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ÍNDICE

1. EL PP DUPLICÓ LOS INGRESOS POR DONATIVOS TRAS LLEGAR AL PODER

2. CAJA GRANADA PERDONÓ AL PP UN PRÉSTAMO DE 180.000 EUROS 

3. AZNAR, EN LOS TRIBUNALES POR "BORRAR DOCUMENTOS"

4. RECIBEN A AZNAR AL GRITO DE "FASCISTA" EN ECUADOR

5. EL YAK-42 INCUMPLÍA TODAS LAS CONDICIONES PARA VOLAR

6. GALICIA: EL PP ADMITE UNA DEUDA TELEFÓNICA DE 5,4 MILLONES Y EL GOBIERNO LA SUBE A 15

7. GALICIA: 200 ALTOS CARGOS DEL PP SE MANIFIESTAN ANTE EL PARLAMENTO GALLEGO 

8. ANDALUCÍA: LA DIPUTACIÓN DE HUELVA DENUNCIA AL JUEZ LA IRRUPCIÓN DE MILITANTES DEL PP EN SU SEDE 

9. MADRID: AGUIRRE INCUMPLE SU PROMESA SOBRE LISTAS DE ESPERA

10. MADRID: AGUIRRE DEJA SIN AYUDAS AL COLECTIVO DE VÍCTIMAS DEL 11-M PRESIDIDO POR PILAR MANJÓN

11. MADRID: SÁNCHEZ LÁZARO, EX SENADOR DEL PP, TAMBIÉN RELACIONADO CON EL TAMAYAZO

12. COMUNIDAD VALENCIANA: CAMPS, UN AÑO DE PENITENCIA

13. COMUNIDAD VALENCIANA: LA FISCALÍA DE VALENCIA DENUNCIA A TERRA MÍTICA POR UNA TRAMA DE FACTURAS FALSAS

14. COMUNIDAD VALENCIANA: IU LLEVARÁ AL FISCAL ANTICORRUPCIÓN EL 'CASO IVEX' POR LOS PAGOS A JULIO IGLESIAS 

15. COMUNIDAD VALENCIANA: EL TRÁNSFUGA DEL PP EXIGE INVESTIGAR A SU EX PARTIDO 

16. COMUNIDAD VALENCIANA: EL ALCALDE DE ORIHUELA APARTA A LOS ZAPLANISTAS DE LAS ÁREAS CLAVE

17. MURCIA: VALCÁRCEL, ¿POR QUÉ HAY QUE REGAR LECHUGAS Y NO CAMPOS DE GOLF?

18. MURCIA: EL VOTO EN CONTRA DE UNA CONCEJAL DEL PP PARALIZA LA CONSTRUCCIÓN DE 60.000 VIVIENDAS EN MURCIA 

19. MURCIA: EL GOBIERNO MURCIANO QUIERE RECALIFICAR UNA FINCA PROTEGIDA POR LA UE 

20. ISLAS BALEARES: EL GOVERN 'CONGELA' LA "AUTOTASA", PERO LA MANTIENE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS

21. ISLAS CANARIAS: EL PP PIERDE EL PODER EN EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA TRAS ABANDONAR CAZORLA EL PARTIDO

22. NAVARRA: LA "COMISIÓN EGÜÉS" CIERRA EN FALSO AL EXCULPAR AL GOBIERNO FORAL

23. ARAGÓN: TENSIONES EN EL PP DE CALATAYUD

24. ARAGÓN: ALCALDE LLAMA "FELPUDO" AL PRESIDENTE IGLESIAS E "ILUMINADO" A ZAPATERO

25. ASTURIAS: LA JUNTA LOCAL DIMISIONARIA TILDA DE PARTIDO "CARIBEÑO" A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL PP

26. CASTILLA Y LEÓN: IU DE ZAMORA, CONTRA LAS VENTAS DE SUELO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO


1. EL PP DUPLICÓ LOS INGRESOS POR DONATIVOS TRAS LLEGAR AL PODER

El Partido Popular goza de una economía muy saneada. Sus finanzas sólo presentaban hasta el 2002 una deuda bancaria de 6,4 millones de €, muy inferior a la de otros partidos. La buena salud de las cuentas del PP responde, en buena medida, a que dispone de una generosa fuente de financiación a través de los donativos, muchos de tipo anónimo. Desde que llegó al poder en 1996, el partido duplicó sus ingresos por estas aportaciones, que le han proporcionado 18,3 millones de € (3.044 millones de pesetas) en siete años.

Los sucesivos informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas revelan que el PP no tiene problemas para obtener recursos cuando la ocasión lo requiere. Desde que nació como una refundación de Alianza Popular (AP), en 1989, el PP ha obtenido importantes sumas gracias a la contribución de militantes, de simpatizantes o, simplemente, de personas adineradas deseosas de ayudarle. El volumen de estas ayudas fue aumentando sensiblemente a medida que José María Aznar se encaminaba hacia la Moncloa, y se disparó tras su llegada a la presidencia del Gobierno.

En 1990 Aznar heredó un partido dividido y sin apenas expectativas de poder. El hecho de que el líder del PP afrontara las elecciones generales del 1993 con serias esperanzas de arrebatar la presidencia a Felipe González, se tradujo de inmediato en la cuenta de resultados del PP, que en 1993 recibió donativos por valor de 2,1 millones €, seis veces más que en 1992 (casi la suma de los cuatro ejercicios anteriores). En total, hasta 1995, en puertas de la victoria electoral, el PP recaudó a través de aportaciones, nominales y anónimas, 7,3 millones de €, una cifra nada desdeñable en la primera mitad de los años 90. Pero lo mejor aún estaba por llegar.

El año siguiente, reavivada la expectativa de poder y sobre todo tras la conquista de La Moncloa, las donaciones al PP aumentaron un 50% respecto del año anterior, rozando los 2,5 millones. A partir de ese momento, la suma de donativos osciló cada año en función de la proximidad de elecciones como las generales del 2000, año en que el partido rozó los tres millones de € por este concepto. En sus siete primeros años en el Gobierno, desde 1996 hasta el 2002 --último ejercicio fiscalizado--, el partido recaudó más de 18 millones, un 150% más que en sus siete años en la oposición.

Hasta hace unos años, el Tribunal de Cuentas no consignaba de forma fehaciente qué parte de los donativos recibidos por cada partido era nominal y cuál anónima. Empezó a hacerlo en el ejercicio del 1999, y a partir de entonces siempre recuerda que, al ignorar la identidad de los donantes, le resulta imposible comprobar si se ha contravenido la ley de financiación de los partidos, que les impide recibir una aportación superior a 60.000 € de una misma persona o entidad.

Los informes de los últimos cuatro años auditados por el Tribunal de Cuentas, hasta el 2002, demuestran, en todo caso, que el PP ha ido recurriendo cada vez más a las donaciones anónimas. Como promedio, de los 12,2 millones que ha recaudado por este concepto desde 1999, el 75% son opacos.

2. CAJA GRANADA PERDONÓ AL PP UN PRÉSTAMO DE 180.000 EUROS 

La Caja General de Granada perdonó en el año 2000 al PP 30 millones de pesetas (180.000 euros) de un crédito que le había concedido en 1988. En esta ocasión, la deuda perdonada por Caja Granada al Partido Popular no sólo afectó a los intereses del préstamo, sino también a casi todo el principal. El PP recibió un crédito de ocho millones de pesetas que no devolvió en los plazos previstos. En 2000, la deuda se acercaba a 31 millones con la acumulación de intereses y capital.

Para cancelar el préstamo, Caja Granada aceptó que el PP le pagara únicamente un millón de pesetas (6.000 euros). La entidad reconoció en esta operación una pérdida teórica de casi 30 millones de pesetas. Pocas fechas antes, el PP había retirado dos demandas que había presentando contra Caja Granada.

