padres. Manuel Lamela López suscribía 473.360.000 pesetas de la operación. La madre, Carolina Fernández Blay figuraba con otras 374.540.000 pesetas, mientras que el actual consejero de Sanidad madrileño, asumía a su nombre algo más de 15 millones de pesetas.
Lamela no es conocido por el gran público por sus lucrativas actividades privadas, sino por radicalizadas decisiones al frente de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. En su departamento, desoyendo los informes elaborados en el Hospital Severo Ochoa de Leganés, se hicieron eco de unas denuncias anónimas sobre sedaciones que, supuestamente hubieran ocasionado el fallecimiento de varios pacientes. La Consejería envió inspectores y en marzo de 2005 difundía la "noticia" de que podrían haberse producido 400 muertes por sedación. Se destituyó al jefe del Servicio, el doctor Montes y al gerente y al director médico del hospital. Lamela decidió instalar cámaras en los pasillos para evitar las reuniones y concentraciones de los trabajadores del Severo Ochoa, a los que se amenazó con expedientes en caso de proseguir con las protestas.
Pese a tratarse de dos actividades profesionales tan dispares, la inmobiliaria y la sanidad, y desarrollarse en ámbitos distintos, el privado y el público, el consejero Lamela se ha empleado con igual desenvoltura en ambas, aunque sus preferencias parecen decantarse por el modelo privado de gestión, como ha demostrado en diversas ocasiones, como , por ejemplo, con el nombramiento de Juan José Bestard Perelló, ex consejero delegado de la quebrada empresa Actualidad Sanitaria, S.A., como gerente de la Fundación Hospital de Alcorcón –hasta noviembre de 2005-.
11. MADRID: EL PP RECHAZA QUE LA ASAMBLEA INVESTIGUE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 9 DE METRO (22/03/06)
La mayoría del PP en la mesa de la Asamblea le valió a este grupo parlamentario para rechazar la creación de una comisión de investigación sobre la construcción de la línea 9 del metro solicitada por la oposición (PSOE e IU). El portavoz del grupo popular en la Cámara, Antonio Beteta, explicó que la petición no reúne uno de los requisitos que marca el artículo 75 del reglamento: ser de "interés público". La portavoz adjunta socialista, Ruth Porta, denunció la "vulneración" del Reglamento de la Cámara. "El PP es capaz de cualquier cosa con tal de tapar lo mucho que tiene que tapar", agregó. El portavoz de IU, Fernando Marín, denunció que la oposición "está ninguneada" por el PP.
El portavoz del PP, Antonio Beteta, explicó la falta de interés general de la comisión en que el escrito registrado por la oposición para solicitarla pretendía investigar "un determinado informe cuyo tenor ya ha sido rectificado por el autor del mismo". Se refería así al documento del ex director general de Infraestructuras, Manuel Melis, en el que revelaba las "deficiencias" que se produjeron en 1999 durante las obras de ampliación de la línea 9 de metro.
Según Beteta, para tomar esta decisión se ha basado en un informe jurídico de la secretaría general de la Asamblea, que asegura que corresponde a la mesa comprobar los requisitos de forma de la comisión de investigación, "pero también en cuanto órgano calificador, la apreciación de que el objeto es un asunto de interés público".
12. MADRID: SEIS COLEGIOS QUE SEPARAN A SUS ALUMNOS POR SEXOS RECIBEN AYUDAS DE EDUCACIÓN (19/03/06)
Seis colegios que sólo admiten a niños o a niñas, o que separan a sus alumnos por sexos, y que están auspiciados por la prelatura del Opus Dei están subvencionados por la Comunidad de Madrid. Estos centros concertados son Tajamar, Los Tilos, Senara, Fuenllana, Andel y Monte Tabor (en construcción). Los cuatro primeros fueron concertados cuando gobernaba el PSOE. Los dos últimos firmaron sus conciertos con el PP. En total, 2.328 niños (el 0,3% de todos los escolarizados) estudian en colegios que separan chicos de chicas. La izquierda denuncia que estos colegios discriminan a la mujer.
Los conciertos (enseñanza privada sostenida con fondos públicos) fueron creados por el PSOE en 1985, cuando era ministro José María Maravall. De esa época aún quedan cuatro colegios, auspiciados por la prelatura del Opus Dei, que separan niños de niñas y que reciben dinero público: Tajamar (masculino), Senara (femenino), Los Tilos (femenino) y Fuenllana (femenino). El PP, siendo consejero de Educación Carlos Mayor Oreja, amplió el concierto del Fuenllana y creó un nuevo concierto con el Andel (masculino). Ambos forman parte del mismo proyecto educativo, Antares, y están en Alcorcón. Por ejemplo, Fuenllana recibe del Gobierno regional 60.000 € anuales.
"El ideario de estos colegios es machista y está apoyado por la extrema derecha. Es discriminatorio para la mujer y, encima, sus responsables han dado un pelotazo al conseguir suelo público para construir un colegio privado", denuncia Adolfo Navarro, portavoz socialista en la Asamblea. Las críticas contra la educación concertada diferenciada las comparten IU, CC OO y UGT y la Federación de Padres Giner de los Ríos. "La nueva Ley de Educación que prepara el Gobierno central, de momento, tampoco prohíbe el concierto para este tipo de colegios discriminatorios.
