 |
ÍNDICE
1. EL CONGRESO CONCLUYE QUE EL GOBIERNO DE AZNAR "MANIPULÓ Y TERGIVERSÓ"
TRAS EL 11-M.
2. OBISPOS Y ALTOS CARGOS DEL PP ARROPAN LA MANIFESTACIÓN CONTRA LAS BODAS GAYS.
3. EL PP LLEVA UN EXPERTO AL SENADO QUE AFIRMA QUE SER GAY ES UNA ENFERMEDAD.
4. UN JUEZ INVESTIGA EL BORRADO DE ARCHIVOS DE LA MONCLOA POR EL PP.
5. EL GOBIERNO DE AZNAR VENDIÓ DOS CAÑONES NAVALES A RABAT POR UN EURO.
6. C. ANDALUCÍA. SOCIEDADES QUE SE INVESTIGAN POR DELITO SIGUEN EN LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ.
7. C. ANDALUCÍA. UN MANDO POLICIAL DE MÁLAGA DICE QUE EL JEFE DE SEGURIDAD ENCARGÓ EL INFORME SOBRE AGÜERA.
8. C. ANDALUCÍA. EL PP ASUME ESTE MES DOS ALCALDÍAS JIENNENSES DONDE GANÓ EL PSOE.
9. C. ANDALUCÍA. EL NUEVO PARTIDO DE ENCISO SE LLAMA PAL Y SE DEFINE COMO "MUNICIPALISTA".
10. C. ANDALUCÍA. UN CONCEJAL DEL PP DE NERJA TIENE UNA CASA SIN LICENCIA.
11. C. MADRID. DOS EX EDILES DEL PP IMPLICAN A LA CÚPULA POPULAR EN EL 'CASO MAJADAHONDA'.
12. C. MADRID. GALLARDÓN FINANCIA EL MASTERS DE TENIS CON DINERO DESTINADO AL DEPORTE DE BASE.
13. C. MADRID. LAMELA PIDE QUE SE "PASE PÁGINA" SOBRE LAS SEDACIONES DEL SEVERO OCHOA.
14. C. VALENCIANA. PESE A SUS PROBLEMAS CON LA JUSTICIA, EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN NO VE "NINGUNA RAZÓN" POR LA QUE NO DEBA PRESENTARSE A LAS PRÓXIMAS ELECCIONES DE 2007.
15. C. VALENCIANA. MALESTAR EN EL PP.
16. C. VALENCIANA. UNCIO DEVUELVE 6.794 € PERO DICE QUE LOS GASTOS, QUE INCLUÍAN GEL Y COPAS, SON ADECUADOS.
17. C. VALENCIANA. EL TRIBUNAL DE CUENTAS INVESTIGA AL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM TRAS APRECIAR IRREGULARIDADES CONTABLES.
18. C. VALENCIANA. EL ALCALDE DE NOVELDA CASTIGA AL CONCEJAL QUE GANÓ LA PRESIDENCIA DEL PP A MILAGROSA MARTÍNEZ.
19. C. VALENCIANA. JUZGADO EL DELEGADO DEL CONSELL EN ELCHE POR INSULTAR A UNA ZAPLANISTA.
20. C. MURCIA. PARALIZADAS LAS OBRAS DE UN COMPLEJO DE 818 VIVIENDAS EN LA MANGA.
1. EL CONGRESO CONCLUYE QUE EL GOBIERNO DE AZNAR "MANIPULÓ Y TERGIVERSÓ" TRAS EL 11-M.
El resultado de la comisión de investigación del 11-M fue el que se esperaba tras las últimas negociaciones. El rechazo del PP al dictamen pactado por los otros seis grupos parlamentarios estaba cantado, como lo estaba que los populares apoyarían (con matices) las recomendaciones de los demás y que éstos aprobarían algunas del PP. Sólo ERC (con su abstención en solitario o su negativa en conjunto con PNV y el Grupo Mixto) evitó que algunas medidas del PP salieran por unanimidad.
Los grupos fueron exponiendo por turnos sus respectivas conclusiones sobre la matanza. Las posiciones políticas fueron prácticamente las mismas que cuando la comisión se constituyó el 27 de mayo de 2004. El acuerdo en el dictamen, por tanto, era imposible, ya que el PP seguía manteniendo tesis contrarias al resto. Los comisionados estuvieron negociando hasta última hora y, aunque hubo acuerdos, fue necesario hacer 28 votaciones, algunas de frases sueltas.
Los textos de conclusiones de cada partido fueron votados y rechazados por separado (el PSOE se abstuvo, en "aras del consenso", al votar su propio documento), las recomendaciones admitidas al PP fueron visadas párrafo por párrafo, el dictamen final fue votado por separado y el texto de consenso recibió el rechazo de los populares en seis puntos. El resultado fue la aprobación de dos textos. Por un lado, el dictamen sobre qué ocurrió antes y después del 11-M -pactado por ERC, IU, socialistas, Grupo Mixto, PNV y CiU y rechazado por el PP por las críticas a la gestión que el Gobierno de Aznar hizo de la crisis-, y, por otro, las recomendaciones de futuro, con distintos niveles de apoyo.
El dictamen de todos menos el PP subraya que desde el 11-S "la amenaza del terrorismo internacional tipo Al Qaeda contra España era directa" y conocida "directamente" por las autoridades españolas, que, no obstante, "no le dieron la suficiente importancia y, como consecuencia, no adoptaron las medidas necesarias". Todo esto agravado por la descoordinación entre los servicios antiterroristas y la ausencia de puesta en común de sus investigaciones sobre el entramado islamista.
Una vez ocurrida la tragedia, reza el documento, el Gobierno insistió en la autoría de ETA, pese a que "ni un solo dato" apuntaba a ello. Así, los datos de los investigadores que recibía Ángel Acebes, ministro del Interior, "los hacía llegar sesgadamente a la ciudadanía", "los deformaba", generando "una información equívoca y tendenciosa". La comisión estima que esto fue "consecuencia directa del interés del Gobierno en adjudicar la autoría a ETA".
La comisión estima que "el Gobierno manipuló y tergiversó" los datos que recibía de la policía, "con toda probabilidad para tratar de influenciar así en la opinión pública respecto a la autoría". El objetivo fue, se escribe, que la ciudadanía no extrajera "consecuencias políticas que pudieran perjudicar los intereses electorales del PP, lo que podría ocurrir si una buena parte de la ciudadanía asociaba la matanza de Madrid con la guerra de Irak, en la que estuvo implicada España". Ésta fue "una actitud impropia de un Gobierno en democracia".
El texto de recomendaciones elaborado por todos los grupos menos el PP, que lo acabó apoyando salvo en seis puntos, se divide en cinco apartados: la atención a las víctimas, la mejora de la seguridad del Estado frente al terrorismo islamista, medidas legales, la mejora de la respuesta política al fundamentalismo islamista y sus consecuencias y, finalmente, la creación de una alianza democrática contra el terrorismo internacional. Este quinto apartado sufrió algunas transformaciones, hasta el punto de que donde se decía que era necesario un pacto de Estado contra el fenómeno islamista, se dice ahora que debe reforzarse la unidad contra el terrorismo internacional, que debería plasmarse "en un acuerdo con el mayor consenso entre todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria". El pacto incluiría el compromiso de "no hacer uso partidista de la lucha antiterrorista ni del dolor de las víctimas del terrorismo".
Los textos resultantes serán sometidos a la consideración del pleno del Congreso del 30 de junio. PP, ERC y CiU han anunciado sendos votos particulares. Los populares quieren que su texto de conclusiones, diametralmente opuesto al del resto, sea incluido como un voto particular. Lo mismo pretende ERC, en este caso para reprobar a varios miembros del Gobierno de Aznar, especialmente a éste. CiU quiere algunas matizaciones. El pleno será el cierre definitivo de la comisión del 11-M, aunque el PP mantiene vivas algunas demandas de información al Congreso por otras vías.
2. OBISPOS Y ALTOS CARGOS DEL PP ARROPAN LA MANIFESTACIÓN CONTRA LAS BODAS GAYS.
Cerca de 180.000 personas corearon en Madrid el lema "la familia sí importa" en una manifestación contra el matrimonio homosexual convocada por el Foro Español de la Familia y a la que asistieron 20 obispos y varios altos cargos del PP. Fue una tarde en que la obsesión general la constituyó el número de participantes: para la Policía Nacional, la cifra de manifestantes era de 166.000, con una estimación de 5.000 personas más o menos. La Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, calculó 700.000. La organización hablaba, de más de millón y medio de personas.
