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ÍNDICE
1. RAJOY Y TRILLO ASUMEN ORGULLOSOS DE LAS DECISIONES DE AZNAR, INCLUIDO IRAK Y EL YAK
2. LAS FAMILIAS DEL YAK-42 VEN "INMORAL" EL LIBRO DE TRILLO
3. ZAPLANA FUERZA EL CAMBIO DE LA PONENTE NOMBRADA POR RAJOY EN EL DEBATE DEL ESTATUTO VALENCIANO
4. EL TRIBUNAL DE CUENTAS DENUNCIA QUE SEIS BANCOS Y CAJAS EVITAN DAR INFORMACIÓN SOBRE LOS CRÉDITOS CONCEDIDOS AL PP
5. LA "E" DE AVE SE SUPRIMIÓ CUANDO GOBERNABA EL PP
6. RENFE REVISA CONTRATOS DEL PP Y RENUNCIA A 25 TRENES VALORADOS EN 117 MILLONES
7. Jiménez Losantos gana 800.000 € por insultar
8. La AVT envía una carta en la que pide la retirada de España de los organismos internacionales
9. GALICIA: EL PP BUSCA UN PACTO PARA SITUAR A FEIJOO COMO SUCESOR DE FRAGA.
10. ANDALUCÍA: LA FISCALÍA DEL TSJA ABRE DILIGENCIAS PARA ACLARAR SI HAY INFRACCIÓN PENAL EN EL CASO DE LANJARÓN
11. ANDALUCÍA: EL PP DE CÁDIZ RESPALDA QUE SUS EDILES INVESTIGUEN A PERIODISTAS
12. MADRID: LA ESPANTADA DE TAMAYO SE PREPARÓ AL DÍA SIGUIENTE DE LOS COMICIOS. EL ESCOLTA INVOLUCRADO FICHA POR UNA EMPRESA PRESIDIDA POR UN EX DIPUTADO DEL PP
13. MADRID: UNA FUNDACIÓN DEL PP HIZO MENOS DEL 50% DE LAS CASAS QUE PROMETIÓ PARA HONDURAS
14. COMUNIDAD VALENCIANA: FABRA NIEGA ANTE LA JUEZ HABER FALSIFICADO SELLOS Y DOCUMENTOS
15. COMUNIDAD VALENCIANA: NEPOTISMO EN EL IVEX, QUE EMPLEA A FAMILIARES ALTOS DIRIGENTES DEL PP LEVANTINO
16. COMUNIDAD VALENCIANA: HACIENDA SE PERSONA EN LA CAUSA CONTRA TERRA MÍTICA
17. COMUNIDAD VALENCIANA: EL MUNICIPIO DE DOLORES ADJUDICA UN PAI DE 1.600 CASAS EN UNA ZONA DE HUERTA DONDE LA FAMILIA DEL ALCALDE POSEE SUELO
18. MURCIA: MEDIO AMBIENTE DEMANDA A MURCIA POR GANAR TERRENO AL MAR PARA CONSTRUIR VIVIENDAS
19.
CASTILLA-LA MANCHA: BALLESTERO (ÍNTIMO DE AGAG) POSIBLE CANDIDATO A LA PRESIDENCIA CASTELLANO-MANCHEGA20. ASTURIAS: EL PP DE ASTURIAS AFRONTA UNA CRISIS INTERNA
1. RAJOY Y TRILLO ASUMEN ORGULLOSOS LAS DECISIONES DE AZNAR, INCLUIDO IRAK Y EL YAK
La presentación del libro Memoria de entreguerras del ex ministro de Defensa Federico Trillo, a cargo de quienes fueron vicepresidentes del anterior Gobierno, Mariano Rajoy y Rodrigo Rato, se convirtió en un acto de reivindicación de las decisiones más polémicas de José María Aznar, incluida la participación en la guerra de Irak, y en una demostración de unidad, "a las duras y a las maduras", del PP. Trillo justificó "en problemas de agenda" la ausencia de Aznar y reivindicó su inocencia en la tragedia del Yak-42. "No he asumido, ni asumiré responsabilidades que no me corresponden". Rajoy y Rato le respaldaron.
Tuvo como padrinos a Rato, director gerente del FMI, y a Rajoy, presidente del PP. Ambos se presentaron como "amigos de Trillo desde hace muchos años" y como miembros de "un equipo", el que presidió Aznar, que los tres reivindicaron: Rajoy "con orgullo"; Trillo como "un gran honor", y Rato como "una etapa muy intensa" de su vida. Se trata, según el resumen de Rajoy, de "la historia" del Gobierno de la mayoría absoluta del PP y de las "decisiones difíciles" que asumieron colegiadamente los tres, incluida la guerra de Irak y el accidente del Yak-42.
Rato fue el menos explícito en ese apoyo colegiado al último mandato de Aznar. Sí dio su respaldo a todo lo que cuenta el libro. "Es una versión más que autorizada, una versión veraz, de los hechos", afirmó. Trillo insinúa en su libro que Aznar optó por Rajoy y descartó a Rato en la sucesión en su partido porque el ahora director del FMI fue "muy escéptico" en sus opiniones sobre la guerra de Irak. Rato autorizó esa versión.
El escándalo que siguió al accidente del Yak es calificado como una forma de "hacer política con las tragedias". Rajoy defendió esa versión y afirmó que "Trillo fue un extraordinario ministro" y leyó un párrafo del libro en el que Trillo dice que sigue "esperando la verdad" y que él "no es el culpable que buscan".
Trillo dedicó parte de su intervención a quitarse responsabilidad por aquel accidente y a criticar a quienes le censuraron. "No es ni solidario, ni lícito, ni moral utilizar a las víctimas de un accidente o de una confrontación para arrojarlas, como si fueran elementos dañinos, contra la cabeza o la cara de un ministro o de un Gobierno. El PP no lo ha hecho ni lo va a hacer nunca". Posteriormente, Trillo defendió la intervención en Perejil. ". Y sobre el asunto más polémico, Irak, mantuvo que "España nunca estuvo en guerra pese a lo que diga la verdad oficializada. Las Fuerzas Armadas desarrollaron una misión humanitaria y de paz bajo el respaldo de las resoluciones de la ONU".
Rajoy no entró a discutir si la participación española en Irak fue o no ir a una guerra, pero sí defendió aquella decisión, algo que había evitado hacer desde el 14-M, cuando perdió las elecciones. Rajoy aseguró que el Gobierno de Aznar cumplió con su "obligación", al actuar "en defensa del interés general", y se confesó "muy orgulloso" por ello.
2. LAS FAMILIAS DEL YAK-42 VEN "INMORAL" EL LIBRO DE TRILLO
La Asociación de Familiares de las Víctimas del Yak-42 acusó a Trillo de "volver a engañar" en su libro cuando rememora la tragedia en la que murieron 62 militares. "Que deje de mentir y acuda al juez para contar todo lo que sabe", pidió el portavoz de la asociación, Pacho González. En respuesta a Rajoy, quien aseguró estar esperando a conocer la verdad sobre el caso, le recomendó que lea el informe de la comisión internacional de investigación, que detalla un cúmulo de irregularidades, y el informe judicial que certificó la falsedad en la identificación de 30 cadáveres. "La presencia de toda la cúpula del PP para arropar a Trillo nos hace temer que las responsabilidades no se limiten al ex ministro", dijo González. "Si él no fue el responsable, que nos diga quién fue". Para las familias es "inmoral" que Trillo venda libros a costa de su desastrosa gestión y "ni siquiera haya donado los beneficios a las numerosas viudas y huérfanos que dejó".
