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ÍNDICE

1. LA INVESTIGACIÓN DE LOS TELÉFONOS DESCARTA VINCULAR A ETA CON EL 11-M

2. EL TRIBUNAL DE CUENTAS CENSURA LA GESTIÓN DEL PP EN INMIGRACIÓN

3. MIENTRAS LA FAES CARGA CONTRA CHÁVEZ, MORALES Y FIDEL CASTRO, RAJOY RECHAZA REUNIRSE CON EL PRESIDENTE ELECTO DE BOLIVIA, EVO MORALES

4. ANDALUCÍA: EL PP DE JAÉN APRUEBA UN CONVENIO URBANÍSTICO QUE CONTRAVIENE LA NUEVA LEY DEL SUELO 

5. MADRID: MAJADAHONDA APRUEBA LAS CUENTAS DE 2004 CON UN DÉFICIT DE 27 MILLONES

6. COMUNIDAD VALENCIANA: EL AGUJERO DE LA SANIDAD SE MULTIPLICA POR 7 CON EL PP

7. COMUNIDAD VALENCIANA: LA SINDICATURA DE COMPTES PONE EN DUDA LAS PÉRDIDAS DE 962.077 € DECLARADAS POR EL IVEX EN 2004 

8. COMUNIDAD VALENCIANA: EL FISCAL PIDE DE NUEVO LA IMPUTACIÓN DE BERENGUER EN EL CASO DE LOS PAGOS IRREGULARES DEL IVEX A JULIO IGLESIAS 

9. COMUNIDAD VALENCIANA: BARBERÁ PERMUTA LA ANTIGUA TABACALERA POR UN EDIFICIO MUNICIPAL A MITAD DEL PRECIO DE MERCADO  

10. COMUNIDAD VALENCIANA: UNA ASESORA DE FABRA Y LA ESPOSA DEL CONSEJERO DE HACIENDA OBTIENEN PLAZA EN EL INSTITUTO DE RESTAURACIÓN  

11. comunidad Valenciana: Expojove, la feria de los ultras

12. comunidad Valenciana: LA ADJUDICACIÓN DE LICENCIAS DE TELEVISIÓN EN VALENCIA, "CLANDESTINA Y SECTARIA"

13. MURCIA: EL PP REPARTE LAS CADENAS DE TV A SU LIBRE ALBEDRÍO

14. CASTILLA Y LEÓN: UNAS 500 PERSONAS SE MANIFIESTAN EN SALAMANCA CONTRA EL TRASLADO DE LOS ‘PAPELES’ A CATALUÑA

15. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA Y MADRID: LA FISCALÍA NAVARRA VE INDICIOS DE DELITO EN UNA FUNDACIÓN POPULAR

16. ISLAS BALEARES: EL PP DE PALMA CEDE SEIS SOLARES AL OBISPADO


1. LA INVESTIGACIÓN DE LOS TELÉFONOS DESCARTA VINCULAR A ETA CON EL 11-M

La investigación de los atentados del 11-M no ha encontrado en 21 meses de trabajo indicio alguno que, a día de hoy, permita relacionar a ETA con las explosiones en los trenes de Madrid que dejaron 191 muertos y 2.000 heridos. La última investigación policial, especialmente exhaustiva, ha rastreado en los teléfonos móviles de 15 implicados principales en los atentados y en los teléfonos móviles de los etarras que fueron detenidos cuando dirigían una furgoneta cargada de explosivos a Madrid. El PP ha vinculado a estos terroristas de ETA con los terroristas islamistas, tomando como base que su viaje se inició casi a la vez que el que hicieron los terroristas islamistas desde Asturias a Madrid cargados de explosivos robados. Esa investigación sobre los teléfonos de unos y otros, cuyos resultados forman parte del sumario que instruye el juez Juan del Olmo, no ha hallado ni una comunicación que vincule a ETA con el 11-M.

La conexión entre islamistas y radicales abertzales es una posibilidad que los servicios antiterroristas de todo el mundo ni siquiera contemplan. La Policía, la Guardia Civil y el CNI han rastreado las posibles vinculaciones de etarras con la trama de los explosivos de Asturias; han investigado las caravanas que, con un día de diferencia, partieron del norte a Madrid; han analizado el robo por parte de ETA de un coche en la misma calle de Avilés donde vivía el ex minero Emilio Suárez Trashorras; han buceado en los posibles contactos en prisión de islamistas y etarras y han cruzado las llamadas de los teléfonos de los implicados en el 11-M. De todo ello han hecho informes. La conclusión es siempre la misma: a día de , no hay relación alguna entre el 11-M y ETA, o los GRAPO. Incluso tildan la posibilidad de "ridícula".

Las posibles conexiones entre islamistas y etarras ha sido uno de los caballos de batalla del PP. Ese interés en encontrar vínculos se ha evidenciado en varias iniciativas de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Han llegado a acusar al juez Del Olmo, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y al Gobierno de intentar ocultar las conexiones por motivos casi criminales.

