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ÍNDICE

1. AZNAR NO LAMENTA EL FRACASO DE LA CONSTITUCIÓN EUROPEA.

2. AZNAR AFIRMA QUE EL NUEVO ESTATUTO CONDUCIRÁ A UN "CAMBIO DE RÉGIMEN".

3. TVE PERDÍA CASI 20.000 € POR HORA EL ÚLTIMO AÑO DE AZNAR.

4. CINCO AFILIADOS DE LA AVT PIDEN LA BAJA POR DISCREPANCIAS CON ALCARAZ.

5. La Conferencia Episcopal apoya la manifestación contra la reforma educativa.

6. C. ANDALUCÍA. EL PP RECURRE LA LEY ANDALUZA DE PARIDAD ELECTORAL PORQUE "ATACA EL PLURALISMO".

7. C. ANDALUCÍA. ADMITIDA LA QUERELLA CONTRA 2 EX DELEGADOS DE LA ZONA FRANCA.

8. C. ANDALUCÍA. EL ALCALDE DE LANJARÓN NO DIJO LA VERDAD: ESTABA CON ARENAS DURANTE LA REUNIÓN POR EL INCENDIO.

9. C. MADRID. ANA BOTELLA RESPALDA A RAJOY Y DICE QUE NO CASARÁ A GAYS.

10. C. MADRID. PRIVATIZACIÓN TOTAL DE LA FUNERARIA.

11. C. MADRID. EL DÉFICIT MUNICIPAL DE MAJADAHONDA ES DE 35 MILLONES DE €.

12. C. MADRID. EL EX CONSEJERO DEL CAMPO DE LAS NACIONES DEJÓ 70.000 € SIN JUSTIFICAR.

13. C. MADRID. LA SANIDAD PÚBLICA ACUMULA ESPERAS DE MÁS DE UN AÑO PARA HACER MAMOGRAFÍAS.

14. C. VALENCIANA. ARIAS CAÑETE FUE ALERTADO EN 2000 DE QUE FABRA PROSEGUÍA SUS PRESIONES A AGRICULTURA.

15. C. VALENCIANA. CAMPS ELUDE RESPALDAR A FABRA TRAS LAS EVIDENCIAS DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS.

16. C. VALENCIANA. UN JUEZ ABRE INVESTIGACIÓN POR UN PRESUNTO DELITO FISCAL EN LOS PAGOS OPACOS DEL IVEX A JULIO IGLESIAS.

17. C. VALENCIANA. EL PP DE ORIHUELA SE ROMPE Y EL ALCALDE QUEDA EN MINORÍA.

18. C. VALENCIANA. SANIDAD CEDE LA ATENCIÓN ONCOLÓGICA DE LA MARINA BAIXA AL SECTOR PRIVADO.

19. C. BALEAR. MATAS OBLIGA AL ALCALDE DE CALVIÀ A CEDER ANTE LOS NACIONALISTAS DE UNIÓ MALLORQUINA.

20. C. CANARIAS. EL PRESIDENTE DEL PP CANARIO ADMITE QUE VIAJÓ EN UN 'JET' PRIVADO.


 

1. AZNAR NO LAMENTA EL FRACASO DE LA CONSTITUCIÓN EUROPEA.

Europa está en crisis, como lo prueba el rechazo al Tratado Constitucional de la UE. José María Aznar abrió con este argumento la segunda sesión de la Universidad de Verano del Partido Popular Europeo (PPE), que se celebra en Lisboa. «La Constitución se terminó, está muerta y a mí no se me cae una lágrima por ello», afirmó.

Para el ex presidente del Gobierno no es comprensible que los mismos líderes políticos que llegaron a un consenso sobre el Tratado «a los tres meses digan que no están de acuerdo».

«La Constitución Europea ha fracasado porque sus principales mentores intentaron engañar a los ciudadanos europeos», interpretó Aznar, recuperando el espíritu que mantuvo durante las negociaciones de este texto, en las que propugnaba un reparto de poder similar al del Tratado de Niza que, según aseguró , «nadie ha demostrado que no sirva para gobernar».

Pero este fracaso para él no es más que uno de los muchos problemas que afectan a una Europa «declinante», sometida a una triple debilidad: política, económica y militar. Defendió la creación de un bloque económico con EEUU y criticó que en la UE se haya institucionalizado una oposición hacia Norteamérica cuando «si Europa existe es por la garantía de seguridad atlántica».

Además, y bajo la premisa del respeto a las raíces cristianas, propuso que fuesen definidos límites a la UE y se debata «hasta dónde es posible que siga haciendo admisión de socios con capacidad de adaptación», y cuestionó la conveniencia de integrar a Turquía como país comunitario. Para Aznar, es urgente definir nuevas políticas de inmigración y sobre terrorismo porque «la inmigración cambiará nuestras sociedades. No se puede olvidar que los terroristas de Londres y de Madrid vivían en Europa».

2. AZNAR AFIRMA QUE EL NUEVO ESTATUTO CATALÁN CONDUCIRÁ A UN "CAMBIO DE RÉGIMEN".

Durante la presentación de un libro en conmemoración del centenario del nacimiento del liberal francés Raymond Aron, José María Aznar elevó el listón de la censura sobre el Estatut de Cataluña.

Ante Rajoy, que ofició de presentador del libro, Aznar afirmó que España se enfrenta a un "riesgo real de fractura nacional". Y ese riesgo de ruptura puede eclosionar ya en Cataluña: "Esta semana probablemente se den los pasos decisivos para un cambio de régimen, sin mandato ni consentimiento de nadie", proclamó. Rajoy tomó entonces la palabra para descalificar la política exterior española. Al final se ofreció, a sí mismo y a su partido, para "dar la batalla de España".

Por la mañana, en el Comité Ejecutivo del PP, Josep Piqué, presidente catalán de los populares, confesó que no tiene "ni idea" de qué ocurrirá con el Estatuto. Piqué sólo se atrevió a desear que el Estatuto embarranque en Cataluña dado que, "además de inconstitucional, es el texto más intervencionista" que él conoce. Confirmó que votará en contra de todos los artículos, salvo de "aquellas modificaciones que haya introducido el PSC para que el texto sea algo menos inconstitucional".

El Estatuto catalán ocupó la mayor parte de la reunión del Comité Ejecutivo del PP. Hubo una decena de peticiones de palabra, pero nadie preguntó nada ni expresó opinión alguna sobre el recurso a la ley de matrimonios homosexuales que va a presentar ese partido, tal como Rajoy anunció.

Sobre el Estatuto y el último ataque de ETA sí hubo numerosas opiniones, todas para remachar la posición del PP. Acebes declaró tras la reunión: "No estamos ante una reforma estatutaria sino ante un proyecto de Constitución para Cataluña. Además, a través de ese proyecto constitucional se pretende reformar la Constitución española y el Estado de las Autonomías tal y como lo conocemos".El Comité Ejecutivo convocó, , para los días 3, 4 y 5 de marzo la Convención para renovar los mensajes del PP.

