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ÍNDICE

1. EL PP FRENTE AL ESTATUT: EMPRESARIOS CATALANES CRITICAN A RAJOY POR SU ESTRATEGIA DE CRISPACIÓN (15/01/06)

2. EL PP FRENTE AL ESTATUT: LA JUNTA DE FISCALES RECHAZA POR 15 VOTOS A 4 EL RECURSO DEL PP CONTRA EL ESTATUTO CATALÁN (15/02/06)

3. EL PP FRENTE AL ESTATUT: EL EX MINISTRO PIQUÉ ADMITE QUE LA LÍNEA DE OPOSICIÓN DEL PP LE DEJA EN UNA "SITUACIÓN INCÓMODA"10/02/2006

4. EL PP FRENTE AL ESTATUT: EL PORTAVOZ DEL PP CATALÁN TACHA DE DESAFORTUNADAS ALGUNAS CRÍTICAS DE RAJOY (16/02/06)

5. EL PP FRENTE AL ESTATUT: EL PORTAVOZ DEL PP DE LLORET PIDE LA DIMISIÓN DE ACEBES Y ZAPLANA Y POSTERIORMENTE ES EXPULSADO DEL PARTIDO (15/02/06)

6. EL PP FRENTE AL ESTATUT: OTROS DOS EDILES DEL PP CATALÁN DISCREPAN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL

7. EL PP FRENTE AL ESTATUT: PP ANDALUZ CONTRATA UNAS CUÑAS DE RADIO EN CONTRA DEL ESTATUT (16/02/06)

8. RAJOY LE COGE EL GUSTILLO A LAS MANIFESTACIONES Y CONFIRMA QUE IRÁ A LA QUE HA CONVOCADO LA AVT (15/02/06)

9. ZAPLANA, EN SU ETAPA DE MINISTRO DE TRABAJO, MODIFICÓ CONTRATOS SIN JUSTIFICACIÓN (13/02/06)

10. AZNAR RECHAZA SIN ÉXITO EN EL CONSEJO DE ESTADO LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN (17/02/06)

11. AZNAR SE OFRECE PARA DETENER LA "MAREA POPULISTA" DE LOS GOBIERNOS SUDAMERICANOS (13/02/06)

12. EL JUEZ ORDENA INDEMNIZAR A LAS FAMILIAS DE LOS MILITARES DEL YAK-42 (11/02/06)

13. EL PP PRESUMIÓ ANTE UCRANIA DE HABER DEFENDIDO A SU INDUSTRIA EN EL 'CASO YAK-42' (14/02/06)

14. GALICIA: EL SENADOR AJA (PP) COMPARECE ANTE EL SUPREMO POR SU AFICIÓN A COMER MARISCO CON DINERO PÚBLICO (14/01/06)

15. ANDALUCÍA: LA JUNTA INVESTIGA LA SUPUESTA RECOGIDA DE FIRMAS DEL PP EN COLEGIOS GRANADINOS (11-02-06)

16. MADRID: AGUIRRE DEJA SIN AYUDAS A LA INMIGRACIÓN A 25 DE LOS 36 MUNICIPIOS CON MÁS EXTRANJEROS (14/02/06)

17. MADRID: AGUIRRE TACHA A ZP DE "RADICAL" (14/02/06)

18. COMUNIDAD VALENCIANA: IMPLICAN A ACEBES EN LA MANIPULACIÓN DE LOS CENSOS ELECTORALES DE ELCHE

19. COMUNIDAD VALENCIANA: EL IVVSA VENDIÓ UN INMUEBLE POR ALGO MÁS DE UN TERCIO DEL PRECIO EN QUE LO VALORÓ (12/02/06)

20. COMUNIDAD VALENCIANA: DENUNCIAN QUE CIEGSA CONTRATA ARQUITECTOS QUE SON FAMILIA DE CARGOS DEL PP (15/02/06)

21. ISLAS BALEARES: ONCE ALCALDES DEL PP PODRÍAN SER CONDENADOS A UNA INHABILITACIÓN PARA EL CARGO DE 2 A 6 AÑOS

22. ISLAS BALEARES: DENUNCIAN A UN EX ALCALDE DEL PP Y AL SECRETARIO ANTE LA FISCALÍA POR "MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS"

23. ISLAS CANARIAS EL JUEZ DICTA PRISIÓN PARA EL EX CARGO DEL PP Y SU PAREJA POR LA TRAMA EÓLICA DE CANARIAS (15/02/06)

24. CASTILLA Y LEÓN: EL PP QUEDA EN MINORÍA EN SORIA TRAS ROMPERSE EL PACTO DE GOBIERNO CON EL IDES

25. REGIÓN DE MURCIA: POLARIS AMENAZA CON IRSE DE ALHAMA Y CON "MILES DE DESPIDOS" SI LE IMPIDEN CONSTRUIR 15.000 VIVIENDAS (15/02/06)


1. EL PP FRENTE AL ESTATUT: EMPRESARIOS CATALANES CRITICAN A RAJOY POR SU ESTRATEGIA DE CRISPACIÓN (15/01/06)

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha apoyado en Barcelona la campaña de recogida de firmas para someter a referéndum entre todos los españoles el Estatuto de Cataluña. Rajoy, que había asegurado por la mañana que actualmente "se está haciendo con el castellano lo que en época de Franco se hizo con el catalán", ha recibido un duro rapapolvo de algunos empresarios catalanes con los que se ha reunido. El líder de los ‘populares’ continúa su periplo por toda España recogiendo firmas a favor de su propuesta para que el Gobierno convoque un referéndum sobre el Estatuto de Autonomía catalán en todo el territorio nacional. Rajoy ha recogido rúbricas en una mesa frente al 'Círculo Ecuestre' de la Ciudad Condal.

Tras su asistencia a la reunión de la Junta Directiva del PP de Cataluña, Rajoy ha asegurado que en esta región "se está haciendo con el castellano lo que en época de Franco se hizo con el catalán". El presidente de los 'populares' rechaza que exista persecución lingüística por parte de la Generalitat, "pero se está quitando al castellano del ámbito de lo público". Fuentes cercanas a la presidencia del PP catalán reconocen que no comparten estas declaraciones y que son negativas para los intereses del partido en esta Comunidad Autónoma.

Rajoy hizo una intervención después ante los empresarios del Círculo Ecuestre de Barcelona haciendo hincapié en que la propuesta estatutaria que ahora se está debatiendo en Cortes es, en su opinión, excesivamente intervencionista y afecta a "la libertad" de los catalanes, especialmente desde que ha sido aprobado en ponencia el capítulo de Derechos y Deberes y, entre otras cosas se "ha aprobado en el Congreso una regulación de la eutanasia". Aseguró que su posición "no es cómoda ni especialmente grata" y que le está suponiendo "un coste político y personal elevado".

Terminó Rajoy su conferencia y llegó el turno de preguntas de un auditorio que, sin demasiados rodeos, hizo llegar al presidente de los ''populares'' distintas críticas y dudas ante su estrategia política: comenzó el anfitrión, el presidente del Círculo Ecuestre, Manuel Carreras, quien demandó en su nombre y en el de otros empresarios un PP "más conciliador" que no favorezca "la fractura" o la "crispación". Otros empresarios hicieron públicas sus dudas o críticas hacia la campaña de recogida de firmas emprendida por Rajoy y le pidieron que pensara en las consecuencias.

Rajoy llegó a dar la razón a algunos de los asistentes que habían apuntado que era imposible que al PP le resultasen inaceptables todos los artículos del Estatut, pero matizó que el conjunto del texto, a su entender, debería adaptarse a la Constitución y respetar la libertad "sin imponer un modelo social o educativo", evitando las "imposiciones" y la "dictadura de políticamente correcto". Otra de las críticas que recibió fue por su posible responsabilidad a la hora de crear "crispación" social, una crispación que podría tardar más en pasar "a la historia" que los políticos que la han generado. "Es verdad que cuando hay crispación todos tenemos responsabilidad. Tengo mi cuota y estoy dispuesto a aceptarla".