2. EL TRIBUNAL DE CUENTAS CENSURA LA GESTIÓN DEL PP EN INMIGRACIÓN

Una investigación de la tasa por expedición de permisos de residencia y trabajo a extranjeros en 2002, presentada la semana pasada ante la Comisión del Tribunal de Cuentas del Congreso de los Diputados, ha revelado numerosas irregularidades en la gestión de la inmigración durante la etapa en que ésta estuvo a cargo del actual líder del PP, Mariano Rajoy, y de su sucesor al frente del Ministerio del Interior, Ángel Acebes. El desbarajuste era tal que el Tribunal de Cuentas reconoce no haber podido comprobar "la corrección de los importes aplicados al presupuesto de ingresos del Estado", "la conciliación de los datos de recaudación facilitados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria", "si se practican o no todas las liquidaciones procedentes", "el importe de las tasas liquidadas", "el importe de las tasas recaudadas", "la cifra de deudores" o "el importe de las tasas que debieron tramitarse en vía ejecutiva".

Una de las claves del desastre fue el mal funcionamiento de las oficinas de extranjería, creadas por el Ministerio del Interior para unificar en cada provincia los servicios con competencia en materia de inmigración que dependían de otros órganos de la Administración del Estado. "Su grado de eficacia en la resolución de las solicitudes de permisos de trabajo es escaso en la mayor parte de las oficinas visitadas", certifica el Tribunal.

El informe registra los tiempos máximos acumulados por seis de esas oficinas en resolver permisos de residencia y trabajo iniciales: nada menos que 53,3 meses en Barcelona, 37 meses en Zaragoza, 30 meses en Baleares, 26,6 meses en Madrid 14,1 meses en Sevilla y 14 meses en Toledo. Una comprobación de 365 expedientes reveló que en 336 de ellos (el 92%) "no hay constancia de la resolución de concesión del permiso"; en dos, "se concedieron indebidamente permisos renovados"; en otros dos, "las resoluciones de concesión tienen fecha anterior a las correspondientes solicitudes"...

Un repaso al control interno ejercido por la Administración abunda en las críticas. El Tribunal de Cuentas denuncia que "las oficinas periféricas carecen de instrucciones suficientes y de manuales de procedimiento para la gestión de la tasa. (...) Cada unidad gestora resuelve según sus propios medios y criterios las cuestiones procedimentales que se le plantean". "(...) No se realiza ningún tipo de actuación tendente a intentar de nuevo la notificación de las cartas devueltas por Correos". "(...) En numerosas ocasiones los expedientes se encuentran incompletos". Se han detectado casos "en que las tarjetas [de residencia] se habían entregado sin acreditar el pago de la tasa". "Las oficinas desconocen en muchas ocasiones el número e importe de las liquidaciones impagadas"...

3. MIENTRAS LA FAES CARGA CONTRA CHÁVEZ, MORALES Y FIDEL CASTRO, RAJOY RECHAZA REUNIRSE CON EL PRESIDENTE ELECTO DE BOLIVIA, EVO MORALES

Uno de los principales objetivos de la Fundación FAES para este año que comienza es contrarrestar la fuerza y la presencia en Iberoamérica de los regímenes de izquierda en Latinoamérica. Sobretodo el de Hugo Chávez, presidente de Venezuela, y junto a él, el comandante cubano Fidel Castro, y el recientemente electo presidente de Bolivia, Evo Morales.

José María Aznar tiene un gran empeño en combatir a Hugo Chávez porque lo considera "uno de los mayores riesgos que acechan América Latina", según publicó un diario, que además afirma que, según la FAES, Iberoamérica es una "región atenazada por la explosiva combinación de populismo e indigenismo". El peligro de Hugo Chávez es para el ex presidente del Gobierno muy serio "porque está intentando exportar a todo el continente su ‘régimen caudillista’, que pone en peligro la libertad", en un momento especialmente delicado porque próximamente habrá elecciones en diversos países de Latinoamérica. Los medios de comunicación de Venezuela también han recogido la noticia. La enemistad política entre el presidente de Venezuela y José María Aznar es bien sabida. Hace poco, Hugo Chávez comparó al ex presidente con Adolf Hitler, diciendo que "Hitler se queda corto al lado de Aznar".

Según el, "la inestabilidad generada por un discurso revolucionario de los años 70 puede acabar siendo la puntilla de las democracias latinoamericanas, y de ahí la decisión de la fundación del PP de centrar sus esfuerzos en este nuevo año en combatir el "’caudillismo popular’". Desde que Evo Morales es presidente de Bolivia, el Partido Popular ha pasado a la ofensiva, alertando sobre el peligro de desestabilización en la zona. Morales se ha hecho portador de la bandera del "eje del bien" en América Latina, frente a la del "eje del mal", atributo atribuido por los Estados Unidos.

La noticia no pasará desapercibida en Bolivia, pues su presidente, Evo Morales, está estos días de visita oficial en España. Morales hace poco que es presidente pero ya ha tenido oportunidad de enemistarse con el Partido Popular. Recibió, a los pocos días de ser nombrado, una falsa llamada del "presidente Zapatero" (la broma pesada desde la COPE, sin ningún aviso previo ni posterior). Y en su visita a España, ha visto cómo el líder de la oposición, Mariano Rajoy, declinaba la invitación para entrevistarse con él.