3. TVE PERDÍA CASI 20.000 € POR HORA EL ÚLTIMO AÑO DE AZNAR.

El Gobierno del PP dejó en su último año de mandato, el 2003, un descomunal agujero. Una auditoría realizada por la Intervención Delegada de Hacienda en el ente público RTVE revela que las pérdidas fueron ese año de 19.324 € por hora. Cada hora de emisión TVE gastó 63.641 € e ingresó tan solo 44.317. La auditoría revela algunos detalles llamativos en la gestión de aquel año, en la que los responsables de TVE actuaron como si estuvieran convencidos de que el PP volvería a ganar las elecciones. Las ediciones 2 y 3 de Operación Triunfo fueron un fiasco de audiencia que costó más de 13 millones de €. Se compraron series con contratos absolutamente favorables para las productoras, en contra de todos los usos del mercado. Los programas deportivos supusieron importantes pérdidas, sobre todo la Vuelta Ciclista a España y varios partidos de la Champions.

4. CINCO AFILIADOS DE LA AVT PIDEN LA BAJA POR DISCREPANCIAS CON ALCARAZ.

Los cinco integrantes de la junta directiva de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT) solicitaron la baja como socios de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) por discrepar de los planteamientos de su presidente, Francisco José Alcaraz, y por no sentirse representados por éste. El detonante del cese han sido las declaraciones realizadas hace unos días por Alcaraz en las que abordaba diversas cuestiones políticas, y mostraba su oposición a que la junta de la asociación catalana se entrevistase con el lehendakari Juan José Ibarretxe o el secretario general de ERC, Josep Lluís Carod Rovira.

La junta directiva de la ACVOT considera que Alcaraz "sólo se preocupa por su propia promoción política y mediática" y "olvida los problemas reales de las víctimas, que dice representar", que deberían ser, añaden, "la única finalidad" de una asociación de estas características. ACVOT fue creada en junio de 2003 al discrepar de la renovación en la dirección de la AVT, y desde entonces ha mantenido planteamientos más flexibles y dialogantes. Así, por ejemplo, la ACVOT, está a favor del diálogo entre el Gobierno y ETA si la organización terrorista deja de matar definitivamente y no se excarcela a los presos.

Entre los afiliados de la ACVOT hay familiares y víctimas de organizaciones terroristas de diverso signo. Los vocales que han causado baja son: José Vargas, herido en el atentado de ETA a los almacenes Hipercor de Barcelona en junio de 1987; David Bisbal, hijo de un policía municipal de Sabadell asesinado por el Grapo en 1979; María Carmen López, que quedó inválida por la explosión de un artefacto de Terra Lliure en 1992, y Rosa Lorés, herida en el atentado perpetrado por la extrema derecha contra la revista satírica El Papus, en 1977. El vicepresidente de la asociación catalana es Roberto Manrique, herido en el atentado de Hipercor y que fue expulsado el pasado mayo de la AVT por censurar a Alcaraz. Manrique recordó que la ACVOT nunca se ha entrevistado con Ibarretxe ni con Carod.

5. La Conferencia Episcopal apoya la manifestación contra la reforma educativa.

Lo más granado del episcopado español está reunido en Madrid para preparar la batalla eclesiástica contra la reforma educativa que el Gobierno socialista remitió antes del verano al Congreso y que éste debatirá en octubre. Las relaciones de la Iglesia católica con el Ejecutivo "no están claras", hay "muchas dificultades para lograr acuerdos", dijo el obispo Antonio Dorado poco antes de iniciar sus trabajos la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, a la que pertenecen dos cardenales, siete arzobispos y trece obispos. Dorado mostró su apoyo a la manifestación contra la reforma educativa que prepara para noviembre la Confederación Católica de Padres de Alumnos.

Antonio Dorado es obispo de Málaga, preside desde marzo pasado la Comisión de Enseñanza y Catequesis de la Conferencia Episcopal y no figura entre los halcones del episcopado. Pero dio por sentado que la jerarquía española apoyará todas las movilizaciones contra el Gobierno anunciadas antes del verano por la Confederación Católica de Padres de Alumnos y de Familia (Concapa), a causa del proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE). El propio Dorado no descartó acudir en persona a la manifestación contra esa reforma, sin fecha todavía, como hicieron una veintena de prelados, entre ellos el cardenal Antonio María Rouco, cuando el Foro Español de la Familia tomó las calles de Madrid, el 18 de julio pasado, para protestar contra la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo.

La ofensiva episcopal contra el actual Gobierno viene de lejos, pero tomó caracteres de ruptura total cuando el Ejecutivo socialista decidió legalizar el matrimonio homosexual e introducir reformas en la LOE sin negociar antes con la Conferencia Episcopal.

El último acto del enfrentamiento se produjo cuando el Ejecutivo remitió a las Cortes el proyecto de ley educativa, el mismo día, viernes 22 de julio pasado, en que estaba convocada por la mañana (y anunciada a la prensa) una reunión de la Comisión Mixta Gobierno-Conferencia Episcopal para limar discrepancias y llegar a posibles acuerdos.

La manifestación convocada por la Concapa para el mes de noviembre tendrá el apoyo de la Conferencia Episcopal, aunque "todavía está por decidir", precisó el máximo responsable de la política educativa episcopal. "Yo creo que aunque no la promueva la Conferencia Episcopal, esa manifestación es legítima y hay motivos para ella". Sobre si tiene previsto acudir a la misma dijo: "No lo sé, todavía no lo he decidido".

6. C. ANDALUCÍA. EL PP RECURRE LA LEY ANDALUZA DE PARIDAD ELECTORAL PORQUE "ATACA EL PLURALISMO".

El PP considera que la presentación de listas electorales en la que se alternen hombres y mujeres vulnera el derecho a la igualdad y es "un ataque frontal contra el pluralismo". A su juicio, la paridad en las candidaturas daría pie a que otros grupos sociales demandaran lo mismo por lo que con "semejante tendencia distributiva, se primaría la disolución del interés general en un conjunto de intereses parciales, más cercanos al corporativismo de regímenes antidemocráticos que a la libertad de la democracia representativa". Así consta en el recurso de inconstitucionalidad contra la ley Electoral de Andalucía, firmado por 62 diputados del PP (14 son mujeres) y registrado en el Tribunal Constitucional.

La demanda, admitida a trámite, va contra el artículo 2 de la Ley Electoral de Andalucía, cuya reforma se aprobó el 30 de marzo con el voto de PSOE, IU y PA, y la abstención del grupo popular. El recurso está firmado por varios diputados andaluces, pero no por el presidente del PP regional, Javier Arenas.

