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ÍNDICE
1. LA RESPONSABLE DE POLÍTICA TERRITORIAL DEL PP DESAUTORIZA A ZAPLANA (12/10/06)
2. EL TRIBUNAL DE CUENTAS ABRE DILIGENCIAS PARA ENJUICIAR CONTRATOS DE TRABAJO DE LA ERA ZAPLANA (07/10/06)
3. AZNAR Y SU VERBORREA POLÍTICA (07/10/06)
4. EL JEFE DE LOS FORENSES TURCOS DENUNCIA PRESIONES DE DEFENSA EN EL 'CASO YAK' (10/10/06)
5. CATALUÑA: UN ALTO CARGO DEL PP AGREDIÓ A UN MANIFESTANTE EN MARTORELL (12/10/06)
6. ANDALUCÍA: LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN INVESTIGARÁ LAS IRREGULARIDADES DE QUALITY FOOD (10/10/06)
7. ANDALUCÍA: COLECTIVOS POLÍTICOS Y VECINALES DE JAÉN ACUSAN AL PP DE CREAR GUETOS (13/10/06)
8. MADRID: PORTO ASESORÓ DESDE SU DESPACHO OFICIAL UN TRABAJO PRIVADO EN CÁCERES (10/10/06)
9. MADRID: AGUIRRE RECURRIÓ A UN BUFETE PARA ELUDIR LAS TRABAS DE LOS TÉCNICOS A UN PLAN URBANÍSTICO (12/10/06)
10. MADRID: EL CONSEJERO ZABÍA FICHA A UNA SOBRINA PARA SU DEPARTAMENTO Y LA ASCIENDE (12/10/06)
11. MADRID: GERMÁN YANKE DEJA TELEMADRID TRAS NEGARSE A ALENTAR LA TEORÍA CONSPIRATIVA DEL 11-M (10/10/06)
12. MADRID: EL CONSEJO DE LA JUVENTUD DEJÓ SIN JUSTIFICAR EN 2004 EL 22% DE SUS GASTOS (13/10/06)
13. MADRID: EL CONCEJAL DE SEGURIDAD ATRIBUYE A LA INMIGRACIÓN EL AUMENTO DE LA VIOLENCIA (10/10/06)
14. COMUNIDAD VALENCIANA: BRUSELAS CERTIFICA QUE LA LEY URBANÍSTICA DEL CONSELL INCUMPLE LA DIRECTIVA SOBRE CONTRATOS (13/10/06)
15. COMUNIDAD VALENCIANA: EL PP HACIENDO GALA DE GRAN TRANSPARENCIA: RECHAZA HACER PÚBLICA LA RENTA Y BIENES DE LOS POLÍTICOS (07/10/06)
16. COMUNIDAD VALENCIANA: El Consell lleva 7 cocineros, 12 pinches y decenas de invitados a la cena de 300 personas en Bruselas (12/10/06)
17. COMUNIDAD VALENCIANA: LA GENERALITAT DIO 435.517 € EN 2005 A UNA PLATAFORMA VECINAL AFÍN AL CONSELL DEL PP (09/10/06)
18. COMUNIDAD VALENCIANA: El juez cita al ex director financiero del Ivex como imputado (09/10/06)
19. COMUNIDAD VALENCIANA: FABRA CONTRA FABRA (13/10/06)
20. COMUNIDAD VALENCIANA: EL PADRE DE LA PRESIDENTA DEL PP EN ORIHUELA CONSTRUYÓ UNA CASA ILEGAL EN SUELO NO URBANIZABLE (12/10/06)
21. COMUNIDAD VALENCIANA: LA DIMISIÓN DEL ALCALDE DEL PP ABRE UNA NUEVA CRISIS EN EL AYUNTAMIENTO DE XERESA (12/10/06)
22. COMUNIDAD VALENCIANA: UNA URBANIZACIÓN DE CHALÉS APROBADA EN BENIATJAR REVALORIZA SUELO DE UN CONCEJAL DEL PP (13/10/06)
23. REGIÓN DE MURCIA: LA OPERACIÓN MALAYA PONE CERCO AL PP MURCIANO A CUENTA DEL POLÉMICO PELOTAZO DE LA FINCA DE LO POYO (10/10/06)
24. ISLAS BALEARES: ESTA SI ES UNA CARRERA METEÓRICA: DE CAMARERA A JEFA DE GABINETE DE LA CONSEJERA DE INMIGRACIÓN DE BALEARES
25. ISLAS BALEARES: LA PLATAFORMA ANTI AUTOPISTA PIDE LA DIMISIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSELL (PP) POR “SU CORRUPCIÓN Y CINISMO” (10/10/06)
26. CASTILLA Y LEÓN: CASTILLA Y LEÓN RECURRE LA SENTENCIA QUE IMPIDE TALAR EL REFUGIO DE CIGÜEÑAS PARA CONSTRUIR UN CAMPO DE GOLF (12/10/06)
27. CASTILLA Y LEÓN: EL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID (PP) NO QUIERE QUE LOS INMIGRANTES CONDUZCAN TAXIS (12/10/06)
28. CASTILLA-LA MANCHA: EL PP DE TOLEDO: “BASTANTE DESGRACIA TIENEN LOS POBRES DE MURCIA, SIN AGUA” (07/10/06)
1. LA RESPONSABLE DE POLÍTICA TERRITORIAL DEL PP DESAUTORIZA A ZAPLANA (12/10/06)
La secretaria de política territorial del Partido Popular, Soraya Sáez de Santamaría, desautorizó en el Congreso de los Diputados al portavoz parlamentario de su grupo, Eduardo Zaplana, que poco antes había dicho que a su partido le parece “inasumible” el Estatuto andaluz y que era “tremendamente complicado” alcanzar un acuerdo con los socialistas. No sólo el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, refutó las palabras de Zaplana en la ponencia de la comisión constitucional del Congreso de los Diputados, sino que la responsable de política territorial también restó valor a la negativa tajante del portavoz parlamentario de apoyo a la reforma del Estatuto de autonomía andaluz.
Varios ponentes de distintos partidos se hicieron eco de las palabras de Zaplana a través de mensajes cortos de móvil (sms) y exigieron explicaciones a los ponentes ‘populares’ de la comisión. El secretario general del PP andaluz se quedó perplejo ante estas afirmaciones, lo que obligó a la diputada Soraya Sáez de Santamaría ha intervenir y afirmar que “ella representaba a la dirección nacional del PP en estas negociaciones” y que Zaplana “no era una voz autorizada en este asunto”.
Así las cosas, esta mañana varios diputados del PSOE e IU en la Asamblea de la Junta de Andalucía han pedido a Javier Arenas que se plante ante lo que han denominado como “zaplanazo”. Mientras, los diputados del PP guardan silencio y no quieren pronunciarse sobre este enfrentamiento.
2. EL TRIBUNAL DE CUENTAS ABRE DILIGENCIAS PARA ENJUICIAR CONTRATOS DE TRABAJO DE LA ERA ZAPLANA (07/10/06)
Antonio de la Rosa, consejero de la sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, propuesto por el PP, ha iniciado "diligencias preliminares" para enjuiciar el posible perjuicio económico causado a las arcas públicas por tres contratos de publicidad celebrados por la cúpula ministerial de Trabajo durante el mandato de Eduardo Zaplana. Esta iniciativa es consecuencia del informe fiscalizador aprobado en 2006 y elaborado por el consejero Ciriaco de Vicente. De la Rosa se ha dirigido ya a los distintos organismos de Trabajo que pudieron verse perjudicados económicamente para que, si lo creen pertinente, se sumen al procedimiento abierto en calidad de perjudicados por la cúpula ministerial de dicho ministerio durante la etapa de Zaplana. La actuación del citado consejero se ciñe a tres contratos:
- Contrato de asesoramiento jurídico sobre el Plan de Comunicación Global.
Fue adjudicado por el propio Ministerio de Trabajo sobre un plan de Comunicación para garantizar su legalidad. Fue otorgado cuando ya había concluido. De ahí que el fiscal viera las siguientes anomalías en este caso. "Que en dicha fecha había concluido todo el proceso del convenio y del contrato, con lo que el informe solicitado resultaba inoperante e innecesario.
- Que el ministerio contaba, sin duda, con el trabajo gratuito de los servicios jurídicos del Estado.
- Que la empresa jurídica consultora privada, con fecha 12 de abril de 2004, emitió su informe por el que se abonaron 11.948 €. El pago de estos honorarios supone un quebranto para el tesoro público, absolutamente prescindible e innecesario".
- Campaña de pensiones de 2004. Contratado por el INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social). La campaña dicho y hecho de Trabajo de 2004 coincidió con la campaña electoral del 14-M, por lo que fue suspendida por la Junta Electoral. A juicio de la fiscalía, tal solapamiento era previsible y evitable. "Era evidente la coincidencia entre los días de desarrollo de la contratación publicitaria y la prohibición de la misma los días 20 a 25 de enero. Sin embargo, el trabajo contratado por la empresa adjudicataria, Over Márketing, para los días de coincidencia debió abonarse, como así se hizo con el consiguiente quebranto del tesoro público como consecuencia de la ligereza con que actuó la Administración. El reembolso de la cantidad ha de ser corregido inmediatamente mediante enjuiciamiento por alcance en base a una indiciaria responsabilidad contable". La Abogacía del Estado iba más lejos y consideraba que todo el contrato fue injustificado, por tanto, debería reintegrarse su monto global, 7,2 millones de €.
