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PPOPULARES de los
Genoveses, SA
( Del 28 de OCTUBRE AL 03 DE
NOVIEMBRE dEL 2006 )
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1. EL CONSTITUCIONAL RECHAZA POR UNANIMIDAD LA RECUSACIÓN DEL PP DE MARÍA EMILIA CASAS
2. SEGÚN LOS PAPELES FAES EL PP APARECE COMO VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA, MIENTRAS EL RESTO DE LAS FUERZAS POLÍTICAS GUARDA SILENCIO Y SE APROVECHA
3. DURANTE EL MANDATO DEL PP, ESPAÑA RETROCEDIÓ FRENTE A EUROPA EN PROTECCIÓN SOCIAL
4. SENTENCIA CONTRA SANIDAD POR LA RETIRADA DE ACEITE DE ORUJO EN 2001, CUANDO GOBERNABA EL PP
5. CATALUÑA: LA NÚMERO DOS DEL PP CATALÁN VULNERA LA LEY ELECTORAL
6. GALICIA: EL ALCALDE DE CAMBRE (PP) TIENE NEGOCIOS INMOBILIARIOS
7. ANDALUCÍA: EL CUÑADO DE AMAT OBTUVO BENEFICIOS MILLONARIOS CON LA VENTA DE TERRENOS DEL GRAN PLAZA
8. MADRID: EL TRIBUNAL SUPERIOR ANULA EL CONCURSO DE 1.000 PISOS BARATOS DE LA COMUNIDAD
9. MADRID: AGUIRRE PERMITIRÁ FUMAR EN FIESTAS PRIVADAS Y CAFETERÍAS DE EMPRESA
10. MADRID: AGUIRRE SE DESHACE DEL PARQUE WARNER
11. MADRID: GALLARDÓN CONVIERTE UNA VISITA A LA M-30 EN UN ACTO DE PARTIDO CON RAJOY
12. MADRID: EL PP APOYA AL CONCEJAL CALVO, QUE TACHÓ DE "VIOLENTOS" A LOS INMIGRANTES LATINOAMERICANOS
13. MADRID: EL EX ALCALDE DE VALDEMORO VENDIÓ A UN CONSTRUCTOR DEL PUEBLO SU CHALÉ DE MARBELLA
14. MADRID: TORRELODONES.”SIEMPRE ME HAN HECHO DAR EL DINERO EN EL MONTE, COMO DOS FUGITIVOS"
15. MADRID: TORRELODONES. 150.000 € A CAMBIO DE PERMITIR UN PÁRKING
16. MADRID: EL PP DE BOADILLA CEDE SUELO A UN COLEGIO PRIVADO
17. COMUNIDAD VALENCIANA: EL PP IMPONE QUE SE TRAMITE EL PLAN DEL ESTADIO DEL VALENCIA CF
18. MADRID: UN JUEZ LLAMA A DECLARAR A LA REGIDORA DE QUIJORNA POR FAVORECER A UN ASESOR
19. COMUNIDAD VALENCIANA: SOLER ARRASTRA AL VALENCIA A UNA BATALLA POLÍTICA PARA SALVAR EL 'PELOTAZO' URBANÍSTICO
20. COMUNIDAD VALENCIANA: UN JUEZ ANULA LA LICENCIA DEL ALCALDE DE ALICANTE (PP) PARA UN CAMPO DE GOLF
21. COMUNIDAD VALENCIANA: BENIDORM 'PERDONÓ' 222 MILLONES DE APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO
22. COMUNIDAD VALENCIANA: CULLERA HARÁ UN 'MANHATTAN' DE 35 TORRES PESE A INFORMES CONTRARIOS DEL GOBIERNO
23. COMUNIDAD VALENCIANA: UN PROMOTOR ADVIERTE QUE OROPESA HABRÁ DE PAGAR 118 MILLONES SI NO LE DEJA EDIFICAR UN PROMOTOR ADVIERTE QUE OROPESA HABRÁ DE PAGAR 118 MILLONES SI NO LE DEJA EDIFICAR
24. COMUNIDAD VALENCIANA: LA SANCIÓN POR SOBREEDIFICAR 11 PLANTAS DE MÁS EN EL HOTEL ATRIUM SE REBAJA AL MÍNIMO
25. LOS TÉCNICOS DETECTAN IRREGULARIDADES EN EL PAI DONDE TIENE LA PARCELA UN EDIL DEL PP DE BURRIANA
26. COMUNIDAD VALENCIANA: EL AYUNTAMIENTO DE LA VILA DEJA QUE CADUQUE EL EXPEDIENTE SANCIONADOR AL CONSTRUCTOR Y AL ARQUITECTO
27. COMUNIDAD VALENCIANA: LA FISCALÍA INVESTIGA AL AYUNTAMIENTO DE ROCAFORT POR IRREGULARIDADES URBANÍSTICAS
28. COMUNIDAD VALENCIANA: ZAPLANA IMPONE NOMBRES EN LA LISTA MUNICIPAL DEL PP DE BENIDORM
29. CASTILLA Y LEÓN: LA FAMILIA DEL SECRETARIO GENERAL DEL PP EN CASTILLA Y LEÓN SE AHORRÓ UN MILLÓN € EN UNA DONACIÓN ANTES DE RECALIFICAR UNOS TERRENOS
30. CASTILLA Y LÉON: EL JUEZ DE INSTRUCCIÓN NÚMERO DOS DE ÁVILA PROHIBIÓ DE FORMA CAUTELAR CUALQUIER TALA EN EL PINAR DE LAS NAVAS DEL MARQUÉS (28/10/06)
31. CASTILLA Y LEÓN: PIDEN UN MILLÓN DE M3 DE AGUA AL AÑO PARA LA URBANIZACIÓN DE VILLANUEVA
32. REGIÓN DE MURCIA: UN JUEZ INVESTIGA AL ALCALDE DE MAZARRÓN POR PAGOS A UN CONCEJAL QUE VOTÓ EL PLAN GENERAL
33. PRINCIPADO DE ASTURIAS: UN MIEMBRO DEL PP, IMPLICADO EN EL CASO PIPOL
1. EL CONSTITUCIONAL RECHAZA POR UNANIMIDAD LA RECUSACIÓN DEL PP DE MARÍA EMILIA CASAS (03/11/06)
El Pleno del Tribunal Constitucional rechazó esta noche por unanimidad la recusación presentada por el PP contra la presidenta del Alto Tribunal, María Emilia Casas, al entender que no debía participar en la resolución del recurso de inconstitucionalidad presentado por el principal partido de la oposición contra el Estatut de Catalunya al haber participado su marido en un dictamen sobre la constitucionalidad del texto
Fuentes del Alto Tribunal indicaron que la resolución adoptada cuenta con el voto concurrente de Jorge Rodríguez Zapata, quien comparte el fondo de la decisión pero no la forma en la que se ha adoptado.
En el auto dictado esta noche se han abstenido de participar Maria Emilia Casas, el magistrado también recusado por el PP Pablo Pérez Tremps y Roberto García Calvo, quien también ha sido recusado por la Generalitat y el Parlament de Catalunya.
Los magistrados que han decidido no admitir a trámite la deliberación son Guillermo Jiménez Sánchez (vicepresidente), Vicente Conde Martín, Javier Delgado Barrio, Elisa Pérez Vera, Eugenio Gay Montalvo, Ramón Rodríguez Arribas, Pascual Sala Sánchez y Manuel Aragón Reyes. El texto íntegro de la resolución será dado a conocer en los próximos días.
2. SEGÚN LOS PAPELES FAES EL PP APARECE COMO VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA, MIENTRAS EL RESTO DE LAS FUERZAS POLÍTICAS GUARDA SILENCIO Y SE APROVECHA (02/11/06)
Miguel Ángel Quintanilla, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Murcia, publica en Papeles Faes, el órgano de expresión del principal think tank del PP, el artículo “La utilidad del mal: violencia política en la España actual”.
El artículo es un análisis político que incide en la teoría de que el PP es un partido acosado por las agresiones y abandonado a su desgracia por el resto de las fuerzas políticas. Quintanilla señala que, si bien se han producido declaraciones de repulsa de los principales partidos políticos frente a episodios de violencia como los sufridos recientemente por miembros del PP en Martorell, estas condenas no son suficientes. Para Quintanilla, estas reprobaciones generalmente van seguidas “por una imputación de la responsabilidad última por lo ocurrido al propio Partido Popular”.
Quintanilla llega a establecer una comparación entre el caso del PP y la violencia de género. Para él sería repudiado públicamente aquel que, ante un caso de violencia de género, justificara el hecho con comentarios del tipo “su marido ha estado recibiendo insultos durante años”. El articulista de FAES entiende que las condenas a los episodios de violencia vividos por el PP no son suficientes y dejan abierta la puerta a ese tipo de justificaciones.
El profesor considera incluso que “pocas veces se han dicho cosas más graves del PP que cuando se le ofrecen condolencias por las agresiones que padece”, e insinúa que esos puntuales casos de violencia son en realidad un instrumento que impide a los populares una auténtica participación de la democracia, en cuanto que no pueden expresar sus opiniones libremente.
En un anterior número de FAES, Quintanilla reseñaba el libro de memorias de Jon Juaristi, “Cambio de destino”. Juaristi es uno de los principales teóricos del victimismo del PP, una tesis que nació en el marco de la violencia sufrida por los populares en el País Vasco. Sin embargo, esta tesis se ha extendido ahora hasta establecer paralelismos entre la salida del poder del PP en las últimas elecciones y las manifestaciones frente a sedes de este partido cuando una mayoría de la población exigía pacíficamente clarificar las mentiras del 11-M.
3. DURANTE EL MANDATO DEL PP, ESPAÑA RETROCEDIÓ FRENTE A EUROPA EN PROTECCIÓN SOCIAL (01/11/06)
La brecha que separaba a España de la media de la UE en gasto dedicado a protección social volvió a crecer en 2003, durante el segundo mandato de José María Aznar. Los recursos públicos de ese capítulo (vejez y supervivencia, enfermedad, invalidez, familia, desempleo y vivienda y exclusión social) en la Unión Europea de 15 Estados ascendieron al 28,3% del producto interior bruto (PIB) en 2003, tras crecer 0,6 puntos respecto al año anterior, según la información divulgada por Eurostat, la oficina estadística comunitaria. En la UE-25, el gasto social se situó en el 28%, tras una evolución similar.
