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ÍNDICE

1. PIQUÉ DISCREPA DE RAJOY Y DE ZAPLANA Y PIDE DESLIGAR LA OPA DEL TRIPARTITO CATALÁN.

2. LAS AUTONOMÍAS DEL PP DEFENDIERON ANTE EL GOBIERNO DE AZNAR TODO LO QUE AHORA RECHAZAN.

3. ZAPLANA Y ACEBES LLEGAN A LA CENA EN AVIÓN PRIVADO.

4.C. CATALUÑA. EL PP PROPONE QUITAR LOS PAPELES A LOS INMIGRANTES QUE ENSUCIAN.

5.C. ANDALUCÍA. EL TESTIMONIO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD NO ACLARA QUIÉN ENCARGÓ EL 'INFORME AGÜERA'.

6. C. MADRID. LA CAPITAL SE ENFRENTA AL REGRESO DE LOS VERANEANTES CON 67 OBRAS ABIERTAS.

7. C. MADRID. EL ALCALDE DE HUMANES DENUNCIA AL PORTAVOZ DEL PP TRAS UN PLENO.

8. C. VALENCIA. LA FISCALÍA VE INDICIOS DE COHECHO Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS EN LOS NEGOCIOS DE FABRA.

9. C. VALENCIA. FABRA ASEGURA QUE LAS OBRAS DEL AEROPUERTO SÓLO LAS PARARÁ UN JUEZ.

10. C. VALENCIANA. EL CONSELLER DE ECONOMÍA DISFRUTÓ DE PARTE DE SUS VACACIONES EN IBIZA CON FABRA Y GIMENO.

11. C. VALENCIA. SE EXIGE QUE BLASCO VAYA A LAS CORTES A DAR CUENTA DE LOS INFORMES FALSOS.

12. C. VALENCIA. LOS INMIGRANTES BOICOTEAN LAS JORNADAS DEL PP POR SUS POLÍTICAS RESTRICTIVAS.

13. C. NAVARRA. EL EJECUTIVO NAVARRO LIGA A EX ALTOS CARGOS A UNA RED DE FACTURAS FALSAS.

14. C. BALEARES. UNIÓ MALLORQUINA EXIGE TRES MILLONES AL TRÁNSFUGA DE CALVIÁ QUE SE UNIÓ AL PP.

15. C. CANARIAS. SE EXIGE AL PRESIDENTE DEL PP CANARIO QUE ACLARE UN VIAJE EN AVIÓN PRIVADO.

16. C. CEUTA. EL PRESIDENTE DE CEUTA MANTIENE A UN CONSEJERO DEL PP SANCIONADO.


1. PIQUÉ DISCREPA DE RAJOY Y DE ZAPLANA Y PIDE DESLIGAR LA OPA DEL TRIPARTITO CATALÁN.

Josep Piqué, presidente del PP catalán, marcó distancias con la posición oficial de su partido, expresada por Mariano Rajoy, Eduardo Zaplana y Miguel Arias Cañete, respecto a la OPA lanzada por Gas Natural sobre la eléctrica Endesa. A primera hora, en RNE, Piqué afirmó que no ve relación entre esta operación y el Gobierno tripartito catalán. Después, en rueda de prensa, matizó y pidió que no se mezclen debates. El PP mantiene que hay una "sospecha de trasfondo político". Rajoy, además, criticó que "el sector público va a ser quien controle las grandes empresas españolas".

El PP avanzó, en una nota de prensa atribuida a Miguel Arias Cañete, su secretario de Economía, la posición de ese partido ante la OPA de Gas Natural a Endesa. Ahí destacaba "la sospecha de una operación de trasfondo político con el objetivo de primar ciertos intereses económicos y territoriales que planea de forma desasosegante sobre esta OPA hostil".

por lamañana, el líder del PP, Mariano Rajoy, en la cadena Cope, criticó la operación porque "atenta contra la competencia, contra el interés de los consumidores, de los usuarios y contra la libertad". Rajoy añadió que si la OPA prospera estaríamos "desandando el camino de liberalización y de privatizaciones" que emprendió el anterior Ejecutivo. Y, sobre la "sospecha política y territorial" avanzada el lunes, afirmó: "El sector público autonómico va a ser quien controle las grandes empresas españolas", pues La Caixa es el principal accionista de Gas Natural. "Eso no es serio y no pasa en los países normales", concluyó.

Pero a la misma hora, en RNE, Josep Piqué pedía no ligar la política y esta operación: "No sé qué tiene que ver el tripartito en todo esto. Estamos hablando de empresas que toman sus decisiones en términos empresariales y me parece que especular sobre estas cosas sin tener pruebas es mejor no hacerlo, y yo, desde luego, no lo voy a hacer".

Horas después, en rueda de prensa en la sede del PP, Piqué fue preguntado si veía alguna relación entre la OPA y el debate estatutario. Pidió "no mezclar debates"; aseguró que él "no es partidario de este tipo de operaciones de concentración", pues van en contra de la competencia y del consumidor; calificó la OPA de "operación tremendamente compleja", y enarboló su experiencia como ministro de Industria para recordar antecedentes y pedir al Gobierno la misma reacción que tuvo el Ejecutivo popular en los intentos de fusión de Hidrocantábrico y Unión Fenosa, y Gas Natural e Iberdrola. Subrayó que ante las condiciones impuestas en la OPA amistosa que Gas Natural quería lanzar sobre Iberdrola para garantizar la competencia, ambas empresas desistieron.