2. EL PP FRENTE AL ESTATUT: LA JUNTA DE FISCALES RECHAZA POR 15 VOTOS A 4 EL RECURSO DEL PP CONTRA EL ESTATUTO CATALÁN (15/02/06)

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, arrasó en la Junta de Fiscales de Sala al lograr que 15 de los máximos representantes de la carrera respaldaran su criterio contrario a la admisión del recurso de amparo en el que el PP pide al Tribunal Constitucional que la reforma del Estatuto de Cataluña se tramite como reforma de la Constitución. Antes de la votación, Conde-Pumpido anunció que asumiría el resultado. Consecuentemente, encargó al teniente fiscal ante el Constitucional que redacte un informe contrario a la admisión de la demanda del PP.

El resultado de la Junta fue tanto más contundente cuanto que al menos media docena de fiscales conservadores respaldaron el criterio de Conde-Pumpido. El fiscal general, en una interpretación previa, expuso que su criterio era contrario a la admisibilidad del recurso del PP, pero que no iba a votar y que asumiría el criterio mayoritario de la Junta, fuera el que fuera. La Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo es el máximo órgano del Ministerio Fiscal en materia de asesoramiento técnico y doctrinal para unificar criterios de interpretación y actuación.

Al término de la reunión, la fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Elvira Tejada, y el jefe de la Unidad de Apoyo, José Luis Bueren, dieron cuenta del resultado de la junta, expresado en votación nominal por los 19 fiscales. Se registraron 15 votos a favor del criterio de Conde-Pumpido, contrario a la admisión del recurso, y cuatro a favor de la postura del fiscal del Constitucional, Juan Cesáreo Ortiz Úrculo, partidario del recurso de los populares.

La mayoría de los fiscales de Sala, según dijo Bueren, consideraron que los argumentos de la demanda del PP pueden tener su justificación "desde el punto de vista político", pero "desde el punto de vista estrictamente jurídico carecen de soporte alguno". Añadió que los fiscales entendieron que no es el momento de analizar si la tramitación del Estatuto es una "reforma encubierta" de la Constitución, como asegura el PP, ya que aún no ha sido aprobada y se encuentra en fase de tramitación parlamentaria.

El fiscal jefe del Constitucional, Juan Cesáreo Ortiz Úrculo, defendió el criterio mayoritario de los fiscales del Constitucional, aprobado por cinco votos a tres y coincidente con las tesis del PP, según el cual se trata de una reforma constitucional y la Mesa del Congreso debió tramitarlo como tal: mayoría de dos tercios, disolución de las Cámaras, nueva mayoría de dos tercios en las siguientes Cortes y referéndum.

El informe definitivo del Ministerio Fiscal será elaborado por el Teniente Fiscal del Constitucional, Olayo González Soler, quien unificará su propio dictamen con el de la Secretaría Técnica de la Fiscalía del Estado e informará que no se admita el recurso del PP.

3. EL PP FRENTE AL ESTATUT: EL EX MINISTRO PIQUÉ ADMITE QUE LA LÍNEA DE OPOSICIÓN DEL PP LE DEJA EN UNA "SITUACIÓN INCÓMODA"10/02/2006

Josep Piqué siguió marcando distancias con la línea de oposición del PP, que, aunque dijo compartir, admitió que "otra cosa es que la situación no sea cómoda" y que "es una situación difícil, en algunos casos incómoda, pero en la vida y en la política pasas por momentos que son más dulces y agradables y por otros más desagradables". El ex ministro venía a reconocer con ello que la crisis abierta con la cúpula del partido motivada por las diferencias de criterios sobre la estrategia en relación con la reforma del Estatut no había hecho más que cerrarse en falso.

La realidad es que, después de aquel episodio en el que desistió de dimitir en el último momento tras una larga conversación con Mariano Rajoy, el presidente del PP de Cataluña ha mantenido su discurso propio y se ha distanciado de la línea oficial cada vez que lo ha estimado conveniente. En este sentido, si ante emplazaba al partido a reflexionar sobre su política de "confrontación eterna y sin cuartel" con los nacionalistas y consideraba "absolutamente incomprensible" que el PP no votara a favor del artículo 1 del nuevo Estatut si mantiene la definición de Cataluña como nacionalidad que figura en el texto actual, se desmarcaba de las tesis sobre la "persecución lingüística" en Cataluña, en discrepancia con la proposición no de ley presentada en el Congreso, impulsada por Eduardo Zaplana y que defendió Dolors Nadal.

"El castellano no está perseguido en Cataluña desde el punto de vista de su utilización habitual, en la calle no hay problema lingüístico porque los ciudadanos tienen más sentido común que sus representantes", subrayó Josep Piqué en declaraciones a la cadena Ser, en donde sí criticó la política del Govern respecto a la enseñanza del castellano y también dejó constancia de que "personalmente me gustaría" haber podido incorporar al PP al acuerdo sobre el Estatut, aunque lo descartó ante la "sensación de que todo está ya cerrado". Las opiniones del ex ministro, a diferencia de otras ocasiones, no han tenido esta vez la réplica de la cúpula del PP, lo que en medios políticos refuerza el convencimiento de que Piqué aceptó aplazar su dimisión a cambio del compromiso de Mariano Rajoy de respetarle su perfil propio en Cataluña. Lo que ante ello se preguntan en sectores del PP es si la situación es sostenible y hasta cuándo.

El presidente del PP en Cataluña dio una pista al respecto al ser preguntado sobre si tenía ganas de seguir mucho tiempo en política: respondió con un sí, pero matizado con que "otra cosa es que al final las circunstancias te lo impidan".

4. EL PP FRENTE AL ESTATUT: EL PORTAVOZ DEL PP CATALÁN TACHA DE DESAFORTUNADAS ALGUNAS CRÍTICAS DE RAJOY (16/02/06)

Las palabras del presidente del PP, Mariano Rajoy, el pasado martes en Barcelona comparando la situación actual del castellano en Cataluña con la persecución del catalán durante el franquismo, provocaron ayer reacciones contrarias y críticas incluso en el seno del PP catalán. El portavoz de esta formación, Francesc Vendrell, dijo que, "personalmente", considera "desafortunadas" las palabras de Rajoy, pero pidió "no exagerar" porque, opinó, el presidente del PP no "pretendía comparar" dos periodos históricos.

Vendrell aseguró estar de acuerdo con Rajoy cuando éste afirmó que "el castellano no está perseguido en Cataluña" y que en esta comunidad existe un "bilingüismo perfecto", pero reiteró que Rajoy "dijo algo un poco desafortunado, que fue comparar todo esto con una época determinada de la historia del franquismo". En opinión de Vendrell, esta comparativa de Rajoy, que el presidente del PP repitió también, no fueron más que una "coletilla" que no se debe "exagerar".

5. EL PP FRENTE AL ESTATUT: EL PORTAVOZ DEL PP DE LLORET PIDE LA DIMISIÓN DE ACEBES Y ZAPLANA Y POSTERIORMENTE ES EXPULSADO DEL PARTIDO (15/02/06)

El teniente de alcalde y portavoz del PP en Lloret de Mar (Girona), Joaquim Teixidor, reclamó la dimisión del secretario general de su partido, Ángel Acebes, y del portavoz parlamentario, Eduardo Zaplana, a los que responsabilizó de "haber perdido las elecciones" del 14 de marzo.

En una entrevista concedida a Catalunya Radio, Teixidor calificó de "ridícula" la campaña de recogida de firmas que el PP ha puesto en marcha para pedir un referèndum estatal sobre el Estatut y consideró que el presidente del PP catalán, Josep Piquè, debería reforzar su liderazgo en el partido.

"Estos señores que fueron responsables, creo yo, de la pérdida de aquellas elecciones, como Acebes y Zaplana, lo que deberían hacer" es "apartarse de la vida popular y dejar que nuevas generaciones conduzcan el partido hacia otro gobierno en España", afirmó Teixidor. En opinión de Teixidor, la suya es una opinión compartida por otros militantes del PP de Girona. "Hemos de asumir que perdimos las elecciones y mucha culpa fue de estas personas, que nos hacen tanto y tanto daño, y que lo que deberían hacer es dimitir", añadió.

Posteriormente, Joaquim Teixidor fue expulsado del partido.