El momento culminante de la tarde, por inesperado, ocurrió sobre el escenario de Sol, cuando ya se había leído el manifiesto. El animador del acto anunció la llegada de dos novios ("novio y novia", precisó) al escenario. Arrancaron el aplauso más redondo entre aquellos que, pese al sol inclemente (36º). Momentos antes, la periodista de la cadena Cope Cristina López Schlichting había exigido la retirada del proyecto de ley de matrimonio homosexual, que ahora se debate en el Senado y que está previsto aprobar en el Congreso el 30 de junio. El texto modifica dos apartados del Código Civil para que personas del mismo sexo puedan casarse. También pidió "la regulación de la adopción que garantice el derecho del niño a tener una madre y un padre".
La concejal del PP Ana Botella, casi en primera fila, aplaudió a los novios, entre el mar de pasquines que alzaban los manifestantes con las banderas de España y del Vaticano. En ellas se podía leer: "Familia= hombre y mujer". Con una gran sonrisa aclaró que había acudido "a título personal".
Más atrás, entre los manifestantes que se situaron detrás de la segunda pancarta, Por el derecho a una madre y a un padre, estaban los cargos que el PP envió por indicación de su presidente Mariano Rajoy, quien no asistió: su secretario general, Ángel Acebes; el portavoz parlamentario Eduardo Zaplana; la responsable de Política Social, Ana Pastor y el secretario de Política Económica Miguel Arias Cañete. A su lado, algunos de quienes habían acudido a título personal, como el portavoz popular en el Parlamento Europeo Jaime Mayor Oreja y Federico Trillo. También asistieron otros diputados: Gabriel Cisneros, Jorge Fernández, Vicente Martínez-Pujalte, Eugenio Nasarre, Andrés Ayala y Manuel Atienza.
Acebes, con una camisa azul que se le pegaba a la espalda por el sudor, se acercó en un momento a una manifestante que le precedía y que enarbolaba un pasquín con dos caras: "Uniones civiles sí, matrimonio, no" y "Ministro Alonso, ¿me va a detener?". Le dijo que le gustaba.
La llegada del cardenal Antonio María Rouco Varela, ex presidente de la Conferencia Episcopal, con gafas ahumadas, gesto serio, alzacuellos y chaqueta, fue la más celebrada. Iba escoltado por los obispos auxiliares de Madrid Fidel Herráez, César Franco y Eugenio Romero Pose. Subrayó el "éxito" de la manifestación y no quiso hacer declaraciones. Los otros prelados que asistieron fueron el arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares; el obispo de Málaga, Antonio Dorado; el de Granada, Francisco Javier Martínez; Francisco Gil (Burgos), Francisco Pérez (Castrense), Demetrio Fernández (Tarazona), José Manuel Lorca (Teruel), Jesús Sanz (Huesca), José Gea (Mondoñedo), Juan Antonio Reig (Castellón), Joaquín López de Andújar (Getafe), Jesús Esteban (Alcalá), Carmelo Borobia y Ángel Rubio (auxiliares de Toledo), y el administrador diocesano de Jaén, Rafael Higuero, además del portavoz del Episcopado, Juan Antonio Martínez Camino. También acudió Kiko Argüello, fundador del Movimiento Catecumenal.
Camino a Sol, los manifestantes gritaron "Zapatero dimisión", "En la primera hoy no salimos" o "No al desmadre, queremos madre y padre". A las 18.45, la megafonía anunció: "Se acaba de dar la cifra de un millón de personas". Los asistentes lo celebraron enardecidos: "¡Luego diréis que somos cinco o seis!".
Sobre el escenario de Sol, el presidente de la organización convocante, José Gabaldón, dijo que "eliminar la familia es derrumbar a toda la sociedad". También arengó a los manifestantes el vicepresidente del Foro Español de la Familia y presidente de la Federación Española de Familias Numerosas, Benigno Blanco (ex secretario de Estado con el PP). El animador anunció sobre las 19.30: "Nosotros pensamos que los embriones son persona y no queremos el divorcio exprés".
Globos y banderas de España jalonaron la manifestación. Las pancartas más explícitas llegaron de Valencia: "Mujer y hombre igual a matrimonio, hombre y hombre y mujer y mujer igual a marimonio" y "¿Cambiarías a Juan y Puri por Boris y Zerolo?". Había carteles que rezaban: "ZP, no soy un experimento, soy un niño" o "Sodomía no con mi dinero".
3. EL PP LLEVA UN EXPERTO AL SENADO QUE AFIRMA QUE SER GAY ES UNA ENFERMEDAD.
Hace 15 años, la Organización Mundial de Salud (OMS) sacó la homosexualidad de su lista de enfermedades. Sin embargo, el catedrático de Psicopatología Aquilino Polaino, uno de los expertos llamados por el PP a la Comisión de Justicia del Senado, que estudia la ley de matrimonio gay, declaró que a los homosexuales "se les puede ayudar con terapia reparativa". "Aunque se haya desclasificado [como enfermedad] no quiere decir que no haya trastornos", afirmó. El portavoz del PP, Agustín Conde, le contestó: "Usted nos ha descrito perfectamente la psicopatología de la homosexualidad".
Aquilino Polaino, director del departamento de Psicología en la universidad San Pablo-CEU, de la Asociación Católica de Propagandistas, abrió la sesión de expertos sobre el matrimonio homosexual y la adopción por parejas gays. "He gastado 20.000 horas con personas de conducta homosexual en función de una actitud humanitaria", dijo. En total, 160 gays y lesbianas que han "solicitado" su ayuda "como psicoterapeuta", indicó. Para Polaino, las causas de la homosexualidad son "un padre hostil, violento, alcohólico o distante; una madre sobreprotectora -más con los niños que con las niñas-, fría, necesitada de afecto; emocionalmente vacía para sus hijas lesbianas". El resultado son niños que "rehúsan los juegos violentos, con ausencia de identificación con sus iguales, ausencia de destrezas motoras para los deportes violentos e incapacidad de defenderse".
También tienen "fobia social" y, por "lo visto" por este terapeuta, "alrededor de un 30% ha sufrido abusos sexuales". Además, es frecuente la coexistencia con otras enfermedades, aunque ello no implique una relación de causa-efecto, como "depresión grave, trastorno obsesivo compulsivo, suicidio, crisis de ansiedad, elevado consumo de drogas, trastornos de conducta, esquizofrenia y narcisismo patológico", afirmó Polaino. Esta suma de factores tiene su efecto en sus relaciones: "Mayor promiscuidad, inestabilidad y sentimientos crónicos de no ser masculinos", afirmó.
Después de esta descripción, Polaino invitó al senador por CiU Miquel Bofill: "Si usted piensa que la homosexualidad no es ningún problema, le invitaría a que viera usted cinco horas de terapia que tengo esta tarde". Conde felicitó a Polaino: "Usted nos ha descrito perfectamente la psicopatología de la homosexualidad", dijo en el Senado. Se justificó asegurando que lo hizo "por cortesía". Conde también calificó el lunes de "magníficas" las intervenciones de otros ponentes, como la que defendía que "no permitir la adopción sería una discriminación anticonstitucional", sigue el texto. En cambio, dijo que su "intención era conocer opiniones a favor y en contra, a fin de poder valorar más ampliamente la cuestión desde un punto de vista científico". Conde asegura que "la homosexualidad como tal no estaba sometida a valoración". Lo que quería era saber "si los menores que crecen en hogares monoparentales se desarrollaban igual" que los criados en "hogares compuestos por un padre y una madre".
El presidente del partido, Mariano Rajoy, eludió comentar las afirmaciones de Polaino. Tras felicitarle por su exposición, el portavoz popular en la Comisión del Senado, Agustín Conde, le pidió que se centrara en "los trastornos del menor".
La otra compareciente llamada por el PP fue la profesora de la universidad San Pablo-CEU Patricia Martínez Peroni. Martínez ha sido una de las autoras de la recopilación sobre la adopción elaborada por la organización HazteOír, una de las convocantes de la manifestación contra el matrimonio homosexual, que ella presentó como "un estudio universitario".