3. AZNAR, EN LOS TRIBUNALES POR "BORRAR DOCUMENTOS"

El Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, cuyo titular es Mario Pestana, tomará declaración a la abogada del "caso Aznar" antes de decidir si sigue adelante con la denuncia. El próximo 19 de diciembre la letrada que lleva la acusación popular contra el ex presidente del Gobierno, Encarnación Martínez Segado, tendrá que ratificar sus acusaciones ante el juez. "Todo ciudadano sale perjudicado de una acción así, porque se han destruido documentos de dominio público", explica el socio de la denunciante José Luis Mazón.

La querella presentada responsabiliza a José María Aznar de un posible delito de infidelidad en la custodia de documentos, por el borrado de archivos informáticos realizado en el Palacio de La Moncloa tras perder el PP las elecciones de marzo de 2004. La  denuncia ha ido a parar al mismo juzgado que instruye una causa por los mismos hechos, presentada el año pasado. La nueva denuncia por borrado de documentos implica directamente al ex presidente. "Han borrado ocho años de historia como si hubieran sido sus correos electrónicos particulares, y este delito está tipificado en el Código Penal".

La acusación popular asegura tener pruebas irrefutables del hecho. "Se fueron sin pagar la factura del borrado cuando salieron de la Moncloa, 12.000 € y nosotros tenemos la factura que emitió la empresa que borró", añade José Luis Mazón. En la denuncia presentada recientemente se culpa directamente a Aznar de  la desaparición de los archivos, por ser "la persona que ostentaba todo el poder de dirección en el lugar de los hechos".

La letrada pide en su escrito que se tome declaración como imputado a la persona que dio la orden de destrucción de los archivos y copias de seguridad, o si no es posible identificarlo, que se interrogue al respecto al propio Aznar como "jefe de la estructura". El Código Penal recoge que si no se puede identificar a la persona que lo ha hecho, se presume que lo ha ordenado su superior", concluye José Luis Mazón.

4. RECIBEN A AZNAR AL GRITO DE "FASCISTA" EN ECUADOR

La ronda de conferencias que el ex presidente del Gobierno José María Aznar imparte en América, le ha ocasionado algún que otro disgusto. En Quito, mientras daba un discurso en el Foro Empresarial del Ecuador 2005, tras iniciar su discurso, justamente cuando exponía las acciones más relevantes de su Gobierno, José María Aznar fue interrumpido por los gritos de cinco manifestantes que lo calificaron de fascista. Los jóvenes portaban pancartas con el mismo lema. Pero ahí no acabó la protesta, minutos más tarde otros jóvenes se bajaron los pantalones y le enseñaron las nalgas mientras gritaban:"Aznar fascista, asno terrorista". La policía les detuvo poco después.

Los manifestantes  acusaron a Aznar de haber promovido una política racista y de maltrato a los inmigrantes, especialmente de Ecuador, durante su etapa como presidente del Gobierno español. Mientras tanto, en los alrededores del hotel en el que tenía lugar la conferencia, un grupo de jóvenes socialistas se sumó a los actos de protesta por la presencia de Aznar en el país. Los manifestantes también fueron desalojados por la Policía, sin registrarse detenidos.

El presidente de la FAES se mostró convencido de la apertura comercial y de que la competencia es mejor que el intervencionismo monopólico. También afirmó que los países que han dejado de lado el proteccionismo son los que han salido adelante y que "no hay mejor política que ofrecer empleo a la gente". El ex presidente insistió en la necesidad de demostrar "generosidad y patriotismo", para llegar a consensos nacionales en su discurso.

5. EL YAK-42 INCUMPLÍA TODAS LAS CONDICIONES PARA VOLAR

El accidente del Yak-42 en el que murieron 62 militares españoles el 26 de mayo del 2003 cuando regresaban de Afganistán se produjo por una conjunción de tres factores: "El cansancio de la tripulación, su falta de formación y el deficiente mantenimiento del avión", según afirmó el Secretario de Estado de Defensa, Francisco Pardo. El informe final de la comisión investigadora internacional, bajo la presidencia turca, dice que la compañía ucraniana UM Air carecía de licencia comercial para operar con Kabul y la adquirió cinco días antes del accidente a una agencia libanesa. Además revela que la caja negra del avión no funcionaba desde hacía 45 días, por lo que, según la ley, el Yak-42 no tenía que haber despegado; la larga duración del servicio agotó a la tripulación; los pilotos no tenían suficiente formación ni información sobre el aeropuerto de Trabzon (Turquía) ni los perfiles de aproximación, geografía o restricciones; tampoco sabían cómo establecer la ruta de preaterrizaje con radiobalizas VOR porque el manual de vuelo carecía de ese procedimiento.

A estos factores se sumó el hecho de que la autonomía anotada en el plan de vuelo no se correspondía con la cantidad real de combustible y que la tripulación no considerara un aeropuerto alternativo para no sobrepasar el límite de actividad.

España ha pedido responsabilidad a la agencia de la OTAN por la falta de control del avión contratado en 149.000 € y subcontratado finalmente en menos de 40.000 €. Además, el presidente de la Asociación de Familiares de las Víctimas, Alfonso Agulló, anunció que pedirá a la Audiencia Nacional la imputación de la cadena de mando encargada de la contratación del vuelo.

6. GALICIA: EL PP ADMITE UNA DEUDA TELEFÓNICA DE 5,4 MILLONES Y EL GOBIERNO LA SUBE A 15

La guerra por las factura del teléfono deparó una guerra de cifras, en la que el ex conselleiro de Presidencia, Jaime Pita, rebajó a 5,4 millones de € (novecientos millones de pesetas) la deuda de la Xunta de Fraga con Telefónica, mientras que el actual Gobierno lo sitúa en los 13 millones que denunció la víspera su sucesor en el cargo, José Luis Méndez Romeu. La consellería de Méndez mantuvo al alza su denuncia por los impagos del Ejecutivo conservador, que en total suman 15 millones €, según los cálculos del gobierno. Los impagos por el uso de los 2.300 teléfonos móviles de la Xunta ascenderían a 600.000 €, unos 100 millones de las antiguas pesetas, según la explicación puntual de Pita.

Pita justificó la deuda porque Intervención de la Xunta no dio durante todos estos años el visto bueno a las facturas que le remitía la compañía. El ex conselleiro del PP sostuvo que Telefónica no especificaba los consumos y había inconcreción sobre los terminales desde los que se efectuaban las llamadas y sus destinatarios.


El Gobierno del PP aprobó en el último Consello de la Xunta, el 28 de julio del 2005, un convenio para pagar a Telefónica la «deuda histórica». El Ejecutivo de Fraga acordó abonar en cuatro años los pagos atrasados de 5,4 millones €. En el año en curso está previsto un desembolso de 300.000€. Para el 2006, la previsión, según este convenio, es de 929.106€. En cada uno de los dos años siguientes se gastarán 2,1 millones. El ex conselleiro de Presidencia aseguró además que la situación de retraso en los pagos a Telefónica se debe en parte a un problema informático de la compañía, que borró facturas de los últimos meses.

7. GALICIA: 200 ALTOS CARGOS DEL PP SE MANIFIESTAN ANTE EL PARLAMENTO GALLEGO 

La movilización de unos 200 cargos públicos del PP, alcaldes, concejales y tres senadores, para manifestarse ante el Parlamento gallego en protesta por la suspensión de varias obras de la Xunta, derivó en una fuerte bronca en el exterior de la Cámara, que luego se trasladó al hemiciclo. Los populares abandonaron el pleno del Parlamento después de que la presidenta, la socialista Dolores Villarino, impidiese la entrada al edificio de un grupo de alcaldes que participaban en la manifestación.

