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ÍNDICE

1. EL PP RECURRE AL CONSTITUCIONAL LAS BODAS GAYS POR "DESNATURALIZAR" EL MATRIMONIO.

2. DURANTE EL GOBIERNO DEL PP DISMINUYÓ EL NÚMERO DE BECAS.

3. ANDALUCÍA: EL ABOGADO DE OSUNA AFIRMA QUE EL PP LE ELIGIÓ "PARA LIMPIAR LA MIERDA" DE LA ZONA FRANCA

5. ANDALUCÍA: LA TRAMA DE CAMAS SE EXTIENDE A AYUNTAMIENTOS DEL PP

6. MADRID: ESPERANZA AGUIRRE ELUDE ENTREGAR EL EXPEDIENTE SOBRE LAS TELEVISIONES LOCALES

7. MADRID: UN ALTO CARGO DE SANIDAD QUE DIMITIÓ POR INCOMPATIBILIDAD EN JUNIO SIGUE COBRANDO

8. MADRID: LOS ECOLOGISTAS ACUSAN A AGUIRRE DE USAR LA SEQUÍA PARA ATACAR A ZAPATERO.

9. MADRID: LOS SINDICATOS EXIGE LA DESTITUCIÓN DE DE MIGUEL POR UNA MOFA SEXISTA.

10. MADRID: SANIDAD EXCLUYE MADRID DEL CÓMPUTO NACIONAL DE LISTAS DE ESPERA

11. MADRID: EL PP JUSTIFICA EL NOMBRAMIENTO DEL EX CONCEJAL DE VIVIENDA DE MADRID COMO VICEPRESIDENTE DE UNA INMOBILIARIA

12. MADRID: LA FUNERARIA PREVÉ UNOS BENEFICIOS DE 4,9 MILLONES DE € EN 2005

13. MADRID: FRACASA LA MOCIÓN DE CENSURA DEL PP Y UN TRÁNSFUGA CONTRA LA ALCALDESA DE TORREJÓN DE ARDOZ

14. MADRID: EL ALCALDE DE MAJADAHONDA (PP) DECLARA ANTE EL JUEZ MIENTRAS QUE LA FISCALÍA QUIERE IMPUTAR A ROMERO DE TEJADA, EX SECRETARIO REGIONAL DEL PP.

15. MADRID: AYUNTAMIENTOS DEL PP HAN CEDIDO EN CINCO AÑOS 30 PARCELAS PARA COLEGIOS CONCERTADOS

16. COMUNIDAD VALENCIANA: CONDE-PUMPIDO ADMITE QUE LOS CAMBIOS DE JUECES Y FISCALES DEL 'CASO FABRA' PUEDEN PERTURBAR EL PROCESO

17. COMUNIDAD VALENCIANA: EL PP ACEPTA DEBATIR SI SE INVESTIGAN LOS PAGOS OCULTOS A JULIO IGLESIAS

18. COMUNIDAD VALENCIANA: EL FISCAL ACELERA LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA CORRUPCIÓN EN ORIHUELA CON EL INTERROGATORIO AL EX INTERVENTOR

19. COMUNIDAD VALENCIANA. EUROPA CREE QUE LA LEY URBANÍSTICA SE HA APLICADO DE FORMA ABUSIVA Y CON SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN

20. CANARIAS. EL PP DE ARRECIFE ABRE LA CRISIS DE LOS COMITÉS LOCALES


1. EL PP RECURRE AL CONSTITUCIONAL LAS BODAS GAYS POR "DESNATURALIZAR" EL MATRIMONIO

El Partido Popular presentó ante el Tribunal Constitucional su anunciado recurso de inconstitucionalidad contra la ley de matrimonios homosexuales. El texto afirma que la ley "desnaturaliza la institución constitucional del matrimonio" y argumenta su impugnación en la supuesta vulneración de siete artículos de la Ley Fundamental (32, 10, 14, 39, 53, 9 y 167).

El recurso mantiene, además, que la denominación de matrimonio a las uniones civiles de homosexuales supone "un fraude de ley". Argumenta que el legislador ordinario no puede cambiar el nombre de las cosas, sino que para ello hay que modificar la Constitución. Y pone ejemplos de cosas que están definidas en la Constitución y a las que no se puede cambiar el nombre: matrimonio, nación, huelga, derecho de voto, autonomía o pluralismo. Para el PP, la norma impugnada vulnera los procedimientos establecidos para cambiar la Ley Fundamental en el artículo 167, y utiliza, a cambio, una vía encubierta para modificar el nombre de las cosas. Ése es precisamente el argumento que blande el PP para decir que Cataluña no es una nación, pues sólo lo puede ser, según la Constitución, España.

La mayor parte del recurso se basa en el presunto incumplimiento del artículo 32 de la Constitución, que dice textualmente: "El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica". El PP sostiene que sólo el hombre y la mujer son los "titulares del derecho a contraer matrimonio". Pide que se "repase minuciosamente" todo el articulado de la Ley Fundamental y así se verá que siempre que la Constitución no quiere hacer distingos entre hombres y mujeres utiliza "formas impersonales, como todos, toda persona, todas las personas, los ciudadanos, los españoles, todos los españoles, nadie", o, de forma más genérica, "se garantiza, se reconoce". La excepción es el artículo 32.

El recurso del PP repasa el debate previo a la redacción final de la Constitución para intentar demostrar que el objetivo del constituyente cuando escribió "el hombre y la mujer" era, precisamente, referirse a ambos como los dos cónyuges necesarios para contraer matrimonio. Así, señala que "los grupos parlamentarios socialista y comunista formularon sendos votos particulares" a la redacción de ese artículo. Los socialistas proponían que "el matrimonio se basase en la plena igualdad de derechos de ambos cónyuges" sin mencionar ni al hombre ni a la mujer.