Ninguno de los colegios de educación diferenciada destacó en el pasado examen que hicieron todos los alumnos de la región de sexto de primaria. En el listado, según las notas, de 1.159 colegios que hizo público la Consejería de Educación, el Tajamar quedó en el puesto 991º; el Senara, en el 124º, y el Retamar, en el puesto 302º.La polémica de los colegios que segregan por sexos se ha reabierto en los últimos meses con el colegio Monte Tabor, en Pozuelo. El Ayuntamiento, del PP, cedió a la fundación educativa católica Tiempos Más Nuevos (según la pedagogía del movimiento ultracatólico Schoenstatt) un solar de 118.000
13. MADRID: HIXIENES OBTENDRÁ EL 40% DE LOS BENEFICIOS DEL APARCAMIENTO DE PAGO EN SU ZONA (19/03/06)
Hixienes, empresa que en unión con Sufi gestionará una de las tres nuevas zonas de parquímetros de Madrid, tiene un capital social de sólo 3.005 €. Sufi, por el contrario, cuenta con un capital de 17,1 millones. Pero, según los estatutos por los que se rige la UTE Sufi-Hixienes, Sufi se quedará con el 60% de los beneficios que se obtengan con la explotación de los parquímetros, e Hixienes, con el 40%. Sufi, además, financia "todas las inversiones necesarias". El apoderado de Hixienes es Juan Manuel Casares, ex diputado gallego del PP y amigo del concejal madrileño Pedro Calvo.
Los directivos de Setex (4,8 millones de capital social), una de las empresas que gestionan los parquímetros del centro de la capital desde 2002, no podían creerlo. Sufi, la empresa que compartía con ellos este negocio municipal desde hacía cuatro años, les abandonaba. Sufi, filial de Sacyr Vallehermoso, había decidido cambiar de socio y aliarse con Hixienes, una sociedad sin ningún tipo de experiencia en el negocio de los parquímetros y con un capital social de apenas 3.005 €, menos de la mitad de lo que cuesta un solo parquímetro. Sufi e Hixienes se presentaron juntos al nuevo concurso en noviembre de 2005, y los responsables de Setex se vieron obligados a buscar con rapidez un nuevo socio.
Hixienes es propiedad de Juan Manuel Casares, ex diputado del PP en Galicia y ex compañero en Nuevas Generaciones -la rama juvenil del PP- del concejal de Seguridad, Pedro Calvo Poch, máximo responsable del servicio de parquímetros en Madrid. Ambos son amigos desde la década de los ochenta. El concurso para gestionar los parquímetros fue resuelto el 18 de enero, cuando Calvo firmó el decreto de adjudicación. La unión de empresas (UTE) Sufi-Hixienes logró una de las tres zonas en juego. A cambio de gestionar el servicio de aparcamiento regulado (SER) en esa zona, recibirán 144 millones de € a lo largo de 11 años. Setex, que finalmente concurrió en unión con Urbaser, así como otra gran empresa del sector, Dornier, filial de Cintra, perdieron el concurso. Y comenzaron las preguntas.
La primera que se hicieron los responsables de estas empresas fue cuál era el motivo para que Hixienes, que carecía totalmente de experiencia en el negocio, lograse tan importante pastel económico. En el pliego de condiciones del concurso se explica que "todas y cada una de las empresas" deberán aportar los documentos exigidos. Entre ellos figura la solvencia técnica (experiencia en el sector). Esta condición no la puede aportar Hixienes, porque nunca ha gestionado parquímetros. Además, el pliego requería, a cada una de las empresas, que demostrasen que tenían experiencia en parquímetros durante tres años en ciudades de más de 10.000 habitantes.
Dornier, una de las empresas que no lograron el concurso, reclamó la anulación del proceso. En el recurso que presentó explicó que varios aspectos de su proyecto no fueron tenidos en cuenta y que el Ayuntamiento valoró algunos puntos de su propuesta con un único argumento: "No consta" [el documento]. Dornier, en una durísima réplica, insistió en que había presentado toda la documentación. Setex, que de momento no ha presentado recurso, indicaba lo mismo que Dornier: su propuesta había sido rechazada con el argumento de que no había presentado todos los papeles. Setex afirma que eso es falso y, además, insiste en que Hixienes no podía presentarse al concurso porque carecía de experiencia.
Por su parte el concejal de Seguridad de Madrid, Pedro Calvo Poch, respondió al fin a las sombras lanzadas por la oposición sobre la polémica adjudicación de los parquímetros. Calvo se escudó en la literalidad de las leyes. "El procedimiento se ajusta a derecho", manifestó, "ya que si no, los servicios jurídicos hubieran actuado". Mientras, el concejal socialista Manuel García-Hierro aludió a "la responsabilidad ética" de Calvo por ser amigo del ex diputado gallego del PP Juan Manuel Casares, apoderado de Hixienes, empresa adjudicataria de una de las zonas de gestión de parquímetros de la capital.
14. COMUNIDAD VALENCIANA: Demasiados políticos bajo sospecha (19/03/06)
Varios cargos públicos del Partido Popular se encuentran en la actualidad imputados por diversos cargos, la mayoría relacionados con el tráfico de influencias y el cohecho en temas de urbanismo. A pesar de que el PP tiene un código ético en el que obliga a sus cargos públicos a poner a disposición del partido sus puestos cuando son investigados por la justicia, en la práctica esa obligación no se aplica. El caso más patente es el de Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, que conserva todos sus cargos y el apoyo del presidente regional, Francisco Camps. Hace 13 años, en vísperas de las elecciones de 1993, el Partido Popular presentó una serie de medidas contra el transfuguismo político y la utilización de cargos públicos para el enriquecimiento personal. El entonces presidente del PP, José María Aznar, declaró que este llamado código ético pretendía mantener "una actitud beligerante a favor de una vida pública limpia y transparente". En este código, el PP asumía el compromiso de abrir comisiones de investigación a los cargos del partido imputados y hacer públicas las conclusiones de los informes.
En la actualidad, varios cargos públicos populares se encuentran imputados por diversos motivos, entre ellos Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón y principal cargo del PP denunciado ante los tribunales; José Manuel Medina, alcalde de Orihuela; Luis Díaz Alperi, alcalde de Alicante, y Pedro Ángel Hernández, alcalde de Torrevieja. El PP no ha abierto expediente a ninguno de estos militantes. A pesar de que el artículo 8 del código ético del PP señala que los cargos públicos deberán poner a disposición del partido sus puestos si de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional pueden derivarse indicios racionales de comisión de un delito, en la práctica hace años que esto no sucede, debido a la facilidad con la que se pueden interponer querellas y denuncias contra los cargos públicos, según argumenta el PP.