Los cargos del PP, entre los que había un centenar de alcaldes, llevaron la protesta a las puertas del edificio de la Cámara, dentro de la muralla exterior del recinto, coincidiendo con una comparecencia en el pleno parlamentario del consejero de Medio Rural de la Xunta, el nacionalista Alfredo Suárez Canal. Los dirigentes populares, que portaban pancartas con lemas que criticaban a Suárez Canal y al presidente de la Xunta, el socialista Emilio Pérez Touriño, clamaban contra la decisión de Medio Rural de anular 250 proyectos de obras aprobados por el anterior Ejecutivo del PP en plena campaña para las elecciones autonómicas del pasado 19 de junio. El PP había acreditado a 40 de esos alcaldes para que pudiesen asistir al pleno desde la tribuna de invitados. Al ver la manifestación, la presidenta de la Cámara ordenó que se les prohibiese la entrada al edificio, por entender que con su actitud trataban de "coaccionar" a los parlamentarios, y que se expulsara a 15 de los alcaldes que ya habían accedido.

Mientras algunos de los cargos públicos del PP forcejeaban con la policía en el exterior, la mayoría del Grupo Popular abandonó sus escaños en el hemiciclo, en el que sólo permanecieron tres diputados, entre ellos su portavoz adjunto, Alberto Núñez Feijoo. El primer portavoz, el ex presidente de la Xunta Manuel Fraga, no había asistido a la sesión. Los diputados del PP pasaron del hemiciclo a la tribuna de invitados, desde la que siguieron el debate y aplaudieron la intervención de uno de sus compañeros. La presidenta les amonestó por su actitud, que consideró una "falta de respeto a la institución", y evocó el recuerdo del golpe de Estado del 23-F. Irritados por ese comentario, los tres diputados del PP que aún permanecían en el hemiciclo abandonaron la sesión.

8. ANDALUCÍA: LA DIPUTACIÓN DE HUELVA DENUNCIA AL JUEZ LA IRRUPCIÓN DE MILITANTES DEL PP EN SU SEDE 

Una treintena de representantes de Jóvenes Generaciones (NNGG), las juventudes del Partido Popular, ocuparon durante unas horas la sede de la Diputación de Huelva como protesta por la moción de censura convocada en Gibraleón, contra el alcalde José Ramón Gómez Cueli (PP). Según la denuncia, las protestas de los representantes de Nuevas Generaciones "son continuación" de las protagonizadas con anterioridad otro grupo de personas que se concentró frente a la sede de la Diputación, donde el presidente del PP, Javier Arenas, "llamó a la movilización en la calle" de los habitantes de Gibraleón.

Dentro de los documentos que se acompañan, han podido identificarse como participante activa en los hechos a la parlamentaria andaluza por el PP Aranzazu Martín y se presume la participación de José Luis Puente, presidente de NNGG de Huelva.

La Diputación de Huelva denunció ante el fiscal, el juzgado de guardia la "irrupción en las dependencias provinciales profiriendo insultos y coacciones verbales". Así, se ha solicitado que "se instruyan las diligencias que procedan, ordenando o instando la adopción de las medidas cautelares que se considere oportunas en orden a garantizar el normal funcionamiento de la Diputación".

9. MADRID: AGUIRRE INCUMPLE SU PROMESA SOBRE LISTAS DE ESPERA

"Si en dos años, después de llegar a la presidencia de la Comunidad de Madrid, algún madrileño tiene que esperar más de 30 días para ser operado, después de que el médico le prescriba la operación, yo dimito de la presidencia de la Comunidad de Madrid". La Presidenta del Ejecutivo regional de Madrid, Esperanza Aguirre, hizo esta declaración textual en un debate electoral en la cadena pública Telemadrid el 9 de mayo de 2003. El compromiso estaba lanzado, y como todo llega, se cumplió el plazo de dos años que Aguirre se impuso para solucionar el problema, y continúa al frente de su cargo.

Pero con anterioridad, Aguirre comenzó a realizar un sinfín de matizaciones a un compromiso que desde su propio partido se consideraba de muy difícil cumplimiento: "Si se quiere elegir médico y hospital, entonces no contará el plazo de un mes. Pero si van a venir a operarse la cadera, por ejemplo, no sólo de Castilla-La Mancha y de Andalucía, sino también de Marruecos, de Ecuador, de México, habrá que ponerse de acuerdo todas las comunidades para tener un sistema de equilibrio financiero", aseguró la presidenta.

También, el 2 de marzo de 2004, Aguirre rectificó de manera evidente al hacer balance de su gestión a los 100 días de ser elegida presidenta regional. Entonces aseguró que "sólo los censados en Madrid computarán" en las listas de espera quirúrgica para considerar cumplido su compromiso electoral. En ese momento, Aguirre afirmó que "siempre" se había referido "a los madrileños" y se quejó de que "muchos extranjeros acuden a hospitales de la capital porque les resulta mucho más barato aquí que en sus países.

Sin embargo, en la página 103 del programa electoral del PP a la Comunidad se lee: "Con carácter general, se asegurará que ningún paciente espere más de 30 días para que se le realice la operación quirúrgica prescrita por su médico".

Dos días después, el 4 de marzo de 2004, la presidenta volvió a suavizar su promesa, al señalar que se comprometió "a reducir en dos años la lista de espera a un mes para las operaciones sencillas y molestas, como cataratas y juanetes", es decir, en su promesa no se incluían intervenciones de "mayor complejidad".

En diciembre de 2004, para reforzar ante la opinión pública que el cumplimiento de este compromiso era el adecuado, la Comunidad lanzó una agresiva campaña publicitaria asegurando que en Madrid se realizan al menos 1.000 intervenciones quirúrgicas al día. "Así se cumple un compromiso", sostenía el eslogan.

Pero el punto de inflexión, la rectificación que le permitiría asegurar que había cumplido su compromiso electoral 5 meses antes de lo previsto, el pasado 2 de junio en un pleno de la Asamblea, donde la presidenta aseguró que el cómputo de los 30 días a los que se refirió en la clara promesa, sólo podría empezar a contabilizarse a partir de que "el último facultativo termine la última prueba" antes de que el paciente vaya a la mesa de operaciones. Es decir, donde dijo "después de que el médico le prescriba la operación", pasó a decir "después de que el último facultativo termine la última prueba" del preoperatorio.

Este radical cambio en las palabras de Aguirre coincidía en el tiempo con el sistema de cómputo ideado por su consejero de Sanidad, Manuel Lamela, para reducir el número de pacientes en la lista de espera quirúrgica. De un plumazo dejaban de existir para su compromiso los enfermos a los que se les había prescrito una operación pero que aún no habían visitado, por algún motivo, al anestesista. Mediante estas correcciones, Lamela ha conseguido que los pacientes en esta situación pasara de 2.941 en junio de 2004 a 13.477 en marzo de 2005. Cinco veces más. O lo que es lo mismo: el 37,85% del total de pacientes que están aguardando para entrar en quirófano.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad asegura que la Comunidad de Madrid falsea los datos de la lista de espera quirúrgica. "Sus cuentas están manipuladas porque, a diferencia de lo que hacen las otras 16 comunidades autónomas, Madrid empieza a contar cuando el paciente llega al anestesista", según el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos. El ministerio planea excluir el próximo 14 de diciembre a Madrid del cómputo nacional de las listas de espera. Todas las comunidades -incluso Castilla y León, Valencia y Baleares, gobernadas por el PP- siguen las normas del Gobierno central.

El Gobierno de Esperanza Aguirre sabe que está al borde de ser expulsado del cómputo nacional de listas de espera quirúrgicas. Lo sabe desde el pasado 5 de octubre, cuando se celebró en Santander el último Consejo Interterritorial de Sanidad.

10. MADRID: AGUIRRE DEJA SIN AYUDAS AL COLECTIVO DE VÍCTIMAS DEL 11-M PRESIDIDO POR PILAR MANJÓN

Los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2006 -que deben ser aún aprobados por la Asamblea- sólo destinan ayuda económica para una de las dos asociaciones de víctimas del 11-M, según denunció IU, que exigió a la presidenta, Esperanza Aguirre, que corrija este agravio. Las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004 están organizadas en dos colectivos: la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, presidida por Ángeles Domínguez, y la Asociación 11-M Afectados de Terrorismo, presidida por Pilar Manjón, quien compareció ante la comisión creada en el Congreso de los Diputados.

