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ÍNDICE

1. EL ÚLTIMO INFORME QUE PIDIÓ EXTERIORES ANTES DE LA GUERRA DE IRAK CONSIDERÓ ILEGAL LA INTERVENCIÓN QUE APOYÓ AZNAR  

2. ESPAÑOLES EN IRAK: PARTE DE GUERRA  

3. PRESTIGE: "La consigna es que lo separen de la costa hasta que se hunda"

4. Zaplana se benefició de un ventajoso crédito de la CAM

5. CATALUÑA: "DESENCANTADOS" CON EL PP CATALÁN

6. ANDALUCÍA: UN EX DELEGADO DEL PP EN LA ZONA FRANCA DESVIÓ 4,2 MILLONES A DOS SOCIOS CON LOS QUE TRABAJABA EN MIAMI

7. ANDALUCÍA: LA RADIO LOCAL DE GRANADA CONTRATA A LA ESPOSA DE UN PARLAMENTARIO DEL PP

8. ANDALUCÍA: EL ALCALDE DE BARBATE (PP) RECONOCE MÁS DE 200 CONTRATOS DIRECTOS  

9. MADRID: EL CONSEJO ECONÓMICO CALIFICA DE "DEMASIADO OPTIMISTAS" LOS PRESUPUESTOS REGIONALES  

10. MADRID: EL MINISTERIO DE SANIDAD EXPULSA A MADRID DEL SISTEMA NACIONAL DE LISTA DE ESPERA 

11. MADRID: LA COMPLUTENSE RELEVA DE SUS FUNCIONES A LOS RESPONSABLES DE SEGURIDAD IMPLICADOS EN EL CASO TAMAYO

12. COMUNIDAD VALENCIANA: LA EUROCÁMARA DEBATE UNA MORATORIA URBANÍSTICA EN EL LITORAL VALENCIANO 

13. COMUNIDAD VALENCIANA: EL EMPRESARIO CLAVE DEL FRAUDE DE TERRA MÍTICA CONTRATA PARA LA SOCIEDAD PROYECTOS TEMÁTICOS DEL CONSELL

14. LA AUDIENCIA DE CASTELLÓN DESESTIMA UN RECURSO DE CARLOS FABRA CONTRA EL EMPRESARIO VILAR

15. COMUNIDAD VALENCIANA: MEDINA (PP) ADJUDICÓ LA URBANIZACIÓN DE UN CENTRO DE SALUD TRAS SU EJECUCIÓN

16. COMUNIDAD VALENCIANA: LA AUDIENCIA CONDENA A ALPERI (PP) PAGAR LAS COSTAS DE MERCALICANTE POR "MALA FE"

17. CASTILLA Y LEÓN: RECHAZA UNA IDEA DEL BNG QUE TAMBIÉN FIGURA EN SU ESTATUTO 

18. CASTILLA Y LEÓN: NIETOS DE UNAMUNO RECRIMINAN AL PP EL USO DEL "VENCERÉIS, PERO NO CONVENCERÉIS" EN LA CAMPAÑA DEL ARCHIVO DE SALAMANCA

19. CASTILLA-LA MANCHA: EL ALCALDE DE TOLEDO (PP) METE LA PATA CON LA SUPRESIÓN DE LA ‘E’ DEL AVE

20. CANARIAS: EL PP PIERDE UNA ALCALDÍA EN UNA MOCIÓN DE CENSURA, TRAS HABERLA GANADO DE LA MISMA MANERA

21. LA RIOJA: EL PP DE LA RIOJA REPROCHA A ELENA ESPINOSA LO QUE PERDONABA A ARIAS CAÑETE, "ASOMBRO ABSOLUTO" EN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA


1. EL ÚLTIMO INFORME QUE PIDIÓ EXTERIORES ANTES DE LA GUERRA DE IRAK CONSIDERÓ ILEGAL LA INTERVENCIÓN QUE APOYÓ AZNAR  

La Asesoría Jurídica Internacional (AJI) del Ministerio de Asuntos Exteriores informó el 3 de marzo de 2003 -16 días antes de la invasión de Irak- que "ni la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas número 1.284 de 1999 ni la 1.441 de 2002 contienen un mecanismo automático de activación". Se refería a la posibilidad de desencadenar una guerra contra Irak en caso de incumplimientos con el sistema de inspección de las presuntas armas de destrucción masiva. Era el segundo dictamen que recibía el Gobierno del PP en el mismo sentido ya que con fecha 8 de octubre de 2002, la AJI había advertido de la ilegalidad de una intervención militar en Irak sin autorización expresa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, respaldó la guerra junto a los Gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido en contra de los asesores jurídicos del Ministerio de Asuntos Exteriores.

A finales de septiembre de 2002, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ramón Gil-Casares, solicitó al jefe de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio, Juan Antonio Yáñez-Barnuevo, un "informe acerca de los aspectos jurídico-internacionales de una eventual intervención armada contra Irak". En aquellas fechas todavía resonaba el discurso de George Bush ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el cual ya se anticipaba el curso hacia la invasión de Irak, con la bendición de la ONU o sin ella.

Al resumir sus conclusiones sobre la consulta realizada por Gil-Casares, el informe señalaba que "de una resolución que reactivase la autorización del empleo de la fuerza no se podría deducir automáticamente el que implicase asimismo la licencia para cambiar el régimen imperante en Irak... Una autorización de ese tipo no se puede entender en ningún caso de una manera implícita, sino que tendría que ser explicitado de una u otra forma en la decisión o decisiones del Consejo de Seguridad como parte del mandato atribuido a la coalición internacional frente a Irak... Para que el objeto de la intervención armada internacional pasara a ser el de 'cambio de régimen' en Bagdad haría falta que el Consejo de Seguridad determinase previamente que el régimen actual, por su comportamiento pasado y presente, representa en sí mismo una amenaza para la paz y seguridad internacionales...".

El 21 de febrero de 2003, el presidente José María Aznar, viajó a Crawford, Tejas, para entrevistarse con Bush. En la agenda: Irak y la ONU. Antes, Aznar hizo una escala en México, donde intentó persuadir al presidente Vicente Fox para el apoyo a una nueva resolución del Consejo de Seguridad de la ONU con la que se pretendía legalizar la invasión de Irak por sus incumplimientos. Bush explicó el 22 de febrero a Aznar que la guerra se avecinaba. El presidente español recomendó obtener antes una nueva resolución de la ONU. Bush dijo que en atención a la petición de Tony Blair, se haría lo posible, pero que con esa resolución o sin ella, EE UU apartaría a Sadam Husein del poder. Aznar le anticipó su respaldo.

Los tres, Bush, Blair y Aznar, patrocinaron inmediatamente una nueva resolución. Otros tres países -Alemania, Francia y Rusia- presentaron un memorándum -que no resolución- con una propuesta alternativa. En ambos textos se hacía mención a la resolución 1284 aprobada por el Consejo de Seguridad en 1999 para crear la Comisión de Naciones Unidas de Vigilancia, Verificación e Inspección (UNMOVIC) y lograr que esta nueva institución, junto con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), reemprendieran las inspecciones en Irak, que llevaban interrumpidas desde 1998.

Pasaron todavía unos días hasta que el 28 de febrero, el Ministerio de Exteriores solicitó a la AJI un informe sobre la "relación entre las resoluciones del Consejo de Seguridad 1.284 y 1.441". El domingo 2 de marzo de 2003, Aznar convocó la primera reunión de la comisión delegada del Gobierno para asuntos de crisis a fin de analizar la posición ante la guerra de Irak. Al día siguiente, lunes 3, Aznar explicó a la Junta Directiva Nacional del PP su posición de respaldo a la Administración Bush.