Además el líder del PP y jefe de la oposición española, Mariano Rajoy, ha declinado reunirse con el presidente electo de Bolivia, Evo Morales durante su estancia en España. Mal, muy mal aconsejado ha estado el sr. Rajoy. Se ha situado con ello a la derecha de Condoleezza Rice, "Condi" para los íntimos, la Secretaria de Estado norteamericana que se ha referido en términos tibios, pero de buena profesional, a lo que puede deparar el cambio en Bolivia. Morales, un indio de 42 años con mucha militancia sindical y casi ninguna de gestión política, fue elegido jefe del Estado boliviano en la primera vuelta por un holgado margen que no necesitó la prevista segunda vuelta. Su programa, conocido, tiene un acento de nacionalismo económico que, no obstante, el interesado, tal vez inspirado por su acreditado vicepresidente, el sociólogo Álvaro García Linera, ha matizado en nombre de un sensato pragmatismo.

4. ANDALUCÍA: EL PP DE JAÉN APRUEBA UN CONVENIO URBANÍSTICO QUE CONTRAVIENE LA NUEVA LEY DEL SUELO 

El PP aprobó en la Gerencia de Urbanismo de Jaén, un convenio urbanístico que prevé la recalificación de 30 hectáreas de suelo rústico que pasarán a ser urbanizables. El Consistorio jiennense aspira a ingresar 6,28 millones de €. El 10% (628.000 €) lo cobrará de forma anticipada. El convenio se ha tramitado conforme a la legislación anterior y contraviniendo la reforma de la Ley de Medidas de Vivienda Protegida y Suelo que entró en vigor el pasado día 12. Según el PSOE, el convenio es "ilegal" por haber "burlado" la nueva ley del suelo andaluza. Sin embargo, el concejal de Urbanismo, Manuel Peragón (PP), defiende la legalidad de la operación al indicar que el convenio se firmó el pasado día 9, tres días antes de la nueva ley.

El Ayuntamiento jiennense ya aprobó el pasado 18 de noviembre, con los votos a favor del equipo de gobierno del PP y en contra de PSOE e IU, otros cinco convenios urbanísticos por los que se recalifican 122,31 hectáreas de terreno rústico en diferentes zonas del extrarradio de la ciudad y donde se proyecta la construcción de viviendas unifamiliares. Por esos convenios, los ingresos municipales previstos en concepto de cesiones y de contribución a sistemas generales ascienden a 30,20 millones de €, de los que un 10%, es decir, unos tres millones de €, los cobrará anticipadamente.

El delegado provincial de Obras Públicas, Manuel López, advirtió de que esas operaciones "están condicionando" el futuro Plan General de Ordenación Urbana, en proceso de revisión, por lo que avisó de que la Junta podría anularlos "si no respetan el modelo territorial de la ciudad".

Ahora, medio mes después de la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Medidas de Vivienda Protegida y Suelo, el Ayuntamiento ha aprobado otro convenio por el que recalifica 30 hectáreas de suelo rústico en el paraje de Las Lagunillas a favor de la empresa jiennense Serrano Gámez. "Este hecho sitúa al Ayuntamiento de Jaén fuera de la legalidad", advirtió el concejal del PSOE Manuel Martínez Plaza. A su juicio, el objetivo del PP no es tanto el cobro anticipado de esos ingresos, sino consolidar los derechos de varios empresarios. "El PP está condicionando cuáles serán las zonas de crecimiento de la ciudad en función de intereses particulares", subrayó el edil socialista Martínez Plaza. Para el PSOE, aunque el convenio se firmó por el concejal de Urbanismo el día 9, esta rúbrica "no es vinculante" ya que es necesaria la aprobación por del pleno.

5. MADRID: MAJADAHONDA APRUEBA LAS CUENTAS DE 2004 CON UN DÉFICIT DE 27 MILLONES

El equipo de gobierno de Majadahonda, del PP, ha aprobado las cuentas del Ayuntamiento de 2004, que reflejan un déficit de 27 millones de €. Para la oposición, sin embargo, el saldo negativo alcanza los 40 millones. El grupo centrista resalta que más de 800.000 € han ido a parar a empresas relacionadas con Carmen Rodríguez, la jefa de gabinete del anterior alcalde, Guillermo Ortega. Según Ricardo Núñez, del PSOE, la situación actual tiene sus raíces en una gestión lamentable mantenida durante los últimos años, en la que ha participado el actual alcalde, Narciso de Foxá, y su equipo.

Foxá sostiene que no le interesa la discusión sobre si son 27 o 40 los millones que arrastra el Ayuntamiento de déficit. "Esos cálculos no son políticos, dependen de los servicios económicos y jurídicos. Lo que me preocupa es que desaparezca y para ello hemos diseñado un plan que entra en marcha a primeros de enero", dice. El regidor asegura que la situación actual se fraguó durante el gobierno del anterior alcalde, Guillermo Ortega, que dimitió y ahora es presidente del Mercado Puerta de Toledo. Culpa sobre todo al ex concejal de Hacienda, Juan José Moreno, expulsado del PP junto con Juan José Peñas.