2. DURANTE EL GOBIERNO DEL PP DISMINUYÓ EL NÚMERO DE BECAS

Cada vez hay menos alumnos en las aulas de las facultades y escuelas. Pero aún, menos becarios. En los últimos ocho años (entre el curso 1996-1997 y el 2004-2005), el número de universitarios ha caído en 73.512, mientras que el número de becarios lo ha hecho en 80.028. Si en 1996-1997 el número de alumnos becados suponía el 19% del total, este curso representarán el 16%. Pero ésta es la primera vez que el porcentaje de becados aumenta dos puntos porcentuales tras tres cursos (entre 2002-2003 y 2004-2005) en los que se mantuvo en el 14%. Estos datos fueron presentados la semana pasada por la ministra María Jesús San Segundo en el Senado tras ser interpelada por el PP para que diera a conocer el número de alumnos becados el curso 2004-2005.

La cuantía media de las becas universitarias de convocatoria general, inicial y de movilidad ha pasado de 1.333 € en 1995- 1996 a casi el doble (2.505 €) en el curso 2004-2005. En cuanto a la evolución de becas destinadas a alumnos de bachillerato y FP, ha pasado entre 1995-1996 y 2005-2006 del 21% de becarios al 18%. En los cursos 2002-2003, cuando Pilar del Castillo era ministra de Educación, este porcentaje se estancó en el 15%.

El gasto en becas de convocatoria general, inicio y movilidad ha evolucionado de manera dispar entre los últimos 10 años. Si en el curso 1995-1996 el Estado destinó a esta partida 551.697 millones de €, en los cuatro siguientes el gasto cayó y éste no se recuperó hasta el curso 2000-2001. De hecho, el gasto realizado en 2003-2004 (585,6 millones de €) sólo supone una mejora del 6,1% sobre el curso 1995-1996 (incluso sin tener en cuenta la inflación). En los dos últimos cursos, se ha elevado el gasto un 27,7%, acercándose a los 750 millones de € de gasto en esta convocatoria.

3. ANDALUCÍA: EL ABOGADO DE OSUNA AFIRMA QUE EL PP LE ELIGIÓ "PARA LIMPIAR LA MIERDA" DE LA ZONA FRANCA

El abogado del ex delegado del PP en la Zona Franca Miguel Osuna, José Luis Ortiz, afirmó que su cliente fue designado por el PP para "arreglar los desmanes de una casa que era un desastre". También para "limpiar la mierda" que había en el recinto fiscal gaditano cuando el asimismo popular Manuel Rodríguez de Castro se vio obligado a presentar su dimisión ante las numerosas denuncias de supuestas irregularidades que trascendieron sobre su gestión. Se trata de la primera ocasión en la que alguien relacionado con un dirigente del PP afirma que esta formación intentó supuestamente "limpiar" el mandato bajo sospecha de Rodríguez de Castro.

Esta sorprendente y novedosa declaración se produjo en el juicio que quedó visto para sentencia por la demanda de intromisión al honor que presentó Osuna contra el diputado nacional del PSOE por Cádiz Rafael Román por acusarle éste de "amparar" y "continuar" con las irregularidades de su antecesor. En su intento por convencer al tribunal de que su cliente fue "herido en su honor", el abogado José Luis Ortiz le hizo un flaco favor al PP de Cádiz.

Ante la presencia del consejero del PP en la Zona Franca y concejal del Ayuntamiento de Cádiz Ignacio Romaní, este letrado defendió que a su cliente no se le puede acusar de las irregularidades de su antecesor porque Osuna fue designado por su propio partido para "limpiar la mierda" de este organismo que acababa de dejar Manuel Rodríguez de Castro.

Estas declaraciones confirman la teoría que ha sostenido la oposición que Osuna y el PP fueron "cómplices" de las irregularidades pasadas porque no denunciaron públicamente, ni ante la policía ni ante la justicia a Rodríguez de Castro, e incluso Osuna alegó en su favor en varios asuntos.

Otra de las razones que reiteró Román para acusar a Osuna es que mantuvo los contratos millonarios, supuestamente irregulares, que firmó su antecesor con Miami Free Zone -empresa con sede en Estados Unidos- y con Telvent Interactiva (filial de Abengoa) para crear una red informática que nunca llegó a funcionar. Precisamente, el juzgado número 4 de Cádiz ha aceptado a trámite una querella de la Abogacía General del Estado y de la Zona Franca en la que acusan a Osuna de un presunto delito societario por mantener y autorizar los últimos pagos de estos contratos "claramente fraudulentos", y de cuyas irregularidades tuvo conocimiento Osuna, según la Abogacía del Estado.

La alcaldesa de Cádiz y presidenta del Consorcio de la Zona Franca, Teófila Martínez, así como el presidente del PP gaditano, Antonio Sanz, declinaron aclarar si el anterior Gobierno, presidido por José María Aznar, eligió a Miguel Osuna como delegado del recinto fiscal para "limpiar la mierda" que había dejado su antecesor en el cargo, el también popular Manuel Rodríguez de Castro, como aseguró en sede judicial el abogado de Osuna, José Luis Ortiz. Martínez se negó a responder cualquier pregunta sobre la Zona Franca, mientras Sanz emplazó a la prensa a interrogar sobre el significado de esta afirmación al letrado de Osuna.

4. ANDALUCÍA: El edil José Cano presidirá la gestora del PP en El Ejido  

José Andrés Cano, uno de los concejales que la pasada semana se reincorporó a las filas del PP ejidense y dejó en minoría al alcalde del municipio, Juan Enciso (ex popular), será el presidente de la gestora de este partido. El presidente de Coexphal, Juan Cantón, la mayor asociación empresarial de comercializadores de frutas y hortalizas del Poniente almeriense, será el vicepresidente. La junta directiva del PP en Almería, a la que asistió el secretario general del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, lo aprobó por unanimidad. Zoido remarcó que los ediles reincorporados "siempre estuvieron en el PP".

El presidente provincial del partido, Gabriel Amat, no descartó nuevas reincorporaciones en próximas fechas: "El PP está preparado para cualquier cosa. A partir de ahí, quien tiene que tomar las decisiones son otros. Las puertas están abiertas". El portavoz de la gestora ejidense y vicepresidente segundo será el concejal Francisco Góngora, que ejercía como edil de Urbanismo con Enciso. La ex diputada nacional Rosalía Espinosa será la secretaria general.