Ese 3 de marzo, la AJI entregó en Exteriores su nuevo informe, que precisaba: "Por otro lado, esa conclusión es compartida, al menos en principio, por los dos textos actualmente sometidos a la consideración del Consejo de Seguridad. En efecto, por un lado el proyecto de resolución presentado por España, EE UU y el Reino Unido, en su párrafo preambular 1, reitera la referencia a la resolución 1.284 como precedente inmediato de la 1.441; y por otro, el memorando presentado por Alemania, Francia y la Federación de Rusia. La cuestión es cómo armonizar las disposiciones 1.284 y 1.441 de manera que sean lógicamente coherentes dentro del objetivo declarado del Consejo de lograr el efectivo desarme de Irak en lo que concierne a las armas de destrucción masiva".

A juicio de la Asesoría Jurídica Internacional "el juego de las resoluciones 1.284 y 1.441 lleva indefectiblemente a la conclusión de que todo depende de una decisión del Consejo de Seguridad. Ni la resolución 1.284 ni la 1.441 contienen un mecanismo automático de activación. El informe, que también está firmado por el jefe del departamento, Yáñez-Barnuevo, culminaba con toda una premonición. "Ahora bien, el Consejo no es un tribunal, sino un órgano político. Por ello, inevitablemente, su evaluación de la situación y la decisión a la que llegue respecto al curso de acción a seguir dependerán esencialmente de factores políticos más que de un análisis estrictamente jurídico de las resoluciones adoptadas". Tanto era así que Aznar ya tenía la decisión adoptada con mucha anticipación.

2. ESPAÑOLES EN IRAK: PARTE DE GUERRA  

De aquellos polvos vienen estos lodos: Aznar apoyó la intervención estadounidense en Irak. La supuesta intervención humanitaria de las tropas españolas enviadas por el gobierno del PP, se trocó en un conflicto armado, debido a la conflictiva situación bélica que se estaba viviendo desde la invasión americana de Irak. Desde el 4 de abril de 2004, cuando estalló la revuelta chií en el sur de Irak, hasta el 21 de mayo, cuando cruzó la frontera kuwaití el último soldado, las tropas españolas se vieron inmersas en un escenario de guerra abierta. Los informes del Estado Mayor del Ejército, que IU y otros grupos parlamentarios quieren que se remitan al Congreso, revelan que en aquellos 48 días los soldados españoles participaron en 40 acciones de combate (en su mayoría ataques con morteros contra bases o emboscadas a las patrullas) que dejaron un saldo de al menos nueve muertos (un militar salvadoreño y ocho insurgentes iraquíes) y 44 heridos (23 iraquíes, 10 salvadoreños y 11 españoles).

Durante la reciente presentación de su libro Memoria de entreguerras, el ex ministro de Defensa Federico Trillo-Figueroa aseguró que, "pese a lo que diga la versión oficializada, España nunca estuvo en guerra" y que "las Fuerzas Armadas desarrollaron [en Irak] una misión humanitaria y de paz bajo el respaldo de las resoluciones de la ONU". Sin embargo, los informes militares demuestran que, a partir de aquel 4 abril y hasta que el último de los 1.300 soldados cruzó la frontera de Kuwait, el 21 de mayo de 2004, el Ejército español estuvo implicado en una guerra de la que logró salir sin bajas.

Las bases de Al Diwaniya y Nayaf (Base España y Base Al Andalus) sufrieron una veintena de bombardeos de mortero, en los que se lanzaron al menos 227 proyectiles, la mayoría de 82 milímetros, sin causar ninguna baja, a pesar de que una granada cayó en el tejado del alojamiento femenino. Así se refleja en los partes que se remitían diariamente a Madrid.

El domingo 18, mientras Zapatero anuncia por sorpresa la retirada de Irak, 19 granadas de mortero caen en Base España. Se acusa al nuevo Gobierno de no esperar hasta el 30 de junio para decidir la salida de las tropas, como había prometido, pero cada día que pasa se bordea la tragedia. El incidente más grave se produce el 28 de abril, cuando dos vehículos de Caballería escoltan sendos autobuses con miembros del nuevo Ejército iraquí a la salida de Diwaniya. El 20 de mayo, la víspera de que se complete la retirada, un convoy de vuelta de la frontera es atacado junto a la localidad de Al Hamza. El parte resume así las consecuencias: "Un herido español, un iraquí muerto, otro herido grave y otro prisionero".

3. PRESTIGE: "La consigna es que lo separen de la costa hasta que se hunda"

Tres años después de la catástrofe del ‘Prestige’, se ha ofrecido una grabación que aporta novedades importantes. Se trata de una conversación entre el director de la Marina Mercante, José Luis López Sors, y el responsable del Centro de Salvamento. En ella se demuestra que el Ministerio de Fomento de Álvarez Cascos ordenó desde el principio alejar el petrolero de la costa. La conversación telefónica se produjo sólo unas horas después de que el ‘Prestige’ emitiera su primera señal de alarma.

13 de noviembre de 2002. Han pasado tres horas desde que el ‘Prestige’ lanza el ‘may day’ y en la conversación telefónica entre el director general de la Marina Mercante y el coordinador del Centro Nacional de Salvamento queda clara la prioridad de alejar el barco de la costa hasta que se hunda.

-Sors: "Lo que convendría es que alguien permaneciera a bordo, a no ser que se hunda, claro".

-Sánchez: "Sí, sí, claro".

-Sors: "Para ayudarnos a hacer la maniobra. Y la consigna es que cojan el barco, un cabo y que lo separen de la costa hasta que se hunda".

Es la consigna que transmite López Sors a Pedro Sánchez. Sors pregunta a Sánchez cuál es la situación del petrolero y éste le informa de que "está a 27 millas, al oeste de cabo Finisterre... está cerca, malo". Sánchez comenta a Sors que con la deriva que lleva tardaría unas 20 horas en alcanzar la costa. En el buque ni había fuego ni se había abierto ninguna vía en aquellos momentos. López Sors comenta que lo mejor es que el buque se hunda, rezar y que se hunda."Ya no se me ocurre más, coño, rezar", dice Sors.

Poco después Pedro Sánchez recoge la consigna: "cogerlo y llevarlo para afuera". En otro momento Sors comenta a Sánchez que la misión de los helicópteros no es recoger a los marinos de las balsas... Era 13 de noviembre de 2002.

Esta grabación demuestra que la decisión de alejar el barco de la costa fue política. Desmonta la tesis mantenida por el Ejecutivo de Aznar durante esos días, ya que en esta conversación, sólo tres horas después del primer 'may day' del barco, ya se habla de la "consigna de alejarlo de la costa hasta que se hunda". Los responsables del Gobierno del PP no se reunieron con los técnicos hasta un día después de esta grabación, el 14 de noviembre. En su momento, algunos técnicos ya dijeron que el Gobierno no les había consultado sobre la conveniencia de alejar el barco de la costa.

El 20 de noviembre de 2002, sólo una semana después de esta conversación, el ministro de Defensa, entonces Federico Trillo, defendía que esa decisión no había sido una consigna política: "Creo que a los técnicos hay que dejarles que decidan la mejor de las soluciones. Ya la mejor que nos propusieron los técnicos era –dado el viento que alejaba el buque de la costa y que la filtración no era grande- alejarlo al máximo posible, como luego se ha demostrado".