"Las decisiones sobre los gastos en que se incurrieron durante la época en la que se produjo el déficit no las tomé yo", se excusa Foxá, "pero las tengo que asumir porque todos somos PP". Con el plan de austeridad, el equipo de gobierno espera reducir el gasto corriente en el 20%. Mercedes Pedreira, del grupo centrista, cree que uno de los aspectos más llamativos de las cuentas es que empresas relacionadas con la jefa de gabinete de Ortega ingresaron en 2004 unos 800.000 €.

6. COMUNIDAD VALENCIANA: EL AGUJERO DE LA SANIDAD SE MULTIPLICA POR 7 CON EL PP

El agujero económico de la Sanidad pública no es un problema que venga de lejos sino que es herencia directa de la gestión del PP en la Generalitat. El montante de facturas en los cajones -pagos efectivamente realizados pero que no tienen reflejo en los presupuestos- se ha multiplicado por siete con el PP en el Consell hasta llegar a los 1.240 millones, más de doscientos mil millones de las antiguas pesetas, en los que, de momento, la Sindicatura de Cuentas cifra, en su último informe correspondiente a 2004, el lastre que arrastran las cuentas de la conselleria de Sanidad.

Los datos son esclarecedores, tal y como recoge el cuadro adjunto. Del 89 hasta el 94, el último año completo que el PSPV se mantuvo al frente del Gobierno autonómico, la cuantía de las facturas en los cajones osciló en cantidades que subían o bajaban, según el ejercicio, pero que, en cualquier caso, nunca rebasaban los 100 millones €, una cantidad asumible teniendo en cuenta que el gasto sanitario es casi el 40% del presupuesto de la Generalitat. Pero esa tendencia se rompe, casi por completo, a partir de la llegada al Palau de la Generalitat del primer gobierno popular con Eduardo Zaplana a la cabeza.

A 31 de diciembre de 1995, cuando el PP ya llevaba medio año en el poder, el agujero contable era de 178 millones, unos 30.000 millones de pesetas. Desde entonces, con la única excepción del año 96 y del 99, ha ido creciendo sin remisión hasta multiplicarse por 7 desde que el PP llegó a la administración autonómica. En el informe de la Sindicatura de Cuentas correspondiente a 2003, hecho público hace un año, se constataba que el lastre económico de la Sanidad valenciana estaba desbocado sin remisión. En apenas doce meses, el montante de las facturas sanitarias en los cajones se incrementó en cerca de 300 millones. En la memoria anual de la Sindicatura hecha pública hace unos días y correspondiente a 2004, el último ejercicio auditado, el crecimiento del «agujero económico» de las cuentas sanitarias se contiene, como el propio auditor público constata aunque, a pesar de ello, crece en nada menos que otros 119 millones de €, un 12,9%. La Generalitat, tras conocer el informe de la Sindicatura de Cuentas, aseguró que, a partir del próximo ejercicio de 2006, las cuentas de la conselleria se reequilibrarán y se acabará con esta práctica de gestión.

El propio organismo público trata de justificar el aumento desmesurado de las facturas sanitarias sin contabilizar con las carencias de la financiación que no tiene en cuenta la población desplazada e inmigrante, y con razones que apuntan a la Generalitat. La Sindicatura, de hecho, reclama «la necesidad de una gestión más efectiva».

7. COMUNIDAD VALENCIANA: LA SINDICATURA DE COMPTES PONE EN DUDA LAS PÉRDIDAS DE 962.077 € DECLARADAS POR EL IVEX EN 2004 

El Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) acumuló unas pérdidas de 962.077 € a lo largo de 2004, según el informe de la Sindicatura de Comptes, frente a unos beneficios de 47.631 € obtenidos en 2003. El Síndic, sin embargo, pone en duda estas pérdidas al apuntar que el Ivex "canceló con un anticipo de tres meses, concretamente el 31 de diciembre de 2004, una provisión para riesgos de 132.223 €, que se debería haber mantenido hasta que se hubiera producido el pronunciamiento judicial de marzo de 2005", que condenó a José María Tabares, ex director general de la entidad pública, y al financiero de origen francés Jean Luc Lagier, a asumir los más de diez millones de € de deudas acumulados por varios bancos a raíz de una estafa continuada a partir del intercambio de letras de cambio que debían soportar los derechos de exportación de automóviles Ford a Túnez. Si el Ivex hubiera mantenido esa provisión de fondos, las pérdidas del ejercicio 2004 superarían holgadamente el millón de €.

8. COMUNIDAD VALENCIANA: EL FISCAL PIDE DE NUEVO LA IMPUTACIÓN DE BERENGUER EN EL CASO DE LOS PAGOS IRREGULARES DEL IVEX A JULIO IGLESIAS 

El fiscal José Antonio Nuño ha recurrido la negativa del juez a citar como imputado a Joaquín Berenguer, ex director general de Comercio de la Generalitat y ex vicepresidente del Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) cuando se efectuaron los pagos bajo sospecha a Julio Iglesias en 1999 y cuya firma aparece en los cheques. La fiscalía entiende que precisamente porque la firma de Berenguer es la que aparece en los cheques, en las órdenes de pago que se dieron a Bancaja, debe tener conocimientos de la operación en la que se investiga desvío de dinero a paraísos fiscales que pudieron suponer la existencia de dos contratos (uno entregado a las Cortes Valencianas y otro no) y el cobro por parte del cantante de tres veces lo que se firmó oficialmente -de algo más de 1,8 millones de € a más de 5,4 millones de €-.