5. ANDALUCÍA: LA TRAMA DE CAMAS SE EXTIENDE A AYUNTAMIENTOS DEL PP

La investigación policial que se está produciendo a raíz del intento de soborno a una concejal del Ayuntamiento de Camas se ha extendido, de momento, a las localidades vecinas de Bormujos y Bollullos de la Mitación. Fuentes próximas a la investigación señalaron que esta extensión se ha producido como consecuencia de los datos obtenidos del caso de Camas.

En las conversaciones grabadas, el empresario Eusebio Gaviño se refirió en varias ocasiones al caso de Bormujos, donde en enero se produjo una moción de censura contra el PSOE que llevó a la alcaldía a su primo Baldomero Gaviño. La noche anterior a la moción de censura los concejales que la apoyaban pasaron la noche en un hotel. La factura del hotel la pagó el empresario madrileño Jesús Calvo Soria.

Asimismo, en los pinchazos telefónicos realizados por la policía el 13 de septiembre, día que se celebró el pleno de Camas en el que se frustró el intento de soborno, Gaviño habla con otra persona sobre Bollullos de la Mitación, municipio gobernado por el popular Antonino Gallego.

Las fuentes consultadas precisaron que, de momento, no se está investigando la extensión al municipio de Olivares, gobernado por María Victoria Fraile, hermana de Antonio Enrique Fraile (ex del PP), concejal de Camas imputado judicialmente por el intento de soborno. En los pinchazos policiales, Antonio Enrique Fraile habla a las 15.07 del pasado 13 de septiembre con Eusebio Gaviño y le dice que él tiene "muy buenas cosas en Olivares". En esa conversación, el empresario y el concejal del Camas afirman que lo ocurrido -el fracaso del intento de soborno de la concejal Carmen Lobo- ha sido una derrota en "una batalla", pero que "la guerra no se ha perdido".

Posteriormente se ha sabido que el intermediario que intentó sobornar a una concejal de la localidad sevillana de Camas, trabajaba a principios de año para Jesús Calvo Soria, promotor inmobiliario y antiguo alto cargo de la Comunidad de Madrid con el PP.

Gabiño firmó un contrato indefinido con la empresa de Calvo Soria, Lugeca Inversiones, el 16 de febrero de este año y causa baja no voluntaria el 25 de ese mes. Dice Calvo Soria que sus actuaciones profesionales no le parecían adecuadas. En esos días, en concreto el 18 de febrero, Eusebio Gabiño, haciéndose pasar por Emilio Romero visita a Inmaculada Larrinaga, la concejala independiente de Camas que fue del PP, ofreciéndole el "paraíso" si aprobaba los presupuestos y un proyecto urbanístico en ese municipio. Larrinaga lo ha reconocido ahora por las fotos que se han publicado.

Calvo Soria ha reconocido que no se acordaba de su relación laboral con Gabiño. "Cuando me lo han dicho esta mañana me he dado cuenta de que efectivamente yo lo llegué a tener contratado. Para mí no llegó a ser importante hasta que ya ha pasado". Asegura que de hecho no tiene "ni un solo metro comprado ni ningún interés inmobiliario ni en Aljarafe, ni en todo Sevilla".

Inmaculada Larrinaga, días antes de la visita de Eusebio Gabiño, se vio coaccionada, dice, entre otros por el alcalde de Punta Umbría, del PP, en Huelva, para que retirara su apoyo a una moción de censura del PSOE que quería recuperar la alcaldía de Camas en Sevilla.

6. MADRID: ESPERANZA AGUIRRE ELUDE ENTREGAR EL EXPEDIENTE SOBRE LAS TELEVISIONES LOCALES

Dos meses después de la concesión de las televisiones locales de Madrid, el Gobierno de Esperanza Aguirre ha eludido entregar a los grupos de la oposición el expediente sobre la adjudicación de 30 licencias al sector privado. El diputado de IU Fausto Fernández afirmó que esta negativa es "una prueba de que tienen mucho que ocultar". Fernández reclamó en la Comisión de Presidencia de la Asamblea de Madrid el dossier del concurso, pese a que IU lo solicitó el pasado 8 de agosto, tres días después del fallo. En su opinión, "la decisión del Gobierno regional de ocultar la información sobre estas adjudicaciones nos hace sospechar que se pueda estar manipulando el expediente para acomodar las decisiones tomadas a lo que decía el pliego del concurso". Tampoco los socialistas han recibido la documentación requerida. "El procedimiento está siendo totalmente opaco", dijo un portavoz. El Ejecutivo regional manifestó su disposición a entregar el expediente cuando esté finalizado, es decir, "una vez suscritos los contratos concesionales".

7. MADRID: UN ALTO CARGO DE SANIDAD QUE DIMITIÓ POR INCOMPATIBILIDAD EN JUNIO SIGUE COBRANDO

La Consejería de Sanidad sigue pagando la nómina de José María Barahona Hortelano, ex director técnico de la Agencia Laín Entralgo de la Consejería de Sanidad, que había presentado su dimisión el pasado 30 de junio. Barahona Hortelano tuvo que presentar la dimisión porque ejercía de oftalmólogo privado pese a tener un contrato de alto cargo en la Administración sujeto a exclusividad, lo que vulneraba la Ley de Incompatibilidades.

El dimitido fue nombrado director técnico de la Agencia Laín Entralgo, organismo dedicado a la formación e investigación del sector sanitario, el 16 de abril de 2004, según el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). Su cese, sin embargo, aún no ha sido publicado en el BOCM, a pesar de que sí lo ha sido el nombramiento de su sucesor, Daniel García Urra.

Según un portavoz de Sanidad, todo se debe "a un retraso administrativo que ha hecho que siga cobrando". "Pero ya se ha iniciado el procedimiento, denominado Expediente de recuperación de cantidades indebidamente cobradas, para que reintegre el dinero que ha cobrado desde su dimisión", añadió este portavoz.