Pero el proyecto de presupuestos regionales, en el Programa 090 de la Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno, sólo incluye ayuda económica para el primero de esos colectivos: una partida de 240.405€ destinada a un convenio con la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M. No aparece ninguna partida para la Asociación 11-M Afectados de Terrorismo. En el mismo programa se incluyen también subvenciones y ayudas para otras organizaciones de víctimas: la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que recibirá 73.557€, y la Fundación de Víctimas del Terrorismo, con 98.077€.

11. MADRID: SÁNCHEZ LÁZARO, EX SENADOR DEL PP, TAMBIÉN RELACIONADO CON EL TAMAYAZO

Javier Sánchez Lázaro, antiguo senador de Alianza Popular, es dueño de la empresa por la que cotizaba a la Seguridad Social el secretario general del PP Romero de Tejada. Su nombre saltó durante la comisión de investigación sobre el caso Tamayo. En una de sus comparecencias Ricardo Romero de Tejada reconoció sus relaciones con los hermanos Sánchez Lázaro con quienes mantenía "negocios de carácter ganadero". Lucego se supo que Romero de Tejada estaba a sueldo de una copistería propiedad de los dos hermanos.

La familia Sánchez Lázaro controla un grupo empresarial con más de una veintena de empresas activas en distintos sectores, desde los espectáculos taurinos a las artes gráficas, incluyendo en sector inmobiliario. Entre la multitud de sociedades que controlan encontramos la empresa de fotocopias, MIC, por la que cotizaba a la Seguridad Social Ricardo Romero de Tejada con intereses en el sector inmobiliario. Javier Sánchez Lázaro fue senador de la antigua Alianza Popular por Extremadura. Ha trabajado para el grupo Eurocapital y el Banco Europeo de Finanzas (BEF) del que su padre, Longinos Sánchez, era el máximo accionista con un 18%.

Según el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, ha afirmado que los hermanos Sánchez Lázaro tienen multitud de procedimientos abiertos por "apropiación indebida y estafa" "detrás de cada ladrillo que se levanta siempre aparecen militantes o allegados al PP con intereses inmobiliarios".

Aunque parezca paradójico la mayoría de los procesos a los que se enfrentan  han surgido por desavenencias entre ellos mismos ya que Javier Sánchez Lázaro no mantiene buenas relaciones con sus hermanos e incluso ha llegado a presentar varias querellas criminales contra ellos.

Javier Sánchez Lázaro aparece mencionado en la conversación telefónica en la cual se incluyen alusiones de Eduardo Zaplana, entonces presidente provincial del partido de Alicante, al empresario para pedirle una comisión. Los hermanos Sánchez Lázaro han llevado a la quiebra a algunas de sus sociedades, de las que han desaparecido cientos de millones de pesetas. Entre las empresas quebradas se encuentran Farmasierra, Explotaciones Veracruz, y la Inmobiliaria El Tejo.

12. COMUNIDAD VALENCIANA: CAMPS, UN AÑO DE PENITENCIA

Hace justo un año, Francisco Camps fue elegido presidente regional del PP en el cónclave de Castelló. Doce meses de mandato marcados por los conflictos internos que Camps se ha mostrado incapaz de atajar; por la eterna crisis del grupo en las Cortes; las continuas discrepancias con el PP de Alicante que se han traducido, incluso, en batallas internas en el Consell; y, de forma especial en las últimas semanas, por las denuncias sobre presunta corrupción que han sembrado las dudas no sólo sobre la gestión de organismos autonómicos como el Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) sino también, al margen del caso Fabra, sobre la de alcaldes como los de Orihuela, José Manuel Medina, o Torrevieja, Pedro Hernández Mateo.

Camps llegaba al congreso de Castelló para ser ratificado como presidente -había asumido ese puesto tras la dimisión de Zaplana pero sin el refrendo de un cónclave- tras casi año y medio, prácticamente desde su toma de posesión, de lucha con los zaplanistas.

Los meses previos a la cita fueron especialmente conflictivos. En julio, el jefe del Consell había tenido que afrontar un plante de parlamentarios zaplanistas fraguado en casa del presidente de las Cortes, Julio de España, que le advertían del poder que aún conservaban. Y, un mes mas tarde, en pleno agosto, el presidente se decidía a remodelar el Gobierno, relegando a los consellers zaplanistas a las áreas de menor peso en la gestión. El congreso llegaba en un momento de fuerte tensión acrecentado en los días previos por los continuos amagos de los seguidores del ex ministro de impulsar una lista alternativa a la presidencia con Julio de España como cartel. Nada de eso ocurrió. Pero Camps, pese a integrar en la dirección a algunos de los duros del zaplanismo como el propio De España, Juan Manuel Cabot o Serafín Castellano -ahora afín al presidente-, cosechó 140 votos en blanco que impidieron ofrecer imagen de unidad.

El discurso de clausura de Rajoy fue sintomático: pidió a Zaplana que se dedicara a hacer oposición en Madrid y que dejara a Camps dirigir el PP en Valencia. Pero el nuevo presidente regional del PP no tuvo ni un día de gracia. Apenas 24 horas después de la clausura del congreso en Castelló, se elegían compromisarios para el cónclave provincial de Alicante y la asamblea de Elche se convirtió en una batalla campal. Las imágenes de televisión con el enfrentamiento entre los militantes dieron la vuelta a España. , el PP no sólo no ha solucionado la crisis la junta local ilicitana, aún el comité nacional de conflictos no ha resuelto los expedientes abiertos, sino que se ha ido agravando con continuas acusaciones que se han saldado con la salida de Manuel Ortuño, al que los zaplanistas atribuyen los incidentes, de la subdelegación del Gobierno en Elche, plaza que no se ha cubierto.

A punto de la Navidad de 2004, apenas un mes después de su elección como presidente regional, a Camps le quedó claro que en Alicante le sería difícil entrar. El zaplanista Joaquín Ripoll se hizo con el control de la dirección provincial del PP con tal número de avales que a los campistas les fue imposible sacar un candidato alternativo. La batalla entre las dos facciones del partido también se trasladó a las principales asambleas locales en las que los zaplanistas lograron una mayoría aplastante. La lucha aún colea. Las juntas locales de Orihuela, Novelda y Dénia, donde ganaron los afines a Ripoll, están todavía en situación de provisionalidad al estar pendientes de resolverse las impugnaciones presentadas por supuestas irregularidades en la votación.

Mención aparte merece la batalla por el control de Alicante con episodios tanto orgánicos como en el Ayuntamiento de Alicante. En el partido, los zaplanistas no han tenido casi oposición. En el consistorio, por contra, pese a que los afines a Joaquín Ripoll han plantado cara en asuntos como el Palacio de Congresos o el plan de Rabasa, el alcalde Luis Díaz Alperi ha sabido aguantar y Camps ha tratado de apuntalar al primer edil comprometiendo un paquete de inversiones multimillonarias, eso sí, de muy difícil concreción presupuestaria por la precaria situación financiera autonómica.

13. COMUNIDAD VALENCIANA: LA FISCALÍA DE VALENCIA DENUNCIA A TERRA MÍTICA POR UNA TRAMA DE FACTURAS FALSAS

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia valenciano ha presentado una denuncia contra 17 empresas acusadas de formar una trama de falsificación de facturas por un valor de 4,4 millones € en los ejercicios de 2000 y 2001. Entre las sociedades denunciadas está Terra Mítica Parque Temático de Benidorm, SA, que habría aceptado facturas por servicios no realizados. Entre los 25 imputados figuran tres consejeros del parque temático y el empresario Vicente Conesa, que fue relacionado con adjudicaciones irregulares en Benidorm siendo alcalde Eduardo Zaplana. El coordinador de delitos económicos de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, Jesús Carrasco, recibió 70 cajas con la documentación de la inspección realizada por la Agencia Tributaria a varias empresas por supuesto fraude en los impuestos del IVA y de sociedades.