La Audiencia será la que resuelva las discrepancias entre el fiscal y el titular del Juzgado de Instrucción número 19 que investiga si la Generalitat efectuó pagos ilegales a través del Ivex a Julio Iglesias por su promoción de la Comunidad Valenciana. Por otra parte, José Marquina, el que fuera director de la oficina del Ivex en Miami y que recientemente acusó al instituto de emitir facturas falsas para pagar el contrato del cantante en paraísos fiscales, acudirá a declarar el próximo 17 de enero.

La fiscalía solicitó la comparecencia de Marquina y pidió al Ivex alguna dirección para que se le localizara, y en espera de ello barajaba la posibilidad de que fuera oído en Estados Unidos por exhorto si no residía en España. Sin embargo, el ex director de la oficina del Ivex en Miami se puso en contacto con el propio juzgado, según fuentes del mismo, y expresó su intención de declarar en Valencia. La fecha para que declare Marquina quedó pendiente, inicialmente, de la fijada en un juzgado de Sevilla para que declarase el ex director general del Ivex José María Tabares, imputado por el contrato a Julio Iglesias y ya condenado por estafa y falsedad documental en otra operación mercantil. Fue hace algo más de una semana cuando Tabares recogió su citación en el Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla en la que era convocado para el próximo día 9. Después de eso, el juzgado de Valencia fijó el día 17 para que declare Marquina.

9. COMUNIDAD VALENCIANA: BARBERÁ PERMUTA LA ANTIGUA TABACALERA POR UN EDIFICIO MUNICIPAL A MITAD DEL PRECIO DE MERCADO  

El precio que sirvió de referencia para la permuta del edificio municipal de la plaza de América por una parte del la antigua Tabacalera de Valencia no llega a la mitad del precio de mercado. El Ayuntamiento que preside Rita Barberá, del PP, fijó el precio de su edificio en 24 millones con un cálculo del m2 a 2.088 €, pero la subasta de los antiguos juzgados, en la misma zona, ha alcanzado los 7.134 €/m2, más del doble.

El portavoz socialista Rafael Rubio criticó la operación y señaló: "Con estas permutas siempre pierde el Ayuntamiento". El pasado día 20 el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia acordó la permuta del edificio municipal de la plaza de América a cambio de parte del antiguo edificio de la Tabacalera para su conversión en un gran centro administrativo municipal. El acuerdo prevé también que las empresas propietarias de la antigua fábrica de tabacos, Altadis y Ballester, puedan edificar en él viviendas en la fachada recayente a la calle Micer Mascó.

En la operación de intercambio, el Ayuntamientó fijó un precio por m2 del edificio de la plaza de América de 2.088 €/ m2, por lo que el valor total se fijó en 24 millones de €. Entonces ya hubo voces desde la oposición que lamentaron que el precio fuera tan bajo, a su entender, y reclamaron una cifra que estuviera en torno a los 4.000 € por m2. Este precio era el fijado por la Generalitat en la subasta del edificio de los antiguos juzgados de Valencia. Sin embargo, este precio también se ha quedado corto, como apuntó el portavoz municipal socialista Rafael Rubio. La subasta del edificio de los juzgados, situado a dos manzanas de la finca municipal, ha elevado esta cantidad hasta alcanzar una suma de 7.134 €/m2. Éste sería para Rubio el precio de mercado actual, por lo que el edificio que intercambiará el Ayuntamiento -con 11.542 m2 de edificabilidad- no valdría 24 millones sino 58,2. Rubio evalúa el beneficio neto alcanzado en todo el proceso de permuta por las empresas propietarias del edificio de la Tabacalera, Altadis y Guadalmedina, del grupo Ballester, en 148,1 millones €.

Por otro lado, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, afirmó que reclamará un régimen especial para la ciudad, similar al de Barcelona o Madrid, después de que el Congreso aprobara el jueves la Carta de Barcelona y el Consejo de Ministros la ley de capitalidad y régimen especial de Madrid. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento aprobó destinar 562.000 € para la reposición, renovación y mejora del pavimento, las aceras y el mobiliario urbano del centro histórico, unas obras que se encargaron a Pavasal. La Junta también aprobó el derribo del edificio del antiguo balneario Mar Azul, ubicado en Natzaret, y un convenio de colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia para la celebración del trigésimo tercer Congreso Mundial de Computers in Cardiology, que se celebrará en septiembre de 2006.