3. ZAPLANA FUERZA EL CAMBIO DE LA PONENTE NOMBRADA POR RAJOY EN EL DEBATE DEL ESTATUTO VALENCIANO
El portavoz del grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana, dio un golpe de mano justo en el inicio del debate político sobre la reforma del Estatuto valenciano. Sin previo aviso decidió incluir al diputado Jaime Ignacio del Burgo como representante popular en la ponencia que debe analizar las enmiendas al texto estatutario en sustitución de Soraya Sáenz de Santamaría.
Este cambio, conocido oficialmente minutos antes de constituirse la ponencia, cogió por sorpresa a la dirección del partido y al propio líder el PP, Mariano Rajoy, según informaron fuentes del partido, quienes la atribuyeron "de forma exclusiva" a una decisión "personal" del portavoz del grupo.
La improvisación quedó patente durante el desarrollo de la sesión de la comisión Constitucional en la que se designó a los miembros de la ponencia. Cuando llegó el turno al portavoz del grupo popular en la comisión, el también ponente Federico Trillo, quien debía comunicar los nombres de los dos ponentes de su grupo, dijo: "Como soy disciplinado también en política, los nombres de los ponentes de mi grupo serán los que comunique la dirección de mi grupo". Posteriormente Trillo reconoció que se había enterado de una forma "casual" del cambio durante la sesión de la comisión Constitucional pero no quiso hacer ningún tipo de valoración sobre esta cuestión. Por su parte, Soraya Sáez de Santamaría justificó el cambio "por el trabajo que tengo con la reforma del estatuto catalán", dijo al final de la sesión de la comisión.
No obstante, fuentes cercanas a la dirección dijeron que "el relevo como ponentes no ha sentado nada bien a Soraya Sáenz de Santamaría, tanto por las formas como por el significado". Soraya Sáenz de Santamaría es la responsable de política autonómica en la dirección nacional del PP y una de las personas con mayor cercanía personal y política con Mariano Rajoy. Sáenz de Santamaría, junto a Trillo, ha sido la responsable de negociar con los representantes socialistas, el contenido de las enmiendas que los dos grupos parlamentarios han presentado al texto de la reforma estatutaria de forma pactada. En este contexto, la frustrada ponente ha intervenido durante las últimas semanas en diversas reuniones oficiales con la delegación socialista mientras estuvo vigente el plazo para presentar enmiendas.
Zaplana no ocultó desde el inicio del trámite parlamentario de la reforma estatutaria valenciana su interés por incluir a un parlamentario de su confianza en las negociaciones que los populares debían mantener con los socialistas en el Congreso de los Diputados. Fuentes parlamentarias dijeron que ya en septiembre lo intentó con Miguel Ángel Cortés, miembro de la dirección del grupo, pero no lo logró.
La maniobra de Zaplana se interpreta como un desafío personal al equipo de Rajoy. "Zaplana no podía consentir quedar al margen de la tramitación de este estatuto", dieron fuentes parlamentarias. Su elegido, Jaime Ignacio del Burgo, es un parlamentario de talante muy conservador, además ha sido una de las escasas voces críticas que surgieron en el PP sobre el texto de la reforma del Estatuto valenciano por entender que contenía aspectos inconstitucionales. Sus objeciones iban dirigidas a los apartados de justicia y el servicio tributario, así como a la alusión a los derechos históricos y a la denominada "cláusula Camps".
4. EL TRIBUNAL DE CUENTAS DENUNCIA QUE SEIS BANCOS Y CAJAS EVITAN DAR INFORMACIÓN SOBRE LOS CRÉDITOS CONCEDIDOS AL PP
El presidente del Tribunal de Cuentas ha presentado en el congreso su informe del año 2002, informe en que se detalla cómo algunas entidades bancarias no han aportado datos sobre operaciones con partidos políticos, como PNV, ERC, Izquierda Unida o el PP.
Según consta en los anexos de ese informe, son seis las entidades bancarias que no han respondido a los requerimientos del Tribunal para que le enviasen información sobre los créditos concedidos al Partido Popular en el año 2002. Se trata de BBVA, Credit Lyonnais España, Banco de Asturias, Banco de Sabadell, Banco Herrero y Caja de Ahorros Municipal de Bilbao, con las que el PP tenía en ese año una deuda de 6,5 millones €. Eso sí, esta práctica no sólo la llevan a cabo las entidades con las que trabaja el PP, sino también las que tienen como clientes a ERC, IU o PNV. En ese mismo informe se habla de donaciones anónimas. El 90 % de las que recibió el PP en 2002, 2.700.000 €, tuvieron ese carácter anónimo.
5. LA "E" DE AVE SE SUPRIMIÓ CUANDO GOBERNABA EL PP
La polémica se ha zanjado después de que el PP acusara a Renfe de haber suprimido la "E" de las siglas AVE, la propia empresa ha confirmado que la letra la quitó el PP en 1999 para unificar las áreas de negocio. Andrés Ayala, portavoz de infraestructuras del PP en el Congreso aprovechó la inauguración de la línea Alta Velocidad Madrid-Toledo para acusar a Renfe de haber suprimido al "E" de las siglas AVE (Alta Velocidad Española).
Sus críticas fueron aún más lejos achacó la supuesta eliminación de la letra a las exigencias que ERC mantiene desde hace dos años para que se suprima la palabra "española" de la denominación de las líneas ferroviarias de alta velocidad. Algo que a su juicio era "bochornoso" y "escandaloso". Nos obstante, estas afirmaciones fueron derribadas tajantemente por Renfe. La empresa demostró que los cambios se produjeron en 1999 (siendo ministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos) para unificar las áreas de negocio. Esta transformación se hizo ya patente en la revista interna de Renfe "Claves XXI" donde se hace mención en más de una ocasión a la AV/Renfe.
Además, Renfe aclaró que el producto AVE es una marca en sí misma y no tiene significado específico, que sigue existiendo y que cualquier persona que se suba a un tren AVE puede corroborar esta afirmación, pues el logotipo está en el propio tren. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, también pecó del mismo desconocimiento que su compañero de partido. Aguirre exigió a Mariano Rajoy que preguntara a Zapatero "por qué ha quitado la E del AVE a Toledo".
6. RENFE REVISA CONTRATOS DEL PP Y RENUNCIA A 25 TRENES VALORADOS EN 117 MILLONES
Renfe ha concluido la revisión de seis contratos de compras de 151 trenes que, por más de 2.300 millones €, realizó la compañía cuando era ministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos, la mayor parte de ellos días antes de las elecciones de marzo de 2004. Tras los acuerdos tomados, Renfe se ahorrará 117 millones €, adquirirá 25 trenes menos de lo previsto y cambiará trenes de alta velocidad por otros de media distancia. Así, después de revisar estas adjudicaciones, que se une a la realizada de otros tres contratos aprobada en junio pasado, Renfe adquirirá 126 trenes por un importe total de 2.194 millones, y además cambiará trenes de alta velocidad, para los que no hay infraestructura aún, por otros regionales y de media distancia.
Álvarez Cascos impuso además que el Ministerio de Fomento participara y dirigiera directamente la mesa de adjudicación de Renfe (que analiza aspectos técnicos y económicos) para estos seis contratos, un hecho sin precedentes en este tipo de procedimientos. Tras las elecciones, Renfe evaluó que ninguno de los 151 trenes adjudicados en esas semanas de 2004 respondía a las necesidades estratégicas para sus servicios de Cercanías, Regionales y Mercancías, puesto que esos trenes eran aptos para circular por vías de alta velocidad (ancho internacional), cuya infraestructura no estará acabada hasta 2010.