15. COMUNIDAD VALENCIANA: CASO FABRA, Un proceso con siete jueces y cuatro fiscales (19/03/06)
Más de dos años después del estallido del caso Fabra, el procedimiento judicial se encuentra todavía en una fase inicial, en la que se está tomando declaración a imputados y testigos y se reúne la documentación pertinente para la investigación de los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas y un posible fraude fiscal, de los que se acusa al presidente de la Diputación de Castellón y presidente provincial del PP, Carlos Fabra. El caso Fabra se ha caracterizado por la participación de hasta siete jueces y cuatro fiscales. Los dos últimos, nombrados por la Fiscalía Anticorrupción, pidieron una excedencia y pasaron a trabajar en la empresa privada. Tanto Esquerra Republicana de Catalunya como Izquierda Unida han preguntado al Gobierno por este continuo cambio de jueces y fiscales, que, está adquiriendo en Castellón la categoría de escándalo.
El caso Fabra se desató en diciembre de 2003, cuando Vicente Vilar, un fabricante de productos fitosanitarios, presentó dos querellas contra Fabra por supuestos delitos contra la salud pública y la propiedad industrial. Los juzgados de Nules no admitieron las querellas. Sin embargo, uno de ellos abrió un procedimiento de oficio, ya que dedujo la posible comisión de uno o varios delitos contra la Administración pública, entre los que se encuentran los de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación. Además, la juez imputó tanto a Fabra como a Vilar, así como a la esposa del primero, María Amparo Fernández, y a la ex mujer del segundo, Monserrat Vives. Estas dos últimas habían formado una sociedad, Artemis 2000, vinculada a la comercialización de productos fitosanitarios.
El fiscal jefe de Castellón asumió voluntariamente el caso. Posteriormente, fue la Fiscalía Anticorrupción la que decidió hacerse cargo de la representación del ministerio público, después de que se admitiese la personación de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana como acción popular. Asimismo, destaca la abundante documentación presentada por el denunciante, que también está imputado, y que implica a cuatro ex ministros del Gobierno de Aznar (los ex ministros de Agricultura Jesús Posada y Miguel Arias Cañete; la ex ministra de Sanidad Celia Villalobos y el ex ministro de Ciencia y Tecnología Juan Costa), así como a otros ex altos cargos.
Además, existe una denuncia por fraude fiscal debido a la falta de justificación de la procedencia de ingresos en efectivo por valor de 600.000 € en cuentas de Fabra y su familia, de los que son imputables directamente al líder del PP de Castellón, según Hacienda, 300.000. Sin embargo, la Agencia Tributaria también le ha acusado del impago de cuotas del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) por unos 150.000 € en el ejercicio de 1999.
Pese a los indicios de delito hallado por las jueces, el PP no ha puesto en práctica su código ético de reclamar a Fabra sus cargos. Muy al contrario, el presidente regional el PP, Francisco Camps, y el portavoz del partido en el Congreso, Eduardo Zaplana, han mostrado su apoyo, sin fisuras, al líder provincial, aunque el alcalde de Castellón, Alberto Fabra, ha sido señalado por su partido para tratar de convencer a Carlos Fabra de la "oportunidad" de que no repita como candidato para las próximas elecciones.
16. COMUNIDAD VALENCIANA: QUIÉN ES QUIÉN EN LA TRAMA DE ORIHUELA (PP) (19/03/06)
El fiscal anticorrupción de Alicante, tras 6 meses de investigación, ha puesto nombres y apellidos a la trama político-empresarial en el Ayuntamiento de Orihuela, en manos del PP con mayoría absoluta desde 1987, denunciada por el ex interventor de la corporación, José Manuel Espinosa, y por la oposición. El ministerio público ha remitido al juzgado un escrito con una treintena de casos supuestamente delictivos por la gestión urbanística y contable del Consistorio. El fiscal Felipe Briones engloba las irregularidades en cuatro delitos: malversación, falsedad, tráfico de influencias y prevaricación. Los denunciados son el alcalde, cuatro concejales, tres asesores del primer edil (una de ellas concejal cuando ocurrieron los hechos), cuatro promotores y la firma Necso.
- Alcalde. El grueso de la denuncia recae sobre el alcalde, José Manuel Medina, a quien el fiscal acusa de los cuatro delitos, por recalificaciones de suelo protegido, sobrecostes de obras sin consignación presupuestaria, contratación ilegal del jefe de personal y uso de bienes (un chalé y dos lujosos turismos) propiedad de empresarios beneficiados por adjudicaciones. Medina llegó a la alcaldía en 1996 en sustitución del ex consejero de Obras Públicas Luis Fernando Cartagena, que está pendiente de ingresar en prisión tras haber pedido el indulto por apropiarse de la donación de 49.000 € de unas religiosas al Ayuntamiento. Al aflorar la división interna de los populares, entre zaplanistas y campistas, el alcalde se alineó en el segundo sector, claramente más débil en Alicante. Este extremo le acarreó el pasado mes de julio la pérdida de la presidencia local del PP oriolano
- Concejales. Junto a Medina, el fiscal denuncia a los concejales responsables de Urbanismo, Personal y Hacienda, es decir, Eva Ortiz, Antonio Franco y Antonio Rodríguez Barberá, respectivamente, por los supuestos delitos de tráfico de influencias y prevaricación y falsedad. Rodríguez Barberá es secretario autonómico de la Consejería de Agricultura. El escrito del fiscal incluye la acusación directa del ex interventor a la también diputada autonómica Mónica Lorente.
