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ÍNDICE
1. EL CONGRESO ESTADOUNIDENSE DA CARPETAZO A LA MEDALLA DE AZNAR
2. SEGÚN UN ESTUDIO DE LA FUNDACIÓN FAES, PRESIDIDA POR AZNAR, EL ESTATUT ABRE LA PUERTA A LA POLIGAMIA
3. PROSEGUR CANCELA EL CONTRATO CON TRILLO A RAÍZ DE INVESTIGARSE SU INCOMPATIBILIDAD
4. EL SUPREMO ANULA UNA EXTRADICIÓN PORQUE EL EJECUTIVO DE AZNAR SE EXCEDIÓ AL CONCEDERLA
5. LOS SIMPATIZANTES DE ‘HAZTE OIR’ RELACIONADOS CON EL PP CON NOMBRES Y APELLIDOS
6. CATALUÑA: 65 JÓVENES DEL PP BARCELONÉS DEJAN EL PARTIDO
7. GALICIA: Fraga admite por primera vez el riesgo de escisión en el PP gallego
8. GALICIA: CUÍÑA COMENTÓ A DIRIGENTES POPULARES QUE FORMARÁ OTRO PARTIDO SI FRACASA EN LA SUCESIÓN
9. GALICIA: LA CIUDAD DE LA CULTURA DE GALICIA, EL SUEÑO DE FRAGA, COSTARÁ MÁS DE 500 MILLONES €.
10. ANDALUCÍA: ARENAS ENCABEZA UNA PROTESTA DEL PP EN GRANADA CONTRA LA "DISCRIMINACIÓN" DE LA JUNTA
11. ANDALUCÍA: MIGUEL OSUNA, EX DELEGADO DEL PP EN LA ZONA FRANCA, EN EL JUZGADO
12. MADRID. EL EX CONCEJAL DE VIVIENDA DIMITE DE SU CARGO EN EL PP
13. MADRID. BOADILLA DEL MONTE, GOBERNADA POR EL PP, VENDE UNA PARCELA A LA EMPRESA QUE MENOS OFRECÍA
14. MADRID: DENUNCIAN UN 'PELOTAZO' DE 21 MILLONES DE LOS CONSTRUCTORES LIGADOS AL 'CASO TAMAYO'
15. COMUNIDAD VALENCIANA: CAMPS ARROPA AL ALCALDE DE TORREVIEJA 48 HORAS ANTES DE QUE DECLARE ANTE EL JUEZ
16. COMUNIDAD VALENCIANA: AGRICULTURA HALLA INDICIOS DE QUE EL EMPRESARIO ASESORADO POR FABRA FALSEÓ DOCUMENTOS
17. COMUNIDAD VALENCIANA: EL CONSELL DESCARTA REVISAR EL RIESGO PARA LA SALUD DE LOS PESTICIDAS DEL CASO FABRA
18. COMUNIDAD VALENCIANA: EL PP RECHAZA EN LAS CORTES AUDITAR LA FUNDACIÓN QUE VENDIÓ UNA MASÍA A LA ESPOSA DE CARLOS FABRA
19. COMUNIDAD VALENCIANA: CULTURA ORDENA UN RECORTE DEL 20% EN EL PRESUPUESTO DE PROGRAMAS E INSTITUTOS
20. COMUNIDAD VALENCIANA: EL ALCALDE DE ORIHUELA, DEL PP, UTILIZA VEHÍCULOS DE LUJO, PROPIEDAD DE EMPRESARIOS FAVORECIDOS POR SU GESTIÓN
21. COMUNIDAD VALENCIANA: EL VICESECRETARIO PROVINCIAL DEL PP COBRA UN SUELDO DE LA FUNDACIÓN AGUA Y PROGRESO
22. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LA JUEZ APRECIA UN DELITO DE COHECHO Y PREVARICACIÓN EN GALIPIENZO, EX ALCALDE DE UPN.
23. ISLAS BALEARES: EL EX MINISTRO MATUTES, EL GRAN BENEFICIADO CON LAS AUTOPISTAS DE IBIZA
24. ISLAS BALEARES: EL ALCALDE DEL PP DE SANT JOSEP (IBIZA) REABRE UNA EMPRESA QUE EL MISMO CERRÓ PARA ASFALTAR UN NEGOCIO DE SU PROPIEDAD
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1. EL CONGRESO ESTADOUNIDENSE DA CARPETAZO A LA MEDALLA DE AZNAR
Fin de la historia. La iniciativa para que José María Aznar recibiera la medalla de oro del Congreso de EEUU ha caducado, al no haberse logrado su aprobación dentro del plazo que establece la ley. El plazo se correspondía con el periodo de sesiones en que se presentó la propuesta y expiró en diciembre pasado. Los patrocinadores originales no se muestran dispuestos a presentar una nueva iniciativa en el mismo sentido, pese a que la legislación lo permite. "No está en nuestro planes", dijo un portavoz de Silvestre Reyes, republicano de Tejas, uno de los siete representantes que impulsaron la propuesta y el más entusiasta avalista del expresidente español.
El proceso para otorgar a Aznar la más alta distinción del pueblo estadounidense avanzó bastante, sobre todo después de que un influyente lobby contratado por el anterior Gobierno consiguiera desatascar la iniciativa y reunir el número necesario de co-patrocinios para que la Cámara de Representantes, que es la que concede la medalla, la tomase en consideración. El proyecto legislativo cumplió casi todos los trámites en esta Cámara y ya estaba en el calendario de la Unión para su votación en plenario. Pero la ley exige que el Senado dé su visto bueno, y este proceso nunca se abrió.
La maquinaria para enaltecer a Aznar con una medalla que se ha concedido a muy pocas personalidades extranjeras se puso en marcha el 15 de mayo del 2003, apenas dos semanas después de que George Bush declarara formalmente el fin de la guerra de Irak. Los siete patrocinadores de la iniciativa argumentaron que Aznar "había demostrado ser un firme aliado de Estados Unidos en un tiempo histórico y muy crucial para los dos países", así como un "firme soporte en la lucha contra el terrorismo internacional". En suma, se trataba de pagar a Aznar por su apoyo incondicional a Washington en un conflicto bélico que rechazaba el 90% de la población española. Pero el proyecto legislativo se empantanó poco después, porque la situación de la posguerra en Irak comenzaba a complicarse y no estaban las cosas como para premiar a los promotores de la guerra. Resultaba muy difícil conseguir las 290 firmas necesarias --dos tercios de la Cámara de Representantes-- para su tramitación.
En diciembre del 2003, tres meses antes de las elecciones generales, el Gobierno de Aznar contrató n secreto a la prestigiosa empresa de abogados Piper Rudnick, de Washington, por 2 millones $ para "impulsar los intereses de España en EEUU". Durante enero del 2004, el trabajo de la empresa consistió primordialmente en fomentar la asistencia al discurso de Aznar ante una sesión conjunta en el capitolio de EEUU y en contactar con congresistas para que apoyaran la concesión de la medalla de oro a Aznar.