8. MADRID: LOS ECOLOGISTAS ACUSAN A AGUIRRE DE USAR LA SEQUÍA PARA ATACAR A ZAPATERO

Ecologistas en Acción denunció que el consumo de agua en Madrid ha aumentado el 3,6% respecto al año 2004, a pesar de la sequía, lo que achacó "a la nefasta gestión del agua que está realizando el Gobierno regional". Según los ecologistas, el Ejecutivo de Esperanza Aguirre está forzando la situación como arma para atacar al Gobierno central de José Luis Rodríguez Zapatero.

Los ecologistas resaltan que esta situación invierte la tendencia de descenso del consumo que se consiguió durante los dos mandatos de Alberto Ruiz-Gallardón al frente de la Comunidad, cuando se logró reducir el consumo de agua en Madrid, en concreto el 2% durante aquel último ejercicio del año. Ecologistas en Acción considera "muy grave" que el Gobierno regional esté afirmando que este verano ha habido un ahorro de agua del 11%, cuando los datos del Canal de Isabel II revelan que en junio, julio y agosto se consumieron 182,9 hm3 frente a los 182 del mismo periodo del año anterior. Esta organización afirma que "la desidia del Gobierno regional le ha llevado a no realizar algunas pequeñas infraestructuras como las duplicaciones de las plantas de tratamiento de agua potable de Valmayor y Majadahonda.

Ecologistas en Acción cree que la de este Gobierno es la gestión del agua "más nefasta que se ha realizado desde que en 1983 se creó la Comunidad de Madrid". El "apoyo decidido al crecimiento urbanístico masivo", el interés por "forzar la situación para conseguir una situación crítica en Madrid y justificar la aprobación de nuevos embalses" y el "tener un motivo más para atacar al Gobierno central, aunque sea a costa de poner en riesgo el abastecimiento de agua de los madrileños", son otras explicaciones a la actual situación argumentadas por los ecologistas.

9. MADRID: LOS SINDICATOS EXIGE LA DESTITUCIÓN DE DE MIGUEL POR UNA MOFA SEXISTA

Los sindicatos reclamaron a la Comunidad de Madrid (PP) que destituya al sociólogo Amando de Miguel como experto del Consejo Económico y Social (CES), órgano asesor del Gobierno autonómico. La petición de cese se debió a la actitud "arisca" y "violenta" con la que De Miguel entrevistó a la directora general de la Mujer de Madrid, Patricia Flores, en una sesión de trabajo.

Durante la reunión, que se celebró el pasado miércoles y en la que se trató la mutilación genital femenina, el sociólogo preguntó a Flores: "¿Usted tiene clítoris o no?". A pesar de toda la tormenta política ocurrida tras hacerse público el contenido de la reunión, De Miguel no dio un paso atrás en sus declaraciones y afirmó que no tenía por qué pedir disculpas a la directora de la Mujer.

El grupo de trabajo del CES, que estudia el proyecto de ley de violencia sexista de la Comunidad de Madrid, se reunió el miércoles tras pedir la comparecencia de Flores como experta en agresiones machistas. Elvira Llopis, de CCOO y miembro del CES, explicó que todas las preguntas lanzadas por De Miguel estuvieron marcadas por un tono "tenso, arisco y violento". Tras varias preguntas, el sociólogo --afín al PP-- hizo mención a la mutilación genital. "¿Usted sabe lo que es?", le preguntó. "Sí --dijo la directora--, la ablación del clítoris". Acto seguido, De Miguel exclamó: "Qué ignorancia, el clítoris no es un órgano genital, porque no sirve para la reproducción, sino de placer. Usted tiene clítoris o no?".

Según la versión de la responsable de CCOO, la directora de la Mujer no perdió los papeles y se limitó a asegurar que la conversación debió tomar otro rumbo. Previamente, el sociólogo había criticado con dureza a la directora porque, a su juicio, no sabía hacer una regla de tres para calcular si existe más violencia machista en la Comunidad de Madrid que en otras autonomías. Tanto CCOO como UGT presentaron una solicitud a la Comunidad --que fue quien nombró a De Miguel-- para que sea destituido.

10. MADRID : SANIDAD EXCLUYE MADRID DEL CÓMPUTO NACIONAL DE LISTAS DE ESPERA

El Ministerio de Sanidad excluyó a la Comunidad de Madrid del cómputo nacional de la lista de espera quirúrgica en el Consejo Interterritorial de Sanidad. El ministerio considera que Madrid ha creado un sistema de gestión de la lista de espera que incumple la normativa estatal y reduce artificiosamente los enfermos incluidos en la lista y el tiempo que esperan para ser operados. El consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela, lo negó y el ministerio le ha dado 48 horas para demostrarlo.

Uno de los puntos tratados por el Consejo Interterritorial celebrado en Santander era la puesta en común de los datos de la lista de espera quirúrgica en España a 31 de diciembre de 2004. La ministra Elena Salgado destacó que las CC.AA. han "realizado un avance importante" en la recogida y procesamiento de los datos. Un avance, sin embargo, al que puso una objeción, por el que la ministra mostró su "preocupación".Se trata de la Comunidad de Madrid, cuyos datos "no pueden agregarse al resto de comunidades por el diferente sistema de cómputo utilizado", según el comunicado del ministerio. Madrid incumpliría, según el comunicado, el RD 605/2003, que es "al que se atienen el resto de CC.AA. ".

Según fuentes de Sanidad, Madrid ha creado un sistema de contabilidad diferente que no incluye a un enfermo en la lista de espera hasta que le han sido realizadas las pruebas de preoperatorio y anestesia. Todas las demás CC.AA, en cambio, lo incluyen cuando el médico especialista prescribe la operación. Con este artificio, Madrid retrasa hasta en 30 días la inclusión de los pacientes en la lista de espera", explicaron fuentes de Sanidad. "Con esto consigue que el número de pacientes incluidos en la lista y el tiempo de espera para ser operados parezcan menores de lo que son en realidad", añadieron.