- Asesores. La nómina de cargos públicos denunciados por el fiscal se completa con tres asesores del alcalde: Encarna Galiano, Luis Alberto Prieto Marí y José Vicente Escudero. Encarna Galiano, compañera sentimental del alcalde, fue concejal entre 1999 y 2003 y es en la actualidad asesora de infraestructuras. Según el ex interventor, dejó el cargo sin justificar mandamientos de pagos por valor de 22.000 €. Prieto Marí, familiar político del concejal Antonio Franco, fue contratado en exclusiva en diciembre de 2004 como jefe de Personal del Ayuntamiento. Prieto Marí era, además, profesor de la Consejería de Murcia a tiempo parcial, por su condición de liberado sindical. Tras trascender que cobraba dos sueldos públicos, dimitió. Vicente Escudero, está acusado del de cobró comisiones ilegales.
- Promotores. El fiscal personaliza la trama empresarial en los promotores supuestamente beneficiados por trato de favor en la recalificación de suelo. Éstos son Joaquín Antonio Grau Pomares, Francisco Marcos Ferrer, Domingo Alcocer y José Antonio Rodríguez Belmonte.
- Necso. Esta empresa es la adjudicataria de las basuras desde 1987. En 2002, según el ex interventor, se pasaron a cobro facturas falsas por un supuesto lucro cesante de 240.000 €. El 22 diciembre de 2004, el Ayuntamiento, por decreto de la alcaldía, pagó un extra de 180.000 € a los empleados de Necso para evitar una huelga.
- Canal 34. Alcocer, Marcos y José Antonio Rodríguez Belmonte, junto con otros cuatro promotores locales, coinciden en el consejo de administración de la televisión local canal 34, emisora afín al PP. En julio de 2005 Rodríguez Belmonte se convirtió en el socio mayoritario de la televisión. El gerente del canal, recientemente legalizado por el Consell, es Antonio Galiano, hermano de la asesora de Medina y ex concejal Encarna Galiano.
17. COMUNIDAD VALENCIANA: MEDINA: EL FISCAL ANTICORRUPCIÓN INVESTIGARÁ EL SUPUESTO SOBORNO POR LA CONTRATA DE BASURAS DE ORIHUELA (PP) (24/03/06)
El fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, investigará el supuesto soborno de una de las firmas aspirantes a la contrata de basuras del Ayuntamiento de Orihuela, gobernado por el PP. La denuncia está recogida en la grabación de una entrevista entre un concejal y un empresario, también aspirante a la adjudicación. Briones aseguró que asumirá el caso y lo acumulará a la denuncia que ya ha trasladado al juzgado con 30 supuestos hechos delictivos por la gestión urbanística y contable del consistorio. Los implicados en la grabación, salvo el empresario Fenoll, negaron su autenticidad.
Tras la publicación de la cinta en la prensa, el fiscal Felipe Briones, anunció que abrirá una investigación. "Con independencia de que alguna de las partes me traslade una denuncia, la Fiscalía investigará los hechos, y los acumulará al escrito ya remitido al juzgado", aseguró. El escrito incluye 30 casos de corrupción por la gestión urbanística y contable del Consistorio oriolano.
La grabación acarreó un cruce de acusaciones y anuncios de querellas protagonizados por los dos protagonista de la conversación: el empresario Ángel Fenoll y portavoz del grupo municipal del Centro Liberal, Jesús Ferrández. El industrial insistió en la "veracidad" de la grabación y anunció que trasladará los hechos a la Fiscalía General del Estado y el fiscal Anticorrupción de Alicante. "Todo lo que se puede escuchar en la cinta es cierto", dijo. Fenoll subrayó que grabó la conversación con Ferrández para demostrar "que la decisión de adjudicar la contrata Urbaser está tomada desde hace 5 meses". El industrial insistió en que su oferta "es la mejor y la más barata", con una rebaja de un millón de € al año.
Un portavoz oficial de Urbaser también se desvinculó de la denuncia. La mercantil exigió al Ayuntamiento que adopte las medidas necesarias para la "transparencia y legalidad de la adjudicación, legalidad que la empresa ha respetado en todo momento". La firma adelantó su disposición a colaborar con las investigaciones abiertas para esclarecer los hechos, "y en función de ello iniciar acciones legales".
La grabación difundida por Fenoll incluía, además, comentarios de ámbito personal del empresario Francisco Marcos Ferrer, también presente en la denuncia del fiscal anticorrupción por supuestas ilegalidades en la adjudicación de un proyecto comercial. El promotor anunció que presentará una querella por injurias contra Ferrández y Fenoll y reclamará la responsabilidad civil subsidiaria a los medios que reprodujeron ese pasaje de la cinta.
La denuncia sobre un posible soborno por parte de una las firmas aspirantes a la contrata de basuras del Ayuntamiento de Orihuela -evaluada en unos 550 millones de €-, la mercantil Urbaser, una división del grupo ACS, del empresario Florentino Pérez, está recogida en la grabación de una entrevista celebrada el 23 de febrero entre Ferrández Fenoll. El empresario difundió la grabación el miércoles, un día después de que la mesa de contratación municipal otorgara a la oferta de Urbaser la máxima puntuación. La de Fenoll quedó en tercer lugar. En la cinta, el concejal Ferrández desveló al industrial que, en una anterior conversación con representantes de una tercera firma, estos le comentaron que la empresa Urbaser estaba dispuesta a ofrecer 3 millones de € en comisiones, si se hacía con la contrata, al alcalde, otro edil del PP, Ferrández y el concejal del PSPV Isidro Hernández. Los representantes de la tercera firma aludida [San Antonio] son su presidente, José Antonio Rodríguez, y su abogado, José Vicente Escudero. Ambos están incluidos en el escrito del fiscal por supuestos hechos delictivos. El primero por un supuesto intento de soborno a concejales y el segundo por el posible cobro de comisiones de la oficina de rehabilitación del casco histórico de Orihuela, que Escudero dirigió entre 1996 y 2003.