Piqué dijo que había hablado con Rajoy y que no discrepaba de su líder. Pero a esa misma hora, y también después de hablar con Rajoy, Eduardo Zaplana, su portavoz parlamentario, afirmaba: "Esta es una operación tremendamente sospechosa del todo. De nuevo, la influencia de estos grupos minoritarios, del tripartito catalán, está detrás. Es una operación sospechosa en todas sus vertientes". Para aclarar sus sospechas, el PP pidió la comparecencia del vicepresidente Pedro Solbes y del ministro José Montilla en el Congreso.

Antes de esta polémica en el PP, el portavoz socialista en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, tildó de "provincianos" a quienes vean conexión con el tripartito. "Las lecturas políticas en estos temas son un disparate", afirmó. En los demás partidos, CiU y el PNV se mostraron a favor, el PAR y el BNG en contra e IU expresó su preocupación por consumidores y trabajadores.

2. LAS AUTONOMÍAS DEL PP DEFENDIERON ANTE EL GOBIERNO DE AZNAR TODO LO QUE AHORA RECHAZAN.

Los consejeros de las comunidades gobernadas en 2001 por el PP expresaron su apoyo al sistema de financiación que el Gobierno de José María Aznar les propuso para costear, entre otras cosas, las nuevas competencias en sanidad que asumían. En ese modelo creaba un nuevo impuesto que podrían cobrar las autonomías, que gravaba la venta minorista de gasolina, y se les daba mayor poder sobre impuestos estatales. El Gobierno popular en la Comunidad Valenciana llegó incluso a pedir capacidad normativa sobre el impuesto de la electricidad. Ahora las autonomías del PP rechazan estas medidas.

El modelo de financiación de 2001, que planteó el Ejecutivo del PP y que se aprobó por unanimidad, no establecía ninguna aportación directa de la Administración central al sistema (en la propuesta actual del Gobierno socialista se plantean 1.000 millones de euros en dos años) y permitía a las comunidades subir la gasolina en sus territorios hasta 2,4 céntimos por litro.

El Ejecutivo actual plantea que ese aumento pueda llegar a 4,8 céntimos y que, además, las autonomías puedan gravar dos puntos el impuesto de la electricidad. Por su parte, el Ejecutivo socialista se compromete a incrementar los impuestos del tabaco y del alcohol para aportar otros 125 millones de euros al año a la financiación de la sanidad.

Las actas de los consejos de Política Fiscal y Financiera celebrados en 2001 recogen el apoyo de los consejeros del PP a estas medidas que ahora rechazan. Lo que sigue resume la posición de tres Gobiernos del PP en la reunión del 27 de julio de 2001, cuando se discutía un nuevo modelo que daba capacidad normativa a las CC.AA. sobre impuestos cedidos para que financiaran sus servicios.

- Murcia. "Que se incluya a los inmigrantes irregulares". "En materia de asignaciones de nivelación [compensación por incremento de población] podría hacerse una referencia expresa para que quedasen incluidos los inmigrantes irregulares. Y también debería clarificarse el espacio impositivo propio de las comunidades autónomas".

- Comunidad Valenciana. "Profundiza la suficiencia financiera". "Este modelo permite la participación de las autonomías en el sistema tributario español, es un salto cualitativo de autogobierno, profundiza la suficiencia financiera y la autonomía".

Cuatro meses después de aquella reunión, el Consejo de Política Fiscal y Financiera volvió a reunirse para estudiar la creación de un impuesto sobre la venta minorista de hidrocarburos. Las autonomías del PP apoyaron la medida de subida de impuestos aunque sólo una, Madrid, anunció que la aplicaría.

- Madrid. "Aumentaremos los ingresos para sanidad". "Las autonomías que ejerzan la capacidad normativa van a poder aumentar de forma sustancial sus ingresos desde el punto de vista sanitario. Madrid va a ejercer su capacidad normativa".

- Murcia. "Las transferencias valoraran adecuadamente. Puesto que las transferencias sanitarias se van a valorar adecuadamente, Murcia no tiene previsto hacer uso del tramo autonómico del impuesto".

- Comunidad Valenciana. "Pedimos competencias normativas sobre el impuesto de electricidad". "No comprendemos la restricción en relación con el impuesto de la electricidad y el impuesto sobre determinados medios de transporte. Dado que los impuestos especiales constituyen un mecanismo para recuperar ciertos costes públicos en los que incurren las administraciones relacionados con el objeto de imposición de los mismos, como la salud o el medio ambiente, consideramos conveniente la cesión de competencias normativas en estas dos figuras dentro del nuevo modelo de financiación".

En el debate de la comisión general de CC.AA. celebrado en el senado el 10 de septiembre de 2001, las autonomías del PP mantuvieron su apoyo a la subida del impuesto de la gasolina.

- Madrid: "Hoy todos hemos mejorado nuestra financiación respecto al sistema anterior".

- Murcia: "La vinculación de una serie de impuestos al gasto sanitario parecen ir en la dirección de garantizar la calidad del gasto sanitario".

- Valencia: "Es un avance porque permite a las comunidades que se financien por las recaudaciones en los impuestos que generan sus propios territorios y no por las meras transferencias del estado".

3. ZAPLANA Y ACEBES LLEGAN A LA CENA EN AVIÓN PRIVADO.

- El ex ministro de Trabajo y portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, y el secretario general de los populares, Ángel Acebes, llegaron a la tradicional cena de apertura del curso político que se celebró en la Cartuja de El Puig en un avión privado procedente de Cádiz.