El último paso en el trámite de la medalla fue su aprobación en el Comité de Servicios Financieros de la Cámara y su colocación en el Calendario de la Unión, el 20 de abril del 2004, cuando José Luis Rodríguez Zapatero había llegado a la Moncloa. Nunca se llegó a votar en plenario.
2. SEGÚN UN ESTUDIO DE LA FUNDACIÓN FAES, PRESIDIDA POR AZNAR, EL ESTATUT ABRE LA PUERTA A LA POLIGAMIA
La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que preside José María Aznar, ha publicado un estudio sobre el proyecto de reforma del Estatut que contabiliza 32 competencias exclusivas del Estado que son "invadidas una a una". Dicho estudio, que firma el abogado y ex diputado del PP Jorge Trias Sagnier, considera que el proyecto es "una anomalía constitucional en la historia europea", y además "constituye la puerta legal para la futura ampliación del matrimonio a uniones poligámicas como las que autoriza la religión islámica". El autor considera que la regulación de las condiciones que han de garantizar la igualdad entre españoles queda "lesionada" por la enumeración de unos derechos distintos a los ya establecidos en la Carta Magna. Trias Sagnier constata además que "no se entiende que los católicos catalanes no hayan dado una batalla frontal contra la legalización del aborto, la eutanasia, el matrimonio homosexual y la regulación de otras formas de convivencia".
3. PROSEGUR CANCELA EL CONTRATO CON TRILLO A RAÍZ DE INVESTIGARSE SU INCOMPATIBILIDAD
Prosegur Cía de Seguridad ha rescindido unilateralmente el contrato de asesoramiento que mantenía con el despacho de abogados del ex ministro Federico Trillo-Figueroa. "No lo han hecho porque fuera ilegal o incompatible, sino porque el Ministerio de Defensa ordenó revisar todas las adjudicaciones a Prosegur", explica Trillo. El Ministerio de Administraciones Públicas está investigando si el ex ministro vulneró la Ley de Incompatibilidades al asesorar a una empresa a la que Defensa adjudicó contratos por valor de 7.154.151 € bajo su mandato.
La Inspección General de Servicios de la Administración Pública abrió una investigación a raíz de conocer que Trillo asesoraba a la empresa Prosegur a través de la sociedad Estudio Jurídico Labor, que comparte con dos hijos. Todavía, según las fuentes consultadas, se está recabando información y no se ha decidido si se abrirá un expediente sancionador al ex ministro. La Ley de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración del Estado, de 1995, advierte de que "aquellos que perciban retribuciones, indemnizaciones o cualquier otro tipo de prestación compensatoria como consecuencia de su cese [como es el caso de Trillo] no podrán intervenir en actividades relacionadas con las competencias del cargo ocupado".
Según los datos facilitados por Defensa, Prosegur es una suministradora habitual de servicios para dicho departamento. Entre los años 2000 y 2004, bajo el mandato de Trillo, obtuvo contratos por valor de 7.154.151 €, frente a 2.113.073 del cuatrienio anterior (1996-1999). El ejercicio de mayor contratación fue 2002, cuando Prosegur logró de Defensa 2.657.263 €, diez veces más que en 1996. Esta evolución no resulta sorprendente, pues coincidió con un aumento espectacular de los gastos de Defensa en seguridad privada, que se duplicaron entre 2000 y 2003 y saltaron a la luz pública con la contratación de guardias jurados para la Academia de Zaragoza.
Sin embargo, Prosegur tuvo tantos contratos que no fue capaz de realizarlos, lo que llevó a rescisiones "por incumplimiento reiterado y culpable de las obligaciones contraídas" y produjo una drástica caída de las adjudicaciones en el año 2003, último completo de Trillo. El ex ministro aseguró que su contrato de asesoramiento jurídico con Prosegur fue aprobado por la Comisión del Estatuto del Diputado, a la que pidió autorización para el ejercicio libre de la abogacía. Según Trillo, su relación contractual con dicha empresa es anterior a la victoria del PP en las elecciones de 1996; quedó en suspenso tras su elección como presidente del Congreso, en marzo de aquel año; y se reactivó en septiembre del año pasado, después de su salida del Gobierno.
4. EL SUPREMO ANULA UNA EXTRADICIÓN PORQUE EL EJECUTIVO DE AZNAR SE EXCEDIÓ AL CONCEDERLA
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anuló una extradición concedida el 1 de abril de 2004 por el Gobierno en funciones de José María Aznar, argumentando que un Ejecutivo cesante sólo puede acordar cuestiones de trámite y no asuntos políticos como es una extradición pasiva. Por ello, la Sala de lo Contencioso del Supremo examinará en pleno, el próximo 23 de noviembre, cuáles son los actos que puede realizar el Gobierno en funciones y en concreto, examinará un caso de denegación de un indulto. Mientras, según la sentencia notificada de la que ha sido ponente el magistrado Enrique Lecumberri, el alto tribunal se ha pronunciado en el sentido de estimar que un Gobierno cesante y en funciones no tiene facultades para tomar decisiones políticas como es el caso de una extradición pasiva.
El Supremo analiza el alcance del artículo 21 de la Ley del Gobierno que establece que un Gobierno en funciones "limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos", absteniéndose de adoptar otras medidas salvo casos de urgencia debidamente justificados. La Sala anula el acuerdo del Consejo de Ministros que concedió la extradición a Italia de una súbdita norteamericana, reclamada para cumplir 14 años de cárcel por delito de blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas. La sentencia dice que, con su acuerdo, el Ejecutivo saliente [el de Aznar] privó al entrante "de una decisión política que en el ejercicio de su soberanía nacional le corresponde en orden a conceder o denegar la extradición pasiva". El Supremo concluye que el Gobierno cesante ejercitó una facultad de valoración de los intereses nacionales que excede de la "gestión ordinaria de los asuntos que le correspondía" al estar en funciones.
5. LOS SIMPATIZANTES DE ‘HAZTE OIR’ RELACIONADOS CON EL PP CON NOMBRES Y APELLIDOS
Los congresos organizados por HazteOir.org tratan temas de la realidad social y política. Antonio González Terol, Director General de Juventud de la Comunidad de Madrid y Alfonso Coronel de Palma, presidente de la Fundación San Pablo-CEU mostraron en el pasado encuentro en sus discursos su admiración por iniciativas como la de HazteOir. Ambos insistieron en la urgente necesidad de que el movimiento ciudadano se consolide y tenga un reflejo visible en todos los ámbitos de la sociedad, desde la calle a los medios de comunicación. Era una clara referencia a la labor de esta web que bombardea prácticamente a diario con misivas a senadores, diputados y periodistas.
HazteOir pone a disposición de los internautas un formulario, con el texto ya redactado, para protestar sobre distintos asuntos y se lo hace llegar a políticos y periodistas. El Estatut, el Gobierno de Zapatero, la asignatura de Religión y los gays han estado entre sus objetivos estas últimas semanas. Esta vía ha sido, por ejemplo, la elegida para felicitar a José María Aznar por pedir que la Constitución Europea detalle la importancia de la herencia cristiana en Europa; a Zaplana por su apoyo a las familias numerosas o intentar evitar la investidura de Santiago Carrillo como doctor honoris causa.