6. EL PP FRENTE AL ESTATUT: OTROS DOS EDILES DEL PP CATALÁN DISCREPAN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL

Continúa la rebelión en el PP de Cataluña a nivel municipal. Otros dos concejales, han criticado a la dirección nacional del partido. Uno de ellos ha afirmado que en el PP sólo hay libertad de expresión para algunos y otro se ha negado a pedir en su municipio firmas contra el Estatut.

El concejal ‘popular’ en el municipio de Santa Coloma de Farners (Girona) y consejero comarcal, Josep Casellas, cree que a lo mejor el concejal de Lloret de Mar "se excedió" al solicitar la dimisión de Eduardo Zaplana y Ángel Acebes, pero que no por ello habría que expulsarle del partido. Casellas ha confirmado que tiene abierto un expediente dentro del partido por criticar duramente a la dirección provincial del partido y afirma que dentro del PP "sólo hay libertad de expresión para algunos". Recuerda que el presidente del PP catalán, Josep Piqué, también discrepó con la línea marcada por la dirección en Madrid, y "aunque le llamaron a filas", no fue expulsado de la formación.

Por su parte, el concejal de Palamós, Josep Fontané, ha dicho también que no piensa recoger firmas para el referéndum contra el Estatut catalán tal y como está haciendo Mariano Rajoy.

7. EL PP FRENTE AL ESTATUT: PP ANDALUZ CONTRATA UNAS CUÑAS DE RADIO EN CONTRA DEL ESTATUT (16/02/06)

El PP ha iniciado la campaña publicitaria contra el Estatuto catalán. Una cuña radiofónica estrenó esta campaña. En la cuña, un hombre le dice a una mujer que si se trasladan a Cataluña su hijo tendrá que estudiar en catalán y no podrá hacerlo en español. "¿Por qué?", pregunta la mujer. "Porque Zapatero lo consiente y Chaves lo apoya", responde el hombre. Luego, una voz dice: "El pacto de Zapatero con el nacionalismo catalán perjudica a los andaluces y Chaves no hace nada por remediarlo".

El PSOE, los nacionalistas e Izquierda Unida reaccionaron ayer con indignación ante las cuñas publicitarias emitidas por el PP en Andalucía, en las que se afirma que, con el nuevo Estatut, las comunidades más pobres "darán dinero a las ricas" y los andaluces tendrán prohibido hablar el español en Catalunya.

8. RAJOY LE COGE EL GUSTILLO A LAS MANIFESTACIONES Y CONFIRMA QUE IRÁ A LA QUE HA CONVOCADO LA AVT (15/02/06)

El secretario general del PP, Angel Acebes, confirmó que su partido va a respaldar formalmente la manifestación que ha organizado la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) para el sábado 25 de febrero en Madrid. El presidente de los populares, Mariano Rajoy, tiene intención de acudir a la convocatoria. La justificación de ese apoyo a la AVT, viene dada porque, a juicio de los populares, José Luis Rodríguez Zapatero no está en un proceso de paz, sino en un "proceso de claudicación, de miedo y de rendición".

"Es la primera vez que un presidente del Gobierno ha tenido que salir para decir a los españoles, de manera solemne, que él también está contra el terrorismo -señaló Acebes- y, por lo tanto, justificar su actitud y las muchas dudas que en estos momentos existen en una gran mayoría de los ciudadanos sobre los comportamientos que en materia de lucha antiterrorista está teniendo el presidente del Gobierno". Acebes reprochó al Ejecutivo socialista que haya emprendido una "operación" de "descalificaciones" contra el PP por considerar que es "uno de los obstáculos más importantes" para poder negociar con Batasuna y ETA y, como hiciera hace unos días Rajoy, sacó a colación los GAL (sin citarlos expresamente) y recordó que su partido siempre ha apoyado el fin de la banda etarra desde el Estado de Derecho.

Refiriéndose nuevamente a la manifestación, invitó a todos los militantes, simpatizantes y votantes del PP a acudir a la misma. Desde el área de Organización del PP se pondrán medios para intentar facilitar el éxito de la convocatoria. El mismo día que tiene previsto estar en la manifestación de la AVT, Rajoy se desplazará a Galicia para celebrar un homenaje al presidente fundador del PP, Manuel Fraga.

9. ZAPLANA, EN SU ETAPA DE MINISTRO DE TRABAJO, MODIFICÓ CONTRATOS SIN JUSTIFICACIÓN (13/02/06)

El Ministerio de Trabajo introdujo en el año 2003 diversas modificaciones en algunos de sus contratos sin la suficientes justificación o motivación, según denuncia un proyecto de informe del Tribunal de Cuentas referido al departamento ministerial que entonces dirigía Eduardo Zaplana.

El informe, que está pendiente de alegaciones, fiscaliza la contratación celebrada por Trabajo y detecta modificaciones contractuales en dos campañas publicitarias convocadas por el Instituto de la Mujer por importe total de 3,5 millones € por procedimiento de urgencia. Una de ellas se refería al reparto de tareas domésticas y la tramitación elegida se motivó por "tratarse de una contratación cuya necesidad se considera inaplazable y cuya adjudicación conviene acelerar por razones de interés público".

El informe del Tribunal de Cuentas estima que dicha justificación no es sino "una copia literal del precepto legal, sin que se precisen más las circunstancias que justifican el recurrir a un procedimiento extraordinario como es el de urgencia, por lo que no se produce la debida motivación" exige la Ley de Contratos, se afirma. Este contrato se adjudicó el 5 de marzo de 2003 por importe de 1,5 millones €. Con fecha 24 de abril se formalizó un modificado, justificado porque "el cumplimiento de los plazos de emisión inicialmente previstos, sujeto éste a la disponibilidad existente en el medio televisivo en ese momento, ha reducido notablemente la incidencia e impacto de la campaña". El Tribunal de Cuentas considera que no existen razones suficientes que motiven la modificación. Un caso similar se produjo en otra campaña publicitaria del Instituto de la Mujer sobre igualdad de oportunidades, adjudicada el 9 de mayo de 2003.

Según el contrato la ejecución de la misma debía producirse dentro del primer semestre de 2003. Sin embargo, el Instituto consideró que no resultaba adecuado iniciar la campaña en el periodo estival y se optó por introducir una modificación contractual por valor de 594.000 € "consistente en el incremento de las acciones divulgativas en el medio de televisión, con el fin de intensificar la difusión de la campaña a través del medio de comunicación al que acceden mayor número de ciudadanos en el período navideño". De nuevo el Tribunal de Cuentas estima que las nuevas necesidades parecen más bien imprevisiones o deficiencias del expediente original. El informe de fiscalización también alcanza también al antes denominado Instituto Nacional de Empleo (INEM) Servicio Público Estatal de Empleo. En este caso, el Tribunal de Cuentas realiza numerosas indicaciones y refleja un elevado número de desacuerdos con las fórmulas de contratación. Detecta también un modificado no justificado en el contrato de obras de acondicionamiento de local para la dirección provincial del INEM en Cuenca, con un incremento del presupuesto original del 18,37%.

El informe pendiente de alegaciones también destaca un contrato para la prestación de un seminario hispano-británico sobre el mercado de trabajo tramitado de urgencia, algo que según el Tribunal de Cuentas "no estuvo suficientemente justificado y reflejó deficiencias en la planificación de contratación".

En lo que respecta a la licitación, adjudicación y formalización de contratos del INEM, el informe del Tribunal de Cuentas sostiene que en 4 de estos expedientes los pliegos de cláusulas administrativas particulares "adolecieron de falta de concreción en su contenido y en su valoración, al mismo tiempo no fueron baremados ni ponderados sobre la base de fórmulas objetivas concretas".Por todo ello concluye que en estos 4 casos "no quedó garantizada las trasparencia y la objetividad" de la contratación. En otro de los contratos, la Mesa de Contratación adjuntó un informe del Interventor en el que se cuestionaba la elección de un contratista sobre otro y se afirmaba que la oferta económica más ventajosa había sido desechada por otra cuya presunta mejor valoración técnica no había sido convenientemente justificada.

