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ÍNDICE

1. EL PP LE COGE EL GUSTILLO A LAS MANIFESTACIONES: RAJOY LLAMA A LOS MILITANTES DEL PP A MANIFESTARSE CONTRA LA LOE

2. EN MÉXICO LE SACAN LOS COLORES A AZNAR POR SU GESTIÓN DEL 11-M Y LA GUERRA DE IRAK

3. EL GOBIERNO DE AZNAR, BAJO SOSPECHA: IRREGULARIDADES EN LA VENTA DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS

4. LA FAES EQUIPARA LA CATALUNYA DEL ESTATUT CON CHINA Y CUBA

5. GALICIA: LA CIDADE DA CULTURA ABSORBERÁ EL GASTO CULTURAL GALLEGO DE TRES AÑOS

6. ANDALUCÍA: DESESTIMADA LA DEMANDA DEL EX DELEGADO OSUNA (PP) CONTRA RAFAEL ROMÁN 

7. MADRID: ESPERANZA AGUIRRE, CON LA DIMISIÓN EN JUEGO, GASTA UN MILLÓN EN PUBLICITAR QUE HA BAJADO LA LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA A 30 DÍAS 

8. MADRID: LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA DESMONTA EN UN CONTRAINFORME EL INFORME ELABORADO POR LA 'COMISIÓN LAMELA'

9. LA COMPLUTENSE PAGÓ AL VIGILANTE DE TAMAYO NUEVE DÍAS DESPUÉS DE SU FUGA

10. MADRID: HUMANISMO Y DEMOCRACIA, VINCULADA AL PP AMAÑÓ LOS GASTOS 

11. MADRID: MAJADAHONDA GANA 61 MILLONES MÁS POR LOS SOLARES QUE CAUSARON LA CRISIS

12. MADRID: ROMERO DE TEJADA, EX SECRETARIO GENERAL DEL PP EN MADRID, Y UN CONSTRUCTOR, CITADOS A DECLARAR EN LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN

13. COMUNIDAD VALENCIANA: FABRA INVESTIGADO POR EL USO ELECTORAL DE CENSOS DE EXTRANJEROS

14. COMUNIDAD VALENCIANA: UNA JUEZ IMPUTA A FABRA UN NUEVO DELITO POR PRESUNTA FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

15. COMUNIDAD VALENCIANA: SEGÚN GÉNOVA FABRA ESTÁ "TOCADO POLÍTICAMENTE"

16. COMUNIDAD VALENCIANA: EL FISCAL INVESTIGA AL ALCALDE DE TORREVIEJA POR SUPUESTA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA

17. COMUNIDAD VALENCIANA: EL ALCALDE MEDINA (PP) Y LOS SUPERLUJOS PRESTADOS

18. COMUNIDAD VALENCIANA: EL TSJ ANULA UN PAI EN EL QUE MEDINA (PP) 'REGALÓ' AL PROMOTOR 29.500 METROS DE CESIONES OBLIGATORIAS 

19. COMUNIDAD VALENCIANA: DE MIGUEL INSTA AL PP VALENCIANO A TOMAR MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, MIENTRAS EL PRESIDENTE DEL CONSELL NIEGA QUE EXISTA

20. COMUNIDAD VALENCIANA: UNCIO ADMITE AL FISCAL LOS GASTOS CON LA 'VISA' DEL IVF

21. COMUNIDAD VALENCIANA: EL PP DE ONIL EXPULSA A CUATRO EDILES POR DISCREPAR

22. MURCIA: SOLICITAN LA DIMISIÓN DEL ALCALDE DE ÁGUILAS (PP) AL VERSE IMPLICADO UN CONCEJAL EN UNA OPERACIÓN URBANÍSTICA

23. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: DE LEÓN (UPN-PP) APARECE COMO NEXO CLAVE ENTRE LAS INVESTIGACIONES SOBRE IRREGULARIDADES EN HUMANISMO Y DEMOCRACIA EN NAVARRA Y MADRID

24. ISLAS BALEARES: EL EX MINISTRO ABEL MATUTES, EL "GOBERNADOR EN LA SOMBRA" DE IBIZA

25. ISLAS BALEARES: EL MACRO OPERADOR TUI VATICINA QUE LA ‘AUTOTASA’ IMPUESTA POR EL PP TENDRÁ EFECTOS MUY NEGATIVOS PARA EL SECTOR TURÍSTICO EN BALEARES


1. EL PP LE COGE EL GUSTILLO A LAS MANIFESTACIONES: RAJOY LLAMA A LOS MILITANTES DEL PP A MANIFESTARSE CONTRA LA LOE

El PP se manifestará contra la Ley Orgánica de Educación (LOE). Su líder, Mariano Rajoy, pidió a los "afiliados" que "vayan a la manifestación". Aseguró que si lo hacen estarán defendiendo "los principios constitucionales y el principio de libertad de enseñanza". Rajoy afirmó que las reivindicaciones de esa movilización "coinciden plenamente con los principios que defiende el PP". Rajoy, según fuentes del PP, no acudirá a la manifestación por un compromiso personal inaplazable. Sí acudirá una nutrida representación de la cúpula del PP. La manifestación contra la Ley Orgánica de educación (LOE), convocada por la Confederación Católica de Padres de Alumnos y respaldada por la Conferencia Episcopal Española, contará con la movilización del PP. Rajoy invitó a todos sus militantes a acudir, tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de su partido, que es su dirección ampliada. El líder no anunció quiénes serán los dirigentes del PP que se manifestarán, pero es muy probable que, salvo él por una cuestión personal inaplazable, irán todos los cargos relevantes. Sí dijo que acudirá una "nutrida representación" de la dirección de los populares.

El PP de Madrid, que encabeza Esperanza Aguirre, también decidió respaldar activamente la protesta. Esto implica que la organización de los populares madrileños (que gobiernan en la comunidad autónoma y en el ayuntamiento de la capital) se volcará en movilizar el máximo de militantes y simpatizantes.

2. EN MÉXICO LE SACAN LOS COLORES A AZNAR POR SU GESTIÓN DEL 11-M Y LA GUERRA DE IRAK

Pese a que Aznar estaba entre amigos, jamás olvidará la gira mexicana para dar a conocer sus Retratos y perfiles, de Fraga a Bush. Y es que la presentación que de su obra hizo su amigo, el periodista Jacobo Zabludovsky, pudo sacarle los colores en no pocas ocasiones. Un rotativo mexicano presenta la crónica del acto bajo el titular "Aznar escucha recuento de sus mentiras hecho por Zabludovsky".

Este periodista mexicano en la actualidad presenta a diario el espacio "De una a tres" en Grupo Radio, líder mundial en radiodifusión de habla hispana. Después de dejar muy claro que las armas de destrucción masiva almacenadas por Sadam -el principal argumento de Bush para declarar la guerra a Irak- brillan por su ausencia, Zabludovsky recordó a Aznar sus declaraciones del 5 de marzo de 2003 en el Congreso. "Con respecto al programa de armas nucleares, Irak ha intentado en los últimos años hacerse con tubos de aluminio de alta calidad para enriquecer uranio", sentenció en aquella fecha el ex presidente.