El primero de los contratos revisados son 30 trenes lanzadera de alta velocidad de Alstom-CAF. La negociación ha reflejado que Renfe no necesita los 30 trenes y que debe concentrar su esfuerzo inversor en media distancia y cercanías. La adjudicación inicial de 30 trenes a Alstom-CAF queda fijada en 13 trenes, lo que supone un desembolso final para Renfe de 183 millones €, inferior a los 353,5 millones iniciales. También se han revisado los 30 trenes de alta velocidad de Talgo-Bombardier. Asimismo, se ha revisado la adjudicación de 10 trenes de alta velocidad de Siemens, para retrasar el grueso del pedido a 2008, con un aumento del 2% en el precio final, que queda en 247,6 millones.
7. Jiménez Losantos gana 800.000 € por insultar
Un semanario catalán dedica su portada y paginas interiores a desmenuzar las cuentas de Tampoco SL, la sociedad propiedad de Federico Jiménez Losantos y en la que declara unos ingresos de 800.000 €. La investigación de este medio también afirma que el presentador de la COPE tiene un interés personal en la OPA de Endesa a través de su socio en Libertad Digital Alberto Recarte, el cual es accionista de la eléctrica y miembro de su Consejo de Administración.
Las cuentas se desmenuzan de la siguiente manera: 794.177 € en ingresos, a los que hay que descontar los gastos de 117.287 € que cobra un "solo" trabajador, que podría ser el propio periodista de la COPE, 45.454 € de pagos a colaboradores y 4.765 € para amortizaciones. El resultado ofrece unos beneficios de 626.669 € de los que hay que descontar el impuesto de sociedades. El intríngulis fiscal se soluciona pagando un 45 % en concepto de rendimiento personal y otro 35 % como beneficios empresariales. Todo tan legal como la sociedad Loreto Consulting de Josep Piqué por la que se armó un considerable revuelo.
Lo singular de la información lo constituye la afirmación de que "Losantos tiene un interés personal en la OPA a Endesa". Según se señala en el artículo que firma Victor Saura, el Presidente de Libertad Digital, Alberto Recarte Garcia Andrade, es asimismo miembro del Consejo de Administración de Caja Madrid, desde el pasado mes de Mayo. Gracias a esta incorporación se ha sabido que Recarte es propietario de un 0,002 % del capital de la eléctrica, lo cual es una verdadera fortuna, sobre todo si tenemos en cuenta que los beneficios de esta empresa entre enero y septiembre fueron de 1.556 millones €.
Por lo que afirma el semanario, los dineros de Recarte son muy necesarios para los planes de expansión de Libertad Digital, de la que la sociedad Tampoco SL controla hasta un 25%. La entrada de Florentino Pérez en el diario digital, llama también la atención, así como la férrea oposición de Unión FENOSA a la OPA que atribuye al anuncio por parte de directivos de Gas Natural de que había un acuerdo con Iberdrola. Los despachos de Miquel Roca y Joan Rosell tampoco se salvan de la diatriba, ya que el primero forma parte del Consejo de Administración de ACS, y el segundo del Consejo de Endesa.
8. La AVT envía una carta en la que pide la retirada de España de los organismos internacionales
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha remitido una carta a las embajadas extranjeras en España solicitando que sus gobiernos presionen al español para que éste abandone "todos los organismos internacionales" a los que pertenece porque los principios que rigen estas instituciones no concuerdan con el "estado de excepción" y de "recorte de libertades" que ha impuesto el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, el presidente de la Asociación, Francisco José Alcaraz, ha rectificado el contenido de esta carta afirmando que había ocurrido un error en la transcripción y que su intención era pedir que los organismos internacionales rechacen contactos con Batasuna.
9. GALICIA: EL PP BUSCA UN PACTO PARA SITUAR A FEIJOO COMO SUCESOR DE FRAGA
La batalla por la sucesión de Manuel Fraga en el liderazgo del PP gallego afronta un trámite decisivo con la elección de 2.150 compromisarios que acudirán al congreso en el próximo enero. Las direcciones nacional y regional del partido han intensificado en los últimos días los mensajes internos para favorecer un acuerdo que impida un enfrentamiento en el congreso entre los cuatro precandidatos postulantesa ocupar la presidencia regional. Según fuentes consultadas, el sector oficial pretende un consenso que auparía al liderazgo al ex vicepresidente de la Xunta Alberto Núñez Feijoo y cerraría el paso a Xosé Cuiña, antiguo delfín de Fraga y principal representante del sector autoproclamado galleguista.
En su primera declaración explícita sobre la sucesión de Fraga, el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, admite en una entrevista: "Haré lo posible para que haya el mayor consenso". "Hay gente de mucho fuste", añade Rajoy, "de mucho empuje y de mucha juventud, muy modernos, con conocimiento del mundo". Núñez Feijoo, por quien se han movilizado intensamente las organizaciones del partido en Pontevedra y A Coruña, las más afines a Rajoy, y destacados cargos públicos como la alcaldesa de Vigo, Corino Porro. Las direcciones nacional y regional habían prometido neutralidad, pero en los sectores que apoyan a los otros candidatos se han despertado las suspicacias y el malestar conocerse que algunos militantes están recibiendo en sus casas una carta de Feijoo, con membrete del partido, pidiendo el voto.
La ejecutiva regional había decidido que no se entregaría a ningún candidato el censo de afiliados, tras solicitarlo formalmente uno de los aspirantes, el ex consejero de Pesca de la Xunta Enrique López Veiga. López Veiga admitió sentirse "bastante molesto" por el "apoyo descarado" que se está brindando a algunos candidatos que prefirió no especificar. Este hecho ha motivado que un grupo de militantes del PP de A Coruña, que apoyan la candidatura de otro ex vicepresidente, Xosé Manuel Barreiro, presentó un escrito a la dirección para solicitar que se excluya a Núñez Feijoo y se tomen medidas disciplinarias contra él.
La dirección nacional trata de evitar un congreso tumultuoso y cercenar las posibilidades de Cuiña, el candidato más temido por Rajoy, quién ha prometido a los militantes un PP regional que no se limitaría a "ser una sucursal de Madrid" y un proceso de democratización interna con elecciones primarias para elegir a los candidatos electorales.
10. ANDALUCÍA: LA FISCALÍA DEL TSJA ABRE DILIGENCIAS PARA ACLARAR SI HAY INFRACCIÓN PENAL EN EL CASO DE LANJARÓN
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto diligencias informativas para establecer o descartar la existencia de alguna infracción con relevancia penal, después de que "diversos medios de comunicación social" informaran sobre declaraciones del alcalde de Lanjarón, José Rubio (PP), señalando que era propietario de sendas parcelas de 15.000 m2 de suelo industrial que podrían ser objeto de una recalificación urbanística para un proyecto turístico.
El fiscal en su decreto señala que dicha recalificación "supondría una espectacular revalorización del terreno, según puede leerse en una de las informaciones publicadas", por lo que decreta la apertura de diligencias en virtud del artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que establece someter las diligencias de investigación incoadas para el esclarecimiento preliminar de hechos con apariencia delictiva a los principios de contradicción, proporcionalidad y defensa. Además, indica que podrían ser aplicables a la conducta del alcalde, dentro del delito contra la administración pública, el tráfico de influencias y las negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, ya que, "como es obvio, podría obtener un evidente beneficio económico con la actuación desarrollada por la Corporación Municipal que preside", por lo que estima necesario conocer el alcance de las gestiones realizadas desde el Ayuntamiento de Lanjarón.