10. AZNAR RECHAZA SIN ÉXITO EN EL CONSEJO DE ESTADO LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN (17/02/06)

El ex presidente del Gobierno y vocal nato del Consejo de Estado, José María Aznar, irrumpió en la reunión plenaria del alto organismo con la exigencia de que se informase en contra de cualquier reforma de la Constitución, al no existir un consenso político previo del Gobierno con el Partido Popular. Aznar fue apoyado únicamente por el consejero permanente José Luis Manzanares Samaniego, que, sin embargo, votó afirmativamente el informe al término de la jornada. Aznar se quedó solo y fue el único que votó no al informe, frente los 24 votos afirmativos de los demás consejeros.

Fuentes del alto organismo consultivo indicaron que el ex presidente del Gobierno José María Aznar subrayó que ante la inexistencia de un consenso entre las grandes formaciones políticas en torno a la reforma constitucional, el Consejo de Estado debía informar "en contra" de cualquier modificación del texto de la actual Constitución. También alegó que "no existe ni necesidad jurídica ni conveniencia política" para una reforma de la Norma Fundamental.

Su propuesta fue apoyada únicamente por el consejero permanente de Estado José Luis Manzanares Samaniego, ex vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial y magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo, nombrado consejero permanente por el Gobierno del PP en 1997.

La propuesta del ex presidente del Gobierno fue contestada en primer término por el también magistrado y ex presidente de la Audiencia Nacional Fernando de Mateo Lage, quien significó que la reunión se había convocado para estudiar un informe solicitado por el Gobierno, por lo que no cabía entrar en cuestiones de "oportunidad política". Durante su etapa como magistrado, Mateo Lage fue un destacado integrante de la asociación judicial centrista Francisco de Vitoria. En febrero de 1990, cuando era presidente de la Audiencia Nacional, sufrió un atentado terrorista de ETA al abrir un libro-bomba en su domicilio, a raíz del cual resultó con graves lesiones.

En la votación final, Aznar se quedó solo. Fue el único que votó en contra, frente a los 24 síes de los consejeros de Estado. Incluso Manzanares dio su consentimiento al informe, que en un 95% sigue la línea del informe previo elaborado por la Comisión de Estudios. Aznar votó en el último lugar de éstos, pronunciando el único "no" que se escuchó en el salón. Por último lo hicieron los consejeros permanentes y los miembros de la ponencia, también en sentido afirmativo.

11. AZNAR SE OFRECE PARA DETENER LA "MAREA POPULISTA" DE LOS GOBIERNOS SUDAMERICANOS (13/02/06)

El ex presidente del gobierno español José María Aznar aseguró que Latinoamérica está viviendo un "retorno al populismo" y se manifestó dispuesto a trabajar para detener esa posible "vuelta a viejas fórmulas políticas mal pensadas". En una entrevista publicada en un diario chileno, Aznar calificó de "muy preocupante" la situación en la región sur del continente americano, que corre el peligro "de quedar descolgado del mundo desarrollado".

"Cuba, Venezuela, Bolivia, tal vez Argentina. Todos esos países corren el riesgo" del populismo, aseguró. Según el ex presidente español, "el riesgo del populismo" puede conducir a que la región se divida "entre los países que buscan su pertenencia al Primer Mundo" y los que no. "Estos movimientos indigenistas que son en parte marxistas, en parte revolucionarios, en parte basados en criterios étnicos. Todo eso no es lo que puede conformar sociedades modernas en el presente", consideró.

Explicó que el surgimiento de gobiernos de izquierda en América Latina responde a "una búsqueda de solución de atajos a la democracia, de atajos al desarrollo". En este sentido, declaró que la derecha latinoamericana "está avergonzada, callada, desaparecida y acomplejada" y dijo que no comprende el porqué de esta situación, ya que "históricamente las ideas de centroderecha son las que han triunfado". "Es el mundo liberal, el mundo abierto, el mundo de la competencia, el que ha creado más trabajo, más prosperidad y más justicia", indicó Aznar.

Sobre el futuro en la región, manifestó su esperanza de "verlo mejor de lo que hay ahora" y se ofreció a trabajar para poner fin a "la marea populista" de la que dijo que espera que se detenga pronto. "Alguien la tiene que parar, alguien tiene que decir que ése no es el camino. Yo estoy dispuesto a hacerlo y sé que hay muy buenos amigos en Iberoamérica dispuestos a trabajar también. Entonces, vamos a ver si nos organizamos y lo hacemos", explicó.

Aznar también se refirió a la guerra de Iraq y defendió su postura de apoyo a EE.UU.: "No me arrepiento de haber defendido una posición de intervención en Iraq. Me arrepentiría de no haberlo hecho y que Saddam estuviera ahí al lado de los ayatolás con sus bombas nucleares".

Tanto Bolivia como Venezuela respondieron al ex presidente Aznar por estas declaraciones sobre América Latina. El embajador venezolano en España le acusó de "tener a Bush pegado a sus espaldas", mientras desde el Gobierno boliviano se recordó que Aznar "pertenece al pasado que debe ser enterrado".

12. EL JUEZ ORDENA INDEMNIZAR A LAS FAMILIAS DE LOS MILITARES DEL YAK-42 (11/02/06)

El juez Ángel Dolado ha condenado a tres compañías - una del sector aeronáutico (UM Air), otra intermediaria (Chapman Freeborn), y la tercera aseguradora (Busin Join-Stock Insurance)- al pago de indemnizaciones a las familias de los militares muertos en el accidente del Yakovlev-42 que se estrelló en Turquía cuando regresaba de Afganistán, el 26 de mayo del 2003. La sentencia estima parcialmente las demandas de los afectados y establece indemnizaciones que van desde los 8.800 hasta los 130.000 €, dependiendo del grado de parentesco de los fallecidos con los familiares que recurrieron a la vía civil.

La resolución expone asimismo que la tripulación no estaba cualificada para este tipo de vuelo y que sus miembros llevaban trabajando las últimas 23 horas, 5 de ellas de espera no prevista, porque un aeropuerto estaba cerrado. En la última fase del vuelo, previa al choque, en la segunda maniobra de aproximación para aterrizar, volando por debajo de los 11.500 pies de altura sobre la zona sur del aeropuerto, una área montañosa, el aparato tomó un rumbo equivocado. Los tripulantes creían que estaban sobre el mar, cuando en realidad sobrevolaban una zona de montaña "muy peligrosa", en la que se produjo el choque.

13. EL PP PRESUMIÓ ANTE UCRANIA DE HABER DEFENDIDO A SU INDUSTRIA EN EL 'CASO YAK-42' (14/02/06)

Aún no se conocen los motivos por los que el Ministerio de Defensa, en la etapa de Federico Trillo-Figueroa, salió en defensa de la empresa ucrania UM Air tras el accidente del Yak-42 en el que murieron 62 militares españoles. Sí se sabe que los responsables políticos de Defensa con el PP eran conscientes de lo insólito de su actitud. En una reunión con el ministro de Defensa ucranio tres meses después del siniestro, el entonces secretario general de Política de Defensa presumió de "la defensa firme que había hecho España de la industria aeronáutica y los pilotos ucranianos".

El 1 de septiembre de 2003, pocas semanas después de la llegada de las tropas españolas a Diwaniya, en el sur de Irak, el secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez-Ugarte, fue el primer responsable político español que visitó la zona. Jiménez-Ugarte se reunió con los ministros de Defensa de Polonia y Ucrania, países con los que España compartía la denominada División Multinacional Centro-Sur.

Al primero, según consta en el informe sobre la visita, le transmitió su "desagrado" por la crónica periodística de Efe en Varsovia, que presentaba unas declaraciones suyas sobre lo prematuro que era hablar ahora de rotación en el mando de la misión, como réplica a las declaraciones de la ministra Ana Palacio en el Congreso de los Diputados. "Recordamos los términos de la negociación entre los ministros de Defensa de Polonia y España y la libertad plena de cada uno de ellos para manejar la cuestión del mando de la división y posible rotación de acuerdo con sus propios planteamientos, evitando toda polémica entre una y otra capital", agrega el informe.

Respecto a la entrevista con el ministro de Defensa ucranio, Jiménez-Ugarte escribe: "Por parte mía, me referí también a los temas pendientes tras el trágico accidente del Yakolev, recordando la defensa firme que había hecho España de la industria aeronáutica y los pilotos ucranios. Añadí que, sin embargo, se iniciarían por los particulares distintos pleitos por responsabilidad civil contra Ucrania Mediterránea para el logro de indemnizaciones, que abonarían directamente las compañías reaseguradoras de Londres".

