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ÍNDICE
1. Piqué admite que el Estatuto catalán motivó el acto del PP en defensa de la CONSTITUCIÓN
2. ¡España!, ¡España!; ¡Cope!, ¡Cope!
3. EL PP LE COGE EL GUSTO A LAS MANIFESTACIONES
4. GALICIA : BALTAR RATIFICA LA RETIRADA DE CUÍÑA Y YA RECOGE AVALES DE APOYO A FEIJOO
5. GALICIA: LA ALCALDÍA DE AGOLADA (PP) ES HEREDITARIA
6. ANDALUCÍA: EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DETECTA CUENTAS RESTRINGIDAS Y A NOMBRE DE EDILES DEL PP EN JAÉN
7. MADRID: LA EMPRESA DEL EX DIPUTADO POPULAR ARIZA, PRODUJO LA CAMPAÑA ELECTORAL DE TAMAYO
8. MADRID: El Gobierno regional da luz verde a la primera universidad privada a distancia
9. MADRID: EL ARQUITECTO MUNICIPAL IMPUTADO EN LA TRAMA DE ALCORCÓN COBRÓ DE LOS PROPIETARIOS DEL SUELO
10. MADRID: UNA FUNDACIÓN DEL PP COBRÓ A LAS VÍCTIMAS DEL HURACÁN MITCH CASAS PAGADAS CON DINERO PÚBLICO
11. MADRID: DILIGENCIAS JUDICIALES CONTRA UN DIPUTADO DEL PP MADRILEÑO POR PRESUNTO DELITO SEXUAL
12. COMUNIDAD VALENCIANA: LA FISCALÍA SEÑALA SUIZA COMO DESTINO DE PARTE DEL DINERO DE LAS FACTURAS FALSAS DE TERRA MÍTICA
13. COMUNIDAD VALENCIANA: LOS BECARIOS "DE SEGUNDA" DE LA GENERALITAT
14. COMUNIDAD VALENCIANA: LOS ZAPLANISTAS ADVIERTEN DE UNA ESTRATEGIA PARA QUE RUS NO OPTE A LA DIPUTACIÓN EN 2007
15. MURCIA: DILIGENCIAS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS POR LA DENUNCIA CONTRA EL ALCALDE DEL PP DE MAZARRÓN
16. MURCIA: MULA ESTUDIA RECALIFICAR UNAS FINCAS QUE ERAN DEL CONCEJAL DE URBANISMO Y SUS SOCIOS
1. Piqué admite que el Estatuto catalán motivó el acto del PP en defensa de la CONSTITUCIÓN
El líder del PP catalán ha reconocido que la concentración organizada por su partido en Madrid "tiene su origen en el Estatut". Piqué se desmarca así de la tesis oficial mantenida por el resto de la directiva en los últimos días, que insistían en que el acto era un homenaje a la Constitución desligado de la reforma del texto de autonomía de Cataluña.
El presidente del PP catalán, que acudió al acto celebrado en la Puerta del Sol de Madrid, ha dicho que la intención era "hacer en positivo un homenaje de la Constitución que no hubiera sido necesario si la actual reforma estatutaria en Cataluña no estuviera en marcha". "No nos vamos a engañar a nosotros mismos". A pesar de que su partido ha insistido en todo momento en que la concentración era sólo en homenaje a la Carta Magna, Piqué dijo que no enmarcarla en la actual reforma del Estatut "sería mentir a los ciudadanos".
Unas 47.300 personas se congregaron en Sol para defender la unidad de España. El ex presidente del Gobierno José María Aznar y toda la plana mayor del PP acompañaron a Mariano Rajoy, que leyó el manifiesto final. El PSOE reprochó al PP el "uso partidista" de la Constitución. La Generalitat de Cataluña y CiU replicaron al PP que nada frenará la reforma del Estatuto.
2. ¡España!, ¡España!; ¡Cope!, ¡Cope!
Es difícil explicar que un artículo de la Constitución leído en la Puerta del Sol pueda emocionar a miles de personas. Pero no si es el segundo, el que habla de la "indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles". Fue recibido al grito de "España, España, España", con la entonación futbolera. Había miles de banderas nacionales, y alguna pequeña pancarta extremista -"una, grande y libre"-, pero ningún escudo anticonstitucional, como mucho algún toro.
El grito de "España, España" fue el más repetido, pero el que conquistó realmente al público, el que se hizo atronador, fue el de "Cope, Cope, Cope". De hecho, muchos manifestantes llevaban pegatinas con la bandera de España y en medio un "Gracias, Federico", por el locutor de la cadena Jiménez Losantos.
El ambiente era tranquilo, sin estridencias. La meticulosa organización se ocupaba de controlarlo. Una mujer con una pancarta del PP proclamaba: "Estoy aquí para que zetapé se entere de que existe la Constitución". "Y que no estamos contra los catalanes", terciaba otro manifestante. A lo que la mujer replicaba: "¡Cómo que no! Sí que estamos contra los catalanes, que no quieren ser españoles". "¡Que sí son españoles!", le reprendía el mismo hombre.
No eran los únicos que hablaban del conflicto civil. Luis Fernando y Purificación comentaban tras la marcha: "La Constitución está en peligro por los separatismos. El Gobierno que tenemos se ha ido arrimando a los peores, España estaba muy bien y lo ha puesto todo patas arriba; y como sigamos así puede haber una guerra, porque no se puede permitir lo que se está permitiendo: nos quitan la religión, nos ponen las bodas gays, se da papeles a todos... Y es una vergüenza lo que está pasando con la Cope, que yo los considero mis amigos porque son los verdaderos españoles.".
El PP dispuso también banderas autonómicas, y en los discursos hubo euskera y catalán. La gente aplaudió, pero también se oyeron algunos pitos mientras se hablaba en esas lenguas en la tribuna. Cuando Rajoy defendía a la monarquía, un hombre muy engominado gritó: "¿Por qué está callada?". Los nostálgicos del antiguo régimen, que alguno había, eran pocos. Un señor no pudo contenerse e hizo el saludo fascista mientras gritaba el "¡Viva!" a la "nación española".