- Campaña contra el fraude en la Seguridad Social de 2002. Lo contrató la Tesorería General de la Seguridad Social.
Al separar la creatividad del plan de medios, se realizó un irregular fraccionamiento del contrato, lo que ya sería ilegal, pero, además, fue imposible su coordinación y, por tanto, su ejecución. "En consecuencia, la Administración debió abonar a la empresa adjudicataria de creatividad 480.810 € por el inútil trabajo desarrollado y, además, debió abonar el gasto de publicidad del segundo que después se declaró desierto por un valor de 11.236 €. Es decir, que las arcas del Tesoro sufrieron un perjuicio de 492.046 €".
En estos tres contratos presuntamente constitutivos de alcance, según coincidían el informe, el fiscal y la Abogacía del Estado, se han centrado las diligencias preliminares de De la Rosa, que ha ofrecido a los distintos organismos concernidos personarse en el procedimiento con vistas a una posible demanda por el supuesto perjuicio, lo que ya han hecho algunos. Igualmente, se ha ofrecido sumarse a dichas diligencias a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que, igualmente, ya se ha personado en alguno de estos tres casos. Tras la personación, los siguientes pasos serían el nombramiento del delegado instructor, que fijaría la cuantía inicial del daño económico y luego la presentación de las eventuales demandas.
3. AZNAR Y SU VERBORREA POLÍTICA (07/10/06)
El ex presidente del Gobierno, José María Aznar, niega que dedique su tiempo a hablar de asuntos políticos tantas veces como alude a ellos. En una entrevista con el diario chileno El Mercurio, Aznar acusó al PSOE de propiciar "el éxito" de los terroristas del 11-M, por haber responsabilizado de los atentados al Gobierno del PP. Además, se refirió al proceso de paz dando por hecho que el Estado se rendirá ante ETA. Aznar insiste en que su mujer, Ana Botella, concejala del Ayuntamiento de Madrid, "es hoy la única política de la familia". El Mercurio contribuye a su tesis. Sin embargo, el responsable de la Fundación FAES entra de lleno en el terreno político cuando se le pregunta por el 11-M. Sobre los efectos de los atentados de Madrid, Aznar afirma que "los terroristas siempre quieren intervenir en el proceso electoral de un país".
Pero, según Aznar, una estrategia terrorista como la del 11-M necesita de "éxito". A eso contribuyeron los socialistas, "la oposición, mayoría ahora", que "en lugar de responsabilizar a los terroristas" del atentado, "responsabiliza al Gobierno español", es decir, al Ejecutivo que él presidió. Aznar se remite a su experiencia personal y confiesa cuál fue uno de sus primeros pensamiento en el 11-M: "Los terroristas una vez habían tratado de evitar que yo llegara al Gobierno intentando asesinarme. Ahora yo no era candidato, pero los terroristas decidieron despedirme intentando que mi partido no continuara en el poder".
Las menciones al terrorismo no terminan ahí. Como viene siendo costumbre en él, se explaya sobre el proceso de paz, por mucho que El Mercurio afirme en la presentación que Aznar "no olvida, ni por un minuto, la prudencia que corresponde" a un ex presidente. "Hace dos años, el problema era que ETA se rindiera", sostiene, "hoy la cuestión es cuánto tardará el Estado español en rendirse". Las críticas políticas del ex presidente se extienden al campo ideológico de la izquierda, sin perder de vista el escenario español. "No se sabe muy bien lo que son los progresistas", dice Aznar, porque "al haber perdido punto de referencia históricos tras la caída del Muro de Berlín, al no tener proyecto que la sustente", la izquierda "ha abrazado causas del relativismo". ¿El resultado? "Un debilitamiento de los valores tradicionales en los que se fundamenta nuestra sociedad". En su opinión, con la izquierda se ponen en riesgo nada más y nada menos que "la libertad, la tolerancia" y "el respeto institucional".
4. EL JEFE DE LOS FORENSES TURCOS DENUNCIA PRESIONES DE DEFENSA EN EL 'CASO YAK' (10/10/06)
El director del Instituto Forense Turco, Keramettin Kurt, ha asegurado que "un viceministro y unos generales españoles" le pidieron a finales de 2003 asumir la responsabilidad de la confusión por la mezcla de cadáveres y restos humanos tras el accidente del avión Yak-42. En aquel accidente, ocurrido el 26 de mayo de 2003, murieron 62 militares españoles que regresaban de Afganistán, al estrellarse su avión, un Yak-42, en las montañas de Pilav, en la región turca de Trabzon. En una entrevista con el diario Milliyet, uno de los más difundidos en Turquía, Kurt afirma que es la primera vez que revela esta petición de funcionarios españoles, a los que no identifica. Kurt dice a la periodista que le entrevistó, Sukran Pakkan, que no recuerda sus nombres y que no guarda notas de esa entrevista porque era "una cita no planificada". [Según los datos de que se dispone el único alto cargo de Defensa que visitó Turquía en aquellas fechas, el 11de noviembre de 2003, fue el entonces secretario general de Política de Defensa, con rango de subsecretario, Javier Jiménez-Ugarte].
El artículo donde aparece la entrevista lleva como título La inmoral propuesta española al Instituto Forense turco. El responsable dice: "Es la primera vez que voy a revelar esto. Hasta ahora me lo había guardado". Según Kurt, que tres años y medio después sigue al frente del instituto, en el momento del accidente, los funcionarios españoles que se presentaron en el lugar de los hechos querían abreviar al máximo los trámites de identificación de los soldados y -siempre según él- dieron algunas identidades no confirmadas a sabiendas. "Los españoles querían hacer las pruebas de ADN en su país [pero] tenían que esperar hasta que terminara la identificación de los cadáveres. Sin embargo, insistieron y les dimos todos los cuerpos firmando un documento. Se habían establecido las identidades de 32 soldados", relata. "En los otros cadáveres, sencillamente pusieron unas pegatinas con los otros nombres. Pensaron que 'el muerto, muerto está; nadie va a indagar más", continúa.
Meses más tarde, "a finales de 2003", el responsable forense recibió la visita del "viceministro de Defensa y de unos generales españoles". "Vinieron a mí para librarse del escándalo (...) Estaban metidos en un buen lío. Nos rogaron de este modo: 'Fue un error, por favor firmad este papel y nos quedaremos tranquilos". "Firmad este papel para reconocer que el error es vuestro", fueron las palabras que, según Kurt, pronunciaron los españoles. "Yo les dije que era imposible y que ya nos habíamos opuesto desde el principio [a entregar los cadáveres sin identificación]", añadió. Kurt también alude al cambio de Gobierno producido en España en 2004 y a la investigación judicial en marcha. "Se han abierto muchos procesos por compensaciones. Si hubiéramos hecho lo que nos pedían, habrían salido absueltos y nos tocaría a nosotros pagar esas costosas compensaciones", explica, justificando así su actitud en aquella entrevista.
5. CATALUÑA: UN ALTO CARGO DEL PP AGREDIÓ A UN MANIFESTANTE EN MARTORELL (12/10/06)
Los repudiables incidentes ocurridos el pasado martes en el mitin de Martorell, que afectaron a Ángel Acebes y a Josep Piqué, han sido condenados por la mayoría de las fuerzas políticas. Sin embargo, la violencia no vino solo de la mano de "radicales" independentistas. Según un diario catalán, un alto cargo del PP de Cataluña agredió también a uno de los manifestantes, que no representaba amenaza alguna.
Un vídeo emitido por Tele 5 permitió ver cómo el secretario ejecutivo de Organización del Partido Popular de Catalunya, Xavier García Albiol, agredía, de un manotazo en la cara, a uno de los manifestantes que portaba una cacerola y un utensilio de cocina en la mano. Este hecho ocurrió cuando Ángel Acebes y Josep Piqué habían entrado ya en el recinto donde iba a tener lugar el acto electoral. García Albiol justificó su acción diciendo que el individuo al que agredió poseía un palo que pretendía arrojarle. "No me arrepiento y lo volvería a hacer", aseguró. Sin embargo, el visionado de las imágenes a cámara lenta permite comprobar que la intención del agredido no era ésta, sino la de continuar con la "cacerolada" -símbolo, por cierto, de la protesta contra la Guerra de Irak, apoyada por el PP en su momento-. Fuentes del PSC reclamaron al PP que actuara con Albiol como ellos habían procedido por la mañana, cuando expulsaron del partido a Jordi López Font, primer secretario de las Joventuts Socialistes de Martorell, que participó en la manifestación de la víspera a título personal.
Sin embargo, el presidente del PP catalán, Josep Piqué, ha rechazado expulsar a García Albiol del partido o adoptar cualuier tipo de medida disciplinaria, ya que "todavía no está claro que haya sido una agresión". Además aclaó que, en todo caso, "sería la respuesta a una agresión, algo comprensible humanamente". Obviando este incidente -del que su compañero de partido ha sido protagonista y, muy probablemente, el causante-, Piqué ha pedido a los militantes de su partido que "no caigan en las provocaciones en las que unos siempre son los agresores, y otros somos los agredidos".