Tampoco acertó en su "firme defensa" de la industria aeronáutica ucrania y de los pilotos, a la luz de la citada sentencia; que, entre otras muchas irregularidades, concluye que el "vuelo era ilegal", que la tripulación no estaba cualificada, que el accidente "fue consecuencia directa de la deficiente organización empresarial" y que la compañía incurrió en "culpa grave".

A pesar de que seguía defendiendo públicamente a la aviación ucrania, el equipo de Trillo disponía, desde el 12 de junio de 2003, de un informe del servicio secreto CNI en el que se decía textualmente: "Ha podido corroborarse la percepción generalizada de que existe una notable relajación de las normas de comportamiento por parte de los pilotos de compañías de las repúblicas ex soviéticas, probablemente fruto del exceso de confianza y de la relativa ineficiencia y corrupción de algunas de sus Administraciones".

14. GALICIA: EL SENADOR AJA (PP) COMPARECE ANTE EL SUPREMO POR SU AFICIÓN A COMER MARISCO CON DINERO PÚBLICO (14/01/06)

El senador del PP y ex alcalde de Viveiro, César Aja Mariño, compareció durante una hora ante el magistrado del Tribunal Supremo Siro Francisco García para responder de la acusación -formulada por la Fiscalía de Lugo- de cometer los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental, en relación con el uso indebido de la tarjeta Visa que tenía asignada por el Concello durante su etapa de gobierno.

En la querella que presentó en diciembre del 2004 el fiscal jefe de Lugo, Jesús Izaguirre, se acusaba a Aja de utilizar irregularmente la tarjeta Visa para pagar en varias ocasiones diversas compras de marisco por valor de 5.378 euros, realizadas entre diciembre de 1999 y febrero del 2003 en el restaurante Nito, de Viveiro. Según la fiscalía, las facturas incluían la mención de atenciones protocolarias "con el fin de ocultar su verdadero destino y conseguir, indebidamente, que las mismas fueran cargadas al Ayuntamiento".

El alto tribunal asumió las competencias de las diligencias previas que llevó el Juzgado de Instrucción número 2 de Viveiro, al afectar la implicación a un senador que, como tal, tiene la condición de aforado.

Tras su comparecencia, Aja Mariño negó de nuevo que el marisco adquirido mediante la tarjeta se destinara a consumo personal, y reiteró que tenía como destinatarios "personas muy relacionadas con Viveiro, como atención por el interés mostrado por Viveiro", y que su objetivo era protocolario.

El ex alcalde y senador, que aseguró de nuevo que estaba "tranquilo", relató después que en su comparecencia ante el magistrado dio cuenta de los datos que le requirieron: "Todo detallado; expliqué cómo fueron y no fueron las cosas, y que no lo comí en ningún caso". Añadió además que las facturas fueron aprobadas en la comisión de gobierno local. "En todo caso -señaló Aja-, la partida destinada a atenciones protocolarias es municipal, no del alcalde". Y reiteró que se siente objeto de una "continua persecución política" por parte del actual gobierno de Viveiro, en manos del PSOE y el BNG desde las últimas elecciones. Aja optó por declarar ayer, "porque era la primera de las fechas que venían en la citación, y así todo va más rápido".

La del pago con la Visa no es la única investigación abierta contra el ex alcalde del PP. Los juzgados de instrucción de Viveiro trabajan en otras siete investigaciones relacionadas con la gestión del ejecutivo municipal de Viveiro durante la etapa de César Aja. En todas ellas es la Fiscalía de Lugo la que presentó las querellas, aunque la documentación fue facilitada por el gobierno local de PSOE y BNG.

Por la supuesta contratación irregular de personal en el Concello ya comparecieron más de 60 trabajadores en el juzgado. Asimismo, prestaron declaración los ediles del entonces equipo de gobierno del PP por el supuesto cobro de dietas e indemnizaciones. Pero también se investiga la compra de terrenos y de un pazo.

15. ANDALUCÍA: LA JUNTA INVESTIGA LA SUPUESTA RECOGIDA DE FIRMAS DEL PP EN COLEGIOS GRANADINOS (11-02-06)

La delegada de Educación en Granada, Carmen García Raya, anunció una investigación sobre la supuesta recogida de firmas para el referéndum sobre el Estatuto de Cataluña puesta en marcha por el PP a alumnos de centros escolares, algunos menores de edad, en el Colegio concertado Ave María y en la Academia de Estética y Peluquería Grupo Siete, ambos de Granada, tras la denuncia de varias madres de alumnos.

La Confederación Andaluza de Asociaciones de Padres de Alumnos por la Escuela Pública (Codapa) mostró "su más contundente rechazo a la recogida de firmas, porque es "una absoluta aberración que se intente manipular a los alumnos desde las aulas". El presidente de Codapa, José María Mesa, criticó "con indignación este tipo de prácticas" y afirmó que "el adoctrinamiento político en la escuela no sólo es algo repugnante sino que, además, es ilegal". Mesa dijo que es "lamentable el papel de ciertos docentes, que se han prestado a unas prácticas que nada tienen que ver con la formación" de los estudiantes, "actuando como cómplices de unos partidos políticos que parecen no conocer límites para alcanzar sus objetivos".

Carmen García Raya explicó que, según las denuncias de las madres a la Cadena SER, en el Ave María el reparto se limitó a una profesora de Bachillerato, mientras que en el centro privado fue generalizado, por lo que habrían podido firmar menores. "Haremos una investigación rigurosa porque no son prácticas que se puedan consentir dentro de las aulas", aseguró. García Raya expresó su deseo de que no haya más centros en los que se repitan estas prácticas e hizo un llamamiento para recordar a los docentes que los centros educativos están "para educar y no para otras cosas".

16. MADRID: AGUIRRE DEJA SIN AYUDAS A LA INMIGRACIÓN A 25 DE LOS 36 MUNICIPIOS CON MÁS EXTRANJEROS (14/02/06)

La Comunidad de Madrid incumplió en 2005 el convenio que firmó con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y por el que recibió 27,7 millones € para programas de acogida e integración de inmigrantes. El acuerdo obligaba a la Comunidad a destinar la mitad del dinero a los municipios con "mayor presión migratoria". Ésta, sin embargo, excluyó de las ayudas a los municipios con menos de 1.000 extranjeros empadronados, lo que ha dejado sin dinero a 25 de los 36 municipios con mayor porcentaje de población extranjera de la región.

El convenio, firmado el pasado 4 de octubre entre el ministro Jesús Caldera y Aguirre, aportó a la región 27,7 millones "para programas de educación, acogida e integración de inmigrantes". La Comunidad, por su parte, se comprometió a aportar 8,3 millones con cargo a sus presupuestos.

En su artículo 4, el convenio establecía: "La Comunidad de Madrid se compromete a derivar a las corporaciones locales de su territorio con una mayor presión migratoria el 50% de la aportación que realiza el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales". Un mes más tarde, el Consejo de Gobierno regional estableció las condiciones por las que los Ayuntamientos podían acceder a estas ayudas. Entre ellas hay una que está en el origen de la polémica: la exclusión de los municipios con menos de 1.000 inmigrantes empadronados.

"No hay ninguna justificación para excluir a unos municipios que muchas veces son los más necesitados para hacer frente al aumento de la inmigración", denuncia Contreras. "El convenio habla de las corporaciones locales con mayor presión migratoria y eso debe calcularse con los porcentajes de extranjeros sobre población total", añade.

La decisión del Gobierno regional ha impedido que 108 de los 179 municipios de la región puedan optar a las ayudas. Entre ellos, destacan los 25 que se sitúan entre los 36 de la región cuya población inmigrante supera la media regional, que el 1 de enero de 2005 se situaba en el 14,36%. La Consejería de Inmigración defiende los criterios exigidos a los Ayuntamientos: "En caso contrario, muchos municipios con menos de mil inmigrantes habrían recibido una cifra ridícula, ya que la parte gestionada por los ayuntamientos era de 17 € por inmigrante", explicó el secretario general técnico de Inmigración, Manuel Pérez.