El trabajo ha sido prologado por Polaino. Esta psicóloga basó su intervención en la crítica a los estudios del resto de los expertos sobre niños educados por gays o lesbianas por tener, dijo, "serios problemas metodológicos". Estos estudios concluyen, según el resumen del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, que no "está demostrado que existan perjuicios psicológicos" en los niños criados por gays o lesbianas. Martínez afirmó que al ser la homosexualidad "marginal" no se debería "aventurar al niño en la convivencia con personas homosexuales".
4. UN JUEZ INVESTIGA EL BORRADO DE ARCHIVOS DE LA MONCLOA POR EL PP.
El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Mario Pestana, ha acordado incoar diligencias previas para aclarar si existió delito en el borrado de los archivos informáticos del palacio de la Moncloa antes de que el PP dejara el Gobierno tras perder las elecciones del 14 de marzo de 2004. Las diligencias han sido abiertas tras una denuncia del abogado murciano José Luis Mazón, que reclama que también se investigue quién copió documentos del 11-M del Ministerio del Interior.
La denuncia cita dos informaciones 13 de diciembre de 2004, en las que se informaba de que una empresa cobró 12.000 euros por eliminar archivos informáticos y sus respectivas copias de seguridad en La Moncloa, mientras que en Interior se realizó un "volcado" de documentos relacionados con el 11-M, cuyo contenido fue publicado en libros meses después.
Mazón escribe en su denuncia que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante su comparecencia ante la comisión del 11-M, "ratificó la citada información", al señalar que los archivos informáticos, incluidas las copias de seguridad, fueron destruidos en los días posteriores a la matanza. El denunciante afirma que, aunque Zapatero manifestara entonces que no pediría responsabilidades por estos hechos, "la aplicación del Código Penal en un Estado de derecho no está sometida al principio de oportunidad". También entiende que "nadie, ni Gobierno ni Poder Judicial, puede otorgar dispensas penales que impidan la investigación de una conducta sospechosamente delictiva".
Mazón pide al juzgado que solicite sendos informes de Presidencia del Gobierno y del Ministerio del Interior sobre el borrado y copia, respectivamente, de la información, así como la identificación de quienes las ordenaron. En su defecto, "sugiere" al juez que llame a declarar como imputados "al jefe de la estructura", el ex presidente José María Aznar, y al representante de la empresa que hizo el borrado.
En un auto el juez señala que, a pesar de "la ambigüedad de los hechos denunciados desde la perspectiva penal", ha decidido la incoación de las diligencias para darle traslado al fiscal a fin de que éste "informe sobre eventuales diligencias a practicar, así como posibles antecedentes procesales relativos a los mismos hechos".
Mazón cobró relevancia pública tras provocar el último enfrentamiento entre los tribunales Constitucional y Supremo. El Pleno de la Sala de lo Civil de esta última institución resolvió, en enero de 2004, una demanda de este letrado, condenando a 11 de los 12 magistrados del Constitucional a pagar cada uno 500 euros al abogado. El motivo fue la inadmisión arbitraria de un recurso del letrado que cuestionaba la designación "a dedo" de los letrados del Constitucional.
5. EL GOBIERNO DE AZNAR VENDIÓ DOS CAÑONES NAVALES A RABAT POR UN EURO.
El Gobierno del PP vendió a la Marina Real de Marruecos dos cañones navales Otto-Melara 76/62 y sendos sistemas de dirección de tiro WM22 por el precio simbólico de un euro cada uno. La venta fue revelada por el secretario de Estado de Defensa, Francisco Pardo, tras desmentir una acusación del PP de que el Ejecutivo quiere vender tanques M-60 de segunda mano a Rabat.
La orden de enajenar los cañones fue firmada por el entonces titular de Defensa, Federico Trillo, el 6 de agosto de 2003, diez meses después del conflicto del islote Perejil. Los cañones iban destinados a dos fragatas compradas por Rabat a Francia. El Consejo de Ministros español autorizó la venta el 9 de mayo de 2003.
6. C. ANDALUCÍA. SOCIEDADES QUE SE INVESTIGAN POR DELITO SIGUEN EN LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ.
El delegado en la Zona Franca de Cádiz, José de Mier, del PSOE, está topándose con dificultades para desprenderse de la Red Iberoamericana de Logística y Comercio (RILCO) y de Quality Food, dos empresas participadas mayoritariamente por el recinto fiscal gaditano y que están siendo investigadas por presuntos delitos de fraude, apropiación indebida y prevaricación.
Son dos de las nueve medidas que el delegado planteó hace tres meses para sanear las "delicadas" arcas de esta entidad, sumida en una profunda crisis por la deuda acumulada por fallidas operaciones en la gestión de los anteriores delegados del PP Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna.
La Zona Franca de Cádiz ha perdido un mínimo de 45 millones de euros por la gestión del PP entre 1996 y 2004. Este dinero "irrecuperable" es achacable fundamentalmente a RILCO y a Quality, según De Mier, quien anunció la liquidación de RILCO porque "sólo" acumula gastos y no ha gestionado ninguna operación comercial en los últimos años. Sin embargo, aún no ha disuelto esta sociedad. Respecto a Quality, De Mier pretendía dividirla en tres empresas para poder enajenarlas a otras sociedades nacionales interesadas en las instalaciones y la producción de esta entidad alimenticia.
7. C. ANDALUCÍA. UN MANDO POLICIAL DE MÁLAGA DICE QUE EL JEFE DE SEGURIDAD ENCARGÓ EL INFORME SOBRE AGÜERA.
El intendente mayor de la policía local de Málaga, Juan Ferrer, declaró ante el juez que el director del área de Seguridad del Ayuntamiento, Carlos Rubio, ordenó la elaboración del informe con detalles de la vida privada de la edil Rosa Agüera. Ferrer compareció en el Juzgado de Instrucción número siete en calidad de imputado por la filtración de dicho informe, junto al autor del mismo, el oficial Rafael Rubio. La defensa de la concejal estudia pedir la imputación en el caso de Rubio, cargo de confianza del alcalde, Francisco de la Torre.
Los dos únicos imputados en el caso Agüera, el intendente mayor Ferrer, máximo responsable del Grupo de Escolta y Menores (GEMAC), y el oficial Rafael Rubio, ofrecieron versiones contradictorias en sus respectivas declaraciones, e incluso reconocieron no tener muy buenas relaciones entre ellos.
Ferrer sostiene que la orden de elaborar el informe partió de Carlos Rubio, ex subdelegado del Gobierno en la provincia que De la Torre fichó como coordinador de distritos y del área de Seguridad cuando el PP perdió las elecciones generales en marzo de 2004. Pero reconoció que él no recibió la orden directamente y que fue el otro intendente mayor, José Berruezo, quien le dijo que Carlos Rubio había pedido al superintendente y jefe máximo del cuerpo, Pascual Sánchez-Bayton, "un informe exhaustivo de las actividades y horario de trabajo de la concejala".
Según Ferrer, Berruezo le dijo al superintendente que la policía "no debía entrar en esas cosas". Añadió que el superintendente consultó con el concejal del área, Antonio Cordero, que también le dijo "que no hiciera nada de eso".
Carlos Rubio siempre ha insistido en que ni él ni ningún mando ordenaron elaborar el informe Agüera, que además de detallar actividades públicas y privadas de la edil contiene apreciaciones sobre sus horarios de trabajo. A la vista de la declaración de Juan Ferrer, la defensa de Agüera podría pedir al instructor, el magistrado Román Martín González López, la imputación de Carlos Rubio, según fuentes cercanas al caso.
En cambio, el oficial que redactó el informe sobre las actividades de la edil, Rafael Rubio, aseguró al juez que no recibió ninguna instrucción y que lo hizo porque lo estimó necesario, ya que el escolta asignado a Agüera había pedido que se le relevara en el servicio porque estaba cansado debido a las largas jornadas de trabajo que realizaba y "para solventar los problemas de seguridad". El oficial reconoció que entregó uno de los dos originales al superintendente y que el otro lo guardó en su armero personal "por que tenía unas peculiaridades distintas y podía afectar a la seguridad de la concejal ya que nunca se hace un informe de este tipo". El intendente mayor Ferrer aseguró que esto es "totalmente anormal", ya que existe un armario donde se guarda toda la documentación del Gemac, al que tienen acceso los cuatro oficiales y dos administrativas.