La organización no quería transformar la concentración en una protesta contra el Estatuto y Cataluña, pero a veces era inevitable. Incluso se vendían a un euro pegatinas con el logotipo ensangrentado copiado del No a la Guerra, pero esta vez con un No al Estatut.
Muchos habían acudido a las otras dos manifestaciones apoyadas por el PP, la de los matrimonios gays y la de educación. "La izquierda pensaba que la calle era suya, y mire", se reía Luis, un jubilado madrileño. "Yo nunca había ido a manifestaciones, pero no puedo más. ¿Qué es eso de sacar los muertos de la tierra y hacer homenajes a Carrillo?". Su compañero Pablo asiente: "Los catalanes y zetapé se quieren cargar la Constitución". ¿Si así fuera, no lo impediría el Tribunal Constitucional? "Eso está controlado por el Gobierno, no me fío", insiste Pablo. ¿Oiga, y ustedes votaron la Constitución en el 78? "Yo sí", dice Pablo, mientras Luis mira para otro lado.
3. EL PP LE COGE EL GUSTO A LAS MANIFESTACIONES
El PP ha apoyado y alentado un acto de protesta contra el Gobierno cada dos meses, de media, en lo que va de año. Todos ellos puntales de las más contundentes batallas de los populares en el Congreso. Desde el 22 de enero, cuando la Asociación de Víctimas del Terrorismo salió a la calle "en defensa de las víctimas" de la violencia terrorista, hasta, cuando el partido de Mariano Rajoy convocó a los ciudadanos en "defensa de la Constitución", la plana mayor del principal partido de la oposición se ha dejado ver tras las pancartas de las más variadas marchas reivindicativas.
El PP ha servido de altavoz y ha utilizado su vigorosa capacidad de convocatoria para alentar la participación, y en la mayoría de las ocasiones ha puesto al servicio de sus simpatizantes los medios para acudir a las manifestaciones. Su apoyo público a las concentraciones cada vez ha sido más enérgico, y la de es la primera que convoca por su cuenta.
Días después aquella primera manifestación de la AVT, en la que el ministro José Bono fue increpado y agredido, se supo que el secretario general de los populares madrileños, Francisco Granados, había enviado una carta a las agrupaciones de distrito y municipios animando a la movilización de los afiliados, con argumentos y razones que no tenían que ver con la convocatoria. Lo que debía ser un homenaje unitario de los partidos y el Gobierno a las víctimas, al que acudieron 35.000 personas, derivó en un acto de protesta contra el Ejecutivo y en defensa de la unidad de España. Comandó la representación del PP su secretario general, Ángel Acebes.
El segundo acto del año corrió también a cargo de la AVT, con un apoyo mucho más abierto por parte de los populares. Se produjo después de que el Congreso aprobara una resolución para que el Gobierno pudiera dialogar con ETA si ésta dejaba definitivamente las armas. Era el 4 de junio, y entre los asistentes se encontraban el ex presidente José María Aznar, Rajoy y la plana mayor del PP. Hacía ya varios días que las organizaciones provinciales populares habían empezado a enviar cartas a sus militantes para solicitar su asistencia. Se ofrecían autobuses gratuitos. Tras la protesta, el PP retó al Ejecutivo a elegir entre hacer caso a Batasuna o a los manifestantes. La Delegación del Gobierno calculó 240.000 asistentes.
Ese mismo mes se produjeron dos manifestaciones más. El día 11, en Salamanca, entre 30.000 y 75.000 personas reclamaron que el Gobierno diese marcha atrás en su decisión de trasladar a Cataluña parte de los fondos del Archivo de la Guerra Civil. Tanto Ángel Acebes como el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, estuvieron en primera fila. Más multitudinaria fue la marcha celebrada en Madrid el día 18 de ese mes, convocada por el Foro de la Familia para protestar contra los matrimonios entre personas del mismo sexo, bajo el eslogan de En defensa de la familia.
Otro de los grandes hitos, en cuanto a pancartas, fue la manifestación contra la Ley Orgánica de Educación, convocada por la Confederación de Padres Católicos. A este acto, celebrado en el centro de Madrid el 12 de noviembre, acudieron la plana mayor del PP y cientos de miles de personas. Rajoy llamó personalmente a los militantes a manifestarse, pero él no acudió por motivos de salud.
La nueva estrategia del PP contrasta con la posición que mantuvo en sus años de Gobierno, cuando Aznar calificaba a los partidos que participaban en las protestas contra la invasión de Irak y la gestión del Prestige de "pancarteros". El PP, que ahora pide que el Ejecutivo escuche a los manifestantes, fue capaz de resistirse, cuando gobernaba, a siete multitudinarias marchas contra la guerra. Cuando fue criticado por la crisis del petrolero, Aznar atacó a sus acusadores calificándolos de "resentidos" que "ladraban su rencor por las esquinas". Sobre José Luis Rodríguez Zapatero, Aznar se refirió aquellos días así: "A un dirigente político le es exigible no tanto andar de manifestación en manifestación y de pancarta en pancarta, sino tener criterio..." o "ya sabemos que está más cómodo detrás de las pancartas que haciendo política seria y responsable".
4. GALICIA: CUÍÑA SE RETIRA Y CRITICA LA FALTA DE IMPARCIALIDAD DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PP
El presidente del PP de Ourense, José Luis Baltar, corroboró que Xosé Cuíña se ha quedado sin opciones para mantenerse en la carrera por la sucesión de Fraga al no recibir la semana pasada el respaldo de los afiliados del partido en la elección de compromisarios para el cónclave de enero. Ante esta situación, Baltar comenzó a recabar apoyos para Feijoo. En esa tesitura, el presidente de los populares ourensanos aseveró que ya había pactado hace más de seis meses con el ex conselleiro que, si éste quedaba fuera de la carrera sucesoria, respaldaría a Feijoo, como candidato de su misma provincia. Curiosamente, el barón apoya ahora al político que vetó para encabezar la lista de Ourense en los comicios autonómicos.