En este momento del discurso de Zabludovsky, según refleja el rotativo, "Aznar se talla el bigote, se quita los lentes, se incomoda". Lo mismo que ocurrió cuando el comunicador espetó: "No le pregunto a usted esta noche, señor Aznar, si fue engañado porque recuerdo a Chou En Lai cuando le preguntaron qué opinaba de la revolución francesa. Contestó: `es muy pronto para opinar´". Las últimas alusiones del periodista mexicano se refirieron a los atentados del 11 de marzo en Madrid. "Y claro, Atocha. El 11 de marzo usted atribuyó los atentados a los terroristas de siempre, entiéndase los de ETA. Dos días después se encontraban pruebas que conectaban la tragedia con otro terror, Al Qaeda. Se acusó al gobierno de Aznar de conocer y ocultar datos sobre los auténticos autores del crimen".Zabludovsky terminó con la clásica recomendación de "el libro [de Aznar] es de lectura indispensable".

3. EL GOBIERNO DE AZNAR, BAJO SOSPECHA: IRREGULARIDADES EN LA VENTA DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS

El informe del Tribunal de Cuentas desvela ciertas "irregularidades" en la compra-venta de Aerolíneas Argentinas, asegurando que no se han "cumplimentado" los compromisos adquiridos por la empresa compradora, grupo Marsans/Spanair. Al margen de esto, y de hacer público que el Estado español ha gastado 2.710 millones en esta operación, diversos acreedores se querellan contra Aerolíneas y la SEPI por supuesto fraude. La aparición de dos contratos de compra-venta paralelos, pone si cabe más en tela de juicio la limpieza de esta venta realizada durante el anterior Gobierno de José María Aznar.

El informe del Tribunal de Cuentas, recientemente hecho público, viene a confirmar lo que tanto desde Argentina como desde España se viene denunciando desde hace unos meses: los compromisos adquiridos por el comprador de Aerolíneas Argentinas (grupo Marsans/Spanair) "no han sido del todo cumplimentados".

Entre estos "compromisos", destaca el hecho de que Aerolíneas no ha empleado los 300 millones $ que le entregó la Sociedad Estatal de Participación Industrial (SEPI) para pagar deudas. Esta compra-venta se realizó en tiempos del Gobierno de José María Aznar, y con Francisco Álvarez Cascos a la cabeza del Ministerio de Fomento, que ya fue acusado por el entonces director general de Iberia, Enrique Donaire, de dar "un trato de favor a todas luces desmesurado" a favor de los dueños de Marsans-Spanair, Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán -con quienes el ex ministro acostumbraba a ir de caza- al otorgarles la expotación de uno de los nuevos terminales del aeropuerto de Barajas.

Actualmente existen dos causas judiciales abiertas, una en argentina y otra en España, en las que los acreedores denuncian un supuesto fraude y la existencia de dos contratos paralelos de compra-venta. Ambos contratos están fechados el mismo día, 15 de octubre de 2001, pero sólo uno de ellos está ratificado por el Consejo de Ministros. El segundo contrato, confidencial, titulado "Convenio de aportes irrevocables", que ha tenido que ser entregado a petición judicial, "autoriza a la empresa a convertir la deuda en créditos". Y eso es precisamente lo que la compañía ha hecho, pasando por alto el contrato avalado por Consejo de Ministros y que rezaba que ese dinero era para pagar a los acreedores.  

La querella argentina ha sido trasladada también a España y admitida a trámite por el Juzgado 44 de Madrid. Esta causa va incluso contra la propia SEPI, dirigida por aquel entonces por Ignacio Ruiz Jarabo, como "colaboradora" en el supuesto fraude.

Los acreedores españoles también han denunciado, y hay una causa abierta en el Juzgado 35 de Madrid en similares términos, es decir, por presunta falsedad de documento público (el doble contrato), delito fiscal y apropiación indebida de fondos públicos por parte de los empresarios propietarios de Marsans (que ya han acudido a declarar como imputados), Gonzalo Pascual y Gerardo Díez, y el director de Aerolíneas, Antonio Mata, según ha informado el abogado de la acusación, Rafael Caro Moya.

4. LA FAES EQUIPARA LA CATALUNYA DEL ESTATUT CON CHINA Y CUBA

Tras el informe que la FAES elaboró sobre el Estatut en el que concluía que el proyecto "abre la puerta a la poligamia", la fundación que preside José Mª Aznar ha publicado otro en el que indica que el proyecto catalán otorga a la Generalitat poderes "que parecen propios de China, Cuba o Corea del Norte". El estudio ha sido elaborado por el economista Juan Velarde.

Según el informe, el "intervencionismo" que conlleva la propuesta de Estatut "erosionará la unidad del mercado español". Velarde argumenta que la "arbitrariedad de los poderes públicos" y, como consecuencia, el mayor "riesgo de corrupción", provocará que los inversores se alejen de Catalunya. Es un escenario, asegura, que "no atrae al inversor responsable".

El autor del estudio sostiene que la relación entre mercado amplio y desarrollo económico fuerte "parece evidente desde los tiempos de Adam Smith" y apunta, "desde un punto de vista pragmático", que Europa constató tras la segunda guerra mundial "los desastres causados por el nacionalismo económico, que están ligados a la Gran Depresión". Velarde cita expresamente el artículo 152 del Estatut, que se refiere a la planificación, ordenación y promoción de la actividad económica, "y que por su contenido puede otorgar poderes a la Generalitat que hoy parecen propios de China, Cuba o Corea del norte".

En cuanto al sistema fiscal recogido en el proyecto, alerta de que "al rebajar el poder de compra de vastas poblaciones de otras zonas españolas, el mercado extracatalán de numerosos productos, desde libros hasta productos metalúrgicos, se reduce". Por último, incluye una regañina al empresariado catalán por no haber rechazado con contundencia el proyecto: "Ha fallado ese factor hombre que nunca había dejado de estar atento en esta región".

5. GALICIA: LA CIDADE DA CULTURA, LA OBRA EMBLEMÁTICA DE FRAGA, ABSORBERÁ EL GASTO CULTURAL GALLEGO DE TRES AÑOS

Para colocar la última piedra de las obras de la Cidade da Cultura, que se alza en el compostelano Monte Gaiás, la Consellería de Cultura de la Xunta y todo el gasto que maneja (164 millones de € en el 2006) tendrían que desaparecer del mapa durante un mínimo de tres años. La envergadura de la inversión pública que se tragará el colosal proyecto fue puesto de relieve en el Parlamento gallego, durante una comparecencia de la conselleira Ánxela Bugallo.

La titular de Cultura de la Xunta explicó ante la Comisión de Economía los presupuestos de su departamento para el 2006, sin detenerse demasiado en la Cidade da Cultura, que absorberá casi un tercio del gasto total, concretamente 48 millones de €. Bugallo se lamentó de que el Ejecutivo de Manuel Fraga dejase a su departamento comprometido "para que no podamos hacer nada".

Bugallo explicó las principales partidas de gasto. Así, mientras que los cimientos de la Cidade da Cultura engullirán el próximo año 48 millones de €, para promover la cultura gallega en el mundo se destinarán apenas 375.000 €, mientras que las obras de conservación del patrimonio cultural se tendrán que conformar con una inversión de 366.000 €. Y lo mismo ocurre en otros capítulos. Es decir, a diferencia de la Cidade da Cultura, casi ninguno de estos capítulos rebasará el umbral del millón de €.

6. ANDALUCÍA: DESESTIMADA LA DEMANDA DEL EX DELEGADO DEL PP OSUNA CONTRA RAFAEL ROMÁN 

La magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz, Concepción Carranza, ha desestimado la demanda de protección al honor que interpuso el ex delegado de la Zona Franca Miguel Osuna, del PP, contra el diputado del PSOE por Cádiz y portavoz municipal, Rafael Román, por afirmar que el primero "amparó y continuó" con las irregularidades de su antecesor Manuel Rodríguez de Castro. La sentencia absuelve a Román al entender que "no injurió (...) ni atentó contra el honor" de Osuna "como persona privada", porque sus manifestaciones eran "críticas políticas sobre un asunto de interés general que afecta a un ente público y a la conducta de sus gestores (...) que están amparadas por el ejercicio de la libertad de información y expresión".