11. ANDALUCÍA: EL PP DE CÁDIZ RESPALDA QUE SUS EDILES INVESTIGUEN A PERIODISTAS
El secretario del PSOE de Cádiz, Francisco González Cabaña, acusó al teniente alcalde del Ayuntamiento de La Línea, Manuel Aguilera, ex gilista pasado al PP, de "investigar y espiar" a más de una veintena de sindicalistas, periodistas y políticos que han denunciado en los últimos años supuestas irregularidades del Consistorio que preside Juan Carlos Juárez. El PSOE llevará su denuncia al fiscal. Cabaña sostuvo que algunos de los datos investigados por Aguilera han sido utilizados públicamente por dirigentes del PP andaluz, como Javier Arenas, Teófila Martínez, y Antonio Sanz.
Según la documentación aportada por el PSOE de los registros de la Propiedad y Mercantil, las empresas Caracas XT, cuyo único accionista es Aguilera, y Cambio de Ideas, que es una agencia de detectives, solicitaron información sobre las propiedades de 21 personas entre febrero y mayo de 2005. Entre los investigados, está el delegado de UGT en la Policía Local, José Carrión, y su propia esposa. Este sindicalista denunció la desaparición de 60.000 € de multas y la contratación irregular de 140 personas. Estas dos querellas han sido admitidas por la justicia. Otros investigados son familiares de Antonio Marmolejo, consejero de la Cámara de Cuentas que elaboró el informe sobre las irregularidades en La Línea; el sindicalista José Porras, y el periodista Jorge Bezares, ex director de Europa Sur, dos hermanos suyos y su esposa. También investigaron a los diputados Juan Cornejo, Luis Pizarro, y José Luis Blanco; al senador José Carracao, y a los alcaldes de San Roque, José Vázquez, y de Jimena, Ildefonso Gómez.
Para Cabaña, aunque el acceso a los registros es legal siempre que el interés sea legítimo, estos hechos son políticamente "impresentables" y pueden ser, además, constitutivos de delito porque, pueden "violar" la Ley de Protección de Datos y pudieron cometerse con medios públicos desde dependencias municipales.
Pese a ello, el PP de Cádiz no se desmarcará ni reprobará las investigaciones desarrolladas por Manuel Aguilera. Para el presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, cualquier dirigente de su partido puede recabar datos públicos sobre los periodistas que crea oportuno. "No sé las razones (de Aguilera), pero puede buscar a quien quiera. He visto de la Asociación de la Prensa que si esto atenta... ¡pues no!
Sanz declinó así la solicitud de la Asociación de la Prensa de Cádiz (APC) para que el PP "se desvincule" de esta operación, la "condene" y dé la baja a los militantes que han investigado al periodista Jorge Bezares. "Estamos ante un velado caso de intimidación que atenta contra el libre ejercicio del periodismo y, por tanto, contra el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz como recoge el artículo 20 de la Constitución", dijo Fernando Santiago, presidente de la APC. Ante la negativa popular, la Asociación de la Prensa ha pedido el amparo de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) y estudiará emprender acciones penales contra Aguilera.
12. MADRID: LA ESPANTADA DE TAMAYO SE PREPARÓ AL DÍA SIGUIENTE DE LOS COMICIOS. EL ESCOLTA INVOLUCRADO FICHA POR UNA EMPRESA PRESIDIDA POR UN EX DIPUTADO DEL PP
La operación que impidió la llegada al poder de los socialistas en la Comunidad de Madrid en 2003 se puso en marcha al día siguiente de conocerse el resultado definitivo de las elecciones en las que el PP perdió el gobierno regional. El escolta que protegió a los ex diputados tránsfugas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez asegura en un manuscrito que le llamaron por primera vez para realizar labores de protección y vigilancia el 27 de mayo de 2003, sólo 48 horas después del cierre de los colegios electorales.
El escolta José Antonio Expósito recibió ese día una llamada en la que un alto cargo de una empresa de seguridad le adelantaba que se iban a poner en contacto con él para un servicio. Dos días después, el 29 de mayo, llegó la llamada que le habían anunciado. Expósito escribe en uno de los manuscritos: " Sobre media mañana me llama una persona para un familiar suyo, pues teme que le pueda pasar algo; cuando le pregunto qué teme (…) me comenta que en los próximos días se producirán unos acontecimientos en Madrid y que la mayor parte del tiempo el señor al que hay que proteger estará en un despacho".
El escolta relaciona estas llamadas con el encargo que recibió y llevó a cabo pocos días después: vigilar y proteger a Tamayo y Sáez tras la espantada con la que provocaron el vuelco político en Madrid en beneficio del PP el 10 de junio. Los dos diputados tránsfugas trataban de ocultarse aquellos días en habitaciones de hoteles reservadas por empresarios del sector inmobiliario y de la construcción. En sus declaraciones ante la policía y el juez, Expósito relacionó con este encargo a Dionisio Ramos, entonces gerente de la Universidad Complutense y ex alto cargo del PP en Madrid.
Todos estos detalles forman parte de la compleja trama que cambió el color político del Gobierno de Madrid y que permitió que Esperanza Aguirre llegara a la presidencia de la Comunidad.
Pero la esperanza de conocer quienes estaban detrás de la deserción de las filas socialistas de Tamayo y Sáez parece debilitarse, ya que José Antonio Expósito ha sido contratado por el Grupo de Comunicación Intereconomía, presidido por el ex diputado del PP Julio Ariza. José Antonio E., que está procesado por usar un carné falso del CNI, declaró al juez que personas vinculadas con cargos del PP le habían contratado para vigilar a Tamayo. Así, una vez lograda la libertad provisional, ha sido fichado por Intereconomía. Ana Roldán, adjunta a Ariza, aseguró que no podía ofrecer ninguna precisión sobre el contrato del antiguo escolta de Tamayo porque no había podido comunicar con su jefe directo. Otras fuentes de la empresa precisaron que había sido fichado como "responsable de seguridad". El vigilante señaló hace varias semanas que estaba en pruebas para trabajar de chófer en esa compañía.
Sus problemas judiciales (al contrario que a la mayoría de ex reclusos) no ha entorpecido su contratación para el equipo de seguridad de Intereconomía, donde ya contaba con un amigo, supuestamente su máximo jefe, quien recomendó su fichaje. José Antonio E. siempre declaró al juez que trabajó a las órdenes de un ex guardia civil llamado Ángel. Por encima de esclarecer la verdad, el ex escolta andaba más interesado en encontrar un trabajo dada la mala imagen que le precedía tras airearse los asuntos en los que la red de la que formaba parte se había visto involucrada, por más que asegurase que nunca intervino en nada irregular ni era quien comandaba el grupo.
De la investigación policial y judicial se desprende que la actividad del grupo del que formaba parte José Antonio E. realizaba en ocasiones informes que servían para intentar desacreditar a personajes de la vida pública. Menos claro resulta quiénes y con qué fin encargaban este tipo de informes. Sólo en algunos casos parece apuntarse una cierta dirección desde los propios aparatos de la seguridad de la Universidad Complutense, pero no está esclarecido quién, tuvo interés en aplicar la misma lupa a la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios o a Pilar Giménez-Reyna, ex presidenta de Gescartera, imputada por dicha causa instruida por la citada magistrada. Hay evidencias de que fueron investigadas por el grupo. Entre sus trabajos especiales hizo un barrido en busca de micrófonos colocados en el despacho de una concejal del CDS en el Ayuntamiento de Majadahonda, gobernado por el PP. Y tras encontrar un micrófono oculto, lo arrancó, y recomendó a la edil, según afirma ella, no denunciarlo a la policía.