Aníbal Cuevas, representante de la Federación de APA's de Centros de Enseñanza también ha expuesto sus ideas el el foro organizado por estos defensores de la moral. "Las familias con 1 hijo -en España estamos en 1,2, mas o menos como en China- en una o dos generaciones generarán personas desvinculadas, solas, con miedos, que aceptarán la eutanasia porque no tendrán nada por lo que vivir".
Marisol Morente, Directora General de Familia de la Región de Murcia, presentó en el encuentro organizado por Hazteoir la red de apoyo que la Región de Murcia ofrece a las mujeres jóvenes y embarazadas. Subrayó que de 79 mujeres que iban a abortar, 59 no lo hicieron y apuntó que "las mujeres que más recurren al aborto no son jóvenes, sino mujeres que viven en pareja pero en un ambiente hostil".
6. CATALUÑA: 65 JÓVENES DEL PP BARCELONÉS DEJAN EL PARTIDO
Un total de 65 militantes de Nuevas Generaciones del PP de Barcelona se dieron de baja como colofón a un conflicto que arranca de lejos, y que ha hecho que las juventudes del PPC estén regidas por gestoras, tanto en Catalunya como en la capital, desde hace dos años. Las juventudes celebran su IX congreso en Barcelona, donde será elegido el único aspirante, José Mª Coto, afín a la cúpula.
Los dimisionarios anuncian acciones legales por la pérdida de datos de personas que intentaron afiliarse sin lograrlo, y que, en apariencia, se extraviaron. Según el exsecretario general de NNGG Jordi Baeza, que encabezó una protesta ante la sede del PP barcelonés, irán a la Agencia de Protección de Datos para exponer la cuestión. Baeza lamentó la "cantidad de porquería" que, dijo, ha tenido que ver en la vida interna del PP. La crisis se larvó por culpa de una mala digestión. Poco después de que Josep Piqué fuera elegido presidente del PPC, en el 2002, se propuso conocer de cerca a NN.GG. para lo que celebró una cena en Igualada con 30 de sus miembros. Cuando Piqué empezó a hablar en catalán varios exigieron a gritos que lo hiciera en castellano. A la hora del brindis, levantaron sus copas al grito de "Viva España" y "Arriba España". Piqué decidió entonces que decapitaría a la cúpula de NNGG.
Los militantes que se dieron de baja aseguraron que la dirección había impedido la afiliación de personas que han participado en la vida del partido y que apoyaban una candidatura alternativa en el congreso. Sin esos avales, el grupo de Baeza no podía competir con la lista oficialista. La dirección aseguró que las afiliaciones se rechazaron por carecer de datos bancarios, o porque en varias se repetían. El PP implantó la obligación de incluir estos datos por el elevado índice de impago entre sus militantes. Nuevas Generaciones tiene un millar de afiliados en Catalunya.
7. GALICIA: Fraga admite por primera vez el riesgo de escisión en el PP gallego
El presidente del PP gallego, Manuel Fraga, ha desvelado la existencia de fuertes tensiones internas en el proceso abierto para sucederle en el liderazgo del partido. En una entrevista, Fraga admitió por primera vez que no puede garantizar que la contienda para ocupar su puesto no acabe en una escisión, aunque confió en que el partido será capaz de conjurar ese riesgo. En caso contrario, afirmó el ex presidente de la Xunta, todo el PP gallego "se volcaría para aislar el foco contaminante". En la entrevista, Fraga reparte amargos reproches entre los dirigentes de su partido que están argallando [maquinando] para ganar posiciones ante el congreso regional que el próximo enero elegirá un nuevo líder del PP gallego. El ex presidente de la Xunta censura a los responsables provinciales que han entrado de lleno en la batalla para apoyar a alguno de los candidatos, e insiste en que él se mantendrá neutral.
Fraga guarda las peores admoniciones contra el que fuera su delfín durante una década, Xosé Cuiña, quien pasó al ostracismo por sus diferencias con la dirección nacional del partido. Aunque sin citar su nombre, Fraga alude a Cuiña como el supuesto interesado en promover una escisión si no logra vencer en el congreso y afirma que esa actitud le descarta como posible sucesor: "Si alguien tiene ese gesto, y se le ha atribuido de varias maneras a uno de los candidatos, evidentemente se autoexcluye".
Cuiña, a través de un portavoz, aseguró que en ninguna de las reuniones que ha mantenido en los últimos días con militantes del partido insinuó que pretenda dejar el PP. El antiguo delfín de Fraga, según las mismas fuentes, se ha limitado a defender "un partido gallego dentro del PP".
Cuiña tiene previsto anunciar su propósito de competir por el liderazgo del partido. Se convertirá de ese modo en el tercer candidato a suceder a Fraga, tras el ex vicepresidente segundo de la Xunta, Xosé Manuel Barreiro y el ex consejero de Pesca Enrique López Veiga.
Un cuarto aspirante, el ex vicepresidente primero Alberto Núñez Feijoo, que pasa por ser el favorito de la dirección nacional, aún no se ha postulado pero lo hará, con casi total probabilidad, antes de que se inicie el proceso para la elección de compromisarios al congreso, el próximo 14 de noviembre.
8. GALICIA: CUÍÑA COMENTÓ A DIRIGENTES POPULARES QUE FORMARÁ OTRO PARTIDO SI FRACASA EN LA SUCESIÓN
El ex conselleiro Xosé Cuíña, delfín de Manuel Fraga durante más de una década, comenzó a tantear sus posibilidades de liderar el PPdeG, aunque, si no logra su objetivo, está dispuesto a engrosar una nueva formación «galleguista», informaron fuentes de la dirección del partido. «Cuíña está hablando con muchísima gente, no sólo pidiendo el apoyo para su posible candidatura en el congreso de enero; va más allá, y dice que después del cónclave habrá que ver cuál es el futuro del partido», precisaron dirigentes cercanos al político, con los que se entrevistó la semana pasada. En estas reuniones, siempre según estas fuentes, Cuíña no descartó «constituir un partido nacionalista o galleguista» en el caso de que no logre los avales suficientes para suceder a Fraga. Para estos dirigentes, esta amenaza es una razón suficiente para excluirlo de la carrera sucesoria.
9. GALICIA: LA CIUDAD DE LA CULTURA DE GALICIA, EL SUEÑO DE FRAGA, COSTARÁ MÁS DE 500 MILLONES DE €
El nuevo Gobierno gallego ha medido la magnitud del secreto: 373 millones €. Hasta que el poder cambió de manos en Galicia, todo eran conjeturas y especulaciones sobre el coste del monumental emblema arquitectónico que esculpiría la memoria de Manuel Fraga en una colina de la inmortal Compostela. Ahora ya hay datos oficiales: la construcción de la Ciudad de la Cultura de Galicia, a la que algunos miembros del anterior Gobierno pretendían dar el nombre de su presidente, ha triplicado su presupuesto inicial y el coste final se aproximará a los 500 millones. El sueño de Fraga se ha convertido en la pesadilla para el nuevo gobierno autonómico, que no pueden dejar el complejo a medias, y no saben qué hacer con él.