Baltar aclaró que pactó con Feijoo la candidatura única de compromisarios elegidos en la ciudad de As Burgas -un movimiento con el que ratificó su aproximación al ex vicepresidente-. Baltar se mostró convencido de que Xosé Manuel Barreiro se sumará al proyecto de Feijoo para relevar a Fraga.
La capacidad de Baltar para hacer borrón y cuenta nueva con el pasado contrasta con la reticencia de Francisco Cacharro. El barón lucense defendió que Cuíña tiene "mucho que decir" todavía en el futuro del PP gallego. Esa observación no ha impedido a Cacharro dar por buena la alianza de Barreiro con Feijoo que rechazaba antes de la elección de delegados, por considerarle un tapado de su viejo rival político, Romay Beccaría.
Por su parte, Cuiña, aunque quiso evitar reproches personales se quejó de que el aparato del partido no cumplió sus promesas de neutralidad y mantuvo una actitud "excesiva" de respaldo a Núñez Feijoo, a quien no citó. "No lo critico, pero sí digo que ese comportamiento no tiene precedentes en ningún congreso celebrado nunca por el PP en cualquier lugar de España". También sin citarlo, aunque en una alusión inequívoca, Cuiña puso el ejemplo del presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, quien reunió a los alcaldes de la provincia en su despacho para que firmasen un manifiesto de apoyo a Feijoo.
5. GALICIA: LA ALCALDÍA DE AGOLADA (PP) ES HEREDITARIA
El municipio pontevedrés de Agolada ya tiene nuevo alcalde, el segundo en toda la historia de la democracia. El primero fue Manuel Costa Casares, y el segundo, su yerno, Ramiro Varela Peón, que cogía el testigo del gobierno local y se hacía con el bastón de mando. Costa llevaba 26 años en el concello, y Ramiro Varela cumple el 2 de enero 25 años en la misma casa. Costa ejerció de regidor y Varela entró en el consistorio como portero, ascendió luego a auxiliar administrativo y se despidió de sus tareas como funcionario, como juez de paz y como responsable de la brigada de Protección Civil, para asumir la alcaldía. Sus compañeros tendrán ahora en él un nuevo jefe, y Manuel Costa, un sucesor de la familia: la designación de un alcalde que no fue elegido en las urnas por el pueblo de Agolada.
El nombramiento de Varela Peón no fue fácil. Hizo falta más que una carambola política. Ramiro Varela se presentó por el Partido Popular en las últimas municipales, pero en el puesto de cola, el número once, último de la lista. Para que fuese nombrado concejal tuvieron que renunciar al cargo los tres anteriores y luego conseguir que el grupo de gobierno lo votase a él.
Desde el PP se justifica la elección diciendo que se recurrió a Varela porque ninguno de los actuales ediles quiso ocupar el puesto. Y debieron de pensar también que ya que conocía el concello y su funcionamiento y que ya se ocupaba de muchos asuntos municipales, bien podría también ser alcalde, que un cargo más o un cargo menos no es nada.
En la sesión no cabía un alfiler. Había algunos alcaldes del Deza, vecinos y amigos de los interesados que no quisieron perderse ese momento con los protagonistas trajeados como para una boda, muchos besos, abrazos, y un discurso de Varela invitando a la unión y al trabajo, que remató con un: «¡Viva Agolada!».
6. ANDALUCÍA: EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DETECTA CUENTAS RESTRINGIDAS A NOMBRE DE EDILES DEL PP EN JAÉN
La Cámara de Cuentas ha detectado, en su informe de fiscalización del Ayuntamiento de Jaén de 2001, la existencia de al menos cinco cuentas corrientes restringidas de tesorería que no figuran en el acta de arqueo ni en el balance de situación, así como al menos otras cuatro a nombre de dos concejales del equipo de gobierno, del PP, y sin que el servicio de tesorería tuviese un control sobre las mismas.
El informe revela graves irregularidades en la gestión contable, entre ellas créditos sin consignación presupuestaria o que el nivel de endeudamiento en préstamos está por encima del límite establecido. "Las confirmaciones recibidas han puesto de manifiesto la existencia de un número de cuentas corrientes a nombre del Ayuntamiento que no tienen reflejo en el acta de arqueo ni en la contabilidad de la Corporación, en contra de lo establecido en el artículo 175 de la Ley 39/1988 reguladora de las Haciendas Locales", se señala en uno de los puntos del informe de fiscalización del Ayuntamiento jiennense. En concreto, se alude a la existencia de cuentas restringidas de recaudación que no figuran en el acta de arqueo y que, a 31 de diciembre de 2001, tenían un saldo de 66.000 €. De otro lado, el Ayuntamiento, gobernado por Miguel Sánchez de Alcázar, gestionaba al menos 5 cuentas corrientes restringidas de tesorería, cuyo seguimiento y control se efectúa "de forma extracontable", y que a finales de año había un saldo de 35.000 €.
Finalmente, entre las anomalías más destacadas, figura la existencia de al menos otras cuatro cuentas que son gestionadas directamente por miembros de la Corporación "para canalizar los libramientos recibidos con carácter a justificar" y que tampoco figuraban en el arqueo a 31 de diciembre "ni el servicio de Tesorería tiene un control sobre las mismas". Las cuentas estaban a nombre de los concejales Gustavo Martínez y Cristina Nestares, entonces responsables de Deportes y Cultura, respectivamente. Martínez es en esta legislatura concejal de Hacienda y Nestares, de Cultura y Festejos. Según la legislación, sólo el alcalde, el tesorero y el interventor municipal pueden ejercer la función de custodios de las cuentas.
Ahí no quedan todas las irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas de Andalucía, cuyos consejeros presentaron el citado informe de fiscalización en la Comisión de Hacienda del Parlamento Andaluz del pasado 29 de noviembre. Además, se indica que se han llevado a cabo gastos que no disponen de consignación presupuestaria y que se han formalizado en ejercicios posteriores a 2001, por importe de 8.949.000 €, lo que supone, se advierte en el informe, una infracción del artículo 141.c del Texto Refundido de la Ley General de Presupuestos. De igual modo, la Cámara informa de que el Ayuntamiento consigna anualmente en su presupuesto general créditos para atender gastos realizados en ejercicios anteriores que no fueron reconocidos por carecer de consignación presupuestaria. En cuanto al volumen de endeudamiento en préstamos, que a finales de 2001 ascendía a 74 millones €, se indica que el mismo supone el 130,4% de los ingresos corrientes de la liquidación del 2001, porcentaje superior al límite establecido por el artículo 54 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que cifra el tope en un 110%.