Román mostró su satisfacción por la absolución y porque no prospere "la estrategia del miedo del PP al querer llevar a los tribunales" da los dirigentes socialistas que denunciaron las irregularidades de la Zona Franca. "El PP debe cambiar su estrategia de matar al mensajero y empezar a asumir sus responsabilidades, empezando por Teófila Martínez, que fue quien nombró a los delegados", dijo Román.

7. MADRID: ESPERANZA AGUIRRE, CON LA DIMISIÓN EN JUEGO, GASTA UN MILLÓN EN PUBLICITAR QUE HA BAJADO LA LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA A 30 DÍAS 

El Gobierno regional ha lanzado una campaña de publicidad -en radio y televisión- que asegura que la Comunidad ha cumplido el compromiso electoral del PP (al que no menciona) de reducir la espera máxima para ser operado en la sanidad pública a 30 días. Fuentes de Sanidad explicaron que esta campaña está incluida en el presupuesto del Plan de Reducción de las Listas de Espera y está dotada con un millón de €. La campaña de la Comunidad de Madrid está siendo difundida fundamentalmente en televisión y radio y asegura que nadie espera más de 30 días para ser operado en la sanidad pública regional. Los anuncios no mencionan ni a Aguirre ni a su partido. La Comunidad presume así de haber cumplido con una de las promesas electorales de la presidenta Esperanza Aguirre: que dimitiría si no lograba reducir la lista de espera a finales de noviembre de 2005.

Pero existe una gran diferencia entre la contabilización de las listas de espera de Madrid, por un lado, y el Ministerio y el resto de CC.AA., por otro: Madrid es la única que retrasa la inclusión del enfermo en la lista oficial hasta que le han sido realizadas todas las pruebas preoperatorias, incluida la del anestesista. El resto de comunidades, siguiendo la normativa estatal, los incluye antes: cuando el médico especialista prescribe la intervención. Madrid, con su sistema, retrasa en 30 días la inclusión del paciente en la lista de espera y, por lo tanto, los enfermos no son operados en 30, sino en 60 días. El ministerio cifra en 7.880 enfermos el número de personas que han sido excluidas por Madrid de la lista de espera oficial para dar cumplimiento a la promesa de Aguirre.

8. MADRID: LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA DESMONTA EN UN CONTRAINFORME EL INFORME ELABORADO POR LA 'COMISIÓN LAMELA'

Mientras el primer informe, el de la llamada ‘comisión Lamela’, halló 73 supuestos casos de sedación irregular y justificó sus conclusiones alegando que los pacientes con más dosis de sedantes fallecían antes, el nuevo informe, elaborado por expertos independientes, desacredita al anterior y concluye que los expertos nombrados por el consejero cometieron "errores metodológicos" y que "los datos no permiten llegar a esas conclusiones". Los epidemiólogos argumentan que "los pacientes más graves, los que se mueren antes, reciben más dosis de sedantes debido precisamente a la gravedad de la situación".

También, afirman que el método de revisar historias clínicas utilizado por los expertos de Lamela tiene problemas de "sesgos de información" que predisponen a encontrar mala práctica. Y si el método es "incorrecto", los resultados "son inconsistentes", añaden.

Lamela, con el informe que ha sido invalidado ahora totalmente por la Sociedad de Epidemiología, presentó en su momento una denuncia ante el juez y desactivó la investigación del fiscal, y todo ello tras una denuncia anónima por la que destituyó a la cúpula del Severo Ochoa y al coordinador de Urgencias. Ahora, La Junta Técnico Asistencia del hospital, que es la que ha pedido la elaboración del nuevo informe a los epidemiólogos, ha remitido el mismo al fiscal.

9. LA COMPLUTENSE PAGÓ AL VIGILANTE DE TAMAYO NUEVE DÍAS DESPUÉS DE SU FUGA

José Antonio E. S., que escoltó y vigiló a los ex diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez después de que desertarán de su grupo y dejaran sin mayoría a la izquierda en la Asamblea de Madrid, cobró dos facturas a la Universidad Complutense por un supuesto "Informe sobre Equipamiento de Seguridad". Una, el 20 de mayo de 2003, a cinco días de las elecciones autonómicas, por importe de 2.352 euros, y otra, el 19 de junio, nueve días después de la fuga, por 1.176 euros. La Universidad ha informado al juez de que no halla documentación alguna sobre estos trabajos abonados. Las actuales pesquisas acreditan que el vigilante de Tamayo -imputado por usurpación de funciones, revelación de secretos y falsedad documental- cobró "trabajos secretos" para la Universidad de 1999 a 2003. La Complutense no halla el supuesto informe de 2003, y sí ha localizado el que realizó en 1999.

En una carta intervenida por la Guardia Civil, el agente privado José Antonio E. S. explica cómo entró a formar de la cohorte de Tamayo en 2003: "Unos días antes de la tumultuosa votación, concretamente una semana antes de esta votación en la Asamblea de Madrid, se pone en contacto conmigo un oficial del Centro Nacional de Inteligencia, el cual conozco desde hace bastante tiempo y al cual me une amistad personal. Este oficial, le llamaremos X, me comunica que va a necesitar ayuda para un tema que saldrá en los próximos días a la luz pública. Llegado el día de las votaciones en la Asamblea de Madrid en junio de 2003, los diputados Tamayo y Sáez no se presentan a dicha votación y cierran las puertas de la cámara. Yo me entero por la televisión. Esa misma noche recibo visita de X y me informa de que el tema que me comentó son estos hechos y que tengo que montar un seguimiento al diputado Tamayo a partir del día siguiente, 11 de mayo de 2003, comunicándome dónde está alojado, que es en el hotel AC Los Vascos de Madrid y que Sáez también estaba en el mismo hotel".

"Al preguntarle que por qué no cubren ellos este servicio me indica que se va a montar un gran revuelo y que se tienen que mantener al margen. Este extremo lo empiezo a creer cuando nos informa de los cambios que a continuación detallo". "Que tras montar dicho operativo, grabando las imágenes de los primeros movimientos y transcurrida escasa media hora, nos informa X que ha sido un error y que no había que hacerle un seguimiento, que lo que hay que hacerle es protegerlo y garantizar la seguridad de ambos, lo cual indica claramente que X estaba recibiendo órdenes y siendo informado sobre la marcha, cosa ésta muy poco habitual". "Durante los polémicos días que duraron los citados hechos yo me encargué de la seguridad de ambos diputados, tanto en sus residencias, como en las dependencias del abogado Esteban Verdes, en los traslados, y en la Asamblea. La contraorden recibida a última hora fue debida a que a X no se lo comunicaron hasta el último momento, por lo que él pensó que el servicio a prestar sería de seguimiento y no de protección para sorpresa de todos, incluida la de X".

X es un ex guardia civil y ex miembro del CNI, según José Antonio E. con las iniciales de A. G. R, quién actualmente está en Alemania. Preguntado si había estado trabajando como escolta de Tamayo y Sáez durante la deserción de ambos diputados del grupo socialista. "No puedo decir nada. Hace mucho tiempo; y de cosas profesionales no hablo", contestó. Preguntado si había contratado al agente José Antonio E. y quién le contrató para vigilar a Tamayo, reiteró su respuesta: "No puedo hablar, y por teléfono, menos".