Las cifras sobre el proyecto han levantado mucho revuelo, aunque no sorpresa, ya que se trataba del secreto peor guardado de Galicia. Las enormes dimensiones del complejo ideado por el arquitecto Peter Eisenman estaban a la vista. Y aunque la Xunta de Fraga no diese información oficial, sus cargos no se recataron en confesar en privado que la Ciudad de la Cultura se había convertido en un pozo sin fondo.
Antes del cambio de Gobierno, el proyecto avanzó con voracidad y ante la indiferencia mayoritaria. Ni siquiera logró colarse en el barullo de la campaña a las elecciones autonómicas de junio. Hubo cierta controversia cuando se presentó, en 1999, y eso que entonces se calculaba un coste más modesto, unos 120 millones. La discusión se acalló, pese a la evidencia de que se había disparado el presupuesto y de que el plazo de su conclusión -en 2005, cuando Fraga tenía para jubilarse triunfalmente- era una quimera.
El Ejecutivo de Fraga había hecho todo lo posible por dejar la herencia bien atada. El 16 de junio, tres días antes de las elecciones en las que el PP perdió el poder, la Xunta adjudicó la construcción del edificio central del complejo, el teatro de la música, con un presupuesto de 97 millones. Tras los comicios, mientras el Gobierno de Fraga estaba en situación de interinidad, también se contrató la compra de mobiliario para otra de las instalaciones. Cuando el nuevo Ejecutivo revisó las cuentas, se encontró con que se han licitado obras por una suma total de 373,787 millones. A falta de cálculos oficiales sobre el coste final, según fuentes compostelanas "estará más cerca de los 500 millones que de los 400".
10. ANDALUCÍA: ARENAS ENCABEZA UNA PROTESTA DEL PP EN GRANADA CONTRA LA "DISCRIMINACIÓN" DE LA JUNTA
Como ya informamos con anterioridad, el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, dio una muestra más de su intención de echarse a la calle para acudir a manifestaciones o protestas y ponerse detrás de pancartas. Arenas, que fue muy crítico con el PSOE cuando este partido secundó manifestaciones en la oposición y él era miembro del Gobierno de José María Aznar, estuvo presente en una concentración convocada por los alcaldes del PP de Granada contra la Junta y la Diputación provincial.
La protesta vino marcada por la polémica, ya que la Subdelegación del Gobierno dio por "no comunicada en tiempo y forma" la concentración. A la misma, acudieron unas 500 personas, según el PP, se produjo primero ante la sede de la Diputación granadina y, luego, ante la Delegación del Gobierno de la Junta en Granada. Arenas acudió sólo a la primera. Los convocantes se quejaron del trato que la Junta y la Diputación dan a los municipios gobernados por el PP. "El día de es uno de los más felices desde que estoy en la vida pública", afirmó Arenas, quien destacó que en la protesta no se realizó "ningún tipo de descalificación o insultos".
Desde su llegada a la presidencia del PP andaluz, Arenas ha defendido que el PP debe quitarse los complejos y apoyar las manifestaciones que considere convenientes. Como precedente, Arenas acudió hace unas meses a una protesta por la derogación del trasvase del Ebro. Así, el presidente del PP tiene claro que va a seguir secundando protestas. "Mi intención es seguir yendo. (...) pero no voy a pedir permiso a nadie" por acudir a protestas, dijo Arenas, al tiempo que defendió la legalidad de la protesta.
La concentración, dijo Arenas en Granada, "no molesta al tráfico y absolutamente a nadie" y "se ha comunicado en tiempo y forma y quien no lo considere así que acuda a los tribunales".
En un comunicado, la Subdelegación del Gobierno afirmó, por contra, que la concentración no fue convocada ni en tiempo ni en forma. Añadió que la protesta fue una "reunión" y que los promotores tenían la obligación de comunicar su convocatoria en tiempo y forma para "proteger el propio derecho de la reunión frente a quienes trataren de impedir el lícito ejercicio de este derecho". La Subdelegación explicó que la comunicación del PP informando de la reunión de alcaldes llegó a su fax a las 13,43 horas del 20 de octubre, "es decir, con una antelación inferior a las 24 horas que, en los casos excepcionales de urgencia, permite la normativa aplicable".
11. ANDALUCÍA: MIGUEL OSUNA, EX DELEGADO DEL PP EN LA ZONA FRANCA, EN EL JUZGADO
El ex delegado del PP en la Zona Franca de Cádiz Miguel Osuna declaró en el juzgado de Instrucción número 4 de la capital gaditana por su gestión al frente de este organismo entre 2001 y 2004. Este dirigente popular, que está imputado por un presunto delito societario en las supuestas irregularidades detectadas por la Abogacía General del Estado, defendió su inocencia durante las dos horas que duró su declaración. Quien no compareció fue el otro ex delegado imputado, Manuel Rodríguez de Castro, quién justificó su ausencia con el argumento de que no ha recibido la notificación de la querella ni la citación judicial de comparecencia, según afirmó su abogado.
El juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz inició la toma de declaraciones en la querella que presentaron conjuntamente el pasado mes de agosto la Abogacía General del Estado y la Zona Franca por los contratos de 6,7 millones € que suscribió este organismo con las empresas Miami Free Zone y Telvent para crear una red informática que nunca existió. A Rodríguez de Castro se le acusa de varios delitos de apropiación indebida, malversación de fondos públicos, fraude, prevaricación y exacciones ilegales. La acción penal contra Osuna es por un presunto delito societario.
La querella incluye también a los empresarios Germán y Carmen Leiva, a los que el abogado del Estado José Ignacio Monedero acusa, junto con Rodríguez de Castro, de crear la empresa ficticia Miami Free Zone -con sede en EE UU- a la que adjudicaron un contrato millonario para supuestamente "apropiarse indebidamente" de 4,2 millones € de Rilco, una sociedad de la Zona Franca que apenas registró actividad y arrastra un balance deficitario desde que la creó Rodríguez de Castro en 1998.
Esta múltiple querella incluye además a Telvent Interactiva -filial de Abengoa-, que recibió un contrato de 2,5 millones para colaborar en la creación de la red informática que nunca funcionó, porque "existen indicios de que participó en la maquinación fraudulenta". A Osuna se le acusa de mantener este contrato y autorizar los últimos pagos pese a conocer el supuesto fraude tras encargar varios informes.
El primero en declarar en este proceso ha sido Osuna. En ningún momento, ni Osuna ni su nuevo letrado hicieron referencia a las declaraciones que s hizo el anterior abogado del ex delegado popular, José Luis Ortiz.
Este letrado afirmó en sede judicial que su cliente fue designado por el PP para "arreglar los desmanes de una casa que era un desastre" y para "limpiar la mierda" que había en el recinto fiscal gaditano cuando su antecesor Rodríguez de Castro se vio obligado a dimitir ante las numerosas denuncias de supuestas irregularidades que trascendieron sobre su gestión. Se trata de la primera ocasión en la que alguien relacionado con un dirigente del PP afirma que esta formación intentó supuestamente "limpiar" el mandato bajo sospecha de Rodríguez de Castro.