Esta consideración es importante en la Comunidad de Madrid, ya que su presidenta, Esperanza Aguirre, ganó las pasadas elecciones con el compromiso de reducir la espera máxima para ser operado en la sanidad pública madrileña a 30 días. En caso de incumplir su promesa, anunció, dimitiría. Aguirre y Lamela anunciaron hace tres meses que ya habían cumplido con esta promesa. "En realidad, lo que han creado es un sistema en el que la espera máxima es de 60 días, no de 30", explicaron estas fuentes.

El ministerio ha dado un plazo de 48 horas a Lamela para que certifique que cumple la normativa estatal.

11. MADRID: EL PP JUSTIFICA EL NOMBRAMIENTO DEL EX CONCEJAL DE VIVIENDA DE MADRID COMO VICEPRESIDENTE DE UNA INMOBILIARIA

Los reproches políticos en el Ayuntamiento de Madrid han estado protagonizados por el caso del ex concejal de Vivienda y Rehabilitación Urbana, Sigfrido Herráez, quién diez días después de dejar su acta de concejal ha fichado como vicepresidente del grupo inmobiliario Rayet.

La sociedad tiene su sede en Guadalajara, pero cuenta con oficina en Madrid y desarrolla distintos proyectos en la capital: desde un centro socio-sanitario a una promoción de viviendas en el ensanche de Vallecas cuya Junta de Compensación presidía precisamente Sigfrido Herráez en su calidad de concejal de Vivienda. Preguntado al respecto, el alcalde Gallardón reconocía que la marcha de Herráez es legal, porque en el Ayuntamiento no rige el mismo sistema de incompatibilidades que en otras administraciones.

12. MADRID: LA FUNERARIA PREVÉ UNOS BENEFICIOS DE 4,9 MILLONES DE € EN 2005

El Ayuntamiento está dispuesto a subastar la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, de cuyo capital controla un 51%, y ha encargado a tres entidades financieras sendas valoraciones económicas para saber cuánto podría ingresar con su venta. El argumento del gobierno municipal es que desde que el sector se liberalizó, en 1996, han surgido varias empresas que hacen una "feroz" competencia a la antaño monopolista empresa pública, y ésta ya no es rentable. En 2004 los beneficios de la funeraria fueron de 5,7 millones, y este año la previsión de ingresos es de 4,9 millones. "Pero la tendencia es a la baja. Cada año que pasa, la funeraria gana menos", alega el concejal de Hacienda, Juan Bravo.

La Empresa Mixta de Servicios Funerarios tiene dos socios: el Ayuntamiento, que posee el 51% del capital, y la sociedad anónima Funespaña, que compró el otro 49% en 1992 (y que, además de su porcentaje de beneficios, recibe un 20% por la labor de gestión). Hasta 1996, esta empresa mixta tuvo el monopolio del negocio de los fallecimientos -25.000 personas mueren cada año en la capital-; pero ese año el mercado se liberalizó, y operan en Madrid otras cinco empresas privadas que, poco a poco, van restando cuota de mercado a la semipública.

Desde que se privatizó parcialmente, la empresa mixta siempre ha dado beneficios. Y los sigue dando, aunque cada vez son menos. En 2004 ganó 5,7 millones de €; para este año la previsión es de 4,9 millones, y para 2006, de 4,6 millones. "La tendencia es evidente: los beneficios van a la baja, y en algún momento, a medio plazo, entrará en pérdidas", argumenta el concejal de Hacienda. "Es mejor subastarla ahora, que aún da beneficios, y no tener que venderla cuando ya esté en la ruina y nadie dé nada por ella. Barcelona está estudiando hacer lo mismo con su funeraria, y muchos otros ayuntamientos se están saliendo de ese sector", señala Bravo.

13. MADRID: FRACASA LA MOCIÓN DE CENSURA DEL PP Y UN TRÁNSFUGA CONTRA LA ALCALDESA DE TORREJÓN DE ARDOZ

La oposición del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz -PP, PADE y el local Unión Ciudadana, junto con un tránsfuga del PSOE- negoció presentar una moción de censura contra la alcaldesa socialista, Trinidad Rollán. Los ediles opositores se reunieron para debatir un programa, según admitieron dos de los portavoces reunidos. El PSOE exige al PP que frene la moción, a la vez que recuerda que ésta vulneraría el pacto antitransfugismo. El tránsfuga es Fernando del Río, que dejó el PSOE hace un año acusando a sus ex compañeros de corrupción.

Trinidad Rollán (PSOE) gobierna en Torrejón de Ardoz (105.000 habitantes) en coalición con IU. Entre ambas formaciones suman 13 ediles (11 el PSOE y dos IU). La oposición también suma 13 concejales, repartidos entre 9 del PP, dos de Unión Ciudadana (UC) y otros dos del Partido Demócrata Español (PADE). La llave de la alcaldía la tiene, de momento, Fernando del Río Nuevo. En este momento el concejal figura como "no adscrito". Perteneció al PSOE, pero lo abandonó hace un año, por lo que se le consideran un tránsfuga. Así, esta moción de censura supondría una vulneración del pacto antitransfuguismo firmado por los principales partidos.

Rollán denunció que la oposición, reunida en ese mismo momento en el despacho del PP, planeaba presentar una moción de censura apoyándose en el concejal tránsfuga y alertaba de que esto "supone una vulneración del pacto antitransfuguismo" que PSOE, PP e IU firmaron en 1998. Los portavoces de los grupos locales confirmaron este extremo después. Sí, se habían reunido. Sí, hablaron sobre una posible censura. "Hemos debatido sobre si presentarla ", explicó Julián López, ex alcalde y actual portavoz del PADE. "Todos los grupos coincidimos en que es conveniente y necesaria", añadió. Según López, "fue el PP, como grupo mayoritario en la oposición, el que empezó a mover el tema". Los populares incluso llevaron un pequeño programa de gobierno para debatirlo en la reunión de , sostiene López.