Ahora ha sido contratado por una empresa presidida por el ex diputado del PP Julio Ariza, que trabajó siete años en el Parlamento de Cataluña. El Gobierno de Esperanza Aguirre ha beneficiado a la empresa de Ariza al concederle una de las licencias televisivas a Intereconomía. Su otorgamiento fue recurrido desde el PSOE, por entender que el Ejecutivo regional incumplió su propio pliego de condiciones -elevó de cinco a 10 años el tiempo de concesión- y no consultó ni convocó al consejo audiovisual de la Comunidad.
13. MADRID: UNA FUNDACIÓN DEL PP HIZO MENOS DEL 50% DE LAS CASAS QUE PROMETIÓ PARA HONDURAS
Una auditora contratada por el Ayuntamiento de Madrid para fiscalizar los proyectos de cooperación al desarrollo subvencionados por las arcas municipales ha destapado nuevas irregularidades en un programa de la Fundación Humanismo y Democracia, que pertenece al PP. En este caso la auditoría reveló que la organización construyó menos de la mitad de las 100 casas para damnificados del huracán Mitch en Honduras, prometidas en un programa que recibió 255.986 € del Ayuntamiento en 2000. Según el expediente del programa, el equipo de gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón conoce los hechos desde octubre de 2003.
La Fundación Humanismo y Democracia obtuvo en 2000 una subvención de 42.592.618 pesetas (255.986 euros) para un proyecto en Honduras que consistía en construir 100 casas para los afectados del huracán Mitch, que asoló el país en octubre de 1998. El Ayuntamiento aportó el 40% del coste total -99.667.276 pesetas (599.012 euros)- para construir 46 de las casas, mientras que el resto debía levantarse con las aportaciones de la Generalitat de Valencia (32 viviendas) y del Gobierno de Honduras (22). El plazo de ejecución finalizaba el 16 de diciembre de 2001.
La normativa municipal obliga a la fundación a enviar un "informe final" al Ayuntamiento para justificar el uso del dinero. En este documento, de fecha 3 de julio de 2002 y que forma parte del expediente municipal del proyecto -numerado como 00/69-1214-, la organización certifica que "las obras realizadas en el proyecto (...) se llevaron a cabo en su totalidad".Además, aportaba dos certificados de la Unión Nacional de Campesinos (UNC), la organización con la que trabajaba en Honduras: uno con fecha 30 de marzo de 2001, donde especificaba que 32 casas se habían edificado con la aportación de la Generalitat, y otro de 30 de abril de 2002, que afirmaba que 46 viviendas estaban finalizadas con cargo a los fondos del Ayuntamiento.
Sin embargo, una investigación de la consultora PriceWaterhouseCoopers -adjudicataria del concurso municipal para revisar los proyectos de cooperación- determinó que las casas no estaban terminadas. Tras visitar en julio de 2003 los lugares donde se habían construido las viviendas, la auditora determinó que había 47 finalizadas y 17 en construcción.
En respuesta a esta auditoría, Humanismo y Democracia envió tres informes al Ayuntamiento: uno el 10 de junio de 2003, otro el 20 de enero de 2004 y un tercero el 30 de abril de ese mismo año. En ellos, la fundación justifica la situación diciendo que "ha existido mala información" por parte de UCN "y la que ha llegado no correspondía a la realidad". También recalcaba que "nadie se ha lucrado, pues los fondos han sido transferidos y gastados en el proyecto en su totalidad". La fundación también reprocha a la auditora haber hecho un informe erróneo, para luego reconocer que no están construidas todas las viviendas. En enero de 2004, la fundación afirma: "Hemos comprobado la existencia de 49 viviendas totalmente terminadas". De ellas, continúa, 25 son del Ayuntamiento y 24 de la Generalitat. Además, constata 17 en construcción: "13 son del Ayuntamiento, y 4, de la Generalitat". Por tanto, continúa, "quedarían por construir 34 de 100 viviendas". Según el informe, son cuatro de la Generalitat, ocho del Ayuntamiento y 22 de la contraparte local (UCN).
Las bases reguladoras de la cooperación de 1997, vigentes en el momento de la concesión de la subvención, indican en su artículo 15: "Si el proyecto no se llevase a cabo por cualquier causa o se modificase sustancialmente sin la autorización previa del órgano competente, o no se justificara en la forma prevista (...), procederá el reintegro del importe de la ayuda, más los intereses de demora, en su caso".
A finales de este mes se cumplen 4 años del plazo en el que debían estar terminadas las 100 viviendas. Hasta la fecha, el Ayuntamiento de Madrid no ha requerido a la organización para que devuelva el importe de las que faltaban por hacer cuando se cumplió el plazo de ejecución del proyecto, en diciembre de 2001.
14. COMUNIDAD VALENCIANA: FABRA NIEGA ANTE LA JUEZ HABER FALSIFICADO SELLOS Y DOCUMENTOS
El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, negó ante la titular del Juzgado nº 2 de Nules, su participación en la falsificación de sellos y analíticas que formaban parte de la documentación de solicitud de licencias de fabricación de fitosanitarios que fueron puestos en el mercado por Artemis 2000, la empresa de la que es socia su esposa, Amparo Fernández. Fabra aseguró ignorar esta práctica, denunciada por el empresario Vicente Vilar, quién le acusa de cobrar supuestamente a cambio de ejercer su influencia política para que autorizaran sus productos fitosanitarios, mantuvo que el dirigente popular conocía las falsificaciones de análisis y sellos y que incluso aportó, a través de su chófer, los primeros tampones falsificados. Fabra dijo: "Me he enterado por la prensa".
Fabra acudió al juzgado, por tercera vez, para hacer frente a la tercera de las imputaciones judiciales que se mantienen contra él, ante la posible comisión de uno o varios delitos contra Administración pública, un presunto delito fiscal y otro por falsedad en documentos. Las tres imputaciones están divididas en dos causas diferentes y el interrogatorio al que se tuvo que someter se centró a la acusación formulada por Vilar, cuya ex esposa, Monserrat Vives, era socia de la mujer de Fabra en la empresa Artemis.
El presidente de la Diputación de Castellón, al contrario que en la anterior ocasión en que acudió al juzgado, no se negó a declarar, pero sólo respondió a las preguntas que le formuló el fiscal anticorrupción, Daniel Campos. El fiscal, en un breve interrogatorio, le preguntó tanto por su supuesta participación en la falsificación como por su posible conocimiento de estas falsificaciones. Fabra lo negó todo. Tampoco admitió su presencia en dos reuniones que, según Vicente Vilar, mantuvieron ambos con el director general de Agricultura del momento, Rafael Milián, y con el subsecretario del mismo departamento, Manuel Lamela.
El empresario aseguró que en dichas reuniones se entregó a los que ahora son ex altos cargos del Ministerio de Sanidad 18.000 y 240.000 €, respectivamente, con el fin de que "colaboraran" en el intento de agilizar la concesión de autorizaciones de fabricación de fitosanitarios. A lo que Fabra no respondió con tanta rotundidad fue a su supuesta participación en la reunión en la que un grupo de asesores, entre los que se encontraba un ex alto cargo de Agricultura, sugirieron la opción de falsificar la documentación para tener garantías de concesión de las licencias. Fabra dijo recordar algún encuentro pero fue incapaz de dilucidar si fue en el Hotel Palace de Madrid, tal como sostiene el empresario, ni las personas que participaron en él.