El oficial Rubio dijo que entregó días después una copia del informe al intendente mayor Ferrer porque se la pidió, algo que éste negó. Ferrer dijo que recibió la copia en una carpeta que permaneció sobre su mesa, y que luego la guardó en un cajón que tampoco tiene llaves. El intendente mayor aseguró no entender la finalidad del informe sobre la concejal Agüera y dijo que ni siquiera ha tenido incidencia sobre la seguridad, pues a la edil se le ha suprimido el servicio de escolta. Aseguró también que nunca los policías adscritos al servicio de escoltas hacen ese tipo de documentos. También dijo Ferrer que otro oficial del cuerpo le informó que tenía órdenes del superintendente de hacer informes exhaustivos de los horarios y actividades de los concejales, y que éste le dijo que no y que sus instrucciones siempre se han limitado a pedir que se actualicen las fichas con datos básicos de los ediles. Ambos, únicos imputados por un presunto delito de revelación de secreto, negaron haber enviado copias del informe con un escrito anónimo a varios medios de comunicación, que sacaron el caso a la luz.
8. C. ANDALUCÍA. EL PP ASUME ESTE MES DOS ALCALDÍAS JIENNENSES DONDE GANÓ EL PSOE.
Gracias a los pactos con el PA e IU, el PP va a asumir este mes de junio dos nuevas alcaldías en la provincia de Jaén en otros tantos municipios donde la lista más votada en las pasadas elecciones municipales fue el PSOE. El primero de los relevos se va a producir en Castellar, donde el hasta ahora alcalde, el andalucista Juan Escudero, presentó su renuncia en virtud al pacto de gobierno suscrito a principio de legislatura con el PP, por el que cada grupo ocuparía la alcaldía durante dos años.
El nuevo alcalde va a ser Andrés Alaminos, del PP, que tomará posesión la próxima semana. En esta localidad de algo más de 3.500 habitantes, el PSOE cuenta con cinco ediles, frente a los cuatro del PP y dos del PA.
Un relevo similar tendrá lugar el próximo día 30 en Higuera de Calatrava, donde el andalucista Amador Pedro Arjona dejará su puesto al popular Fernando Pozo. Aquí también la lista más votada fue la del PSOE, que cuenta con tres concejales, los mismos que el PP por uno del PA.
El pacto más atípico es el que PP e IU mantienen en la localidad de Huesa, donde los socialistas obtuvieron cinco de los 11 ediles de la Corporación. IU, con cuatro concejales, ha gobernado con el apoyo de los dos ediles del PP, que debería asumir la alcaldía, pero no hay fecha para el pleno del relevo. El acuerdo ha provocado la dimisión de un edil de IU disconforme con el pacto.
9. C. ANDALUCÍA. EL NUEVO PARTIDO DE ENCISO SE LLAMA PAL Y SE DEFINE COMO "MUNICIPALISTA".
Juan Enciso, alcalde de El Ejido, y José Añez, presidente de la Diputación Provincial de Almería, presentaron anoche en sociedad la nueva formación política que concurrirá a las próximas elecciones municipales en Almería, tras la salida de ambos de las filas del PP. El Partido de Almería (PAL) inicia pues su andadura política y lo hace bajo el lema de "Tu pueblo en buenas manos".
El regidor ejidense presentó ante los cientos de asistentes que acudieron al Círculo Cultural y Recreativo de El Ejido las líneas programáticas de la nueva formación, que tiene como premisa "una pirámide de mando invertida". Según explicó Enciso, "se trata de que sean las bases las que marquen las pautas a seguir, quienes decidan los caminos del partido y cómo afrontar las necesidades de la provincia".
Enciso definió el PAL como "un partido municipalista, en el que las juntas locales tengan no sólo representación, sino poder" y añadió que éstas "tendrán autonomía para defender los intereses de sus municipios". De hecho, a las siglas se sumará el nombre del municipio al que represente cada una de las juntas locales, como PAL Almería, o PAL El Ejido.
Las siglas que servirán de identificativo al partido -con tonos azul marino y celeste- ya se han solicitado, así como el nombre, confirmó Enciso. Los estatutos, que se dieron a conocer también , se presentarán ante el Ministerio del Interior, una vez ultimados y recogidas las aportaciones de todos los que quieren sumarse al proyecto. En ellos se establece que "las expulsiones no parten de la dirección del partido, sino que será una decisión que tengan que tomar las juntas locales afectadas", dijo el ejidense. "Así se evitará que ocurran cosas como las sucedidas en otros partidos", refiriéndose al PP de Almería.
10. C. ANDALUCÍA. UN CONCEJAL DEL PP DE NERJA TIENE UNA CASA SIN LICENCIA.
El concejal de Medio Ambiente de Nerja, José Miguel Jimena, del PP, tiene una vivienda sin licencia en Pago de Río Seco, paraje calificado como suelo rústico en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. Así lo reconoce un informe emitido por el arquitecto técnico del Ayuntamiento, que certifica la existencia de otras tres viviendas igualmente sin licencia en el mismo paraje. Una de ellas, contigüa a la del concejal, pertenece a un primo de éste, Roberto Morillo.
Jimena y Morillo son coopropietarios de la sociedad Pago de Río Seco a la que la consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, ha impuesto una multa de 873.520 € por realizar parcelaciones urbanísticas ilegales en suelo no urbanizable que han dado origen a la formación de un núcleo urbano. Según la inspección de la Junta, en la zona hay ya ocho viviendas, tres de ellas construidas por la sociedad Pago de Río Seco que sí tuvieron los oportunos permisos.
La delegación de Obras Públicas en Málaga envió el pasado 15 de junio un escrito al Ayuntamiento de Nerja en el que le pide que aclare qué medidas ha adoptado respecto a las cuatro viviendas "ilegales" en Pago de Río Seco en el ejercicio de las competencias que tienen los municipios y para establecer las responsabilidades que se hubieran podido producir, "más aún cuando según la propia información municipal, alguno de quienes han realizado esas construcciones son miembros de la corporación o pueden tener relación con éstos".
L a consejería requirió al consistorio previamente información sobre el estado de estas casas, y recibió contestación del arquitecto municipal en la que reconoce que en los archivos municipales no consta la existencia de licencia de cuatro viviendas en Pago de Río Seco, entre ellas la del concejal Jimena, construidas en los años 80.
Roberto Morillo, administrador único de Pago de Río Seco, dijo que su vivienda, también sin licencia, se construyó en 1982, y la de Jimena en 1984 y que "entonces se podía hacer". "Entonces en ningún sitio del mundo se pedía nada, se hacía uno una casa en el campo y punto, y en esa situación están todas las viviendas que se hicieron entonces". Dijo que si hubiera alguna irregularidad ya estaría prescrita. El concejal Jimena ofreció la misma versión y lamentó ser "víctima de un acoso y una persecución por ser concejal del PP". Lamentó que la Junta actúe contra él "como si fuera de la mafia". "Si hubiera alguna ilegalidad porque se ha hecho alguna casa de más no se puede machacar a alguien de esta manera, en Marbella ha habido un gran desmadre y no ha pasado nada, pero a mí sí por ser del PP". Jimena dijo también que Pago de Río Seco va a recurrir la resolución de la Junta que multa a la sociedad con 873.520 € y le ordena el derribo de las infraestructuras de asfaltado de carril de acceso, abastecimiento de agua y de electricidad construidas.
11. C. MADRID. DOS EX EDILES DEL PP IMPLICAN A LA CÚPULA POPULAR EN EL 'CASO MAJADAHONDA'.
José Luis Peñas y Juan José Moreno, los ediles de Majadahonda expulsados del PP hace una semana, declararon ante la Fiscalía Anticorrupción en calidad de testigos, cada uno durante dos horas y media. La fiscalía investiga la denuncia del grupo municipal socialista majariego sobre las presuntas presiones que se produjeron en Majadahonda en el concurso de venta de dos parcelas municipales.
Los ediles mantuvieron ante el fiscal que Esperanza Aguirre, presidenta regional, es la responsable principal de la paralización de dicha venta. También implicaron al ex secretario regional del PP, Ricardo Romero de Tejada, y a su sucesor, Francisco Granados, en las presiones que sufrió el anterior alcalde, Guillermo Ortega, por medio de un constructor.