Posteriormente, el PP y el PADE dieron por "herida de muerte" la moción de censura contra la alcaldesa de Torrejón de Ardoz, Trinidad Rollán, que los populares, un partido independiente y un tránsfuga del PSOE han promovido en los últimos días. Los dos concejales del PADE eran imprescindibles para el triunfo de la moción, pero las discrepancias entre ellos y el resto de partidos han bloqueado la operación.

14. MADRID: EL ALCALDE DE MAJADAHONDA (PP) DECLARA ANTE EL JUEZ MIENTRAS QUE LA FISCALÍA QUIERE IMPUTAR A ROMERO DE TEJADA, EX SECRETARIO REGIONAL DEL PP

El alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, del PP, prestó declaración ante el juez en relación con la supuesta trama urbanística destapada en esta localidad. De Foxá, según asistentes al interrogatorio, "incurrió en contradicciones", si bien aseguró que las subastas de suelo público a través de la empresa municipal Pammasa se hicieron de acuerdo con la legalidad. De Foxá declaró como imputado y durante varias horas. En el interrogatorio estuvieron el fiscal de Urbanismo, Emilio Valerio, y el abogado que representa al PSOE en esta denuncia, Guillermo Agüillaume.

El juez investiga si ha habido un trato de favor en las subastas de suelo público que ha realizado este Ayuntamiento en los últimos años. Pammasa recibía parcelas municipales, o derechos de edificación sobre ellas, para edificar vivienda libre. Pammasa decidió intercambiar esos derechos de edificabilidad de vivienda libre con constructores privados que tenían otras parcelas donde estaban obligados a edificar vivienda protegida. El Ayuntamiento les liberaba de construir vivienda protegida a cambio de una compensación económica de 30.000 € por cada piso protegido que no edificaban.

De Foxá defendió la legalidad de todo el procedimiento y se apoyó en la existencia de más de 48 informes técnicos favorables al mismo. En la subasta de 2003, el Ayuntamiento utilizó el procedimiento de la invitación previa y no pública. Concurrieron seis licitadores y todos, menos dos, hicieron la misma oferta. La subastas de suelo público no pueden ser restringidas. El alcalde señaló que no le parecía "ilegal, siempre que no fuera para bajar el precio del remate", que cuatro de los licitadores se hubiesen puesto de acuerdo en sus pujas. Añadió que posteriormente supo que uno de ellos, cree "que Afar-4", le había comprado los derechos de edificación a los otros tres. De Foxá fue preguntado por el bajo precio -"ridículo", según el PSOE- con que Pammasa permutó esos derechos de edificación. El alcalde dijo que la valoración que figura en la denuncia "es falsa". El fiscal le preguntó si es cierto que una vivienda de 100 m2 en Majadahonda, de precio libre, cuesta "70 millones de pesetas y 30 millones si es protegida". De Foxá dijo que era cierto.

La subasta de tres parcelas de terreno hecha por Pammasa en 2003 centró parte del interrogatorio. En esa subasta, el Ayuntamiento permutó sus derechos para edificar casas de precio libre sobre esas tres parcelas por otros derechos sobre terrenos ajenos en los que sólo se podían levantar viviendas protegidas. Según el PSOE, esa subasta de suelo público hizo perder a las arcas municipales, en beneficio de intereses privados, en concreto de la firma Afar-4, en torno a 30 millones de €. Afar-4 es propiedad de Antonio Cubo, amigo del ex alcalde de Majadahonda y ex secretario regional del PP, Ricardo Romero de Tejada.

Por este motivo, la Fiscalía de Madrid ha pedido al juez que cite como imputado en la investigación sobre la supuesta trama urbanística de Majadahonda al ex alcalde y secretario general del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada. La fiscalía también quiere que se cite al arquitecto municipal de esta localidad, Pedro Sánchez, y a Antonio Cubo, principal responsable de la constructora Afar 4, una de las firmas supuestamente beneficiadas en las adjudicaciones de derechos sobre el suelo de Majadahonda.

Tras la declaración prestada en el juzgado por el actual alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, del PP, la fiscalía entiende que Romero de Tejada fue quien tomó la decisión de cambiar el antiguo método de las subastas públicas de suelo municipal por "un extraño sistema", señalan fuentes jurídicas, "consistente en que el Ayuntamiento asumía la obligación de hacer viviendas protegidas y cedía a terceros privados su derecho para hacer viviendas de precio libre".

En el denominado caso Majadahonda se acusa a altos cargos regionales, entre ellos la propia presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, de estar implicados en la operación urbanística sobre las parcelas municipales de Majadahonda, debido a la difusión de una conversación grabada entre el anterior regidor, Guillermo Ortega, y su sucesor al frente de la alcaldía, Narciso de Foxá, desató el escándalo, porque el primero aseguró que había hablado con Aguirre, y que ésta le había dado instrucciones para que dos parcelas municipales fuesen cedidas a terceros través de Pammasa y no, como pretendía Ortega, mediante un acuerdo del pleno municipal. Además, relacionó a Romero de Tejada con dicha operación.

15. MADRID: AYUNTAMIENTOS DEL PP HAN CEDIDO EN CINCO AÑOS 30 PARCELAS PARA COLEGIOS CONCERTADOS

La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid han cedido unos 400.000 m2 de terrenos públicos -más de 30 parcelas- a instituciones privadas para crear colegios concertados desde 2000. Lo denunció la Plataforma Regional para Escuela Pública, integrada por sindicatos, vecinos, movimientos de Renovación Pedagógica y la federación de padres Giner de los Ríos, que anunciaron movilizaciones en los municipios afectados bajo el lema El suelo público para la escuela pública. Según la plataforma, hasta el momento se han cedido terrenos públicos, además de en la capital, en otros 13 municipios: Tres Cantos, Alcorcón, Pozuelo, Valdemoro, Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo, Torrejón de Velasco, Coslada, Alcalá, Boadilla, Arganda, Torrelodones y Majadahonda.

El consejero de Educación, Luis Peral, desmintió que hubiera cedido terrenos en Coslada y Villanueva de la Cañada recordó que a la Administración le cuesta un 33% menos mantener una plaza concertada que una pública, y anunció que seguiría con la actual política de conciertos.