18. COMUNIDAD VALENCIANA: MEDINA: "LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL PP ME SOMETE A PERSECUCIÓN" (19/03/06)
En mitad del calvario que vive tras las denuncias de supuesta corrupción en el Ayuntamiento por parte de la Fiscalía, el alcalde de Orihuela, el popular José Manuel Medina, se revolvió contra la dirección provincial del PP, a la que acusó de perseguirlo, abandonarlo y de "echar más leña al fuego» de su ya complicada situación. En un discurso repleto de autoexculpaciones e interrogantes, Medina recaba el apoyo de la dirección regional de los populares y carga con dureza contra el ex interventor del Consistorio, José Manuel Espinosa, del que dice que ahora pretende eximirse de responsabilidad en los posibles delitos de tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, prevaricación y falsedad en documento público que investiga el juzgado.
"La dirección provincial del PP debe amparar a un alcalde legítimo de su partido y no echar más leña al fuego y poner más dudas sobre mi situación, que ya es de por sí complicada. Debería ayudar en lugar de echar más leña al fuego», declaró el primer edil oriolano sobre la posibilidad de que la ejecutiva provincial instara a la regional la apertura de una comisión de investigación interna; posibilidad que mismo descartó el secretario provincial, Miguel Peralta.
Preguntado acerca de si se siente perseguido por la ejecutiva que preside José Joaquín Ripoll, Medina no tiene duda alguna: "Absolutamente perseguido. Me han expulsado de la ejecutiva provincial pese a no tener potestad para hacerlo, y no he oído en mi vida que un comité ejecutivo provincial quiera crear una comisión de investigación contra un miembro de su partido». El alcalde oriolano fue expulsado por Ripoll de la dirección del partido el pasado 14 de octubre, pocos días después de que Medina acometiera una remodelación a fondo de las competencias de sus concejales a raíz del voto negativo de ocho de ellos a la aprobación de un proyecto urbanístico impulsado por el alcalde.
19. COMUNIDAD VALENCIANA: EL PRIMER EDIL DE TORREVIEJA (PP) CONTRATA CON UNA FIRMA DEL HERMANO DE UN EDIL (21/03/06)
El Ayuntamiento de Torrevieja, gobernado por el PP, contrata desde 2003 servicios de seguridad privada con una empresa, cuyo gerente es el hermano de Eduardo Gil Rebollo, concejal de Infraestructuras. Se denuncia que las adjudicaciones son ilegales porque se elude el obligatorio concurso público al superar los contratos el máximo previsto en la ley. Entre 2003 y 2004, el Ayuntamiento adjudicó a esa empresa trabajos por 260.000 €. La firma de seguridad con la que contrata el Ayuntamiento de Torrevieja es la mercantil Descon Seguridad, SA, cuyo gerente es Pedro Gil Rebollo, hermano del mencionado concejal del Grupo Popular. En 2003 y antes de los comicios municipales, Eduardo Gil Rebollo era el concejal del área de Seguridad del Consistorio. Posteriormente, el edil pasó a asumir la delegación de Infraestructuras.
Entre los trabajos adjudicados a la empresa del hermano de Gil Rebollo se encuentran la seguridad del submarino de la Armada española, donado por el ex ministro de Defensa Federico Trillo al Ayuntamiento de Torrevieja. El Consistorio también ha encargado otros servicios relacionados con la vigilancia de un museo y calles con monumentos protegidos.
El Grupo Socialista municipal denuncia que todas las adjudicaciones del Ayuntamiento a la mencionada empresa privada de seguridad se han realizado por decreto del alcalde, Pedro Ángel Hernández Mateo, y posteriormente ratificadas por el la Comisión de Gobierno de la Corporación, de la que forma parte el edil Eduardo Gil Rebollo. "Este concejal, cuando menos por ética, debería de haberse ausentado de las reuniones de la Comisión de Gobierno en las que se ratificaban las adjudicaciones a la empresa de un familiar", señaló Manuel Vera, portavoz adjunto del grupo municipal del PSPV.
20. COMUNIDAD VALENCIANA: AL QUE REPARTE LE TOCA LA MEJOR PARTE: UN ALTO CARGO DEL PP COMPRA UNA FINCA JUNTO A UN FUTURO CAMPO DE GOLF EN ALCOI (22/03/06)
Ramón Doménech Doménech, subsecretario de la Conselleria de Territorio y Vivienda, ha comprado una finca rústica de 395.000 metros cuadrados de extensión, situada a poco menos de un kilómetro de la zona del proyecto Xirillent Golf, que prevé una urbanización y un campo de golf. El dirigente autonómico compró estos terrenos (en los que va incluida una masía) por 456.000 € a un grupo de 10 entidades religiosas locales, representadas por el vicario episcopal en Alcoi, José Antonio Varela.
La operación de adquisición se formalizó pocos meses antes de que se presentara el proyecto para construir en Xirillent un campo de golf, un hotel y una urbanización con 500 chalés. Hay que señalar que la viabilidad de esta obra depende, en gran manera del dictamen que haga de la misma la Conselleria de Territorio, en la que Doménech ocupa un alto cargo. El conseller Rafael Blasco expresó en diferentes ocasiones su apoyo a la iniciativa, a pesar de que cuenta con dos informes desfavorables de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre la falta de justificación de las reservas hídricas.
Esta finca, conocida como el Mas de Miró, fue donada en el año 2002 por un matrimonio alcoyano a un total de diez entidades religiosas de la ciudad. La propiedad estaba dividida entre las siguientes instituciones: Parroquia de San Mauro y San Francisco, Siervas de María, Parroquia de San Vicente y San Antonio, Congregación Hermanitas Ancianos, Fontilles, Arzobispado de Valencia, Casa Beneficencia Hogar Infantil. Parroquia de San Roque, Parroquia Natividad de Nuestra Señora y Fundación Mariola la Asunción.