- Durante toda la velada ni Zaplana ni el jefe del Consell, Francisco Camps, tuvieron un gesto físico de complicidad el uno con el otro, a excepción de las referencias que el presidente de la Generalitat dedicó a su predecesor en su discurso.

- Además, el ex ministro de defensa, Federico Trillo, fue recibido con tímidos aplausos.

- Quien sí recibió una gran ovación fue el presidente provincial del PP, Alfonso Rus, durante su intervención. El alcalde de Xàtiva utilizó un símil taurino para resumir el pleno extraordinario sobre el trasvase Júcar-Vinalopó del pasado martes. Para Rus, el conseller José Ramón García Antón, el portavoz popular, Serafín Castellano, y el diputado autonómico Rafael Maluenda actuaron como «maestros», mientras que el líder del PSPV, Joan Ignasi Pla, fue «un novillero».

- Por cierto que la organización del acto, a cargo del número tres de los populares valencianos Ricardo Costa, rayó a un alto nivel. El menú fue: salmón, ternera y tarta de chocolate.

- La secretaria ejecutiva de Política Social del PP, Ana Pastor, que estuvo en Valencia con motivo de una jornada sobre inmigración que celebró el partido aseguró durante su intervención que «si aquí -por la Comunidad- las naranjas son buenas, las mujeres lo son más».

4. C. CATALUÑA. EL PP PROPONE QUITAR LOS PAPELES A LOS INMIGRANTES QUE ENSUCIAN.

El PP reclamó que no se concedan o que no se renueven los permisos de trabajo y residencia de aquellos inmigrantes que, de forma reiterada, ensucien e incumplan las ordenanzas municipales sobre civismo y convivencia, y no paguen las multas correspondientes. Según el Ayuntamiento de Barcelona, muchas de las sanciones por incivismo son impuestas a inmigrantes sin domicilio y no pueden cobrarse.
El gobierno municipal, en una respuesta al presidente del PP en el ayuntamiento, Alberto Fernández Díaz, admitió que durante el 2004 hubo 16.013 infracciones, de las que el 90% siguen aún pendientes de pago y, de éstas, casi el 60% corresponden a inmigrantes que no disponen de NIF y cuya dirección e identificación no son fiables. Fernández Díaz reclamó la necesidad de "luchar contra la impunidad" de los infractores que no pagan, con una mayor coordinación de las administraciones y de los cuerpos policiales, a través de leyes más duras y menos permisivas.

5. C. ANDALUCÍA. EL TESTIMONIO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD NO ACLARA QUIÉN ENCARGÓ EL 'INFORME AGÜERA'.

La investigación judicial del caso Agüera no parece que vaya a aclarar el origen del informe policial con detalles de la vida privada de la edil del Ayuntamiento de Málaga. El titular del Juzgado de Instrucción nº 7 de Málaga, Román Martín González, tomó declaración como testigo al director del área de Seguridad del Ayuntamiento, Carlos Rubio, al que uno de los imputados señala como la persona que encargó realizar el informe. Pero el juez circunscribió las preguntas a averiguar quién lo filtró a la prensa, sin permitir que contestara si ordenó su elaboración.

Tras la comparecencia del intendente mayor de la policía local Juan Ferrer, imputado por un presunto delito de revelación de secretos, la defensa de Rosa Agüera pidió la imputación de Rubio, al considerar que existen indicios delictivos en el encargo. Sin embargo, el juez le citó como testigo, y rechazó la petición de los letrados de que declaren también el superintendente mayor, Pascual Sánchez-Bayton, como imputado, y el otro intendente mayor, José Berruezo, como testigo.

Éste último, según Ferrer, asistió a una conversación telefónica en la que Rubio ordenó a Sánchez-Bayton el informe sobre la edil popular -a la que el alcalde, Francisco de la Torre, ha destituido como delegada del Distrito Centro-.

Rubio -anterior subdelegado del Gobierno con el PP y cargo de confianza del alcalde- declaró durante poco más de media hora, y únicamente a preguntas relacionadas sobre cómo recibió el informe. Cuando el letrado de Agüera le preguntó si fue él quien ordenó realizar un informe exhaustivo con las actividades y horarios de su cliente, el juez estimó impertinente la cuestión, por lo que el abogado hizo constar su protesta. Durante su comparecencia, Rubio explicó que el superintendente y jefe máximo de la policía local, Pascual Sánchez-Bayton, le entregó un original de dicho documento después de Semana Santa.

El informe fue enviado con un anónimo a las redacciones de varios medios el pasado 3 de mayo. Al verlo publicado en prensa, el día 4, Rubio declara que convocó una reunión con "todos los que hubieran tenido acceso a ese escrito" para tratar sobre cómo pudo filtrarse. Acudieron cuatro oficiales y el superintendente mayor, pero no fueron convocados los dos intendentes mayores, Ferrer y Berruezo, pese a que éste tenía una copia del documento, facilitada por el oficial que lo redactó, Rafael Rubio, también imputado. Según el director del área de Seguridad, no convocó a Ferrer "porque se pensó por el equipo de gobierno hacer una información reservada".