El 11 de diciembre, Mariano Rajoy, por entonces vicepresidente, comparecía en una sesión de control al Ejecutivo. En la misma línea, Rajoy dijo que desde un primer momento la decisión fue de los técnicos: "La decisión de alejar el buque de la costa tuvo su fundamento en criterios estrictamente técnicos encaminados a reducir en la medida de las posibilidades el riesgo ambiental que el buque suponía para nuestras costas". En la misma dirección se pronunció el entonces presidente del Gobierno José María Aznar: "Respaldo todas las decisiones tomadas, creo que han sido acertadas. Así lo dicen los técnicos. No hay nadie que manifestase que el barco debería haber entrado en puerto y que hubiese vertido todo el petróleo".

4. Zaplana se benefició de un ventajoso crédito de la CAM

El portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, compró en 2002 una vivienda de lujo en Madrid. Como presidente de la Generalitat valenciana había mantenido una estrecha relación con la Caja de Ahorros del Mediterráneo, la misma entidad financiera que le concedió la hipoteca: 371 millones de pesetas. El último día del año 2002, el portavoz en el Parlamento del Grupo Parlamentario Popular, Eduardo Zaplana, y su esposa, Rosa Barceló, adquirían un lujoso piso en el madrileño Paseo de la Castellana. La hipoteca fue concertada con la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), entidad financiera con la que hasta pocos meses antes, el que fuera ministro de Trabajo en los gobiernos del PP, había mantenido una estrecha relación institucional, ya que era presidente de la Generalitat Valenciana.

La vivienda de lujo tiene 532 m2, entre el piso propiamente dicho, las dos plazas de garaje y el trastero. Ubicado en una de las mejores zonas de la capital, la hipoteca, concedida por la Caja de Ahorros del Mediterráneo, es por un importe de 1.622.732,68 € en cuanto al principal, 271.320,79 de intereses ordinarios, y 194.727,92 de intereses de demora. A esto hay que añadir 140.636 € para costas y gastos. Todo ello a pagar en 25 años, según consta en las escrituras elevadas ante el notario Juan Carlos Caballería Gómez el 19 de noviembre de 2002.

Entonces, el señor Zaplana era ministro del Gobierno presidido por José María Aznar. Su salario era de 6.004 € mensuales. Por su condición de ministro, Eduardo Zaplana estaba sometido estrictamente al régimen fijado por la Ley de Incompatibilidades. Sólo podía percibir ingresos por su salario. La cuota de su hipoteca excedía los 8.044 € mensuales.

La hipoteca concedida por la entidad de crédito valenciana (en total 371 millones de pesetas) ofrecía unas interesantes condiciones. Para su formalización, no se solicitó aval exterior. Es la propia vivienda la única garantía. La tasación efectuada por los técnicos (2.658.720 €, 442 millones de pesetas), entre otras razones, para conocer su valor aproximado en caso de tener que ser ejecutado un embargo, excede en más de un millón de € al precio suscrito en la escritura de compraventa. Se establece un periodo de carencia de tres años para el abono del capital. Esto significa que durante ese periodo, sólo se han de abonar intereses. Durante el primer año se acordó un interés de 3,36% y a partir del segundo año el Euríbor más 0,40.

Se da la circunstancia de que Eduardo Zaplana mantuvo una estrecha relación con la entidad que le ha concedido el crédito hipotecario a lo largo de todos los años en los que presidió la Generalitat Valenciana. Bajo su mandato, en 1997, se modificaba la ley autonómica de Cajas de Ahorros. Entre otros muchas cambios, destacaba uno que reforzaba la presencia institucional –autonómica y de las corporaciones locales- en el Consejo de Administración. De hecho, en la práctica llegaba al 56 por ciento del Consejo. Para ocupar cargos de consejeros, Zaplana designó en su momento a tres actuales vicepresidentes (de un total de cuatro) y también al actual secretario. Antonio Gil-Terrón Puchade (hoy vicepresidente) y Francisco Grau Jornet (secretario), fueron designados para entrar en el Consejo de Administración de la CAM, el 7 de abril de 2000. Armando Sala Lloret y Francisco Javier Guillamón Álvarez (los dos, vicepresidentes), entraban en el Consejo el 26 de marzo de 2002. En ambas fechas, Eduardo Zaplana era presidente de la Generalitat Valenciana.

5. CATALUÑA: "DESENCANTADOS" CON EL PP CATALÁN

Veïns de Catalunya es una plataforma con vocación de partido político creada hace menos de un mes por antiguos integrantes de las juventudes del PP catalán. "Nuestra ruptura del PP no ha sido por motivos ideológicos sino por su falta de coherencia y su mal funcionamiento interno", explican sus miembros. "Nuestra experiencia en el PP no fue buena. Vivimos una situación interna política y moral rechazable". Jorge Baeza, responsable de acción política de Veïns de Catalunta, explica con estas palabras los motivos por los que él y otros cinco antiguos integrantes de Nuevas Generaciones del PP catalán dejaron a un lado su militancia en el partido. "No obstante, -prosigue- nuestra vocación política ha persistido y por ello decidimos crear Veïns de Catalunya. Quién sabe si con los años llegamos a ser un partido político".

Para Jorge Baeza, como para Juan Víctor, responsable de comunicación de la plataforma, los últimos años en el PPC no fueron muy fáciles. "No hay democracia interna", explicó Juan Víctor a elplural.com. "Es imposible debatir, hay una falta brutal de mensaje y te lo dan todo dado y masticado", añadió. No obstante, estos jóvenes no han apostado por otras formaciones políticas existentes porque "tampoco nos convencen". "Ideológicamente, estamos un poco a la izquierda del PP. Somos una formación liberal no nacionalista de proyecto social. Defendemos a ultranza as libertades individuales y criticamos la radicalización de la vida política", sostienen desde Veïns de Catalunya.

Jorge Baeza explicó que la apuesta política por las listas abiertas es el eje del que parte esta plataforma ciudadana. Y defienden este sistema "porque hemos visto en nuestra estancia en el PP catalán cómo se cocina todo, las trampas que se hacen y cómo se cierran las listas". A juicio de Baeza "las listas cerradas suponen lejanía para el ciudadano, mientras que las abiertas son mejores en tanto en cuanto detectan de manera muy ágil los problemas de los ciudadanos". Algo que desde esta plataforma consideran muy importante en " estos momentos en los que se antepone el partidismo al interés general".

A diferencia del "no" rotundo al Estatut que se escucha en las filas del PP, de donde provienen, Veïns de Cataluña, sí está a favor de una reforma del proyecto catalán, pero "no de esta que se está tratando ahora". "No compartimos todos los puntos, sobre todo en materia de derechos y deberes. Se deja poco margen a la ciudadanía".

6. ANDALUCÍA: UN EX DELEGADO DEL PP EN LA ZONA FRANCA DESVIÓ 4,2 MILLONES A DOS SOCIOS CON LOS QUE TRABAJABA EN MIAMI

Los desmanes y supuestas irregularidades de los ex delegados del PP en la Zona Franca de Cádiz parecen no tener fin. Tres meses después de verse forzado a presentar su dimisión en 2000 por las numerosas denuncias sobre su gestión, Manuel Rodríguez de Castro creó la empresa Iberiana, con sede en Florida (EE.UU), junto con los dos propietarios de Miami Free Zone, a quien había concedido previamente un contrato plagado de irregularidades de 4,2 millones de euros para crear una red informática que nunca existió. Los primeros pagos los firmó Rodríguez de Castro el mismo día o después de cesar en el cargo. Su sucesor, el también popular Miguel Osuna, mantuvo este contrato y autorizó los últimos pagos pese a que tuvo conocimiento del supuesto fraude tras encargar varios informes.