10. MADRID: HUMANISMO Y DEMOCRACIA, VINCULADA AL PP AMAÑÓ LOS GASTOS 

La Fundación Humanismo y Democracia, vinculada al PP, amañó parte de la documentación con la que justificó al Ayuntamiento de Madrid los gastos de los programas subvencionados de cooperación al desarrollo. Entre las irregularidades detectadas, la organización entregó listados de supuestos receptores de cursos para acreditar que los había realizado, con folios enteros calcados.

La Fundación Humanismo y Democracia aparece en la página en Internet del Partido Popular como una de sus entidades asociadas. Además, su patronato lo integran la presidenta de la Asamblea de Madrid, Concepción Dancausa; el ex ministro de Trabajo Luis Aparicio, y el eurodiputado Luis de Grandes, entre otros miembros del PP.

Esta organización recibió entre 1995 y 2004 3 millones € del erario madrileño, destinados a 12 programas de cooperación con el Tercer Mundo. Al menos en uno de ellos, cuyo fin era dar apoyo a iniciativas empresariales de jóvenes en la República Dominicana, la consultora Price Waterhouse & Coopers, contratada por el Ayuntamiento de Madrid para que fiscalizara el gasto, apreció "irregularidades", según un informe fechado en 2003. Entre ellas, la auditora citaba el hecho de que la ONG no presentó la documentación completa, "ya que no se presentan contratos con la información oportuna", sino que únicamente entregó "los recibos y cheques correspondientes a los créditos concedidos".

La Concejalía de Empleo y Servicios al Ciudadano, que dirige Ana Botella, recibió varios listados con el nombre y apellidos de 354 personas y sus firmas. Pero, según se ha comprobado sólo había 101 rúbricas sin repetir. Y 24 personas aparecían como beneficiarias de, por lo menos, cuatro de los cursos de capacitación. Pero se advirtieron nuevas irregularidades. De las 354 firmas, sólo 101 no están repetidas y 24 personas constan como receptoras de más de cuatro cursos cada una. "Hay incluso una [Nelson R. Moreta de los Santos, que fue beneficiario de un microcrédito] que firma en nueve listas diferentes".

Al menos dos de las listas aportadas por la fundación, las que corresponden a los cursos celebrados el 19 y el 20 de abril de 2002 son copias idénticas de la relación de asistentes entregadas en los días 12 y 15 del mismo mes. También hay repeticiones de una misma persona en la misma lista (Ana Mercedes Ogando aparece dos veces en el listado del 12 de abril) e incluso nombres que aparecen con diferentes firmas en cada lista. Otro de los supuestos receptores de los cursillos, Luis Vioris Toribio, cuya firma aparece en dos ocasiones, es en realidad el coordinador de los cursos y su contrato también aparece entre la documentación aportada por la fundación. Según su contrato, fechado el 19 de abril de 2001 en la República Dominicana, esto implicaba "dirigir la oficina regional" y "coordinar las actividades del proyecto", entre otras actividades. Por sus servicios percibió 8.000 pesos mensuales (199,76 €).

El director general de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Madrid, Tomás Vera, reconoció que "es posible" que haya dinero sin justificar, pero recalcó que el proceso de fiscalización no ha finalizado.

Las listas tenían otras irregularidades, como que había al menos dos hojas enteras repetidas: fueron fotocopiadas las correspondientes a los cursos de los días 12 y 15 de abril de 2002 y, después de cambiarles la fecha, fueron presentadas como las de los cursos de los días 19 y 20 de abril. Además, en teoría, las actividades de formación debían finalizar el día 19.

Este programa de la fundación fue sometido a una auditoría de la consultora Price Waterhouse & Coopers por encargo del Ayuntamiento de Madrid, que somete a una primera revisión técnica por una entidad independiente algunos de los programas que subvenciona, tras hacer un muestreo. La auditora concluyó que la organización le había entregado entre los documentos un listado con los beneficiarios de los microcréditos y el destino de esos fondos. Sin embargo, la consultora realizó una segunda comprobación sobre el terreno en República Dominicana, y entonces no consiguió acreditar a qué se destinaba el dinero entregado por las arcas municipales. "Durante la visita al proyecto se solicitó un listado de los beneficiarios del crédito para tratar de aclarar cuántas empresas fueron apoyadas", destaca el informe que hizo la auditora. "

11. MADRID: MAJADAHONDA (PP) GANA 61 MILLONES MÁS POR LOS SOLARES QUE CAUSARON LA CRISIS POLÍTICA

El Ayuntamiento de Majadahonda, gobernado por el PP, ha abierto las plicas del concurso que vuelve a sacar a la venta las dos parcelas (RN-1 y 2D) que originaron una fuerte crisis política en la localidad en el primer intento de venta. La crisis se saldó con la dimisión del anterior alcalde, Guillermo Ortega. La mejor propuesta económica supera en 61 millones lo ofrecido por las dos parcelas en el primer concurso. La Fiscalía Anticorrupción investiga si en el primer procedimiento, declarado desierto en abril de 2005, hubo presiones para que se adjudicaran los terrenos a la empresa Afar-4.

La constructora Vallehermoso ha presentado la mejor oferta económica (95 millones) para comprar la parcela RN-1, donde se pueden construir 261 viviendas. Le sigue Afar-4 (cuyo dueño es amigo del ex secretario general del PP madrileño Ricardo Romero de Tejada) con una propuesta de 94 millones. Esta misma empresa es la mejor colocada, con 62 millones, para optar a la otra parcela, la 2D, con una capacidad para edificar 145 viviendas. Las condiciones de los pliegos han variado: en la primera enajenación el Ayuntamiento vendía las dos parcelas a un precio cerrado de 96 millones; ahora, sin embargo, el precio es lo que más puntúa en el concurso: 80 puntos sobre 100.

El equipo de gobierno de Majadahonda, del PP, se rompió debido al intento de venta de los dos solares. En principio, los 15 concejales populares votaron a favor de las bases del concurso en el pleno de septiembre de 2004. Pero, poco después, el actual regidor, Narciso de Foxá, arropado por 12 ediles, se opuso a la venta plantando cara al anterior alcalde, y a otros dos ediles que han sido expulsados del PP.

Sin embargo, para el ex alcalde Ortega y los dos concejales expulsados el problema se encontraba en que se quería favorecer a una empresa determinada. En una conversación privada difundida por los medios de comunicación, Ortega acusó al arquitecto municipal de variar su informe primero, que daba como ganadora a la empresa Proinsa, para favorecer a Afar-4. En la misma charla, De Foxá implicaba a Esperanza Aguirre en la paralización de la venta. El concurso se paró. Una vez que De Foxá tomó las riendas del Consistorio, los servicios jurídicos declararon desierta la venta por interés público. El informe concluía que ninguna de las 12 ofertas presentadas cumplía los requisitos del pliego de condiciones. El Ayuntamiento, que arrastra una importante deuda, volvió a sacar las parcelas a la venta.