Al terminar su declaración, los ediles indicaron que habían ofrecido al fiscal un relato pormenorizado del procedimiento de enajenación de las parcelas RN-1 y D2 y de las presiones que sufrieron el anterior alcalde y ellos mismos por parte de Aguirre, Granados y Romero de Tejada, además de por el actual alcalde, Narciso de Foxá, para parar la venta de dichos terrenos. Presiones que, según cuentan los concejales, también soportaron los técnicos municipales para que sus informes apoyaran el dejar desierta la venta. "Era vox populi. Porque la decisión de paralizar la venta ya estaba tomada por el alcalde y la cúpula del PP. Los técnicos no tenían más remedio que avalar de alguna forma lo que los políticos habían decidido de antemano. Incluso se cambió un informe de fecha", dijo Peñas.
Según mantienen los ediles, el fiscal no les preguntó por la gestión del suelo público realizada desde Pammasa, empresa municipal del suelo, ni les pidió documentos. "Aunque he quedado en enviarle algunos", puntualizó Peñas. "Le hemos contado nuestro punto de vista porque hemos estado en el centro de la polémica. Ha quedado claro que, para nosotros, Esperanza Aguirre es la artífice principal de que todo el proceso legal de venta de dos parcelas se haya ido al traste".
Ambos ediles eran los hombres de confianza del ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega. Peñas, concejal de Planificación, fue el encargado de elaborar los pliegos de condiciones que debían seguir las ofertas que se presentaran a la venta de dicho suelo municipal. "Hemos contado al fiscal cómo, al principio, todos los concejales del PP que formábamos el equipo de gobierno del Ayuntamiento estábamos de acuerdo con la enajenación.
Las discrepancias llegaron de repente, en noviembre de 2004. En ese momento, cuando ya se habían presentado 12 empresas y estaban las plicas abiertas, resulta que hay que parar la venta. Entonces empiezan a aparecer nombres como el de Esperanza Aguirre", explica Peñas.
Ante la fiscalía han señalado que las mayores presiones las sufrió Ortega hasta que aceptó presentar su dimisión el 3 de febrero "por motivos de salud". Ahora, y por decisión del Gobierno, ocupa el cargo de gerente del mercado Puerta de Toledo. Asimismo, explicaron al fiscal que en varias ocasiones los mensajeros que trasladaron las supuestas amenazas a Ortega fueron constructores.
Uno de ellos fue Julián Jiménez de los Galanes, presidente del Grupo Dico, dedicado a la construcción y promoción inmobiliaria, con una fuerte implantación en Majadahonda. Jiménez de los Galanes mantiene con Granados una fuerte amistad, según Peñas. "Esta constructora es muy importante en Valdemoro, de donde Granados fue alcalde la pasada legislatura. Además, hasta van a cazar juntos, y digo yo que para enviar un mensaje con él a Ortega debe existir un conocimiento íntimo entre ambos", afirmó Peñas.
Este edil se refiere a una presunta conversación que mantuvo el presidente de Dico con Ortega el pasado 15 de enero. Según el edil, Jiménez de los Galanes llamó de parte de Granados al ex alcalde y le dijo: "Te tienes que ir. El candidato oficial de la presidenta de la Comunidad y del PP regional, es Narciso de Foxá [el actual regidor]. Vete mirando qué puesto quieres en la Comunidad".
Granados lo desmiente. El secretario regional indica que, debido a su puesto, hablaba casi todos los días con Ortega, y que, en caso de tener que comunicarle algo así, lo habría hecho personalmente. En cuanto a la amistad que, según los ediles, le une con el presidente de Dico, no realizó ninguna declaración.
12. C. MADRID. GALLARDÓN FINANCIA EL MASTERS DE TENIS CON DINERO DESTINADO AL DEPORTE DE BASE.
La Comisión de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de Madrid aprobó -con el voto mayoritario del PP, la abstención del PSOE y el rechazo de IU- destinar parte del "remanente líquido de tesorería" del extinto organismo autónomo Instituto Municipal de Deportes (IMD), que dejó de funcionar el pasado 31 de diciembre, a financiar "las instalaciones temporales y servicios necesarios para la celebración del torneo de tenis Masters Series". La concejal de IU, Concha Denche, recalcó en la comisión que, una vez liquidado el IMD, quedó un remanente de 14,5 millones €, que debería ser utilizado para los mismos fines a los que estaba destinado: la mejora y el mantenimiento de los polideportivos y el fomento del deporte de base en la capital.
El expediente de la modificación de crédito aprobada señala que, del remanente del IMD, 4,5 millones serán destinados a un suplemento de crédito para financiar el campeonato de tenis, que hasta ahora correspondía exclusivamente a la empresa municipal Campo de las Naciones. "Que el dinero del deporte de base se vaya a financiar eventos deportivos de tono elitista nos parece intolerable", subrayó la concejal de IU. "Esto es como Robin Hood, pero al revés"."Lo razonable es destinar los fondos del IMD a los barrios de Madrid", afirmó por su parte la concejal socialista Isabel Vilallonga, que tachó el cambio de destino de la partida presupuestaria de "fraude político", aunque que "técnicamente" fuera posible.
Esta vinculación con Madrid 2012 está justificada en que la capital es sede del Masters Series, gracias a que el anterior concejal de Urbanismo y responsable de la Oficina Olímpica, Ignacio del Río, adquirió una serie de derechos de campeonatos deportivos internacionales, entre los que se incluía el torneo de tenis, con el fin de dar "proyección internacional para apoyar Madrid 2012", en palabras del ex edil. El vicealcalde y responsable del Área de Deporte, Manuel Cobo, aseguró que "lo único reprochable es que no se hayan gastado las partidas destinadas al IMD en el plazo para el que fueron presupuestadas". La compra de los derechos del Masters Series, que pertenecen al tenista rumano Ion Tiriac, fue aprobada en 2002 por el pleno del Ayuntamiento, con el rechazo de los grupos de la oposición, y suponía el desembolso de 9,8 millones € por cinco años.
El concejal de Hacienda, Juan Bravo, contestó a las críticas de la oposición diciendo que los proyectos a los que se destina el remanente del IMD son fijados por el Área de Deportes y a petición de las Juntas Municipales de Distrito y que, por lo tanto, no entraba a enjuiciar su idoneidad. "El dinero es neutro y no tiene afectación", añadió. Según Bravo, para los proyectos aprobados no "se están detrayendo recursos de ningún proyecto vigente". Y agregó: "Hablamos de un simple encaje contable". El edil explicó que, una vez liquidado el IMD, sus recursos pasan directamente al Ayuntamiento, que tiene discrecionalidad para decidir su uso. "Y hemos decidido incrementar el dinero del Área de Deportes", puntualizó.
13. C. MADRID. LAMELA PIDE QUE SE "PASE PÁGINA" SOBRE LAS SEDACIONES DEL SEVERO OCHOA.
Una veintena de trabajadores del hospital Severo Ochoa, de Leganés, que acudieron al pleno de la Asamblea de Madrid como público pidieron a gritos la dimisión del consejero de Sanidad, Manuel Lamela, por su actitud ante las supuestas sedaciones irregulares en el centro.
El consejero compareció a petición del grupo socialista para explicar los acontecimientos generados por las medidas que había tomado en el hospital. En su alocución, Lamela pidió a la oposición que "tenga la gallardía de pasar página" en este asunto que, según manifestó, se encuentra en este momento a la espera de "la decisión que tomen los órganos judiciales". Al oír esta petición, los trabajadores se levantaron y gritaron a Lamela "mentiroso" y le exigieron que dimitiera. "Embustero" y "sí, no pares, más mentiras" fueron las consignas que corearon durante apenas un minuto y medio antes de ser desalojados por los ujieres.
14. C. VALENCIANA. PESE A SUS PROBLEMAS CON LA JUSTICIA, EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN NO VE "NINGUNA RAZÓN" POR LA QUE NO DEBA PRESENTARSE A LAS PRÓXIMAS ELECCIONES DE 2007.