10. COMUNIDAD VALENCIANA: UNA ASESORA DE FABRA Y LA ESPOSA DEL CONSEJERO DE HACIENDA OBTIENEN PLAZA EN EL INSTITUTO DE RESTAURACIÓN  

Laura Peñarroya, asesora del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, gerente de la Fundación Blasco de Alagón, y candidata a las Cortes por las listas electorales del PP en 2004, ha obtenido la plaza de gestor técnico del Instituto de Restauración de Bienes Culturales, cuya sede oficial se ubica en el Museo de Bellas Artes de Castellón. Así se contempla en la lista provisional de aprobados de la convocatoria pública para ocupar ocho puestos, acordada el pasado 13 de diciembre por el consejo rector del instituto. La directora-gerente de este organismo es la ex directora general de Patrimonio, Carmen Pérez, persona muy próxima a Fabra.

Como gerente de la Fundación Blasco de Alagón, cuyo objeto es la rehabilitación del patrimonio, Peñarroya participó en la venta de una masía de 800 m2 por 14.512 € a la esposa de Fabra, Amparo Fernández, lo que generó escándalo político el pasado año. En las listas provisionales también aparece el nombre de la restauradora Francisca Sarrió, esposa del consejero de Economía, Gerardo Camps, que ha obtenido la mayor puntuación para ocupar la plaza de Técnico en Pintura de Caballete y Analítica.

Carmen Pérez, Laura Peñarroya y Francisca Sarrión (que firma como Fanny Sarrión) han colaborado y trabajado conjuntamente, como en la ponencia Proyecto integral de recuperación de lienzos pintados por José Vergara para la iglesia de la Sangre de Castellón.

El periodo de alegación de la lista provisional concluye. Si no se presenta ninguna alegación se elevará la propuesta como definitiva. Esta convocatoria de provisión de plazas del Instituto de Restauración ha recibido fuertes críticas por parte de la socialista Ana Noguera. Tras recoger información de profesionales de la restauración, la diputada en las Cortes Valencianas denunció el pasado martes en este que la convocatoria presenta numerosas irregularidades, como la vulneración del principio de publicidad y la falta de transparencia y de tiempo para concurrir. Además, incidió en que la puntuación establecida en la baremación era un "traje a medida" confeccionado para beneficiar a algunos trabajadores.

Una vez conocidos los resultados de la lista provisional, Noguera afirmó que "de nuevo, se demuestra la perversa utilización que el PP hace de las plazas públicas para colocar a sus familiares". Noguera señaló, además, los vínculos entre varios trabajadores elegidos con cargos del PP y con Carmen Pérez. "Ya estamos cansados de denunciar casos similares a este. Todas las administraciones del PP vulneran las leyes y se rigen por el nombramiento a dedo y encima se premia a la gerente de la Fundación Blasco de Alagón que vendió una masía a la mujer de Fabra", agregó.

11. comunidad Valenciana: Expojove, la feria de los ultras

La feria de la juventud, Expojove, impulsada por el Ayuntamiento de Valencia, se ha convertido, una vez más, en escaparate de los movimientos más reaccionarios y anticalanistas.

Expojove es una feria para los jóvenes y en su XXIV edición permite que las organizaciones ultraconservadoras y de signo anticatalán tengan un espacio donde mostrar su propaganda. Según publica el semanario El Triangle, "un privilegio vedado a las universidades públicas valencianas y a la mayoría de organizaciones juveniles de la ciudad de Valencia que no son ni secesionistas ni conservadoras". Están presentes organizaciones como Lo Rat Penat o la Plataforma Jovenil Valencianista (PJV), conocidas por su anticatalanismo, y que presentan una exposición sobre la bandera con azul (que reivindica la secesión de la bandera de quatre barres de Catalunya), ridiculizando la senyera y organizada por la Diputación de Valencia. También la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV), donde invitan a los niños a jugar a convertirse en los "primeros pobladores del Reino de Valencia".

Tal vez la presencia más polémica ha sido la de las Juventudes del Grup d’Acció Valencianista (GAV), grupo violento identificado como el que está detrás de los actos más extremos del anticatalanismo valenciano y que en el estand ofrece adhesivos que invitan a boicotear los productos catalanes. No es la primera vez que Expojove promueve este tipo de manifestaciones. El Ayuntamiento de Valencia, y su alcaldesa del PP, Rita Barberà, han sido acusados cada año de actuar a favor de esos grupos conservadores. Esta edición, que empezó el 26 de diciembre y acabará el 6 de enero, tiene lugar pocos días después de que el Partido Popular se haya ratificado en seguir subvencionando a las entidades secesionistas que se niegan a aplicar la normativa de la Academia Valenciana de la Lengua y defienden la diferenciación entre la lengua valenciana y la catalana.

12. comunidad Valenciana: LA ADJUDICACIÓN DE LICENCIAS DE TELEVISIÓN EN VALENCIA, "CLANDESTINA Y SECTARIA"

El pasado 30 de diciembre se falló el concurso de las televisiones digitales terrestres, llevado a cabo por el Consell. En juego estaban dos licencias de cobertura autonómica y 42 de carácter local. Los dos permisos para emitir en toda la Comunidad fueron adjudicados a Televisión Popular del Mediterráneo, SA (grupo al que pertenece la COPE) y Las Provincias Televisión, SA. Las firmas que han acumulado más licencias, con cuatro cada una de ellas, son Homo Virtualis (del grupo Intereconomía, que preside el ex diputado del PP Julio Ariza), Unedisa Telecomunicaciones (propiedad de la empresa editorial del El Mundo) y Libertad Digital Televisión (impulsada por el locutor Federico Jiménez Losantos).