Desde los ayuntamientos, sin embargo, se afirma que "el proceso de concesión de las ayudas ha sido caótico", según la concejal de Bienestar Social de Fuenlabrada, María Luisa González. "Todo se ha hecho deprisa y corriendo. Primero nos pedían que aportáramos el 30% del proyecto. Luego el 20% y más tarde el 10%. Al final, ya daba igual, te daban la ayuda de todas formas", explica González. "La impresión que daba es que la Comunidad se había despertado tarde y que luego no sabían que hacer con el dinero ".

17. MADRID: AGUIRRE TACHA A ZP DE "RADICAL" (14/02/06)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se siente decepcionada por el presidente del Gobierno al que tacha de radical: "A mí me engañó, me parecía un político socialdemócrata, el Tony Blair a la española, que era españolista, que no era resentido y resulta que se ha convertido en un político radical, al que presentan en los congresos socialistas europeos como el más izquierdista de toda Europa".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, preguntada sobre su posición política respecto al Gobierno central añadía: "El Gobierno de la nación es un gobierno socialista y radical, que además se ha apartado del consenso constitucional; y el Gobierno de la Comunidad de Madrid es un gobierno del PP, liberal, centrista y que no pretende en absoluto convertirse al socialismo radical". Tras reconocer que Zapatero la ha "engañado" ya que ella creía que iba a ser el Tony Blair español, Aguirre añade: "se ha convertido en un político radical. Acusa también al Presidente de haber roto el consenso constitucional y apunta "ha decidido pactar la estructura de España con unos señores que no quieren ser españoles".

Sobre la política antiterrorista del Gobierno, la Presidenta de la Comunidad afirma: "El presidente ha cambiado radicalmente, no me parece serio". "Pasa de ser el proponente del Pacto por las Libertades y Contra el Terrorismo a dedicarse a hacer gestos a los etarras".

Según Aguirre, "La paz significa libertad, que las víctimas sean reconocidas y que los terroristas pidan perdón". "Lo de mendigar a ETA no es serio". "ETA con la ley en la mano y solo con la ley está vencida, sería paradójico que ahora fuéramos a darles la razón". Esperanza Aguirre defendió también su decisión de modificar algunos aspectos incluidos en la Ley del Antitabaco y afirmó que aunque está de acuerdo con el "espíritu" de esa ley cree que hay que ser "racionales" ya que "Los fumadores tienen dignidad y tienen derechos, siempre por debajo de los derechos de los no fumadores".

18. COMUNIDAD VALENCIANA: IMPLICAN A ACEBES EN LA MANIPULACIÓN DE LOS CENSOS ELECTORALES DE ELCHE

La reanudación del juicio de faltas por el enfrentamiento a golpes entre militantes del PP de Elche, campistas y zaplanistas, que tuvo lugar en 2004 con motivo de la elección de compromisarios para el congreso provincial, alcanzó a Génova. El ex subdelegado del Consell de la ciudad, Manuel Ortuño, implicó en la crisis al secretario general del Partido popular, Ángel Acebes. Ortuño explicó que había solicitado al juez que llamara a declarar a Ángel Acebes por la denuncia presentada sobre una posible manipulación de los censos. "Acebes tendrá que decir por qué han desaparecido y quién ha pedido la baja de 800 militantes del censo", explicó Ortuño, que también pidió al juez que convocara al secretario provincial y conseller de Justicia y Administración Pública, Miguel Peralta.

Los hechos que se juzgan ocurrieron el 22 de noviembre de 2004 durante la asamblea para elegir a los compromisarios para el congreso del Partido Popular y que acabó con agresiones entre los militantes de ambos sectores: campistas y zaplanistas. La pelea acabó con la intervención de la policía y la incautación de las urnas.

La disputa se originó, al parecer, tras una denuncia de Ortuño sobre una presunta manipulación de los censos. Ortuño alegó que la mañana del día de las elecciones a compromisarios había un listado, y por la tarde apareció otro donde se habían incluido unos nombres y eliminado otros. El ex subdelegado del Consell de la ciudad, cercano a Francisco Camps, afirmó que fueron los concejales zaplanistas los que incluyeron en el censo a 400 personas y eliminaron a 800 para lograr que ganara la lista afín a la dirección provincial. Ahora, esta lucha entre campistas y zaplanistas, alcanza a la cúpula del PP. Ortuño implica al secretario general de Partido Popular, Ángel Acebes, en esta manipulación de censos y le pide al juez que lo llame a declarar: "Acebes tendrá que decir por qué han desaparecido".

19. COMUNIDAD VALENCIANA: EL IVVSA VENDIÓ UN INMUEBLE POR ALGO MÁS DE UN TERCIO DEL PRECIO EN QUE LO VALORÓ (12/02/06)

El Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) se ha implicado hasta las cejas en operaciones urbanísticas a través de las empresas mixtas pero, como inmobiliaria, no tendría mucho porvenir. El informe de la Sindicatura de Comptes sobre la gestión de la Generalitat en el ejercicio de 2004 revela que el organismo, dependiente de la Conselleria de Territorio y Vivienda, vendió ese año un inmueble de 80,30 metros cuadrados, sito en la plaza Músico Moreno de Valencia, por algo más de la tercera parte de lo que el propio instituto había estimado que era su precio de mercado. Una situación que, según el Síndic, no está justificada en el expediente del Ivvsa.

En concreto, según la auditoría, el precio de venta fue de 21.035 €. "El citado inmueble -explica- se contabilizó con un valor de 58.000 €, que se correspondía con el valor venal del mismo". Este valor, según las normas vigentes, "es el precio que se presume que estaría dispuesto a pagar un adquiriente eventual, teniendo en cuenta el estado y el lugar en que se encuentre dicho bien", explica. Esto es, el valor de mercado. Añade entonces el auditor: "Entre el importe de la venta, según los datos que figuran en la escritura, y el citado valor venal por el que fue contabilizado el bien, existe una diferencia de 36.965 €, de la cual no existe justificación alguna en el expediente facilitado por el instituto". Esto supone un 64% menos del precio en que estaba valorado.

La fiscalización informa de que el inmueble fue adquirido por una donación realizada por una empresa, como consecuencia de la obligación contraída en la oferta presentada al concurso de enajenación de las parcelas en la actuación urbanística Mas del Rosari, de Paterna. El Ivvsa no presentó alegación alguna a los reparos de la Sindicatura por esta enajenación.

La anomalía había pasado inadvertida hasta ahora, pero la portavoz del Economía del PSPV en las Cortes, Cristina Moreno, la sacó a la luz. La socialista consideró el hecho muy grave. "No hay ningún sitio en Valencia donde el precio del metro cuadrado haya disminuido", aseveró, para subrayar que se desconoce la fecha de la valoración del inmueble que consta en el Ivvsa.

Otro interrogante es el procedimiento que se siguió para la venta. En este punto, Moreno recordó que el PP "cambió la ley de Patrimonio en 2003 para facilitar las ventas directas de bienes públicos", que antes había que realizar mediante subasta. Todos estas dudas han llevado a los socialistas a anunciar una batería de iniciativas para esclarecer la operación, con preguntas orales al conseller Rafael Blasco y la posibilidad de formular una de las de urgencia ante el pleno.

La auditoría pública revela que el Ivvsa adquirió mobiliario de oficina por importe de 124.292 €, "habiéndose comprobado que no existe autorización del órgano competente para realizar las citadas adquisiciones, con posterioridad a las propuestas razonadas del servicio o departamento peticionario". El informe agrega que "tampoco se ha formalizado diligencia alguna donde se deje constancia de la idoneidad de los suministros recibidos".

20. COMUNIDAD VALENCIANA: DENUNCIAN QUE CIEGSA CONTRATA ARQUITECTOS QUE SON FAMILIA DE CARGOS DEL PP (15/02/06)

La diputada socialista Ana Noguera denunció en el pleno de las Cortes que la empresa pública Ciegsa encargada de construir los centros escolares en la Comunidad encarga proyectos de obras a arquitectos vinculados con altos cargos del PP. En concreto, Noguera citó el caso del marido de la directora general de Inmigración, Lina Insa, y de la mujer de un alto cargo de Castelló, cuyo nombre no citó en la tribuna si bien después en los pasillos concretó que se trataba de la esposa del alcalde de Castelló, Alberto Fabra. Noguera hizo esta denuncia durante su intervención en las preguntas de control a los consellers. La parlamentaria interpeló al titular de Educación y Cultura por la negativa de la Conselleria a permitir al PSPV una nueva visita a la empresa Ciegsa para acceder a facturas e información sobre contratación.