El presidente de la Diputación de Castellón y líder del PP en la provincia volvió a romper su habitual silencio para evaluar las novedades sobre las investigaciones a las que está siendo sometido por la posible comisión de uno o varios delitos contra la Administración Pública y por el presunto delito fiscal que le imputa la Agencia Tributaria. Carlos Fabra hizo público un comunicado en el que se limitaba a señalar que había cumplido con sus obligaciones fiscales, sin entrar en detalles respecto del contenido de la inspección de la Agencia Tributaria. Carlos Fabra, que no respondió a ninguna pregunta, señaló: "Como contribuyente, he cumplido siempre con mis obligaciones fiscales y en el ejercicio de mis responsabilidades públicas, nunca he recibido ninguna compensación distinta a la retribución oficial aprobada cada año en los Presupuestos por el Pleno de la Diputación".
El presidente de la Diputación también critica el hecho de que se haya conocido su declaración de la renta y señala: "Me reservo el derecho de ejercer acciones legales adicionales contra quienes están utilizando las instituciones del Estado para intentar ganar mediante un intolerable abuso de poder lo que no han sido capaces de ganar democráticamente en las urnas".
Pero mientras, la investigación que Hacienda mantiene abierta sobre el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, por un delito fiscal supuestamente cometido en el año 99, revela que el político del PP mantenía abiertos al menos, cuatro préstamos por un importe de 751.265 €. Según la denuncia que la Unidad de Coordinación de Delitos Contra la Hacienda Pública ha llevado a los tribunales, Fabra suscribió al menos, cuatro grandes operaciones de crédito, algunas de ellas en fechas muy cercanas y por cantidades importantes.
El 20 de agosto de 1996, el presidente popular firmó un préstamo a 12 años por importe de 510.860 €. A partir de ese momento, los contratos de préstamo rubricados por el líder del PP se van haciendo cada vez más frecuentes. El 10 de febrero de 1999, Fabra volvió a endeudarse con otra entidad financiera al firmar la concesión de otro crédito por valor de 60.101 €. Un año más tarde, el 21 de enero de 2000, hizo lo propio con un préstamo no hipotecario por importe de 72.121 €, según consta en los extractos emitidos por las entidades pagadoras. Apenas diez días después, el 31 de enero, autorizó un nuevo empréstito por importe de 108.182 €. El listado se completa con otros préstamos de menor cuantía que, a pesar de constar en los extractos bancarios, no están debidamente detallados, tal y como los inspectores le advierten en sucesivas ocasiones.
Los datos sobre el nivel de endeudamiento del líder provincial contrastan con sus ingresos en cuentas corrientes a lo largo de 1999, que alcanzaron los 643.082 €. Hacienda considera que de esa cantidad Fabra no ha podido justificar de ninguna manera 300.000 €, por lo que concluye que se trata de un incremento patrimonial que no se corresponde con los ingresos reflejados en su declaración de la renta. Además, la Agencia Tributaria llama la atención sobre el hecho de que Fabra tuviera abiertas 19 cuentas como titular y figurara como persona autorizada en otras 75.
Esta cantidad de cuentas contrasta, a juicio de los inspectores, con los movimientos contables del líder popular, que declaró que estaba acostumbrado a sacar elevadas cantidades para llevarlas a casa y volver a ingresarlas en el banco pasado un tiempo. Para Hacienda no resulta lógico mantener tal número de cuentas de crédito y hacer frente a descubiertos importantes mientras se dispone de fuertes sumas en el propio domicilio. Cabe destacar que la documentación bancaria presentada por el presidente de la Diputación de Castelló a la Agencia Tributaria constata la existencia de elevados ingresos de empresarios de los que el dirigente del PP no ha podido acreditar su origen.
Una parte de los cantidades coincide con las cuotas anuales de los préstamos bancarios firmados por el político del PP en las respectivas entidades bancarias. La nómina de empresarios que ha efectuado estos pagos incluye a destacados industriales del sector cerámico y a constructores.
La Inspección Regional de la Agencia Tributaria ha analizado 146 ingresos de cantidades superiores a los 600 € que suman 643.000 €. La mayor parte de los ingresos fiscalizados se concretaron mediante la fórmula de cheques al portador, de manera que no queda constancia del pagador. No obstante, en otros casos, los ingresos han especificado con exactitud el nombre de la persona que ha efectuado la entrega en cada caso.
Por otro lado, en otro de los "frentes" que tiene abierto, el empresario Vicente Vilar aseguró que el 29 de julio de 1999 pagó 180.000 € al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra (PP), cuya esposa se llevó el dinero en dos bolsas. Al día siguiente, Fabra hizo 11 ingresos en varias cuentas por 53.000 € e inició una serie de imposiciones que no ha sabido justificar ante la Agencia Tributaria. El empresario que le denunció por cobrarle a cambio de sus influencias añade que el 17 de septiembre de 1999 le pagó 150.000 €, que coinciden con otros ingresos de Fabra sin justificar.
El empresario Vicente Vilar, que presentó las denuncias contra el presidente del PP y de la Diputación en Castellón por supuesto tráfico de influencias, aseguró que existe coincidencia entre las fechas en que pagó a Carlos Fabra 330.000 € en 1999 "por sus servicios" y muchos de los ingresos bancarios efectuados por el mandatario provincial, considerados injustificados por la Agencia Tributaria. Los inspectores de Hacienda han presentado una denuncia por supuesto delito fiscal contra el dirigente político castellonense de 150.000 € por estos hechos. La denuncia ha sido admitida por el Juzgado número 1 de Nules.
Vilar afirma que el segundo pago, de 150.000 €, "para que el presidente siguiera realizando gestiones", se llevó a cabo el viernes 17 de septiembre de 1999. Según la denuncia de la Agencia Tributaria, el lunes 20, Fabra efectuó siete ingresos en efectivo cuya procedencia no ha justificado en sus cuentas del BSCH, Caixa Galicia, La Caixa y BBVA por 24.700 €, y en los 30 días siguientes llegó a ingresar casi 111.000 € más, casi siempre de forma fraccionada y con cantidades inferiores a los 5.400 € cada una.
Mientras, este caso por el que empezó a ser investigado y en el que se le imputa la comisión de uno o varios supuestos delitos contra la administración pública. Así, la titular del juzgado número 1 de Nules, plaza por la que han pasado cinco jueces desde que comenzó el llamado caso Fabra, comienza a tomar declaración, en calidad de imputados, a los cuatro administradores de las empresas mercantiles Grupo Serrano Ninerola, SL y Construcciones Serrano, SA, accionistas de la mercantil Fertilizantes e Insecticidas SA (Ferinsa). Todos ellos fueron mencionados por el empresario Vicente Vilar, quien denunció a Fabra y le acusó de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. Según Vilar, el presidente de la Diputación intercedió por su grupo empresarial ante la administración con el fin de tratar de agilizar la concesión de autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios. El interrogatorio, que ha sido aplazado en varias ocasiones, tendrá así como protagonistas a Pascual Serrano Llacer, Amparo Serrano Llacer, Agustín Falcó Miret y Rosa María Serrano Llacer..
Por otra parte, la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial archivó la queja presentada el pasado mes de mayo por Carlos Fabra contra los tres magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Castellón, que habían desestimado el recurso de éste para que cinco medios de comunicación dejasen de informar sobre el caso Fabra. El presidente de la Diputación presentó la queja alegando que la resolución de la Audiencia "atentaba gravemente contra su dignidad y vulneraba el principio de presunción de inocencia". La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, por unanimidad de sus miembros, aplaude el auto de la Audiencia y entiende que en él "no existe ninguna expresión ofensiva o irrespetuosa para el señor Fabra".
Además de la queja ante el Consejo General del Poder Judicial, Fabra ha recusado en dos ocasiones a dos de los tres magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Castellón; una sala en la que han recaído los recursos presentados por el líder del PP de Castellón contra sentencias que han desestimado en primera instancia sus querellas contra los medios de comunicación. La primera de las recusaciones ya ha sido desestimada por la Sala Especial del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y la segunda está aún pendiente de resolución.
15. C. VALENCIANA. MALESTAR EN EL PP.
El impacto mediático del caso Fabra, que ha recobrado la tensión de los primeros momentos, allá por finales de 2003, está siendo un torpedo en la línea de flotación del PP. La dirección nacional, implicada en la reconstrucción interna tras el fiasco electoral del 14-M, se ha sentido ultrajada en un momento clave para el resurgimiento. El rédito de la confrontación política con el Gobierno central, en especial en un asunto de trascendencia y sensibilidad como el terrorismo, y la alineación con movimientos pancartistas han recortado la distancia con el PSOE a apenas 4,6 puntos. El CIS dixit.