12. MADRID: ROMERO DE TEJADA, EX SECRETARIO GENERAL DEL PP EN MADRID, Y UN CONSTRUCTOR, CITADOS A DECLARAR EN LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN

La Fiscalía Anticorrupción, que investiga una posible trama urbanística en Majadahonda, ha citado a declarar a Ricardo Romero de Tejada, ex alcalde majariego y ex secretario regional del PP, y al constructor Rafael Ruiz Fuentes. Los nombres de Romero de Tejada y de Ruiz salieron a relucir en varias ocasiones en una pasada comisión de investigación municipal sobre este asunto. El fiscal indaga la supuesta trama urbanística de Majadahonda y que se convirtió pronto en una crisis con ramificaciones en las más altas instancias del PP. Respecto del constructor Ruiz-Fuentes, su nombre salió a relucir cuando el anterior alcalde, Guillermo Ortega, afirmó que éste le hizo llegar el siguiente mensaje de parte de Romero de Tejada: "Date dos meses de baja, retira lo de las parcelas y te salvarás; seguirás de alcalde".

La crisis se desató a raíz de la venta de dos parcelas municipales, lo que provocó la dimisión de Ortega y la expulsión del partido de José Luis Peñas y Juan José Moreno, que eran sus hombres de confianza. Éstos habían denunciado que el Ayuntamiento estaba perdiendo importantes sumas con la política urbanística seguida: se permutaban derechos de suelo municipal para construir viviendas libres por otros que sólo permitían levantar pisos protegidos. Además, se vendían parcelas por un valor inferior al de mercado. Según Peñas y Moreno, siempre salían beneficiadas en los concursos las mismas constructoras, en especial Afar-4, que es de un amigo de Romero de Tejada.

En la comisión de investigación municipal, los dos ediles enviaron un documento en el que revelaban que Ortega les confesó que en una reunión mantenida en enero con la presidenta regional, Esperanza Aguirre, ésta les dijo que si le demostraban "la golfada" con un dossier, ella echaría a De Foxá, sucesor de Ortega tras su dimisión. Según ambos ediles, el informe se hizo y la presidenta ordenó destruirlo.

13. COMUNIDAD VALENCIANA: EL GOBIERNO INVESTIGA A FABRA POR USO ELECTORAL DE CENSOS DE EXTRANJEROS

El Gobierno ha abierto expediente informativo para esclarecer si el presidente provincial del PP de Castellón, Carlos Fabra, o alguno de los jefes locales a los que envió el pasado septiembre una circular pidiendo el censo de inmigrantes han vulnerado la ley de régimen electoral, que prohíbe el acceso a datos personalizados del censo. Los populares de Castellón están muy interesado Rumania se adhiere a la UE. Tal como indica Fabra en la misiva, el objeto de su solicitud se centra en "la importancia que el tema de inmigración tiene en las elecciones municipales de 2007". El escrito expone la urgencia por la obtención de dichos datos y reclama solicita que se remitan a la sede provincial "antes del fin de septiembre".

El conocimiento de que Fabra ha cursado esa circular ha provocado la apertura de un expediente informativo con el fin de averiguar si se ha producido el envío de la misma, tal como anunció el subdelegado del Gobierno en Castellón, Juan María Calles. Esta investigación se ha abierto dado que la Ley Orgánica del Régimen Electoral prohíbe, expresamente, el acceso a "cualquier información particularizada sobre los datos personales contenidos en el censo electoral, a excepción de los que se soliciten por conducto judicial", tal como señala el artículo 41 de dicha norma, en el que se describe la protección de los datos censales. El subdelegado del Gobierno sostuvo que la petición formulada por Carlos Fabra supone una "posible grave irregularidad" y anunció que, en el caso de que se certifique el envío de dicha información, se solicitará por vía judicial que se adopten las medidas oportunas. En cualquier caso, la ley "perseguiría" a quienes hayan facilitado los datos y no a quien los maneje.

El incremento de la población inmigrante en Castellón ha provocado una retahíla de iniciativas promovidas por las instituciones castellonenses, gobernadas por el PP, durante los últimos meses, aunque el objetivo ha sido, prioritaria y especialmente, un colectivo: la población rumana. Esta comunidad alcanza en la provincia, aproximadamente, las 30.000 personas, de las que cerca de 18.000 están empadronados en la capital de La Plana, lo que representa más del 60% del crecimiento poblacional registrado en la ciudad en los últimos cinco años. En el caso de que Rumania se adhiera, con plenos derechos, a la UE en 2007, los rumanos tendrán derecho a ejercer su voto y tendrían en su mano la elección de alrededor de tres concejales, contando con una participación de un 50% del censo. Este dato no resulta banal para nadie.

Tanto el Ayuntamiento de Castellón como la Diputación han intensificado sus relaciones con las cinco asociaciones de inmigrantes rumanos existentes en la provincia. Por ejemplo, han enviado ayuda tras las inundaciones o han firmado convenios de colaboración. El propio alcalde, Alberto Fabra, viajó a finales del mes pasado a Rumanía para "conocer más esta sociedad", según dijo, y negó que la visita a la comarca de la que procede la mayoría de los inmigrantes censados en Castellón tuviera interés electoral.

Mientras, Fabra señaló que podía acceder al censo "cuando quiera y como quiera". Todo ello, pese a que la Agencia Española de Protección de Datos considera ilegal la cesión de datos de inmigrantes que el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, solicitó por escrito a los responsables de las juntas locales de su partido en la provincia con fines electorales. La agencia es un ente de derecho público que actúa con independencia de las administraciones públicas, con el objetivo de velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos, así como controlar su aplicación.

14. COMUNIDAD VALENCIANA: UNA JUEZ IMPUTA A FABRA UN NUEVO DELITO POR PRESUNTA FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón y líder del PP en la provincia, habrá de acudir, por tercera vez, al juzgado en calidad de imputado. La nueva acusación procede de un tribunal distinto al que hasta ahora le investigaba, pero se basa en una denuncia estrechamente ligada a las anteriores imputaciones por uno o varios delitos contra la Administración pública y un presunto delito fiscal. Fabra será interrogado el día 25 por la titular del Juzgado número 2 de Nules, según un auto dictado por el juzgado, ante su posible colaboración en la comisión de un delito de falsedad. La imputación tiene su origen en una denuncia presentada por Vicente Vilar, el empresario que le acusó de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos, cuyas incriminaciones dieron lugar a la primera investigación y a la intervención de la Fiscalía Anticorrupción.

De momento, el PP, tanto la dirección nacional como la autonómica y, especialmente, el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, han mostrado su apoyo al imputado y han rechazado abrirle un expediente informativo.

La denuncia a la que se enfrenta ahora Fabra se refiere a la presunta falsificación de sellos y cuños utilizados en documentos requeridos por los ministerios de Agricultura y Sanidad para la concesión de autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios. Vilar ya acusó a Fabra de cobrarle "cantidades millonarias" por interceder ante la Administración central con el fin de agilizar la tramitación de estas autorizaciones. En las gestiones frente a los ministerios participaban otros cargos, como el ex diputado y ex senador del PP por Castellón Miguel Prim, quien también está imputado, así como tres ex altos cargos de los ministerios de Sanidad y Agricultura, una de la Generalitat Valenciana y el anterior subdelegado del Gobierno en Castellón, recientemente fallecido.

Posteriormente, el propio Vilar se autoinculpó de otro presunto delito y desveló la falsificación de sellos, tampones y documentos para dar validez a unos análisis sobre productos fitosanitarios que no reunían los requisitos de pureza que exigía el Ministerio de Agricultura. Por ello, habrá de acudir también a declarar en calidad de imputado el próximo día 11. Pero, además, el empresario sostuvo que Fabra conocía las irregularidades de esta documentación presentada para la obtención de unas autorizaciones.