La investigación que, desde entonces, ha realizado la fiscalía se convirtió en una denuncia presentada en los juzgados de Valencia. En ella, la fiscalía denuncia a 17 empresas "como un grupo de sociedades que habrían desarrollado una trama organizada que permitía, a través de la falsificación de facturas, una defraudación a la hacienda pública en los ejercicios 2000 y 2001 por un importe inicial de 4.421.319 €".

La denuncia imputa esos hechos inicialmente a 25 personas, entre ellas, Vicente Conesa Fernández-Vitorian, conocido empresario de Alicante; Antonio Vicente Moreno Carpio; José Luis Rubio Sánchez, y tres miembros de los 23 integrantes del consejo de administración de Terra Mítica Parque Temático de Benidorm, SA. La fiscalía no quiso facilitar los nombres relacionados con dicha sociedad (participada por la Generalitat valenciana al 20%, y las cajas de la comunidad, CAM y Bancaja, con otro 20% cada una). Sin embargo, precisó que no se halla implicada ninguna de las entidades financieras presentes en el consejo.

El fiscal que recibió el asunto explicó que de lo que se conoce hasta ahora se deduce que el supuesto delito fiscal a través de falsificación de facturas se orquestó a través de un grupo de empresas estructuradas con la participación de sociedades pantalla. La investigación de la Agencia Tributaria se concentró en 12 entidades. La fiscalía, un mes después de ponerse sobre el asunto, la amplió hasta 30. Finalmente, considera que el núcleo de la trama está en seis: Altos del Carrichal, SL; Gribal, SA; Desarrollo de Proyectos, Instalaciones y Mantenimiento, SA; C3 Ingeniería de la Construcción y Medio Ambiente, SL; Excavaciones Escoto, SL, y Terra Mítica Parque Temático de Benidorm.

El ministerio público casi ha duplicado la cantidad supuestamente defraudada que inicialmente señaló la Agencia Tributaria, de 2,4 millones €. En el rastreo de facturas no es Terra Mítica el centro de la trama, pero sí está claro para la fiscalía que Terra Mítica emitió facturas por trabajos de excavación y ajardinamiento en el parque que no se han realizado. El parque temático tuvo un sobrecoste de 210 millones € que le llevó a la suspensión de pagos. Fuentes de la fiscalía apuntan a que el nudo de la trama gira alrededor de la familia Conesa-Ripoll. El empresario Vicente Conesa (aparece al menos en dos de las empresas implicadas: Desarrollo de Proyectos, Instalaciones y Mantenimiento, SA, y C3 Ingeniería de la Construcción y Medio Ambiente) obtuvo en 1995 dos adjudicaciones irregulares para realizar un mapa sonoro y un mapa verde de Benidorm cuando Eduardo Zaplana era alcalde. Conesa fue identificado como el interlocutor en una conversación con Vicente Sanz, entonces presidente provincial del PP valenciano y directivo de la televisión autonómica, en la que aludía a una presunta mordida en aquellas adjudicaciones por valor de 100.000 €.

14. COMUNIDAD VALENCIANA: IU LLEVARÁ AL FISCAL ANTICORRUPCIÓN EL 'CASO IVEX' POR LOS PAGOS A JULIO IGLESIAS 

Izquierda Unida trasladará a la Fiscalía Anticorrupción la información sobre los presuntos casos de evasión de impuestos a paraísos fiscales y de emisión de facturas falsas, entre otros, atribuidos al Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex). Gaspar Llamazares explica que la iniciativa responde a la voluntad de contribuir "a que se aclaren los numerosos casos de corrupción atribuibles al PP en una comunidad en la que la gestión popular está bajo sospecha, tanto en la etapa de presidente de la Generalitat de Eduardo Zaplana como en la de Francisco Camps". El caso Ivex se originó durante el mandato de Zaplana, actual portavoz del PP en el Congreso, a raíz de un contrato con el cantante Julio Iglesias firmado en 1997.

El contrato dado a conocer por el que el artista se comprometía a ejercer de embajador de la Comunidad Valenciana, ascendía a 375 millones de pesetas, pero el Consell ocultó que el mismo día se firmó otro documento por valor de 615 millones. Después aparecieron evidencias de pagos del Ivex en paraísos fiscales a empresas relacionadas con el cantante. La Agencia Tributaria ha impuesto al Ivex una sanción de 191.000 € por considerar que no son deducibles fiscalmente gastos abonados a empresas radicadas en Hong Kong y en las Islas Vírgenes. El caso Ivex se ha recrudecido tras declarar el ex delegado en Miami del IVEX, José Marquina, quien asegura que cumplió órdenes de la sede central para falsificar facturas que justificaran el envío de fondos a la cuenta en Bahamas de International Concerts, firma ligada al cantante.

15. COMUNIDAD VALENCIANA: EL TRÁNSFUGA DEL PP EXIGE INVESTIGAR A SU EX PARTIDO 

El diputado tránsfuga del PP, Javier Tomás, ahora en las filas de Coalición Valenciana, se descolgó, tras dos semanas de votar con los populares, con una petición de una comisión de investigación en las Cortes sobre la "corrupción institucional" en la Comunidad. El líder de CV, Juan García Sentandreu, calificó de "inconsistencias y juegos de palabras" la intervención de Camps "para explicar la trama de corrupción generalizada que existe en el PP de la Comunidad".

Entre estos asuntos, que achacó a "escaso liderazgo" de Camps y a la «gravísima crisis interna del PP», enumeró "el caso Fabra, el caso Uncio y el IVF, el caso IVEX y las campañas promocionales de Julio Iglesias y Zaplana, el caso Terra Mítica, el caso José Antonio Escrivá y la Mostra, el caso de las tarjetas Visa de altos cargos, el caso de las oficinas de promoción exterior de la Comunidad Valenciana de Antonio Lis y González Pons, el caso del ex conseller Luis Fernando Cartagena y muchos otros".
La propuesta está firmada por Tomás como diputado y "portavoz del grupo mixto", pero esta condición no se le ha reconocido por lo que podría vetarse la iniciativa. La comisión se denominaría "Por la transparencia democrática y contra la corrupción institucional". Tomás pide "examinar e investigar", y "dirimir las posibles responsabilidades políticas".

Además este tránsfuga con anterioridad denunció "la situación de acoso, bloqueo y persecución" a que asegura que le somete el PP y que considera "más propia de un estado policial que de una democracia parlamentaria". El diputado criticó la filtración de una carta que le dirigió el delegado del Gobierno para invitarle a un acto oficial como portavoz del Grupo Mixto. "Dicha carta", advirtió, "no ha llegado a mi poder y por el contrario veo el interior de la misma y dirigida a mí fotografiada en la prensa. Voy a pedir a mi partido que estudie el caso, ya que si alguien en las Cortes está sustrayéndome el correo del Grupo Mixto y lo filtra a la prensa, podría estar incurriendo en un grave delito", dijo Tomás a través de un comunicado.

16. COMUNIDAD VALENCIANA: EL ALCALDE DE ORIHUELA APARTA A LOS ZAPLANISTAS DE LAS ÁREAS CLAVE

El alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, del PP, afín al sector campista, acentuó la escisión del grupo popular al retirar las delegaciones más relevantes a los ediles zaplanistas, liderados por la diputada autonómica Mónica Lorente. El enfrentamiento entre ambos sectores afloró cuando los zaplanistas votaron en contra de dos planes urbanísticos impulsados por Medina. La primera medida del alcalde tras la rebelión del grupo de concejales afines al sector zaplanista -nueve de los 15 ediles populares- fue la destitución de Mónica Lorente como primer teniente de alcalde. Junto a Lorente, Medina también destituyó a los alcaldes pedáneos de Molins y La Aparecida, Antonio Rodríguez Murcia y José Antonio Aniorte, respectivamente. La dirección provincial del PP, que lidera el zaplanista José Joaquín Ripoll, respondió expulsando a Medina del comité ejecutivo provincial.