15. COMUNIDAD VALENCIANA: NEPOTISMO EN EL IVEX, QUE EMPLEA A FAMILIARES ALTOS DIRIGENTES DEL PP LEVANTINO
No saber inglés ni estar en posesión de un título de licenciado de perfil económico no fue óbice para que Eduardo Gordo Zaplana, sobrino del ex presidente de la Generalitat lograra una beca de un año en la delegación del IVEX en Miami, que después se amplió, a petición del interesado, a seis meses más en Nueva York. En enero de 2000, saltó el charco para hacer las Américas por cuenta del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX), tras habérsele otorgado una de las becas que, por períodos de doce meses, concede cada año el organismo público. En las bases de aquella convocatoria (de 10 de septiembre de 1999) se establecían como requisitos «mínimos» para concursar «estar en posesión de un título de licenciado (Económicas, Empresariales, Marketing, Derecho o similar)». La licenciatura en Geografía e Historia por la Universidad de Murcia, que esgrimía Gordo Zaplana, no daba el perfil técnico.
La tercera de las condiciones indispensable para ser admitido en las pruebas era el perfecto «dominio del idioma inglés hablado y escrito», un mérito que no adornaba al aspirante. En el IVEX aseguran que no despuntó en la prueba escrita (27 de octubre de 1999) ni en la oral (8 de noviembre), pero, en cambio, recuperó mucho terreno en la "entrevista personal", la última etapa en la carrera hacia la beca. La dotación económica de estos contratos depende del destino. La plaza mejor pagada es Nueva York, y Hong Kong o México son de las peor pagadas. Miami no es de las más baratas. Ese año se abonaban unos 4,5 millones de pesetas, más de 30.000 dólares. Posteriormente ello, el sobrino del ex líder del PP no tardó en pedir un aumento de sueldo, pese a que las becas tienen una dotación cerrada. Claro que tampoco es habitual que el período de disfrute de ese contrato se prorrogue, pero la excepción se hizo con Eduardo Gordo, quien, tras los doce meses en Florida se trasladó a Nueva York. Allí, el IVEX le pagó seis meses más de estancia para que realizara estudios de mercado en la sede del Instituto en Third Avenue.
Otro de los cachorros del PP de valencia que se benefició de las becas del IVEX fue Claudia Fabra Fernández, hija del presidente de la Diputación de Castelló. 1998 no fue un mal año para la chiquilla del "inasequible al desaliento" Carlos Fabra. Tuvo la suerte de disfrutar de una de las becas que otorga el Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) para ocupar plaza en alguna de las 24 delegaciones que tiene el organismo público por el mundo. Además, ese año, se convirtió en copropietaria, con su madre y sus hermanos, del lujoso chalé de 367 metros cuadrados útiles, sobre una parcela de 1.160 metros, en Orpesa. Se escrituró por 60 millones de pesetas (360.000 euros)en Platgetes de Bellver, en Oropesa.
Claudia, que en esa escritura aparecía como agente de seguros, abrió a medias con una tía suya una tienda de artículos de marroquinería y regalos en la lujosa calle Lagasca de Madrid. Además, es como administradora única y propietaria del 90% de las acciones de Carmacás, la consultora a la que el industrial de Artana Vicente Vilar denunció haber pagado cantidades millonarias a cambio de la mediación política de Fabra para conseguir licencias para sus productos fitosanitarios.
La hija de Carlos Fabra podría haber sido destinada a Hong Kong, Argentina o México, pero también en ese punto se dio una conjunción astral favorable y le tocó Nueva York, el destino mejor pagado de todos los posibles. En ese año, la beca de prestación de servicios en el número 635 de la Tercera Avenida, sede del IVEX, estaba dotada con 5.586.681 pesetas -33.576 euros-, casi el triple que la de la delegación china.
Con todo, la becaria pidió un aumento de sueldo y el IVEX accedió a la petición, según confirmaron diversas fuentes de la Generalitat, que apuntaron que su padre llegó a hacer gestiones en este sentido. Del paso de Claudia Fabra Fernández por Nueva York se acuerdan en la delegación del IVEX, con la que esta semana ha contactado directamente el presidente Francisco Camps durante su estancia en la cosmopolita ciudad para asistir, entre otros actos, a un homenaje al cantante Julio Iglesias de la Cueva. De hecho, Claudia Fabra tuvo más de un encontronazo con la que era responsable de la oficina, Eva Blasco.
Pero éramos pocos y parió la abuela, ya no solo se beneficiaban los hijos de
los gerifaltes del PP, también los allegados como Vanessa del Campo,
hija del chófer de Fabra, quién accedió también a su beca, seis años
después, en el IVEX, aunque pero se tuvo que conformar con México (todavía
hay clases) un destino por el que se cobró la mitad que en Nueva York,.
Otro de apellido ilustre que logró beca del IVEX, en este caso en Los
Ángeles y en el año 2003, fue Luis Aznar Bonilla, hijo de María
Bonilla Musoles, directora general de Economía. Luis Aznar accedió a la
beca con la carrera recién terminada pero aprendió tanto durante su estancia
estadounidense que, tras serle prorrogada la beca, fue destinado a la
delegación que el organismo público puso en marcha en Dubai (Emiratos
Árabes) en el año 2003. Luis Aznar, que además es sobrino del presidente del
Puerto de Valencia, pasó un año después de becario a director de la única
delegación que el IVEX tiene abierta en la zona del Golfo Pérsico, un área
de enorme importancia estratégica para las exportaciones de la Comunidad
Valenciana. Tanto Carlos Fabra Carreras como María Bonilla Musoles forman
parte del consejo de administración del Instituto Valenciano de la
Exportación, órgano de gobierno que actualmente está integrado por
diecinueve miembros, que estampan su firma en las cuentas.
Pero estos atípicos becarios que hemos mencionado no son los únicos y casi todos mecidos por la cálida y gratificante brisa de Florida. Han disfrutado de una suculenta beca (ya la quisieran para sí la mayoría de los becarios españoles) y han disfrutado de las delicias del clima de Miami. (a los mejor estaban recreando la versión valenciana de la celebre ‘Miami Vice’). Pasen y vean, aún hay más
Eduardo Gordo Zaplana no es el único formado en comercio exterior por cuenta del IVEX en Miami. Una sobrina de la ex consellera de Agricultura, Mari Àngels Ramon-Llin, también pasó un año en Florida. El nivel de inglés y competencia profesional de Laura Ramon-Llin era, según empleados de la casa, más que aceptable. Estos dos ejemplos no bastan para demostrar que el organismo público de la Generalitat es, pese a estar desparramado en 27 trozos por el mundo, una empresa familiar. Un hijo del ex diputado del PP y actual concejal en Alicante, Luis Concepción, también tuvo ocasión de cobrar doce meses del Consell por prestar servicios en IVEX-Florida, en el año 2003. Jorge Concepción Aranmendía fue becado un año en la ciudad que fue residencia de Julio Iglesias. Luis Concepción entró en el PP precisamente de la mano del ex conseller de Industria Diego Such. También en Miami estuvo becada Ana Llisterri, vinculada a la ex directora del IVEX Carmen de Miguel. Donde hay negocio llega el IVEX. De Santiago de Chile a Tokio; de Los Ángeles a Hong Kong. En el sudeste asiático, en la delegación de Beijing, pasó en 2004 la hija del conseller de Infraestructuras, José Ramón García Antón. Luisa García Pastor consiguió la plaza por petición de su padre a la directora general del IVEX, Maritina Hernández, según fuentes del Consell.