Los fundamentos de derecho que esgrime el PP son muy similares -hay párrafos idénticos- a los empleados por este partido y el Gobierno de José María Aznar en otros recursos presentados contra leyes autonómicas de paridad electoral del País Vasco, Baleares y Castilla-La Mancha. En concreto, el PP plantea inconstitucionalidad por el artículo 2 en el que se afirma que en las candidaturas al Parlamento andaluz "se alternarán hombres y mujeres". Para los recurrentes, la lista cremallera "veta la posibilidad de formar parte de candidaturas", "vulnera el derecho a la igualdad por razón de sexo", al tiempo que considera "extremadamente dudoso que un determinado género parta de una situación de postergación". Los populares creen que los artículos vulnerados son el 149.1, 6, 14, 23.2 y 68.5.

Por su parte, el presidente regional del PP, Javier Arenas, admitió sobre la decisión del PP de recurrir la ley Electoral andaluza: "A mí es que ni me lo plantearon porque es una decisión que tenía tomada la dirección nacional hace mucho tiempo". Según Arenas, el PP nacional tiene decidido recurrir las leyes de estas características, aunque reiteró que en esta ocasión "ni me plantearon la posibilidad" de firmarlo. "A mí me parece que cuando se dice que hay una cosa que es inconstitucional hay que defenderlo, y eso me parece una posición correcta", respondió el dirigente popular a la pregunta de si le parecía bien que desde la dirección del PP se haya recurrido. Arenas agregó que cuando se habla de paridad "la defiendo para todo en la vida", por lo que adelantó que intentará que en las listas electorales del PP haya más mujeres que hombres "si encuentro a mujeres valiosas, que hay en este momento muchísimas en el partido".

7. C. ANDALUCÍA. ADMITIDA LA QUERELLA CONTRA 2 EX DELEGADOS DE LA ZONA FRANCA.

Los ex delegados del PP en la Zona Franca de Cádiz, Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna, tendrán que responder de su gestión ante los tribunales. El Juzgado de Instrucción nº 4 de Cádiz admitió a trámite la querella criminal que presentaron conjuntamente a principios del pasado mes de agosto la Abogacía General del Estado y el recinto fiscal gaditano por los contratos millonarios que suscribió este organismo con las empresas Miami Free Zone y Telvent para crear una red informática que nunca existió.

A Rodríguez de Castro se le acusa de varios delitos de apropiación indebida, malversación de fondos públicos, fraude, prevaricación y exacciones ilegales. La acción penal contra Osuna es por un presunto delito societario. Ambos llegaron al cargo de la mano de la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez. La querella incluye también a los empresarios Germán y Carmen Leiva, a quienes el abogado del Estado José Ignacio Monedero acusa, junto con Rodríguez de Castro, de crear la empresa ficticia Miami Free Zone, a la que adjudicaron un contrato millonario para supuestamente "apropiarse indebidamente" de 4,2 millones € de Rilco, una sociedad de la Zona Franca que apenas registró actividad y con un balance deficitario desde que la creó Rodríguez de Castro en 1998.

Esta múltiple querella incluye además a Telvent Interactiva, filial de Abengoa que recibió un contrato de 2,5 millones para colaborar en la creación la red informática que nunca llegó a funcionar. Según la Zona Franca, "existen indicios de que participó en la maquinación fraudulenta". A Osuna se le acusa de mantener este contrato y autorizar los últimos pagos, pese a que tuvo conocimiento del supuesto fraude tras encargar varios informes.

El delegado de la Zona Franca, José de Mier, valoró que los delitos denunciados, cometidos supuestamente desde diciembre de 2000, no prescribirán tras la admisión de esta querella. Para De Mier, el "demoledor" informe de la Abogacía del Estado constata que "pudo haber un cierto manejo de caudales públicos en una contratación que, desde el principio, no estuvo nada clara". Ésta es la segunda querella admitida por la justicia contra la gestión del PP en la Zona Franca.

8. C. ANDALUCÍA. EL ALCALDE DE LANJARÓN NO DIJO LA VERDAD: ESTABA CON ARENAS DURANTE LA REUNIÓN POR EL INCENDIO.

Vecinos de Lanjarón vieron al alcalde de la localidad, José Rubio, del PP, tomar cervezas en el bar de su hermano con el presidente regional del PP, Javier Arenas, en el momento en el que se celebraba en Granada la reunión entre la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, y los alcaldes de los pueblos afectados por el incendio que calcinó más de 2.600 hectáreas en Sierra Nevada. El alcalde ha ofrecido desde entonces en los medios de comunicación varias excusas por las que no acudió a la cita. La primera fue la convocatoria. Según Rubio, fue avisado de la reunión media hora antes.

Distintas fuentes de la Junta de Andalucía han confirmado que los alcaldes afectados sabían desde la tarde anterior que la consejera se reuniría con ellos al día siguiente. La delegada de Gobierno de la Junta en Granada, Teresa Jiménez, confirmó que, el viernes por la tarde, la Junta "tuvo un contacto con todos ellos y se les avisó de la reunión con Fuensanta Coves". Fuentes cercanas a la propia consejera han confirmado, además, que Coves habló personalmente con Rubio y éste le confirmó su comparecencia. Tras la reunión, celebrada en la sede de la Junta en Granada, el alcalde de Lanjarón llamó a la Consejería para comunicar que "un asunto de última hora e imprevisto" le había impedido asistir al encuentro, en el que se establecieron los mecanismos a poner en marcha para evaluar los daños y arbitrar las ayudas a los municipios y a las personas afectadas.

La tercera excusa ofrecida por el alcalde para no ir a la cita, fue que "la reunión tendría que haber sido en Lanjarón para que no estuviera politizada, ya que Lanjarón es el municipio más afectado".

Varios vecinos han confirmado que en el momento en el que también Rubio dijo que no pudo acudir a Granada porque se encontraba visitando la zona con Javier Arenas, realmente se encontraba en el bar de su hermano invitando a la comitiva.

Posteriormente, el alcalde de Lanjarón, José Rubio, del PP, reconoció que no acudió a la reunión con la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, "porque tenía que atender a mi presidente".

El regidor aseguró que dejó claro que "tenía que atender" al presidente regional del PP, Javier Arenas, con el que se reunió en el Ayuntamiento y con el que posteriormente "tomó un café, que no una cerveza" en el bar de su hermano. También puso como excusa para no acudir a la reunión el que "tenía que atender a un equipo de TVE con el que había quedado".

9. C. MADRID. ANA BOTELLA RESPALDA A RAJOY Y DICE QUE NO CASARÁ A GAYS.

La concejala de Asuntos Sociales de Madrid, Ana Botella, restó importancia el alcance de la brecha abierta en el PP a raíz del recurso de inconstitucionalidad contra las bodas entre homosexuales. Botella negó que en el partido exista división sobre este asunto y se alineó con Mariano Rajoy, quien ha asumido personalmente la decisión de recurrir al alto tribunal.

Botella siempre se ha manifestado en contra de las bodas gays. La concejala, que cuando se aprobó la ley aludió a la imposibilidad de "sumar peras con manzanas" y que acusó al Gobierno de "traicionar a los españoles para complacer al poderoso lobby gay", descartó que vaya a celebrar este tipo de uniones, ya que no casa "por costumbre".