Durante el 2003, en España, el gasto dedicado a estas actividades se limitó al 19,7%, sólo una décima más, que en 2002. España registró un importante retroceso en términos relativos en protección social entre 1994 (22,8% de su PIB) y 2001 (19,4%). La menor protección social en España es especialmente significativa en los recursos dedicados a la familia y a los niños, que sólo representan el 3% del gasto social, mientras que en la media de la UE significan el 8%. También es notoria la escasez de recursos dedicados a vivienda y exclusión social, el 1,7%, la mitad de la Unión.
4. SENTENCIA CONTRA SANIDAD POR LA RETIRADA DE ACEITE DE ORUJO EN 2001, CUANDO GOBERNABA EL PP (31/10/06)
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la inmovilización cautelar del aceite de orujo que decidió el Ministerio de Sanidad en 2001. La suspensión se produjo por el riesgo para la salud que suponía un componente del aceite, el benzopireno. Aunque la retirada del producto duró sólo unas semanas, las consecuencias fueron muy negativas para el sector, que demandó por daños valorados en 100 millones €.
La sentencia es resultado de un recurso de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) a nivel nacional. Igual que ha hecho ahora el Tribunal de Madrid, anteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía falló a favor de varios industriales de esa comunidad autónoma. La sentencia exigió una indemnización a las firmas perjudicadas.
El caso del aceite de orujo se remonta a 2001, cuando en algunas partidas enviadas a países del Este de Europa se detectó la existencia en botellas de aceite de orujo de un contenido de benzopireno por encima de los límites normales admitidos por la normativa internacional. El benzopireno es un componente químico que puede llegar a ser cancerígeno si se consume en grandes dosis y durante largos periodos Ante la existencia de esta situación en el exterior y la sospecha de que pudiera existir el mismo problema en el aceite de orujo comercializado en el mercado interior, Sanidad y Consumo, a cuya cabeza se hallaba entonces Celia Villalobos, del PP, sin llegar a declarar una situación de alerta alimentaria, dictó una resolución por la que se invitaba a las comunidades autónomas a retirar el aceite de los comercios.
La inmovilización del aceite supuso el hundimiento de la demanda en España y en el exterior. Algunas firmas como Salgado se vieron obligadas al cierre. Frente a unas ventas de aceite de orujo en el mercado interior de unas 700.000 toneladas, en 2001 las ventas con a unas 14.000 toneladas para situarse en sólo 25.000 toneladas.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula y deja sin efecto esa resolución de la Administración central, aunque desestima y no se pronuncia sobre el derecho a percibir indemnizaciones en cuanto el recurso lo presentó una entidad asociativa y no económica.
5. CATALUÑA: LA NÚMERO DOS DEL PP CATALÁN VULNERA LA LEY ELECTORAL (31/10/06)
" Soñé que un candidato a la Presidencia de la Generalitat colgaba su retrato en la sala de los elegidos, y destruía un mito: el de que un partido que ha gobernado España y que gobierna comunidades autónomas y municipios, no puede hacerlo en Cataluña", asegura en las páginas de La Razón Montserrat Nebrera, número dos de la candidatura del PP a la presidencia de la Generalitat, vulnerando de esta manera la Ley Electoral que impide a los candidatos hacer campaña en la jornada de reflexión.
A menos de 24 horas para que se abran los colegios electorales, Nebrera sigue en campaña y lo hace desde las páginas de un diario conservador. No nombra directamente al PP ni a Josep Piqué, pero sí queda muy claro que su mayor deseo es que se convierta en el próximo presidente de la Generalitat.
Nebrera cree haber conseguido romper por fin la "leyenda" de que el PP no pueda gobernar en Cataluña. "La leyenda -explica- persuadía de que un partido era para Cataluña malo. Pero la iniquidad en el gobierno engendró un mal tripartito. Y el mal tripartito, con la ayuda del padre y de la madre (recuerden ustedes el apretón de manos de aquel 21 de enero) engendró un mal Estatut. Si deben cumplirse las leyes de la física, por acción y reacción, algo bueno habrá de darse para compensación de tanta indignidad política", concluye la número dos de Piqué.
6. GALICIA: EL ALCALDE DE CAMBRE (PP) TIENE NEGOCIOS INMOBILIARIOS (03/11/06)
Antonio Varela Saavedra, alcalde de Cambre, fundó, junto con su ex concejal de Urbanismo, la empresa Laguna Hogar. Fue inscrita en el año 1998 cuando Varela era alcalde. Siendo socio de esta empresa desarrolló un proyecto inmobiliario en unos terrenos adquiridos por la sociedad en Sada.
Desde el PSdeG aseguran que están en contra de cualquier “pelotazo urbanístico y más si quien lo realiza es un cargo público”. Sin embargo, consideran que en el caso de Varela Saavedra no existen indicios, hasta el momento, para poner en marcha el decálogo contra la corrupción urbanística.
Mientras tanto, el Partido Popular de Cambre presentó ante el registro municipal la solicitud para acceder al registro de intereses y bienes patrimoniales de Varela Saavedra desde 1998 hasta la fecha. También critican su silencio.
7. ANDALUCÍA: EL CUÑADO DE AMAT OBTUVO BENEFICIOS MILLONARIOS CON LA VENTA DE TERRENOS DEL GRAN PLAZA (29/10/06)
Miguel Pintor, cuñado del alcalde del municipio almeriense de Roquetas de Mar, Gabriel Amat (PP), obtuvo beneficios millonarios por la venta de los terrenos donde se construyó el área comercial Gran Plaza, cuya licencia de apertura ha sido anulada por el TSJA. El Consistorio roquetero, además, vendió el aprovechamiento medio a General de Galerías Comerciales, SA, muy por debajo del valor del metro cuadrado comercial.
Los terrenos donde ahora se asienta la gran superficie comercial habían sido comprados previamente al propio Gabriel Amat y a su mujer, tal y como reconoció el primer edil en rueda de prensa celebrada días atrás. "La directiva socialista de Roquetas anda por ahí diciendo que los terrenos eran de Gabriel Amat. Y lo voy a decir por última vez: la vida particular de Gabriel Amat no tiene nada que ver con el Ayuntamiento. Gabriel Amat compró esos terrenos, -según la escritura (nº protocolo 1.414- el 30 de abril de 1990). Gabriel Amat vendió esos terrenos el 24 de noviembre de 1992 (número de protocolo 3.572). Por tanto, Gabriel Amat no le ha vendido nada a los señores de Gran Plaza", explicó el primer edil. El alcalde vendió las tierras al hermano de su esposa por valor de 470.000 €. Seis años después, General de Galerías Comerciales, SA, propietaria actual del centro comercial Gran Plaza, compró a Inmaculada Algaida SL -la sociedad participada y presidida por el cuñado del alcalde- parte de los terrenos donde se ubica el centro comercial por importe de 2.343.000 € en septiembre de 1998.
El alcalde negó días atrás haber tenido una relación directa en la venta de los terrenos con el empresario Tomás Olivo, consejero de General de Galerías e implicado en la Operación Malaya contra la corrupción en Marbella. "La vida particular de Gabriel Amat no tiene nada que ver con el Ayuntamiento. Gabriel Amat no le ha vendido nada a los señores de Gran Plaza. Es verdad que antes de estar en este Ayuntamiento, Gabriel Amat ha comprado y ha vendido como cualquier ciudadano más. Y he construido invernaderos, todos los que he podido. Éste ha sido mi trabajo y no renuncio a él", defendió.
Una vez que los terrenos pasaron a manos de General de Galerías, el propio Ayuntamiento de Roquetas de Mar renunció al 10% del terreno al que tenía derecho por ley para aprovechamiento medio y vendió a Olivo algo más de 5.000 m2. General de Galerías compró ese 10% de terreno por un importe de 357.885 € que fueron ingresados en la tesorería municipal en carta de pago el 7 de diciembre de 2000. El m2 de ese terreno industrial-comercial se vendió a razón de unos 60 € cuando el precio de mercado es de 400 €.
8. MADRID: EL TRIBUNAL SUPERIOR ANULA EL CONCURSO DE 1.000 PISOS BARATOS DE LA COMUNIDAD (01/11/06)
El Colegio de Arquitectos ha ganado la primera batalla contra la Comunidad de Madrid para lograr que ésta deje de contratar proyectos y obras juntos en una sola convocatoria. La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas impone que deben ser concursos separados y sólo en casos excepcionales se debe hacer en un mismo acto. El Tribunal Superior de Justicia le ha dado a los arquitectos esa primera victoria al declarar nulos 12 concursos en los que el Ivima contrata conjuntamente el proyecto y la obra de unas 1.000 viviendas. El Gobierno regional recurrirá la sentencia. El decano de los arquitectos, Ricardo Aroca, explicó en rueda de prensa que esta práctica ofrece menos garantías, atenta contra la competencia y, según el artículo 125 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, es "excepcional".
En el proceso habitual, precisó Aroca, la Administración convoca un concurso entre arquitectos para elaborar un proyecto y luego otro para adjudicar las obras entre los constructores. Al hacer los trabajos, el arquitecto dirige la obra y controla si está ejecutada según el proyecto. Pero en el proceso extraordinario, en el que hay un único concurso de proyecto y obras, es la constructora la que elige al arquitecto. "Y lo hacen según dos criterios: que el arquitecto tenga buenas relaciones con la Administración o que sea obediente y no cree problemas", puntualizó Aroca.
Según el decano, antes de las elecciones obtuvo el compromiso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de que si ganaba renunciaría a este procedimiento, "que era muy habitual con Alberto Ruiz-Gallardón [cuando era presidente regional]". Pero el 27 de julio de 2004 el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), que depende de la Consejería de Medio Ambiente, convocó un paquete con 12 promociones bajo la fórmula proyecto-obra, que suman 1.046 viviendas y, en su mayoría, están en el Ensanche de Vallecas.