La empresa Iberiana fue creada por Manuel Rodríguez de Castro y los empresarios Germán y Camila Leiva, propietarios de Miami Free Zone. Ambas empresas compartían la misma dirección: 1550 de Madruga Avenue, suite 406, de Coral Gable, una ciudad del Estado de Florida. Así que Miguel Osuna pagó 2,59 millones de euros a la misma dirección donde funcionaba una empresa de Rodríguez de Castro, quien había adjudicado el contrato a sus socios.

Esta nueva revelación pone en entredicho una vez más la actuación de los dos ex delegados populares en el recinto fiscal gaditano. A ambos, el juzgado de instrucción número 4 de Cádiz les juzga tras admitir a trámite la querella criminal que presentaron conjuntamente el pasado mes de agosto la Abogacía General del Estado y la Zona Franca por los contratos millonarios que suscribió este organismo con las empresas Miami Free Zone y Telvent. A Rodríguez de Castro se le acusa de varios delitos de apropiación indebida, malversación de fondos públicos, fraude, prevaricación y exacciones ilegales. La acción penal contra Osuna es por un presunto delito societario. Ambos llegaron al cargo de la mano de la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, quien se desmarcó muy recientemente de la gestión de Rodríguez de Castro, pero que sigue defendiendo a Osuna.

7. ANDALUCÍA: LA RADIO LOCAL DE GRANADA CONTRATA A LA ESPOSA DE UN PARLAMENTARIO DEL PP

La nueva directora de la radio municipal de Granada (propiedad del Ayuntamiento, gobernado por el PP) será la esposa del parlamentario andaluz de ese partido Carlos Rojas y sobrina del ex presidente provincial, Juan de Dios Martínez Soriano. El Instituto Municipal de Formación y Empleo (IMFE) propietario del medio, convocó la plaza para un licenciado en Ciencias de la Información o Bellas Artes. La candidata seleccionada tiene el segundo título. El IMFE pidió al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), dirigido por la Junta, una lista de candidatos al puesto de director de la radio que debían cumplir el requisito de ser licenciados en Ciencias de la Información o Bellas Artes. El proceso de selección constaba de una valoración del currículo y los méritos de cada uno de ellos, y una entrevista personal. Cada una de las pruebas conformaba un 50% de la calificación para el concurso.

El SAE seleccionó entre sus archivos a siete personas, según la concejala de Turismo de Granada, Eva Martín, responsable del IMFE y por lo tanto de su radio. Terminado el examen, la elegida para dirigir la radio municipal fue Fátima Churruca, mujer del parlamentario popular andaluz por Granada Carlos Rojas y sobrina del ex presidente provincial del partido, Juan de Dios Martínez Soriano. Churruca trabajó como periodista para varios medios locales y, posteriormente, se incorporó al gabinete de prensa del partido en Granada cuando su tío era aún su principal mandatario provincial.

Preguntada sobre la procedencia de pedir para ese puesto a una licenciada en Bellas Artes, la concejala del PP respondió que ellos habían presentado su solicitud al SAE, "una organización gobernada por el partido socialista", y negó taxativamente la existencia de nepotismo, algo de lo que le acusa el grupo municipal de Izquierda Unida. "Todos los candidatos tenían buen nivel y méritos suficientes para ocupar ese puesto", añadió la edil. Martín aseguró que la futura directora, además de ser licenciada en Bellas Artes, tiene un título de postgrado en periodismo audiovisual, algo que decantó la balanza en su favor y sirvió para descartar a los demás aspirantes.

8. ANDALUCÍA: EL ALCALDE DE BARBATE (PP) RECONOCE MÁS DE 200 CONTRATOS DIRECTOS  

El alcalde de Barbate (Cádiz, 22.000 habitantes), Juan Manuel de Jesús (PP), reconoció que el Ayuntamiento cuenta con más de 200 trabajadores contratados de forma directa. El regidor justificó la situación en la política de acceso a la función pública desarrollada durante su mandato y por las anteriores corporaciones. De Jesús salió de esta forma al paso de las quejas de la oposición de PSOE y IU, que acusaron al PP de programar para el año 2006 una nueva subida los impuestos locales "para poder pagar a asesores, cargos de confianza y enchufados del Ayuntamiento". El primer edil planteó la regularización de estos contratos mediante la apertura de procedimientos reglados y aseguró que "no habrá más contratos a dedo a partir de ahora". El alcalde retó a la oposición a que, si considera excesivo el número, vote en el pleno en contra de la normalización de estos trabajadores.

9. MADRID: EL CONSEJO ECONÓMICO CALIFICA DE "DEMASIADO OPTIMISTAS" LOS PRESUPUESTOS REGIONALES  

"El Gobierno ha elaborado unas previsiones económicas para 2006 demasiado optimistas". Ésta es una de las consideraciones que el Consejo Económico y Social recoge en el informe Los criterios y líneas generales del proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2006, aprobado el pasado 1 de diciembre. El voto particular de los representantes de UGT-Madrid en este órgano coincide en la valoración y recalca que las previsiones económicas del Ejecutivo "siguen apostando por la gestión de entidades privadas en detrimento de la pública".

El dictamen -que no es vinculante- del Consejo Económico Social, un órgano consultivo de la Comunidad integrado por 20 expertos, fue aprobado por 16 votos a favor, tres en contra y una abstención. El sindicato CC OO se pronunció a favor del informe, con el fin de buscar el consenso y hacer un dictamen "más crítico y razonable". "Coincidimos en el planteamiento de UGT, pero no en la forma de plantearlo", explicó su representante Jaime Cedrún. Según el CES, las previsiones económicas del Gobierno de Esperanza Aguirre alcanzan los 19.728 millones de € y las partidas que más crecen son las destinadas a las consejerías de Inmigración (112%), Familia y Asuntos Sociales (14,4%), Justicia e Interior (13,3%) y Cultura y Deportes (10,7%).

Sin embargo, el dictamen considera que el presupuesto "tiene un carácter expansivo que no parece el apropiado en la actual fase del ciclo económico". Además, recalca que los incrementos de gasto de la Comunidad (9,8%) y los organismos autónomos (10,3%) son "superiores al aumento previsto, del 7,2%, del Producto Interior Bruto nominal de la autonomía para 2006". Por eso, concluye, "tal circunstancia dificulta el papel clave del presupuesto como elemento estabilizador de la economía". El Consejo también señala que el Ejecutivo regional ha sido demasiado optimista al no tener en cuenta que un modelo de crecimiento basado sobre todo en la construcción y el consumo plantea "incertidumbres sobre la evolución futura". Otras variables que el Gobierno regional no habría considerado son el previsible aumento de los tipos de interés, que puede tener un impacto negativo sobre la renta bruta disponible de los hogares, o los precios de la energía, entre otros. Pese a que existe una previsión de crecimiento de la economía madrileña del 3,8%, si la economía madrileña creciera menos "el equilibrio presupuestario" podría "verse comprometido".

Aún más crítico es el voto particular planteado por los representantes de UGT-Madrid en el grupo sindical que forma parte del CES y que firma su portavoz, Carmen López. "Dicho informe no se ajusta ni recoge las propuestas y valoraciones" que han formulado las organizaciones sindicales, asegura. Según UGT, los presupuestos "no se corresponden con las necesidades socioeconómicas de la región" y los califica como "regresivos y carentes de criterios de progresividad e igualdad". Pero la mayor crítica que hace el sindicato a las previsiones económicas del 2006 es el deterioro del sector público en beneficio de las empresas privadas. "La externalización de los servicios es una de las características más significativas de este presupuesto", dice el voto particular.