La concejala popular admitió que en su partido "hay gente que piensa de manera distinta", pero evitó opinar sobre las polémicas declaraciones de la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, que considera el recurso "inoportuno" políticamente. "Yo estoy con la dirección nacional de mi partido", afirmó. También quiso rebajar la importancia de la ley y aseguró que desde que ha entrado en vigor "sólo han sido veintitantos los que han hecho uso de este derecho". Los colectivos de gays tildan de "manipulación torticera" esta actitud y llaman la atención sobre el hecho de que resolver los expedientes de matrimonio en ciudades como Madrid dura varios meses.

10. C. MADRID. PRIVATIZACIÓN TOTAL DE LA FUNERARIA.

El Ayuntamiento de Madrid quiere vender el 51% del capital que posee en la Empresa Mixta de Servicios Funerarios (EMSF) que actualmente gestiona Funespaña, que posee el restante 49%. Al parecer, en las últimas semanas se han producido negociaciones entre los dueños de Funespaña y el presidente de la EMSF, el concejal Pedro Calvo, que podrían terminar en la venta del porcentaje que posee el Ayuntamiento a un privado, que sería en este caso Funespaña, ya que se duda que nadie quiera pujar por una empresa inmersa en un complejo proceso judicial por su primera privatización. Fuentes conocedoras de la operación indicaron que el valor del 100% de la compañía podría ser de 30.000 millones ptas.

Pedro Calvo, presidente de la EMSF, dijo que esta versión no es del todo cierta, ya que el acuerdo al que han llegado la empresa gestora y el Ayuntamiento es unir las dos participaciones y sacar a subasta pública toda la compañía. Los dos socios acordaron que el precio de salida del pliego de condiciones será el de la mejor de las tres valoraciones que realicen otras tantas sociedades especializadas. El pacto incluye la suspensión de los procedimientos judiciales, contenciosos administrativos, que mantienen los dos socios desde hace algunos años, pero en ningún caso el llamado caso Funeraria que en la actualidad tramitan los juzgados. El Ayuntamiento considera que, con el sector liberalizado, no tiene ningún sentido que la Administración sea titular de una empresa de este tipo, según añadió Calvo.

Funespaña envió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una información relativa a «los acuerdos adoptados por la Junta de Accionistas de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid S.A. (EMSFM) a propuesta de Funespaña S.A, consistentes en suspender los procedimientos judiciales en curso, enajenar en pública subasta el 100% del capital social de EMSFM y la próxima convocatoria de la Junta General de Accionistas de Funespaña, S.A. a fin de autorizar la enajenación en pública subasta de su 49% del capital social de la EMSFM o, su conservación y adquisición del 51% propiedad del Ayuntamiento de Madrid», según informó la CNMV.

Actualmente, la Justicia tramita un procedimiento, que se inició en el año 1991 tras la denuncia de Francisco Herrera (IU) por la privatización del 49% de la empresa, que fue adquirida por Funespaña a cambio de una peseta, aunque se tenía que hacer cargo de la deuda de la empresa. Funespaña también se hacía cargo de la gestión y recibía un porcentaje de los beneficios por ello. Después de un larguísimo procedimiento, y la intervención de la Fiscalía Anticorrupción, el proceso está prácticamente terminado y se piden diversas penas para Rodrigo, los hermanos Valdivia y los ex concejales Luis María Huete, Simón Viñals y Antonio Moreno. Las partes están a la espera de que se señale fecha para el juicio.

Mientras, los 580 trabajadores de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios (EMSF) han convocado movilizaciones en protesta por el anuncio de la subasta de la empresa que tiene previsto realizar el Ayuntamiento de Madrid, según dijo a este periódico Manuel Rodríguez, secretario general de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras de Madrid.

11. C. MADRID. EL DÉFICIT MUNICIPAL DE MAJADAHONDA ES DE 35 MILLONES DE €.

El Ayuntamiento de Majadahonda, gobernado por el PP, ha reconocido un déficit de 27 millones de €. Los portavoces municipales aseguran que el equipo de gobierno se queda corto, y que los números rojos alcanzan los 35 millones de €, debido a que no se contabilizan los ingresos de dudoso cobro.

El déficit apareció a partir de 2002 y se agudizó en 2004, año en que el saldo negativo aumentó en 14 millones, según datos de la oposición. Durante ese periodo era alcalde Guillermo Ortega, que dimitió en febrero pasado tras desencadenarse una crisis interna en el PP local. El antiguo regidor es en la actualidad director general del mercado Puerta de Toledo, cargo nombrado por el Gobierno regional.

La oposición municipal duda de que el déficit se pueda sanear con las actuaciones que propone el Partido Popular. Piensan que el problema económico al que se enfrenta Majadahonda es de tal magnitud que hubiera requerido un consenso entre todas las fuerzas políticas. También critican al actual alcalde, Narciso de Foxá, porque les ha entregado el proyecto de Presupuestos Generales del Ayuntamiento con sólo 48 horas para su estudio. Según Mercedes Pedreira, portavoz del Centro Democrático y Social (CDS), se parte de un sinsentido: "Aprobar los Presupuestos para 2005 cuando ya está acabando el año. Deberíamos estar discutiendo el plan para el año 2006".

Según los datos hechos públicos por la oposición, hay proveedores que no cobran. "De suministros varios falta por abonar el 40%, y de los 14 millones destinados a inversiones se ha pagado sólo la mitad. Y eso teniendo en cuenta que sólo se ha ejecutado el 37% de las inversiones previstas", indican. De Foxá explica que el retraso en la entrega de los Presupuestos se debe a que al llegar a la alcaldía en febrero pasado, al dimitir el anterior regidor, se encontró con un déficit superior al que pensaba. En cuanto al estado de las arcas municipales, el alcalde culpa al anterior concejal de Hacienda, Juan José Moreno, expulsado del PP y hombre de confianza del ex regidor de Majadahonda.

12. C. MADRID. UN EX CONSEJERO DE LA EMPRESA MUNICIPAL CAMPO DE LAS NACIONES DEJÓ 70.000 € SIN JUSTIFICAR.

Un informe pericial, encargado por el juzgado de instrucción número 46 de Madrid que investiga una denuncia por malversación de fondos del PSOE, destapa que el consejero delegado de la empresa municipal Campo de las Naciones entre 1999 y 2003, Jorge Barbadillo, dejó sin justificar más de 69.000 €, cobró indebidamente dietas y retribuciones y viajaba por el extranjero, siempre a cargo de la empresa, con personas sin relación con la sociedad municipal.