En julio de 2004, el vicario episcopal -en representación de todos los propietarios- solicita la segregación de la finca de tres parcelas de 25.000 metros cuadrados. Hay que señalar que esta solicitud viene acompañada por un proyecto redactado por una arquitecta que es hija de Ramón Doménech, el futuro comprador. Una vez aprobada esta petición, en noviembre de 2004 se efectúa la venta de la finca al subsecretario de Territorio y a su esposa, que aparece reflejada en el registro de la propiedad un año después. Simultáneamente se ceden tres parcelas segregadas a tres hijas del subsecretario. Estas parcelas aparecen valoradas en torno a los 60.000 € cada una.
Según se hace constar en el orden del día de una reunión de la Fundación Mariola la Asunción, una de las entidades beneficiarias de la operación, el precio total de la venta es de 456.000 €. Fuentes consultadas por este periódico señalan que esta cantidad está muy por debajo de los precios de mercado, que en conjunto valoran la parcela y el edificio de la masía en 1.662.000 €. Fuentes inmobiliarias indicaban que sólo el edificio de la masía estaría valorado en no menos de 240.000 €. Hay que señalar finalmente que el Mas de Miró está incluido dentro de la zona de amortiguación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales del parque natural de la Sierra de Mariola. La zona tiene la declaración de suelo no urbanizable. Dos tercios de su superficie son suelo agrícola y el restante, tiene la consideración de forestal, al estar más cercano a las áreas boscosas del paraje.
21. COMUNIDAD VALENCIANA: EL ALCALDE DE CREVILLENT (PP) PRETENDE FOTOGRAFIAR A TODOS LOS INMIGRANTES (24/03/06)
El alcalde de Crevillent, César Asencio, del PP, quiere disponer de fotos de todas las personas que se empadronen en el municipio y además conocer los metros cuadrados disponibles en la vivienda así como el número de personas que conviven bajo el mismo techo. La medida, aunque se presenta de carácter general, pretende controlar aquellas viviendas en las que los trabajadores inmigrantes viven "hacinados".
Primero fue la polémica decisión de instalar cámaras en la calle contra la inseguridad, y ahora pretende disponer de fotografías de todas las personas que se empadronen en el municipio y establecer unas normas para que no vivan hacinados en sus casas. El alcalde de Crevillent, César Asencio, aprobó en la Junta de Gobierno de una normativa de empadronamiento por la que se exigirá la presentación de una foto para poder registrarse. La idea se presenta como "un mecanismo de mejor control de personas", según indicaron en un comunicado fuentes municipales, que precisaron que la normativa incluye también una tasación de la superficie y del número de personas que pueden habitar en una vivienda.
En la Junta de Gobierno se presentó un informe de propuesta elaborado por el secretario, a petición del alcalde, César Asencio, de una normativa que "regulará y limitará la masificación de empadronados en viviendas". Así, en una vivienda de 80 m2 podrán habitar un máximo de nueve personas. La propuesta del alcalde "está basada en informes elaborados desde el gabinete municipal de servicios sociales, que han alertado sobre la existencia de viviendas habitadas por un número excesivo personas de determinados colectivos y que no son del mismo ámbito familiar", en referencia a los trabajadores inmigrantes que conviven en pisos de alquiler.
La normativa "va destinada a las personas que pretendan empadronarse en el término municipal de Crevillent, señalando como domicilio aquellas viviendas ajenas, en las que existan ya empadronadas otras personas con las cuales no tenga vínculo familiar". De este modo, la normativa "incluye una tasación de cada superficie y el número de personas ideal que podría acoger. Para una superficie de 20 metros se establece que pueden vivir 2 personas, 30 metros 3 personas, 40 metros 4, para 48 metros 6 y así sucesivamente". Otra de las propuestas es que para empadronarse "se identifiquen mediante fotografía aquellas personas que van a ocupar las viviendas, como mecanismo de mejor control". La normativa también incluye "sanciones de hasta 450 € a los titulares de viviendas que infrinjan esta norma".
La propuesta, una vez aprobada, será remitida al presidente del Instituto Nacional de Estadística para que "dé el visto bueno, puesto que la Ley de empadronamiento está regulada por el estado, aunque existe un vacío legal que no contempla los topes de habitantes por vivienda".
22. CASTILLA Y LEÓN: envíoS de mails con insultos al Rey y a Zapatero desde el ordenador del jefe de prensa del Ayuntamiento de Valladolid (PP) (20/03/06)
IU considera indignante la utilización de los medios públicos para transmitir mensajes y cuestionan la legitimidad democrática. Para la formación que lidera Gaspar Llamazares, estos llamamientos que incluyen el descrédito del Rey se encuadran dentro de la estrategia de crispación que realiza el PP.
Alfonso Sánchez, portavoz de IU en el Ayuntamiento de Valladolid, ha denunciado que en el correo enviado por el jefe de prensa del consistorio se ha "apología del golpismo". Según la denuncia de IU, en el mail "se apoya al general Mena" –que recordó durante un discurso la obligación del Ejército de defender la integridad de España-, "se insulta al presidente del Gobierno y a sus ministros" y "se hace un llamamiento a los militares para la defensa de la unidad nacional". El responsable del gabinete de medios de comunicación no quiere hacer ningún tipo de declaración sobre el envío de correos electrónicos desde su puesto de trabajo.