6. C. MADRID. LA CAPITAL SE ENFRENTA AL REGRESO DE LOS VERANEANTES CON 67 OBRAS ABIERTAS.

Unos 150.000 vehículos que han estado el mes de agosto fuera de Madrid volverán a circular por la capital a partir del domingo. Según la Dirección General de Tráfico, el regreso está siendo escalonado, lo que se percibe en la hora punta. volvieron los tradicionales atascos de 7.30 a 8.30, pero a partir de esa hora remitieron. En la vuelta al trabajo, los madrileños se encontrarán con 67 grandes obras en marcha de la Comunidad, el Ministerio de Fomento o el Ayuntamiento en las calles de la ciudad. Además, 27 calles serán cortadas el día 1 de septiembre por los cuidados al arbolado de la ciudad.

"Lo de hoy ya es fino, pero no quiero ni pensar cómo estará cuando estén todos aquí...". Antonio es un conductor de la EMT que empezaba a sufrir los efectos de la vuelta de vacaciones en su propia piel. Pasó un buen rato atascado a la altura del puente de Segovia y confirmó las predicciones de la Dirección General de Tráfico: "Llevan volviendo toda la semana, y se va notando, pero cuando comiencen los colegios... Con todas las obras, ¡va a ser el caos!", concluía entre risas este conductor de autobús.

Un total de 67 obras aguardan a los madrileños que vuelven este mes a trabajar. Según estimaciones de la Dirección General de Tráfico, desde el viernes pasado y hasta el domingo que viene 700.000 vehículos regresarán a la zona centro de España (Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid) De ellos, cerca de 150.000 llegarán a la capital.

La vía de circunvalación M-30 registró importantes atascos en hora punta -de 7.30 a 8.30- a la altura de Ventas y en dirección a la carretera de Burgos. También las obras de Príncipe Pío ocasionaron retenciones a la altura de la glorieta de San Vicente. Los vecinos que han llegado tras las vacaciones lo han encontrado irreconocible. Como una vecina del paseo de Extremadura que aseguró: "En Nueva Orleans ha pasado el huracán Katrina, pero aquí ha llegado Gallardón y nos ha destrozado el paseo de Extremadura y la Virgen del Puerto. El día 5 tengo que ir a trabajar y no sé cómo lo voy a hacer".

Sin embargo, hubo retenciones de hasta cuatro kilómetros en la carretera de Barcelona a causa de un accidente a altura de San Fernando de Henares. También en la M-30 un coche se averió junto al puente de Segovia, lo que agravó los problemas originados por los desvíos del tráfico. Además, la M-30 perdió un carril entre la Casa de Campo y la glorieta de San Vicente por el incidente de otro vehículo, lo que ocasionó nuevas retenciones.

Otros puntos en los que se puso a prueba la paciencia de los madrileños fueron: el paseo de las Delicias, el de Santa María de la Cabeza, la plaza de Cristo Rey (Moncloa) y la M-30 desde Vallecas a Chamartín.

Las 67 grandes obras existentes en la capital corresponden a 38 proyectos de infraestructuras. De ellos, 14 son responsabilidad de la Comunidad de Madrid (todos relacionados con ampliaciones de metro, intercambiadores, así como al tren ligero de Sanchinarro y Las Tablas). Al Ayuntamiento le corresponden 22 intervenciones, 14 de ellas en la M-30. El Consistorio destinará a ellos 500 millones de €. Por último, al Ministerio de Fomento le corresponden dos proyectos, la conexión Chamartín-Atocha y el soterramiento de la A-2.

De todas formas, las zanjas y las ocupaciones de carriles se han reducido desde mediados de agosto, cuando había casi 100 obras en la capital -a las que se unieron las tareas de asfaltado-, que provocaron atascos inauditos en esas fechas. El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, afirmó que se trataba de "unas obras fascinantes que representan un proyecto muy ambicioso" y las consideró "necesarias" para conseguir "una gran ciudad, magnífica, fascinante y ambiciosa".

7. C. MADRID. EL ALCALDE DE HUMANES DENUNCIA AL PORTAVOZ DEL PP TRAS UN PLENO.

El alcalde de Humanes, Adolfo Álvarez-Sojo, del partido Compromiso Social por Humanes (CSH), denunció ante la Guardia Civil al portavoz de la oposición, José Antonio Sánchez, del PP, por "insultos e intentos de agresión". La denuncia fue presentada al mediodía, tras un acalorado cierre del pleno en el que los planteamientos de Sánchez y las respuestas del concejal de Urbanismo, Ángel Mayordomo, derivaron en un alboroto.

"Lo que dice el alcalde es tajantemente falso. Sólo se pudo haber elevado un poquitín la voz y se formó un tumulto en la salida", asegura José Antonio Sánchez, quien admitió que hubo discusiones y que se molestó por las respuestas "chulescas" del concejal de Urbanismo cuando le formuló preguntas sobre el uso de grúas en ciertos puntos del municipio.

La versión de Álvarez-Sojo difiere por completo: "Sánchez ha perdido los estribos, se ha puesto nervioso. Se puso a increpar a Mayordomo y me vi obligado a quitarle la palabra. Dijo que se marchaba del pleno, pero se levantó hacia él en una clara intención de agredirlo. Otros concejales lo detuvieron, pero durante el forcejeo se acercó su padre y me dijo: 'Te voy a rajar', mientras hacía un gesto como de sacar algo de su cinturón. Después dijo que sólo quería pegarme una patada donde más me doliera", narró el alcalde. Y agregó que, tras la llegada de la Guardia Civil, Sánchez volvió a insultarlo y lo amenazó con una paliza.