Barbadillo, a costa del presupuesto público, ha disfrutado así de "visitas turísticas, safaris fotográficos y visitas a templos y excursiones". El consejero, siempre según los peritos, no se limitaba a visitar una ciudad en concreto durante su viaje oficial, sino que "se puede constatar que el viaje a Hong Kong [China] incluía una visita a Bangkok [Tailandia], el viaje a Finlandia incluía San Petersburgo [Rusia], el viaje a Milán incluía Roma, Nápoles y Pompeya, y el viaje a Cancún [México], Miami [EE UU]".

Los peritos recuerdan que Barbadillo disponía de dos tarjetas de crédito como consejero delegado: una Visa y una American Express. Con ambas gastó 83.208 €. De este dinero, y después de recibir una advertencia del interventor municipal en 2003, devolvió 7.457 €. Siempre según el informe firmado por los dos peritos judiciales, Barbadillo no ha aportado ningún justificante de "gastos cargados" a las tarjetas de crédito por importe de 59.282,57 €. Además, entregó justificantes de otros 5.693 €, pero eran simples "fotocopias" de recibos, mientras que en el caso de otros 8.000 € gastados en restaurantes no constaba el "motivo de la comida".

Los expertos judiciales mantienen que Barbadillo comió en restaurantes "cargados en distintos sitios y fechas que no constan en la relación de viajes". Los peritos mencionan restaurantes de Venecia, Nueva York, Florencia y Génova, compras en Austria, museos de París y gastos en Cuba. En total, 7.104 €. Barbadillo, en sólo dos años, realizó 15 viajes al extranjero. Dos de ellos a congresos en Chicago y Hong Kong, uno a una feria de Londres y cuatro visitas más para inspeccionar instalaciones de Milán, Valencia, Helsinki y Turquía.

De otros viajes a Londres, París, Cancún, Australia, Johanesburgo (Suráfrica), Nueva York, El Cairo y Canadá, los auditores no encuentran justificación alguna. En algunos viajes, como en el de El Cairo, le acompañaron seis personas, mientras que al de Suráfrica, otras tres. En total, los peritos afirman que Barbadillo debería reintegrar, por ello, unos 23.000 €. Señalan, por ejemplo, que "se ha constatado que no coincide el número de viajeros de la relación de los periplos con la documentación de la agencia". Así en los viajes de Hong Kong y Turquía fueron dos personas de más y a Milán, cuatro. Curiosamente, dicen los peritos judiciales, cuando el consejero delegado iba a ver "instalaciones técnicas" no se llevaba con él a los técnicos de la empresa: ni al arquitecto ni al ingeniero.

En cuanto a las retribuciones que recibía Barbadillo como consejero, los peritos señalan que eran de 12 millones de pesetas (72.000 €) como "remuneración bruta anual por todos los conceptos" y que no tenía derecho a ningún otro cobro "por dietas de asistencia al consejo" de administración.

Sin embargo, el consejero delegado cobró entre 1999 y 2003 unos 56.000 €, de los que ha reintegrado 28.000. Entre los años 1999 y 2000, Barbadillo cobró por todos los consejos de administración a los que asistía, pero en junio de 2000 "dejó de percibir tales dietas, aunque su nómina se incrementó por el mismo importe en concepto de indemnizaciones-dietas, con la particularidad de que se trata de una retribución fija mensual más".

Respecto a la política de personal del Campo de las Naciones, ésta "se define por numerosos saltos de categoría, elevados incrementos de sueldo, que rondan el 32% entre 2000 y 2001". El responsable de Personal del Campo de las Naciones, Norberto Tena, reconoció "que no existe ningún procedimiento de selección (ni entrevista ni prueba), siendo el consejero delegado el encargado de seleccionar al personal y aprobar cada contratación".

13. C. MADRID. LA SANIDAD PÚBLICA ACUMULA ESPERAS DE MÁS DE UN AÑO PARA HACER MAMOGRAFÍAS.

La gran promesa de este año de la presidenta del Gobierno regional en la Asamblea de Madrid tiene que ver de nuevo con la sanidad. Si Esperanza Aguirre se comprometió a rebajar la lista de espera quirúrgica, ahora asegura que ninguna mujer de la región tardará más de 40 días en someterse a una mamografía solicitada por su médico. Aguirre tiene por delante una difícil tarea porque los datos son preocupantes. En estos momentos los hospitales públicos de la Comunidad acumulan esperas de más un año para hacer mamografías, una prueba fundamental para diagnosticar el cáncer de pecho.

La propia Consejería de Sanidad sostiene que ni ella dispone de "un sistema fiable para conocer las demoras para la realización de una mamografía". "Un cálculo aproximado de la espera media es de 80 días para una mamografía. Pero éste es un cálculo aproximado", insiste una portavoz de Sanidad. La Consejería de Sanidad recurrirá a las clínicas privadas para aliviar las listas de espera.

14. C. VALENCIANA. ARIAS CAÑETE FUE ALERTADO EN 2000 DE QUE FABRA PROSEGUÍA SUS PRESIONES A AGRICULTURA.

La documentación remitida por el Ministerio de Agricultura al juzgado que investiga al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por un delito fiscal y otro contra la Administración no sólo evidencia las presiones en 1999 de sus allegados sobre el ministro de Agricultura Jesús Posada. El sucesor de éste, Miguel Arias Cañete, recibió un informe del director general de Agricultura, en julio de 2000, en el que le advertía: "Las presiones políticas de los parlamentarios y del presidente de la Diputación de Castellón por los asuntos de Naranjax continúan".

La nota fue enviada por el director general de Agricultura, Rafael Milán. Respondía a la orden de la jefa del gabinete del ministro Arias Cañete, Catalina de Miguel, quien le había hecho llegar un acusatorio relato de Naranjax sobre supuestas trabas que hallaba para legalizar sus productos: "Rafael, me están llamando continuamente en relación con este tema, y dentro de poco el ministro tendrá que recibir a estos señores. ¿Podrías hacerme llegar unas notas con tus observaciones al respecto".

Milán le hizo llegar dos notas. Ambas, sin firma. La primera, de 28 de junio de 2000, alertaba de que Naranjax se empeñaba en "obtener sus autorizaciones por influencias políticas, y éste es un sistema nada deseable puesto que no se podría pedir un comportamiento digno a unos funcionarios a quienes se les presionase a emitir dictámenes, firmados por ellos mismos, para favorecer a quienes tienen acceso a personalidades influyentes de la política".

Pero una "nota complementaria sobre el dossier Naranjax", elevada por Milán al ministro el 20 de julio, ya puso nombre a los políticos que asediaban a los funcionarios. El informe relataba las presiones o quejas de Vicente Vilar -dueño de Naranjax que pagó supuestos asesoramientos de Fabra en 1999, y cuyas esposas crearon la empresa Artemis 2000 para comercializarlos- sobre Agricultura bajo el mandato del ministro socialista Vicente Albero y de la ministra del PP Loyola de Palacio. Y recogía una reunión en el verano de 1996 de Vilar con el director general de Agricultura Ramón Vázquez. La cita fue "desagradable". Naranjax no aportó pruebas. Luego envió "cartas amenazantes". Posteriormente, según la nota, Vilar contactó con el jefe de gabinete de la ministra "para que se examinara el producto Abac" tanto por parte de directivos del ministerio como de la Generalitat valenciana. "Ante la tensión creada", Agricultura consideró que "la situación se podría desbloquear con un informe de la Generalitat valenciana sobre la capacidad de Naranjax para fabricar los productos en cuestión, y procedió a solicitarlo".