16. COMUNIDAD VALENCIANA: HACIENDA SE PERSONA EN LA CAUSA CONTRA TERRA MÍTICA
Fue precisamente una investigación realizada desde Hacienda la que descubrió un entramado de empresas en torno a Terra Mítica que realizaban presuntas facturas falsas y que supondría n fraude fiscal de 4,4 millones de € en IVA e impuesto de sociedades. La Fiscalía ha pedido al juzgado que se impute a 25 representantes legales de Terra Mítica y otras 16 empresas por seis delitos continuados de falsificación de documentos mercantiles y doce delitos contra la Hacienda Pública, que dejó de ingresar 4.421.319 € durante los ejercicios 2000 y 2001 en concepto de IVA e impuesto de sociedades.
La Agencia Tributaria ejercerá la acusación a través de la Abogacía del Estado en defensa de la Hacienda Pública para reclamar la cantidad defraudada al Erario Público, más una multa por el mismo importe de lo defraudado, además de la pena de prisión que acarreen los delitos que, en su caso, se desprendan de la instrucción.
Por otro lado, el titular del juzgado encargado del caso ya ha iniciado los trámites tras recibir el jueves las seis cajas de que consta la investigación realizada por la Agencia Tributaria. La mayoría de las citaciones se han realizado por exhorto a los juzgados de los partidos judiciales donde las empresas tienen su domicilio fiscal, para que comparezcan en Valencia. Para ello, ha comenzado a citar a los 25 imputados para tomarles declaración en quince días, en dos sesiones de mañana y tarde para lo que se está pensando en habilitar una sala en la que puedan caber los 25 letrados que, presumiblemente, se personarán en la causa como defensas, más el fiscal y el abogado del Estado.
Los inspectores de la Agencia Tributaria iniciaron las pesquisas en Terra Mítica -como inspección parcial- a partir de la investigación abierta a cinco empresas contratistas directas del parque temático. Se trata de C-3 Ingeniería de la Construcción y el Medio Ambiente y Desarrollo de Proyectos Instalaciones y Mantenimientos (Depimsa), ambas vinculadas al empresario Vicente Conesa Fernández. Otras tres firmas ligadas a Antonio Moreno Carpio ( Los Altos del Carrichal, Prexint Botanics y Red Moreno) también fueron contratistas directas. El resto de mercantiles denunciadas ejercieron de subcontratistas de obras y servicios de Terra Mítica a través de las anteriores, o según las sospechas de los fiscales, habrían ejercido de sociedades pantalla en la presunta «trama organizada» de facturas falsas y fraude a la Hacienda Pública.
Fuentes conocedoras de la investigación sostienen que gran parte de las facturas libradas y pagadas por Terra Mítica fueron rubricadas por el entonces director de contratación, Justo Valverde, que en aquellas fechas mantenía una relación marital con una de las hermanas del portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana. Valverde se incorporó al equipo directivo de Terra Mítica procedente de la sociedad pública impulsora del proyecto, Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana. Algunas de las empresas de Conesa, principalmente C-3, también han mantenido relaciones contractuales con la mercantil de la Generalitat Valenciana. En la actualidad ya no existe relación familiar entre Valverde y Zaplana.
El ex director general de Terra Mítica, Miguel Navarro, también figura entre las personas que estamparon su firma en las facturas libradas por las empresas denunciadas por la Fiscalía ante el Tribunal Superior de Justicia. Una tercera persona, el ex director técnico Antonio Rincón, se suma a los firmantes, si bien en su caso sólo de documentos elaborados en el ejercicio de 2000, año en que abandonó su cargo en el recinto, una vez finalizada la fase de construcción del complejo de ocio.
17. COMUNIDAD VALENCIANA: EL MUNICIPIO DE DOLORES ADJUDICA UN PAI DE 1.600 CASAS EN UNA ZONA DE HUERTA DONDE LA FAMILIA DEL ALCALDE POSEE SUELO
Un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Dolores (La Vega Baja), gobernado por el PP, aprobó la construcción de un campo de golf con 1.600 viviendas sobre 1,6 millones de metros cuadrados, en unos terrenos no urbanizables de huerta tradicional cercanos al Parque Natural del Hondo. El secretario de organización del PSPV en el municipio, José Antonio López denunció que el alcalde, Gabriel Gascón, sus padres y hermanos poseen tierras en la zona. Junto al primer edil, la mujer de un concejal del PP, David Penalva, también cuenta con terrenos. Este extremo fue rechazado por el concejal de Urbanismo, Francisco García Saura, quien sí admitió, sin embargo, que familiares del primer edil tienen suelo.
Los votos de los populares sacaron adelante un macroproyecto urbanístico que se ejecuta al margen del PGOU. La empresa adjudicataria es San José, promotora que mantiene bloqueada por orden judicial otra urbanización en Albatera al desarrollar obras en monte público. Por otro lado, la Consejería de Territorio y Urbanismo ha declarado nulo de pleno derecho el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Bigastro en el que se acuerdan las condiciones particulares sobre edificación en la huerta tradicional. El departamento de Blasco precisa que el gobierno local no es "competente" para su aprobación. Además, añade la consejería, que el acuerdo de Bigastro "prescindió" "total y absolutamente" del procedimiento legalmente establecido, según informó la Generalitat.
18. MURCIA: MEDIO AMBIENTE DEMANDA A MURCIA POR GANAR TERRENO AL MAR PARA CONSTRUIR VIVIENDAS
El Ministerio de Medio Ambiente ha presentado una demanda contencioso-administrativa contra el Gobierno de Murcia (PP) por permitir un complejo turístico (818 viviendas, campo de golf, playa artificial y puerto deportivo) en terreno ganado al mar, algo prohibido. La demanda incluye un informe de 1997 de los servicios jurídicos de la comunidad que advierte de la ilegalidad y que afirma que si el ministerio demandaba, la comunidad tendría que dar una cuantiosa indemnización a los promotores, entre ellos un alto cargo del PP regional. En 2001, los servicios jurídicos de Obras Públicas insistieron en que era ilegal. Pese a todo, la comunidad aprobó el proyecto en 2003. El Tribunal Superior de Murcia paralizó las obras cautelarmente en junio.
La empresa Puertomayor SA logró permiso para obrar un millón de m2 (un 40% ganados al mar) en 1975. Un Consejo de Ministros franquista dio cuatro años para la construcción. La empresa consiguió una prórroga en 1979. En 1982, el Gobierno de la UCD suspendió la licencia cuando la empresa pidió un nuevo aplazamiento. En 1988, el Gobierno regional (del PSOE) levantó la suspensión de la obra y meses después suspendió la licencia tras un recurso de su jefe de medio natural. Puertomayor recurrió la suspensión y el Tribunal Superior de Justicia de Murcia falló en 1996 que la comunidad había cometido un defecto de forma al anular las obras. Esa es, muy resumida, la prehistoria de la obra. Con la sentencia, la empresa pidió permiso para construir el complejo.
El Gobierno de Murcia, ya del PP, pidió a sus servicios jurídicos un informe para ver si podía reanudar las obras. La respuesta del jefe de los servicios jurídicos y presidente del Consejo Jurídico, Juan Megías, fue clara: la cesión de dominio público marítimo-terrestre (la línea de playa en la que no se puede construir) podía ser válida en 1975, pero no en ese momento. La Ley de Costas, de 1988, invalidaba la cesión.
"Esta causa de nulidad sería, muy probablemente, motivo para que la Administración del Estado, titular del dominio público marítimo-terrestre, instara en algún momento la revisión de dicha resolución y, desde luego, se negaría a reconocer la propiedad privada de esos terrenos ganados al mar", señala el informe, de diciembre de 1997, y hasta ahora desconocido.