El PSOE considera que el fallo del concurso ha supuesto un mazazo al "pluralismo informativo" en la provincia. "Un gobierno serio y que respeta las reglas de la Democracia nunca hubiera adjudicado las licencias para la televisión el día 30 de diciembre, cuando los ciudadanos están inmersos en plena celebración de la navidad y los partidos políticos prácticamente inactivos" añade González, quien está convencido de que la verdadera intención del PP es "sustraer del debate político una decisión de extraordinaria importancia para todos los ciudadanos".

El grupo parlamentario de EU-L'Entesa ha solicitado la comparencia de un miembro del Consell para que explique en la cámara autonómica los criterios para las adjudicaciones de las licencias a 40 canales de Televisión digital. Según la diputada del grupo Dolors Pérez, las adjudicaciones no "garantizan" la pluralidad ideológica.

"Da la sensación de que la adjudicación se ha hecho cumpliendo sobre todo con los grupos de comunicación que sostienen ideológicamente al PP", afirmó Pérez. La diputada resaltó la exclusión de grupos empresariales autóctonos en beneficio de empresas foráneas

La Agrupación General de Periodistas de UGT también secundó la crítica de EU. Para este colectivo de periodistas, las "adjudicaciones de las licencias de TDT se han otorgado a grupos alineados con los postulados más conservadores, excluyendo al 50% de la sociedad". "De hecho, la Iglesia católica, a través de Popular TV, el grupo de Jiménez Losantos y el grupo Vocento, son los grandes beneficiados", añade una nota del sindicato. El PP, a través del portavoz de su grupo parlamentario, Serafín Castellano, rechazó las críticas y aseguró que "el reparto de licencias mantiene la pluralidad de los medios de comunicación".

13. MURCIA: EL PP REPARTE LAS CADENAS DE TV A SU LIBRE ALBEDRÍO

El pasado 30 de diciembre el Gobierno regional adjudicó tres canales de televisión digital terrestre de ámbito autonómico y 32 locales. Libertad Digital fue una de las empresas beneficiadas al obtener tres de estas licencias. Por otra parte, Televisión Murciana S.A., La Verdad Radio y Televisión S.A, y Televisión Popular de la Región de Murcia han obtenido la concesión de los tres canales de televisión digital terrestre de ámbito autonómico. Otras licencias han ido a parar a un grupo de constructores en detrimento de empresas de comunicación de la región como Tele Cartagena, Onda 7 de Lorca, Tele Yecla o la Televisión de Águilas.

El PSRM-PSOE critica que "de la noche a la mañana, media docena de empresarios del ladrillo se han convertido en el imperio económico de la Región, con el aval del capital pero con la inexperiencia que tienen en el mundo de la comunicación».

Por su parte, el secretario general de la Presidencia y Relaciones Externas, José Antonio Ruiz Vivo, aseguró que "a pesar de lo que digan aquellos que han cambiado la estrategia del ladrillo por la del ladrido", las licencias "garantizan escrupulosamente, y desde la más absoluta transparencia, la pluralidad informativa".

Sin embargo, su explicación no ha convencido a la oposición y el secretario de Organización del PSRM-PSOE, Francisco Javier Oñate, y la Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique, han solicitado la convocatoria de la Diputación Permanente para que se convoca un periodo extraordinario de sesiones en la Asamblea Regional, y Valcárcel explique por qué se ha entregado el poder mediático a la extrema derecha, a unos pocos amigos del PP y a unos constructores. Rosique califica el hecho de "golpe de estado mediático" y asegura que se trata de un "atentado contra la libertad democrática".

Oñate denuncia los "oscuros intereses" que hay detrás de estas adjudicaciones para dejar "fuera del reparto del pastel mediático a medios de la Región de Murcia, para dar licencias a un medio como Libertad Digital que responde a una estrategia nacional del PP orquestada por José María Aznar". Oñate explica que "con este tipo de acciones se aflora la corrupción entre lo público y lo privado y Valcárcel lleva camino de convertirse en el Berlusconi de la Región". Asimismo, Rosique ha manifestado que ante las descalificaciones del popular Alberto Garre contra la directora de TVE en Murcia, Pity Alarcón, calificándola de "madame", este señor sólo muestra la imagen de la derecha machista, rancia y cavernícola que nada ha aprendido de estos años de democracia.

14. CASTILLA Y LEÓN: UNAS 500 PERSONAS SE MANIFIESTAN EN SALAMANCA CONTRA EL TRASLADO DE LOS ‘PAPELES’ A CATALUÑA

Unas 500 personas han protestado en Salamanca a las puertas del Archivo General de la Guerra Civil contra la ley aprobada por las Cortes, que permite la devolución a la Generalitat de Cataluña y a los particulares de los documentos incautados en la guerra y custodiados hasta ahora en el Archivo de Salamanca. La familia de Miguel de Unamuno se ha mostrado indignada por la elección del lema de la manifestación.