Pese a que los representantes de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana, acusación particular en el llamado caso Fabra, solicitaron la investigación de estas presuntas falsificaciones en la misma causa, la titular del Juzgado número 1 rechazó la petición. Sin embargo, su compañera en el Juzgado número 2 cuenta, como información anexa a la denuncia y a los sellos y tampones manipulados que presentó Vilar, con un informe de Agricultura que sostiene la existencia de "indicios razonables" de manipulación en la documentación presentada.

15. COMUNIDAD VALENCIANA: SEGÚN GÉNOVA FABRA ESTÁ "TOCADO POLÍTICAMENTE"

En Génova crece la preocupación por las causas pendientes que el presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra, tiene abiertas en los júzgados. "En el seno del PP valenciano se asume que se puede estar asistiendo a la etapa final de uno de los liderazgos más personalistas y rotundos del partido. Fuentes de la dirección reconocen que la situación que atraviesa Fabran es muy complicada, aunque añaden que Fabra tiene carácter de sobra como para volver a presentarse, por esa misma razón".

La sospecha de que se relacione su "renuncia" a los procesos judiciales pendientes, puede hacerle volver a la escena política. Sin embargo, la reciente decisión del Juzgado de Instrucción número 2 de imputar al lider popular por la supuesta falsificación de etiquetas para la firma Naranjax "puede haber terminado de ayudar a la Dirección Nacional del PP a recomendar a Fabra la conveniencia de no presentarse.

16. COMUNIDAD VALENCIANA: EL FISCAL INVESTIGA AL ALCALDE DE TORREVIEJA POR SUPUESTA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA

Pedro Hernández Mateo, alcalde de Torrevieja, también está siendo investigado por un juzgado de esa localidad que, a instancias del fiscal, instruye una denuncia de Izquierda Unida por la compraventa de una finca que le reportó unos beneficios de 5,2 millones de €.

Las relaciones de Pedro Hernández Mateo es uno de los últimos escándalos conocidos de un periodo que abarca casi dos decenios, durante los cuales, a la sombra de los negocios inmobiliarios, se han producido diversos casos de presunta corrupción: En julio de 2000, el alcalde de Torrevieja compró 18,3 hectáreas de suelo rústico por 180.000 € en la vecina localidad de Almoradí. Dos años después, vendió el terreno por 5,4 millones. En el origen y final de la operación, según documentación aportada por Los Verdes, se encuentra la promotora Edén del Mar. Esta sociedad mercantil fue adjudicataria de diversos proyectos en Torrevieja dos años antes de que el alcalde vendiera a esa misma empresa los terrenos que había adquirido. En 2003, Edén del Mar, junto a otros promotores, se sumó a un proyecto para urbanizar 19 millones de m2 en Almoradí, que incluían el terreno de Hernández Mateo. Este último proyecto está pendiente de autorización definitiva por parte de la Consejería de Territorio y Vivienda.

17. COMUNIDAD VALENCIANA: EL ALCALDE MEDINA (PP) Y LOS SUPERLUJOS PRESTADOS

Al alcalde de Orihuela, José Manuel Medina Cañizares (PP), no le han ido mal sus relaciones con los empresarios de la construcción. Tanto la residencia de verano, un chalé de lujo ubicado en la zona litoral del municipio y valorado en más de 800.000 €, como dos coches de lujo -un Bentley y un Audi A8- figuran a nombre de promotores urbanísticos que han obtenido recalificaciones de suelo, aprobadas en los últimos meses por el consistorio oriolano.

La vivienda, de dos plantas y con piscina climatizada, y el Bentley están inscritas a nombre de Joaquín Grau Pomares, uno de los principales socios de la empresa Villas y Bungalows El Cid, mientras que el Audi A8 está registrado a nombre del concesionario Automoción Oleza SL, propiedad de Francisco Marcos Ferrer, al que el Ayuntamiento le aprobó un plan parcial que convirtió su propiedad de suelo no urbanizable en zona comercial.

De la propiedad del A8 -valorado en unos 90.000 €- y de la vivienda estival a nombre de promotores urbanísticos ya se ha informado al fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, quien, a principios de septiembre, abrió una investigación en el consistorio oriolano por los casos de «corrupción generalizada».

Ahora, un certificado del colegio de Gestores Administrativos de Alicante vuelve a poner en evidencia que otro de los vehículos de lujo que disfruta el primer edil, un Bentley LR, está a nombre del mismo promotor que figura como propietario de su residencia estival. Curiosamente, la empresa Villas y Bungalows El Cid logró, en febrero de 2004, la recalificación de más de un millón de metros de suelo en una zona conocida como Las Asomadas -entre los términos municipales de Jacarilla y Bigastro- en la que puede construir hasta 5.400 viviendas y dos campos de golf en la primera fase.

Mientras, Medina disfrutaba tanto de la residencia estival como del Bentley LR justo cuando se aprobó el plan urbanístico, que, a su vez, generó una gran polémica municipal, ya que los ediles de la formación Centro Liberal -escindida del PP- abandonaron la sesión plenaria en la que se aprobó y denunciaron que «era una aberración». El Bentley LR se trata de un modelo de una división de Rolls Royce, con todas sus piezas fabricadas a mano valorado en 200.000 €. Tanto el Bentley como el Audi A8 se suman a la larga lista de vehículos que colecciona el alcalde de Orihuela. Destacan un Peugeot 203, de 1947; un Citröen Ligero Pato, de 1950; un Nissan de 1977, y un Seat 850 Speeder. José Manuel Medina disfruta del Audi A8 desde este verano, cuando tuvo un accidente en Cantabria y su anterior vehículo, un Audi A6, quedó totalmente destrozado.

De nuevo, se da la circunstancia de que su propietario, el empresario Francisco Marcos Ferrer, regente de Automoción Oleza SA -de otros concesionarios de Orihuela- obtuvo en el pleno municipal celebrado en septiembre una recalificación de 400.000 m2, que pasaron de ser suelo no urbanizable a comercial.

Tras salir a la luz pública el caso de la vivienda de verano, el alcalde de Orihuela no desmintió la propiedad de la casa y dijo que «vive en ella en régimen de alquiler con opción a compra».De hecho, llegó a afirmar que tiene «dificultades para llegar a fin de mes».

Respecto al Bentley, niega que sea suyo, a pesar de que varios testigos, incluidos los miembros del servicio de limpieza, han confirmado que lo guarda en su garaje y a pesar de que se le ha visto conduciéndolo. Algunos domingos por la mañana es frecuente ver el flamante turismo por las calles de Orihuela con el alcalde en su interior. Incluso lo prestó para una boda.

18. EL TSJ ANULA UN PAI EN EL QUE MEDINA (PP) 'REGALÓ' AL PROMOTOR 29.500 METROS DE CESIONES OBLIGATORIAS 

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha anulado un plan de actuación urbanística (PAI) adjudicado por el Ayuntamiento de Orihuela al promotor local Francisco Marcos. Las obras incumplen los parámetros mínimos de zonas verdes, red viaria y aparcamientos. El Audi que conduce habitualmente el alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, estaba hasta el mes pasado a nombre de Marcos. El Ayuntamiento ha recurrido la sentencia al Supremo.

La renuncia gratuita y sin motivación del Ayuntamiento presidido por Medida a obtener 29.550 m2 de cesiones obligatorias acarreó, según la afectada que recurrió el acuerdo municipal, que no se cumplieran los estándares de zonas verdes, aparcamientos y red viaria en ámbito del plan urbanístico. La sentencia de la Sección Segunda del la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ, de 12 de julio, estima el recurso promovido por una afectada del PAI y anula el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Orihuela de 27 de marzo de 2000, que aprobó y adjudicó un PAI dentro de una unidad de ejecución de la urbanización La Chismosa, en la franja litoral de Orihuela.