Font de Mora no negó la acusación de Noguera sobre los encargos a los citados arquitectos y calificó de "anécdotas" las denuncias que la diputada viene realizando sobre Ciegsa. Tras alegar que lo "fundamental" es que los aludidos sean "arquitectos" al margen de una relación familiar que dijo desconocer, el conseller amenazó al PSPV con un listado de funcionarios de su departamento con vínculos familiares con el PSOE. "Serían -apostilló- tres kilómetros de rollo de pergamino".

Al margen de su denuncia sobre los contratos a personas vinculadas al PP, Noguera recordó que el secretario autonómico de Educación, Máximo Caturla, se comprometió ante notario a permitir al PSPV una visita a la sede tras la fallida realizada el pasado 19 de julio. Un compromiso que no se ha cumplido. Se remitió también a alguna de las anomalías recogidas en los informes de la Sindicatura de Comptes (contratos de asesoría jurídica, de publicidad con el Valencia Club de Fútbol, sobrecostes, etc) y emplazó al conseller a poner hora y día para permitir la entrada al PSPV a Ciegsa.

El conseller mantuvo que la conselleria había contestado a todos los requerimientos del PSPV que se ajustaban al procedimiento y aseguró: "No tenemos miedo absolutamente a nada" Y afirmó: "comisión de investigación, pues comisión de investigación; preguntas, respuestas; lo aceptamos".

El conseller cifró en más de cien las respuestas que desde la conselleria se han dado a la oposición sobre Ciegsa e indicó que a pesar de que los socialistas vieron expedientes "no han encontrado nada, porque no hay nada". Font de Mora cargó contra el PSPV por hacer una oposición "tremendista y de pesadilla" y hacer de "cuatro anécdotas una categoría".

21. ISLAS BALEARES: ONCE ALCALDES DEL PP PODRÍAN SER CONDENADOS A UNA INHABILITACIÓN PARA EL CARGO DE 2 A 6 AÑOS

El PSOE se personará como acusación particular en la querella que ha admitido a trámite el Juzgado de Instrucción número 8 de Palma contra once alcaldes del Partido Popular, por un presunto delito de falsedad documental ejerciendo un cargo público. El secretario de Organización de la Federación Socialista de Mallorca, Cosme Bonet, confirmó que los servicios jurídicos de su partido ya se encuentran trabajando en este asunto para que la agrupación política pueda presentarse a la causa judicial abierta. "En principio habíamos dejado en manos de nuestras agrupaciones en los municipios implicados que estudiasen por separado las medidas a tomar, sin embargo una vez que la querella presentada en conjunto por un particular ha sido admitida a trámite, hemos decidido presentarnos a la misma", explicó Bonet.

Hay que recordar que esta misma semana el juzgado de Palma ha admitido a trámite la querella presentada por un particular, residente en Manacor, contra los cargos públicos del PP - nueve batles y dos tenientes de batle -, además de dos funcionarios municipales, que firmaron diferentes certificados avalando que la Asociación Cavallista de ses Salines había actuado en sus municipios desde el año 1995, cuándo realmente no se constituía hasta el año 2002. Estos certificados fueron utilizados por el alcalde saliner Sebastià Vidal (PP) para conseguir un interés general para su casa y unas cuadras. El escándalo que se originó el pasado verano raíz de estos hechos desencadenó la dimisión de Vidal y que el Consell rechazará el interés general y abriera un expediente que puede acabar con una sanción y la demolición de las construcciones.

22. ISLAS BALEARES: DENUNCIAN A UN EX ALCALDE DEL PP Y AL SECRETARIO ANTE LA FISCALÍA POR "MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS"

El concejal Francesc Garí, del Grupo Mixto, ha llevado ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears al secretario del Ajuntament de ses Salines, Joan Burguera, y al ex alcalde Sebastià Vidal (PP). Se les acusa de incurrir en un presunto delito de malversación de caudales públicos al realizar Sebastià Vidal, siempre con el visto bueno del secretario Burguera, una doble cotización en la Seguridad Social, por una parte, como funcionario de Correos y Telégrafos y, por otra por, el tiempo que fue alcalde cotizando también desde el Ajuntament.

El secretario Burguera también figura en la denuncia ya que es el responsable máximo del personal. Cabe recordar que el ex alcalde Sebastià Vidal era funcionario de Correos y Telégrafos y que como tal cotiza en Muface. Francesc Garí, en su denuncia, adjunta nóminas que desprenden que cuando Vidal fue alcalde, el Ajuntament lo dio de alta en la Seguridad Social ingresándole mensualmente sus cuotas en el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Según un escrito del secretario Burguera, el Ajuntament de ses Salines también le ingresaba "la cuota patronal y mutualista de Muface".

Los hechos apuntan a que esta doble cotización que se pagaba presumiblemente con fondos públicos es incompatible, ya que el Estado tiene que ser informado ante el cambio de cotizaciones para evitar este tipo de actuaciones, se insta a la Fiscalía a realizar las averiguaciones oportunas a fin de depurar las responsabilidades penales en las que hubiera podido incurrirse y, determinar en su caso, si los hechos son constitutivos de delito de malversación de caudales públicos o de cualquier otro delito.

23. ISLAS CANARIAS: EL JUEZ DICTA PRISIÓN PARA EL EX CARGO DEL PP Y SU PAREJA POR LA TRAMA EÓLICA DE CANARIAS (15/02/06)

El juez Miguel Ángel Parramón notificó el auto por el que decreta ingreso en prisión sin fianza para Celso Perdomo, ex director general de Industria del Gobierno de Canarias entre los años 2003 y 2005, al imputarle los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos y tráfico de información privilegiada. Cuarenta minutos después, comunicó la misma decisión para su pareja, Mónica Quintana, funcionaria del Cabildo Insular de Gran Canaria, por dos presuntos delitos de cohecho y malversación. El comité de garantías del PP en Canarias suspendió a ambos cautelarmente de militancia el pasado viernes.

Celso Perdomo y Mónica Quintana han pasado las últimas 140 horas incomunicados en distintas comisarías de Las Palmas, de donde sólo han salido en vehículos policiales para declarar ante Miguel Ángel Parramón (titular del juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria), en la sede de los juzgados durante largas sesiones del domingo, lunes y martes.

El fiscal anticorrupción de Canarias, Luis del Río, tras haber cotejado sus testimonios con las pruebas aportadas por la policía durante nueve meses de seguimiento y escuchas telefónicas, y haber contrastado la versión de uno con la de la otra, solicitó el lunes la prisión incondicional, que finalmente el juez decidió .

Los dos cargos del PP aparecen como presuntos integrantes de una red extensa de políticos, funcionarios y empresarios que, durante meses, intercambió información privilegiada sobre un concurso que iba a convocar el Gobierno de Canarias, en octubre de 2004, para instalar parques eólicos. Buena parte de la información partió de la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, cuyo titular entonces era Luis Soria, hermano del presidente del PP en el archipiélago, José Manuel Soria.

En marzo de 2005, Alberto Santana, director comercial de Siemenca (empresa cuyo propietario es Wilebaldo Luis Yanes, primer eslabón de la investigación), tras ser despedido, presentó una denuncia en la Policía y en la Fiscalía donde documenta la información llegada a esta empresa procedente de la Consejería de Industria, meses antes de la convocatoria del concurso. Estos correos electrónicos eran rebotados a más de 50 políticos y empresarios de las islas y de la Península.

Los movimientos y conversaciones telefónicas de Yanes, junto con los de Perdomo y algunos funcionarios, procuraron a la policía suficientes pruebas para proceder, el jueves pasado, a siete detenciones en una operación conjunta en Gran Canaria y Madrid. El empresario Enrique Guzmán fue puesto en libertad imputado por cohecho, tras depositar una fianza de 150.000 €. Lo mismo ocurrió con el abogado y empresario Alfredo Briganti Arencibia; con el directivo de La Caja de Canarias, Jesús González; y con el alto funcionario de Industria, Honorato López Torres (100.000 € de fianza para cada uno).