El Colegio de Arquitectos recurrió esos concursos en septiembre de 2004 y, al recibir la negativa del entonces director gerente del Ivima, Domingo Menéndez (recientemente nombrado director general de Urbanismo) presentó un recurso contencioso-administrativo que el pasado 5 de octubre fue fallado por el Tribunal Superior de Justicia. "La sentencia es clara porque dice que la resolución del Ivima convocando los concursos es ilegal", declaró Aroca, que recordó que el tribunal ordena "retrotraer las actuaciones al momento anterior" a la convocatoria. Es decir, que deben volver a convocarse, por separado, los concursos, sin que tengan validez los actos jurídicos surgidos a consecuencia de la resolución considerada nula.
9. MADRID: AGUIRRE PERMITIRÁ FUMAR EN FIESTAS PRIVADAS Y CAFETERÍAS DE EMPRESA (03/11/06)
Pese a contar con un informe desfavorable del Consejo de Estado, el Gobierno de Esperanza Aguirre aprobó un reglamento que desarrolla la Ley Antitabaco de manera permisiva. El decreto autoriza zonas de fumadores en los bares de los centros de trabajo que tengan más de 100 metros de superficie, y también dejará en manos de quienes alquilen un local para celebraciones privadas la decisión de si se fuma en él. La ministra de Sanidad, Elena Salgado, afirmó que recurrirá el decreto porque "no se ajusta ni al espíritu ni a la letra de la ley". El Ejecutivo de Aguirre emprendió una nueva batalla contra el Gobierno central, si bien ya la habían iniciado otras dos comunidades, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, también del PP, al aprobar decretos de desarrollo de la Ley Antitabaco muy permisivos. Aunque los textos no son idénticos, los tres decretos tienen un punto en común: en la práctica aumentan las zonas donde está autorizado fumar.
El consejero de Sanidad, Manuel Lamela, justificó el reglamento en que no se puede imponer a los fumadores que dejen su hábito, sino que hay que "convencer". Por eso, dijo, la Comunidad ha optado por "conciliar los derechos del no fumador y del fumador". Es decir, aplicar el liberalismo hasta en la salud pública. Antes de que la ministra anunciara que recurrirá el decreto, Lamela afirmó que, si hay recurso, la Comunidad planteará una cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
10. MADRID: AGUIRRE SE DESHACE DEL PARQUE WARNER (03/11/06)
El parque Warner, situado en el municipio de San Martín de la Vega, ya no pertenece a la Comunidad de Madrid, sino al grupo inmobiliario Fadesa. El consejero de Presidencia, Francisco Granados, anunció que había adjudicado la participación mayoritaria del Gobierno regional -a través de la empresa Arpegio poseía el 43,6% del accionariado del parque- a la compañía inmobiliaria por la cantidad de 26 millones de euros. Además, Fadesa se hará cargo del crédito de 14 millones € que el Ejecutivo había pedido para mantener el parque.
"La Comunidad recupera 40 millones de los 74 que invirtió en el parque", aclaró el consejero, que recordó que el Ejecutivo regional y todos los grupos parlamentarios coinciden en que destinar el dinero público a un parque de ocio "no es lo más adecuado". Después precisó Granados que Fadesa había hecho la mejor oferta, al haber otorgado al complejo de ocio un valor de 60 millones de euros, mientras que el otro competidor, la empresa Cartera Kairós, lo cifró en 40 millones y, además, no presentó un plan de negocio. Cuando el parque se puso a la venta en mayo pasado, el banco Santander Central Hispano (SCH) -elegido para coordinar el proceso y elaborar el cuaderno de venta de la empresa-, cifró el valor económico del parque en un rango entre los 50 y los 200 millones de euros.
11. MADRID: GALLARDÓN CONVIERTE UNA VISITA A LA M-30 EN UN ACTO DE PARTIDO CON RAJOY (31/10/06)
La salida a superficie de la tuneladora Tizona -después de siete meses excavando el túnel sur de la M-30- sirvió al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, para montar un acto multitudinario y sacar pecho ante el presidente de su partido (PP), Mariano Rajoy. El dirigente popular, invitado por el regidor, se caló el casco y acompañó a Ruiz-Gallardón en su recorrido de hora y media por el subsuelo, que lo dejó "impresionado". La presidenta regional, Esperanza Aguirre, se sumó a la comitiva. El acto institucional se vistió así de campaña electoral y asumió una parafernalia más propia de un acto de partido. Nunca hubo tantos medios de comunicación en una visita a la M-30. La anunciada presencia de Rajoy -que fue comunicada la noche antes a los periodistas que cubren la información del PP nacional- logró el milagro de que no cupiera un alma en la entrada oeste del gigantesco by-pass sur, un doble túnel de cuatro kilómetros de longitud y tres carriles por sentido entre el paseo de la Chopera, al oeste, y la conexión con la A-3, al este.
A Rajoy se le sumó la presidenta Esperanza Aguirre (que llegó tarde y se fue antes que nadie); el diputado regional del PP Alberto López-Viejo, la concejal de Empleo y Servicios al Ciudadano, Ana Botella (que nunca asiste a estas visitas de obra); el vicealcalde, Manuel Cobo (que sí lo hace en ocasiones especiales), y la Concejalía de Urbanismo en pleno. Y más de 50 periodistas. A muchos de éstos -los que siguen habitualmente a Rajoy- se les dijo primero que el presidente del PP haría declaraciones sobre la actualidad nacional, y atraídos por eso acudieron. Luego, poco antes de comenzar el acto, se decidió que Rajoy no hablaría más que de la M-30.
Alcalde y técnicos se deshicieron en explicaciones al "querido presidente" (del PP). El propio Ruiz-Gallardón se colocó un micrófono en la solapa y dedicó 15 minutos a exponer ante Rajoy todo el proyecto de la M-30, dibujado en paneles. Antes de eso, los dirigentes populares se pararon frente a una maqueta que reproducía la tuneladora Tizona, la más grande del mundo junto a su gemela Dulcinea. "Presidente, fíjese, Tizona ha excavado a un ritmo de 20 metros al día, un récord", le explicaban a Rajoy el alcalde y su concejal de Urbanismo, Pilar Martínez. "¡¿Veinte metros de un agujero como éste cada día?!", exclamaba él extendiendo los brazos. "¿Y cuánto cuesta este chisme?".
12. MADRID: EL PP APOYA AL CONCEJAL CALVO, QUE TACHÓ DE "VIOLENTOS" A LOS INMIGRANTES LATINOAMERICANOS (01/11/06)
"Los extranjeros procedentes de determinadas áreas geográficas, como Suramérica, no resultan una sorpresa para nadie. Actúan con mayor violencia, ya que el valor que tiene allí la vida no es el mismo. Cometen delitos más violentos". Esto, entre otras cosas, es lo que dijo el concejal madrileño de Seguridad, Pedro Calvo (PP), el pasado 9 de octubre en un largo discurso contra la política de inmigración del Gobierno central. La portavoz de IU, Inés Sabanés, pidió al pleno del Ayuntamiento la reprobación de Calvo por sus palabras "racistas", pero el PP se negó a censurar a su concejal. Él no renegó de sus declaraciones.
Sabanés recordó que las organizaciones SOS Racismo y Comisión Española de Ayuda al Refugiado -que colaboran con el Ayuntamiento en su "plan de convivencia"- han calificado las palabras de Calvo de "graves y xenófobas". "Afirmar que los extranjeros que vienen de determinadas zonas son más violentos es un acto de discriminación que sólo puede ser calificado de xenófobo", señalaron estas ONG en un comunicado el pasado 10 de octubre. Subrayaron, además, que "los datos estadísticos desmienten esas declaraciones".
Sabanés utilizó estos mismos argumentos en el pleno para pedir la reprobación del edil de Seguridad. "Las tesis de Calvo son extremadamente preocupantes, sus palabras son racistas. ¿Cómo es posible que se esté pidiendo el voto de los inmigrantes para ser escuchados y, a la vez, insultarles de esta manera?", se preguntó. Después pidió al concejal que aclarase si los periodistas habían transcrito mal sus declaraciones o si él, en realidad, había querido decir otra cosa. O si, en último extremo, se arrepentía de lo dicho.
Ninguna de las tres. Cuando Pedro Calvo tomó la palabra fue únicamente para arremeter contra la política de inmigración del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuya "irresponsabilidad", afirmó, ha creado "una de las peores crisis humanitarias de la Unión Europea". El concejal subrayó que "el 59% de los encuestados por el CIS ve la inmigración como su principal problema" y recordó que continuamente los medios de comunicación hablan de mafias "de nigerianos o senegaleses" desarticuladas. "Yo sólo constaté un hecho: la delincuencia entre los extranjeros está creciendo", dijo Calvo.
13. MADRID: EL EX ALCALDE DE VALDEMORO VENDIÓ A UN CONSTRUCTOR DEL PUEBLO SU CHALÉ DE MARBELLA (01/11/06)
Francisco Granados, secretario regional del PP de Madrid, consejero de Presidencia de la Comunidad y ex alcalde de Valdemoro, y José Miguel Moreno Torres, actual regidor de esta localidad madrileña de 45.000 habitantes, también del PP, vendieron en marzo de 2003 sus contiguos chalés de Marbella a una inmobiliaria del constructor de esa misma población David Marjaliza, según explicó el propio consejero. Ambos dirigentes del PP habían adelantado 33.000 € por una vivienda que valía 200.000 y decidieron subrogarse en el constructor y recuperar el dinero invertido.
El empresario David Marjaliza es uno de los principales constructores de Valdemoro y fue, hasta 1995, concejal del PP en este municipio. Marjaliza, Granados y Moreno son amigos desde su juventud. Según la versión de Granados, José Miguel Moreno, Marjaliza y él mismo -"amigos desde que teníamos 20 años", aclara- decidieron comprar en junio de 2002 sendos chalés en la urbanización El Arenal, en Marbella, animados por el propio Marjaliza, que había adquirido una vivienda en el mismo lugar. Granados entregó a la promotora de su chalé como entrada "unos cinco millones de pesetas". Pero pasados unos meses, la esposa de Granados, según su versión, cambió de opinión y decidió que el matrimonio vendiera el inmueble. "Lo mismo hizo Moreno", según el secretario regional del PP.