6. ANDALUCÍA: LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN INVESTIGARÁ LAS IRREGULARIDADES DE QUALITY FOOD (10/10/06)
La fiscal Anticorrupción de Cádiz, Virginia Alonso, se ha fijado como uno de sus primeros retos en su nuevo cargo aclarar las irregularidades detectadas en la Zona Franca gaditana. Ella se encargará personalmente de intentar impulsar la investigación sobre la empresa Quality Food, después de reconocer la lentitud que sufre este procedimiento por los continuos recursos y procesos paralelos. Alonso asegura que, hasta el momento, nada hace pensar que las causas abiertas sobre el recinto fiscal gaditano vayan a ser archivados, por lo que augura que terminarán en juicio.
Las diligencias del caso Quality que la fiscal anticorrupción tratará de agilizar se encuentran en el juzgado número 3 de Cádiz. Se iniciaron cuando la Abogacía del Estado se querelló contra Manuel García Gallardo, el ex propietario de esta compañía de servicios alimentarios participada por la Zona Franca de Cádiz. El empresario está acusado, entre otras cosas, de haber retirado más de un millón de € que debía haber recibido el recinto fiscal gaditano por certificaciones de obra y venta de una parcela. García Gallardo fue imputado de delitos de estafa, fraude y apropiación indebida.
Virginia Alonso reconoce que todo este procedimiento "va lento" y lo justifica en las complicaciones surgidas durante las diligencias en el juzgado, donde se han requerido exhortos, localizaciones de personas, renuncias de abogados, recursos y valoraciones económicas, que han de basarse en informes que han provocado esta demora. "Tengo que empezar ya con este tema e intentar empujar lo que ya ha nacido. He hablado con gente para organizarlo, lo que pasa es que no va tan rápido como nos gustaría", explicó.
La fiscal detalló que, de momento, no participará personalmente en el caso Rilco, la investigación abierta en el juzgado número cuatro de Cádiz sobre las irregularidades detectadas en un portal informático impulsado desde la Zona Franca. En estas indagaciones ya están imputados, entre otros, los dos ex delegados del recinto fiscal durante la etapa del PP, Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna. "Este procedimiento va más avanzado. Por razones de operatividad, seguirá llevándolo el mismo fiscal y yo sólo intervendré para coordinar y asesorar". Alonso cree que ambos casos terminarán en juicio. "Si las diligencias siguen en los juzgados, se entiende que lo que se ha visto ha podido ser constitutivo de infracciones penales. Si sigue vivo, es porque hay algo. De momento, no se plantea un archivo por lo que, en principio, va en el camino de terminar en juicio", señaló.
7. ANDALUCÍA: COLECTIVOS POLÍTICOS Y VECINALES DE JAÉN ACUSAN AL PP DE CREAR GUETOS (13/10/06)
Los dos partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Jaén, PSOE e IU, y la asociación vecinal Expansión Norte han criticado duramente la decisión del gobierno del PP, de construir 3.000 viviendas de promoción pública en un terreno paralelo a la vía del tren. Mientras los grupos políticos acusan al PP de crear guetos sociales y "plegarse a los intereses de promotores privados", el colectivo vecinal cree que esta medida no favorece la integración social y alude a la existencia de "intereses políticos e inmobiliarios".El PP sacó adelante, en el pleno del pasado martes, la aprobación del plan parcial del sector de suelo urbano comprendido entre la estación de Renfe y la carretera de Fuerte del Rey, paralelo a la vía del tren. El proyecto separa, utilizando la vía férrea, los bloques de 3.000 viviendas de promoción pública con las viviendas unifamiliares de renta libre que se construirán en una avenida paralela a la Avenida de Andalucía.El concejal socialista Manuel Martínez Plaza justificó el rechazo de su grupo a este proyecto al entender que "segrega las viviendas protegidas de las de renta libre, es decir, que separa a los pobres de los ricos", porque es un plan urbanístico que está "mal diseñado" y se "margina" a los equipamientos e infraestructuras públicas. Martínez Plaza manifestó que el PP "ha atendido a los intereses económicos de los promotores y sigue a pies juntillas lo que éstos le dicen". En la misma línea se pronunció el concejal de Izquierda Unida, José Luis Cano, para quien el Ayuntamiento tiene potestad para diseñar un territorio, algo que, según dijo, "no ha querido hacer para que los empresarios ganen más". "Se han plegado a los intereses de los promotores privados", aseveró Cano.
Mientras, la asociación de vecinos Expansión Norte, un barrio de 22.000 habitantes en la confluencia de la estación de Renfe de la capital jiennense, se ha mostrado contrariada por la decisión del Ayuntamiento jiennense. "A todos les importa muy poco las necesidades básicas de este barrio y la tan manoseada integración social, pero sí se utilizan demagógicamente las palabras ricos y pobres en pleno siglo XXI", indicó la junta directiva en un comunicado.Para este colectivo vecinal, la decisión municipal obedece a "intereses políticos e inmobiliarios", y sospechan que la intención del Ayuntamiento es hacer del casco antiguo "un lugar privilegiado", en alusión a que buena parte de los destinatarios de las viviendas de promoción pública son personas que viven ahora en los barrios más desfavorecidos del casco antiguo de la ciudad.
Por su parte, el concejal de Urbanismo, Manuel Peragón, del PP, defendió en el pleno el proyecto: "Es una cuestión de decisión política, y sólo hemos dado cauce a una iniciativa privada", dijo lacónicamente, tras indicar que en dos o tres años puede empezar la construcción de las 3.000 viviendas previstas. El conflicto tiene cierta similitud con el acaecido en los últimos años con la construcción de 91 viviendas sociales en la calle Miguel Castillejo, pues aquí también hubo rechazo vecinal por entender que se estaba propiciando la creación de güetos.
8. MADRID: PORTO ASESORÓ DESDE SU DESPACHO OFICIAL UN TRABAJO PRIVADO EN CÁCERES (10/10/06)
Enrique Porto siguió asesorando desde su despacho oficial de director general de Urbanismo un plan urbanístico en Cáceres capital -gobernada por el PP- que le fue adjudicado antes de su nombramiento. Así lo acredita un fax enviado desde su dirección en febrero pasado en el que da instrucciones sobre una parcela cuyo descomunal aumento de edificabilidad ha causado la dimisión de un edil del PP, que habla de ilegalidad. Por otro lado, la consultora Plarquin tenía asegurado a Porto durante su mandato como "arquitecto colaborador", pese a su declarada desvinculación de ella cuando tomó posesión.
Diferentes documentos apuntan a que Porto, en contra de lo manifestado por él y asumido por el Gobierno de Esperanza Aguirre, nunca se desvinculó de su actividad privada ni de su consultora Plarquin tras ser nombrado director de Urbanismo de la Comunidad de Madrid en diciembre de 2003.
Existe una primera e insólita evidencia: un fax enviado por Porto desde la Dirección General de Urbanismo el pasado 13 de febrero, con el siguiente mensaje: "Por indicación de don Enrique Porto, te envío la siguiente documentación". El fax lleva el sello de la Dirección General de Urbanismo, y deja como teléfonos de contacto los del despacho oficial, así como su número de fax. Va enviado a Antonio Pimenta, de Prointec, firma que contrató en enero de 2003 los servicios de Porto como uno de los arquitectos que realizaría la revisión del plan general de Cáceres, cuyo alcalde es José María Saponi (PP).
El fax de Porto va referido a una finca del casco urbano cacereño de unos 11.000 m2 donde existía un colegio de las monjas carmelitas. En función del nuevo plan, la superficie edificable en dicho suelo pasaría de 7.910 m2 a 60.500, con inclusión de un colegio, pero en su mayor parte destinados a la construcción de un gran centro comercial, y uso terciario y residencial. Tal revisión se ha producido por un convenio cuya legalidad cuestionan sus detractores. Y sobre dicha parcela el director de Urbanismo de Madrid asesora en cuatro folios a sus compañeros de equipo redactor en febrero de 2006.
El alto cargo de Aguirre apunta a Prointec cuáles pueden ser los límites o los volúmenes de edificabilidad, la reserva para dotaciones públicas, la cesión de terrenos para dotaciones y participación en las plusvalías, y la "monetización" de las cesiones. Para ello compara la normativa extremeña con la madrileña. Esta operación ha sido tan polémica que ha costado la dimisión, de un edil cacereño del PP, Manuel Rodríguez Cancho, por creer que "roza la ilicitud y la ilegalidad", y que la compensación por multiplicar su edificabilidad -unos 2,5 millones €- "es escasa para la repercusión que la obra tendrá en la zona". Este expediente, la parcela de las carmelitas, vio frustrada su aprobación por la comisión municipal de Urbanismo
Existe un segundo documento que apunta que Porto mantuvo su actividad privada tras su nombramiento como director de Urbanismo de Esperanza Aguirre. El 18 de febrero de 2004, la aseguradora Dual International, en nombre de Lloyd's, le recuerda a Plarquin -firma que teóricamente ha abandonado Porto tras su nombramiento en diciembre de 2003- que su cobertura de responsabilidad civil profesional cubre las actividades de los "arquitectos socios": Enrique Porto Rey; su esposa, Pilar Fernández González, y su socio, José María Fernández del Río. El 5 de marzo de 2004, dicha aseguradora comunica a Plarquin que ha cambiado la póliza conforme a las instrucciones recibidas un mes antes de dicha consultora.