La inspección de la Generalitat sobre la planta de Naranjax se produjo el 12 de enero de 1999. Y se tradujo en un escrito que, según el informe elevado a Arias Cañete, "informa de la existencia de sustancias activas procedentes de China e India, para los cuales Naranjax no había solicitado el registro, lo que pudo motivar la incoación del oportuno expediente sancionador de la Generalitat valenciana, sobre lo que se carece de información". El informe agregaba que "de todas las demás incidencias, incluido el extravío de la valija entre las consellerías de Sanidad y de Agricultura también se carece de información".

La nota remitida por Milán al gabinete de Arias Cañete denunciaba el "acoso" para que "el director general de Agricultura firmase una resolución de autorización sin que se hubiese producido dicho informe preceptivo [del Ministerio de Sanidad]". Y, a renglón seguido, destapaba la caja de los truenos: "En el momento actual, las anteriores presiones políticas de los parlamentarios y del presidente de la Diputación de Castellón por los asuntos de Naranjax continúan.

Prueba de ello es que en los últimos meses el subdelegado del Gobierno en Castellón [Vicente Sánchez-Peral] ha mantenido varias entrevistas con el director general de Medios de Producción Agrícolas y con el director general de Agricultura para interesarse por la situación de nuevos expedientes de Naranjax, presentados en su nombre y en el de otras empresas". "Resulta llamativo", proseguía la nota, "que Vilar esté continuamente implicando a personas conocidas de la vida pública (el ex ministro Vicente Albero, el señor Alegre, de la plaza de toros de Castellón; el presidente de la Diputación de Castellón y los senadores de esa provincia, la entonces ministra de Agricultura) para que intercedan en la resolución de problemas que él mismo crea".

La nota concluía pidiendo ayuda a Miguel Arias Cañete frente a tal ofensiva respaldada por cargos populares sobre el funcionariado de Agricultura: "Es necesario que el ministerio, previas las comprobaciones pertinentes, les defienda de las injurias que viene vertiendo impunemente en la Prensa y ante los diputados, senadores, el propio ministro y posiblemente ante el presidente del Gobierno, aprovechando la recepción de verano que organiza el presidente de la Diputación de Castellón, como así se ha filtrado en su momento a dichos funcionarios (...) Este tipo de presiones también ha llegado hasta los funcionarios del Ministerio de Sanidad y Consumo".

15. C. VALENCIANA. CAMPS ELUDE RESPALDAR A FABRA TRAS LAS EVIDENCIAS DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS.

Las fiestas veraniegas con las que el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, obsequió al anterior presidente del Gobierno, José María Aznar, durante sus vacaciones en les Platgetes, preocupaban a los funcionarios del Ministerio de Agricultura que desde 1996 tenían sobre la mesa una patata caliente: tramitar los permisos fitosanitarios para un empresario de Castelló, Vicente Vilar. Este no cejaba en su empeño con el fin de lograr la aprobación de sus productos insecticidas.

Un informe que la Dirección General de Agricultura elevó en julio de 2000 al entonces ministro, Miguel Arias Cañete, en poder del Juzgado de Instrucción Número 1 de Nules, da cuenta de la enorme preocupación entre los funcionarios a causa de las «amenazas» de Vilar y sus «presiones».

En el documento, el director general de Agricultura, Rafael Milán, insta a Cañete a que «defienda» a los funcionarios «de las injurias que el señor Vilar viene vertiendo impunemente en la prensa y ante los diputados, senadores, el propio ministro y posiblemente ante el presidente del Gobierno [Aznar], aprovechando la recepción de verano que organiza el presidente de la Diputación de Castelló, como así se ha filtrado en su momento a dichos funcionarios».

En su declaración como imputado, Vilar aseguró a la juez que Fabra visitó al menos una vez la Moncloa para hablar con Aznar de los productos de Naranjax. Además, Vilar y el propio Fabra visitaron otra vez La Moncloa, aunque finalmente el ex presidente del Gobierno estaba de viaje y fue el secretario de Estado de Comunicación, Alfredo Timmermans, quien salió a recibirlos, según testimonios del propio Vilar.

El informe del ministerio describe el grado de preocupación de los funcionarios: «Aunque los intermediarios de Naranjax actúan de forma correcta, los funcionarios responsables de la gestión han trabajado discretamente, dando quizás al señor Vilar por desequilibrado o por algo menos tolerable, pero en todo caso han estado sometidos a una presión continuada que excede de lo soportable». El temor de los funcionarios se debía a que Vilar, al no conseguir que el Abac fuera aprobado, acusaba a los organismos públicos de favorecer a ciertas grandes empresas. Según el informe, Vilar había llegado a propagar el rumor de que algunos funcionarios habían cobrado 100 millones de las antiguas pesetas mientras que otra sociedad tenía como infiltrados en el ministerio a sus propios «testaferros».

16. C. VALENCIANA. UN JUEZ ABRE INVESTIGACIÓN POR UN PRESUNTO DELITO FISCAL EN LOS PAGOS OPACOS DEL IVEX A JULIO IGLESIAS.

Siete años, ocho meses y tres semanas después de que la Generalitat presidida por Eduardo Zaplana fichó, a través del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX), al galáctico Julio Iglesias para que hiciera de embajador comercial de los productos valencianos en el exterior, un juez de instrucción de Valencia ha abierto diligencias para aclarar si se cometió delito fiscal en los pagos al artista. El que había sido telonero de la campaña de Aznar percibió en virtud de un contrato «b» -oculto a la opinión pública y a las Cortes- 990 millones de pesetas. Una cantidad «neta, libre de impuestos», según el propio documento clandestino, que era muy superior a los 375 millones que el Consell vendió como remuneración oficial. Por mor de esa cláusula de indulto fiscal, el cantante fue eximido del pago de unos 247,5 millones de pesetas.

El IVEX abonó a lo largo de 1998 y 1999 y en concepto de organización de los conciertos y certámenes feriales en el extranjero, otras cantidades millonarias al menos a dos empresas vinculadas al artista y radicadas en paraísos fiscales: International Concert (domiciliada en Islas Vírgenes Británicas) y Midway International (República de Irlanda). Los pagos se hicieron en cuentas secretas radicadas en bancos caribeños, como la oficina de UBS en Nassau (Bahamas).