Marjaliza decidió entonces recomprar, a través de una de sus empresas, las casas de Granados y Moreno. "Como decidimos vender antes de que estuvieran acabados los chalés [20 de marzo de 2003], ni siquiera llegamos a formalizar las escrituras", dice Granados. "La inmobiliaria [de Marjaliza] se subrogó y nos devolvió el dinero que habíamos adelantado, sin obtener ningún beneficio". Granados presentó los justificantes de ingreso en su cuenta corriente de la recompra hecha por Marjaliza. El importe era el mismo que el que abonó Granados en la compra de 2002.
Según la documentación, en agosto de 2003, unos grandes almacenes de Madrid vendieron el mismo día a nombre de Granados, Marjaliza y Moreno los electrodomésticos necesarios para las cocinas de los tres chalés de Marbella pese a que dos de esos chalés ya no eran propiedad ni de Granados ni de Moreno, sino de Marjaliza. El importe de las tres facturas, realizada por el mismo vendedor, fue exactamente el mismo: 1.267 €. Los tres documentos incluyen la dirección de los tres chalés y el nombre de los tres clientes: Granados, Moreno y Marjaliza. "Está claro que Marjaliza amuebló las tres cocinas igual porque los tres chalés ya eran suyos y los iba a dedicar al alquiler.
En 1995, David Marjaliza era el presidente de Nuevas Generaciones del PP en Valdemoro y concejal del partido. Presentó su dimisión como edil y solicitó la baja en el PP por incompatibilidad con la línea de oposición que sostenía el entonces portavoz popular y presidente de la formación. Otros 100 afiliados solicitaron la baja por "la inoperancia y poca transparencia con la que trabajan algunos representantes del partido como oposición al ayuntamiento". Ahora, Marjaliza es presidente de Atalia Grupo Patrimonial, además de representante, socio único y consejero mancomunado de hasta 67 empresas relacionadas con el sector inmobiliario.
Granados asegura que sufre desde hace unos días una persecución que no se explica. Todo arrancó, según él, el pasado 22 de octubre, cuando uno de sus tres coches ardió en el garaje de su vivienda, situada en Valdemoro. El turismo, un Mini Cooper, estaba a nombre también de una constructora de la localidad, Grandes Locales de Negocios. Granados aseguró ese hecho se debía a un retraso en la tramitación del cambio del titular del vehículo
14. MADRID: TORRELODONES.”SIEMPRE ME HAN HECHO DAR EL DINERO EN EL MONTE, COMO DOS FUGITIVOS" (28/10/06)
Jesús María Pacios y Reyes Tintó, concejales del PP de Torrelodones llevaron a la Fiscalía Anticorrupción una denuncia sobre presuntas irregularidades en el Ayuntamiento gobernado por Carlos Galbeño (PP) y en la Fundación de Estudios Superiores de Torrelodones, presidida por el presidente del PP local y diputado nacional Mario Mingo. Los concejales aseguran que un promotor, Ángel Nieto, les relató cómo Mingo, presuntamente, le había exigido 150.000 € para desbloquear un aparcamiento. "Siempre me han hecho dar el dinero [para el partido] en el monte como dos fugitivos", dice Nieto.
A principios de junio, Jesús Pacios y Reyes Tintó, concejales del PP del Ayuntamiento de Torrelodones, comenzaron a sospechar que la gestión municipal no era tan clara como ellos pensaban cuando entraron en el equipo de Gobierno en mayo de 2003. Pacios era edil de Juventud, Fomento y Empleo; y Tintó, de Educación Cultura y Fiestas. El 25 de julio, ambos fueron destituidos por el alcalde, Carlos Galbeño, aunque siguen manteniendo el acta de concejal. Fuentes municipales aseguran que se les retiraron sus funciones por "no seguir la disciplina del partido". Los concejales afirman que todo empezó cuando reclamaron información sobre algunos expedientes urbanísticos de la localidad.
Desde entonces, Pacios y Tintó han ido reuniendo información sobre las presuntas irregularidades cometidas por el Ayuntamiento de Torrelodones y por la Fundación de Estudios Superiores de Torrelodones. acudieron a la Fiscalía Anticorrupción para presentar la información de la que disponen.
El pasado 1 de julio durante un pleno municipal los ediles destituidos reclamaron información sobre un punto del orden del día referente a la expropiación de un solar en la calle Real, de Torrelodones. El Ayuntamiento pretendía construir allí un aparcamiento subterráneo. Entonces, el propietario del solar relató a los ediles, según el escrito que estos han presentado ante la fiscalía, que el presidente del PP local, Mario Mingo estaba dispuesto, presuntamente, a evitar la expropiación a cambio de 150.000 €. En el escrito de denuncia en la Fiscalía, Ángel Nieto, propietario del solar y promotor inmobiliario, aseguran que les contó textualmente: "Me han pedido siempre mucho dinero para el partido, pero en el partido nunca ha aparecido. Ha cambiado el discurso, ha pasado de pedirse dinero para ayudar al partido a ser un chantaje. Siempre me han hecho dar el dinero en el monte, como dos fugitivos. El colmo es el aparcamiento, me llama por teléfono a casa para decirme que me iban a expropiar y a los siete días me vuelve a llamar para pedirme 150.000 € y eso no lo pienso consentir".
Además, los concejales manifiestan a la Fiscalía que Nieto les aseguró, que entregó "12.000 € al alcalde Galbeño para financiar el partido, a petición del regidor". Pacios y Tintó explican en el escrito que pocos días después de que Nieto se negase a pagar el dinero, el Ayuntamiento inició los trámites de la expropiación del solar. Además, los concejales aseguran que el alcalde, Carlos Galbeño, les "ocultó información sobre el proceso".
El Ayuntamiento planea recalificar el Área Homogénea Norte (AHN), una zona protegida de 128 hectáreas donde el equipo de gobierno liderado por Galbeño quiere construir 1.536 viviendas, un campo de golf, un hotel y oficinas. Asociaciones de vecinos y los partidos de la oposición (PSOE, IU e independientes) acusan a Galbeño de apoyar este proyecto para beneficio de intereses privados. Tras la crisis de gobierno de Torrelodones, Pacios y Tintó aseguran haber recibido presiones para que entreguen sus actas de concejales. Éstos se niegan hasta que se aclare el asunto. Los ediles insisten en que permanecen fieles a su partido y descartan adherirse a otra organización política.
15. MADRID: TORRELODONES. 150.000 € A CAMBIO DE PERMITIR UN PÁRKING (29/10/06)
El presunto escándalo urbanístico de Torrelodones (Madrid) engorda día a día. Desde que el pasado 25 de julio el alcalde, Carlos Galbeño (PP), destituyera de sus funciones a dos concejales de su propio partido las acusaciones se han disparado. El pasado viernes los concejales expulsados Jesús Pacios y Reyes Tintó acudieron a la Fiscalía Anticorrupción para presentar pruebas sobre presuntas irregularidades urbanísticas en la localidad. Los concejales destituidos entregaron un documento con 13 puntos relatando las presuntas irregularidades cometidas por el equipo de Gobierno y por la Fundación de Estudios Superiores de Torrelodones, controlada por el presidente del PP local, diputado nacional y ex alcalde, Mario Mingo.
En el documento presentado por los ediles, estos explican que Mingo ha llamado personalmente al empresario Ángel Nieto, propietario de la sociedad Tresni, "para pedirle dinero en efectivo para el Partido Popular y este se lo ha entregado sin saber dónde ha ido a parar". Además, entre las pruebas aportadas figura una declaración firmada por el anterior alcalde, Enrique Muñoz, en la que relata cómo Mingo "le recriminó por llevar a Génova una donación para pagar los escoltas del País Vasco en lugar de dárselo a él". El notario de Torrelodones, Benito Martín Ortega, confesó a los concejales que "el primer teniente de alcalde y secretario del PP local le pidieron 84.140 € para levantar el embargo de su casa". Los concejales decidieron acudir a Anticorrupción al crecer sus sospechas sobre las actuaciones urbanísticas en el Ayuntamiento de Torrelodones. Entre ellas la intención de recalificar el Área Homogénea Norte, una zona protegida de 128 hectáreas donde pretende construir 1.536 viviendas, un campo de golf, un hotel y oficinas.
Uno de los principales impulsores de este proyecto es Eduardo Morales, representante de la empresa C-15. Morales es amigo íntimo de Mingo y su empresa financia la fundación del líder local del PP.
Pero la paciencia de los concejales destituidos se terminó cuando el alcalde Carlos Galbeño intentó expropiar unos terrenos situados en la calle Real para hacer un aparcamiento subterráneo. El propietario de estos terrenos es Ángel Nieto. Según los documentos que están en la Fiscalía Anticorrupción, Nieto les dijo a los concejales que Mingo "le pidió a Nieto 150.000 € como contraprestación por desbloquear el proyecto del aparcamiento". Pero el empresario se negó. "Me han pedido siempre mucho dinero para el partido pero en el partido nunca ha aparecido. Ha cambiado el discurso, ha pasado de pedirse dinero para ayudar al partido a ser un chantaje. Siempre me han hecho dar el dinero en el monte, como dos fugitivos.
16. MADRID: EL PP DE BOADILLA CEDE SUELO A UN COLEGIO PRIVADO (28/10/06)
El grupo municipal socialista de Boadilla ha denunciado que el Ayuntamiento, gobernado por el PP, ha cedido una parcela de suelo público de 26.000 m2 a la Fundación FIDES, que pertenece a la organización ultracatólica de los Legionarios de Cristo, para construir un colegio privado. La cesión es por 50 años. A cambio, FIDES abonará al municipio un canon anual de 120.000 €. En otros centros escolares gestionados por esta congregación religiosa, se separa en aulas diferentes a los niños de las niñas desde los seis años hasta el primer curso de Bachillerato (16 años). En el periodo comprendido entre los tres y seis años y durante el bachillerato los alumnos estudian juntos.
El gobierno local boadillense sacó a concurso la parcela EQ-1 ubicada en el paraje denominado Los Fresnos. La mesa de contratación optó el pasado 25 de octubre por la oferta presentada por los Legionarios de Cristo. Para el PSOE esta concesión administrativa es un "regalo" de suelo de todos los vecinos a una entidad privada. "Además, el terreno que cede el Ayuntamiento se encuentra en una de las zonas más caras del municipio", aclara Enrique Hernández, portavoz del PSOE.