El cambio operado en la cobertura de los servicios profesionales de sus arquitectos es muy significativo: Porto ya no es asegurado como socio, sino como colaborador. "Queda cubierta la actividad profesional al servicio de la sociedad de los arquitectos colaboradores de la misma, Enrique Porto y Miguel Ángel García Horcajada, y excluida toda su actividad fuera de dicha sociedad". No se trata de garantizar con la póliza pasados trabajos profesionales de Porto dentro de la sociedad, ya que hasta febrero de 2004 estuvo cubierto como "arquitecto socio", sino las que desempeñe en adelante como "arquitecto colaborador".
Y tampoco cabe colegir que la cobertura del seguro se refiera a las actividades profesionales realizadas por Porto en el pasado a título individual. La póliza es tajante: "Quedan excluidas las reclamaciones que se puedan presentar contra los tres arquitectos socios de la sociedad y de los arquitectos colaboradores [Porto] por sus actuaciones profesionales realizadas con anterioridad a la fecha de actividad de la citada sociedad 1/6/2000".
Porto se autoaplica esa fórmula de arquitecto colaborador de Plarquin para intentar fortalecer la apariencia de desmarque de ella que ha intentado plasmar con la venta de sus acciones en dicha firma tras su nombramiento como director general de Urbanismo. Ocurre que dicha venta de su paquete accionarial recae en personas con las que sigue manteniendo vínculos societarios a través de varias inmobiliarias. Y sucede que Plarquin le factura cada mes cerca de 6.000 € por alquiler a una de sus inmobiliarias, Fernández y Porto.
9. MADRID: AGUIRRE RECURRIÓ A UN BUFETE PARA ELUDIR LAS TRABAS DE LOS TÉCNICOS A UN PLAN URBANÍSTICO (12/10/06)
El Gobierno de Madrid, presidido por Esperanza Aguirre (PP), pagó a un bufete privado para avalar un plan urbanístico al que puso trabas el jefe del servicio de planeamiento. Este técnico dependía de Enrique Porto, el director general de Urbanismo que dimitió hace una semana. Para aprobar el plan que rechazaba su jefe de planeamiento, Porto contrató a uno de los bufetes de abogados de mayor prestigio y coste en Madrid. Con ese informe, y otro de los dueños, dio vía libre a un proyecto que permitía más edificabilidad a los promotores de la que el técnico admitía y les brindaba un beneficio de más de 30 millones.
El polémico plan se situaba en el sector 3 del municipio madrileño de Villanueva de la Cañada. El jefe de Planeamiento, Jesús Sánchez-Cabezudo, forzó que en el expediente de ese plan se incorporase su informe negativo, que entregó en mano a Porto como garantía de que "estaría donde tenía que estar", según explicó su autor a este periódico.
El plan que cuestionaba Sánchez-Cabezudo se iba a desarrollar en el mismo municipio donde el ex director general poseía, con sus socios, más de 22.000 m2, sobre los que tomó una decisión como cargo público para eliminar los obstáculos que impedían su urbanización y, después de hacerlo, vendió en 2006 las fincas que tenía por 4,3 millones €. En el sector 1 de Villanueva donde Porto tenía terrenos, el ex director general de Urbanismo obvió directamente la tenaz oposición de sus dos técnicos y no incorporó su opinión al expediente. En el sector 3 sobre el que informó en contra Sánchez-Cabezudo, no pudo hacer otro tanto. El técnico impuso que se incorporara su escrito al expediente, pero el resultado fue el mismo: hizo caso omiso de la opinión del funcionario experto en la materia.
La controversia en torno a la aprobación del plan urbanístico era si se podía incluir como suelo urbanizable del sector y computarlo a efectos del volumen total edificable, un espacio calificado de "montes preservados". Porto entendía que sí, con lo que aumentaba la edificabilidad (la superficie total construida). El técnico entendía que no, que los propietarios debían restar 28.000 metros de los montes a la superficie total del sector. Además, también juzgaba excesivo el coeficiente por el que multiplicaban el suelo para determinar el volumen final edificable del sector. Los promotores pretendían que fueran 0,2392 m2 por m2; y el técnico lo rebajaba a 0,2179.
¿Qué ocurrió ante tales planteamientos desfavorables del jefe de los técnicos? La dirección de Urbanismo que encabezaba Porto para acallar - "contrastar jurídicamente", según la versión oficial- los argumentos de su responsable técnico, utilizó dos dictámenes jurídicos privados: uno de ellos lo facilitaron los propios promotores privados de los terrenos -los más interesados en conseguir la mayor edificabilidad posible-; y el otro fue encargado y pagado con dinero público por la propia dirección general a un bufete de los más caros de Madrid. Ambos dieron la razón a la tesis que ya defendía Porto desde que tramitó ya el anterior sector (Los Pocillos de Villanueva de la Cañada, donde poseía terrenos y, por tanto, intereses).
Los dos dictámenes sostuvieron que los montes preservados podían ser computados como urbanizables a efectos de rentabilizarlos en el aprovechamiento global por los dueños. Ésa era la tesis previa de Porto, como confió él mismo en sus reuniones con mandos del departamento, ya que suponía una "gran ocasión" para los promotores. El plan bendecido por Porto superaba -según el informe de su jefe técnico -, en 30.197 metros cuadrados la edificabilidad legal del sector. ¿En qué se traduciría este plus de edificabilidad aprobado a favor de los promotores? Pues en que podrían construir 150 viviendas unifamiliares más o 300 pisos más por encima del marco legal, siempre según cálculos de expertos.
A razón de un mínimo de 1.000 €/m2 construido, daría un beneficio neto -no habría existido de haber prevalecido el criterio del técnico- de más de 30 millones €. El informe que recoge toda la tramitación del plan, que firma el subdirector de Urbanismo, Mariano Trías, revela que "con fecha 22 de octubre de 2004, el jefe del servicio de Planeamiento y Control del Madrid Metropolitano, solicita la incorporación al expediente de sendos informes de fechas de 8 y 11 de octubre de 2004, en los que tras diversas consideraciones técnicas informa desfavorablemente el expediente".
Sánchez-Cabezudo relató cómo logró que su informe se incluyera en el expediente: "Lo entregué en mano y firmado al director general. Me pareció la mejor la manera de garantizar que mi informe se incorporara al expediente y de tener la seguridad de que estaría donde tenía que estar”.
10. MADRID: EL CONSEJERO ZABÍA FICHA A UNA SOBRINA PARA SU DEPARTAMENTO Y LA ASCIENDE (12/10/06)
Pilar Lara Zabía no sólo es sobrina del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad, Mariano Zabía, sino que además trabaja a sus órdenes en la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. La firma del consejero consta en una orden, fechada el 23 de junio de 2005, por la que, a través del procedimiento de libre designación, una de sus sobrinas ascendió cuatro categorías laborales a los ocho meses de obtener la plaza de funcionaria. Pasó de ser técnico titulado superior en la Consejería de Familia a ser técnico de apoyo en la consejería que dirige su tío. Según un portavoz de Medio Ambiente, el consejero "nunca" participó en el proceso. Zabía no quiso hacer declaraciones.
Pilar Lara Zabía, arquitecta, se presentó a las oposiciones de ingreso en el Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos Superiores de la Comunidaden otoño de 2004. La nota que obtuvo la colocó en el penúltimo puesto de los 19 opositores, según un documento de la Dirección General de la Función Pública del 7 de octubre de 2004. La sobrina del consejero obtuvo una calificación media de 17,43 puntos, mientras que el candidato con mejor nota obtuvo 25,31 puntos.
El resultado le valió a Lara Zabía para obtener una plaza de técnico titulado superior en el Servicio de Obras e Instalaciones del Servicio Regional de Bienestar Social, que depende de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Pero, 8 meses después, la sobrina del consejero se presentó a un procedimiento de libre designación por el que obtuvo una plaza de técnico de apoyo de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, que depende de otra consejería: Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. El cambio de puesto le ha supuesto a Lara Zabía pasar de un nivel de complemento de destino 22 -el que reciben los técnicos de grado superior nada más superar la oposición- a uno del tipo 26. Es decir, cuatro grados más alto. En ese nuevo cargo se encarga de coordinar la evaluación ambiental de los planes urbanísticos de los municipios, y emite informes definitivos para autorizar los expedientes de los técnicos.
El portavoz de Medio Ambiente negó que ese cambio de status esconda un caso de favoritismo hacia la sobrina del consejero, porque Lara Zabía se trasladó de consejería a través de un concurso de libre designación. "Fue un proceso público", recalcó el portavoz, que aseguró que el consejero "nunca" participó en ese procedimiento y que desconocía el ascenso de su sobrina. Según él, quien firmó la orden fue el secretario general técnico del departamento, "por delegación" de Zabía. Y así figuran, junto al nombre de Zabía, las siglas PD (por delegación) y la firma del secretario.
"Todos los que cumplen las condiciones se pueden presentar a esa plaza de técnico. Es el jefe de servicio de la dirección general el que decide", agregó el portavoz. Esta dirección general está a las órdenes directas de Mariano Zabía. El mismo portavoz explicó que es habitual que un funcionario suba varios niveles de categoría si hay un puesto vacante y es reclamado expresamente para él. Y que la mayoría de los 19 compañeros de oposición de Lara Zabía también ocupa un nivel 26.