El titular del juzgado de instrucción nº 19 de Valencia, Luis Carlos Presencia Rubio, ha abierto diligencias a raíz de la querella presentada ante el Tribunal Supremo en mayo de 2004 por los presuntos delitos de malversación de caudales, falsedad documental y fraude fiscal contra el cantante y los responsables políticos de una operación que apadrinó Eduardo Zaplana, según se desprendía de documentos que manejados durante la negociación. El Supremo remitió la querella a los juzgados de Valencia.

El asunto ha acabado en manos del juez Presencia Rubio, porque en su día ya inició actuaciones a raíz de otra denuncia. El magistrado, que ha trasladado la resolución al fiscal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), explica en el auto que exigirá a Bancaja que «justifique la autorización por parte del Banco de España de las emisiones» de cheques en divisas que fueron librados a favor del cantante. En su intento de aclarar la cuestión fiscal, el juez se dirigirá al delegado de la Agencia Tributaria en Valencia para que informe al juzgado sobre si «respecto a los pagos efectuados por el IVEX a la persona de Julio Iglesias se han seguido actuaciones de algún género y su resultado, así como si tales pagos fueron oportunamente liquidados ante la Agencia Tributaria».

De igual modo, se solicitarán a la Intervención General de Economía y Hacienda de la Generalitat «las conclusiones de los informes correspondientes sobre la auditoría o examen de las cuentas presentadas por el IVEX durante 1998 y 1999». En el auto de incoación de diligencias también se apunta que se pedirán a la Sindicatura de Cuentas los informes de los ejercicios en los que se formalizaron los pagos.

Los querellantes acudieron directamente al Tribunal Supremo por la condición de aforado que ostenta el ex presidente Eduardo Zaplana, portavoz del PP en el Congreso. Inicialmente la querella se dirigía también contra Julio Iglesias, José María Tabares, el ex conseller Diego Such, el representante del artista, Luis Fernando Esteban, y los consejeros de administración del IVEX entre 1997 y 2000. La Sala Segunda del Supremo entendió que el asunto debía remitirse a Valencia y si se acreditaba la participación de Zaplana, se elevaría a Madrid. Los impulsores de la querella ampliaron la acusación al que fue director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), José Manuel Uncio, quien, en nombre de Zaplana, negoció el contrato con el representante de Julio Iglesias.

Presencia Rubio exime en principio de responsabilidad a toda la nómina de querellados, salvo a José María Tabares. La documentación aportada «evidencia la existencia de determinados pagos realizados en divisas (...) sin ningún tipo de previa liquidación o imputación a tal o cual concepto de los documentos suscritos por las partes...». El auto señala que es el «pagador» quien debe hacer la «correspondiente retención a efectos fiscales». El juez argumenta que como «el obligado es la entidad pagadora (...) el señor Tabares como representante de la misma» es quien tendrá que «asumir la carga que impone el dirigir un procedimiento penal contra él, con exclusión en este inicio de cualquier otra persona». Por eso lo llama a declarar «en calidad de imputado».

17. C. VALENCIANA. EL PP DE ORIHUELA SE ROMPE Y EL ALCALDE QUEDA EN MINORÍA.

El equipo de gobierno del PP en Orihuela se rompió en dos. El alcalde, el campista José Manuel Medina, sometió a dictamen de la comisión de Urbanismo la recalificación de 800.000 metros para construir 7.000 viviendas en la costa, pero la presidenta local del PP, Mónica Lorente, y otros tres ediles populares del sector zaplanista votaron en contra de la propuesta, al igual que los concejales socialistas y el de EU.

Los planes urbanísticos siguen causando estragos en los partidos políticos. fue el turno para el alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, del PP, que sometió a la comisión de Urbanismo el proyecto de construcción de sendas urbanizaciones, Tierras Nuevas 1 y 2, con 7.000 nuevas viviendas. Estas nuevas construcciones se levantarían en la zona de la costa de Orihuela, entre Villa Martín y el paraje protegido de Sierra Escalona y se ejecutarían sobre una parcela de 800.000 metros cuadrados que en el Plan General de Ordenación Urbana vigente están contemplados como no urbanizables.

La comisión de Urbanismo sometió los dos puntos a votación y el alcalde, del PP; sólo consiguió el apoyo de tres de sus ediles y de otros tres representantes del Centro Liberal -formación surgida de una escisión del PP-, ya que Mónica Lorente, presidenta local del PP, y otros tres concejales, que a su vez son miembros de la ejecutiva local del PP, (José Antonio Aniorte, José Antonio Rodríguez y David Costa) votaron en contra, al igual que los dos representantes del PSPV-PSOE y el de Izquierda Verde (IV). El resultado final fue de seis votos a favor y siete en contra, con lo que la comisión emitió un informe desfavorable.

El informe de la comisión es preceptivo, pero no vinculante, con lo que el pleno municipal volverá a debatir esta cuestión. Si se repite la votación en el mismo sentido que en la comisión de Urbanismo, Medina quedaría en minoría y perdería. La Corporación municipal en Orihuela está formada por seis ediles del Centro Liberal, 14 del PP, de los que ocho son partidarios de Mónica Lorente (del sector zaplanista) y otros seis de Medina (campista), cuatro del PSPV y uno de Izquierda Verde.

Según fuentes municipales, el presidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll, se desplazó el domingo a Orihuela para hablar con el alcalde y recordarle cómo tanto el consejero de Territorio, Rafael Blasco, como la dirección regional y provincial del PP han dado instrucciones de rechazar más proyectos urbanísticos sobre terrenos no urbanizables.

18. C. VALENCIANA. SANIDAD CEDE LA ATENCIÓN ONCOLÓGICA DE LA MARINA BAIXA AL SECTOR PRIVADO.

Primero fue el Plan de Choque, luego el modelo Alzira y ahora la cesión al sector privado del tratamiento oncológico en la comarca de La Marina Baixa. Ante la falta de atención en el hospital de La Vila Joiosa -no hay servicio como tal, sólo un oncólogo un día por semana-, Sanidad ha cedido al hospital de Benidorm, controlado por Beanaca, la empresa que practica los diagnósticos por resonancia magnética de la red pública en la provincia de Alicante, la atención de enfermos de cáncer por 3 millones € anuales.

El hospital de La Vila Joiosa no tiene servicio de oncología, por lo que tradicionalmente la mayoría de los enfermos de cáncer del área de salud 15, que corresponde a la comarca de La Marina Baixa, se trasladaban al hospital de San Juan para recibir tratamiento. De hecho, un oncólogo de este centro acude una vez por semana al hospital de La Vila, aunque, según fuentes sanitarias consultadas por este diario, este especialista sólo pasa consulta y realiza labores de seguimiento de los enfermos, pero éstos no son hospitalizados ni son tratados en el hospital.

Ante la demanda de tratamiento, la Consejería de Sanidad ha optado por echar mano de la medicina privada, como ya hiciera con el plan de choque para combatir la lista de espera en clínicas, la gestión privada de hospitales para pacientes del servicio público o el diagnóstico mediante resonancia magnética. "Se trata de una cuestión de comodidad para los pacientes y de rentabilizar la gestión", apuntan desde la Consejería de Sanidad, que, en principio, no prevé implantar el servicio de oncología en el centro. "El futuro hospital de Dénia [que tendrá gestión privada] sí tendrá oncología y ya se verá si asume a los pacientes de la Vila", señalaron.