El portavoz del PP, ex alcalde de Humanes, insiste en que la situación no pasó de un tumulto. "Al salir pasó lo típico en una zona estrecha. Mi padre ya se había marchado. No ha habido insultos ni intentos de agresión por parte de ningún miembro del PP. Eso es una rabieta falsa", dijo el concejal popular, quien por la tarde presentó también una denuncia contra el gobierno local, "por su actitud caciquil y provocadora contra la oposición". Fuentes de la Guardia civil de Humanes (11.700 habitantes) rehusaron dar información sobre los hechos.

Los principales partícipes en el rifirrafe admitieron que las relaciones entre los diversos grupos municipales son "tensas desde tiempo atrás". Sánchez califica la gestión del actual alcalde como "repleta de meteduras de pata", mientras que éste responde que trata de corregir los errores de su antecesor.

8. C. VALENCIA. LA FISCALÍA VE INDICIOS DE COHECHO Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS EN LOS NEGOCIOS DE FABRA.

El fiscal Anticorrupción, Carlos Sáiz, ha observado indicios de cohecho y de tráfico de influencias en los negocios que el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, mantuvo durante años con el empresario Vicente Vilar, de Artana, según se desprende de un escrito que el representante del ministerio público remitió al Juzgado de Instrucción número 1 de Nules el pasado 5 de agosto. En el documento, Sáiz rebate punto por punto la batería de recursos que Fabra ha ido presentando antes y durante las últimas semanas para defenderse de las acusaciones del industrial castellonense, que le acusa de haber cobrado a cambio de favores políticos ante el Gobierno.

El fiscal fundamenta sus últimas decisiones en el nexo de unión que, a su juicio, existe entre la denuncia que la Agencia Tributaria formuló antes del verano contra Fabra por un supuesto fraude fiscal de 300.000 € y la investigación que desde hace casi dos años instruye el Juzgado de Nules por las supuestas comisiones que el presidente de la diputación cobró a cambio de acelerar la tramitación de ciertos expedientes de Naranjax, la empresa de Vilar. Según el escrito de Sáiz, en la denuncia de Hacienda se imputa al líder provincial del PP un presunto delito fiscal derivado de «ingresos no justificados» en sus cuentas corrientes por un importe de 300.000 €.

Para el fiscal, resulta «imprescindible» investigar si existe conexión entre estos ingresos en efectivo, detectados por los inspectores, y los pagos que varios testigos, además de Vilar, aseguran haber realizado al líder del PP a cambio de sus favores y mediaciones en organismos públicos. Sáiz es explícito al recordar que distintos testigos a lo largo de la instrucción en el juzgado de Nules han declarado la existencia de pagos en efectivo para Fabra a través de las empresas de Vilar, «si bien evidentemente no tienen certeza del destinatario de dichas cantidades». Y cita el fiscal al asesor de Naranjax José Mas, a la contable Sonia Badía y a otros empresarios que mantuvieron relaciones comerciales con Vicente Vilar, como Ginés Márquez o Manuel Domingo Ruiz. El razonamiento de Sáiz llega a la conclusión de que puede llegar a acreditarse en la investigación judicial una «vinculación» entre estas entregas de dinero y los ingresos en cuentas corrientes de Fabra, que supuestamente pudieron incrementar su patrimonio.

Por esta razón, Sáiz considera que de acreditarse todos estos indicios, la imputación de delito fiscal que ha hecho la Agencia Tributaria contra Fabra sería «conexa» a la existencia de la figura del cohecho del artículo 419 del Código Penal.

Así, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Nules, Julia Mínguez, tiene sobre su mesa un oficio de la Fiscalía Anticorrupción que la insta a abrir diligencias penales por la supuesta trama de los sellos falsos del caso Fabra, según informaron fuentes de la Administración. El escrito, remitido por Carlos Sáiz, fiscal Anticorrupción adscrito al caso, va acompañado de cuatro carpetas con una extensa y completa documentación sobre la masiva falsificación de documentos que poco antes del verano denunció en el Ministerio de Agricultura el empresario Vicente Vilar, de Naranjax. El oficio de la fiscalía entró por el registro de Nules, que por reparto dio traslado del mismo al Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad.

Según la denuncia que el industrial de Artana puso en conocimiento del Ministerio de Agricultura, el presidente de la Diputación Provincial, Carlos Fabra, estaba al corriente de la manipulación de los análisis, sellos, cuños oficiales y otros documentos que supuestamente sirvieron para engañar al Ministerio de Agricultura durante la tramitación de las licencias de comercialización de al menos 30 productos insecticidas para uso agrícola. Sin estas supuestas falsificaciones, la Administración jamás habría dado luz verde a la venta de los productos fitosanitarios, ya que tanto los ministerios de Sanidad como de Agricultura los habrían rechazado al no cumplir con los requisitos de garantía y control establecidos en la ley.

9. C. VALENCIA. FABRA ASEGURA QUE LAS OBRAS DEL AEROPUERTO SÓLO LAS PARARÁ UN JUEZ.

El presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, aseguró que sólo se paralizarán las obras del aeropuerto «bajo mandato judicial» pues, según dijo, el Ministerio de Fomento «no tiene facultad para paralizar las obras de un proyecto perfectamente autorizado».

Fabra anunció que la sociedad promotora de las instalaciones aeroportuarias (Aerocas) presentará alegaciones en el escrito remitido a dicha empresa por parte de la Dirección General de Aviación Civil, en el que se le comunicaba que si continuaban ejecutándose las obras, éstas deberán ser suspendidas «inmediatamente» hasta obtener la autorización preceptiva.