12. MADRID. EL EX CONCEJAL DE VIVIENDA DIMITE DE SU CARGO EN EL PP
El arquitecto Sigfrido Herráez, de 41 años, que el pasado 26 de septiembre presentó su dimisión como concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid y una semana después fichó por una empresa inmobiliaria, como vicepresidente del grupo inmobiliario Rayet, que tiene promociones de pisos en el Ensanche de Vallecas y en Villaverde, renunció a su cargo de secretario de Vivienda del PP regional, según fuentes del partido. El dimisionario afirma en una carta que lo hace "por razones personales".
El abandono del Ayuntamiento y la inmediata incorporación de Herráez a una empresa inmobiliaria, sin hacer un paréntesis, malestó en el PP. "Siempre pensamos que se refería a alguna empresa familiar que tiene intereses en el extranjero; nunca que iba a trabajar con una sociedad que tiene intereses en la Comunidad de Madrid", dijo Francisco Granados, secretario regional del PP. Por su parte, el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, también comentó: "Lo que Herráez me dijo cuando se fue del Ayuntamiento es que iba a ejercer como arquitecto fuera de Madrid, en otras ciudades. Lo que se ha publicado ahora [la noticia de su fichaje por Rayet] es diferente a lo que me dijo".
13. MADRID. BOADILLA DEL MONTE, GOBERNADA POR EL PP, VENDE UNA PARCELA A LA EMPRESA QUE MENOS OFRECÍA
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha enajenado la parcela 1.A del polígono B mediante un concurso público. En ella se edificarán 139 viviendas libres. El grupo independiente Alternativa por Boadilla (AIB) denuncia que los vecinos perderán 4 millones debido a que la adjudicación ha sido "arbitraria y basada en informes técnicos subjetivos y dudosos". La empresa ganadora del concurso, UFC, S.A., ofreció 35 millones y ha obtenido 77,54 puntos. La segunda clasificada, LUALCA, se presentó con 39 millones, y consiguió una puntuación de 70,55.
Ángel Galindo, portavoz de AIB, aseguró que uno de los aspectos de la adjudicación que más preocupan a Galindo es éste: "El criterio que ha determinado quién obtenía la parcela ha sido el del tiempo de ejecución de las viviendas. Son privadas, por lo tanto no sé a qué viene darle tanta importancia". "Boadilla va a perder mucho dinero, porque una empresa va a tardar cuatro meses más que otra en edificar unos inmuebles", afirma Galindo. "Además", prosigue el edil, "es imposible construir esa cantidad de viviendas en tan poco tiempo, se podría considerar como una baja temeraria". Por este motivo, Galindo solicitará un dictamen al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid sobre la viabilidad de edificar en el plazo prometido.
Según el alcalde de la localidad, Arturo González Panero, del PP, el procedimiento seguido ha sido escrupuloso. Panero defiende a su equipo y replica: "Si alguien quiere denunciar algo, que lo haga. Pero nadie va a poner en duda la labor de los técnicos municipales".
14. MADRID: DENUNCIAN UN 'PELOTAZO' DE 21 MILLONES DE LOS CONSTRUCTORES LIGADOS AL 'CASO TAMAYO'
El diputado regional del PSOE Modesto Nolla denunció que los constructores Francisco Bravo y Francisco Vázquez han obtenido un "pelotazo de 21 millones €" gracias a que el Ayuntamiento de Navalcarnero, gobernado por el PP, ha aprobado una modificación del planeamiento urbanístico que permite construir viviendas en una finca, propiedad de ambos, prevista para uso terciario. Los constructores adquirieron el terreno hace tres años por adjudicación directa, muy por debajo de su precio, y se han beneficiado de un "espectacular aumento del valor de ese terreno: 21 millones de plusvalía que no han ido a parar a las arcas municipales. Un portavoz del Ayuntamiento aseguró que la operación es totalmente legal.
Según la denuncia, la empresa Euroholding, de la que son propietarios Bravo y Vázquez, concursó en 2002 para adquirir una parcela de más de 277.000 m2 que estaría destinada a uso terciario, para la construcción de un parque empresarial, como decía el pliego de condiciones. Posteriormente, parece ser que el Ayuntamiento de Navalcarnero "adjudicó directamente a Euroholding este suelo, sin concurso y muy por debajo de su precio". Este extremo ya había sido denunciado en 2002 por Modesto Nolla, que aseguró entonces que el precio por el que habían obtenido los dos empresarios este terreno era tan irrisorio que habían logrado unos beneficios de nueve millones.
Pero el pasado 25 de agosto, la Junta de Gobierno de Navalcarnero aprobó una modificación del plan parcial que permite el uso residencial del 50% de este terreno, es decir, el valor del suelo ha subido de los 15,75 €/m2, cuando el uso era terciario, a 95 €/m2. Un incremento de más de 11 millones; y, si se les añaden los nueve millones de beneficios de la adjudicación directa, suponen cerca de 21 millones. El grupo socialista de Navalcarnero presentó el pasado día 21 alegaciones para que se anule esa modificación del plan parcial.
¿Quiénes son los constructores Francisco Bravo y Francisco Vázquez? Estos personajes salieron a la palestra, durante la comisión de investigación constituida en la Asamblea de Madrid en el verano de 2003 para intentar desentrañar qué se escondía trás la deserción de los dos ex diputados del PSOE Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, el partido socialista llamó a declarar a los constructores Francisco Bravo Vázquez y Francisco Vázquez Igual. Ambos se negaron a responder a casi todas las preguntas que les formularon los representantes del PSOE e IU. Pero Francisco Bravo, durante su exposición de motivos antes de su comparecencia, aseguró que su relación con Tamayo "deviene sólo de asuntos profesionales", y admitió que "simplemente" se limitó a "hacer reservas hoteleras". "Puesto que Tamayo sabe la relación que tengo con el sector hotelero". El constructor alquiló, supuestamente, la habitación de hotel en la que se refugiaron Tamayo y Sáez el día que abandonaron la Asamblea y frustraron un Gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid.
15. COMUNIDAD VALENCIANA: CAMPS ARROPA AL ALCALDE DE TORREVIEJA 48 HORAS ANTES DE QUE DECLARE ANTE EL JUEZ
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps tiene previsto desplazarse a Torrevieja para visitar las obras del futuro hospital de gestión privada que se está construyendo en esta ciudad e inaugurar un Centro de Desarrollo Turístico (CDT). Ello supone un nuevo espaldarazo a su alcalde, Pedro Hernández Mateo, justo dos días antes de que declare en calidad de imputado por sus polémicas operaciones inmobiliarias. El titular del juzgado número 4 de Torrevieja ha citado el próximo viernes al alcalde popular para que dé explicaciones sobre la compraventa de terrenos en Almoradí. La citación se produce como consecuencia de la denuncia presentada por Esquerra Unida. La formación llevó a los tribunales la adquisición por Hernández Mateo de unos terrenos por valor de 180.000 € que 28 meses después vendió a la mercantil Edén del Mar por 5.409.188 €. Los denunciantes sostienen que el alcalde pudo cometer un delito de tráfico de influencias, ya que la citada empresa tiene interese urbanísticos en Torrevieja. Se da la circunstancia de que las empresas que vendieron las fincas al alcalde hicieron permutas de solares con el Ayuntamiento de Torrevieja. Además, a los pocos días de saltar a la luz el escándalo se conoció también que el Plan General Urbano de Almoradí preveía la recalificación del suelo que vendió el primer edil.