Aprovechando el vacío de la sanidad pública, el hospital de Benidorm ha reforzado su servicio de oncología en los últimos años, como apuntan fuentes del sector. Sanidad planteó un concurso para la gestión a través de un concierto de la atención "integral a enfermos de carácter oncológico" y el beneficiario ha sido Beanaca, SA, la firma que gestiona el hospital de Benidorm. El presupuesto base es de tres millones de € anuales, aunque el contrato, de un año y prorrogable hasta cinco, ya advierte de que la suma es un "importe estimado" que puede variar en función de la actividad.

El acuerdo, firmado el pasado 1 de junio, también hace referencia a la aprobación del expediente de contratación "para la prestación objeto del mismo", con fecha de abril de 2003, algo que para Sanidad es "normal" ya que corresponde al inicio de la tramitación. El hospital de Benidorm cuenta con equipos de última generación como un PET-TAC -sólo hay otro en el hospital privado Nou d'Octubre en la Comunidad Valenciana- además de varios equipos de radioterapia. Su propietario es José Carlos Paz Figueroa, estrecho amigo del ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana.

Con el concierto de la asistencia oncológica, Beanaca ha estrechado notablemente sus relaciones con la consejería. Esta firma ya fue una de las adjudicatarias del millonario concurso que cedió al sector privado el diagnóstico por resonancia magnética de los pacientes de la sanidad pública. La empresa obtuvo la adjudicación para el diagnóstico de una parte de los pacientes de la provincia de Alicante, por lo que en el ejercicio de 2004 facturó 2,3 millones de €. Además, el pasado mes de abril Beanaca absorbió a Inscaner, SL, la otra concesionaria de la provincia de Alicante -relacionada con el ex diputado autonómico del PP Luis Concepción y que en el año 2004 facturó 6,9 millones de €-, por lo que ha sometido a su control todo el negocio en la provincia.

19. C. BALEAR. MATAS OBLIGA AL ALCALDE DE CALVIÀ A CEDER ANTE LOS NACIONALISTAS DE UNIÓ MALLORQUINA.

El presidente del Gobierno balear, Jaume Matas (PP), ha aceptado finalmente todas las imposiciones de los nacionalistas de Unió Mallorquina (UM) para salvar el pacto de Gobierno firmado entre los dos partidos en Calvià, el primer municipio turístico de las Islas.

Matas ha obligado al alcalde popular de Calvià, Carlos Delgado, a ampliar las competencias del único edil de UM en la Corporación, el teniente de alcalde Isidre Cañellas, quien así pasará a controlar cerca del 60% del presupuesto municipal, frente a los 10 concejales del PP.

Además, el PP prohíbe expresamente a Delgado apoyarse para gobernar en el edil Joan Thomàs, quien el pasado mes de agosto fue expulsado de Unió Mallorquina por mantenerse fiel al pacto firmado en su día con los populares.

El alcalde, Carlos Delgado, informó de que ha decidido aceptar este acuerdo para evitar el «riesgo de fractura moral en el seno del PP», así como para salvar la brecha que se había abierto «entre los militantes y votantes del partido, tanto en Calvià como en toda Mallorca», a raíz de la crisis municipal.

La Ejecutiva regional del PP celebrará una reunión para ratificar la solución definitiva al conflicto. De este modo, Jaume Matas ha aceptado finalmente las imposiciones de la presidenta de Unió Mallorquina, Maria Antonia Munar, quien preside el Consell de Mallorca gracias al apoyo del PP, pese a que su partido tan sólo cuenta con tres diputados autonómicos. Munar había dejado entrever que si el PP no aceptaba sus condiciones, no tendría ninguna posibilidad de reeditar el pacto a nivel autonómico e insular tras las elecciones de 2007.

La crisis municipal de Calvià se originó después de que Delgado se negara a recalificar unos terrenos rústicos en la finca Son Massot como urbanizables, lo que hubiera permitido a la familia del editor de prensa Pedro Serra desarrollar un negocio inmobiliario de 120 millones de €. Tanto Serra como la propia Munar presionaron a Delgado para que aceptara esta operación urbanística, durante una comida celebrada en el hotel Mardavall a la que también asistió el president Matas.

Debido a discrepancias internas, el edil Joan Thomàs fue expulsado de UM y su ex compañero de filas, Isidro Cañellas, exigió gestionar todas las competencias que hasta entonces estaban en sus manos.

Matas ha impuesto finalmente a Delgado esta solución, lo que permitirá al nacionalista Isidre Cañellas gestionar las áreas de Comercio, Economía, Hacienda, Juventud, Vías y Obras, Nuevas Tecnologías, Mantenimiento y la representación de la zona residencial de Calvià Vila, acaparando mucho más poder que el conjunto de los 10 concejales del PP.

20. C. CANARIAS. EL PRESIDENTE DEL PP CANARIO ADMITE QUE VIAJÓ EN UN 'JET' PRIVADO.

El presidente del PP en Canarias y del Cabildo Insular de Gran Canaria, José Manuel Soria, ha reconocido que viajó a Noruega en el jet privado de un empresario de la isla, que en mayo pasado presentó a esta institución una solicitud para eludir la moratoria turística y poder construir un quinto complejo de su cadena, esta vez con más de 7.400 camas.

Durante el pleno, y a preguntas del Partido Socialista Canario-PSOE, José Manuel Soria confirmó que viajó "en un medio de transporte" del empresario noruego Bjorn Lyng, aunque matizó que su amistad con éste "no hará condicionar lo que tiene que hacer este Cabildo". El político canario añadió que sus relaciones personales "jamás" han influido directa o indirectamente "en una sola decisión tomada en los últimos 10 años" de su vida pública. Soria también reconoció que, en la pasada campaña electoral, como candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias, se desplazó "en el avión de otro amigo".

El presidente del Cabildo de Gran Canaria recordó a los socialistas que el presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pasqual Maragall, viajaron en agosto del año pasado en el yate del empresario balear Carlos Sintes. Soria le preguntó al socialista José Miguel Pérez si también reclamará la dimisión de ambos por este asunto, y le acusó de "no tener valor político para ir a otras instancias a contar este asunto".

Pérez resaltó la inconveniencia de "recibir regalos mientras se tramita la solicitud" del complejo turístico del amigo de Soria. El empresario noruego Bjorn Lyng desembarcó hace treinta años en el sur de Gran Canaria, donde ha levantado Anfi del Mar, cuatro complejos de gran lujo, con isla artificial, puerto deportivo y playas, referencia mundial en la industria del tiempo compartido: Gran Anfi, Anfi Beach, Puerto Anfi y Monte Beach.

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