11. MADRID: GERMÁN YANKE DEJA TELEMADRID TRAS NEGARSE A ALENTAR LA TEORÍA CONSPIRATIVA SOBRE EL 11-M (10/10/06)
El periodista Germán Yanke, director y presentador del informativo Diario de la noche de Telemadrid, anunció su dimisión. Oficialmente, esta decisión es consecuencia de un ajuste en el presupuesto del programa. Sin embargo, fuentes próximas al periodista aseguran que responde a las presiones ejercidas por el director general, Manuel Soriano, y por la propia presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre (del PP), para alentar la teoría de la conspiración sobre el 11-M y seguir la línea informativa cultivada por el diario El Mundo y la Cope. La dimisión de Yanke se produce pocos días después de la entrevista que el periodista realizó a Aguirre. Ante las cámaras de Telemadrid, la presidenta regional se sintió visiblemente incómoda con algunas preguntas. Hasta el punto de que acusó a Yanke de "comprar los argumentos de sus adversarios".
Tanto el comité de empresa como los grupos de la oposición atribuyeron la salida de Yanke a las "presiones informativas" ejercidas desde la dirección para "tenerlo todo controlado" ante las próximas elecciones autonómicas. Los sindicatos sostuvieron, además, que la dirección de Telemadrid consideraba que Yanke "trabajaba para el enemigo" porque "no entró en la teoría de la conspiración sobre el 11-M".Uno de los colaboradores de Diario de la noche, Pablo Sebastián, responsabilizó a Aguirre de la "caza y captura" del programa y aseguró que "la militancia conspirativa de Telemadrid, liderada por el director general y responsables de los informativos, sólo encontró resistencia en la independencia profesional de Diario de la noche, al que Manuel Soriano lleva presionando meses y meses". Sebastián agregó que este telediario ha marcado "la diferencia en la actual batalla mediática y política en torno a la presunta conspiración del 11-M que agitan Acebes, Zaplana y Aguirre desde el corazón del PP". Y remarcó que los informativos de la mañana y de la tarde son "fanáticos y obedientes seguidores, ofreciendo a diario en crónicas especiales la versión conspirativa de las portadas de El Mundo". En esta línea, mantuvo que la dirección de Telemadrid presionó para que los responsables del programa se pusieran "a la orden" del director adjunto de ese diario, Casimiro García Abadillo.El presidente del comité de empresa, José Ángel Jiménez, afirmó que esta dimisión es un síntoma más de la "falta de libertad de expresión. Llama más la atención porque Diario de la noche es el proyecto estrella de Soriano, pero la situación es crítica. Venimos denunciando la manipulación desde hace tres años".
12. MADRID: EL CONSEJO DE LA JUVENTUD DEJÓ SIN JUSTIFICAR EN 2004 EL 22% DE SUS GASTOS (13/10/06)
La Cámara de Cuentas ha presentado este mes un informe en el que fiscaliza las cuentas de 2004 del Consejo de la Juventud, el foro de los jóvenes de la región y el interlocutor de sus intereses con el Gobierno regional. La conclusión de la Cámara es que el Consejo no sólo entregó sus cuentas fuera de plazo, sino que el 22% de los gastos está "insuficientemente" justificado y no existe un inventario de sus bienes. Además, cifra las pérdidas en 63.974 €. Pero la propia Cámara alerta de que las deficiencias de control están causadas porque no se ha desarrollado el reglamento previsto por la ley.El Consejo de la Juventud (CJ) presentó sus cuentas del ejercicio 2004 el pasado 22 de febrero. La Ley de la Cámara de Cuentas, en su artículo 16, establece que el organismo entregue sus números un mes después de haberlos aprobado. Pero el Consejo no lo hizo hasta el 16 de abril (casi dos meses después) y aún así, los datos eran incompletos. El Consejo obtuvo el año fiscalizado dos subvenciones que le supusieron un presupuesto de 190.271 €. De ellos, 175.083 € correspondían a la asignación que recibe de los Presupuestos Generales de la Comunidad. Además, la Cámara de Cuentas señala estas cuestiones:
- Ausencia de reglamento. El órgano fiscalizador recuerda que el 12 de noviembre de 2005 la Asamblea General del Consejo aprobó una propuesta de Reglamento de Organización y Funcionamiento. Pero, agrega, el Gobierno de la Comunidad de Madrid todavía no ha decidido si lo aprueba. El consejero de Educación, Luis Peral, lo tiene en sus manos desde el pasado 7 de abril, según explica el presidente del Consejo de la Juventud, Juan Martínez.
"La ausencia de este reglamento, así como de normas internas de funcionamiento, supone una debilidad de control interno", afirma la Cámara de Cuentas. Una de las consecuencias es que, por ejemplo, hasta 2006 la "persona encargada de llevar la caja no fue autorizada de manera expresa" para hacer pagos.
También argumenta la Cámara que "no existen expedientes de gasto", por lo que en la mayoría de los casos la necesidad de hacer pagos no viene justificada. Y afirma que no hay expedientes sobre las actividades del Consejo que incluya la documentación necesaria, un informe final de su responsable, ni un presupuesto aprobado.
13. MADRID: EL CONCEJAL DE SEGURIDAD ATRIBUYE A LA INMIGRACIÓN EL AUMENTO DE LA VIOLENCIA (10/10/06)
Tres operaciones contra el top manta (la venta en la calle de discos compactos falsificados) fueron la excusa para que el concejal de Seguridad de Madrid, Pedro Calvo Poch, hiciera un duro discurso en contra de la política de inmigración del Gobierno central. El edil llegó a decir que los delitos registrados en la capital son cada vez más violentos por la llegada de extranjeros, en especial de latinoamericanos. También aseguró que se ha producido "el efecto llamada", lo que se ha traducido en el aumento de indigentes y de hechos violentos en las calles madrileñas. La operación contra el top manta se ha desarrollado en las últimas semanas en el barrio de Lavapiés, en el distrito de Embajadores, y en ella han sido detenidas 23 personas de origen senegalés.
Durante la rueda de prensa en la que se presentó esta operación policial, Calvo planteó varias preguntas al Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero: "¿Qué hacen esos inmigrantes todavía en España? ¿Qué va a ser necesario para que sean expulsados de nuestro país? ¿Qué les va a pasar si son detenidos de nuevo? ¿Cuántas órdenes de detención van a ser necesarias para echarles del país?". Y continuó: "Muchos volverán a quedar en libertad y muchos harán lo que les permite subsistir, como es entrar en las mafias que venden productos falsificados en la calle. Además, no se puede solicitar su internamiento por estar a la espera de su expulsión".
El edil de Seguridad siguió criticando la actuación del Ejecutivo central. "No entendemos ni comprendemos la actuación política de este Gobierno central, que ha permitido un repunte de la inmigración y de la inseguridad en nuestra ciudad. Hacemos un llamamiento a que la política de inmigración de nuestro país tiene que ser modificada inmediatamente", agregó Calvo. "Nada está exento y nada se produce por casualidad. La presencia del top manta es un fracaso de la política de inmigración, que es insufrible. Es fruto de una ocurrencia y de la improvisación, más que de una reflexión en esta política de inmigración".
Estas afirmaciones contrastan con las que hizo el propio Calvo al presentar los resultados de la Operación Verano junto a la delegada del Gobierno en Madrid, Soledad Mestre. Allí destacó el descenso de los delitos cometidos en la capital y se felicitó de los grandes éxitos policiales durante los meses de julio y agosto. Todo lo que antes eran parabienes, en menos de una semana se han convertido en un ataque directo a cierta inmigración: "Los extranjeros procedentes de determinadas áreas geográficas, como Suramérica, no resultan una sorpresa para nadie. Actúan con mayor violencia, ya que el valor que tiene allí la vida no es el mismo. Cometen delitos más violentos. No es lo mismo un robo con un tirón que un robo con una puñalada o un tiro", criticó.
14. COMUNIDAD VALENCIANA: BRUSELAS CERTIFICA QUE LA LEY URBANÍSTICA DEL CONSELL INCUMPLE LA DIRECTIVA SOBRE CONTRATOS (13/10/06)
La Comisión Europea considera contrario al derecho comunitario en materia de contratación varios apartados de la Ley Urbanística Valenciana (LUV) y fija un plazo de dos meses para que el Consell corrija las irregularidades detectadas en el citado texto legal, cuya aprobación por el gobierno valenciano pretendía sortear las denuncias y críticas europeas a la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU). La Comisión anunció oficialmente que si en dos meses no se producen los cambios que solicita, denunciará a España ante el Tribunal de Justicia de la UE. Bruselas asegura que la LUV “sigue infringiendo las Directivas de la UE sobre contratación pública” por lo que respecta a la figura del agente urbanizable y a la consideración de que los Programas de Actuación Integral (PAI) sí son contratos públicos, al contrario de lo que argumentaron las autoridades valencianas para no someterse a la normativa comunitaria. Además, el dictamen comunitario cuestiona “la posición de los licitadores que solicitan a las entidades adjudicadoras el inicio del procedimiento de adjudicación de los PAI”, “el contenido de los anuncios de contratos y de los documentos de licitación”, “algunos de los criterios de adjudicación de los contratos” y “la posibilidad de introducir diversos cambios en el contrato en el momento de la adjudicación o durante su ejecución”. Bruselas insiste en cuestionar también los periodos transitorios que mantuvo la LUV para ejecutar proyectos que habían sido aprobados en virtud de las disposiciones de la LRAU.