Un portavoz municipal informa de que el Ayuntamiento estudia la adopción de medidas legales contra Hernández. "Todavía no se ha aprobado la adjudicación del colegio en pleno, por tanto, el portavoz socialista ha desvelado datos que son confidenciales y podría haber incurrido en un delito", indica. El mismo portavoz no aclara la razón por la que el Ayuntamiento ha cedido suelo público a una entidad privada para construir un centro educativo. Las tarifas del colegio oscilan entre los 3.000 y 4.700 € anuales para el primer hijo inscrito.
17. COMUNIDAD VALENCIANA: EL PP IMPONE QUE SE TRAMITE EL PLAN DEL ESTADIO DEL VALENCIA CF (30/10/06)
El PP impuso su mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Valencia para aprobar la salida a exposición pública de la doble operación urbanística que permitirá al Valencia CF construir un nuevo estadio y ganar un mínimo de 100 millones de € con el derribo de Mestalla y la venta del aprovechamiento residencial del suelo. El equipo de gobierno de la alcaldesa, Rita Barberá, rechazó las críticas de la oposición -socialistas y EU-L'Entesa- contra el plan urbanístico, y tampoco atendió la petición de los vecinos para que el campo se construya fuera de su barrio.
El plan que sale a información pública concede al club de fútbol una edificabilidad de 89.380 m2 para levantar 750 viviendas y una gran área comercial sobre el suelo del viejo Mestalla. Con los beneficios, de entre 300 y 500 millones de €, el club pagará el nuevo campo -con un coste de 200 millones- en otra parcela que se privatiza.
El rechazo de la oposición al cambio urbanístico en Mestalla fue unánime. Sin embargo, en la votación para exponer al público la recalificación del solar del nuevo estadio, que será de uso deportivo privado, el PSPV-PSOE se abstuvo. Los socialistas aflojaron así su presión en contra de la operación tras reunirse el día antes con el presidente del Valencia CF, que les emplazó a apoyar la operación y remarcó el peso de la afición que le respalda. El portavoz municipal socialista, Rafael Rubio, argumentó que la eliminación del lucro terciario en la parcela del futuro estadio, que pretendía en un principio Soler, implica un "avance" hacia el cambio de otros aspectos del plan que espera se materialicen en el periodo de alegaciones.
18. MADRID: UN JUEZ LLAMA A DECLARAR A LA REGIDORA DE QUIJORNA POR FAVORECER A UN ASESOR (01/11/06)
El Juzgado de Instrucción número 3 de Móstoles ha llamado a declarar como imputados a la alcaldesa de Quijorna, María de las Mercedes García (PP), y a José Núñez Oller, arquitecto y asesor personal de García. La citación se produce después de que los cuatro concejales del Grupo Independiente de Quijorna (GIC) interpusieran una querella criminal contra García y Núñez por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, usurpación de funciones y tráfico de influencias. Los querellantes denuncian que la alcaldesa ha aprobado una segregación ilegal de una finca, que permite construir 19 chalés en una zona donde sólo se podían edificar seis. García se niega a responder a las acusaciones.
La finca en cuestión está situada en la calle de Pérez Galdós, número 2, de Quijorna, con una superficie de 19.231 m2. José Núñez Oller es asesor técnico de la alcaldesa, nombrado por decreto de ésta, y ostenta el cargo de "arquitecto honorífico del municipio" (aunque no cobra por su labor).
Los concejales independientes explican en la querella (en fase de diligencias previas) que el 15 de julio de 2003 se presentó ante el Ayuntamiento una solicitud de licencia de segregación para dividir la parcela, propiedad de José Núñez Oller y sus hermanos. En la finca se podían edificar 16 chalés. Sin embargo, la propuesta de segregación admitía 27 casas.
La alcaldesa aprobó finalmente por decreto otorgar licencia para la parcelación de una zona de la finca, que permite edificar 19 viviendas, donde, según los cálculos de los independientes, sólo se podían construir seis chalés. Además, los querellantes denuncian que García no respetó dos documentos de técnicos municipales que se oponían a la segregación. El arquitecto municipal emitió el cinco de junio de 2003 un informe que decía que la parcela P-4 constituía una única unidad registral y que no se podía subdividir en otras parcelas. El secretario del Ayuntamiento también informó desfavorablemente la licencia de segregación el 21 de julio de 2003.
El grupo independiente de Quijorna ha denunciado ante la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos y contra la Corrupción las recalificaciones y ventas de fincas llevadas a cabo por la alcaldesa y los dos concejales del PSOE, Juan José Cerrato y Fernando Díaz-Guerra, a Sanedi (empresa del grupo San Román, vinculado a la Operación Malaya). El PP gobierna con el apoyo de los dos ediles del PSOE. El Partido Socialista de Madrid (PSM) abrió un expediente a sus dos concejales a finales de septiembre, por votar a favor de unos planes parciales que reducen el número de vivienda protegida en varias zonas.
Los independientes explican en su denuncia que el borrador del Plan General, que prevé convertir Quijona en una ciudad de 60.000 habitantes, pretende recalificar terrenos rústicos de especial protección pertenecientes a los cargos y familiares directos del equipo de gobierno municipal. La empresa Plarquin (de la que era socio el ex director general de Urbanismo, Enrique Porto) redactó el avance del Plan General.
19. COMUNIDAD VALENCIANA: SOLER ARRASTRA AL VALENCIA A UNA BATALLA POLÍTICA PARA SALVAR EL 'PELOTAZO' URBANÍSTICO (01/11/06)
"La guerra empieza ", afirmó un representante del Valencia CF en clara advertencia a quienes critican el pelotazo urbanístico pergeñado por el presidente del club, el constructor Juan Soler, y las Administraciones del PP. Soler ha decidido llevar el Valencia CF a la confrontación, aún a riesgo de dividir a la afición, contra todos aquellos que critican el trato de favor que el PP ha decidido otorgar a los gestores de la sociedad anónima deportiva. Tanto el club como el PP defienden un acuerdo que permitirá sustituir el viejo campo de Mestalla por un estadio nuevo y lograr beneficios multimillonarios.
La tensión presidió el ambiente en la expedición del Valencia CF a Donetsk, Ucrania, para jugar en la Liga de Campeones. El presidente, Juan Soler, viajó arropado por los dos consejeros de su máxima confianza, Enrique Lucas y Agustín Morera, además del presidente de la Agrupación de Peñas, Jaume Part, que se hospedó en el mismo hotel del equipo, un lujoso local en el centro de esta ciudad ucrania que se dedica básicamente a la minería y que tiene un millón de habitantes. Tanto Soler como Part, que ha animado a las peñas a manifestarse en Mestalla contra el PSPV, van juntos en esta cruzada contra los socialistas valencianos, después de que éstos votaran en contra de la recalificación de los terrenos de Mestalla.
Aún así, un miembro de la dirección de la Agrupación de Peñas que no quiso identificarse por miedo a la reacción de Part, expresó su malestar: "No hay que mezclar política y deporte nunca, se han equivocado". La operación inmobiliaria auspiciada por Soler y las Administraciones gobernadas por el PP consiste, a grosso modo, en autorizar una edificabilidad tal sobre la parcela de Mestalla -propiedad del club- que permita pagar el nuevo estadio en la avenida de Cortes Valencianas y obtener unos ingresos multimillonarios. El acuerdo incluye la cesión al club de la parcela municipal en la que se ubicará el nuevo estadio, a cambio de otros solares menores aún por determinar que tendrá que aportar el Valencia CF. La directiva del club de fútbol propuso recientemente permutar, a cambio del solar donde se levantará el nuevo estadio, una parcela que ya estaba comprometida por el Ayuntamiento de Valencia con los artistas falleros para paliar la falta de espacio de sus instalaciones. Este terreno, adquirido recientemente por el Valencia CF para la operación inmobiliaria, está grafiado como huerta en el Plan General de Ordenación Urbana.
La alianza entre el presidente del Valencia y el de la Agrupación de Peñas -que con el apoyo del PP han intentado lanzar a la afición contra los socialistas por poner pegas a la operación inmobiliaria- ha empezado a generar rechazo entre amplios sectores del valencianismo.
20. COMUNIDAD VALENCIANA: UN JUEZ ANULA LA LICENCIA DEL ALCALDE DE ALICANTE (PP) PARA UN CAMPO DE GOLF (01/11/06)
Nuevo revés de los tribunales al alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante ha emitido una sentencia que anula la licencia de obra y el permiso de apertura de un campo de golf y 204 apartamentos turísticos que se han empezado a construir en la pedanía alicantina de Bacarot. El PSPV denunció ante los tribunales lo que considera un "pelotazo" urbanístico.
La sentencia del juzgado contencioso administrativo de Alicante, que difundió la Cadena SER, declara "nulo y sin efecto" la licencia de obra y apertura del campo de golf en el Plantío y de los 204 apartamentos previstos en la partida de Bacarot en Alicante. El juzgado estima a trámite el recurso presentado por el PSPV en el Ayuntamiento de Alicante el año pasado. Los socialistas consideran que el alcalde, Luis Díaz Alperi, con este cambio de usos "autorizó un pelotazo" urbanístico que calculan que rondaría los 100 millones de €. El fallo judicial se conoce días después de que el área de Urbanismo del Ayuntamiento decidiera paralizar las obras de construcción de estos apartamentos por distintas deficiencias, y semanas después del rechazo en solitario del PP en el pleno del Ayuntamiento de la propuesta de la oposición de creación de una comisión de investigación.
La licencia inicial de obras daba cobertura para que el promotor elevara de 14.500 a 22.000 los m2 de techo edificable, y fue firmada en mayo de 2005 por el gerente del área de urbanismo, en contra del criterio de otros técnicos municipales. La sentencia rechaza ahora que la autorización se ajuste a la declaración de interés comunitario, además esta se dio en 1993 para construir un hotel y un campo de golf, y el pasado año el Ayuntamiento autorizó que en vez de este hotel se edificaran más de 200 apartamentos turísticos, cuya construcción está avanzada y muchos de ellos ya están vendidos.
21. COMUNIDAD VALENCIANA: BENIDORM 'PERDONÓ' 222 MILLONES DE APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO (31/10/06)
El PSPV de Benidorm denunció la "desaparición" de 222,7 millones € de las arcas municipales correspondientes al aprovechamiento municipal del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1990. El secretario comarcal del partido y concejal en la oposición, Jaime Llinares, reveló que "no figura" en ningún registro municipal la aportación del 10% del valor de los terrenos que los promotores deberían haber hecho efectivo.