La visita de Camps no estaba en principio prevista ya que el presidente iba a emprender vuelo hacia Miami por actividades relacionadas con la Copa del América. La catástrofe originada por el huracán Wilma en Florida ha aconsejado a Presidencia aplazar el viaje.
16. COMUNIDAD VALENCIANA: AGRICULTURA HALLA INDICIOS DE QUE EL EMPRESARIO ASESORADO POR FABRA FALSEÓ DOCUMENTOS
El Ministerio de Agricultura investiga todos los productos fitosanitarios registrados por el empresario Vicente Vilar, al que asesoraba y cobraba el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, del PP, tras comprobar que falsificó sellos y firmas de sus productos para superar los filtros del departamento y poder así legalizarlos. Sobre estos hechos deberá testificar en breve Fabra en el Juzgado número 3 de Nules, que instruye el caso sobre un posible delito sobre la salud pública para esclarecer si, como denunció Vilar, el dirigente del PP estaba al corriente de dichas manipulaciones.
La Dirección General de Agricultura halló "indicios de la existencia de falsificaciones de sellos y firmas de solicitud de autorización presentada por una de las empresas del Grupo Naranjax [de Vilar]".
Agricultura trasladó todos sus datos a la Fiscalía Anticorrupción, que los derivó tanto al juzgado número 3 de Nules donde se tramita este fleco del caso Fabra por presunto delito de salud pública, como al juzgado número 1, que investiga al dirigente del PP castellonense por cohecho, tráfico de influencias y falsedad, más un delito fiscal por impago de 150.000 € de cuotas en 1999.
Un informe de la Abogacía del Estado recordaba que Vilar sostenía que Agricultura le vetó registros procedentes de países asiáticos "porque las impurezas de las sustancias eran superiores a las permitidas y porque su grado de riqueza era escaso". Fue entonces, según dicho informe, cuando "Fabra y Vilar decidieron que tenían dar al Ministerio [de Agricultura] lo pedido, ideando falsificar las analíticas, aprovechando que el departamento no hace sus propios análisis para verificar que la información es verdadera, falsificando, en efecto, sellos de varios laboratorios de China e India".
Agricultura comprobó esta sospecha: "Funcionarios adscritos al registro oficial de Productos y Material Fitosanitario han efectuado una exhaustiva verificación de los documentos que pudieran ser objeto de falsificación en el primer expediente que ha correspondido resolver, relativo a un producto de alguna de las empresas del Grupo Naranjax y que corresponde a la sustancia activa denominada GA4+GA7 Técnico Expediente 23.383, cuya homologación fue solicitada el 4 de diciembre de 2001 por la empresa Comercial de Industrias Arcavi".
La Abogacía del Estado señaló el camino: "Poner en conocimiento de la Fiscalía General del Estado las circunstancias apreciadas en los documentos originales que constan en esa dirección general, de los que resultan las notables discrepancias entre los sellos y las firmas de los documentos aportados, en los expedientes abiertos para las autorizaciones de plaguicidas y otras sustancias con destino a la agricultura". Y añadía que dicha dirección debería "mantener abierta una atención especial en cuanto que de resultar efectivamente comprobada la existencia de delito para la obtención indebida de registro podría determinar que hubiere de ejercitar sus facultades o potestades de revisión de oficio en cuanto que los actos administrativos que son las autorizaciones de los productos fitosanitarios podrían ser considerados nulos de pleno derecho, al haberse producido merced a unas certificaciones y otros documentos que pudieran ser constitutivos de infracción penal".
El informe remitido a los juzgados documenta seis expedientes de registros de fitosanitarios con firmas y sellos dudosos. Todos ellos fueron presentados en la Subdelegación del Gobierno en Castellón, cuyo titular era Vicente Sánchez-Peral, ya fallecido. Una nota interna de Agricultura de 2000 sobre las "presiones políticas" en favor de los productos de Vilar, sostenía que Sánchez-Peral se entrevistó con dos altos cargos del ministerio para "interesarse por la situación de nuevos expedientes de Naranjax".
En 1999, la Consejería de Sanidad valenciana, en una inspección a Naranjax, ya comprobó que dicha empresa de Vilar importaba "algunas materias activas de China y de la India, de cuyas industrias dice ser representante". No consta mayor investigación del Gobierno valenciano sobre estos productos orientales. Ni entonces ni tras la denuncia de Vilar en 2004.
17. COMUNIDAD VALENCIANA: EL CONSELL DESCARTA REVISAR EL RIESGO PARA LA SALUD DE LOS PESTICIDAS DEL CASO FABRA
El vicepresidente del Consell, Víctor Campos, rechazó que la Generalitat abra por el momento una investigación sobre las posibles falsificaciones de los productos fitosanitarios comercializados por el empresario Vicente Vilar, al que asesoraba el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, alegando que el caso está sub iudice. Los pesticidas de Naranjax están bajo sospecha y, de hecho, el ministerio de Agricultura ha abierto una investigación tras comprobar que el empresario pudo haber falsificado los cuños que acreditaban su idoneidad para ser legalizados.
Preguntado en los pasillos de las Cortes sobre si el Consell va a tomar alguna medida al respecto dado que el uso de estos productos podrían tener efectos sobre la salud pública, Campos indicó que hay que esperar a la investigación judicial. «Lo normal en un país como el nuestro en el que se supone que hay que respetar los derechos de todos» es tener la «prudencia» de esperar al resultado de la investigación judicial, manifestó el vicepresidente. «¿Qué va a adelantar más la Generalitat de lo que puedan adelantar los profesionales que están involucrados en esta investigación?», se preguntó.
18. COMUNIDAD VALENCIANA: EL PP RECHAZA EN LAS CORTES AUDITAR LA FUNDACIÓN QUE VENDIÓ UNA MASÍA A LA ESPOSA DE CARLOS FABRA
El grupo Popular rechazó en las Cortes una iniciativa del grupo de Esquerra Unida-L'Entesa que reclamaba al Consell la realización de una auditoría externa de la Fundación Blasco de Alagón -participada por la Diputación de Castellón, que preside Carlos Fabra- para esclarecer la venta de la Masía del Pla de l'Arc, en La Vall d'Alba, a María Amparo Fernández Blanes, esposa del dirigente popular castellonense. Junto a esa operación de venta, la auditoría también debía analizar el encargo de la redacción de los proyectos técnicos a un hermano de Fabra. La iniciativa pedía también la destitución de Laura Peñarroya, concejal del PP en Forcall, asesora en la Corporación provincial y gerente de la fundación, por su actuación en esas cuestiones.
La finca que alberga la masía, de 800 m2, fue comprada en enero de 2003 por la esposa de Carlos Fabra por 14.512,24 €, según consta en el Registro de la Propiedad. La Fundación Blasco de Alagón compró la finca en 1998 por 12.000 € al anterior propietario. Sin embargo, el Consell aseguró en una respuesta parlamentaria que, después de invertir 9.264 € en la rehabilitación de la masía, la fundación la vendió a la esposa de Carlos Fabra por 21.496 €. Los Fabra pretendían convertir en restaurante la masía, que se encuentra a 100 metros del arco romano de Cabanes. Meses antes de la compra, la Diputación de Castellón había financiado la electrificación de la finca.
