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ÍNDICE
1. AZNAR AFIRMA QUE LA REFORMA ESTATUTARIA SUPONE "LA DEROGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN"
2. EL ABOGADO DEL ESTADO NO VE DELITO EN LA DETENCIÓN DE DOS MILITANTES DEL PP
3. AP (ANTIGUA PP) EN SU PRIMER PROGRAMA ELECTORAL FRAGA, A FAVOR DE CEDER CEUTA Y MELILLA A MARRUECOS
4. EL REPRESENTANTE DEL COLECTIVO DE GAYS Y LESBIANAS DEL PP INDICA SU SORPRESA AL NO FIRMAR ACEBES EN EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE MATRIMONIOS GAYS
5. CATALUÑA: UN MIEMBRO DEL PP DETENIDO POR SER DIRIGENTE DE UN PARTIDO NAZI Y POR APOLOGÍA DEL GENOCIDIO
6. ANDALUCÍA: ARENAS ACUDE A UNA PROTESTA ILEGAL DEL PP EN GRANADA
7. ANDALUCÍA: ADMITIDA UNA DEMANDA CONTRA AMAT POR EL AUDITORIO DE ROQUETAS
8. ANDALUCÍA: TEÓFILA MARTÍNEZ, ALCALDESA DEL PP DE CÁDIZ RECHAZA CONSTRUIR VIVIENDAS EN SUELOS EN DESUSO DE LA ZONA FRANCA
9. ANDALUCÍA: LOS EMPRESARIOS CONTRADICEN AL ALCALDE DE LANJARÓN, MIENTRAS LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ANDALUZ ABRE DILIGENCIAS INFORMATIVAS
10. ANDALUCÍA: LEPE LEVANTA UNA VALLA ENTRE UN POLÍGONO Y UNA ZONA DE INMIGRANTES
11. MADRID: EL GOBIERNO REGIONAL CONCEDE QUE 143 MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DECIDAN SI HACEN VIVIENDA PÚBLICA
12. MADRID: EL FISCAL PIDE 15 MESES DE CÁRCEL PARA EL ALCALDE DE PEDREZUELA POR PREVARICACIÓN.
13. COMUNIDAD VALENCIANA: LA GENERALITAT Y SUS EMPRESAS GASTAN EN DOS AÑOS 4,5 MILLONES EN ABOGADOS PRIVADOS
14. COMUNIDAD VALENCIANA. LA AGENCIA TRIBUTARIA SANCIONA CON 191.000 €, AL IVEX POR IRREGULARIDAD FISCAL EN EL PAGO A JULIO IGLESIAS.
15. COMUNIDAD VALENCIANA: LA ASESORÍA DE FABRA DECLARA PÉRDIDAS DE 25.000 € POR PRIMERA VEZ EN CINCO AÑOS
16. COMUNIDAD VALENCIANA: DIRIGENTES DEL PP INSTAN A GINER A DIMITIR COMO ÚLTIMA OPORTUNIDAD
17. EL EX INTERVENTOR DE ORIHUELA DECLARA AL FISCAL QUE ERA EL "BLANQUEADOR" DE FACTURAS DEL ALCALDE
18. COMUNIDAD VALENCIANA: EL ALCALDE DE ORIHUELA (PP) VIVE EN UN CHALÉ DE UN PROMOTOR AL QUE RECALIFICÓ SUELO Y USA UN VEHÍCULO QUE NO ES SUYO, AL TIEMPO QUE DECLARA QUE TIENE MUCHAS DIFICULTADES ECONÓMICAS
19. COMUNIDAD VALENCIANA: EL ALCALDE DE CREVILLENT (PP) EMULARAL ‘GRAN HERMANO’ DE ORWELL, PIDIENDO LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN CALLES
20. ISLAS BALEARES: EL AJUNTAMENT EMPLEA A LA ESPOSA DEL TESTIGO APORTADO POR DELGADO PARA REABRIR EL 'CASO CHALET'.
21. NAVARRA: ACEPTADA A TRÁMITE UNA QUERELLA POR PREVARICACIÓN CONTRA DOS DIRECTORES GENERALES DEL GOBIERNO NAVARRO DE UPN
1. AZNAR AFIRMA QUE LA REFORMA ESTATUTARIA SUPONE "LA DEROGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN"
El ex presidente del Gobierno José María Aznar continúa difundiendo en el ámbito internacional una idea catastrofista de España. En un artículo publicado en el diario italiano Il messaggero, bajo el título "Gobernar para dividir", el ex presidente afirma que la reforma del Estatuto catalán "significa la división irreversible de España". Para Aznar, "lo que sin duda debe de resultar más incomprensible para un observador no familiarizado con la vida política española es que el Gobierno de una de las naciones más antiguas de Europa promueva su autodisolución". La propuesta de reforma es una "derogación de facto de la Constitución", asegura.