De otro lado, en el remanente de tesorería figuran, en el presupuesto de ingresos como difícil o imposible materialización, 3,5 millones de €. Sin embargo, aplicando los criterios de la Cámara de Cuentas se han estimado que estos derechos alcanzarían un importe total de 20,1 millones.
El informe recomienda al Consistorio jiennense medidas "que potencien la eficacia recaudatoria", puesto que en el ejercicio de 2001 el porcentaje sólo llegaba al 45% de los derechos reconocidos en los capítulos ingresos. Otra prueba de la situación financiera del Ayuntamiento que recoge la Cámara de Cuentas es que la empresa concesionaria de aguas ha confirmado que tiene pendiente de recibir del Ayuntamiento 2,3 millones € en concepto de subvención por no adecuarse las tarifas a los costes unitarios ofertados, y declara haber llevado a cabo inversiones por cuenta del Ayuntamiento por importe de 982.000 €.
7. MADRID: LA EMPRESA DEL EX DIPUTADO POPULAR ARIZA, PRODUJO LA CAMPAÑA ELECTORAL DE TAMAYO
Intereconomía, grupo de comunicación que preside el ex diputado del PP en el parlamento catalán Julio Ariza, diseñó y produjo la campaña electoral del partido Nuevo Socialismo, con el que el tránsfuga socialista Eduardo Tamayo se presentó a la repetición de las elecciones autonómicas madrileñas en 2003, forzadas por su fuga del PSOE junto con la parlamentaria María Teresa Sáez. La grabación de sus espacios publicitarios, tanto de radio como de televisión, se materializó en las propias instalaciones del Grupo Intereconomía. El pago de estos anuncios se efectuó nueve meses después por el citado grupo mediático. Sus fotos electorales fueron elaboradas por un profesional vinculado al citado grupo de Intereconomía. Un directivo del grupo diseñó la campaña del ex diputado tránsfuga. Intereconomía recibió recientemente una licencia de TV del Gobierno de Esperanza Aguirre, vencedora en los comicios forzados por Tamayo.
Mientras, el PP impidió en la Mesa y en la Junta de Portavoces del Parlamento regional la admisión de una pregunta oral de IU a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, sobre "la contratación del escolta del señor [Eduardo] Tamayo" para la seguridad del Grupo Intereconomía, presidido por un ex diputado del PP. El portavoz popular, Antonio Beteta, justificó el rechazo en que el escolta "no tiene trascendencia pública en el ámbito" regional.
8. MADRID: El Gobierno regional da luz verde a la primera universidad privada a distancia
El Gobierno regional de Esperanza Aguirre ha dado luz verde a la primera universidad privada a distancia de la Comunidad de Madrid. El proyecto de ley de reconocimiento de la futura universidad a distancia de Madrid (UDIMA) fue aprobado por el Consejo de Gobierno del pasado 10 de noviembre y ya ha sido remitido a la Asamblea de Madrid para su aprobación, a pesar de que el proyecto contó con el voto desfavorable del Consejo de Coordinación Universitaria y el Consejo Universitario regional. El consejero de Educación, Luis Peral, afirma que eso garantizará "la libertad de elección".
La sociedad que promueve la futura universidad -que fue escriturada en diciembre de 1996 con el nombre de Universidad de Estudios a Distancia Miguel de Cervantes, aunque luego lo cambió- está integrada por varias empresas vinculadas a la formación de posgrado y a la preparación de oposiciones. Entre ellas, destaca el Centro de Estudios Financieros, con sedes en Madrid, Barcelona y Valencia, unos 15.000 alumnos por curso y cuyo director, Roque de las Heras, figura como presidente del consejo de administración de proyecto. En la actualidad sólo existen dos centros universitarios de educación no presencial en España: la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), pública y con más de 40 titulaciones, y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), privada, con 17 titulaciones y especializada en la enseñanza a través de Internet. También UDIMA pretende utilizar las nuevas tecnologías en la formación y contará con un campus on line, según la memoria presentada a los consejos universitarios.
La nueva universidad deberá estar en marcha en cuatro años y calcula que iniciará el primer curso con 520 alumnos, aunque alcanzará los 4.400 en siete años. En ella serán impartidas las licenciaturas de Derecho, Administración y Dirección de Empresas, Psicología, Periodismo e Historia; las diplomaturas de Ciencias del Trabajo, Turismo y Ciencias Empresariales, y las ingenierías técnicas de Informática de Sistemas y de Gestión, y la ingeniería de Informática.
9. MADRID: EL ARQUITECTO MUNICIPAL IMPUTADO EN LA TRAMA DE ALCORCÓN COBRÓ DE LOS PROPIETARIOS DEL SUELO
El informe que la Guardia Civil ha entregado al juez sobre la presunta trama urbanística de Alcorcón concluye que el arquitecto al que el Ayuntamiento de esta localidad encomendó el diseño urbanístico del Ensanche Norte recibió dinero de propietarios del suelo de esa zona y del propio Consistorio. Leopoldo Arnaiz Eguren, arquitecto afín al PP, figura como imputado en la supuesta trama de Alcorcón junto al ex alcalde de esta localidad Pablo Zúñiga (PP), los constructores Francisco Bravo y Francisco Vázquez (en su día relacionados con la presunta compra del voto a los tránsfugas del PSOE en Madrid Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez), y el responsable de la constructora Valdepolo.
En el informe, encargado por el juez, la Guardia Civil explica que Arnaiz recibió, entre 2000 y 2003, casi 300.000 € de empresas y sociedades dirigidas por Juan Benigno Alonso, propietario de suelo en la zona. El informe destaca que Arnaiz -a quien también se ha relacionado con otras tramas urbanísticas en distintos municipios de Madrid- recibió unos 60.000 € del Consistorio en las mismas fechas. Aunque no se especifica en el informe, se supone que este último importe lo recibió como pago de honorarios por el trabajo realizado. "No es normal trabajar para el Ayuntamiento y, a la vez, cobrar dinero de personas con intereses en la zona", señalan fuentes jurídicas.