El texto, firmado por dos abogados, añade que si la demanda de Medio Ambiente se produjese después de realizadas las obras "podría acarrear importantes consecuencias indemnizatorias para esta Administración", la autonómica, por ser responsable de la licencia. Además, afirma que para construir la obra hacía falta un nuevo permiso. El 31 de mayo de 2001, los servicios jurídicos de la Consejería de Obras Públicas afirmaron en otro informe que el proyecto "no estaba suficientemente definido para autorizar la reanudación de las obras" y señalaron que los terrenos ganados al mar son bienes de dominio público, en los que no se puede construir.
El Gobierno regional ignoró los informes y en 2000 aprobó la declaración de impacto ambiental de las "2.155 viviendas, locales comerciales y un hotel". La declaración admite que "las obras proyectadas ocuparán una superficie aproximada de un millón de metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre, limitados por dos diques de 600 y 920 metros" e incluye un muelle para 1.000 barcos. Uno de los socios de la promotora era un alto cargo del PP de Murcia, que abandonó la empresa este año.
En octubre de 2003, y pese a sus informes contrarios, la comunidad levantó la suspensión de las obras y las grúas comenzaron a trabajar: ya han ganado terreno al mar mediante dos diques. El proyecto inicial se ha reducido de 2.155 a 818 viviendas y ahora incluye un campo de golf, algo que, por sí sólo debió anular la concesión de 1975, según la demanda, pues no se puede modificar el proyecto que obtuvo la concesión.
Los informes de los servicios jurídicos de la comunidad son la base de la demanda del ministerio contra el Gobierno que desde 1995 preside el popular Ramón Luis Valcárcel por permitir las obras. "La comunidad autónoma no hizo caso alguno a los sabios consejos de su propia dirección de servicios jurídicos", explica el abogado del Estado en su demanda, de 50 folios, y presentada el 8 de noviembre ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
El abogado del Estado, Juan Ramón Calero, ex líder del PP de Murcia, afirma que la comunidad ha violado el artículo 79 de la Ley de Costas, que obliga a revocar las concesiones si no se realizan las obras en el plazo previsto (en este caso, 1982), así como la ley de las Administraciones Públicas.
Medio Ambiente acusa también a la comunidad de incumplir el artículo 49 de la Ley de Costas, que obliga a tener informe favorable del Gobierno para ceder terreno público. La demanda afirma que durante años el ministerio intentó conocer el proyecto y sólo obtuvo silencio de la comunidad. La última petición antes de pedir la suspensión cautelar se produjo en octubre de 2004. Por todo, pide al tribunal que suspenda la licencia de obras y que condene al Ejecutivo regional a pagar las costas.
19. CASTILLA-LA MANCHA: BALLESTERO (ÍNTIMO DE AGAG) POSIBLE CANDIDATO A LA PRESIDENCIA CASTELLANO-MANCHEGA
El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, José Manuel Molina, ya parece tener su candidato para encabezar las listas del PP en las próximas elecciones. Alejandro Ballestero, un diputado popular que forma parte del círculo más próximo a Alejandro Agag, es su apuesta más segura. Molina y Agag ya catapultaron al anterior candidato del PP por Castilla-La Mancha Adolfo Suárez Illana.
El candidato del presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha y alcalde de Toledo, José Manuel Molina, ya ha elegido sucesor. Alejandro Ballestero, íntimo amigo de Alejandro Agag, el yerno de José María Aznar es el afortunado. Parece ser que Agag no se ha retirado del todo de la política y que compatibiliza a la perfección sus tan intensas como polémicas actividades empresariales con sus habilidades como "mediador".
Ballestero es amigo personal de Agag y de Ana Aznar, y también uno de los diputados del PP que más aparece en la prensa rosa. Hace algún tiempo, se publicaron unas fotos suyas con la ex novia de Bruce Willis, María Bravo, y hace unos meses también se le pudo ver en compañía de Veruska Ramírez, Miss Venezuela 1997 y ex concursantes de La Isla de los Famosos.
El amigo de Agag es el hombre de confianza de Molina y su delfín para ser candidato a la presidencia de la Comunidad. Hasta hace poco, Ballestero también contaba con el apoyo de Génova, pero los tiempos para él han cambiado. "La pasión por las mujeres de este antiguo miembro de la tuna estudiantil ha despertado los resquemores en la dirección nacional", según han comentado en el entorno crítico a la actual dirección del PP castellano-manchego. Ballestero estaba hace un tiempo muy bien situado dentro del PP por su vinculación con el llamado clan de Becerril, apadrinado en su momento por el propio José María Aznar. Ahora, el grupo ha cambiado de nombre y se denomina "Los chicos de Navacerrada", lugar donde la FAES ha montado su campus veraniego. En este nuevo clan se encuentran: Javier Fernández-Lasquetty, Alberto Carnero, José Herrera, José María Lassalle, Gustavo de Arístegui y Jorge Trías Sagnier, entre otros.
20. ASTURIAS: EL PP DE ASTURIAS AFRONTA UNA CRISIS INTERNA
El PP de Asturias apenas ha encontrado sosiego desde que se produjera su ruptura en 1998. Ahora, a dos años de las próximas elecciones, las críticas y las fracturas internas se reproducen en cascada. La dirección regional trata de aplacar las tensiones, pero las divisiones son cada vez más convulsas.
Las discrepancias, que también existen en la dirección regional, afectan a algunas de las más importantes juntas locales de las tres circunscripciones electorales de Asturias. El último estallido violento se acaba de producir en Llanes: la junta local ha saltado por los aires con durísimas críticas a la dirección regional.
La junta local del PP de Llanes, la más importante de la circunscripción electoral oriental de Asturias, quedó ante prácticamente desmantelada, y con ella el grupo municipal. La dirección local presentó su dimisión, así como tres de los seis ediles que le quedaban al PP (el séptimo se había pasado al Grupo Mixto) y los nueve sustitutos posibles que formaban parte de la lista electoral y han renunciado a sustituir a los concejales dimisionarios.
El hasta ahora presidente local, Félix Sánchez de Posada, aseguró que más de 60 afiliados también han pedido su baja del partido en las últimas 24 horas. La dirección regional asegura, no obstante, que el conflicto se resolverá en unos días. Sánchez de Posada, que fue reelegido en mayo tras vencer al candidato afín al sector del ex ministro Francisco Álvarez-Cascos, solicitó la dimisión del presidente regional del PP, el senador Ovidio Sánchez, y la de dos diputados regionales, Alejandra Cuétara y Pelayo Roces, éste muy cercano a Cascos. La hasta ahora portavoz municipal llanisca, Saray Isoba, fue aún más dura: aseguró que al presidente regional del PP, Ovidio Sánchez, "no le importan ni lo afiliados ni las juntas locales ni [conseguir] la presidencia del Principado. Sólo le preocupa mantener el sueldo, el coche con chófer y los viajes pagados".
Pero Llanes no es el único foco de crispación en el PP asturiano. El grupo municipal de Gijón, la mayor ciudad de Asturias, está fuertemente desunido y no ha logrado estabilizarse tras la pérdida de su control por el sector apoyado por Álvarez-Cascos. La primera crisis importante en esta junta se produjo en 2003 con enfrentamientos entre concejales, desunión entre el grupo y la dirección local y la dimisión de esta última.
En el congreso local de ese mismo año, el sector casquista, que había controlado desde antiguo la junta local, fue derrotado por los críticos y la pervivencia de tensiones abocó a Cascos a causar baja como afiliado y trasladar su militancia a Madrid en diciembre de 2004. Las tensiones internas no se han corregido desde entonces. Cinco de los 11 concejales escenificaron en público en un pleno del consistorio el pasado 14 de octubre la profunda división existente en el grupo.