Los manifestantes se concentraron en los aledaños de la calle de Gibraltar en torno a la pancarta portada por el alcalde de la ciudad, Julián Lanzarote (PP), y por representantes de la Junta de Castilla y León, diputados y senadores del PP, así como de los colectivos firmantes del manifiesto en favor de la integridad del Archivo. El traslado de los citados documentos está previsto que se produzca este mismo mes de enero, tal y como anunció en su momento la ministra de Cultura, Carmen Calvo.

El alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, manifestó que la elección de la fecha está destinada en un principio a coincidir con el día en que los documentos saldrían del Archivo y que Carmen Calvo había anunciado. Tras el desmentido de la ministra, Lanzarote, como presidente del Patronato, ha decidido continuar con esa fecha para la celebración del acto.

El PP ha elegido como lema de la manifestación las palabras que le lanzó el escritor Miguel de Unamuno a Millán Astray, fundador de la legión, en el encuentro entre ambos en la Universidad de Salamanca, en octubre de 1936. Tras una agria discusión con el militar que lanzó gritos de ¡Viva la muerte! y ¡Muera la inteligencia!, el escritor vasco respondió: "Venceréis, pero no convenceréis, porque convencer signfica persuardir, y para persuadir necesitáis algo que os falta: razón y derecho en la lucha". La elección de dicha frase ha causado malestar entre los sectores de izquierda y los descendientes de Unamuno.

En el programa 'La Ventana', el nieto del intelectual, Miguel de Unamuno, ha señalado que la familia está "indignada" con este uso por parte del PP y ha insistido en la relación estrecha entre la frase y su abuelo. "Es como el 'ser o no ser' con Shakespeare". Precisamente esta frase es la que está usando el Partido Popular en unas 200 vallas publicitarias en diferentes puntos de las carreteras de la Comunidad y en núcleos urbanos para denunciar el "expolio".

15. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA Y MADRID: LA FISCALÍA NAVARRA VE INDICIOS DE DELITO EN UNA FUNDACIÓN POPULAR

La Fiscalía del Tribunal de Justicia de Navarra aprecia indicios de delito en el caso de la Fundación Humanismo y Democracia y se ha inhibido en favor de la Fiscalía del Tribunal Superior de Madrid. El TSJM ya tiene en su poder el informe sobre las presuntas irregularidades contables de la fundación del PP cometidas en Navarra mediante el desvío de subvenciones del Gobierno foral destinadas a programas de cooperación. El fiscal jefe de Navarra, Javier Muñoz, ha remitido el expediente investigador y la resolución motivada a Madrid al constatar que los hechos objeto de su investigación se produjeron en Madrid.

La Fiscalía navarra ha ratificado las sospechas previas de los inspectores del departamento de Bienestar Social del Gobierno navarro, de UPN-CDN, que apreciaron un presunto delito contra la Hacienda pública por parte del ex director gerente de la Fundación Humanismo y Democracia, Ricardo de León, por el incumplimiento de las condiciones fijadas en la subvención de dos proyectos de salud en República Dominicana. Además, se apuntaba un presunto delito de falsedad documental por parte del empresario Gonzalo Ruiz, representante de las entidades interpuestas que presentaron facturas presuntamente falsificadas por valor de más de 15.000 €.

El Gobierno navarro apreció finalmente un presunto delito de cohecho por parte de José Luis Alli, ex director general de Bienestar Social, y de Gonzalo Ruiz. El caso derivó en el cese de cuatro altos cargos. El Ejecutivo foral, en manos de los socios navarros del PP, reclamó a Humanismo y Democracia la devolución de 116.000 € correspondientes a uno de los cuatro programas de cooperación en República Dominicana y Bolivia en los que se centran las investigaciones.

Humanismo y Democracia ha reconocido la existencia de irregularidades contables e incluso ha devuelto al Gobierno foral más de 30.000 € cobrados indebidamente. El Gobierno navarro mantiene abiertos cuatro expedientes que suman más de 300.000 € sobre los que se centran las sospechas de presunto desvío de fondos. La fundación también es objeto de una investigación por parte del interventor general del Ayuntamiento de Madrid. El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, ordenó un informe de control fiscal, que deberá ser presentado a final de año, después de que el grupo municipal socialista denunciara irregularidades en 12 programas destinados a la ayuda al desarrollo, subvencionados por el Consistorio entre 1995 y 2004.

16. ISLAS BALEARES: EL PP DE PALMA CEDE SEIS SOLARES AL OBISPADO

El Ayuntamiento de Palma de Mallorca ha cedido de forma gratuita al Obispado seis solares con un valor de mercado de más de 4 millones de €. Los terrenos están situados en nuevos barrios periféricos de la ciudad y servirán para la construcción de iglesias. Los solares suman en total 11.300 m2. A cambio de la donación, el Obispado cederá a la corporación local un solar, de 1.300 m2, que ocupa la actual iglesia de Son Oliva.

La alcaldesa, Catalina Cirere, ha declarado que el acuerdo entre el Ayuntamiento de Palma de Mallorca y el Obispado responde a un "compromiso institucional" y ha agregado que el citado convenio hace referencia no sólo a la cesión de solares, sino también al cuidado de los jardines de la sede de la institución religiosa y al mantenimiento patrimonial.

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