Sorpresivamente, Yanes ha quedado en libertad sin fianza pero imputado por cohecho. Su nombre también aparece en un caso distinto que ha supuesto la suspensión cautelar del presidente de la Audiencia de Las Palmas, José Antonio Martín, actualmente bajo investigación del Poder Judicial.

Aunque los abogados de Perdomo y Quintana anunciaron que recurrirán la prisión y rechazaron cualquier comentario, el resto de letrados criticó la instrucción de la causa, incluyendo las detenciones, los registros en domicilios y despachos, la incomunicación por tres días en cinco comisarías y el largo proceso de interrogatorio del pasado domingo.

El funcionario Honorato López compareció ante el juez para escuchar cómo su implicación en la trama se fundamenta en grabaciones telefónicas donde su nombre es citado por terceras personas. López negó todas las imputaciones.

24. CASTILLA Y LEÓN: EL PP QUEDA EN MINORÍA EN SORIA TRAS ROMPERSE EL PACTO DE GOBIERNO CON EL IDES

Luis Miguel Bonilla y José Antonio Leal, ex concejales de Medio Ambiente y Servicios Locales por Iniciativa por el Desarrollo de Soria (Ides) en el Ayuntamiento de la capital soriana, anunciaron que han sido destituidos por la alcaldesa popular, Encarnación Redondo. De esta manera, se rompe el pacto de gobernabilidad que ambos partidos firmaron el 13 de junio del 2003 y gracias al que el PP obtuvo la mayoría absoluta.

Sin embargo, Redondo afirmó por su parte que las cesiones no son oficiales hasta que no se tramiten en Pleno, pero que en este momento 'no cuentan con la confianza del Partido Popular'. La edil aseguró que el pacto no se ha roto, y explicó que el acta de concejal la establecen los ciudadanos para cuatro años, 'por lo que de ahí solo se cesa voluntariamente'. La alcaldesa declaró que 'no se puede tener como socios de gobierno a dos personas que están poniendo arena en el engranaje de la aprobación de los presupuestos' y añadió que 'estamos dispuestos tanto a gobernar solos como a pasar a la oposición'.

Según aseveró Encarnación Redondo, esta situación deriva de la reunión que ambas corporaciones tuvieron en la mañana de , como continuación de la que celebraron el pasado viernes, con motivo de elegir la fecha de aprobación de los presupuestos municipales para este año. La alcaldesa acusó a Iniciativa por el Desarrollo de paralizar la aprobación de los presupuestos y de 'falta de rigor y seriedad a la hora de incluir modificaciones'.

Durante la reunión, por parte del Partido Popular se decidió que los presupuestos pasaran por una nueva Comisión de Hacienda este jueves, similar a la celebrada el pasado viernes, 'para que los grupos políticos puedan hacer su sugerencia'. El lunes volverán a ser dictaminados y el miércoles 22 irán a pleno. Antes de esa fecha, la alcaldesa de Soria y el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, mantendrán una reunión para coordinar la estrategia del partido, que se queda en minoría sin el apoyo de Ides.

Por su parte, Iniciativa por el Desarrollo había dejado claro que no apoyaría el proyecto de los presupuestos municipales si el mismo no contenía los convenios comprometidos por la Junta. Tras presentar los borradores de algunos de ellos en el encuentro de por la mañana y los compromisos de los restantes, los representantes municipales de Ides reseñaron que 'el PP ha pretendido incluir en los presupuestos la adhesión al consorcio del la Ciudad del Medio Ambiente, cosa que no hemos aceptado y que ha provocado el cese'. Según ratificaba Bonilla, la Alcaldía de Soria 'exige un voto subordinado y sumiso hacia Valladolid'.

25. REGIÓN DE MURCIA: POLARIS AMENAZA CON IRSE DE ALHAMA Y CON "MILES DE DESPIDOS" SI LE IMPIDEN CONSTRUIR 15.000 VIVIENDAS (15/02/06)

La constructora Polaris World advirtió a los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Alhama de Murcia que "desistirá del proyecto presentado ante el Consistorio y no llevará a cabo su ejecución puesto que la empresa no puede soportar la inseguridad jurídica existente en el municipio en el que sencillamente la política se ha situado por encima de la ley", según la carta remitida por la empresa al Consistorio.

Tras no aprobarse en el pleno del Ayuntamiento de Alhama de Murcia el plan parcial de turismo residencial Condado de Alhama que Polaris World tiene previsto construir en este municipio, el consejero delegado de Polaris, Pedro García Meroño, aseguró que con la paralización de la iniciativa la empresa pierde unos seis millones € al mes. La firma pretende construir 15.000 viviendas en una primera fase en Alhama, para luego elevar esta cifra hasta las 30.000 casas. El proyecto no se aprobó, ya que los ocho concejales del PP, en el gobierno local, votarán a favor, mientras que la oposición, que suma nueve concejales, incluida Teresa Rodríguez, del Grupo Mixto, al mantenerse el proyecto en las mismas condiciones no lo apoyará.

Los dos principales propietarios de la constructora con sede en Torre Pacheco (Murcia), Facundo Armero Madrid y Pedro García Meroño, son socios en la constructora Ronda Sur Levante, en la que también participa el hermano del presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel (PP) y el número tres de este mismo partido, el concejal de Fomento del Ayuntamiento de Murcia, Antonio Sánchez Carrillo, quien también formó parte del consejo de administración de la empresa Puertomayor, que mantiene un litigio con el Ministerio de Medio Ambiente. Valcárcel, precisamente, defendió el proyecto de la constructora, y aseguró que no se puede tratar de impedir la actividad de una empresa, que se ajusta a la legalidad, por criterios políticos.

En el documento que Polaris World remitió al Ayuntamiento, la empresa sostiene que según sus estimaciones el proyecto Condado de Alhama "hubiera supuesto la creación de unos 4.000 empleos en el sector, así como 2.000 empleos estables en la gestión de servicios turísticos". También mantiene que "la no ejecución del proyecto requerirá una reestructuración de nuestra compañía, de la que resultará la destrucción de miles de puestos de trabajo, puesto que la misma ya se había dimensionado para la ejecución de esta actuación", resalta la empresa, cuyo consejero delegado, Pedro García Meroño, dijo a los medios de comunicación que con el retraso de las obras está perdiendo unos seis millones € al mes. Por ello, la empresa solicita que todas estas circunstancias "habrán de motivar la resolución del convenio suscrito con el Ayuntamiento", al que adelantó 1,8 millones € antes de que se aprobara definitivamente el convenio urbanístico. Asimismo, la constructora se reserva, "en cualquier caso, el ejercicio de las acciones legales que en derecho procedan".

Respecto a la falta de recursos hídricos con los que cuenta el proyecto, que es el principal motivo por el cual se opone la oposición, que en estos momentos cuenta con mayoría simple, la empresa entiende que dicho extremo "ha de ser valorado desde un punto de vista estrictamente técnico y jurídico, sin que quepan en este punto ni en cualquier otro del proyecto, disquisiciones políticas, de modo que el Ayuntamiento no puede apartarse de los informes técnicos que avalan que los recursos hídricos necesarios se encuentran suficientemente avalados en el proyecto cuya aprobación definitiva se cuestiona, lo contrario solo puede ser calificado como arbitrariedad y desviación de poder".

Mientras, los secretarios generales de UGT y CC OO en la Región de Murcia, Antonio López Baños y José Luis Romero, respectivamente, acusaron a los propietarios de la constructora Polaris World de intento de chantaje y de mentir al asegurar que abandonará sus proyectos en el municipio de Alhama de Murcia, en el que tenía previsto construir en una primera fase 15.000 viviendas y otras 15.000 en una segunda iniciativa. Ambos dirigentes sindicales fueron unánimes al valorar la posible salida de la empresa de la Región de Murcia: "Desde los sindicatos le tendemos un puente de plata a este mal empresario para que se vaya si quiere".

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