"Es una estafa al erario público; están regalando suelo a empresas privadas, en lugar de destinarlo a paliar las necesidades de la enseñanza pública", aseguró José Vicente Mata, responsable de Educación de UGT. El portavoz de Educación de CC OO, Francisco García, lo calificó como "la mayor privatización del sistema educativo público de la historia". Según García, es un "escándalo que se concedan los conciertos a centros religiosos que segregan por sexo o por dinero, como el Newman, o incluso que consideran que a los homosexuales se les puede curar".

16. COMUNIDAD VALENCIANA: CONDE-PUMPIDO ADMITE QUE LOS CAMBIOS DE JUECES Y FISCALES DEL 'CASO FABRA' PUEDEN PERTURBAR EL PROCESO

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, considera que los continuos cambios de jueces y fiscales en el llamado caso Fabra pueden "perturbar la marcha del proceso" por el que se investiga al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por la posible comisión de uno o varios relacionados con el tráfico de influencias y el fraude fiscal. En un escrito, Conde-Pumpido dice que estos cambios pueden afectar incluso a la "eficacia de la actividad investigadora".

Desde que se abrió, de oficio, la investigación por los presuntos delitos contra la Administración Públicas, por el juzgado de Nules, donde se instruye el caso, han pasado siete jueces, entre titulares y sustitutas. Además, han sido tres los fiscales que han llevado el caso, por lo que Llamazares mantuvo que estos continuos cambios en los principales responsables de las investigaciones, "el volumen de la documentación acumulada y la necesidad de estudiarla íntegramente antes de proceder a nuevas diligencias comportan claramente una mayor lentitud en el proceso que dificulta claramente la rapidez y queda mermada, con ello, la eficacia de la justicia", consideración que comparte Conde-Pumpido. Sin embargo, el fiscal general del Estado señala que los mecanismos del estatuto jurídico de los miembros del Poder Judicial están "concebidos para preservar la independencia judicial", lo que impide "cualquier tipo de interferencia no prevista legalmente en el régimen de movilidad de los jueces".

Por otra parte, la acción judicial desplegada por Carlos Fabra contra las informaciones publicadas sobre la investigación de la que está siendo objeto ha sufrido un nuevo revés. Después de que la sección III de la Audiencia de Castellón rechazara su solicitud de secuestrar las informaciones de EL PAÍS y la SER, el también presidente del PP recusó a los miembros del tribunal. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha rechazado la recusación en un auto, contra el que no cabe recurso.

17. COMUNIDAD VALENCIANA: EL PP ACEPTA DEBATIR SI SE INVESTIGAN LOS PAGOS OCULTOS A JULIO IGLESIAS

El PP de las Cortes levantó, después de cuatro años, el veto a que el pleno debata las peticiones del PSPV y de EU de creación de una comisión de investigación sobre el contrato «b» de Julio Iglesias, consistente en los pagos libres de impuestos de unos 6 millones de € a través de firmas radicadas en paraísos fiscales.

En el contrato oficial que se dio a conocer, la remuneración era de 375 millones de las antiguas pesetas, con sus correspondientes impuestos, por convertirse en la imagen exterior de la Comunidad en 1997 a través de varios eventos turísticos. Las solicitudes se tratarán como segundo punto del día del pleno del próximo 19 de octubre y serán rechazadas, ya que el PP tiene mayoría absoluta.

La decisión llega el mismo día en que a penas unas horas antes el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, había contestado a una pregunta del líder del PSPV, Joan Ignasi Pla, sobre la falta de transparencia del Consell. En mayo de 2001 la oposición pidió la creación de una comisión de investigación sobre el contrato de Julio Iglesias pero el PP, pese a tratarse de una iniciativa perfectamente reglamentaria, impidió su mero debate. La propuesta quedó hibernada y decayó al finalizar la legislatura. En ésta, en marzo de 2004, la oposición reiteró la solicitud, pero el PP censuró de nuevo el debate. Hasta año y medio después. La semana pasada, los populares alegaron para justificar el veto que el asunto esta sub iudice, ya que el PSPV presentó una denuncia en el juzgado. Antoni Such (PSPV) y Joan Antoni Oltra (EU) se felicitaron de la decisión, que consideraron «casi increíble» después de tantos vetos, mientras Rafael Maluenda (PP) apuntó que no fue hasta cuando las peticiones se plantearon «correcta y reglamentariamente». Such subrayó que el contrato está en los juzgados por lo que debe haber «una respuesta política por el Consell».

El contrato del cantante como embajador en el exterior fue una apuesta personal del ex presidente Eduardo Zaplana. Los pagos bajo mano al artista en cuentas secretas de paraísos fiscales es uno de los capítulos negros de la herencia legada por Zaplana.En la sesión de control al presidente, Pla se empleó a fondo en sus críticas a Camps al que acusó en varias ocasiones de mentir y encabezar un Gobierno que tiene «las puertas cerradas y las cuentas oscuras». Como ejemplos de falta de transparencia, mencionó la imposibilidad que tiene su grupo en conocer lo que costará «el Palau de Les Arts» o cuántos cargos públicos tienen asignadas tarjetas Visa.

18. COMUNIDAD VALENCIANA: EL FISCAL ACELERA LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA CORRUPCIÓN EN ORIHUELA CON EL INTERROGATORIO AL EX INTERVENTOR

En plena batalla entre campistas y zaplanistas por el control del Ayuntamiento de Orihuela, el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, ha dado un salto cualitativo en las diligencias abiertas para esclarecer las denuncias sobre supuestas prácticas corruptas en el Consistorio oriolano. El fiscal ha citado a declarar el próximo día 14 al ex interventor, José Manuel Espinosa. Fuentes de la Fiscalía han subrayado la importancia del testimonio del ex funcionario para el curso de la investigación, cuyo eje es la denuncia que Espinosa formuló al ser destituido en el cargo, tras autoinculparse de haberse apropiado de unos 30.000 €, el pasado mes de febrero. El ex interventor, en una entrevista con los portavoces de la oposición, denunció una serie de supuestas prácticas corruptas de las que responsabilizó directamente a los ediles del PP. Espinosa comparecerá ante el fiscal en calidad de testigo, aunque el ministerio público no descarta otorgarle prerrogativas jurídicas para reforzar su testimonio.