La Guardia Civil apunta en el informe un presunto delito fiscal cometido por las empresas Valdepolo. En concreto, señala que no consta que estas sociedades hayan declarado a Hacienda los alrededor de 7,2 millones de € que recibieron de una entidad bancaria en esas fechas. El informe ha sido elaborado por la Sección de Delitos Financieros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil con información proporcionada por la Agencia Tributaria. Fue entregado el pasado 5 de octubre en el Juzgado de Instrucción número 2 de Alcorcón.
Este juzgado investiga una querella de la Fiscalía de Urbanismo, que coordina Emilio Valerio, por asociación ilícita para cometer delitos relacionados con el mercado, prevaricación, revelación de secretos, cohecho y negociaciones prohibidas, entre otros delitos. El fiscal señala en la querella que el ex alcalde Zúñiga se "concertó" con constructores de la zona y les proporcionó supuestamente información privilegiada en el marco de una vasta operación tendente a especular con suelo residencial. El informe pericial no alude a ningún flujo de dinero entre el ex alcalde y las citadas empresas o el arquitecto.
La misión de Arnaiz, elegido por el alcalde, según la querella, era elevar informes al regidor indicando cómo desarrollar urbanísticamente los gigantescos solares (más de un millón de m2) denominados Ensanche Norte y Ensanche Sur. Este periódico ha intentado, sin éxito, recabar la versión de Arnaiz.
El juez ordenó una investigación de las empresas que habían operado en la zona y de los movimientos de dinero. El informe de la Guardia Civil destaca que Alonso era "el representante de la comisión gestora Venta de la Rubia", uno de los parajes objeto del rediseño urbanístico encomendado a Arnaiz. Además, es dueño de Valdepolo de Servicios, SL, y de Promociones Alcorcón, entre otras empresas con intereses en la zona. La primera sociedad citada, según el informe, pagó a Arnaiz, en 2001, 9.411,50 €. Promociones Alcorcón 2000 pagó otros 27.888,96 a la sociedad Arnaiz Consultores, SL. Ésta es la misma empresa que recibió del Ayuntamiento 10.806 de los cerca de 60.000 € que en total entregó este municipio a Arnaiz por sus trabajos.
Entre los querellados también figuran los constructores Bravo y Vázquez -relacionados en su día con la deserción de los diputados Tamayo y Sáez-, propietarios de una pequeña parcela en la zona. El informe de la Guardia Civil no revela flujos de dinero entre ambos constructores y el arquitecto Arnaiz. Han sido investigadas las empresas Vaz Inversora e Inmobiliarias, SA, gestionadas por ambos. También lo ha sido la sociedad Aparcamientos Cantarranas, gestionada por Bravo y Vázquez y por Manuel Camilo Hermo. El informe muestra pagos entre estas sociedades y el Ayuntamiento.
Las sociedades de Bravo y Vázquez operaron con suelo situado en los parajes de La Princesa, Barranco Crinche y Palomares, situadas en el Ensanche Sur de Alcorcón. Bravo es el constructor que reservó una habitación en un hotel de Madrid para los diputados Tamayo y Sáez el mismo día en que ambos protagonizaron la espantada de la Asamblea.
10. MADRID: UNA FUNDACIÓN DEL PP COBRÓ A LAS VÍCTIMAS DEL HURACÁN MITCH CASAS PAGADAS CON DINERO PÚBLICO
La Fundación Humanismo y Democracia, ligada al PP, impuso condiciones leoninas a los damnificados del huracán Mitch en Honduras a los que iba destinado un programa subvencionado por el Ayuntamiento de Madrid (con 255.986 €, el 40%), la Generalitat de Valencia y el Gobierno de Honduras. Para obtener una de las 100 viviendas sufragadas con dinero público los beneficiarios debían ser de una organización asociada a la fundación, la Unión Nacional de Campesinos (UNC), pagar en 15 años el 41% del coste y, en caso de que se retrasaran tres meses en el pago, el contrato permitía que la organización se quedara con las viviendas, según los contratos.
Copias de los contratos firmados por las 100 personas que iban a beneficiarse de las viviendas fueron entregadas por la Fundación Humanismo y Democracia al Ayuntamiento, entre los documentos con los que justificó el programa en Honduras, que debía finalizar en diciembre de 2001. Esos contratos, incluidos en el expediente municipal número 00/69-1214 especifican en la cláusula número ocho que, "en caso de muerte, la vivienda adjudicada sea traspasada al beneficiario inscrito en la UNC, el cual deberá estar al día con sus cuotas". Es decir, los herederos del fallecido no podían quedarse con la vivienda salvo que pertenecieran a dicha organización.
La auditora PriceWaterhouseCoopers, empresa adjudicataria del concurso municipal para el "seguimiento, control y revisión de proyectos de cooperación" en la capital, recalcó en un informe hecho tras visitar Honduras que el dinero devuelto a la organización a través de las cuotas debía ir a un fondo destinado a financiar la construcción de otras viviendas. "No obstante, la contraparte local [UNC] señala que el fondo se está utilizando para terminar las obras de algunas de las viviendas que han quedado sin terminar", agrega el documento. Por tanto, recalcó la auditoría, "el fondo rotatorio no se está empleando para los fines previstos". También reveló la empresa que, mientras el programa aprobado planteaba construir casas de 63 m2, "las dimensiones de las viviendas son de 49 m2, en lugar de las previstas".
Éste es el mismo informe en el que PriceWaterhouseCoopers reveló al Consistorio que las 100 casas no fueron construidas en el plazo establecido y que la fundación tampoco comunicó al Ayuntamiento los posibles incidentes que causaron el retraso, como le obliga la normativa.