También indicó que, además de presentar alegaciones, se pedirá la nulidad de las actuaciones «por silencio administrativo», e informó de que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado ante la Comisión de Fomento y Vivienda un escrito para que la ministra de Fomento «explique todo este lío que se ha montado en el aeropuerto».

Asimismo, Carlos Fabra señaló que la Conselleria de Territorio y Vivienda ha contestado al escrito del Ministerio de Fomento en el que se interesa por recibir información sobre los condicionantes de la construcción del aeropuerto en relación con la protección de aguilucho cenizo, indicando que «a la vista del seguimiento de ejecución de las obras, los trabajos se ajustan a lo establecido en el acuerdo para proteger dicha ave».

El diputado autonómico de Esquerra unida, Ramon Cardona, presentó preguntas en las Cortes Valencianas sobre el aeropuerto de Castelló, que a su vez fueron trasladadas al Gobierno. Según EU, existen «numerosas» irregularidades en el proyecto, y vulnera la normativa europea y valenciana, en particular por la financiación pública de una obra privada.

10. C. VALENCIANA. EL CONSELLER DE ECONOMÍA DISFRUTÓ DE PARTE DE SUS VACACIONES EN IBIZA CON FABRA Y GIMENO.

El conseller de Economía, Gerardo Camps Camps, disfrutó parte de sus vacaciones de este verano en Ibiza junto con el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, y el empresario Pedro Gimeno, administrador único de PGP Asociados-Consultora de Gestión y Servicios, SL. Según se ha podido saber, Camps compartió mesa y mantel en diversas ocasiones con Fabra y Pedro Gimeno en la isla en la que estos dos últimos cuentan con sendos apartamentos frente al exclusivo puerto deportivo de Marina Botafoch.

Fuentes del departamento que dirige Gerardo Camps manifestaron que el conseller en «ningún momento ha estado de vacaciones» con Fabra y Gimeno, y se limitaron a manifestar que «ha coincidido con ellos como con otras muchas personas de la Comunidad Valenciana que estaban allí». Las mismas fuentes insistieron en que Gerardo Camps sencillamente eligió la isla para pasar las vacaciones con su familia y coincidió en alguna ocasión con el presidente de la Diputación de Castelló y el empresario.

Se da la circunstancia de que Gerardo Camps es presidente de la sociedad Pública Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, que a su vez es la accionista única de Centro de Ocio Mundo Ilusión, la empresa creada por la Generalitat Valenciana para la gestión y explotación del parque temático impulsado inicialmente por Carlos Fabra. Centro de Ocio Mundo Ilusión tiene como presidente al vicepresidente del Consell, Víctor Campos, y como vicepresidentes al propio Fabra y a Luis Lobón, secretario autonómico de Eventos y responsable de los proyectos de ocio en los que participa el Consell.

Mundo Ilusión es un proyecto asociado a un plan de actuación integrada (PAI) que incluye una notable operación urbanística en torno al futuro complejo de ocio. Pedro Gimeno, en asociación con Lubasa, es uno de los aspirantes a adjudicarse el PAI, que aprueban los municipios de Orpesa y Cabanes. PGP y Lubasa compiten con la firma Marina d'Or, firma liderada por el empresario Jesús Ger, por hacerse con el proyecto. Se trata en todos los casos de empresarios que han mantenido excelentes relaciones con el poder provincial que ha ejercido Carlos Fabra en Castelló.

11. C. VALENCIA. SE EXIGE QUE BLASCO VAYA A LAS CORTES A DAR CUENTA DE LOS INFORMES FALSOS.

El portavoz adjunto del Grupo Socialista Andrés Perelló exigió la comparecencia del consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, para que explique todo lo relacionado con la elaboración de informes falsos realizados por el propio Consell. La petición del Grupo Socialista se produce después de que el consejero afirmase en un debate que su departamento dispone de una "sección" para engañar a los socialistas, a quienes remiten "documentos falsos". El tenso debate se realizó entre Blasco y Eugenio Burriel, miembro de la Ejecutiva del PSPV, para conocer las posibilidades de lograr un gran acuerdo político en materia de urbanismo entre populares y socialistas.

Perelló afirmó: "Los socialistas vamos a exigirle que comparezca en las Cortes y nos explique quién dirige esa sección de elaboración de informes falsos, cuántos trabajadores trabajan allí pagados con el dinero público de todos los valencianos y, desde luego, para que nos diga cuántos informes falsos se han elaborado hasta ahora para saber cuántas mentiras han dicho a las Cortes y, por tanto, a todos los valencianos". Para el diputado socialista, las afirmaciones del consejero de Territorio y Vivienda son "algo absolutamente inaudito y un verdadero escándalo".

Perelló manifestó que no conoce "ningún gobierno que anuncie que tiene una sección para engañar a los ciudadanos". "Ya éramos conscientes de las mentiras y falsedades a las que nos tiene acostumbrados el PP, pero creíamos que era algo propio de la derecha valenciana, no una cuestión institucionalizada y con dirección general". El portavoz parlamentario insistió: "Lo que resulta insoportable es tener que aguantar la mentira permanente como para ahora enterarnos de que esa mentira la pagamos además de nuestros impuestos". "Es lo último que nos quedaba por ver del PP. Mentiras y encima pagadas con dinero público", sentenció.