Según la legislación los adjudicatorios de los planes parciales previstos en el PGOU deben ceder un 10% del valor de su parcela al municipio, y se puede hacer en metálico o bien mediante la cesión de terrenos equivalentes. "Hemos detectado que la práctica habitual del PP durante los 16 años de gobierno ha sido vender esas parcelas al propio promotor que tenía la adjudicación y el suelo no ha entrado en el patrimonio municipal. Ahora bien, a la hora de construir viviendas de renta protegida nos encontramos que no tenemos suelo público y no se ha ingresado nada", denunció el edil. Jaime Llinares cifró en 1.113.606 m2 de techo (edificables) el suelo urbanizado desde la aprobación del PGOU, de los que 113.360 m2 de techo deberían haber sido cedidos al consistorio, una cantidad equivalente a 222,7 millones € (37.000 millones de pesetas).
"Después de 16 años de gestión del Partido Popular es el momento de ver cómo se ha gestionado el suelo público". Llinares pidió explicaciones al Gobierno local de esta situación, ya que "podría haberse regalado o perdonado a promotores afines ese suelo municipal". El PSPV recopila datos y estudia presentar ante la Fiscalía estos datos para que abra una investigación sobre la gestión municipal.
Llinares compareció junto al portavoz del PSPV en Benidorm, Agustín Navarro, para justificar el voto negativo a la propuesta de modificación puntual del PGOU y recalificación de suelo para la construcción de viviendas sociales que el PP llevará al pleno de . La propuesta prevé la construcción de 529 VPO y permite al promotor construir hasta 2.000 viviendas libres como contraprestación. "No nos oponemos a que se construyan las viviendas protegidas, porque son necesarias. Pero si se tiene que recalificar suelo que se haga sólo en la parte correspondiente a las viviendas sociales y que el promotor se las ingenie".
22. COMUNIDAD VALENCIANA: CULLERA HARÁ UN 'MANHATTAN' DE 35 TORRES PESE A INFORMES CONTRARIOS DEL GOBIERNO (01/11/06)
La costa valenciana mira de reojo a Nueva York. El Ayuntamiento de Cullera, gobernado por una coalición que lidera el PP, dio luz verde anoche al plan urbanístico de la Vega, que levantará junto al mar 33 torres de viviendas de hasta 25 alturas y dos rascacielos de 40 para hoteles. La desembocadura del Júcar se convertirá en un Manhattan en el que vivirán más de 20.000 personas. El proyecto, impulsado por la Generalitat y el Consistorio, saldrá adelante con informes desfavorables de varios ministerios. El Gobierno, que ya recurrió la aprobación provisional, insistirá en parar el plan en los tribunales.
El Manhattan de Cullera, como se conoce el plan de la Vega-Puerto, ocupará 610.000 m2 junto a la desembocadura del río Júcar y su desarrollo ya estaba previsto en el plan general urbano de 1995. El proyecto, sin embargo, no recibió un impulso definitivo hasta 2003, cuando el Ayuntamiento, gobernado por una coalición del Partido Popular, Unión Valenciana y el Bloc Nacionalista Valencià, firmó un acuerdo con el Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa), dependiente de la Generalitat valenciana, para que colaborara en la planificación y redacción del plan urbanístico.
Bajo el impulso del Ivvsa, el plan apuesta por concentrar la edificabilidad residencial en 33 torres de hasta 25 alturas. Otras dos de 40 alturas y varios edificios menores albergarán hoteles con un total de 2.200 plazas. El proyecto incluye zonas verdes, dotaciones, un palacio de congresos y un nuevo puerto deportivo fluvial con 800 amarres.
Unas 20.000 personas se trasladarán a las cerca de 5.000 viviendas previstas -de ellas, 1.170 de protección oficial, que controla el Ivvsa-, lo que supone duplicar la población actual de Cullera, con 23.200 habitantes censados. Además, en el Consistorio se tramitan otros dos planes de similar envergadura que pretenden ocupar en la otra ribera del Júcar 10 millones de m2 con 13.000 nuevas viviendas, cuatro campos de golf y otro puerto deportivo con un millar de amarres.
El plan de la Vega llegó al pleno municipal de Cullera para los últimos retoques rodeado de polémicas. Durante su tramitación, los ministerios de Medio Ambiente y Fomento han emitido informes desfavorables en relación con la falta de garantía de recursos hídricos para los nuevos vecinos y la ausencia de conexiones viarias adecuadas para canalizar el aumento previsible del tráfico en torno a Cullera. La Dirección General de Costas también ha puesto objeciones.
Sin embargo, la Consejería de Territorio y Vivienda aprobó el plan provisionalmente en noviembre del año pasado y sólo exigió que se subsanaran algunos problemas, como la conexión de la zona con la carretera N-332, que deberán costear los propietarios de la Vega -una agrupación de interés urbanístico de constructoras, entre ellas las valencianas Florazar y Blauvert, según fuentes socialistas-. Los dictámenes de los ministerios son preceptivos, pero no vinculantes, recordó entonces la Generalitat.
Pero la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, ante la acumulación de informes negativos de dos ministerios, recurrió la decisión de la Generalitat y pidió la suspensión cautelar del plan. El Tribunal Superior de Justicia valenciano no aceptó parar el proyecto mientras se sustancia el recurso contra el Manhattan de Cullera. La Delegación del Gobierno también recurrió la participación del Ivvsa en el proyecto, ya que la gestión urbanística no salió a concurso público.
En los últimos meses, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha insistido en que Cullera no justifica de dónde obtendrá el agua. Tampoco Carreteras y Costas han visto cumplidos sus requisitos. Por ello, el subdelegado en Valencia, Luis Felipe Martínez, adelantó que recurrirá también la aprobación municipal del proyecto. Por el contrario, el Gobierno local de Cullera asegura que el suministro de agua está garantizado para el plan de la Vega y "futuras demandas". El pleno aprobó anoche, con los votos del PP y de Unión Valenciana, las últimas modificaciones antes de que la Consejería lo ratifique definitivamente.
23. COMUNIDAD VALENCIANA: UN PROMOTOR ADVIERTE QUE OROPESA HABRÁ DE PAGAR 118 MILLONES SI NO LE DEJA EDIFICAR UN PROMOTOR ADVIERTE QUE OROPESA HABRÁ DE PAGAR 118 MILLONES SI NO LE DEJA EDIFICAR (31/10/06)
El presupuesto del Ayuntamiento de Oropesa durante los próximos 10 años puede estar comprometido. Un promotor ha remitido un escrito al consistorio oropesino en el que advierte de la responsabilidad patrimonial que le puede reclamar si persiste en la imposición de obstáculos para construir junto al complejo Marina d'Or, en un suelo calificado como urbano. El promotor anuncia la posibilidad de solicitar en el futuro "una indemnización económica derivada de los perjuicios ocasionados" por la no aprobación del programa de actuación integrada. La indemnización ascendería a 118 millones.
Pese a que el escrito no indica qué cantidad podría reclamar el promotor por los perjuicios que le causaría falta de luz verde por parte del Ayuntamiento a dejarle construir, las tasaciones realizadas sobre el suelo por varias entidades cifran su valor en unos 118 millones de €. El gran problema de este Programa de Actuación Integrada (PAI), que no sale adelante, es su ubicación, junto al complejo Marina d'Or. Sobre el suelo urbano, en una superficie de alrededor de 33.000 m2, el promotor, que también es propietario de parte del suelo, planea la construcción de cerca de 250 apartamentos.
El conflicto se remonta a hace varios años, cuando el promotor presentó un estudio de detalle para la zona incluida en el Plan General de Ordenación Urbana con la calificación de urbano. El Ayuntamiento recomendó la redacción de un PAI, en lugar del estudio de detalle, y así, en julio de 2005, presentó su propuesta y su oferta para el desarrollo de la zona. No hubo contrincantes. Y sólo dos alegaciones: una procedente de Iberdrola, que alega a todos los programas para el correcto funcionamiento de su red, y otra del grupo Marina d'Or. El 1 de septiembre se procedió a la apertura de plicas en la que la única proposición era la de Explotaciones Patrimoniales del Mediterráneo. Entonces, se hizo el silencio. Pasaron los meses pese a que la ley estipulaba que "el plazo para que el Ayuntamiento pleno resuelva sobre la aprobación y adjudicación de un programa es de cuarenta días desde la fecha en que fuera posible adoptar el acuerdo".
Ante la falta de respuesta oficial, la sociedad consideró que el programa estaba aprobado provisionalmente, en virtud del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que dispone que "el carácter positivo de la inactividad de las Administraciones es la garantía que se establece cuando no se cumple el verdadero objetivo de la ley, que es que los ciudadanos obtengan respuesta expresa de la administración y, sobre todo, que la obtengan en el plazo establecido". En marzo de 2006, Explotaciones Patrimoniales del Mediterráneo presentó un escrito ante la Consejería de Territorio, solicitando la aprobación definitiva del programa, después de entender que había sido aprobado provisionalmente por silencio positivo. Cuando el departamento de Territorio pidió al Ayuntamiento de Oropesa que informara sobre su resolución al respecto, dado que no existía ninguna determinación, el PP convocó una sesión extraordinaria para acordar la denegación del Programa de Actuación Integrada.
La base sobre la que se apoyó esta denegación fue la consideración de que las previsiones del PAI no eran compatibles con el concierto previo, un documento que señala las bases sobre las que se debe revisar el Plan General del municipio y que, según los técnicos consultados, no tiene carácter de "instrumento urbanístico", es decir, que no marca normas ni varía las recogidas en el PGOU.
24. COMUNIDAD VALENCIANA: LA SANCIÓN POR SOBREEDIFICAR 11 PLANTAS DE MÁS EN EL HOTEL ATRIUM SE REBAJA AL MÍNIMO (29/10/06)
La sanción de 12 millones de € que el Gobierno valenciano impuso a la promotora del hotel Atrium Beach en La Vila Joiosa, una localidad turística próxima a Benidorm, por un exceso de construcción de 11 plantas, y que en su día el entonces consejero de Territorio, Rafael Blasco, calificó de "ejemplar" tiene muchas posibilidades de quedar en casi nada, en apenas 600.000 €.