Por el contrario, Humanismo y Democracia entregó certificados al Ayuntamiento donde indicaba que las 100 viviendas estaban finalizadas. En documentos posteriores, la fundación confesó que faltaban casas por hacer. Uno de los patronos de la fundación, Rafael Rodríguez, recalcó que son ocho las viviendas sin construir y que la responsable es UNC. La Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, que dirige Ana Botella, responsable de la ayuda al desarrollo, no ha reclamado a la fundación la devolución del dinero.
Vera declinó comentar la versión del Ayuntamiento sobre este expediente, porque consideró que "no está cerrado", según una portavoz de la Concejalía de Empleo y Familia. La fundación respondió a la auditoría mencionada con nuevos estudios hechos por ella misma, en los que respondía a las críticas cuestionando el trabajo de Price Waterhouse Coopers. "El informe de auditoría presentado adolece del rigor y de la debida comprobación de los datos que se relacionan, contrastados a través de las pruebas que en las normas de auditoría se establecen", recalca la fundación en un informe fechado el 20 de enero de 2004.
11. MADRID: DILIGENCIAS JUDICIALES CONTRA UN DIPUTADO DEL PP MADRILEÑO POR PRESUNTO DELITO SEXUAL
"Es una paradoja que los gobiernos socialistas o los gobiernos nacionalistas acumulen casos de corrupción", consideró Esperanza Aguirre hace unos días después de que se conociese la detención de un edil de ERC por un presunto delito de pederastia. Pues bien, A.B.T., uno de sus hombres en la Asamblea de Madrid, tiene una orden de alejamiento de su hija. El auto del juzgado, menciona "un supuesto delito contra la libertad sexual".
"¡Si llega a ser uno nuestro, dónde estaríamos!", insistió Esperanza Aguirre. Días después de que empleara la situación personal de un edil de ERC para cargar contra el tripartito, elplural.com ha tenido acceso a un auto de diligencias previas del Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid en el que se dispone para A.B.T., diputado de la Asamblea de Madrid, una orden de alejamiento de su hija.
En el apartado dedicado a exponer los hechos, se informa de que la orden de alejamiento viene motivada a raíz de una denuncia de la madre de la niña, B.P.M. "por motivo de un supuesto delito contra la libertad sexual".
El empeño de Esperanza Aguirre de atribuir la corrupción a las filas nacionalistas y socialistas centró un acto en el que celebraba su primer año como presidenta regional con las Nuevas Generaciones de su partido. La presidenta de la Comunidad de Madrid incluso osó a ejemplificar: "Ahí está el 3% del Carmel, mismo detenían a un concejal de ERC por corrupción de menores...".
En el auto, con fecha de 1 de noviembre, emplea como "razonamientos jurídicos" el testimonio de la madre de la menor y un estudio aportado por un centro de salud y un centro de psicología de El Escorial (Madrid). Es precisamente en la mencionada localidad madrileña donde A.B.T. ejerció hace años como concejal y Teniente de Alcalde. El diputado, es diplomado en gestión empresarial y experto en Protocolo y Ceremonial.
12. COMUNIDAD VALENCIANA: LA FISCALÍA SEÑALA SUIZA COMO DESTINO DE PARTE DEL DINERO DE LAS FACTURAS FALSAS DE TERRA MÍTICA
La denuncia de la Fiscalía contra 16 empresas proveedoras de Terra Mítica y contra tres de los ex directivos del parque temático de Benidorm ha señalado Suiza como el destino de parte de los fondos que se transmitían a través de una «trama organizada» entre 16 empresas y Terra Mítica, mediante "facturas falsas" por servicios no realizados y "con el ánimo de defraudar a la Hacienda Pública".
Estos hechos, añade el fiscal, son constitutivos de seis delitos continuados de falsificación de documentos mercantiles y 12 delitos contra la Hacienda Pública. El escrito presentado en el juzgado de instrucción nº 3 de Valencia indica que la inspección de Hacienda tiene acreditado que "se han transmitido fondos" desde las cuentas de las empresas denunciadas Trabajos Auxiliares del Siglo XXI y Prexint Botanics -hermanos Moreno Carpio-, "a una entidad financiera Suiza", por valor de 268.000 € y 43.817,39 €, respectivamente.
El importe total de lo defraudado habría alcanzado más de 4,4 millones de € durante los ejercicios 2000 y 2001, por lo que el fiscal pide al juzgado que investigue a los 24 representantes legales de las 16 empresas y de Terra Mítica. Los responsables entonces del parque temático eran Miguel Navarro, Luis Esteban y Justo Valverde, ex cuñado del portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana. Según la denuncia presentada por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, «existe un concierto» a través de una «trama organizada que permitía, tras la falsificación de facturas, una defraudación del impuesto de sociedades y del IVA de los años 2000 y 2001».
Basándose en l a investigación del inspector de la Agencia Estatal Tributaria, la denuncia explica que "existe un grupo de sociedades cuyos legales representantes están en connivencia unos con los otros" y que, "guiados por el ánimo de defraudar a la Hacienda Pública", han venido emitiendo una serie de «facturas que no obedecen a la realidad». Y añade que, "para ocultar el beneficio obtenido", las empresas desviaban «cuantiosas cantidades de dinero» hacia la entidad Desarrollo Gran Vía, "fingiendo un endoso" a su favor. Esta empresa ingresaba el dinero en sus cuentas bancarias y luego su representante legal, José Luis Rubio Sánchez, retiraba los fondos en efectivo.
Existían también acreditados «pagos en dinero negro» de parte de una vivienda que fue adquirida por otro de los 24 denunciados, Conesa Ripoll, y de parte de una naves adquiridas por AST Ingenieros. Y por otro lado, estaban las empresas de los Moreno Carpio, que desviaban sus fondos a Suiza. La denuncia del fiscal describe una forma de operar en cuatro escalones, según el lugar que ocupaban las sociedades.