10. MADRID: EL MINISTERIO DE SANIDAD EXPULSA A LA COMUNIDAD DE MADRID DEL SISTEMA NACIONAL DE LISTA DE ESPERA 

La Comunidad de Madrid fue expulsada del sistema nacional de cómputo de listas de espera (listado de enfermos que aguardan operación en la sanidad pública). Así lo decidió el Ministerio de Sanidad en el Consejo Interterritorial de Sanidad -el órgano donde el Ejecutivo central y las comunidades autónomas ponen en común sus políticas-. El ministerio considera que Madrid incumple la normativa estatal y contabiliza sus listas de espera de manera irregular para que sus datos parezcan más favorables. El ministerio cree que Madrid excluyó el pasado 30 de junio de la lista de espera a 7.880 enfermos. El Gobierno de Esperanza Aguirre actuó así para cumplir la promesa electoral de la presidenta de que ningún madrileño tardaría más de 30 días en ser operado. La promesa, según Aguirre, fue cumplida en verano, algo que es negado por sindicatos, oposición y asociaciones de pacientes.

El Consejo Interterritorial analizó los datos de espera de todas las comunidades autónomas excepto los de Madrid. "La forma en que han sido contabilizados [los datos de Madrid] no permite su agregación con los del conjunto del sistema", declaró en Logroño la ministra de Sanidad, Elena Salgado. La respuesta de Lamela fue airada y acusó a Salgado de "manipulación política". La normativa estatal establece que un paciente deberá ser incluido en la lista de espera cuando el médico especialista le prescribe la operación quirúrgica. Así lo hacen todas las comunidades menos Madrid, que retrasa la inclusión en la lista hasta que el enfermo se ha sometido a las pruebas preoperatorias, cuyo último paso es la visita al anestesista.

En el pasado Consejo Interterritorial, Madrid ya fue excluida del cómputo nacional de la lista de espera quirúrgica, pero posteriormente el ministerio la volvió a admitir al certificar el Gobierno madrileño los datos uno por uno. Esto, sin embargo, no volverá a ocurrir. "No vamos a certificar más nuestros datos por los intereses políticos del ministerio. Nos parece un atropello, un agravio y discriminatorio", afirmó Manuel Lamela. "Lo que tiene que hacer el ministerio es aceptar nuestros datos y, si no lo hace, dictar una resolución administrativa justificando por qué nos excluye. Nosotros llevaremos entonces esta resolución a los tribunales", continuó el consejero de Sanidad.

La ministra Elena Salgado, por su parte, calificó de "inadmisibles" las insinuaciones de Lamela y recordó que las estadísticas de la Comunidad de Madrid no se ajustan a la normativa nacional y, por tanto, no son comparables con las del resto de CCAA. La ministra informó de que el pasado 30 de junio había en España 406.661 pacientes en espera quirúrgica y que la demora media era de 79 días.

11. MADRID: LA COMPLUTENSE RELEVA DE SUS FUNCIONES A LOS RESPONSABLES DE SEGURIDAD IMPLICADOS EN EL CASO TAMAYO

La universidad complutense releva de sus funciones a los responsables de seguridad implicados en el caso Tamayo. El escolta que protegió a los tránsfugas ha declarado en diversas ocasiones, ante el juez y ante la policía, que el encargo de vigilar a Tamayo y Sáez le llego a través del equipo de seguridad de la complutense. La Universidad ha nombrado un delegado para controlar todas las actividades futuras del servicio de seguridad de la Complutense, con lo que los anteriores quedan apartados de sus funciones.

Esta decisión se toma después de que se supiera que el escolta José Antonio Expósito declaró ante el juez y la policía que había recibido el encargo de proteger a los diputados tránsfugas Tamayo y Sáez de Dionisio Ramos. Gerente entonces de la Universidad Complutense y secretario general de la consejería de educación con el primer gobierno del Partido Popular en Madrid.

Y no es el único caso en el que se forma el triángulo entre el ex alto cargo de los populares, el escolta y los jefes de seguridad, ahora apartados de sus funciones. Expósito relaciona a todos ellos con otros casos de presunto espionaje pagados con fondos públicos: la desactivación de escuchas ilegales en ayuntamientos de Madrid y el seguimiento a políticos. Además, según ha podido saber esta redacción, el rector Carlos Berzosa informó al Consejo de Gobierno de su intención de que la Universidad se persone en la causa judicial abierta como perjudicada.

12. COMUNIDAD VALENCIANA: LA EUROCÁMARA DEBATE UNA MORATORIA URBANÍSTICA EN EL LITORAL VALENCIANO 

Los populares europeos trataron de evitar que el Informe Fourtou, elaborado por el Parlamento Europeo, pida una moratoria urbanística en la Comunidad Valenciana, después de que cerca de 15.000 ciudadanos elevaran sus quejas a la Eurocámara. Entre las cuatro enmiendas que los populares presentaron al texto que debe votar hoy en Estrasburgo el Parlamento Europeo, figura la modificación del apartado 11 del informe, que "insiste con urgencia en la necesidad de una moratoria respecto a la aprobación de nuevos proyectos urbanísticos en suelo no urbanizable".

El dictamen del Parlamento Europeo, a pesar de no ser vinculante, supone una clara llamada de atención a la política de urbanización desenfrenada en el litoral español. Los afectados, en su mayoría propietarios de fincas y chalés, alegan que se han visto obligados a pagar excesivas cuotas de urbanización, y en ocasiones a la expropiación de sus fincas a favor de las empresas urbanizadoras. Estos peticionarios, muchos de ellos extranjeros, argumentan que estos supuestos abusos han sido posibles gracias a la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), aprobada en 1994 por el entonces Gobierno socialista, aplicada con gran contundencia desde 1995 por los Gobiernos del PP y que se prevé sea reemplazada en febrero o marzo por el proyecto de la Ley Urbanística Valenciana (LUV), ahora en tramitación. De ese proyecto legislativo ha dicho el comisario europeo de Mercado Interior, el irlandés Charles McCreevy, que "parece que no va a corregir" algunos de los problemas.

El informe del Parlamento Europeo establece una serie de recomendaciones. El conocido como Informe Fourtou, aprobado el pasado noviembre en Bruselas por la Comisión de Peticiones, es contundente. Considera que los métodos de expropiación han sido "en algunos casos leoninos", con tasaciones "a juicio de los interesados excesivamente bajas, para proceder ulteriormente a su reventa a elevados precios de mercado". Según el informe, los procedimientos de adjudicación de contratos "no se ajustan al derecho comunitario". Además, el texto indica que algunos planes de urbanización "parecen tener un impacto desastroso en el medio ambiente y la ecología de numerosas zonas costeras", y cita en concreto el impacto en el abastecimiento de agua "una cuestión que preocupa a la UE".

El documento pide también, que la nueva legislación defina claramente "el interés público" para evitar expropiaciones por motivos meramente privados. Y por todo ello, el texto pide que no se autoricen recalificaciones de suelo rústico hasta que se haya adoptado la nueva ley.

Los Verdes también anunciaron que no apoyarán las enmiendas de populares y liberales. "Quieren debilitar el informe. Quieren cubrir el Mediterráneo de ladrillos y cemento", aseguró por su parte David Hammerstein, de Los Verdes. La liberal Janelly Fourtou, ponente del informe, reconoció sin embargo, que los europarlamentarios tienen "un margen de maniobra muy estrecho" en este terreno.

Mientras, el Pleno del Parlamento Europeo aprobó el informe que denuncia las irregularidades en la aplicación y los abusos contra los propietarios cometidos en nombre de la ley de reguladora de la actividad urbanística (LRAU) en el que se reconoce "falta de transparencia" en la adjudicación de contratos públicos y "casos de corrupción confirmados o sobre los que existen sospechas". El informe fue aprobado con 550 votos a favor, 45 en contra y 25 abstenciones. Los votos negativos corresponden a la delegación española del Partido Popular Europeo, a excepción de cinco diputados, que vieran rechazadas las cuatro enmiendas que pretendían eliminar del informe las alusiones a la "falta de transparencia", la petición de una moratoria o la recomendación para que se cree una oficina que gestione indemnizaciones.