Por otra parte, el grupo vecinal Ciudadanos por la Transparencia, surgido en Orihuela a raíz de la denuncia del ex interventor, trasladará a la Fiscalía General del Estado las 2.000 firmas que ha recogido en su campaña en demanda de la intervención de la justicia para esclarecer los hechos. La investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante viene motivada por una orden del fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, tras recibir dos denuncias de particulares en ese sentido. Briones ya ha mantenido sendos encuentros con los portavoces de los grupos de la oposición.

Mientras, el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Orihuela agudizó su enfrentamiento interno explicitado en el pleno cuando los ediles zaplanista rechazaron dos propuestas urbanísticas, impulsadas por el alcalde, José Manuel Medina, del sector campista. Medina firmó los decretos de destitución de tres miembros de su equipo de gobierno, entre ellos Mónica Lorente, hasta ahora primera teniente de alcalde y cabeza del colectivo zaplanista. Los otros dos destituidos son los alcaldes pedáneos de las partidas de Molins y La Aparecida, Antonio Rodríguez Murcia y José Antonio Aniorte, respectivamente.

Medina y el secretario general provincial del PP de Alicante, Miquel Peralta, celebraron una reunión para intentar consensuar una solución. El encuentro concluyó sin acuerdo. Fuentes del grupo popular subrayaron que Medina hizo valer sus competencias como alcalde para justificar las destituciones. El enviado de la dirección provincial le advirtió de que "es alcalde gracias a los concejales del grupo".

El paso adelante dado por Medina ha encrespado los ánimos del colectivo zaplanista. Estos concejales -mayoritarios en el grupo, al ser ocho por seis afines a Medina- expresaron su malestar por el ascenso a la primera tenencia de alcaldía de la actual concejal de Urbanismo, Eva Ortiz. "Era la cuarta teniente de alcalde y, precisamente ahora cuando el urbanismo esta en el centro de las críticas sobre posibles casos de corrupción, se la premia". Esas fuentes aseguran que Medina se escuda en sus "privilegios" de alcalde para resarcirse de la derrota en la asamblea local. En julio pasado, Medina perdió la presidencia del PP oriolano en favor de Lorente.

19. COMUNIDAD VALENCIANA. EUROPA CREE QUE LA LEY URBANÍSTICA SE HA APLICADO DE FORMA ABUSIVA Y CON SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN

La política urbanística de los gobierno del PP en la Generalitat y de numerosos ayuntamientos valencianos, desarrollada a través de la ley reguladora de la actividad urbanística (LRAU), ha sido «malvada y abusiva», se ha aplicado con «métodos leoninos de expropiación» y bajo «sospechas de corrupción», según consta en el informe elaborado por la eurodiputada Janelly Fourtou para que sea debatido por el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo.

El documento es escueto, apenas siete folios, pero contundente. La propuesta de resolución, de tres páginas, es una especie de hechos probados o consideraciones, que aún deberán debatirse para dar una respuesta a las 15.000 reclamaciones que ha recibido la comisión desde 2002. «Las principales quejas se refieren a los métodos leoninos de expropiación, con valoraciones [del suelo] extremadamente bajas para una reventa posterior a un precio de mercado elevado, y sobre los plazos de información pública [y alegaciones] que no permiten a los interesados reaccionar, lo que les crea un perjuicio material y moral en numerosos casos», se asegura en el informe.

También recuerda «las sospechas que pesan sobre los métodos de adjudicación [de los planes urbanísticos], que no son conformes al derecho europeo, así como las sospechas de corrupción que son igualmente evocadas» [en las denuncias]. Además, «numerosos planes urbanísticos parecen tener un impacto desastroso sobre el medio ambiente y la ecología de numerosas zonas costeras y, básicamente, sobre las futuras condiciones de abastecimiento de agua, aspecto que preocupa a la UE».

Aunque en el informe se reconoce que el Parlamento Europeo no tiene competencias para enmendar la nueva normativa, la ley urbanística valenciana (LUV), sí incluye una serie de recomendaciones. Entre otras, que las «futuras expropiaciones respeten tanto el fondo como las formas de los derechos de los propietarios y que los proyectos urbanísticos integren la preocupación por el desarrollo sostenible y el ecologismo que inspiran las políticas de la Unión». Además, se recuerda que toda la información contenida en estas investigaciones y recomendaciones tiene un amplio impacto «debido al gran número de ciudadanos europeos afectados (ingleses, alemanes, franceses, belgas, holandeses) así como los españoles», es decir que hay residentes afectados de seis estados soberanos de la UE.

20. CANARIAS: EL PP DE ARRECIFE ABRE LA CRISIS DE LOS COMITÉS LOCALES

Ocho de los diez componentes de la dirección del comité local del PP en Arrecife de Lanzarote renunciaron a sus cargos orgánicos en protesta por la negativa del presidente regional, José Manuel Soria, a celebrar un congreso extraordinario para elegir democráticamente nuevos dirigentes insulares. El descontento en el PP tras la creación de una gestora para regir los destinos del partido, nombrada por la regional el pasado verano, y la negativa a celebrar dicho congreso amenazan con la descomposición en cadena de la mayor parte de los comités locales de Lanzarote. A la dimisión de estos ocho cargos (a excepción de su presidente, Federico Toledo, y su vicepresidente, Juan Prats) se espera que en los próximos días se sumen las dimisiones de los responsables de los comités de Tías y San Bartolomé. De hecho, en Tías, según fuentes populares consultadas, la mayor parte de los integrantes de la agrupación local lleva semanas presionando a su presidente, Francisco Hernández, para que abandone la gestora, so pena de iniciar las renuncias.

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