Por su parte, el portavoz adjunto del grupo popular en las Cortes Valencianas, Rafael Maluenda, señaló que Burriel, "roza el delito" por dar a conocer informes internos de Territorio, "si es cierto, como ha reconocido, que funcionarios de este departamento le han facilitado documentos". La oferta para alcanzar un pacto en políticas de urbanismo fue formulada por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el pasado mes de agosto y reiterada por el consejero Rafael Blasco.

12. C. VALENCIA. LOS INMIGRANTES BOICOTEAN LAS JORNADAS DEL PP POR SUS POLÍTICAS RESTRICTIVAS.

El Foro Alternativo de la Inmigración, que agrupa a la mayoría de las asociaciones de extranjeros de Valencia, expresó su indignación por el uso que el PP hace de este fenómeno, en referencia a las jornadas «Comprometidos con la inmigración» que el PP inaugura en Valencia con presencia del secretario general del partido, Ángel Acebes, y el presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

Según Boughaleb Mimi, portavoz del Foro, los años en los que ha estado gobernando el PP han sido los más duros para los inmigrantes. La irregularidad se ha multiplicado y también la marginación y la persecución desde todos los ámbitos. Además, recuerda, los populares se han opuesto frontalmente al último proceso de normalización, que aún teniendo sus carencias, ha regulado a cientos de miles de personas en toda España. Por todo esto, los miembros del Foro de la Inmigración han rechazado las invitaciones que les ha «enviado y reenviado» el PP para que acudan a la convención de Valencia y han pedido al resto de organizaciones que hagan lo mismo.

A su entender, «el PP sólo quiere hacerse la foto para salir en los periódicos con unas mujeres vestidas con velos y así quedar bien ante la opinión pública». «Que sepan que quien vaya a esa jornadas se está tirando piedras a su propio tejado», insistió Mimi, quien añadió que la política de la actual oposición siempre ha ido contra los inmigrantes. «Esto es un insulto para la inteligencia de los extranjeros yde los valencianos -explicó-. Que nadie piense que han cambiado ahora. Siguen como siempre, presionando para que haya una política restrictiva contra los inmigrantes.

Boughaleb Mimi recordó el Plan de la Inmigración aprobado por la Generalitat, al que se iban a destinar, anunciaron, casi mil millones €. «Hasta ahora no hemos visto ese dinero por ningún sitio. Los subsaharianos siguen durmiendo en los puentes del río, la gente tiene que alojarse en las viviendas más precarias y nuestra situación sigue siendo de marginalidad».

13. C. NAVARRA. EL EJECUTIVO NAVARRO LIGA A EX ALTOS CARGOS A UNA RED DE FACTURAS FALSAS.

El consejero navarro de Bienestar Social, José Ignacio Palacios, reconoció que el ex director general de la Fundación Humanismo y Democracia, ligada al PP, y ex delegado del Ejecutivo foral en Madrid, Ricardo de León, participó con otros altos cargos ya destituidos en una trama de falsificación de facturas que sirvió para desviar, con destino desconocido, subvenciones para programas de cooperación internacional.

La fiscalía del Tribunal Superior navarro está investigando los hechos. Palacios abrió las comparecencias ante el Parlamento foral para explicar el caso y asumió que la fundación cometió "graves irregularidades" al justificar las subvenciones concedidas por el Ejecutivo regional para programas sanitarios en República Dominicana.

Esta deficiente contabilidad motivó la apertura de un expediente y la exigencia de la devolución del dinero, 116.807 €. Palacios reveló un informe de su departamento que constató indicios de presuntos delitos contra la Hacienda pública, falsedad documental y cohecho en la actuación de Ricardo de León; José Luis Alli, ex director gerente del Instituto Navarro de Bienestar Social, y del empresario de origen boliviano Gonzalo Ruiz Sánchez, responsable de las fundaciones interpuestas que pagaron los viajes, dietas y supuestos servicios de asesoría de los ex altos cargos con dinero desviado desde Humanismo y Democracia.

La investigación descubrió, según Palacios, la "vinculación" de De León, Alli; Luis Ciriza, ex director de Promoción de Empleo, y Ruiz Sánchez en la presentación de facturas presuntamente falsificadas por diversos conceptos. El Ejecutivo foral pensó que ese dinero, más de 15.000 € según las primeras investigaciones, fue cobrado indebidamente por sus altos cargos pero, tras recabar datos fiscales, descubrió que no lo habían hecho y no se sabe dónde fue a parar.

Así, uno de los implicados, Ricardo de León, ex director de la Fundación Humanismo y Democracia, vinculada al PP, se ha reincorporado como funcionario al Servicio de Inspección del Departamento de Bienestar Social del Gobierno navarro, la misma consejería que le investigó y denunció ante la Fiscalía por un presunto delito contra la Hacienda pública.

La fiscalía del Tribunal Superior navarro está investigando a De León y los demás ex altos cargos como presuntos autores de delitos de falsedad en documento público y cohecho.

Javier Caballero, consejero de Presidencia, Justicia e Interior, aseguró en el Parlamento foral que tras el cese a petición propia de De León, el pasado 4 de julio, el también ex delegado del Gobierno regional en Madrid ha recuperado su puesto de funcionario en el Servicio de Inspección de Bienestar Social.

El portavoz de CDN, Carlos Pérez Nievas, se sumó a la oposición al expresar su "rotundo rechazo" a la presencia de De León en la inspección. "No debería volver a ese puesto. No es lo más razonable que se integre en la inspección de un departamento que lo está inspeccionando a él", señaló.