La recurrente pidió la nulidad de la actuación por haberse apropiado la mercantil Marcos y Bañuls, del promotor local Francisco Marcos, de terrenos destinados a uso dotacional público. Indirectamente ese recurso acarreó que se cuestionara una modificación puntual del Plan General, la número 40, aprobada definitivamente por el Consell. La zona afectada por el PAI anulado es una vieja urbanización ilegal en la costa oriolana. Los intentos de legalizarla por parte del Ayuntamiento quedaron sin eficacia por sentencia firme, por lo que el Ayuntamiento promovió un plan de reforma interior y adjudicó a Francisco Marcos una de las unidades de ejecución de ese plan.

19. COMUNIDAD VALENCIANA: DE MIGUEL INSTA AL PP VALENCIANO A TOMAR MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, MIENTRAS EL PRESIDENTE DEL CONSELL NIEGA QUE EXISTA

«Los temas de corrupción son complicados, y no se puede consentir en un partido político, al igual que no se puede consentir la corrupción en la sociedad», dijo la consellera de Bienestar. Interrogada sobre los continuos casos que afectan a cargos del PP valenciano, alguno de ellos en manos de los tribunales, De Miguel se pronunció en favor de «trabajar y atajar» la corrupción. «Hay que tomar decisiones que son desagradables.» Aunque no se mencionó casos concretos, las preguntas aludían a supuestos escándalos en los que están implicados, entre otros, el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra; los alcaldes de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, y de Orihuela, José Manuel Medina.

En este contexto, el presidente de la Generalitat, Camps, aseguró que no hay casos de corrupción en el PP. "¿Alguien conoce algún caso [de corrupción]?" interpeló el propio Camps a los periodistas en Alicante. El propio Camps, sin mencionar la situación de Fabra y de los alcaldes de Torrevieja y Orihuela, así como la sentencia firme del ex consejero Luis Fernando Cartagena, contestó: "No, y quien lo conozca debe ir corriendo al juzgado de guardia y denunciarlo, porque si lo conoce y no lo denuncia lo está ocultando y puede incurrir en un delito tipificado".

Ahora un pequeño inciso: El Código Ético del PP, presentado el 24 de abril de 1993, indica en el punto 8 de su apartado 3.º que los cargos públicos se comprometen a «comunicar a la dirección del PP y poner a su disposición el puesto público que desempeñaran, si de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito».

En el punto 10 se señala que «constituirá motivo de expulsión inmediata del partido, sin perjuicio de las responsabilidades de otra índole que pudieran deducirse, la utilización del propio nombre, posición o relación dentro del partido o en un cargo público, para obtener lucro, trato o favor personal o beneficio para sí o para terceros».

20. COMUNIDAD VALENCIANA: UNCIO ADMITE AL FISCAL LOS GASTOS CON LA 'VISA' DEL IVF QUE EL SÍNDIC VIO INJUSTIFICADOS

José Manuel Uncio, ex director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), ha admitido ante el fiscal de la sección de delitos económicos de Valencia que cargó a la tarjeta visa de la entidad algo más de 6.000 € en compras en tiendas de lujo como gasto de representación. José Manuel Uncio fue llamado a declarar en el curso de la investigación que sigue la Fiscalía tras la denuncia de la diputada socialista Cristina Moreno de gastos irregulares del ex director del IVF difícilmente justificables como gastos de representación. La denuncia pública, hecha el pasado mes de junio, respondía al informe sobre las cuentas del IVF de 2003 en el que el Síndic de Comptes halló 39.000 € de gastos de representación de los que algo más de 6.000 no estaban justificados.

La sección de delitos económicos reclamó documentación al Síndic de Comptes y al propio IVF. Esa documentación fue remitida por ambas instituciones. Y el propio José Manuel Uncio hizo una comparecencia pública en la que negó un uso irregular de la tarjeta visa del IVF y aseguró que había devuelto la cantidad que el Síndic señaló como no justificada suficientemente, defendiendo además que esos gastos sí se ajustaban al uso que en virtud de su cargo podía hacer de la tarjeta visa. Sin embargo, para la fiscalía no se cerró ahí el asunto (porque devolver el dinero no exime de la responsabilidad penal si la hubiera) e hizo su propio cotejo de los gastos y el destino y motivo de las compras efectuadas.

La fiscalía decidió que debía ser el propio José Manuel Uncio quien explicara cómo había usado la tarjeta visa y en virtud de qué representación había adquirido, por ejemplo, artículos de baño, ropa en tiendas de lujo, ramos de flores o un regalo de boda. José Manuel Uncio acudió la pasada semana, reconoció los gastos (existen los comprobantes firmados) y defendió, según fuentes de la Fiscalía, que estaban dentro del ejercicio de su representación del IVF. Coincidiendo prácticamente con esa declaración, la Fiscalía, según las mismas fuentes, tuvo conocimiento a través del IVF de un nuevo documento del Síndic de Comptes en el que matiza las afirmaciones del informe inicial sobre el injustificado destino de algo más de 6.000 € para señalar ahora que la documentación aportada podría ser suficiente. La Fiscalía ha reclamado hace escasos días al Síndic que aclare si ese documento es tal cual como lo ha remitido el IVF, si forma parte de un dictamen más amplio y a qué responde su cambio de criterio.

21. COMUNIDAD VALENCIANA: EL PP DE ONIL EXPULSA A CUATRO EDILES POR DISCREPAR

El Partido Popular expulsará a los cuatro concejales de Onil, Juan Ramón Mira, José Ramón Pérez, Gloria Garrido y Charo López, si no reconsideran su decisión de dimitir por discrepancias con la dirección del partido que no les atendió.El presidente del Partido Popular en Alicante, Miguel Peralta, calificó de precipitada la decisión de los concejales de Onil y anunció que desde el PP se tomarían medidas disciplinarias. La dirección del PP recordó que aún queda pendiente la asamblea local para llevar a cabo la renovación en Onil y afrontar las próximas elecciones municipales.

Los cuatro ediles, de los seis que el PP tiene en Onil, anunciaron que llevarían a cabo la renuncia a sus actas de concejal en el pleno municipal previsto para mañana miércoles, y alegaron discrepancias con el presidente local y portavoz del grupo municipal, José María Rozalén. Según ha trascendido, el pasado mes de mayo solicitaron, sin éxito, la sustitución de Rozalén al frente del grupo a fin de lograr un cambio de imagen en el principal partido de la oposición de Onil. Después de haber gobernado durante dos legislaturas, el PP, con José María Rozalén a la cabeza, perdió las últimas elecciones en Onil en favor del PSPV, que gobierna en coalición con Esquerra Unida y el Bloc.

22. MURCIA: SOLICITAN LA DIMISIÓN DEL ALCALDE DE ÁGUILAS (PP) AL VERSE IMPLICADO UN CONCEJAL EN LA OPERACIÓN

El Grupo Municipal de IU de Águilas ha exigido la dimisión «inmediata» del alcalde, Juan Ramírez, por considerarlo «directamente implicado en la responsabilidad de que un concejal del Partido Popular esté relacionado en la recalificación de la zona protegida de la Zerrichera». Fuentes de IU explicaron que en el Pleno ordinario del 24 de junio de 2004 se le preguntó «si había algún concejal del PP en el Ayuntamiento que fuera propietario o socio de los terrenos de la Zerrichera, advirtiéndole que a ese Pleno concreto faltaba sospechosamente un concejal de su partido [en referencia a José López, que ha dimitido por este caso] que, como ahora se ha descubierto, estaba implicado en La Zerrichera».