15. COMUNIDAD VALENCIANA: EL PP HACIENDO GALA DE GRAN TRANSPARENCIA: RECHAZA HACER PÚBLICA LA RENTA Y BIENES DE LOS POLÍTICOS (07/10/06)
El PP rechazó en la última jornada del debate de política general las propuestas del PSPV para crear un registro “público” con la renta y patrimonio de todos los altos cargos de la Generalitat, incluyendo empresas y organismos, así como estudiar la reducción de las mercantiles públicas y del número de cargos de las conselleries en un 25%. La iniciativa reclamaba la publicación en Internet de todos los contratos de alta dirección y con los proveedores de la Generalitat, y el cese del director de RTVV. Las medidas son la punta de lanza de la “regeneración democrática” de la Comunitat que el líder del PSPV, Joan Ignasi Pla, reclamó el miércoles en la moción de censura al presidente Camps, en la que le ofreció un pacto contra la corrupción que incluía además el compromiso de los partidos de suspender de militancia a los cargos imputados y abrir investigaciones internas, un envite que Camps no asumió. El popular Ricardo Costa defendió la “honorabilidad” de los altos cargos, que dijo que ya deben declarar sus actividades y bienes en un registro (aunque omitió que el de bienes no sólo no es público sino que nunca se ha permitido ver), y acusó al PSPV de querer “teñir con un borrón negro” su imagen.
16. COMUNIDAD VALENCIANA: El Consell lleva 7 cocineros, 12 pinches y decenas de invitados a la cena de 300 personas en Bruselas (12/10/06)
El Consell trasladó a Bruselas una nutrida nómina de consellers y altos cargos, además de diputados del PP en las Corts, para asegurarse el lleno total en la cena organizada en el Museo del Automóvil con motivo de la celebración del día de la Comunitat, que competía en horario con la ofrecida por el secretario general del PSPV, Ignasi Pla. Además de representantes de la sociedad civil, medio Consell con su séquito de cargos públicos y asesores se desplazó a Bruselas, donde la Generalitat les había reservado un hotel, para que pernoctaran después del ágape. Junto con el vicepresidente del Consell, Víctor Campos, que presidió la cena,y la consellera de Cooperación, Gema Amor, organizadora de los actos, hicieron acto de presencia los titulares de Bienestar Social, Turismo, Infraestructuas y Educación, Alicia de Miguel, Milagrosa Martínez, José Ramón García Antón y Alejandro Font de Mora, respectivamente.
Según se pudo saber, incluso alguno, en concreto, el titular de Infraestructuras, viajó con su esposa. Otros se hicieron acompañar por un amplio séquito. Font de Mora viajó con dos altos cargos, la subsecretaria Alida Mas y la secretaria autonómica Concha Gómez, y dos asesores. Otros miembros del segundo escalón, como los delegados del Consell en Valencia y Castelló, también se sumaron. Además del presidente de las Corts, Julio de España, viajaron a Bruselas el portavoz del grupo popular, Serafín Castellano, y los adjuntos Antonio Clemente y Rafael Maluenda, así como los parlamentarios Salvador Ortiz y Rafael Ferraro. La invitación de la Generalitat a la cena se extendió a otros cargos institucionales.
Pero además de personal se movilizaron recursos. La cena en el Museo del Automóvil, con un aforo de unos 300 invitados, estuvo servida por el Centro Turístico de la Generalitat. Hasta la capital belga se desplazaron siete cocineros y 12 ayudantes, que prepararon una cena de productos y platos típicos de comarcas valencianas. Como entrantes, langosta de Vinaròs, sopa de tomate, tellines, pericana alcoyana, figatells de la Marina Alta y verduras de l'Horta. Le siguieron sopa de naranja y limón Els Borja, lubina con all i pebre y puchero valenciano con garrofons, para rematar con un postre de queso con membrillo y arrop i tallaetes. Todo regado con vinos valencianos y, de regalo de recuerdo, un abanico confeccionado por el Centro de Artesanía de la Comunitat.
El ágape organizado por los socialistas a la misma hora pero en la prestigiosa sala Concert Noble donde tradicionalmente el Consell ha organizado sus cenas, fue más modesto: un cóctel para un centenar de personas, al que asistió el presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, y eurodiputados socialistas como Enrique Barón, Raimon Obiols y Joan Calabuig, que organizó el acto. Borrell tenía previsto acudir después a la cena de la Generalitat.
17. COMUNIDAD VALENCIANA:LA GENERALITAT DIO 435.517 € EN 2005 A UNA PLATAFORMA VECINAL AFÍN AL CONSELL DEL PP (09/10/06)La Generalitat concedió en 2005 subvenciones por valor de 435.517 € a la Fundación Central Ciudadana, una entidad que forma parte de un entramado de organizaciones vecinales que ha ido tejiéndose al calor del Consell del Partido Popular. En concreto, el Ejecutivo valenciano realizó tres pagos a esta fundación (uno por valor de 258.910 €; otro por importe de 172.607; y un tercero por 4.000 €) entre mayo y diciembre del año pasado, según admite la Conselleria de Economía y Hacienda en una respuesta parlamentaria a la diputada socialista Josefa Andrés. El listado remitido por el Consell al grupo socialista no aclara el objetivo de los pagos, excepto el relativo a los 4.000 €, que se destina a financiar gastos corrientes de la entidad.
La Fundación Central Ciudadana se constituyó en junio de 2004 y sus fines son ambiguos: “La creación y desarrollo de respuesta e iniciativas adaptadas a las necesidades sociológicas de la sociedad contemporánea y, en particular, la lucha por la defensa de la democracia y el fomento de la solidaridad, el bienestar de los ciudadanos y la profundización de los derechos humanos”. Presidida por el dirigente vecinal Carlos Ruiz, el patronato de la entidad estaba integrado por 27 vocales. Entre ellos, Fernando Piera y Ana María Rodríguez, candidatos a la presidencia de la Generalitat y a la alcaldía de Alicante por el Partido Social Demócrata (PSD), formación, que se define como la nueva izquierda valenciana, está integrada por antiguos dirigentes socialistas descontentos tras quedarse, en muchos casos, sin cargo público.
La plataforma vecinal impulsada por Carlos Ruiz agrupa a diversas entidades, entre ellas la agrupación vecinal Favcova, Ciudadanos Mayores o Central Ciudadana. Esta última funciona en una doble vertiente como organización y como fundación. Todas giran en torno a Ruiz y sus dirigentes son prácticamente los mismos, aunque reciben por separado numerosas ayudas públicas de diferentes conselleries. Esta plataforma en sus diferentes vertientes ha servido en muchas ocasiones a los intereses del Gobierno popular. En Favcova, el Consell de Eduardo Zaplana, halló una federación de vecinos complaciente con las políticas institucionales que acaparó la mayoría de las subvenciones oficiales en detrimento de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de la Comunidad (Cavecova), ésta crítica con la gestión. Central Ciudadana, que también funciona como prestadora de servicios para la Generalitat se ha movilizado contra la política hídrica del Gobierno central. En su hoja de servicios figura también el intento de organizar, a través de la Central de Mayores, un acto para jubilados que coincidía en hora y lugar con un mitin del PP en las últimas elecciones generales.
18. COMUNIDAD VALENCIANA: El juez cita al ex director financiero del Ivex como imputado (09/10/06)
Joaquín Barber, ex director financiero del Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) declarará como imputado en el juzgado que investiga las supuestas irregularidades en los pagos de la entidad al cantante Julio Iglesias, con quien suscribió un contrato de representación. Además, el juez ha requerido al Ivex a que en el plazo de 20 días aporte inexcusablemente el contrato original y los anexos. Vicente Sendra Aparisi declarará como testigo.
El juez Luis Carlos Presencia notificó un auto por el que dispone que el próximo día 3 declare como imputado el ex director financiero del Ivex, Joaquín Barber, y explique la literalidad de los compromisos alcanzados en 1997 con Julio Iglesias, las formas de pago, los importes y los conceptos. Además, el juez requiere de nuevo al Ivex para que aporte los documentos originales. El Ivex ha respondido en varias ocasiones que dicha documentación no está en sus archivos y proporcionó únicamente el Libro Mayor.
El juez advierte de que ese requerimiento se hace "sin ser atendibles las razones por la consejera delegada expuestas [...] toda vez que se trata de contabilidad del propio Ivex que fue archivada conforme sus propios recursos y en función del ejercicio criptográfico con que se confeccionó el Libro Mayor aportado, siendo imposible por ello que este Juzgado conozca los asientos en los que reside la información solicitada". El juez pide al Ivex que aporte "los justificantes de los pagos realizados con ocasión del desarrollo de aquellos compromisos respecto del ejercicio fiscal de 1998".
El magistrado pide también que se cite para el próximo 9 de noviembre a Vicente Sendra Aparisi, ex responsable de la oficina del Ivex en México, en calidad de testigo. Se procede a recibirle declaración, explica el magistrado, porque Sendra entregó en la Fiscalía una documentación avalada notarialmente que supuestamente indicaría un doble pago de un evento del cantante en México. Ese pago fue ya anunciado por José Marquina, ex director de la oficina del Ivex en Miami, en su comparecencia ante el juez. Los datos se aportaron pero aún hoy no hay documentación original sobre las transacciones económicas sospechosas. El juez pretende que Sendra aclare los documentos que tiene en su poder. Y, en consecuencia, el magistrado pide que una comisión rogatoria tome declaración al representante del Auditorio Nacional de Ciudad de México para que "manifieste con relación al evento organizado por el Ivex y en el que participó el cantante Julio Iglesias en fechas del año 1998, quién o quiénes contrataron la cesión del uso de tal inmueble y, en su caso, de quién o quiénes obtuvo la contraprestación económica".