El ovillo judicial que está enredando al presidente de la Diputación de Castelló, y del PP provincial, se había desliado en los últimos meses, coincidiendo con los retrasos de la instrucción del caso, y los sucesivos cambios, hasta contar cinco, de juez. Sin embargo, la interposición de una denuncia de la Agencia Tributaria ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha reavivado las brasas y más tras ser aceptada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de los de Nules.
El núcleo duro del PP ha abordado la crisis de Castelló en alguna de las reuniones informales celebradas a diario en la sede de Génova, 13, según ha conocido este diario de fuentes del partido. El presidente nacional, Mariano Rajoy, ha asumido la existencia de un problema local que puede tener efecto nacional, agravado por la imputación por el presunto delito fiscal, aunque parece confiar en la capacidad del presidente regional, Francisco Camps, para buscar una solución no traumática para el partido. Camps ha mantenido una defensa numantina de Fabra ante la necesidad del puntal castellonense para asentar la gobernabilidad del convulso PP valenciano. La pretensión de Rajoy ha estado sustentada en razones de oportunidad política. Esto es, el escándalo se desató en diciembre de 2003, a tres meses de las elecciones generales, y la toma de decisiones se presentaba entonces complicada. La inmediatez de las elecciones europeas, en junio, pospuso el debate interno. A partir de esa fecha se abrían los congresos del partido. En octubre, el nacional, con la elección de Rajoy como presidente. En noviembre, el regional, en plena reyerta entre zaplanistas y campsistas. En diciembre, Fabra era entronizado, por sexta vez, como presidente provincial. La maniobra política ha sido imposible.
Mientras, el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, inasequible al desaliente, aseguró que no ve "ninguna razón" por la que no deba presentarse a las próximas elecciones de 2007. Según dijo el presidente de la Diputación de Castellón, la decisión será adoptada "cuando llegue el momento", pues aseguró que todavía no lo ha pensado, y dijo que son cosas "que se manifiestan internamente en un partido en un momento determinado". Fabra añadió: "Dentro de dos años tomaré una decisión". No obstante, señaló que en principio", no ve "ninguna razón" por la cual no deba volver a presentar.
En este estado y con tantos procesos abiertos, Carlos Fabra debe agradecer que algunos de sus simpatizantes le organicen una cena de desagravio. Todavía mantiene apoyos. Pero estos apoyos podrán ser espontáneos, pero no gratuitos. Las entidades organizadoras de la cena homenaje en honor del presidente de la Diputación de Castelló y del PP, Carlos Fabra, han formado parte del grueso de entidades sociales de la provincia que ha logrado cuantiosas subvenciones y ayudas de la institución provincial durante el mandato de Fabra. Las prestaciones económicas han permitido a estas asociaciones desarrollar iniciativas de carácter social que de otra manera hubieran quedado en el limbo, bien por ser minoritarias o no contar con respaldo de otras entidades. De ahí que ahora tengan la oportunidad de devolver el pago de favores con la asistencia a un acto aparentemente apolítico pero que nace envuelto en politiquería.
16. C. VALENCIANA. UNCIO DEVUELVE 6.794 € PERO DICE QUE LOS GASTOS, QUE INCLUÍAN GEL Y COPAS, SON ADECUADOS.
El ex director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), José Manuel Uncio, ha devuelto ya al erario público los 6.794 € que la Sindicatura de Comptes instó a regularizar en su último informe relativo al ejercicio de 2003. Así lo confirmó el conseller de Economía y Hacienda, Gerardo Camps, al ser preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell. Camps precisó que a principios de esta semana Uncio había realizado un ingreso en la cuenta del Instituto y había notificado la operación adjuntando una carta en la que sostiene que los gastos fueron «adecuados», pero que reponía el dinero «para evitar cualquier tipo de disquisición partidista». El titular de Hacienda añadió que dará traslado de la devolución del dinero a la Sindicatura para que esta determine si ha habido algún tipo de responsabilidad y si considera regularizada la situación.
A pesar de que el informe de la Sindicatura se dio a conocer hace más de medio año, el escándalo de los gastos realizados por Uncio estalló hace diez días cuando el PSPV aireó que entre los gastos que el ex responsable del IVF cargó al organismo directamente o a través de la Visa oficial figuraban regalos personales de boda, artículos de higiene personal como gel y una cuchilla de afeitar, hoteles, consumiciones en locales nocturnos, artículos de charcutería o chocolate, entre otros. Uncio ha optado por reponer el dinero cuestionado, pero insiste en que todas estas adquisiciones estaban justificadas en el capítulo de gastos sociales.
El conseller Camps no entró en esta cuestión e indicó que se había producido una «controversia» con la Sindicatura respecto a los gastos de atención social sobre los que Uncio había dado «las explicaciones convenientes». Eso sí, aprovechó para hacer una encendida defensa de la labor de José Manuel Uncio, que calificó de «excepcional» Mantuvo que en los nueve años que estuvo al frente del IVF propició un cambio en el organismo «como de la noche al día», al pasar de tener pérdidas y de «prestar poca atención a sus objetivos» a «ganar dinero cada año y atender a muchísimos más proyectos, aumentando muchísimo más la cuantía de los préstamos y llevando consigo la generación de muchos más miles de puestos de trabajo». Preguntado por la ofensiva por la transparencia que ha iniciado el PSPV y que, entre otras cuestiones, incluye iniciativas parlamentarias para conocer el número de cargos que tienen tarjeta de crédito en la Administración, Camps, voluntarioso, adelantó parate de la información a la prensa: según dijo, en la Generalitat y en el sector público están autorizadas trece tarjetas Visa. Sólo un conseller, el de Empresa, tiene asignada tarjeta Visa (por ser el que más viajes realiza) mientras que el resto de tarjetas corresponden a Circuito de Cheste, Ferrocarriles, Vaersa, Impiva, IVEX, Instituto de la Música, Instituto de la Vivienda, Agencia Valenciana de Turismo (dos) y el Instituto de Finanzas, que tiene asignadas cuatro. Camps calificó de «estéril» este debate e indicó que la tarjeta Visa es un medio útil de pago en la Administración y mucho más transparente que otros como el pago con caja fija o el reintegro.
17. C. VALENCIANA. EL TRIBUNAL DE CUENTAS INVESTIGA AL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM TRAS APRECIAR IRREGULARIDADES CONTABLES.
El Tribunal de Cuentas, en un auto de tres de junio, ha acordado el nombramiento de un delegado instructor para abrir una causa contra el Ayuntamiento de Benidorm, gobernado por el PP, tras apreciar supuestas "responsabilidades contables". La investigación de este Tribunal tiene su origen en una denuncia del Grupo Socialista, en la oposición, según la cual, los vehículos municipales de Benidorm, incluidos los de la Policía Local, repostan combustible en una gasolinera de otro municipio, Finestrat, de la que es titular Francisco Pérez, presidente del PP de Benidorm.
La estación de servicio dista unos ocho kilómetros del aparcamiento donde la Policía Local guarda los vehículos públicos. Justo enfrente de ese estacionamiento municipal hay una gasolinera. Otros vehículos municipales tienen su base en un almacén de la Avenida Beniardá, a unos 300 metros de otra gasolinera. Sin embargo, los vehículos municipales hacen un recorrido de unos 16 kilómetros, entre ida y vuelta, para repostar en la gasolinera Azcar, propiedad de una empresa administrada únicamente por el dirigente popular. Esta mercantil suministra también el combustible para las calefacciones de los centros de enseñanza públicos y dependencias municipales de Benidorm.
Según cálculos del grupo municipal socialista de Benidorm, en la oposición, la empresa del presidente del PP factura anualmente al Ayuntamiento unos 180.000 euros. El edil del PSPV Luis Ángel García sostiene que los conductores de los vehículos públicos tardan una media de media hora -si no hay mucho tráfico- en ir a repostar al pueblo de al lado. "Dicen que el combustible de esa gasolinera es más barato, pero nosotros hemos comprobado en las facturas municipales que el precio es similar al de las gasolineras de Benidorm", explicó el edil. El negocio que la gasolinera Azcar hace con el Ayuntamiento de Benidorm es completo: los vehículos municipales también pasan regularmente por el lavadero de esa gasolinera.