La Ley Urbanística Valenciana (LUV) -que impulsó el ex consejero de Territorio Rafael Blasco antes de su salida del departamento- contempla en su artículo 242.5 la posibilidad de reducir en un 95% las sanciones impuestas en el supuesto de que se hubiera restaurado la legalidad. Justamente eso es lo que hizo el Ayuntamiento, que preside José Miguel Llorca, del PP, y que aprobó un Plan de Reforma Interior Mejorada (PRIM) para legalizar el exceso de obra del hotel.
El plan permitió a la mercantil hotel Luna, propietaria del Atrium Beach, solucionar sus problemas con una demolición parcial y testimonial del exceso de edificabilidad y la cesión de terrenos al municipio. Tal medida, según fuentes jurídicas consultadas, permite a los promotores reclamar la reducción del 95% de la sanción. El Atrium tenía previsto levantar 22 plantas con 2.000 habitaciones, cuando tenía permiso sólo para 11 plantas y 1.400 habitaciones. Tras varios decretos de paralización no fue hasta que fallecieron tres operarios cuando se hizo efectiva.
El Ayuntamiento de La Vila Joiosa, gobernado por el PP, incluyó en los presupuestos de 2005 los 12 millones de € que tenía previsto ingresar con esta multa, pero la promotora recurrió el pago y el Tribunal Superior de Justicia suspendió la ejecución con el condicionante de imponer un aval por la misma cantidad de la multa. El Consistorio todavía no ha presentado las cuentas de 2005 ni ha informado de ellas al Síndic de Greuges, y funciona con presupuestos prorrogados con "total opacidad", según la oposición, que considera que el Ayuntamiento de La Vila Joiosa está en "quiebra técnica".
25. LOS TÉCNICOS DETECTAN IRREGULARIDADES EN EL PAI DONDE TIENE LA PARCELA UN EDIL DEL PP DE BURRIANA (03/11/06)
La secretaria del Ayuntamiento de Burriana, el arquitecto municipal, la jefa de la sección de Urbanismo y el ingeniero de caminos municipal han suscrito un informe en el que detallan algunas irregularidades en la tramitación de uno de los Programas de Actuación Integrada (PAI) del municipio, en el que tiene interés el responsable de Urbanismo, Javier Perelló. El concejal del PP compró una parcela meses antes de que se presentara el PAI y la escrituró poco después de que entrara en el registro del ayuntamiento. Pese a su "interés directo", Perelló ni se abstuvo en la tramitación ni en la votación, basándose en el informe de un abogado ajeno al ayuntamiento que él encargó.
"Podría estar viciada la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento, por no haberse seguido el procedimiento legalmente establecido", señala uno de los párrafos del informe. El escrito de los cuatro técnicos señala que "del examen del expediente" se deduce que el planeamiento que se ha tramitado tiene tres versiones distintas, ya que el aprobado por el ayuntamiento, de forma provisional "difiere" del sometido a información pública, así como del que se remitió a la Consejería Territorio con el fin de que autorizara las actuaciones que se pretenden. "Por lo tanto, la correcta tramitación del Plan de Reforma Interior de Mejora exigirá su sometimiento a información pública y su posterior tramitación de conformidad con la Ley Urbanística Valenciana".
Este escrito fue uno de los protagonistas del pleno municipal que se celebró en Burriana. Los afectados acudieron al Ayuntamiento con pancartas en las que se exigía al alcalde, Alfonso Ferrada, del PP, que tramite la recusación que han presentado sobre el concejal de Urbanismo. Los afectados también han recusado al alcalde.Sobre la sesión también pesó el incidente ocurrido durante la mañana, cuando el edil socialista José Manuel Fernández Olivencia sufrió un ataque de ansiedad, que provocó su desfallecimiento, cuando se anunció una moción del PP en la que solicitaban su dimisión. Ferrada anunció el aplazamiento de la moción que exige la dimisión del edil "por estar condenado por una intromisión ilegítima en el honor de un funcionario".
26. COMUNIDAD VALENCIANA: EL AYUNTAMIENTO DE LA VILA DEJA QUE CADUQUE EL EXPEDIENTE SANCIONADOR AL CONSTRUCTOR Y AL ARQUITECTO (29/12/06)
El Ayuntamiento de La Vila Joiosa, gobernado con mayoría absoluta por el PP, ha dejado caducar el expediente sancionador para cobrar la multa por la infracción urbanística del hotel Atrium Beach, en primera línea de la playa de la Cala. El total de la multa asciende a 12 millones de €, que tienen que ser aportados como responsables solidarios el promotor, arquitecto y constructor. El primer expediente (el del promotor) se tramitó correctamente, pero no así los otros dos, que han caducado en dos ocasiones renunciando el Ayuntamiento a cobrarlo.
El PSPV y el Bloc han solicitado en reiteradas sesiones plenarias de información sobre los dos expedientes. El edil de Hacienda, Isidro Cantó, ha reconocido que está previsto reactivar el procedimiento, aunque ha ofrecido diferentes excusas como las vacaciones del técnico responsable. El plazo en el que se puede reactivar el expediente es de cuatro años. El expediente caduca cada seis meses.
Jorge Sotelino Vico y Jorge Trasandes Camargo fueron los técnicos directores de las obras, y se les impuso a cada uno una multa de 601.012 €, y Cifra y Encofrado S. A. el contratista, con una multa de 12 millones de €. Se ha tenido acceso a un documento firmado por el responsable de hotel Luna, Francisco García, y dirigido a Cimbra y Encofrado, de forma que sería la promotora la que se haría cargo "de los perjuicios que resulten por no haber parado las obras".
Este escrito fue una respuesta a la carta a través de la cual la constructora manifestaba en marzo de 2003 la preocupación tras la recepción de dos escritos del Ayuntamiento de La Vila en los que pedía la paralización de las obras y pedía a Atrium Beach que la "exonerara de cualquier responsabilidad" por la continuación de las mismas.
27. COMUNIDAD VALENCIANA: LA FISCALÍA INVESTIGA AL AYUNTAMIENTO DE ROCAFORT POR IRREGULARIDADES URBANÍSTICAS (30/12/06)
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) investiga al Ayuntamiento de Rocafort por la presunta comisión de “un delito de prevaricación, en su modalidad de omisión, al negarse de forma reiterada, consciente y manifiesta a ejercer las funciones que le competen en materia de disciplina urbanística”, según la denuncia presentada por dos responsables locales del PSPV de Rocafort. El fiscal ha abierto diligencias previas de investigación penal e, incluso, ha instado a los denunciantes, Felipe Zayas y Pilar Núñez, a aportar más documentación “a la vista de la cantidad de irregularidades denunciadas”, petición que ya ha sido respondida.
La denuncia detalla el presunto incumplimiento del plan general de ordenación urbana (PGOU) de Rocafort por parte del ayuntamiento al consentir la construcción de más viviendas de las que permite el planeamiento en diecisiete edificios o solares ubicados en el centro histórico y en distintas áreas de la población. El gobierno de Rocafort está encabezado por Sebastián Bosch (PP) y la concejalía de Urbanismo está dirigida por la también diputada provincial Carlota Navarro. Los denunciantes calculan que sólo en seis de los casos que detallan se han construido de forma presuntamente ilegal unos 2.600 m2 más de lo que permite el PGOU. “Si se tratara de viviendas de protección oficial de precio concertado, se estima que los beneficios alcanzarían los 390.000 €, como mínimo”, se señala en la denuncia. El exceso de viviendas puede crear un déficit de equipamientos e infraestructuras (colegios, capacidad del alcantarillado, accesos, atención sanitaria) a los vecinos de Rocafort, según advierten los denunciantes. Y añaden que “los compradores, de buena fe, de los inmuebles en situación de fuera de ordenación habrán adquirido un problema de difícil solución”. Se da la circunstancia, además, que uno de los edificios demolidos para construir un local comercial y cinco viviendas, donde el PGOU sólo permite dos, es presuntamente propiedad del propio alcalde, Sebastián Bosch. En esta parcela ubicada en la calle Bonavista, el inmueble derribado ocupaba el 50% de la parcela.
28. COMUNIDAD VALENCIANA: ZAPLANA IMPONE NOMBRES EN LA LISTA MUNICIPAL DEL PP DE BENIDORM (31/10/06)
El ex alcalde de Benidorm y actual portavoz del PP en el congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana, interrumpió el pasado domingo en el proceso de selección de candidato que estaba realizando el comité electoral de la ciudad para imponer su criterio a la agrupación. Zaplana citó en secreto a todos los concejales en el hotel Bali el domingo por la mañana, y apareció acompañado por el presidente del comité electoral provincial, Juan Manuel Cabot, el del comité electoral local, Fernando Modrego, y la presidenta del PP, Gema Amor. El portavoz del PP citó también a Vicente Pérez Agulló, hijo del ex alcalde de Benidorm Vicente Pérez Devesa, que lidera un sector del partido opuesto a que el actual alcalde, Manuel Pérez Fenoll, encabece la lista del partido. Pérez Agulló amenazó hace pocas semanas con abanderar un partido independiente con los tres ediles que le apoyan si el comité electoral elegía a Pérez Fenoll candidato a alcalde, en lugar de Gema Amor. En aquella ocasión el senador Miguel Barceló, pidió que se abriera un expediente contra Pérez Agulló por atacar a un cargo orgánico como Pérez Fenoll. Sin embargo, Zaplana convocó esta reunión de más de dos horas en la que hizo valer su liderazgo y reveló que antes de morir el anterior alcalde pactó con éste que su hijo sería concejal y tenía que cumplir con la palabra dada. Fuentes zaplanistas interpretan que la opinión del número tres del PP es irrefutable y entienden que la candidatura de Amor sale reforzada.