19. COMUNIDAD VALENCIANA: FABRA CONTRA FABRA (13/10/06)
Cuando en Castellón se dice Fabra, nadie piensa en el alcalde, Alberto, sino en el presidente de la Diputación, Carlos. La coincidencia de apellido entre el candidato del PP a la alcaldía y el presidente del PP provincial, imputado e investigado por varios presuntos delitos, ha puesto en marcha la maquinaria. Así, se ha desatado una auténtica campaña de identidad para Alberto Fabra, con el objetivo de que los vecinos de la capital de La Plana identifiquen el nombre con la cara del candidato y no tengan dudas cuando, el próximo mes de mayo, se enfrenten a una urna y vean el apellido Fabra en el primer lugar de la lista del PP a la alcaldía. Ese Fabra será Alberto y no Carlos que, de momento, ni siquiera se sabe si estará incluido en alguna candidatura. Los "nervios" han llegado ya porque, además, esa será la primera ocasión que Fabra, Alberto, figure en el primer puesto ya que ahora está ocupando la alcaldía tras la dimisión de José Luis Gimeno, que fue a quien votaron los castellonenses.De esa manera, todos los actos, fiestas de barrio y celebraciones múltiples son pocos para la agenda del alcalde y candidato. En jornadas, a veces, de absoluto sprint, Alberto Fabra pretende llegar a todas aquellas convocatorias en las que haya vecinos o colectivos reunidos. Ya no basta con enviar una representación del equipo de gobierno. El alcalde llega a todo.
20. COMUNIDAD VALENCIANA: EL PADRE DE LA PRESIDENTA DEL PP EN ORIHUELA CONSTRUYÓ UNA CASA ILEGAL EN SUELO NO URBANIZABLE (12/10/06)
Manuel Lorente, padre de la presidenta local del PP y diputada autonómica, Mónica Lorente, construyó en 2004 una vivienda fuera de ordenación de cien m2 sobre suelo no urbanizable en la Dehesa de Pinohermoso de Orihuela, sin licencia ni autorización de la Comisión Territorial de Urbanismo. El secretario general del Ayuntamiento y el alcalde firmaron el 13 de julio de 2006 la incoación del expediente sancionador al infractor. El expediente de infracción previo fue abierto en 2004 resolvía que el ex diputado autonómico, ex secretario local del PP, y ex concejal durante el mandato del alcalde del PP, Luis Fernando Cartagena, en los ochenta y noventa, debe abonar seis mil € por esta infracción, el 15% del coste total de las obras. La inspección se realizó cuando las obras estaban en estado de ejecución. Según la documentación del expediente 461/04 la “Alcaldía” tuvo conocimiento de que Manuel Lorente Belmonte realizó obras de construcción de una vivienda de cien metros cuadrados con una planta baja en la Dehesa de Pinohermoso, situada en las cercanías de la pedanía de Arneva. La brigada de disciplina urbanística el 24 de agosto de 2004 registró el acta en el Ayuntamiento dando constancia de los hechos. La valoración de las obras realizadas sobre suelo de explotación agrícola no urbanizable “alcanza la cifra de 40.672 €”.
21. COMUNIDAD VALENCIANA: LA DIMISIÓN DEL ALCALDE DEL PP ABRE UNA NUEVA CRISIS EN EL AYUNTAMIENTO DE XERESA (12/10/06)
El municipio de Xeresa, con poco más de 2.000 habitantes, afronta su segunda crisis de gobierno en esta legislatura. El alcalde popular, José Ferragud, un conocido empresario de la localidad, convocó un pleno extraordinario y urgente para anunciar que renunciaba al cargo "y a la política". Argumentó no sentirse "respaldado" por el resto de compañeros de gobierno y que las desavenencias internas eran ya insalvables. La decisión se precipitó la noche del martes. Ferragud convocó una sesión plenaria para retirar a su compañera de gobierno, Rosa Mª Cardona, la dedicación exclusiva como teniente alcalde. Ferragud acusó a la edil, hasta entonces una de sus personas de confianza, de irregularidades en las cuentas municipales.La dirección comarcal del PP en La Safor negó que la precipitada decisión del alcalde vaya a producir una situación de "ingobernabilidad" o "crisis" en el municipio, y aseguró que el resto de miembros del grupo popular "están unidos", por lo que en diez días podría resolverse el futuro gobierno local. La dirección comarcal había intervenido en el enfrentamiento interno de Xeresa, pero su presidente, Salvador Enguix, reconoció que "las posturas eran ya irreconciliables".
22. COMUNIDAD VALENCIANA: UNA URBANIZACIÓN DE CHALÉS APROBADA EN BENIATJAR REVALORIZA SUELO DE UN CONCEJAL DEL PP (13/10/06)
El proyecto del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Beniatjar, en la Vall d'Albaida, que prevé una urbanización de 150 chalés, recalificará una extensión de 470.000 m2 dentro de los cuales hay terrenos agrícolas de un concejal del PP de la localidad.La revisión PGOU de Beniatjar, según explica el alcalde de la localidad, Francisco Giner, también del PP, parte de hace diez años y en un principio preveía la ampliación del núcleo urbano que "estaba estancada por problemas técnicos". De este modo, Giner reconoce que "llegó una empresa promotora de Albaida y nos propuso esta urbanización, nos pareció bien y cerramos el plan", el cual se aprobó en fase de concierto previo con los votos en solitario del PP y la oposición del Bloc en el pleno. El nuevo plan urbanístico, además de los 150 chalés, contempla también la edificación de otras 100 viviendas respecto a una población actual en Beniatjar de 235 habitantes y un núcleo urbano que no llega a los 65.000 m2.
23. REGIÓN DE MURCIA: LA OPERACIÓN MALAYA PONE CERCO AL PP MURCIANO A CUENTA DEL POLÉMICO PELOTAZO DE LA FINCA DE LO POYO (10/10/06)
El anuncio de que la marbellí operación Malaya tendrá una fase investigadora sobre cargos públicos de las comunidades valenciana y murciana, ambas gobernadas por el PP, ha provocado en apenas tres días una catarata de acusaciones y contraacusaciones en torno a los gobernantes populares en la Región de Murcia. La mayoría de las críticas se centran en la ya famosa recalificación de los cinco millones de metros cuadrados de la finca Lo Poyo.
Esos terrenos, que circundan un paraje protegido en la ribera sur del Mar Menor, fueron adquiridos en 2004 -cuando todavía estaban sin recalificar- por 213 millones de €. Lo compraron personas y empresas interpuestas al servicio del cerebro de la trama marbellí, el cartagenero Juan Antonio Roca. La pregunta del millón es quién sabía que los terrenos se iban a recalificar –con plan urbanístico de 5.000 viviendas incluido-, facilitando así su compra por un conglomerado de empresas en las que figuran mayoritariamente los vascos Agustín Aguirre, Luis María Maya y Javier Arteche, considerados testaferros de Juan Antonio Roca.
Una respuesta indirecta a esta pregunta vino públicamente el pasado sábado por boca del dimitido alcalde socialista de Los Alcázares, Juan Escudero, quien declaró que quienes mejor pueden contestar a aquella pregunta son el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, y su hermano, el abogado Carlos Valcárcel. El nombre del hermanísimo ha venido apareciendo reiteradamente en los últimos años en determinados negocios por su estrecha relación con Antonio Sánchez Carrillo, concejal de Fomento de Murcia y presidente del comité regional de listas del PP, es decir, el número tres del partido tras el presidente Valcárcel y el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara.
Las idas y venidas de Sánchez Carrillo, sus entradas y salidas de consejos de administración de empresas como Puerto Mayor S.A. –paralizado por el Ministerio de Medio Ambiente– o Polaris World –la mayor urbanizadora de resorts de la Región– le han hecho renunciar a volver a ser candidato en las municipales de 1997. No obstante, todo apunta a que será mantenido como aforado figurando como candidato del PP a la Asamblea Regional. La misma solución que ya adoptó la dirección del PSOE con los alcaldes de Los Alcázares, Juan Escudero, y Lorca, Miguel Navarro, dimitidos por sus conexiones con Roca, el primero, y por su rebeldía urbanística, el segundo.
Pero, a diferencia del caso de Los Alcázares, en los papeles marbellíes de Juan Antonio Roca están apareciendo nombres cartageneros que dan que pensar en relación con la recalificación de los cinco millones de metros cuadrados de Lo Poyo. Así, figura el de Tomás Amat Tudurí, arquitecto, hermano y colega profesional de Rafael Amat Tudurí, que era director general de Urbanismo en 1996 y aprobó la primera recalificación de Lo Poyo, que luego fue dejada sin efecto por el TSJ de Murcia. Otro nombre que aparece recurrentemente es el del también cartagenero y ahora diputado nacional Andrés José Ayala, ex abogado de los propietarios de entonces, la familia Armengol, que era el secretario general de la Consejería de Urbanismo
24. ISLAS BALEARES: DE CAMARERA A JEFA DE GABINETE DE LA CONSEJERA DE INMIGRACIÓN DE BALEARES
El PP de Baleares ha exigido la dimisión del delegado del Gobierno, Ramón Socías, por revelar detalles sobre la jefa de gabinete de la consejera de Inmigración, la argentina Laura Giorgio,. Socías reveló que Giorgio estuvo contratada ilegalmente al menos 7 meses por la consejera Encarnación Pastor, que negó reprocharse nada. "Me dedico a ayudar a los inmigrantes, no a perseguirlos". Así se defendió Pastor en el parlamento balear, en referencia a la contratación de Giorgio, que ha costado a Inmigración una multa de 6.000 €.