La Eurocámara también solicita "una moratoria en la aprobación de nuevos proyectos y planes de desarrollo urbanístico en suelo no urbanizable en tanto no entre en vigor la normativa revisada", en referencia a la ley urbanística valenciana (LUV), pendiente de aprobación en las Cortes.

La votación de finiquita el trámite parlamentario del informe, no vinculante, donde se reconoce que, en aplicación de la LRAU, "algunos propietarios han resultado perjudicados por este proceso de urbanización». "Las quejas principales se refieren a los métodos de expropiación, en algunos casos leoninos, con tasaciones (...) extremadamente bajas, para proceder a su reventa a elevados precios de mercado y en condiciones de información que impiden que los interesados puedan reaccionar, lo que ha provocado un perjuicio material y moral en numerosos casos". La Eurocámara votó mayoritariamente a favor de recomendaciones, encaminadas a que la LUV incluya mejoras relativas a "una definición clara del concepto de interés público» para evitar que "pueda utilizarse para la promoción de intereses con un carácter más privado que público", establecer "criterios obligatorios" para calcular las indemnizaciones y suministrar una mayor información a los futuros afectados de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana sobre el fraude de 4,4 millones de € mediante facturas falsas en el por planes de expropiación.

13. COMUNIDAD VALENCIANA: EL EMPRESARIO CLAVE DEL FRAUDE DE TERRA MÍTICA CONTRATA PARA LA SOCIEDAD PROYECTOS TEMÁTICOS DEL CONSELL

Vicente Conesa Fernández Vitoria, el empresario clave del fraude mediante facturas falsas denunciado al juzgado por el Fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, mantiene relaciones comerciales con la firma AST Ingenieros, empresa responsable de puntuar los concursos de la sociedad pública Proyectos Temáticos, dependiente de la Generalitat Valenciana. La documentación aportada por el ministerio público al juez del caso, el titular del Juzgado nº 3 de Valencia, refleja que Vicente Conesa, a través de la mercantil C-3 Ingeniería, contrata y subcontrata con la firma pública de la Generalitat Valenciana Proyectos Temáticos. Este ente impulsa las iniciativas de mayor envergadura en el apartado del ocio y la cultura del Consell, entre otros el de la Ciudad de la Luz de Alicante.

El informe del fiscal subraya que una de las empresas de Conesa, Desarrollo de Proyectos, Instalaciones y Mantenimiento (Depimsa) ha tenido como proveedor a la firma AST Ingenieros. "Existían también pagos en dinero negro de parte de una vivienda que fue adquirida por Conesa Ripoll -hijo de Vicente Conesa Fernández Vitoria-, y de parte de unas naves adquiridas por AST Ingenieros", recoge textualmente uno de los documentos remitidos por el fiscal al juzgado.

Vicente Conesa Fernández Vitoria fue uno de los protagonistas de los primeros escándalos que salpicaron al PP valenciano un año antes de la llegada de Eduardo Zaplana a la presidencia de la Generalitat, en 1995. Conesa, relacionado con Vicente Sanz, entonces presidente provincial de los populares de Valencia, cobró protagonismo por ser el beneficiario de dos polémicas contrataciones del Ayuntamiento de Benidorm: la elaboración de un mapa sonoro y de un mapa verde de la localidad. El mencionado estudio acústico no fue pedido por el Ayuntamiento de Benidorm sino ofrecido directamente por Conesa a través de la mediación del entonces presidente provincial del PP de Valencia, Vicente Sanz. En los mentideros del propio PP se aseguró entonces que existía una cinta grabada con fragmentos de una o varias conversaciones en donde se aludía a las comisiones desembolsadas para obtener las contratas.

14. LA AUDIENCIA DE CASTELLÓN DESESTIMA UN RECURSO DE CARLOS FABRA CONTRA EL EMPRESARIO VILAR

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Castelló ha desestimado un recurso de apelación que interpuso el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, contra un auto dictado por el juzgado de primera instancia nº 2 que suspendía las actuaciones referidas a una demanda civil que interpuso el dirigente popular contra el empresario Vicente Vilar, al entender que éste último había vulnerado su derecho al honor tras atribuirle en diversos medios de comunicación la supuesta comisión de delitos que son objeto de instrucción penal ante el juzgado de Nules. La Sala acepta los fundamentos de derecho de la resolución recurrida, la cual decretó la suspensión de las actuaciones de este proceso hasta que se acredite que el juicio criminal ha terminado o se encuentra paralizado por motivo que haya impedido su normal desarrollo.

En todo caso, la Sección Tercera de la Audiencia señala que es necesario decretar la suspensión del procedimiento desde el momento en que se están investigando «alguno o algunos» de los presuntos delitos de los que fundamenten las pretensiones de las partes en el proceso civil, y añade que en este supuesto «el propio recurrente reconoce que se continúan tramitando, al menos, las diligencias previas seguidas por un delito contra la Administración en los que interviene el Fiscal Anticorrupción».

Al ser este hecho objeto de investigación de uno de los que aparece en las informaciones que tienen su fundamento en las declaraciones de Vicente Vilar, la sección tercera considera correcta la decisión de la juez de instancia de acordar la suspensión del procedimiento hasta que finalice el procedimiento penal.

Además, la Sala indica que es necesario conocer si Carlos Fabra finalmente es condenado por algún delito o si, por el contrario, esos procedimientos penales terminan archivándose o con una resolución absolutoria que les ponga fin, "para poder decidir a continuación si se ha producido la intromisión ilegítima en el derecho al honor que se denuncia y cual es su trascendencia".

15. COMUNIDAD VALENCIANA: MEDINA (PP) ADJUDICÓ LA URBANIZACIÓN DE UN CENTRO DE SALUD TRAS SU EJECUCIÓN

El alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, del PP, adjudicó, por decreto, las obras de urbanización del entorno de un centro de salud, tras su ejecución, seis meses después de su apertura al público. El Grupo Socialista municipal considera que Medina ha incurrido en falsificación y trasladará el expediente a la Fiscalía Anticorrupción. El empresario que ejecutó la obra, por 58.000 €, fue el promotor José Antonio Rodríguez. El centro de salud Benito Álvarez de la Riva, sito en el Puente de Rey, en el centro de Orihuela, fue inaugurado el 14 de febrero de 2003. En esa fecha, tanto la obra civil, promovida por la Consejería de Sanidad, como los accesos y la urbanización del entorno, en este caso a cargo del Ayuntamiento, estaban ya ejecutadas. La Corporación también aportó el suelo, mediante una permuta con el promotor local Antonio Pedrera, que cedió la parcela del casco urbano por terreno en la costa.

Según los datos del expediente municipal de la obra, la urbanización, por un importe de 58.700 €, fue ejecutada por la mercantil San Antonio Obras y Promociones, SA, del empresario José Antonio Rodríguez Belmonte. No obstante, la adjudicación del proyecto se firmó el 21 de agosto de 2003, mediante un decreto del alcalde, José Manuel Medina, y él mismo aprobó la factura el 30 de septiembre de ese año. Ambas fechas son posteriores a la inauguración del centro, con los accesos y urbanización ultimados, según prueba una grabación realizada el día de la inauguración.

El mismo promotor fue el encargado de construir los accesos al centro sanitario, básicamente dos rotondas. Estas obras sí fueron adjudicadas antes de la apertura del centro. Sin embargo, se dividieron en dos apartados, por un importe de 59.000 y 56.000 €, respectivamente, cuando aparentemente forman parte, al igual que la urbanización del entorno, de un único proyecto.