23. REGIÓN DE MURCIA: SE ABRE UNA INVESTIGACIÓN PENAL POR LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES DEL ARQUITECTO MUNICIPAL DE MURCIA (PP) (21/03/06)
El fiscal de la Audiencia provincial de Murcia ha abierto una investigación penal sobre las presuntas irregularidades cometidas por el arquitecto municipal del Ayuntamiento de Murcia, Joaquín Peñalver. La familia del arquitecto gestiona la mayoría de las grandes urbanizaciones que se están construyendo en la ciudad y el propio arquitecto es socio de dos importantes promotores. El fiscal jefe de la Audiencia provincial de Murcia, Manuel López Bernal, ha abierto diligencias de investigación penal de oficio para esclarecer las denuncias sobre presuntas irregularidades cometidas por el arquitecto jefe de Planeamiento Urbanísitico en el Ayuntamiento de Murcia, en excedencia por paternidad.
También ha abierto un expediente el colegio de Arquitectos de Murcia sobre las presuntas incompatibilidades de este arquitecto en relación a la actividad del estudio de arquitectos de su hermano y de su padre. Según denuncias recogidas en el sector, este estudio profesional estaría acaparando la mayor parte de los grandes proyectos urbanísticos en la capital mientras otros están sufriendo retrasos. Uno de los denunciantes, que trabaja en una empresa auxiliara para empresas promotoras, aseguró que los proyectos para ser aprobados debían pasar necesariamente por el despacho del arquitecto jefe. Entre las promotoras que cuentan con el diseño de la empresa de Peñalver están Polaris World o Profusa, mientras que otras, como Famu, representan a empresas que han cedido suelo forestal en zonas remotas del municipio a cambio de aumentar la edificabilidad de las promociones urbanísticas aprobadas en el Ayuntamiento de Murcia, lo que les ha generado beneficios de 1.200 millones de €.
24. REGIÓN DE MURCIA: EL PP APRUEBA EN SOLITARIO UNA MACROURBANIZACIÓN EN SAN GINÉS QUE SIGUE SIN TENER ASEGURADA EL AGUA (21/03/06)
El proyecto de macrourbanización de Hansa Urbana en el Mar Menor, uno de los más polémicos del Mar Menor y de toda la Región de Murcia, continúa dando pasos adelante. La Gerencia de Urbanismo aprobó de forma definitiva, con el único voto a favor de los representantes del equipo de gobierno (del PP), el llamado Plan Parcial Sector SG-1, que permitirá a la citada promotora propiedad de Rafael Galea edificar 6.500 viviendas de hasta dos alturas más ático, dos campos de golf y un complejo hotelero en la pequeña diputación costera de San Ginés de la Jara.
El proyecto (que ordena una superficie de 5.670.000 m2, de los que 654.000 serán de uso residencial, 174.000 hotelero y 1.750.000 para golf) ha superado los informes de impacto ambiental de la Comunidad Autónoma, y deberá rebasar un tercero cuando la empresa presente el proyecto de urbanización.
Pero la Confederación Hidrográfica del Segura ha puesto al Ayuntamiento de Cartagena una condición crucial para que en la zona se empiece a poner ladrillos: que esté garantizado el abastecimiento de agua, cosa que no hacen ni el Ministerio de Medio Ambiente ni la Comunidad.
"La Confederación nos ha asegurado que, con actuaciones del Programa AGUA como las desaladoras de Valdelentisco o San Pedro del Pinatar, el Gobierno garantizará el abastecimiento. Además, el Ente Público del Agua de la Comunidad aportará 6,5 millones de m3 hasta el año 2010», señaló el concejal de Urbanismo, Agustín Guillén. Para Guillén, es "una actuación viable y muy importante para el municipio, con una edificabilidad muy baja y totalmente compatible con la protección del Mar Menor». Aunque el edil dijo en julio pasado que "si falta agua, los promotores tendrán que resolverlo», la Gerencia no ha incluido por ahora la exigencia de que la empresa construya su propia desaladora.
25. ISLAS CANARIAS: LA FISCALÍA ENVÍA AL TSJC LA CAUSA CONTRA GONZÁLEZ ARROYO POR PREVARICACIÓN AL CONTRATAR A UN TÉCNICO ILEGALMENTE (24/03/06)
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha informado este miércoles que el pasado lunes se remitió a la Sala de lo Penal del TSJC de Canarias el escrito de acusación del Ministerio Fiscal en la causa seguida contra el presidente del PP en Fuerteventura, Domingo González Arroyo, aforado por su condición de diputado regional, y J.A.P.P. por sendos delitos de prevaricación (en su modalidad de contratación ilegal) e intrusismo profesional. Tanto para el líder insular del PP en Fuerteventura como para J.A.P.P. se solicitan penas de multa (previstas en los artículos 403 y 405 del Código Penal), así como la pena de suspensión para el ejercicio del cargo público.
Los hechos imputados se produjeron cuando González Arroyo, entonces alcalde del municipio de la Oliva, contrató y mantuvo en su puesto como Topógrafo Municipal al otro acusado, J.A.P.P., a sabiendas, según la nota de prensa de la Fiscalía, de que carecía de la titulación académica necesaria para ejercer funciones propias de topógrafo, de tal manera que entre los años 1998 y 2003, el acusado J.A.P.P., con el conocimiento y consentimiento del alcalde, estuvo realizando actividades propias de Ingeniero Técnico en Topografía, sin serlo.
Se da la circunstancia que el escrito de acusación de Ministerio Fiscal llegó al TSJC el mismo día en que la Audiencia de Las Palmas desestimó el recurso de González Arroyo sobre el caso del supuesto de soborno a un concejal de Antigua, lo que también supuso que se remitiera al TSJ de Canarias la causa del supuesto cohecho por un presunto intento de soborno al concejal de Antigua, por parte del ex alcalde de la Oliva.