29. CASTILLA Y LEÓN: LA FAMILIA DEL SECRETARIO GENERAL DEL PP EN CASTILLA Y LEÓN SE AHORRÓ UN MILLÓN € EN UNA DONACIÓN ANTES DE RECALIFICAR UNOS TERRENOS (02/11/06)
Pagó el impuesto de donaciones como terreno rústico poco antes de que el terreno fuera calificado como urbanizable. Novedades sobre la recalificación de terrenos en Salamanca que beneficia a la familia del secretario general del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Según ha sabido la SER, la familia del dirigente 'popular' pagó el impuesto de donaciones calculando el precio sobre suelo rústico, muy poco antes de que el terreno se recalificara, lo que le permitió ahorrarse más de un millón de €. La oposición denuncia información privilegiada en este asunto. Aunque el suegro de Alfonso Fernández Mañueco compró ese terreno en 1969, no es hasta julio de 2005 cuando decide donarlo a sus tres hijos, pocos meses antes de su recalificación. De esta forma, se le aplicó el pago del impuesto sobre los 30.000 € en los que se valoró la parcela y no sobre los tres millones de € en que se puede tasar tras ser calificada de urbanizable. Así, el suegro del secretario regional del PP pagó por el impuesto de donaciones poco más de 2.000 €, cuando de haber efectuado el pago tras la recalificación habría tenido que desembolsar un millón de € más. Ese dinero nunca llegará a ingresarse en las arcas públicas regionales.
30. CASTILLA Y LÉON: EL JUEZ DE INSTRUCCIÓN NÚMERO DOS DE ÁVILA PROHIBIÓ DE FORMA CAUTELAR CUALQUIER TALA EN EL PINAR DE LAS NAVAS DEL MARQUÉS (28/11/06)
El pinar de Las Navas del Marqués recibió un indulto al menos provisional. El juez de instrucción número dos de Ávila prohibió de forma cautelar cualquier tala en el pinar de Las Navas del Marqués (Ávila). El juez tomó la medida hasta que decida si el constructor alicantino Francisco Gómez, El Paloma, cometió delito ecológico al talar 5.000 pinos de un bosque protegido pese a que una sentencia prohibió la urbanización de 1.600 chalés y campos de golf que pretendía levantar allí con apoyo de la Junta de Castilla y León, del PP. La paralización se produce después de que el fiscal apreciase "indicios racionales de un delito contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente".
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León prohibió a finales de septiembre la Ciudad del Golf, un complejo urbanístico de 1.600 chalés, hotel y campos de golf que la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Navas (ambos del PP) impulsaron en el pinar pese a estar protegido. Altos cargos de la Junta, del Ayuntamiento y de la Diputación de Ávila pactaron con el promotor que recalificarían el pinar años antes de iniciar los trámites ambientales; se comprometieron por escrito a indemnizarlo si los técnicos frenaban la urbanización, y duplicaron la superficie pactada inicialmente. Los técnicos se opusieron porque en la zona anida la cigüeña negra, una especie en extinción, pero la recalificación salió adelante.
El constructor alicantino El Paloma inició la tala de árboles tras conocer que el tribunal había suspendido la urbanización. En dos días taló unos 5.000 árboles, según los vecinos. Ni la Guardia Civil se lo impidió.El promotor alegó que nadie había pedido la ejecución de la sentencia. Nadie la pidió porque el recurrente era otro constructor enfadado porque su terreno no era urbanizable y ya no le interesa frenar la obra. Aunque el constructor paró la tala, advirtió: "No descarto seguir con la tala de pinos cuando todo se calme".
El auto seguirá vigente mientras el juez investiga si El Paloma cometió delito ecológico, en un trámite que puede durar meses o incluso años y que cuanto más tarde más probabilidades tiene de que la urbanización no prospere. El juez sostiene que si permite que siga la tala nunca se podría aplicar la sentencia que prohíbe la obra. El proceso penal por delito ecológico se dirime al margen del recurso de casación que la Junta de Castilla y León han presentado ante el Supremo. Ese proceso durará previsiblemente años.
Lo que significa que si el juez de Ávila decide que no hubo delito ecológico en la tala y que El Paloma no tenía por qué obedecer una sentencia que no era firme, entonces el promotor tendrá vía libre para acabar con el refugio hasta que decida el Supremo.
El fiscal solicitó al juez la paralización "cautelar de la actividad de despeje y desbroce del terreno, incluida la tala de arbolado, iniciada el pasado 3 de octubre por la empresa Romufor, S.L., contratista de la empresa Residencial Aguas Nuevas", propiedad de El Paloma. El escrito del fiscal recuerda que las obras se encuentran paralizadas desde el pasado 9 de octubre por el Ayuntamiento, "previa solicitud de la Fiscalía de Medio Ambiente", aunque añade que si el juez no lo impedía: "Esa situación puede cambiar en cualquier momento, ya que la corporación municipal ha anunciado que sólo durará el tiempo que se tarde en estudiar la viabilidad del recurso de casación", que ya ha presentado. El fiscal argumenta en su escrito que las obras reproducirían "un deterioro irreparable del medio ambiente".
31. CASTILLA Y LEÓN: PIDEN UN MILLÓN DE M3 DE AGUA AL AÑO PARA LA URBANIZACIÓN DE VILLANUEVA (31/10/06)
32. REGIÓN DE MURCIA: UN JUEZ INVESTIGA AL ALCALDE DE MAZARRÓN POR PAGOS A UN CONCEJAL QUE VOTÓ EL PLAN GENERAL (30/10/06)
El juez titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Totana (Murcia) investiga el pago de 33.000 € por parte del alcalde de Mazarrón, Francisco Blaya (PP), al concejal Domingo Valera, cabeza de lista del Partido Independiente por Mazarrón (PIXM), cuyos tres concejales han permitido con su apoyo la reclasificación de más de 41 millones de m2 de suelo rústico que pasarán a ser urbanizables. El 26 de septiembre, el alcalde aprobó con los votos de su partido y de los tres ediles localistas el avance del Plan General de Ordenación Urbana, que hace posible que se puedan construir hasta 43.000 viviendas en la zona norte, según la edificabilidad prevista por el Ayuntamiento.
Principalmente, son tres las empresas beneficiadas: Polaris World, con más de 7 millones de m2; Euromarina, seis millones; e Iniciativas Urbanísticas de Mazarrón (alrededor de 5 millones). Esta última sociedad fue creada en noviembre de 2005 en Madrid, y se ha comprometido, sin ninguna contrapartida conocida públicamente, a hacerse cargo de la deuda de 6,5 millones de € que ha contraído el Ayuntamiento desde 1995, bajo los mandatos del ex alcalde Domingo Valera y del actual, Francisco Blaya, del PP, con la empresa que presta los servicios de la limpieza, Urbaser. Esta sociedad desempeña las mismas labores en ciudades como Orihuela, donde está siendo investigada por presuntos pagos ilegales a varios ediles.
Si las empresas favorecidas por la reclasificación de los terrenos rústicos logran su objetivo en Mazarrón, municipio en el que hay unos 32.000 habitantes empadronados y unas 28.000 casas, se podrían construir hasta 43.000 nuevas viviendas, según el estudio realizado por la oposición socialista, cuyo secretario general en Mazarrón, Francisco García, no tuvo acceso a las cuentas municipales hasta que el Tribunal de Cuentas obligó al alcalde a hacerlas públicas.
El alcalde investigado rechazó, tras aprobarse el avance del plan general, las críticas de la oposición, al tiempo que explicó que uno de los objetivos generales de la revisión del plan general "es preservar el patrimonio cultural y medioambiental del municipio, especialmente el litoral, donde no se propone ni un solo metro de suelo urbanizable".
En este sentido, Francisco Blaya remarcó que protegerán una zona denominada Puntabela. El primer edil resaltó, asimismo, que el plan general se presenta con "total transparencia y coherencia y como una propuesta abierta al debate de las opiniones de los ciudadanos mazarroneros".
Mientras tanto, el juzgado de instrucción de Totana investiga de esta forma la querella presentada por la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) contra el alcalde de Mazarrón y el concejal Domingo Valera, del Partido Independiente por Mazarrón (PIXM), por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Según la querella, tras las elecciones de 2003, el pleno del Ayuntamiento acordó, con los votos a favor del PP y en contra del PSOE, conceder la dedicación exclusiva a Valera, ex alcalde de Mazarrón por el PP, con un sueldo bruto de 31.365 € en catorce pagas, así como la "media liberación" para el resto de ediles del PIXM. La querella se dirige también contra el interventor y tesorero del Ayuntamiento, Pedro Sánchez y Juan Martínez, respectivamente.
Según el fiscal, "al margen del pleno, Francisco Blaya acordó con Valera la entrega de las cantidades que en cada momento requiriera de la corporación, que habrían de disfrazarse, para darles apariencia de legalidad, como anticipos de su sueldo". Añade que esas entregas de dinero "nunca tuvieron ese carácter, sino el de meros regalos realizados con dinero público". Valera recibió 33.000 € entre el 15 de septiembre de 2003 y el 11 de agosto de 2005, según indica la querella, que destaca que el dinero fue entregado por el interventor, con su oposición verbal, "siguiendo las arbitrarias instrucciones del alcalde". El documento del fiscal indica que cada vez que Valera pedía dinero al tesorero del Ayuntamiento, "le llamaba por teléfono al alcalde para ponerlo en su conocimiento y éste autorizaba el pago, que se documentaba en Tesorería mediante recibos manuscritos por el tesorero". Posteriormente, "Blaya firmaba la orden de pago justificado como anticipo de pagos al personal".
33. PRINCIPADO DE ASTURIAS: UN MIEMBRO DEL PP, IMPLICADO EN EL CASO PIPOL (03/11/06)
Uno de los acusados del caso Pipol, Pedro Corao Meré, formó parte de las listas locales del Partido Popular en el municipio asturiano de Colunga durante el concejo de 1999. Corao aparecía como segundo suplente en las listas populares, según informó un diario digital asturiano. El fiscal especial antidroga de Asturias, José Perals, acusa al militante del PP de un delito contra la salud pública y lo incluye en la lista de imputados en el juicio que se sigue en Gijón contra al menos veinte personas acusadas de tráfico de drogas y explosivos. Perals relaciona a Corao con el tráfico de cocaína, que supuestamente el militante popular compraba en grandes cantidades para luego revenderla. El fiscal pide para Corao una pena de cinco años de prisión por su intervención en el llamado caso Pipol, en el que también están implicados el ex minero Emilio Suárez Trashorras y su cuñado, Antonio Toro, imputados además por su supuesta participación en los atentados del 11-M
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