La Fiscalía Anticorrupción de Alicante investiga desde hace dos meses supuestos fraudes contables en el Ayuntamiento de Orihuela, denunciados por el ex interventor de la Corporación. El alcalde de Orihuela manifestó no recordar con exactitud las fechas del expediente de esas obras. "No sé si se adjudicó [la urbanización] después de la inauguración del centro de salud", dijo. "En todo caso, las obras del entorno y acceso no tienen nada que ver con las del centro de salud, que ejecutó la Consejería de Sanidad. Son cosas distintas", añadió el primer edil oriolano.

El promotor José Antonio Rodríguez también ejecutó en 2004 obras de remodelación en otro centro de salud, en este caso el ubicado en el barrio de Ravaloche, por un valor de unos 130.000 €, sin contrato y sin consignación presupuestaria. La obra, ya ejecutada, se consignó en la última modificación de créditos aprobada por el Ayuntamiento, el pasado septiembre.

16. COMUNIDAD VALENCIANA: LA AUDIENCIA CONDENA A ALPERI (PP) PAGAR LAS COSTAS DE MERCALICANTE POR "MALA FE"

La Audiencia de Alicante ha desestimado un recurso de queja interpuesto por el alcalde de la ciudad, Luis Díaz Alperi, el concejal Juan Zaragoza y el ex edil José María Rodríguez Galant en el caso Mercalicante, y les obliga al pago de las costas procesales al considerar que han incurrido en "temeridad y mala fe". El auto de la Sección Segunda se produce después de que la defensa de Díaz Alperi, Zaragoza y Rodríguez Galant recurriera la admisión a trámite de la querella presentada por el PSPV en el desfalco de 6 millones de € en Mercalicante, y de que después también presentaran un recurso de aclaración ante la desestimación judicial de esta iniciativa contra una providencia previa.

La Audiencia considera que era "evidente que no era preciso ni necesario aclarar" el contenido de la citada providencia "por ser indubitable su contenido" y añade que mediante este recurso los tres imputados pretendían "perpetuar un régimen de impugnaciones". Por ello, la Audiencia desestima el último recurso de queja contra las providencias del 19 de abril y 25 de mayo de 2005 e impone a los tres recurrentes "las costas procesales causadas en este incidente por su temeridad y mala fe procesal".

A partir de este momento, la titular del Juzgado número 1 de Alicante continuará con la instrucción del caso, en el que ya han declarado en calidad de imputados tanto Díaz Alperi como Zaragoza y Rodríguez Galant, que entre 2000 y 2002 formaban parte del comité ejecutivo de Mercalicante, junto con otros dos directivos de la sociedad estatal Mercasa. Por su parte, el concejal socialista Ángel Franco consideró que el auto refleja que los tres encausados tratan de lanzar "cortinas de humo" para "dificultar el proceso de investigación y obstaculizar" la aclaración de la responsabilidad del desfalco. Uno de los implicados, el concejal de Comercio, Juan Zaragoza, consideró que en el caso Mercalicante la justicia "se está dedicando un poco más a jugar a política", aunque calificó como "anecdótico" este auto.

17. CASTILLA Y LEÓN: LA JUNTA RECHAZA UNA IDEA DEL BNG QUE TAMBIÉN FIGURA EN SU ESTATUTO 

Una disposición contenida en la propuesta de reforma del Estatuto gallego elaborada por el BNG, en la que se deja abierta la posibilidad de que algún municipio de las comunidades limítrofes se adhiera voluntariamente a Galicia, ha levantado las iras de la Junta de Castilla y León, gobernada por el PP. El viernes, incluso, amenazó con recurrir el asunto al Tribunal Constitucional. Hubo una cascada de reacciones en todos los partidos, desde Coalición Canaria a Izquierda Unida, y, por supuesto, el PP, sobre todo del secretario de Comunicación, Gabriel Elorriaga. Lo curioso es que una disposición semejante figura en varios Estatutos actuales, empezando por el de Castilla y León. Los nacionalistas gallegos, presentaron esta propuesta de reforma del Estatuto, en la que se otorga a la comunidad el carácter de nación y donde su artículo 2 establece lo siguiente: "El territorio de Galicia abarca el de los ayuntamientos que actualmente forman parte de la comunidad autónoma de Galicia". La disposición final tercera introduce una salvedad: "Podrán incorporarse a Galicia aquellos ayuntamientos limítrofes de características históricas, culturales, económicas y geográficas análogas, mediante procedimientos democráticos que serán regulados por ley".

Aunque se trata de una mera propuesta para el debate de reforma del Estatuto gallego, cuya aprobación requeriría una mayoría cualificada del Parlamento autónomo imposible de alcanzar sin el PP, la iniciativa provocó airadas reacciones en Asturias y Castilla y León. La vicepresidenta de esa última comunidad, María Jesús Ruiz, se adelantó a todo el proceso legal de reforma del Estatuto gallego, y anunció que si se aprobaba la disposición propuesta por el BNG, la combatiría con "todas las armas del Estado de derecho", incluido el conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional.

Ruiz, por lo visto, no tuvo en cuenta su propio Estatuto de Autonomía, que en su disposición transitoria séptima prevé la incorporación a Castilla y León no de un municipio sino de una comunidad autónoma completa. La misma disposición reconoce además el derecho a sus propios ayuntamientos a integrarse en otra comunidad, previa autorización de las Cortes Generales autonómicas.

18. CASTILLA Y LEÓN: NIETOS DE UNAMUNO RECRIMINAN AL PP EL USO DEL "VENCERÉIS, PERO NO CONVENCERÉIS" EN LA CAMPAÑA DEL ARCHIVO DE SALAMANCA

Malestar, escándalo, sorpresa e indignación. Así definen 44 nietos y bisnietos del escritor Miguel de Unamuno y Jugo la impresión que les ha causado el uso por parte del PP del famoso "Venceréis, pero no convenceréis" de su ilustre antecesor como lema contra la devolución a Cataluña de los legajos del Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca. Los descendientes de Unamuno han hecho llegar su desazón por medio de tres cartas dirigidas al alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote; al secretario general del PP, Ángel Acebes, y al secretario regional de los populares y consejero de Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Con ellas pretenden defender el legado intelectual de su antecesor.

La familia Unamuno conoce la campaña del PP de primera mano. Dos nietos residen en Salamanca. "Una gran mayoría de nietos y un montón de bisnietos nos hemos puesto de acuerdo para enviar esta carta", explicaba el nieto del pensador que lleva su nombre, Miguel de Unamuno Adarraga. La misiva de la familia es tan breve como contundente. "La manipulación de la verdad histórica", que para ellos representa la utilización del "Venceréis, pero no convenceréis", "es evidente", resaltan en el escrito.

Los herederos recuerdan cómo la pronunció su abuelo. Unamuno se encaró con ella con el fundador de la Legión, Millán Astray, significado militar del bando nacional. "Fue dirigida a los militares golpistas de 1936, al ejército franquista que robó esos papeles en Barcelona y se los llevó a Salamanca", reprueban los firmantes de la carta, que afean a los populares el disgusto que sufriría el padre de la expresión si levantara la cabeza. "¡Ah, cómo se estremecería en su tumba si les oyera, y cómo atronaría su voz nunca acallada condenándoles!", aseguran a los dirigentes del PP.

Los descendientes de Miguel de Unamuno conminan a los populares a retirar todos los carteles, folletos y material en los que aparezca una frase "tan ligada" al escritor que la asociación con su nombre es inmediata. Una petición que no va a ser considerada por los promotores de la campaña.