Así, el alcalde dio otra vuelta de tuerca a la crisis del grupo popular y en el marco de una remodelación de su equipo de gobierno despojó de las áreas más relevantes a los ediles zaplanistas. Así, a Mónica Lorente hasta ahora responsable de la delegación de Turismo, Fomento, Mercados y Comercio, le retiró la primera competencia; al ex alcalde pedáneo de La Aparecida lo apartó de la delegación de costas, y al de Molins, la delegación de alumbrado. Otra concejal perjudicada por la remodelación del gobierno abordada por Medina fue Maite Valero a la que despojó de la delegación de Festividades. Medina justificó el nuevo reparto de competencias "en la necesidad de remodelar el equipo de gobierno" de cara la elaboración de los presupuestos de 2006. Lorente, a su vez presidenta local del PP, declinó valorar la decisión del alcalde a la espera de conocer "más en detalle" la remodelación.

17. MURCIA: VALCÁRCEL, ¿POR QUÉ HAY QUE REGAR LECHUGAS Y NO CAMPOS DE GOLF?

En plena sequía y en mitad de la enésima tregua de rearme por la que pasa la guerra hidrológica, el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, se hizo en voz alta una pregunta trascendental: "¿Por qué el agua tiene que ser para regar lechugas y no para hacer campos de golf?". "Que nadie le diga a los murcianos lo que tienen que hacer con el agua", advirtió.

El público era amable y, además, al veterano dirigente popular (10 años como presidente de la región) le arropaban muchos miembros destacados del PP. Entre ellos, Mariano Rajoy, Angel Acebes, Federico Trillo, Elvira Rodríguez, Loyola de Palacio, Soraya Sáenz de Santamaría, José María Alvarez del Manzano y Esperanza Aguirre. La presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que compartía con Murcia el «progreso económico» y el problema del agua.

Valcárcel se pasó buena parte de su intervención asegurando que en su vertiginosa política de desarrollo se aplican criterios de sostenibilidad y se respeta el Medio Ambiente –"Murcia es una tierra que vive en verde y piensa en agua y que ha hecho de la sabia cultura del agua ley de vida"-, pero defendió ferozmente los campos de golf y la construcción. "No hay que demonizar al ladrillo" indicó, al tiempo que se quejaba de que muchos identificaran la región únicamente con un gigantesco campo de golf.

Explicó que ahora sólo hay cuatro instalaciones de este tipo, aunque reconoció que otras 45 más están en proyecto. Y prometió que, para 2010, Murcia se convertirá en "la California de Europa".

Dijo Valcárcel que el agua "es para crecer y desarrollarse" y que, por eso, los murcianos son libres para gastarla regando la huerta o manteniendo una instalación recreativa sin que nadie [se entiende que el Gobierno] tenga que recomendarles cuál es la mejor opción. Todo esto respondió cuándo le preguntaron por una de las mayores operaciones urbanísticas de Europa: la construcción, en Alhama de Murcia de una macrourbanización con 60.000 viviendas y ocho campos de golf.

Según los ecologistas, un campo de golf consume de media el agua equivalente para abastecer a una población de entre 12.000 y 15.000 habitantes. "El espacio que ocupa, además, se carga un ecosistema: es un desierto en cuanto a flora y fauna. Y no hay que olvidar lo que afectan las urbanizaciones adyacentes", explicó a este periódico el responsable de la campaña de Agua de Greenpeace, Julio Barea.

18. MURCIA: EL VOTO EN CONTRA DE UNA CONCEJAL DEL PP PARALIZA LA CONSTRUCCIÓN DE 60.000 VIVIENDAS EN MURCIA 

El municipio de Alhama de Murcia, vive pendiente de Teresa Rodríguez, la todavía concejal del PP que la semana pasada votó en contra de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), paralizando de hecho una de las mayores operaciones urbanísticas de Europa, con la construcción de 60.000 viviendas promovidas por empresas privadas. En Alhama está previsto recalificar mediante la aprobación de cinco planes unos 20 millones de m2, con ocho campos de golf. En la actualidad, existen 4.890 viviendas en el municipio, según el grupo socialista del Ayuntamiento de Alhama. La aprobación del plan supondría multiplicar por 12 el número actual.

La votación del PGOU, se saldó con ocho votos a favor del PP y nueve en contra (seis del PSOE, dos de IU y el de Rodríguez). La concejal del PP pidió explicar su voto particular de oposición. Así, leyó un discurso en el que dijo que lo que se planteaba no era un plan general, "sino el futuro del pueblo de Alhama", y resaltó que no está de acuerdo con las macrourbanizaciones, tal y como están previstas. La concejal Rodríguez consideró que ante cuestiones tan importantes como el futuro urbanístico y las macrourbanizaciones, son los ciudadanos quienes se deben pronunciar. Dijo también que el plan intenta "hacer un gueto privilegiado de residentes que apenas se van a relacionar con los vecinos de Alhama", y que el beneficio para los alhameños de estas grandes zonas residenciales va a ser nulo. "Esto a la población le da miedo", indicó. Resaltó que ya hay problemas de integración en el pueblo con los extranjeros que viven en Alhama.

Rodríguez propuso un desarrollo racional y progresivo del municipio, con estudios realizados por personas independientes. Para finalizar, dijo que "estas macrourbanizaciones son un despropósito que supone que los vecinos de Alhama estén en peligro de extinción". La concejal salió del pleno acompañada de dos policías locales. Por eso, Rodríguez, quien se siente "muy del PP", con su voto en contra, fundamental a la hora de equilibrar la fuerza del poder en Alhama de Murcia, ha conseguido frenar la construcción de 42.000 casas, promovidas básicamente por la empresa Polaris World, y otros proyectos, que suman en total 60.000, y en la que están empresarios conocidos de la Región de Murcia como el tomatero Miguel Durán.

De hecho, Teresa Rodríguez apunta a que la empresa Polaris es una de las más beneficiadas a la hora de la recalificación de los terrenos, "que antes eran de particulares, pero que una vez que los compró Polaris como rústicos van a ser convertidos en urbanizables". La concejal destaca "la prisa" del alcalde de Alhama, Juan Romero, en aprobar las reclasificaciones urbanísticas. "Quizás tengan algún interés personal que no han dicho", apunta. Además, considera que sobre la recalificación de las empresas "se dan distintos casos, ya que Polaris compró a los distintos propietarios y después se recalificaron los terrenos".

La empresa inmobiliaria y de construcción murciana Polaris World cerró el año 2004 con un volumen de negocio de 602 millones de €, lo que supone un incremento de casi el 40% respecto al ejercicio anterior, según los datos de la misma firma. La compañía, creada en 2001, pasó a emplear de 216 a 500 trabajadores en España, cifra que en las oficinas internacionales creció de 56 a 80 personas. Entre las actuaciones llevadas a cabo el pasado ejercicio destaca la entrega de llaves de la primera fase del complejo Mar Menor Golf Resort, que alberga un total de 748 viviendas.

Polaris World prevé invertir unos 3.500 millones en el desarrollo de sus seis primeros complejos, todos ellos ubicados en la Región de Murcia, según los planes presentados en Barcelona durante la novena edición del salón Barcelona Meeting Point, en colaboración con el Ayuntamiento de Murcia. El proyecto de mayor envergadura de la compañía será el complejo Condado de Alhama, que reunirá varios centros vacacionales y que supondrá haber entregado, en total, 28.000 viviendas y haber invertido alrededor de 3.500 millones.

El responsable de los proyectos urbanísticos, Daniel Valenzuela, explicó que en enero de 2006 se comenzará a construir una planta desaladora con capacidad para tratar 25 hectómetros cúbicos de agua al año, suficiente para cubrir "el doble de las necesidades de agua de todos nuestros proyectos actuales y futuros". Esta infraestructura supondrá para Polaris una inversión de 40 millones de €. Con vistas al futuro, Valenzuela recordó que la compañía dispone aún de una cartera de suelo en propiedad de 35 millones de metros cuadrados de suelo en Murcia, por lo que "estamos estudiando nuevos proyectos".