19. COMUNIDAD VALENCIANA: CULTURA ORDENA UN RECORTE DEL 20% EN EL PRESUPUESTO DE PROGRAMAS E INSTITUTOS
La Consejería de Cultura ha decidido efectuar un recorte presupuestario en diferentes programas e institutos dependientes en virtud de una orden adoptada por el Consell el pasado 30 de septiembre, a falta de tres meses para el fin del ejercicio. El recorte va desde el 17% del presupuesto del IVAM, al 25% de los convenios de infraestructuras culturales con las diputaciones. Esta reducción coincide con los recientes actos de inauguración del Palau de les Arts, que costaron a la Consejería de Cultura 2,8 millones de €.
La política cultural de la Generalitat privilegia las actuaciones con notable proyección mediática, como la reciente apertura del teatro de la ópera diseñada por Santiago Calatrava, frente a los programas de diversa índole que lleva desarrollando la Consejería desde hace años. En la orden remitida por la secretaría de Promoción Cultural, a instancias del departamento de régimen económico, se contemplan numerosos recortes. Teatres de la Generalitat deberá reducir su presupuesto un 17%, al igual que el Institut Valencià de la Música (IVM), el Institut Valencià de la Cinematografia (Ivac) o el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM).
En infraestructuras de equipamiento cultural, el recorte de la orden se sitúa en torno al 25%, así como las subvenciones a museos, los convenios con las diputaciones de Valencia, Alicante y Castellón. También la Fundación del Palau de les Arts, la Fundación de las Artes Escénicas o las ayudas al equipamiento del circuito teatral verán reducidos sus ingresos un 25% en función de la orden.
Se ha previsto una disminución del 17%, al mismo tiempo, de las ayudas concedidas al coro musical de Alzira, por ejemplo, entre otras partidas. Todos estos recortes presupuestarios contrastan con el gasto de la Generalitat en la creación de una única infraestructura cultural, el Palau de les Arts.
20. COMUNIDAD VALENCIANA: EL ALCALDE DE ORIHUELA, DEL PP, UTILIZA VEHÍCULOS DE LUJO, PROPIEDAD DE EMPRESARIOS FAVORECIDOS POR SU GESTIÓN
La afición del alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, del PP, que tiene por los coches de lujo y de una gran cilindrada ( y por lo tanto muy caros) le puede causar algún que otro disgustillo: se ha sabido que conduce ocasionalmente un Rolls Royce, propiedad del promotor Joaquín Antonio Grau Pomares, al que el Ayuntamiento oriolano recalificó dos millones de m2 para construir 5.400 viviendas y un campo de golf. Medina negó que posea un Rolls, pero no que utilice el del empresario. "No tengo un Rolls, y es una impertinencia preguntarme qué coche conduzco", dijo.
El coche de la marca Rolls Royce-Bentley, matrícula 7676-CST, según un certificado del 3 de marzo de 2004 del Colegio Oficial de Gestores de Alicante, está dado de alta en la Jefatura Provincial de Tráfico a nombre de Joaquín Antonio Grau Pomares. El vehículo, de color verde y una cilindrada de 6.750 cc., se encuentra habitualmente en un garaje propiedad de Medina, según han confirmado vecinos de Orihuela. Medina conduce ocasionalmente el coche, según esos testigos. Estos vecinos aseguran que ese mismo Rolls Royce fue el coche de novia que utilizó la concejal de Hacienda, Paz Chazarra, con motivo de su boda hace un mes. Además del Rolls Royce, que usa ocasionalmente, Medina usa normalmente otro potente y lujoso auto, un Audi A8, propiedad del también constructor local Francisco Marcos.
José Manuel Medina negó tajantemente que tenga un Rolls Royce en propiedad, pero no que lo haya utilizado ocasionalmente y que desde hace un año se encuentre en su garaje. "No tengo un Rolls Royce", dijo. "En mi garaje tengo noventa coches y es una impertinencia que usted [en referencia al periodista] me pregunte qué coche conduzco. Uso el coche que me da la gana", dijo más adelante.
El alcalde de Orihuela es aficionado a la reparación de automóviles y posee un amplio parque móvil, en el que destacan utilitarios de época de los años cuarenta y cincuenta, entre ellos un Peugeot 304 del año 1947, un Seat 850 del año 70. Todos estos coches, además de un todoterreno Nissan, son propiedad de Medina, según la declaración de bienes que presentó en el Ayuntamiento al ser elegido alcalde.
En abril de 2004, el Ayuntamiento recalificó al promotor Joaquín Grau unos dos millones de m2 en la huerta, en la partida de Las Asomadas, para construir 5.400 viviendas y un campo de golf. Este constructor es también el propietario de la casa en la que reside Medina desde hace unos dos años, un chalé en la urbanización Playa Flamenca, en la costa oriolana. Según el Registro de la Propiedad, la vivienda está a nombre de la S.A. Villas y Bungalós El Cid, de la que Joaquín Grau es administrador solidario. El alcalde no observa ninguna ilegalidad y asegura que reside en ese chalé en régimen de alquiler con opción de compra.
La oposición ya ha trasladado a la Fiscalía Anticorrupción el caso del chalé y ha anunciado que hará lo propio con los coches. El fiscal ha abierto diligencias para esclarecer las denuncias sobre supuestos casos de corrupción en el Ayuntamiento oriolano.
21. COMUNIDAD VALENCIANA: EL VICESECRETARIO PROVINCIAL DEL PP COBRA UN SUELDO DE LA FUNDACIÓN AGUA Y PROGRESO
La Fundación Agua y Progreso, entidad pública que sirve de instrumento para la estrategia hídrica del Consell, ha puesto en nómina al vicesecretario provincial del PP y ex alcalde de Moncada, Juan José Medina. Éste es ahora portavoz del PP en el citado municipio y, desde diciembre de 2004, es uno de los principales colaboradores del presidente provincial del PP, Alfonso Rus. Aunque ocupa una de las cuatro vicesecretarias del partido, sus funciones tienen que ver con la organización interna de la formación. El edil popular tiene despacho en la sede del PP.
Sus responsabilidades en el PP y en el Ayuntamiento de Moncada no han sido obstáculo para que Medina fuera contratado hace aproximadamente medio año por la Fundación Agua y Progreso. La oposición criticó desde su origen esta entidad financiada con fondos públicos al entender que es un instrumento que el Consell usa con fines partidistas. La fundación es una plataforma activa de defensa del derogado trasvase del Ebro, del actual trazado del del Júcar-Vinalopó y se muestra muy crítica con la política hídrica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En la actualidad, además de Medina, trabaja para la fundación como asesora la ex presidenta de la Federación de Vecinos de Valencia Carmen Vila.
Mientras, Medina indicó que sus funciones en la fundación tienen que ver con publicidad y comunicación. «En mis horas libres hago lo que tengo que hacer, algunas veces en el partido, lo compagino.»
22. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LA JUEZ APRECIA UN DELITO DE COHECHO Y PREVARICACIÓN EN GALIPIENZO, EX ALCALDE DE UPN.
La juez ve indicios de delito en 10 de los 11 imputados en el caso Galipienzo. A todos les imputa un delito de cohecho y, además, al ex alcalde Ignacio Galipienzo tres delitos de prevaricación. La juez considera probado que Galipienzo cobró comisiones por favorecer la construcción de un apartotel en Gorraiz en una parcela que no admitía este uso.
En su auto queda «acreditado» que cobró de Construcciones Flores (propietaria del solar) por mediar en la compraventa y de Aricam (comprador del solar, promotor del apartotel y grupo para el que trabajaba) por facilitar un uso urbanístico ilegal. Por este motivo imputa cohecho a cinco directivos de ambas empresas; además de a la mujer de Galipienzo, a su socio y a los dos técnicos municipales que elaboraron informes favorables al proyecto. El único sobre el que no recae acusación es Raimundo Cid, administrador de la sociedad de Galipienzo.
La juez concluye con este auto una instrucción iniciada en febrero de 2004 con la denuncia de los concejos del valle de Egüés. Tras este auto, el fiscal y las acusaciones particulares tendrán que realizar sus escritos de acusación. Tras estudiarlo, la juez fijará una fecha para la celebración del juicio y decidirá quiénes y por qué son juzgados. La juez plantea la posibilidad de que se juzgue con jurado popular, dado que el delito de cohecho ofrece esta opción.
La juez basa su auto en el proyecto para construir un apartotel en Gorraiz. A Galipienzo le imputa ser el autor de un delito de cohecho, donde concurren como cooperadores necesarios José Luis Ruiz Bartolomé (su socio), Jesús Marco del Rincón (ex asesor legal del Ayuntamiento), Nuria Alas Brun (arquitecta municipal), y como cómplice su esposa, Eva Iglesias. A Galipienzo también le imputa tres delitos de prevaricación por otras actuaciones durante su mandato.
23. ISLAS BALEARES: EL EX MINISTRO MATUTES, EL MAYOR BENEFICIADO CON LAS AUTOPISTAS DE IBIZA
Según fuentes periodísticas el ex ministro de Exteriores, Abel Matutes, es el más favorecido en el polémico tema de la construcción de autopistas en Ibiza. La polémica por la construcción de la autopista "más ancha -de hasta ocho carriles en algunos tramos-, más corta –tan sólo 21 kilómetros- y más cara de España -543 millones de €", en Ibiza. Además no hay que olvidar, que la hija del ex ministro, Stella Matutes, preside la consellería de Carreteras, Vías y Obras.
Al margen de las múltiples denuncias ecológicas realizadas tanto por parte de la Plataforma No volem autopista como por diversos famosos y la prensa internacional, la publicación también recoge las declaraciones que apuntan a Matutes como principal favorecido. Así se ha señalado que las obras contemplan una serie de curvas extrañísimas que desvían su trazado por no tocar los jardines de Zumos Naturales, una nave industrial propiedad del Grupo Matutes". Aportan también el dato de que "el túnel de la zona de San Rafael, a parte de duplicar el precio total de la autopista, facilitará el acceso a la discoteca Privilege, de Matutes". "En San Antonio –continúan- la ruta se desviará para facilitar el acceso a un hotel rural de reciente apertura", también propiedad de Matutes. Así pues, podría tratarse de unos posibles hechos delictivos que englobarían prevaricación, tráfico de influencias e información privilegiada.
Algo que comparte la plataforma No volem autopista, al afirmar que "Matutes está detrás de todo. Se le expropiará, si no se ha hecho ya, los terrenos de la autopista del aeropuerto al precio que él desea, cubrirá todos los accesos que tiene en la Playa d’en Bossa, se respetarán al máximo todas sus propiedades, con salidas en sus terrenos, y, para colmo, decidirá, a través, desde luego, de su propia hija, Stella, lo que más le conviene en cada momento".
Por otra parte, según informan, la adjudicación de las obras a Fomento Construcciones y Contratas (FCC), presidida por José Mayor Oreja, hermano del portavoz del grupo Popular en el Parlamento Europeo, y de la que el propio Matutes es miembro del consejo de administración, hace que el ex ministro alcance "sin trabas oficiales sus objetivos".
24. ISLAS BALEARES: EL ALCALDE DEL PP DE SANT JOSEP (IBIZA) REABRE UNA EMPRESA QUE EL MISMO CERRÓ PARA ASFALTAR UN NEGOCIO DE SU PROPIEDAD
El alcalde de Sant Josep, José Serra Escandell, autorizó, mediante un decreto de Alcaldía -es decir, por su propia y exclusiva decisión-, revocar la orden de precinto de la planta asfáltica de MAB que había aprobado anteriormente él mismo. La decisión del alcalde de desprecintar se produjo cuando el juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palma ya había confirmado la plena validez de una anterior orden de desmantelamiento y, por tanto, la mantenía vigente.
Pero lo increíble de este caso que el alcalde, José Serra, se aprovechó de la situación al utilizar esta fábrica ilegal para asfaltarse un negocio de náutica que tiene en el municipio de Vila.
El día 24 de junio, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento requirió a la empresa mallorquina MAB para que desmantelara la maquinaria y todas las instalaciones que tiene junto a la carretera de Sant Josep, recordándole que no estaba autorizada para utilizar la planta con destino a otras obras que no fueran la reforma de la carretera de Sant Josep, pues había sido aprobada con el exclusivo fin de atender esta obra y ninguna otra distinta a ella. El desmantelamiento de las instalaciones debía hacerse efectivo, como muy tarde, el 15 de agosto. Durante ese mes de agosto, MAB interpuso un recurso contencioso administrativo contra la orden de cierre y pidió la suspensión cautelar de la misma. En un primer momento, el juzgado admitió la petición de MAB, pero finalmente, un auto dictado el 17 de septiembre dió la razón al Ayuntamiento de Sant Josep y estableció que la orden de desmantelamiento es correcta. Menos de una semana después, el alcalde actúa en consecuencia y firma el decreto de precinto.
Sin embargo, el día 30 de septiembre el alcalde de Sant Josep, mediante un decreto de Alcaldía y al margen del resto del equipo de gobierno, toma la decisión personal de autorizar a MAB a mantener abierta la planta durante diez días, atendiendo una solicitud hecha por la empresa. El pretexto de la autorización es permitir a la compañía mallorquina «vaciar los depósitos» de aglomerado.
Cuando la planta ya lleva veintiún días `vaciando´ sus depósitos, el 20 de octubre, y sus camiones y maquinaria siguen trabajando a pleno rendimiento tanto de día como de noche, el alcalde de Sant Josep utiliza sus servicios para asfaltar un negocio de náutica que explota en un polígono industrial de Vila. En concreto, pavimenta una explanada de casi 1.000 m2 y un camino de acceso. Además, lo hace sin disponer de la preceptiva licencia municipal de obras, motivo por el cual el Ayuntamiento de Eivissa ya ha abierto diligencias previas antes de abrir expediente sancionador.