La Delegación del Gobierno impuso esta sanción porque en el nombramiento no se comunicó el cambio de actividad personal, al pasar de un puesto de camarera al de jefa de gabinete, sin comunicarlo. El Ejecutivo autonómico niega que esa comunicación fuera necesaria, agarrándose al reglamento de la Ley de Extranjería, la misma en la que se basa la Delegación. La polémica se ha ampliado, después de que Socías ofreciera detalles sobre la trayectoria de Giorgio, desde su llegada a España procedente de Argentina. La actual jefa de gabinete de Pastor vivió tres años de manera irregular y, al menos siete meses, estuvo empadronada en casa de la consejera de Inmigración, quien la quiso contratar como empleada de hogar y camarera.
El portavoz adjunto del PP balear, Fernando Rubio, pidió la dimisión Socías, por su "ataque directo y frontal" a la inmigración y por "vulnerar" la intimidad de Pastor, así como de Giorgio. Además, aseguró que Inmigración ha actuado en todo momento sin saltarse la ley.
La parlamentaria del PSIB Aina Rado señaló que "en cualquier lugar del mundo, cuando un cargo público se encuentra con una contratación ilegal, debe dimitir". Rado criticó que la consejera hubiera "encubierto" a una inmigrante sin papeles, cuando el PP rechaza el proceso de regularización. También lamentó la contratación de "una persona con una relación afectiva tan próxima para un cargo público". "No estamos criticando la relación, sino que una relación sea la razón para un nombramiento", aclaró.
25. ISLAS BALEARES: LA PLATAFORMA ANTI AUTOPISTA PIDE LA DIMISIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSELL (PP) POR “SU CORRUPCIÓN Y CINISMO” (10/10/06)
La Plataforma Antiautopista pidió la dimisión del presidente del Consell, Pere Palau; la consellera de Vías y Obras, Stella Matutes, y la consellera balear de Obras Públicas, Mabel Cabrer, por “los niveles de corrupción, cinismo y mentira” que, a juicio de los componentes de este colectivo, “ha alcanzado la gestión de las obras en las carreteras de Eivissa”. Por una parte, critican la reducción de cuatro a dos carriles de un tramo de carretera al aeropuerto de 1,3 kilómetros de longitud “por las gestiones realizadas por el propio presidente del Consell de forma que su empresa, Betacar, ubicada en este tramo, no resulte afectada por las expropiaciones junto con otros terrenos de otros empresarios”.
Para el colectivo, resulta “vergonzoso” que se lleve a cabo esta modificación a instancias de unos pocos empresarios “mientras que no se ha tenido en obra no es el problema de tráfico en el tramo más cercano al aeropuerto, sino el colapso en Ses Salines, “invalida la justificación inicial de la obra y además supone que el Consell y el Govern están potenciado el tráfico y el transporte privado en una zona protegida (Parque Natural Ses Salines) donde tendría que mejorar el transporte público”.
La plataforma también pide a la consellera insular de Vías y Obras, Stella Matutes, que dimita “por sus provocaciones y salidas de tono” entre las que citan las alusiones, efectuadas en una revista local, a que los expropiados “no pasarán hambre cuando muchos de ellos no han cobrado nada todavía, han pedido préstamos o han tenido que dejar su trabajo”, denuncia. También la critican por haber mentido al afirmar que sólo se han tumbado 4 casas cuando la Plataforma ha contabilizado 23 en las diferentes obras. Respeto a Mabel Cabrer, piden que dimita “por mentir, por fomentar la indefensión de los afectados y por incompetencia”.
26. CASTILLA Y LEÓN: CASTILLA Y LEÓN RECURRE LA SENTENCIA QUE IMPIDE TALAR EL REFUGIO DE CIGÜEÑAS PARA CONSTRUIR UN CAMPO DE GOLF (12/10/06)
La Junta de Castilla y León acordó recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que impide talar un pinar protegido en las Navas del Marqués (Ávila). La sentencia vetó la urbanización, impulsada por la Junta, por afectar a la zona de cría de la cigüeña negra, entre otras especies protegidas. La portavoz vicepresidenta primera, María Jesús Ruiz, afirmó que la sentencia genera "precedentes muy preocupantes" y "de imprevisibles consecuencias" que calificó de "lesivas" e "impensables" para todas aquellas Zonas de Protección para las Aves, informa Efe. Y afirmó que impediría centenares de urbanizaciones. Por ello, concluyó: "Es una sentencia que no podemos compartir".
El ayuntamiento de las Navas del Marqués, del PP, también recurrirá. Las dos administraciones mantienen su apoyo a la construcción de 1.600 chalés y cuatro campos de golf en un pinar de alto valor ecológico aunque eso suponga la tala de 35.000 árboles.
El Ayuntamiento, la Junta y la Diputación fundaron una sociedad que impulsó la recalificación y pactó con un constructor de Murcia la edificación de 1.600 chalés, cuatro campos de golf y un hotel en un pinar considerado de especial protección para la cigüeña negra, el águila imperial, entre otras especies. El constructor, Francisco Gómez, El Paloma, se adjudicó una parcela que era pública y que la Junta recalificó. Los responsables de la Junta implicados en la recalificación tomaron y firmaron la decisión años antes de pedir informes técnicos.
La Junta le autorizó a talar más de 35.000 pinos maduros y le exigía repoblar 200 hectáreas. La sentencia criticó la urbanización, afirmó que no hay interés público en la obra, que "vulnera frontalmente" el plan de recuperación de la cigüeña negra de la Junta y se preguntó por qué la administración autonómica no urbaniza en la zona que pretendía repoblar en vez de en el pinar maduro.
Todo ello, pese a que los técnicos de la Junta de Castilla y León informaron en al menos tres ocasiones contra la construcción de 1.600 chalés, un hotel y cuatro campos de golf en un pinar protegido de Las Navas del Marqués (Ávila). Pese a todo, el proyecto salió adelante, impulsado por la Junta y por el Ayuntamiento, ambos del PP. La semana pasada, el Tribunal Superior de Castilla y León vetó la obra, pero el constructor comenzó a talar. Ya han caído unos 3.000 de los 35.000 pinos que la Junta autorizó talar. El área incluye una zona crítica para la cigüeña negra y de protección para el águila imperial.
27. CASTILLA Y LEÓN: EL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID (PP) NO QUIERE QUE LOS INMIGRANTES CONDUZCAN TAXIS (12/10/06)
El Ayuntamiento de Valladolid, gobernado por el PP, tiene paralizadas decenas de solicitudes de permiso de inmigrantes -todos ellos con papeles- para conducir taxis. Un grupo de taxistas afectados por esta situación, acusan al ayuntamiento de “xenófobo” y amenazaron al Consistorio con la presentación de una denuncia. Por su parte, la alcaldía de Valladolid, dijo que el Reglamento de Transportes de Castilla y León, “sólo permite a los ciudadanos comunitarios optar al permiso para conducir taxis”.
El Ayuntamiento de Valladolid señaló que desde abril de 2005, fecha en la que se aprobó la revisión de la Ordenanza Municipal del Servicio de Autotaxi para adaptarla al reglamento de la Comunidad, no se permite a los inmigrantes conducir taxis. No obstante, el Consistorio dijo que “ante la presencia numerosa de inmigrantes en la ciudad”, está “sopesando ahora la posibilidad de cambiar el Reglamento”, el cual “puede haberse quedado obsoleto”.
Por su parte, los taxistas propietarios de licencias que quieran contratar inmigrantes como conductores remitieron un escrito de queja al Ayuntamiento: “Nosotros somos empresarios y como tales, deberíamos poder contratar a quien nos diera la gana siempre y cuando se encuentre en situación legal en España”.
28. CASTILLA-LA MANCHA: EL PP DE TOLEDO: “BASTANTE DESGRACIA TIENEN LOS POBRES DE MURCIA, SIN AGUA” (07/10/06)
La secretaria de Comunicación del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Carmen Riolobos, defendió que “de ninguna de las maneras” se puede bajar el límite trasvasable, situado ahora en 240 hectómetros, de los embalses de cabecera del Tajo. De esta forma se pronunció a las peticiones del Gobierno de Murcia, de modificar esa línea roja del agua. Riolobos aseveró que Castilla-La Mancha, es una región seca, que presenta, probablemente, uno de los índices de desertificación más altos de España, y que por tanto necesita agua, y “Talavera de la Reina, Toledo y el resto de municipios por los que pasa el Tajo tienen derecho a tener un caudal ecológico mínimo”. Aseguró que realmente no le preocupa lo que desde Murcia o Valencia puedan decir, “los pobres bastante desgracia tienen, que no tienen agua”, matizó, sino que lo preocupante es que el Gobierno socialista, en 25 años, “no haya sido capaz de solucionar este tema, que se ha quedado crónico”.
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