26. ISLAS CANARIAS: 'CASO PARQUES EÓLICOS' (19/03/06)
Desde el ordenador del director general de Industria del Gobierno de Canarias, Celso Perdomo, se mandaron correos electrónicos a unas 50 empresas con los primeros borradores del concurso para adjudicar 344 megavatios de potencia en 170 aerogeneradores. Esa información, enviada unos meses antes de que la Consejería de Industria convocase el concurso, en octubre de 2004, resultaba clave para conocer los requisitos, en especial sobre el suelo que sería más valorado (en la práctica, el vinculado a los puertos) y la tecnología preferida. Las personas que tuvieran acceso a esa información podrían solicitar adjudicaciones administrativas a los puertos para la explotación del suelo público y cerrar acuerdos con las empresas líderes en el sector en Europa. Uno de los correos reflejaba el reparto de comisiones millonarias (30 millones €, de los que 12 serían para los políticos). La denuncia la formuló a finales de 2004 el director comercial de una de esas empresas privilegiadas, después de que su propietario lo despidiera..
Como consecuencia de las investigaciones realizadas por el juez Miguel Ángel Parramón, Celso Perdomo y su pareja, Mónica Quintana, permanecen en prisión desde el pasado 9 de febrero. El primero, acusado de supuestos delitos de malversación de fondos, cohecho, facilitar información privilegiada y tráfico de influencias. La segunda, por presunto cohecho y malversación de fondos.
27. islas canarias: La policía detiene a cuatro personas más por las comisiones ilegales de Telde (22/03/06)
La policía detuvo a otras cuatro personas por su presunta relación con el caso Faycán, en el que se investiga el supuesto pago de comisiones ilegales para la adjudicación de obras públicas en el municipio canario de Telde. Uno de los arrestados es el delegado para las islas de la empresa Dragados y Construcciones, Abelardo Martínez Ripoll, dos más son funcionarios municipales y el cuarto es el gerente de la empresa Planos, Gestión y Construcción, según una nota del gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Martínez Ripoll, Esteban Cabrera Guerra (técnico de la corporación municipal) y el funcionario Juan Felipe Martín Ramos fueron detenidos por la mañana, mientras que por la tarde lo fue Ángel Omar Suárez Suárez, el citado gerente, a quienes se investiga por los delitos de cohecho y tráfico de influencias. Todos fueron arrestados por orden del Juzgado de Instrucción número 3 de Telde. Con éstos ya son 14 los detenidos por el caso Faycan, de los que dos permanecen en prisión: la ex concejal de Obras Públicas y Contratación del municipio María Antonia Torres (PP) y su asesor municipal Francisco Gordillo.
28. ISLAS BALEARES: UN GRUPO DE CIUDADANOS PRESENTARÁ MAÑANA UNA DENUNCIA CONTRA MATAS POR MALVERSACIÓN DE FONDOS (24/03/06)
Un grupo de ciudadanos mallorquines prevé presentar en breve una denuncia contra el presidente del Govern, Jaume Matas, en la Fiscalía Anticorrupción de Balears por un delito de malversación de fondos públicos, por la contratación de varias estrellas mediáticas para un presunto interés personal y electoral.
Así, estos ciudadanos, que adjuntarán un amplio dossier fotográfico, consideran que el presidente autonómico 'ha malversado dineros públicos', ya que entienden que 'no era necesario despilfarrar estas cantidades para promocionar las islas', un hecho 'constitutivo de un delito penal' de acuerdo los artículos 432 a 434 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Aseguran que 'como mínimo más de cincuenta millones de € en pagar personajes públicos para promocionarse personal y electoralmente y bajo la excusa de la promoción turística'.
Un ejemplo es, según los denunciantes, la presencia de Matas, el pasado nueve de marzo, en el patrocinio del Mallorca Classic Golf en la feria alemana de la ITB de Berlín, acompañado por la tenista Anna Kournikova, 'personaje público sin ninguna vinculación con las islas y que costó, según los medios de comunicación, 40 millones de € al erario público'. También reprochan que Matas pagó a la modelo Claudia Schiffer para asistir a la presentación del stand de Baleares en la World Travel Market el pasado 15 de noviembre de 2005 'en un momento en el que la modelo alemana ya estaba retirada de la pasarela'.
29. LA RIOJA: LLEVAN LA VENTA DEL PARKING DE LA PAZ A LA JUSTICIA Y AL TRIBUNAL DE CUENTAS (18/03/06)
Ayuntamiento de Logroño ha dado luz verde a la venta de un aparcamiento situado en el centro de la ciudad a una empresa propiedad de familiares de Pedro J. Ramírez. El lucrativo negocio radica en que e le vende las 508 plazas que tiene este aparcamiento subterráneo a un precio de 600 € cada una, cuando la empresa de la familia Ramírez podrá sacarlas a la venta a 24.000 € la plaza (esta es un buena plusvalía).
La empresa explotaba hasta ahora comercialmente el aparcamiento, pero no tenía la propiedad del suelo, que es lo que ahora le ha vendido el Ayuntamiento. Los grupos de oposición en la corporación municipal logroñesa han denunciado reiteradamente esta operación, que han calificado de auténtico "pelotazo urbanístico". Acusan al alcalde, del Partido Popular, de favorecer a sus amigos y recuerdan además que la jefa de gabinete del alcalde es hermana del director de El Mundo.
El PSOE ha remitido al Tribunal de Cuentas toda la documentación relativa a la venta por parte del Ayuntamiento del aparcamiento de la Plaza de la Paz, para que fiscalice la operación, que calificó de "contraria a los intereses municipales y de la ciudad».
Los concejales del PR Ángel Varea y Miguel Gómez adelantaron también que llevarán el próximo día 4 de abril a los tribunales toda la documentación municipal respecto a la venta del aparcamiento de la Plaza del Paz, por si hubiera indicios de delito en la operación que califican como "donación encubierta» a una empresa "relacionada con el entorno del alcalde». Según el PR, lo más grave en la enajenación del aparcamiento es que "el único objetivo de esta venta es favorecer a personas del entorno del alcalde".