Así, en el primer escalón estaban las empresas Herrero Mantenimiento, Mecanizados Hermanos Muñoz, Mecanizados de Levante y Les Simetes de Partegás. Estas empresas, que se caracterizan por "estar inactivas" o tener una "actividad pequeña", emitieron una serie de «facturas falsas por unos trabajos que nunca han llegado a realizar» y que entregaron a las mercantiles del segundo escalón. Este segundo estadio estaba formado por Altos del Carrichal, Red Moreno, Trabajos Auxiliares del Siglo XXI, Prexint Botanics y Gribal SA, que recibieron las «facturas ficticias» de las anteriores compañías. A su vez, éstas emitieron otras "facturas no reales" también por servicios que nunca se han prestado "y que a su vez entregaron a otro grupo de empresas".
Éstas se situarían en el tercer escalón. Se trata de Desarrollo de Proyectos Instalaciones y Mantenimiento SA, y C3 Ingeniería de la Construcción y Medio Ambiente SL, ambas de la familia Conesa, empresario que estuvo implicado en una polémica adjudicación del mapa verde y sonoro en Benidorm cuando Eduardo Zaplana era alcalde.
Se trata de empresas de ingeniería que recibieron las "facturas no reales" de las anteriores mercantiles y, a la vez, emitieron otras «ficticias también», haciendo constar la "realización de trabajos que realmente nunca se efectuaron para las empresas del último escalón, Excavaciones Escoto SA y Terra Mítica Parque Temático Benidorm SA". Una vez emitidas la facturas, estas empresas, las utilizaron para "disminuir su tributación" e incluyeron en sus declaraciones "gastos total o parcialmente inexistentes".
13. COMUNIDAD VALENCIANA: LOS BECARIOS "DE SEGUNDA" DE LA GENERALITAT
Siempre ha habido clases. En el género humano, en el calibre y grado de azúcar de la fruta y hasta en los becarios y contratados de la Generalitat y empresas públicas dependientes. No todos pueden disfrutar de un año en Miami o en Nueva York como el sobrino de Eduardo Zaplana y los otros siete parientes de altos cargos del PP agraciados con una estancia en alguna de las 24 delegaciones de la red exterior del IVEX. Y no todos cobran 30.000 $ ni tienen billetes de avión pagados.
A. M. Ll. puede dar fe de ello. Estuvo siete meses con una beca en la Oficina de la Comunidad Valenciana en Bruselas, dentro del programa Salario joven que cuenta con subvención de la Unión Europea, y percibió 799,80 € brutos mensuales. «¡Qué crueldad con los jóvenes! ¡Qué crueldad!», diría el conseller Justo Nieto. Tan cruel le pareció a la magistrada Esperanza Montesinos, del juzgado de lo social número 15 de Valencia, que acaba de dictar una sentencia en la que condena a la Generalitat a indemnizar a la joven con 2.710 € con 18 céntimos por los gastos derivados del alquiler del piso (340 € mensuales) y el billete de avión de ida y vuelta a Valencia, que le costó 330,18 €. La Generalitat tendrá que pagar, además, otros 570 € por la fianza de alquiler de la casa.
La interesada reclamó esa cantidad al acabar su estancia en la capital europea y apeló al Decreto 24/1997 de 11 de febrero en el que se regulan las indemnizaciones a personal de la Administración Autonómica por gastos ocasionados "por razón del servicio prestado". La Generalitat se negó a compensar a la contratada argumentando que esa norma es sólo de aplicación para funcionarios "en comisión de servicios" y "no en los que el puesto de trabajo no supone un desplazamiento porque se pacta ya originariamente". El Consell arguyó que la interesada aceptó cuando se le adjudicó la beca a sabiendas de que iba a Bruselas.
En la sentencia, la juez advierte que muy por encima está el Código Civil, que en su artículo 7 establece que los contratantes "pueden establecer los pactos, las cláusulas y condiciones que tengan por conveniente siempre que no sea contrarias a las leyes, a la moral ni al orden público". Y ese contrato lo considera injusto porque, descontados los gastos de estancia, "no se acerca ni de lejos al salario mínimo interprofesional de ese año [460,50 € mensuales] con lo que difícilmente puede hablarse de promoción laboral del desempleado a quien puede resultar más oneroso trabajar que el propio desempleo». De permitirse contratos así, "que no alcanzaran el salario mínimo, se estaría promoviendo la subvención de contratos indirectamente ilícitos", subraya la juez.
Por ello, ordena que se le indemnice a la joven por los gastos realizados «por razón del servicio» como si de un funcionaria autonómica se tratara. Contra la sentencia «cabe recurso de suplicación».
14. COMUNIDAD VALENCIANA: LOS ZAPLANISTAS ADVIERTEN DE UNA ESTRATEGIA PARA QUE RUS NO OPTE A LA DIPUTACIÓN EN 2007
Las declaraciones que el presidente provincial del PP, Alfonso Rus, realizó pidiendo "máximo respeto y sensatez" para la Gramática que aprobó la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) horas después de que el presidente de la Diputación de Valencia, Fernando Giner, la hubiera tachado de "una felonía y una traición", podrían ser fruto de una estrategia del partido para desgastar al también alcalde de Xátiva y evitar que sea el candidato en 2007 a la entidad provincial que ahora preside Giner. Fuentes próximas al denominado sector zaplanista explicaron que en el PP existe un grupo de políticos cercanos al presidente Francisco Camps que no ve con buenos ojos la posibilidad de que Alfonso Rus sea el sustituto de Fernando Giner al frente de la diputación. Según sostienen estas fuentes, dentro del PP hay un grupo de personas, integrantes del sector afín a Camps, que estaría intentado desgastar la imagen de Rus, con el fin de que sea otro y no él quien presente su candidatura a la entidad provincial en 2007.
Las citadas fuentes argumentan que el silencio que el Consell ha mantenido con respecto a la Gramática de la AVL -el conseller de Educación y Cultura, Alejandro Font de Mora, evitó pronunciarse el sábado sobre el contenido del acuerdo alcanzado por los académicos- contrasta con las declaraciones realizadas por el presidente provincial popular. Alfonso Rus reclamó el sábado "prudencia" respecto al trabajo de una institución -por la AVL-que, como recordó, fue creada en tiempos de Zaplana.