El edil del PP de Águilas José López tiene intereses importantes en la recalificación de unos terrenos en el paraje de La Zerrichera. José López votó a favor de la recalificación de los terrenos, parte de los cuales eran de su propiedad y que cedió a la promotora del proyecto, el Grupo Inversor Hispania, a cambio de ocho parcelas urbanizadas y valoradas en 1.296.000 € (más de 215 millones de pesetas). Según la legislación vigente, José López habría estado obligado a abstenerse en la votación sobre el cambio de uso de los terrenos de La Zerrichera, ya que será uno de los beneficiarios del proyecto urbanístico previsto para la zona.


El edil cedió sus terrenos en La Zerrichera a la promotora el 15 de septiembre de 2004 en una permuta a cambio de ocho parcelas 'completamente urbanizadas, de como mínimo 500 m2, sobre las que se construirá una vivienda unifamiliar' con piscina. Cada finca está valorada en unos 162.000 €.


José López y otros propietarios de una finca de 156 hectáreas cedieron la propiedad al Grupo Inversor Hispania, que completó así las 250 hectáreas cuya recalificación inicial fue aprobada por el Pleno de Águilas la pasada semana. Estos terrenos incluyen una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y un Lugar de Interés Comunitario (LIC) incluido en la Red Natura 2000 protegida por la Unión Europea.

23. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRRA: DE LEÓN (UPN-PP) APARECE COMO NEXO CLAVE ENTRE LAS INVESTIGACIONES SOBRE IRREGULARIDADES EN HUMANISMO Y DEMOCRACIA

Ricardo de León Egüés, ex delegado del Gobierno de Navarra en Madrid y ex coordinador de la Fundación Humanismo y Democracia (vinculada al PP y a UPN a través suya), aparece por el momento como único nexo de unión entre las investigaciones que se están llevando a cabo tanto en la Comunidad Foral como en el ayuntamiento de la capital de España en torno al destino final de varias subvenciones concedidas a esta entidad para financiar proyectos de cooperación al desarrollo en países del tercer mundo. Y es que, entre los expedientes investigados en Navarra y las referencias a las "irregularidades" detectadas en Madrid, sólo su nombre aparece en ambos casos, mientras el resto de 'actores' difieren.

Si en los 4 proyectos que ya investiga la Fiscalía del TSJN el "máximo beneficiario" del desvío de fondos sería, según las pesquisas de Bienestar Social, el empresario boliviano Gonzalo Ruiz (es el responsable de todas las fundaciones interpuestas a las que fueron a parar los fondos), en el caso de Madrid, ese nombre no se repite.

Lo que sí parece coincidir es la estructura de la supuesta trama ya que, en ambos casos, se habla de programas de formación (sanitaria en el caso navarro y empresarial en el madrileño) en los que no se ha podido determinar si se impartieron, quienes los recibieron y si esas identidades son reales. Además, según auditorías externas (Bienestar Social en Navarra y Price Waterhouse en Madrid), el gasto de estas partidas no se habría correspondido con los objetivos iniciales de los programas a los que se adjuntaron. En ambos casos es también difícil determinar el grado de implicación de la entidad vinculada al PP ya que las "irregularidades" las cometerían las contrapartes locales. Eso sí, en las documentaciones que Humanismo y Democracia remitía para cobrar las subvenciones se daban como buenos justificantes "irregulares" en torno a los cuales hay sospechas de falsificación: listados de alumnos en el caso madrileño y facturas de viajes en el navarro.

También se ha sabido que María de León Arlegui, sobrina del ex delegado del Gobierno de Navarra en Madrid y ex patrono coordinador de la Fundación Humanismo y Democracia, Ricardo de León Egüés, viajó también a la República Dominicana por cuenta de la organización que dirigía su tío y con fondos aportados por el Gobierno de Navarra para el proyecto de cooperación titulado "mejora de los sistemas de gestión hospitalaria dentro de la reforma del sistema hospitalario en la República Dominicana". Éste programa, con el número de expediente 203/2003, que ya ha sido remitido a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Navarra por detectarse en torno a su ejecución indicios de hasta tres delitos: cohecho, fraude a la hacienda y falsificación en documento público. Es también el expediente que dio lugar al inicio de la investigación de la trama de Humanismo y Democracia que ya ha costado el puesto a cuatro altos cargos del Ejecutivo actual vinculados todos ellos a UPN: el propio Ricardo de León, José Luis Alli (ex gerente del INBS y ex director general de Bienestar Social), Luis Ciriza (ex responsable del área de Promoción de Empleo) y Joaquín García Guajardo (ex subdirector de Obras en Bienestar Social).

María de León, arquitecta técnica en el Ayuntamiento del Valle de Egüés, viajó a la República Dominicana entre el 10 y el 17 de septiembre de 2003, y cobró por aquel viaje un total de 2.080 €. Así al menos consta en la factura oficial que la Fundación Humanismo y Democracia, entonces aún regida por su tío, remitió al Gobierno de Navarra para su posterior abono. En ella se especifica que la sobrina de De León cobró 1.800 € en concepto de "desarrollo de asesoramiento en arquitectura técnica", trabajo desarrollado para el socio local de FHyD, el Instituto Dermatológico y de Cirugía de la Piel. Ella misma emitió la factura a la fundación incluyendo, además 550 € por gastos de alojamiento y manutención.

24. ISLAS BALEARES: EL EX MINISTRO DEL PP ABEL MATUTES, EL "GOBERNADOR EN LA SOMBRA" DE IBIZA

Al igual que en otras oportunidades, la sombra de la sospecha de que Matutes "está detrás" de este macro proyecto, estuvo presente. "El Consell Insular, el Govern balear y el señor Abel Matutes, que es quien realmente gobierna esta isla sin que nadie le haya votado desde hace años, han de escuchar el clamor de la sociedad". Así concluyó un acto, convocado por No volem la autopista, donde se recogieron firmas y fondos para seguir divulgando los polémicos proyectos de las autovías ibicencas. "Resulta indignante que se lleguen a expropiar terrenos, casas y negocios de cientos de personas para que cuatro gatos hagan sus negocios particulares, y además, con dinero público", continuaba el comunicado. "En Ibiza se respira corrupción; aquí las leyes se adaptan a los especuladores, a los negocios de los poderosos", afirmaba el comunicado que fue leído ante los manifestantes en contra de las autovías.

25. ISLAS BALEARES: EL MACRO OPERADOR TUI VATICINA QUE LA ‘AUTOTASA’ IMPUESTA POR EL PP TENDRÁ EFECTOS MUY NEGATIVOS PARA EL SECTOR TURÍSTICO EN BALEARES

TUI también opina de la autotasa. Y no precisamente echando flores. «Es una desventaja para las reservas y creará problemas», remarcó Volker Böttcher, director general de TUI Alemania. Sobre el proyecto de impuesto sobre el alquiler de vehículos, Böttcher manifestó que intentarán hablar con el Govern para señalarles que la medida es un error. «Si tuviéramos la posibilidad de conversar con el Gobierno balear, aprovecharíamos esa conversación», precisó el directivo del mayor grupo turístico mundial. Sin embargo, también puntualizó Böttcher: «Nosotros personalmente no podemos inmiscuirnos», al referirse a una posible influencia del turoperador para evitar la instrumentación de la autotasa.

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