Los partidos de la oposición criticaron un trato de favor hacia alguno de los ahora investigados, como José Luis Alli, ex director gerente del Instituto Navarro de Bienestar Social, a quien el Gabinete de Miguel Sanz aumentó el año pasado un 60% el sueldo (30.000 €) hasta los 85.000 € anuales, cuantía muy superior a la percibida por el propio Sanz.

Las polémicas visitas de negocios al Irak de Sadam Hussein realizadas por De León fueron también justificadas por el Gobierno navarro. De León viajó en varias ocasiones a Irak en su calidad de consejero de la empresa MTS Tobacco en representación de la sociedad pública Sodena cuando el régimen dictatorial iraquí se encontraba ya bajo el embargo internacional tras la invasión de Kuwait.

14. C. BALEARES. UNIÓ MALLORQUINA EXIGE TRES MILLONES AL TRÁNSFUGA DE CALVIÁ QUE SE UNIÓ AL PP.

El partido bisagra Unió Mallorquina (UM), que lidera Maria Antònia Munar, exige por vía notarial a su concejal tránsfuga de Calvià, Joan Thomàs, que le abone tres millones €, por no haber cumplido el "compromiso de fidelidad" adquirido en un documento privado suscrito con su grupo. Thomàs votó hace un mes con el PP -contra las tesis de UM- la aceptación por el consistorio de la municipalidad de dos urbanizaciones de Santa Ponça, una cuestión que atañe a los intereses del mayor empresario inmobiliario local, Miguel Nigorra, y al colectivo de 3000 residentes. El PSOE denunció un posible cohecho ante la Fiscalía Anticorrupción, que ya ha interrogado al edil díscolo.

Joan Thomàs, con el resto de integrantes de la lista local, firmó antes de las elecciones de 2003 un carta de adhesión a la disciplina de UM, un contrato con cláusulas de penalización que contemplaba la sanción de tres millones, para asegurar que "que no iban a convertirse en tránsfugas políticos". El escrito, desvelado tras la ruptura interna en UM, abría las puertas a la denuncia judicial de la disidencia.

Thomàs niega ser un tránsfuga porque no se ha pasado a otro partido, está en el ámbito de los no adscritos y niega validez a la reclamación económica, exigible en el plazo de un mes tras la ruptura de disciplina. UM cree que el contrato privado de sus candidatos tiene validez en la vía judicial y culpa a su ex compañero de traicionar a los electores y de verse inmerso en un presunto caso de corrupción.

El PP, con 10 ediles gracias al apoyo de los dos concejales de UM, logró hace dos años la alcaldía de Calvià. El PSOE, que obtuvo nueve actas, tras dos décadas en el poder, pasó a la oposición. Ahora el PP, con el voto asegurado de Thomàs, se basta para gobernar en solitario en la segunda población de Baleares, con 45.000 habitantes y un gran volumen de negocio urbanístico y turístico.

La minoría de UM y su líder Munar actúan de bisagras y llevan dos décadas disfrutando del poder, alternando los apoyos de la izquierda y derecha. La actual fractura UM-PP en Calvià responde a un pugilato local, por cuestiones urbanísticas y de influencia política. La crisis del tránsfuga ocurrió al suscitarse movimientos de grupos económicos vinculados a recalificaciones de suelo en el municipio.

15. C. CANARIAS. SE EXIGE AL PRESIDENTE DEL PP CANARIO QUE ACLARE UN VIAJE EN AVIÓN PRIVADO.

El presidente del Partido Socialista Canario-PSOE en Gran Canaria y portavoz socialista en el Cabildo Insular, José Miguel Pérez, confirmó que pedirá al presidente de esta institución y del PP canario, José Manuel Soria, que aclare si viajó a Noruega y Austria a finales de agosto en el avión privado de un empresario hotelero de la isla, Bjorn Lyng, que a mediados de mayo solicitó al Cabildo una excepción a la moratoria turística para construir su quinto gran complejo en Gran Canaria.

Soria respondió, por escrito, a una pregunta sobre este viaje formulada por el consejero insular de Nueva Canarias, Carmelo Ramírez, que "ningún empresario ha financiado viaje alguno a este presidente", y añadió: "Nada tengo que informarle sobre las actividades privadas realizadas durante mis vacaciones".

16. C. CEUTA. EL PRESIDENTE DE CEUTA MANTIENE A UN CONSEJERO DEL PP SANCIONADO.

El Comité de Garantías del PP ha suspendido durante tres meses de militancia a Emilio Carreira, consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Ceuta y ex secretario regional del partido en esta ciudad autónoma, después de que considerara probadas las acusaciones de amenazas vertidas contra un militante hace ahora un año.

La suspensión llega casi un año después de que Carreira mantuviera una tensa pugna por alcanzar la presidencia regional del PP, en la que descalificó públicamente a su oponente y actual dirigente local del PP, Pedro Gordillo, así como al presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, de la misma formación.

El presidente ceutí anunció que mantendrá en su puesto al consejero sancionado, en el que mantiene toda su confianza, y subrayó que se trata de un "asunto interno" del PP que no afectará a sus funciones dentro del Gobierno. Vivas añadió que la suspensión se conoce ahora, "pero es una cuestión del pasado que considero totalmente zanjada".

La carrera política de Carreira está truncada desde que en verano de 2004 peleara por alcanzar la presidencia de los populares, lo que convulsionó y dividió al partido e hizo intervenir a la dirección nacional. Desde entonces, paulatinamente ha ido perdiendo poder dentro del PP.

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