No obstante, y aunque no llegó a nombrar a Giner, Rus no dudó en afirmar también que «logros tan importantes como la creación de este ente no debería ser objeto de confrontación política» y añadió que "no hay que dejarse llevar por críticas apasionadas que se alejan del espíritu de la convivencia y la responsabilidad". Horas antes Fernando Giner había afirmado que "los valencianos tenemos que evitar, dando la espalda a la Academia Valenciana de la Lengua, que esta actúe como mercenaria del Institut d'Estudis Catalans".
Las mismas fuentes, próximas al sector de los zaplanistas en la provincia de Valencia, fueron más lejos e incluso, apuntaron el nombre de Serafín Castellano, actual portavoz del PP en las Cortes Valencianas, como el nombre que el sector cercano a Camps baraja para que presida la Diputación de Valencia en 2007. "El candidato de Camps es Serafín Castellano", aseguraron.
Alfonso Rus nunca ha negado que le gustaría ser el próximo presidente de la entidad provincial. De hecho, el presidente del PP en La Safor no ha tenido ningún problema en reconocerlo públicamente. Sin embargo, tal como subrayaron las fuentes zaplanistas, "nadie cercano al aparato del partido se ha pronunciado claramente a este respecto hasta la fecha".
15. MURCIA: DILIGENCIAS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS POR LA DENUNCIA CONTRA EL ALCALDE DEL PP DE MAZARRÓN
El Tribunal de Cuentas ha remitido una providencia a las partes anunciando que ante la denuncia que ha hecho el grupo municipal socialista en el ayuntamiento de Mazarrón contra el Alcalde-Presidente, Francisco Blaya Blaya, por la posible existencia de unos hechos que podrían ser constitutivos de presunta responsabilidad contable. También da traslado de la documentación recibida al Ministerio Fiscal, al abogado del Estado, al representante del ayuntamiento de Mazarrón y al propio Blaya.
El PSOE viene insistiendo que en los presupuestos municipales se recoja la deuda de la empresa URBASER y que está reconocida incluso judicialmente, esta deuda asciende a una cantidad de 6.400.000 € a día de hoy, y conlleva que cada día que pasa le cuesta al Ayuntamiento más de 750 € en intereses.
Algún interés tiene que haber para que esta empresa, multinacional como declara el propio Blaya, esté cobrando del ayuntamiento esta cantidad diaria.
16. MURCIA: MULA ESTUDIA RECALIFICAR UNAS FINCAS QUE ERAN DEL CONCEJAL DE URBANISMO Y SUS SOCIOS
La Muela de Albudeite es una de las doce urbanizaciones cuyos promotores han solicitado al Ayuntamiento de Mula la recalificación del suelo. Pero tiene una particularidad. Una parte de los 1,8 millones de m2 de suelo no urbanizable que se quieren recalificar en La Muela pertenecían hasta hace algo más de un año al concejal de Urbanismo, Leandro Pérez de los Cobos, que los vendió con unas importantes plusvalías a las tres empresas que ahora proponen su cambio de uso. Leandro Pérez de los Cobos adquirió los terrenos en dos operaciones en marzo de 1999 junto con varios socios por unos precios muy bajos. Exactamente compraron 1,5 millones de m2 de suelo rústico y escaso valor agrícola por 18.030 €.
Cinco años más tarde, en marzo de 2004, siendo ya Pérez de los Cobos concejal de Urbanismo, él y sus socios vendieron esos mismos terrenos, que siguen siendo rústicos, por 1.110.203,61 €, lo que supone unas plusvalías del 6.057%. Los compradores fueron tres empresas del sector inmobiliario, Artecons Mar Menor, S.L., Urbincosta, S.L, ambas radicadas en San Pedro del Pinatar, y Galba Inversiones, con sede en Murcia, según consta en el Registro de la Propiedad de Mula.
El concejal y su esposa figuran como propietarios de casi un tercio de los 1,5 millones de m2 vendidos a las compañías inmobiliarias. El resto de propietarios eran Francisco Ramírez y su esposa, y la esposa de otro socio del edil.
En la misma operación escriturada el 23 de marzo de 2004, estas tres empresas compraron algunas fincas más pequeñas en el paraje de la Muela de Albudeite adquiridas en solitario por Francisco Ramírez y su hijo un año antes (entre agosto y septiembre de 2003). En todas estas ventas de tierras, los propietarios y socios de Leandro Pérez de los Cobos otorgaron poderes notariales al concejal de Urbanismo para que actuara como su representante ante las inmobiliarias.
El edil indicó que cuando vendió los terrenos no urbanizables desconocía para qué los querían las compañías inmobiliarias, y consideró lógica la extraordinaria revalorización de los terrenos, a pesar de ser rústicos, debido a los años transcurridos desde que los adquirió.
Meses después de este lucrativo negocio cerrado por el concejal de Urbanismo, una de las inmobiliarias a las que vendió las fincas en la Muela de Albudeite presentó en el Ayuntamiento una propuesta de convenio urbanístico en el que solicita la recalificación de esos mismos terrenos para construir unas 2.800 viviendas. El edil indicó que dicho convenio urbanístico fue presentado en el Ayuntamiento por la empresa "hace más o menos un año", pero dijo no recordar si era la misma a la que le vendió sus terrenos el pasado año.
Como responsable de Urbanismo, Leandro Pérez de los Cobos fue el encargado de estudiar el convenio urbanístico de la Muela de Albudeite. El pasado 18 de julio el concejal llevó este convenio y dos más (los de Casa Alta y Los Chopos) a la Comisión Informativa de Ordenación del Territorio, que él preside, e incluso solicitó un informe a los técnicos municipales sobre la valoración del suelo en estas zonas, con el fin de calcular el precio que podía ingresar el Ayuntamiento por la cesión del 10% del suelo que legalmente deben llevar a cabo las promotoras al municipio.
El convenio urbanístico de La Muela de Albudeite y la recalificación de los terrenos aún no ha sido tratado por el Pleno municipal, es decir, se encuentran aún sin aprobar, pero según consta en un documento oficial del Ayuntamiento ya ha sido remitido a los promotores "a la espera de su conformidad". El alcalde de Mula, José Iborra, ha eludido hasta ahora pronunciarse sobre este asunto.