"Estoy convencido de que don Miguel de Unamuno estaría a favor de que el Archivo permaneciera unido", argumentaba, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Rodríguez. El concejal salmantino asegura que no le consta el recibí de ninguna carta de los Unamuno en el Consistorio y recuerda a la familia, "desde el respeto", que esa frase "no es patrimonio de nadie. Es de todos". Lejos de considerar que el PP hace una utilización torticera del "Venceréis, pero no convenceréis", tal y como se quejan los herederos del autor de la cita, Rodríguez señala que "parece dicha para lo que vivimos ahora". Según el político, la devolución se quiere hacer por la fuerza y sin argumentos, "que es la diferencia entre vencer y convencer", al tiempo que aventuró el apoyo de Unamuno, "si viviera", a la campaña del PP.

La argumentación de Rodríguez no convence a una familia que no había recibido contestación a sus misivas. "Me parece una respuesta tan necia que ni siquiera me indigna. Es ridícula", valora el nieto del escritor, que no ha mostrado extrañeza ante las declaraciones por tener "noticias directas" de que el concejal popular "no es ninguna lumbrera".

19. CASTILLA-LA MANCHA: EL ALCALDE DE TOLEDO (PP) METE LA PATA CON LA SUPRESIÓN DE LA ‘E’ DEL AVE

El alcalde de Toledo y hombre en quien parece estar dispuesto a confiar el PP para disputar al PSOE el Gobierno de Castilla La-Mancha, José Manuel Molina, no fue advertido a tiempo por sus colaboradores sobre el origen de la supresión de la "E" en las siglas del AVE, una decisión tomada en 1999, bajo el mandato de su partido.

En una entrevista, Molina incurrió en la misma metedura de pata que hace algunas semanas cometieron Esperanza Aguirre y el portavoz del PP sobre infraestructuras, Andrés Ayala. Ambos acusaron al gobierno de Zapatero de haber suprimido la "E" siguiendo "las exigencias de ERC". En una entrevista, Molina todavía afirmaba: "Un hecho significativo es que del AVE Madrid-Toledo se haya caído la E de España, cosa que nadie ha entendido, y que nos consta que en el seno del PSOE, en cuyas siglas por cierto figura la E, ha sentado muy mal".

Otro que tampoco se enteró que a finales del mes de noviembre, la empresa Renfe demostró que los cambios se produjeron en 1999 (siendo ministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos) para unificar las áreas de negocio. Esta transformación se hizo ya patente en la revista interna de Renfe "Claves XXI" donde se hace mención en más de una ocasión a la AV/Renfe.

20. CANARIAS: EL PP PIERDE UNA ALCALDÍA EN UNA MOCIÓN DE CENSURA, TRAS HABERLA GANADO DE LA MISMA MANERA

Siete ediles, tres del PP, registraron una moción de censura contra el alcalde de Firgas, el popular Sebastián Arencibia, que hasta ahora disfrutaba de mayoría absoluta. Su mano derecha hasta ahora, el primer teniente de alcalde, José Henríquez, es el candidato a sucederle. Los tres concejales del PP de Firgas, José Henríquez, Luis Angulo y María del Pino Marrero, que se han unido a la cuatro de los cinco ediles de la oposición para censurar a su alcalde han desaparecido de la escena. Los censurantes de Compromiso por Firgas (Comfir), Coalición Canaria y Nueva Canarias fueron los únicos que contestaron al teléfono tras registrarse la moción, confirmando todos que el acuerdo es firme y que, salvo sorpresas, Henríquez será el próximo primer edil.

La censura se fundamenta en la "parálisis y ausencia de dirección política" que se da en el Consistorio, la "absoluta falta de coordinación por parte del alcalde", la "gravísima situación económica" de las arcas locales y en un "largo listado de despropósitos (...) sólo achacable a su mala gestión (...), lo que está estrangulando el desarrollo del municipio e hipotecando su futuro". La situación actual, dice la moción, "sólo puede resolverse con otro alcalde y un nuevo grupo de gobierno".

Lo curioso es que la historia se repite: Sebastián Arencibia llegó hace cuatro años a la Alcaldía del mismo modo, censurando junto a la oposición, al entonces alcalde de su mismo partido, Francisco Ponce. Por ello, no deja de causar sorpresa que el todavía alcalde de Firgas dijera que estaba "sorprendido y asombrado, la verdad", mientras intentaba, sin éxito, localizar a su primer teniente de alcalde para conocer los motivos de lo que califica como "una puñalada trapera".

Arencibia no ha olvidado que hace ya casi cinco años, el 25 de abril de 2001, accedió a la Alcaldía de la misma forma en que ahora va a perderla. Entonces fueron cuatro ediles del PP los que, junto a otros cuatro de la oposición, hicieron triunfar una censura contra el entonces alcalde del PP, Francisco Ponce (que le telefoneó y le dijo: "Quien a hierro mata, a hierro muere. En Firgas ese lema sí se cumple"). Él era primer teniente de alcalde. Su partido anunció que serían expulsados, lo que nunca ocurrió, y a los pocos meses gobernaba junto al resto de los concejales populares.

21. LA RIOJA: EL PP DE LA RIOJA REPROCHA A ELENA ESPINOSA LO QUE PERDONABA A ARIAS CAÑETE, "ASOMBRO ABSOLUTO" EN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA

"Asombro absoluto" en el Ministerio de Agricultura ante el intento del PP de la Rioja de hacer aparecer a la titular del departamento, Elena Espinosa, como "defensora de la cerveza contra el vino" por haber auspiciado el II Simposio Internacional de la Cerveza, celebrado en Madrid a finales de noviembre. Fuentes del Ministerio de Agricultura recuerdan que la primera edición del citado simposio, en el año 2002, contó también con el apoyo y la intervención directa del entonces ministro del ramo Miguel Arias Cañete, sin que conste reproche alguno por parte de los responsables riojanos del PP.

En el encuentro internacional sobre la cerveza que el PP riojano reprocha a la ministra socialista pero por lo visto perdonó del todo a Arias Cañete, Elena Espinosa destacó que el consumo de cerveza debe atenerse a dos premisas: moderación y responsabilidad. Habló además de la importancia del sector cervecero en el panorama agroalimentario español, con una facturación similar a la del vino y muy cercana a la del aceite de oliva, generando un empleo directo e indirecto para más de 220.000 personas, en sectores como la hostelería, la agricultura y la alimentación. Además este sector ocupa el segundo lugar en facturación y utiliza una importante cantidad de materias primas agrarias.

La intervención de Arias Cañete en el mismo evento, el año 2002, se desarrolló en términos similares, pero fue algo más lejos. El ministro del PP se refirió a los valores científico-técnicos de la cerveza que hacen que esta aspire "a tener consideración de lo que en nutrición se entiende como alimento funcional". Arias Cañete destacó que, siempre en dosis moderadas, la cerveza proporciona una protección importante frente a la posibilidad de sufrir enfermedades cardiovasculares.

La "sorpresa" ministerial por las criticas del PP es mayor aún cuando precisamente este mes de diciembre el departamento de Elena Espinosa está ultimando los preparativos del XXIX Congreso Mundial de la Viña y el Vino que tendrá lugar entre los días 25 y 30 del próximo mes de junio y que tendrá como sede la ciudad de Logroño, precisamente. El comité de honor en la organización del congreso mundial de Logroño está presidido por el Rey, y de él forman parte, a demás de la ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, los titulares de otros ocho ministerios del gobierno socialista y los presidentes de las 17 comunidades autónomas, incluido, naturalmente el presidente de la Rioja, Pedro Sanz, del Partido Popular.

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