19. MURCIA: EL GOBIERNO MURCIANO QUIERE RECALIFICAR UNA FINCA PROTEGIDA POR LA UE 

El Gobierno murciano (PP) ha solicitado en Bruselas la desprotección de unas 40 hectáreas de una finca protegida por la UE, en beneficio de José López, un ex concejal del PP en el Ayuntamiento de Águilas que compró los terrenos con otros empresarios como terreno rústico y se los cedió a una empresa promotora, el Grupo Hispania, que dará a cambio a los empresarios parte de los terrenos ya recalificados.

La finca La Zerrichera, enclavada en la sierra de Almenara, está declarada Lugar de Interés Comunitario y Zona de Especial Protección de Aves en Bruselas. El edil del PP, que ha renunciado a su acta de concejal, se embolsará en la operación 1.296.000€. La recalificación está pendiente del visto bueno de la Consejería General de Obras Públicas.

La solicitud de desprotección de los terrenos, en los que está previsto construir 3.000 viviendas y un hotel con campo del golf, se produce después de que se realizaran tres informes en contra de la decisión del consejero de Industria y Medio Ambiente, Francisco Marqués, que ha asegurado que la zona carece de interés natural, ya que sólo hay plantadas en ella algunas lechugas. El primer informe rechazando la construcción en una zona protegida lo realizó la Dirección General de Medio Natural. El segundo informe lo firmó la propia Consejería de Obras Públicas. El tercer documento es el del secretario general del Ayuntamiento de Águilas, que asegura que los concejales del Ayuntamiento no tuvieron tiempo de estudiar la recalificación en el pleno celebrado el 11 de noviembre, ya que no se presentó en forma ni tiempo legal.

Se da la paradoja de que seis meses antes de solicitar la recalificación a la UE, utilizando dos informes realizados por la empresa promotora, el Gobierno regional había solicitado a la UE la ampliación de esta zona protegida "debido a ajustes en cauces fluviales, caminos y cambios de uso".

En la desprotección de este paraje se dan otras situaciones, criticadas por la oposición. Por ejemplo, que el director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, firmó la declaración de impacto ambiental un día antes de recibir los informes de su dirección general. "Pero para que no se notara, en el Boletín Oficial de la Región de Murcia cambiaron la fecha, apareciendo un día después", asegura la portavoz del PSOE en la Asamblea Regional, Teresa Rosique.

20. ISLAS BALEARES: EL GOVERN 'CONGELA' LA "AUTOTASA", PERO LA MANTIENE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS

El Govern ha decidido aparcar la "autotasa", el impuesto sobre los coches de alquiler, y explorar otras posibilidades. Eso es lo que se desprende de las declaraciones que efectuaron diversos portavoces del PP, el propio conseller d'Economía, Lluis Ramis, y la presidenta de Unió Mallorquina (UM), Mª Antònia Munar.

Munar, preguntada al respecto, consideró que si se confirmaba le parecía una decisión «prudente». «A veces es mejor no impulsar medidas si vas a empeorar la situación», señaló en declaraciones a Ultima Hora-Punto Radio. Munar, que destacó que el Govern esté trabajando ahora en buscar un consenso con los empresarios del sector, se mostró partidaria de subir algunos impuestos "en caso de que sean necesarios y haya un acuerdo con los sectores implicados". No obstante, recordó que UM, como partido liberal, está en contra de aplicar nuevos gravámenes a los ciudadanos.

Lluis Ramis d'Ayreflor planeó la posibilidad de que el Ejecutivo no aplicase el impuesto "a cambio de una medida alternativa", aunque aclaró que la propuesta no caerá de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos. "Si hemos de llegar a un consenso, tenemos que encontrar la mejor solución que nos diga el sector para el fin que tenemos y nosotros hemos dicho que es una medida económica no fiscal", expuso Ramis de Ayreflor, quien a continuación señaló que, por este motivo, se "podrá cambiar" la "autotasa" por una alternativa. El secretario general del PP, José María Rodríguez y el portavoz del partido, Miquel Ramis, habían aventurado en su rueda de prensa semanal la posibilidad de congelar la "autosasa".

21. ISLAS CANARIAS: EL PP PIERDE EL PODER EN EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA TRAS ABANDONAR CAZORLA EL PARTIDO

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Antigua, con Juan José Cazorla al frente, movió ficha para ponerse fuera del PP. El veredicto de culpabilidad para el alcalde emitido por el jurado del caso Antigua y la posterior sentencia de la magistrada Pilar Parejo, son los "recientes acontecimientos" en los que se basan los integrantes del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Antigua, excepción hecha de la concejala Ibiza Melián, para solicitar la baja en el Partido Popular "de forma irrevocable".

Juan Pedro Galván, María Encarnación Acosta, José Javier Fránquiz y Miguel Quesada, todos electos por Alternativa por Antigua (APA), y Rubén González Sarabia, éste por el PP, se manifiestan «plenamente convencidos de la inocencia de Juan José Cazorla Hernández», el principal protagonista de la integración de APA en el PP. Y así lo expresan en el escrito que entregaron en la sede del PP en Puerto del Rosario dirigido al presidente insular, Domingo González Arroyo. El paso que dieron Juan José Cazorla y sus incondicionales no es más que la crónica de unos hechos anunciados, y hasta esperados por una inmensa mayoría de quienes en su día intercambiaron la militancia en APA por la del PP. A pesar de que el alcalde de Antigua y los ediles del grupo de gobierno afirman en el escrito de baja que la intención es «no perjudicar al PP hasta que no se produzca una sentencia firme», en los ámbitos políticos se ha interpretado que la despedida suena más a un hasta nunca que a un hasta luego. El PP se ha quedado sin gobierno en el Ayuntamiento de Antigua, donde ya sólo le representa Ibiza Melián.

El PP inició la legislatura en el Ayuntamiento de Antigua con dos concejales, Gustavo Berriel y Rubén González, en la oposición. Juan José Cazorla, a pesar de estar imputado en el caso Antigua, barrió con APA tanto a los populares como a CC, PSC-PSOE e IF y alcanzó la mayoría absoluta. Andando el tiempo el PP, que no presidía institución alguna en Fuerteventura y se vio de la noche a la mañana fuera de los gobiernos de Tuineje y Pájara, accedió a las alcaldías de Antigua y de Betancuria, fruto de la integración de APA y AIBe, dos agrupaciones de corte local.

Ahora, tras la resolución del caso Antigua, aunque la sentencia no es firme, el PP vuelve a estar fuera del gobierno de Antigua, aunque mantenga a Ibiza Melián dentro, y se encuentra con que uno de los dos concejales electos bajo sus siglas, Rubén González, ha preferido convertirse en tránsfuga y seguir los pasos de Cazorla y los ediles electos por APA.

Recientes están aún las imágenes de la gran fiesta que el PP celebró en Antigua para dar la bienvenida a su seno tanto a Juan José Cazorla como a varios cientos de simpatizantes de APA que contribuyeron a incrementar la militancia del partido conservador en Fuerteventura. El mismo presidente del PP en Canarias, José Manuel Soria, junto al insular, Domingo González Arroyo, acompañaron a Cazorla sobre el escenario. Ahora los caminos parecen haberse torcido y Cazorla se encamina por otros derroteros distintos a los de los líderes del PP.

22. NAVARRA: LA "COMISIÓN EGÜÉS" CIERRA EN FALSO AL EXCULPAR AL GOBIERNO FORAL

La comisión parlamentaria que ha investigado las irregularidades urbanísticas en la etapa en la que fue alcalde del valle de Egüés, Ignacio Galipienzo (1999-2003), ha concluido que el ex edil fue el responsable político de lo ocurrido con la parcela S.2.2. en la que se dio licencia para un apartahotel cuando su uso era escolar, y que se aprovechó del cargo público que ocupaba. Por otro lado, con el único apoyo de UPN y CDN, la comisión defiende en sus conclusiones la actuación del departamento de Vivienda del Gobierno en relación con las irregularidades que se detectaron.