18. C. VALENCIANA. EL ALCALDE DE NOVELDA CASTIGA AL CONCEJAL QUE GANÓ LA PRESIDENCIA DEL PP A MILAGROSA MARTÍNEZ.
El alcalde de Novelda, el popular Rafael Sáez, ha arrebatado las tenencias de alcaldía a los tres concejales integrados en la candidatura del sector zaplanista, que el pasado viernes lograron hacerse con el control de la asamblea local del Partido Popular en unas elecciones que también disputó la consellera de Turismo, la campista Milagrosa Martínez, que contaba precisamente con el apoyo del alcalde y de la mayor parte de los ediles del equipo de gobierno.
El nuevo presidente del partido, Ramón Martínez Piqueres, primer teniente de alcalde, así como José Canicio Crespo y Nieves del Carmen García Berenguer, que ostentaban la cuarta y quinta tenencias de alcaldía, han sido destituidos de estos cargos. La decisión del primer edil, que fue adoptada durante la mañana de , también incluye el cese de José Canicio como miembro de la junta de gobierno local. La decisión supone la respuesta tras el varapalo sufrido por Milagrosa Martínez. Horas después del congreso, el sábado por la mañana, se registraba una impugnación del resultado en la sede regional del PP, en la plaza del Ayuntamiento en Valencia. El presidente del comité de derechos y garantías, Juan Rodríguez Marín, deberá decidir si se incumplieron los estatutos en el proceso electoral.
Milagrosa Martínez recibió el mismo viernes el consuelo del presidente Camps, quien la llamó por teléfono para felicitarle por su valentía de encabezar una lista y le dejó claro su apoyo. No ha transcendido si Camps también llamó al ganador. Los campsistas también han decidido impugnar la elección de la nueva presidenta de Dénia, Ana Kringe. Fuentes del partido indicaban que tanto en Dénia como en Novelda se produjeron anomalías pero pusieron en duda que puedan anularse los resultados, ya que ello provocaría un gran escándalo. El próximo jueves, los campsistas pueden sufrir otra derrota en Elda, el municipio de la número dos del PPCV, Adela Pedrosa.
El presidente Camps hizo una lectura optimista del proceso interno del fin de semana al apuntar que su partido está con «mucha fuerza, lleno de salud» y que «funciona como tiene que funcionar, desde la base democrática», algo que a su juicio no ocurre en otras formaciones.
19. C. VALENCIANA. JUZGADO EL DELEGADO DEL CONSELL EN ELCHE POR INSULTAR A UNA ZAPLANISTA.
El enfrentamiento entre sectores del PP en Alicante crece día a día. En Elche, quedó visto para sentencia un juicio al campista Manuel Ortuño, delegado del Consell, acusado de injuriar a una diputada zaplanista. Según ella, le llamó "marquesita de mierda, retrasada mental y puta, bueno diputada". Por otra parte, el presidente de la Diputación, Joaquín Ripoll, consideró una "falta de respeto" la ausencia de su portavoz en la toma de posesión de una diputada zaplanista.
María Asunción Prieto, que es concejal del Ayuntamiento de Crevillent desde hace tres legislaturas y está considerada afín al grupo de Ripoll, y por tanto a la facción zaplanista del PP, tomó posesión tras la dimisión de su compañera de partido Josefa Martín, la portavoz del PP en Elche. La única ausencia del PP fue la de Asencio, adscrito al sector del presidente Francisco Camps. Al ser preguntado por la ausencia de su portavoz, Ripoll la consideró "mal" y "una falta de respeto no ya a la diputada sino a la propia institución, cuando [Asencio] sabe que estaba previsto este pleno extraordinario con antelación". Ripoll reiteró que la ausencia de Asencio "no tiene justificación", sobre todo, cuando se trata de la toma posesión de "una edil de su Ayuntamiento". Y Asencio replicó que no entiende el "enfado" de Ripoll, ya que su ausencia estaba justificada porque tenía que presidir un pleno extraordinario en su pueblo.
Ripoll también se refirió a la "remodelación" en el Ayuntamiento de Novelda tras la elección del concejal Ramón Martínez, del sector zaplanista, como presiente del PP local frente a la consejera de Turismo, Milagrosa Martínez. Después de que el alcalde noveldense, Rafael Sáez, retirara competencias a los concejales afines a Zaplana, entre ellos Ramón Martínez, Ripoll dijo que no se explica cómo el presidente de la Corporación, "que llegó a ser alcalde porque compañeros suyos que estaban delante en lista, han renunciado, ahora les quita la tenencia de alcaldía".
El portavoz del PSPV en la Diputación, Antonio Amorós, consideró que "el enfrentamiento entre Ripoll y Asencio amenaza con bloquear la gestión de la Diputación". Mientras, en Elche tuvo lugar en el juzgado de instrucción número 3, la vista oral por un presunto delito de injurias contra el subdelegado del Consell en esa ciudad, el campsista Manuel Ortuño, que fue denunciado a primeros de año por su compañera de partido, la diputada nacional ilicitana Enriqueta Seller, afín a la dirección provincial. Seller aseguró haber sido insultada por Manuel Ortuño, en el transcurso de la asamblea de octubre para elegir a los compromisarios para el congreso regional del PP. En la vista oral, los abogados de ambos políticos, (el padre de Seller y el hijo de Ortuño), explicaron los hechos. Según Seller, su cliente fue insultada por Ortuño cuando, como presidenta de una mesa electoral, no dejó votar a un militante, Manuel Llorens, "por que no estaba en la lista". Al no dejarle votar, según el letrado, Llorens llamó a Elena Bonet y ésta a su vez a Ortuño, y fue cuando éste llamó a su cliente "marquesita de mierda, retrasada mental y puta, bueno diputada". La acusación solicitó la multa máxima que establece la ley. José Manuel Ortuño negó los insultos y dijo que la denuncia "es una maniobra política". El juicio se suma a la larga lista de desencuentros que protagonizan los populares de Elche.
20. C. MURCIA. PARALIZADAS LAS OBRAS DE UN COMPLEJO DE 818 VIVIENDAS EN LA MANGA.
El Tribunal Superior de Justicia de Murcia acordó la suspensión cautelar de las obras del complejo turístico de Puerto Mayor, en La Manga del Mar Menor. El proyecto incluye el dragado del puerto de la caleta del Estacio, la construcción de 818 casas, un campo de golf, un hotel, una zona comercial y una playa artificial. La paralización fue solicitada por Medio Ambiente, al considerar que los daños de las obras podían ser irreparables.
El presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, afirmó que el Ejecutivo regional acata cualquier decisión de los tribunales. "Con respecto a las determinaciones que los jueces puedan tomar somos absolutamente respetuosos", subrayó el presidente tras conocer el contenido del auto, que ordena "acceder, en parte, a la medida cautelar de suspensión de las obras, solicitada por la Administración del Estado". Si bien "tal suspensión afecta exclusivamente a las obras que se encuentren actualmente en ejecución o estén pendientes de ejecutar, pero solamente en la zona de dominio público marítimo terrestre, de titularidad estatal, y que obedezcan a modificaciones introducidas después de la concesión inicial, y en particular en los años 1988 y 2001". Las partes han anunciado su decisión de recurrir. La empresa Puertomayor, S A, de cuyo consejo de administración formaba parte hasta octubre el concejal del PP murciano Antonio Sánchez Carrillo, propietario de una constructora, no está de acuerdo con la decisión, al igual que el abogado del Estado, Juan Ramón Calero, quien defiende los intereses del Ministerio de Medio Ambiente, y que recordó que el Gobierno central exigió al Ejecutivo murciano la paralización de las obras por considerar que de no decretarse "de forma inmediata, los daños y perjuicios que se van a producir son de imposible o muy difícil reparación".
Para justificar esta conclusión, el ministerio presentó un informe de la Dirección General de Costas y la Subdirección General para la Sostenibilidad, que asegura que la construcción del puerto tendría un carácter "irreparable", y que "con el puerto se elimina una gran playa de 600 metros, una situación que ya se había advertido en la declaración de impacto ambiental de la obra". El informe indica que la ampliación del canal del Estacio, que comunica la vertiente mediterránea con la laguna del Mar Menor, "incrementaría la posibilidad de profundos cambios en la hidrografía, comunidades biológicas y salinidad, alterando las condiciones que creaban las características singulares del Mar Menor".