Las conclusiones finales de la comisión parlamentaria que ha investigado las actuaciones urbanísticas de Ignacio Galipienzo coinciden con la propuesta de diez puntos realizada por CDN, en la que se exculpa de cualquier responsabilidad al departamento de Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra, y se culpa al ex alcalde por utilizar su cargo en beneficio personal.

Es la opinión mantenida por los grupos que sustentan al Gobierno foral, UPN y CDN. En concreto, la comisión aprobó las diez conclusiones de CDN, con el único apoyo de regionalistas y convergentes. Asímismo, se aprobaron dos conclusiones de UPN, las referidas a la responsabilidad política de Ignacio Galipienzo, también con los votos de los socios de gobierno. Se aceptó también, con el apoyo de todos los grupos, una conclusión de IU, que aporta datos sobre la actuación del ex alcalde de Egüés, y otra de Aralar, que agradece la colaboración de comparecientes y la labor desarrollada por los medios de comunicación y por la ciudadanía para el esclarecimiento de los hechos.

Por otra parte, UPN y CDN rechazaron todas las conclusiones de la oposición referentes a que la comisión "se ha cerrado en falso", que otros cargos o personas afines al Gobierno de Navarra estarían implicadas en los hechos o que regionalistas y convergentes han actuado con "oscurantismo", así como aquellas en las que se criticaba la gestión del departamento de Ordenación del Territorio y Vivienda o se pedía que el Ejecutivo foral se personara como acusación en el juzgado de Aoiz.

23. ARAGÓN: TENSIONES EN EL PP DE CALATAYUD

Convulsión. Esta es la palabra que mejor define la situación que se vive en las filas del PP en la comarca de Calatayud y en la Comunidad, tras las cartas enviadas por los alcaldes populares a la cúpula del partido en Zaragoza en contra de la destitución de José Antonio Sanmiguel como presidente de la junta local.

Mientras el máximo responsable provincial del PP aseguraba que no había crisis, los teléfonos no dejaron de sonar en Calatayud. Uno de los motivos fue la convocatoria realizada por el alcalde bilbilitano, Fernando Martín, para celebrar una comida en la localidad Carenas con el fin de pulsar su posición. La destitución de Sanmiguel por parte de Martín ha puesto de manifiesto el importante apoyo popular con el que cuenta el primero en la comarca de Calatayud y las sombras que se ciernen sobre el segundo. Algo que no le ha sentado nada bien al alcalde bilbilitano, que es además el secretario regional del partido. Por ello, Martín espera acercar posiciones no tanto con Sanmiguel, ya que ese distanciamiento es casi insalvable fruto de los fuertes desencuentros personales.

Aunque el propio presidente comarcal lo haya negado rotundamente, la última vez durante su cese al frente de la junta local, él se ha convertido en un peso fuerte en el PP en la comarca y la mejor prueba de ello es que más de uno está dispuesto a jugarse el puesto por apoyarlo. La práctica totalidad de los 26 alcaldes populares firmaron una carta mostrándole su respaldo y uno de ellos se atrevió a ir más lejos y pedir una comisión para estudiar la polémica destitución.

24. ARAGÓN: EL PRESIDENTE REGIONAL DEL PP LLAMA "FELPUDO" AL PRESIDENTE IGLESIAS E "ILUMINADO" A ZAPATERO

El presidente regional del PP, Gustavo Alcalde, acusó al jefe del Ejecutivo aragonés, el socialista Marcelino Iglesias, de actuar como un "felpudo" del presidente, José Luis Rodríguez Zapatero. Y además calificó a este último como "un iluminado irresponsable". Alcalde realizó estas duras declaraciones durante su intervención en la presentación de la nueva directiva local del partido en Calatayud. El líder del PP aragonés acusó a Iglesias de "ignorar y marginar los intereses de los aragoneses que no viven en Zaragoza". Respecto a Rodríguez Zapatero, afirmó que esta "dinamitando el modelo de convivencia que nos dimos los españoles en 1978".

Por su parte, El PP local de Calatayud cerró filas ante la nueva junta presidida por el empresario bilbilitano y exconcejal popular, Lorenzo Delso, para acallar las críticas recibidas durante los últimos días tras conocerse el polémico cese de José Antonio Sanmiguel en este cargo, que ha ostentado durante los últimos cinco años. Aunque tanto el primer edil bilbilitano, Fernando Martín, como Sanmiguel han insistido desde entonces en que se trataba de una renovación consensuada, este movimiento interno ha vuelto a poner de relieve la crisis interna que desde hace un año se mantiene latente en el equipo de Gobierno bilbilitano.

25. ASTURIAS: LA JUNTA LOCAL DIMISIONARIA TILDA DE PARTIDO "CARIBEÑO" A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL PP

La junta local del PP que presentó su dimisión este mismo mes emitió un comunicado en el que arremete contra la dirección regional del partido y defiende la postura adoptada desde que estalló la crisis, hace ya más de diez días. Los dimisionarios, encabezados por Félix Sánchez de Posada, califican de «caribeña» la actitud de parte de la dirección regional del partido al no esperar siquiera a que se reúna el comité de derechos y garantías del partido para resolver los recursos contra el último congreso local.

Y es que desde justo el día después de la dimisión de De Posada y sus correligionarios, el secretario general del PP se puso en marcha para tratar de celebrar cuanto antes un nuevo congreso local, aún sin saber si el comité establecerá o no la repetición del mismo. Repetición que es más que probable, como ya le fue indicado a De Posada y reconoció el ahora portavoz municipal de los populares. En cualquier caso, los dimisionarios inciden en que el comité no ha tomado todavía ese acuerdo e incluso apuntan que ni siquiera está constituido ese órgano que preside Noel Zapico.

Por otra parte, los dimisionarios volvieron a referirse a los 6.000€ que la candidatura que perdió el congreso local, encabezada por Fidel Sánchez, ingresó en una cuenta bancaria y que ellos rechazaron como modo de pagar las cuotas de los afiliados. «Se desestimó por ser una compra encubierta de votos, práctica política más propia de caciques del siglo XIX y no contar con la autorización de los beneficiarios», entre otros aspectos, añadieron.

26. CASTILLA Y LEÓN: IU DE ZAMORA, CONTRA LAS VENTAS DE SUELO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Zamora, gobernado por el PP, ha vendido miles de héctáreas de suelo público en los últimos años. IU ha llevado a los tribunales al gobierno municipal porque considera que el dinero recaudado no se ha empleado en los usos que marca la ley.

El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias preliminares para determinar si el dinero de las ventas y enajenación de suelo municipal en el Ayuntamiento de Zamora ha ido donde debería. "El destino del dinero no ha sido el que debería. Por ley todo lo que se obtiene de las ventas del suelo público debe ir a inversiones de suelo, como viviendas protegidas", critica Francisco Guarido, concejal de IU que denunció los hechos. El dinero de las ventas que revisa el Tribunal ha sido empleado en otros menesteres, como la compra de papeleras, ampliar el cementerio municipal o reponer los postes de la luz, destino con el que no están de acuerdo los grupos de la oposición municipal."Los ingresos obtenidos mediante enajenación de terrenos o sustitución del aprovechamiento correspondiente a la administración por su equivalente económico, se destinarán a la conservación y ampliación del mismo", reza la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

IU denunció, hace dos años, la situación en el tribunal Superior de Justicia de Castilla y León  por las dos primeras ventas de suelo que sobrepasaban los 3 millones €. Pero como el Gobierno municipal, con mayoría absoluta del PP, ha seguido vendiendo suelo de forma masiva, y destinándolo para inversión general, ha decidido recurrir al Tribunal de Cuentas.

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