Por otra parte, los líderes del PP en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, comunidades gobernadas por el PSOE con mayoría absoluta, escenificaron en Sevilla su oposición al proyecto catalán. Javier Arenas (Andalucía), José Manuel Molina (Castilla-La Mancha) y Carlos Floriano (Extremadura) reclamaron a los diputados socialistas de esas autonomías que se sumen al rechazo del PP.
2. EL ABOGADO DEL ESTADO NO VE DELITO EN LA DETENCIÓN DE DOS MILITANTES DEL PP
El abogado del Estado ha negado que exista delito en la detención de dos militantes del PP de Las Rozas (Madrid) que fueron interrogados en comisaría sobre la agresión al ministro de Defensa, José Bono, en el curso de una manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), el pasado enero. En un escrito dirigido al Juzgado número 14 de Madrid, el abogado del Estado pide la absolución de su defendido, el inspector de policía número 16.259, y señala que si otro juez de instrucción de Madrid estuvo cinco meses practicando diligencias y decretó el sobreseimiento provisional y no definitivo de los hechos, "es obvio que algún indicio racional de criminalidad habría en la actuación de Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz", los militantes del PP conducidos a comisaría.
El abogado del Estado asegura que las personas que rodearon al ministro en la manifestación le insultaron, amenazaron y zarandearon y resultó agredido "con un palo o barra". En las imágenes difundidas por distintas cadenas de televisión no fue posible identificar a los posibles autores, hasta que el 25 de enero se conoce la identidad de dos de los manifestantes que aparecen dentro de un círculo cerca de Bono "en actitud claramente agresiva". El primero de ellos, Isidoro Barrios, "aparecía en las distintas fotos y vídeos blandiendo un mástil de bandera con el que intentaba golpear al ministro, golpe que fue frenado por uno de los miembros de la cápsula de seguridad", dice el escrito.
La defensa añade que la "toma de declaración" de los dos militantes del PP se produjo "sin encierro en calabozos, ni huellas dactilares para ficha policial", y hasta se les permitió el uso de sus teléfonos móviles en las dependencias policiales. El abogado del Estado afirma que no hubo detención, sino lectura de derechos "que consta como hecha en calidad de detenidos por el sólo motivo de que ése es el encabezamiento que constaba en el modelo de ordenador utilizado a esos efectos". Por estos hechos, el PP acusa a tres policías y pide para ellos penas de 10, 8 y 4 años de prisión.
Jorge Verstrynge recuerda que Reforma Democrática (antecesor de AP) llevó en su programa electoral la cesión de la soberanía de Ceuta y Melilla a Marruecos. Por consejo de un grupo asesor en el que participaba el ex director del CESID en tiempos de José María Aznar, Javier Calderón
Así , a propósito de las declaraciones hechas por algunos miembros del PP, poniendo en duda la postura del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero frente a la "españolidad de Ceuta y Melilla", Jorge Verstrynge, ex secretario general de Alianza Popular (AP), recuerda que en el primer programa electoral presentado por Reforma Democrática (partido político antecesor de Alianza Popular), con Manuel Fraga a la cabeza, se incluía la "cesión progresiva de la soberanía de Ceuta y Melilla a Marruecos". Algo que causó gran revuelo en la época. La propuesta partió del Gabinete de Orientación y Documentación (GODSA), creado para fijar las líneas maestras del nuevo partido, y del que formaban parte, además de falangistas de izquierdas y cristianos de base, tres militares, entre los que se encontraba Javier Calderón, que en 1996 fue nombrado director del CESID por José María Aznar.
El GODSA elaboró a mediados de los setenta un documento titulado "Libro Blanco para la Reforma Democrática", coordinado por Verstriynge. "El borrador del Libro Blanco fue entregado a Fraga en agosto de 1976 para que lo leyese. En septiembre dio el visto bueno, incluyendo el apartado que aseguraba que tarde o temprano habría que devolver Ceuta y Melilla a Marruecos. Se imprimieron unos 5.000 ejemplares del mismo, y se enviaron a políticos, periodistas y otros grupos de presión", relata Verstringe.
"Cuando el documento llegó a Ceuta y Melilla, se originó un rechazo al grito de ‘Fraga, Fraga, Melilla no te traga’. Fraga me llamó entonces y me encargó que hiciese lo antes posible un folleto para aplacar los ánimos. El folleto, ‘Una Política Exterior para España’, se hizo en una sola noche, y en el mismo se reivindicaba la españolidad de Ceuta y Melilla", concluye.
Javier Gómez, representante del colectivo de gays y lesbianas del PP, ha expresado su satisfacción por la no firma de Mariano Rajoy en el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de matrimonios homosexuales que ha presentado el PP el pasado 30 de septiembre. Al mismo tiempo, admite sentirse sorprendido de que Ángel Acebes tampoco lo haya suscrito.
El recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de matrimonios homosexuales fue firmado 72 militantes y dirigentes del partido pero entre ellos no estaba ni su presidente, Mariano Rajoy, ni sus más cercanos colaboradores. Javier Gómez, representante del colectivo de gays y lesbianas del PP, asegura haberse "alegrado de no ver su firma, al igual que la de otros y otras". Para Gómez, sin embargo, lo más sorprendente es que el secretario del PP, Ángel Acebes, no firmase el recurso después de sus fuertes críticas contra el matrimonio homosexual y uno de los políticos que encabezó la manifestación del Foro de la Familia, en la que se lanzaron duras protestas. El militante popular, ya ha iniciado su expediente matrimonial en el Registro Civil de Madrid.
Los mossos d’esquadra ha anunciado la detención de seis militantes del partido nacionalsocialista Estado Nacional Europeo (ENE), acusados de un delito de apología del genocidio. Los arrestados son integrantes del consejo de redacción de la revista Intemperie, de contenido xenófobo y antisemita. Entre los arrestados hay un militante del PP, que ha sido apartado cautelarmente de esta formación.
Los seis detenidos están además acusados de delitos contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Han sido arrestados en la capital catalana y en las localidades barcelonesas de L'Hospitalet de Llobregat, Mollet del Vallés y Mataró, a raíz de una investigación iniciada hace un año, cuando los Mossos d'Esquadra tuvieron conocimiento de la difusión de ideas y doctrinas de cariz xenófobo y racista en una página de Internet y de Intemperie. Esta publicación se editada legalmente en L'Hospitalet de Llobregat desde enero de 1999, y divulga el ideario de la antigua Alemania hitleriana, además de fomentar el odio a inmigrantes, negros, judíos y homosexuales.
Diego Luis B. J. es militante del Partido Popular en Mollet del Vallés; se da la circunstancia de que el grupo municipal de esa localidad trató de contratarle como asesor pero se echó atrás ante la polémica generada al conocerse que había participado en actos falangistas y de exaltación a Mussolini. Entonces señaló que su relación con este mundo fue "esporádica, puntual y pasajera", que "hacía tiempo que había quedado atrás", y pidió "una oportunidad para rectificar". También ha sido suspendido cautelarmente de su militancia en Nuevas Generaciones.
6. ANDALUCÍA: ARENAS ACUDE A UNA PROTESTA ILEGAL DEL PP EN GRANADA
El presidente del PP, Javier Arenas, acude a una protesta de alcaldes y cargos públicos de su partido en Granada convocada contra el "sectarismo" de las instituciones gobernadas por el PSOE. La protesta, según la Subdelegación del Gobierno, incumple la legislación al no haber sido comunicada a tiempo, ya que cualquier colectivo que supere las 20 personas debe comunicar la protesta antes de 10 días de celebrarse. En caso de "extrema urgencia", los convocantes tienen 24 horas para comunicarlo.
El Gobierno entiende que no se cumple ninguna de las condiciones. La protesta consistirá en una doble concentración, una ante la Diputación y otra ante la Delegación del Gobierno de la Junta. Arenas replicó que no se trata de una manifestación, sino "una concentración, y para las concentraciones no hay que pedir permiso sólo hay que comunicarlo".
7. ANDALUCÍA: ADMITIDA UNA DEMANDA CONTRA AMAT POR EL AUDITORIO DE ROQUETAS
El titular del Juzgado de Primera Instancia 3 de Roquetas de Mar (Almería), Luis Durbán, ha admitido a trámite la querella presentada por el PSOE contra el alcalde del municipio, Gabriel Amat, (además de presidente provincial del PP en Almería) por las supuestas "irregularidades administrativas y urbanísticas" cometidas en la contratación de las obras del Teatro Auditorio Municipal y en el modificado al proyecto. Según el auto, fechado el día 3 de octubre, el Juzgado nº 3 de Roquetas de Mar "admite a trámite la querella" contra Gabriel Amat y los concejales Miguel A. Morales Carrillo y Miguel A. Morales Duarte por un supuesto delito de "prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude".
La denuncia se fundamenta en las "modificaciones no previstas" en el concurso inicial, que "encarecieron su presupuesto hasta más del doble", con lo que el precio de la obra ascendió de siete millones de €, a más de 15 millones €. Además se denuncia que el secretario del Ayuntamiento roquetero emitió un "informe desfavorable" a la modificación del proyecto de obras, que el interventor del Consistorio argumentó la falta de crédito para pagar el nuevo precio y que el Consejo Consultivo de Andalucía dictaminó un informe desfavorable a la modificación del contrato de obras. A pesar de estos informes, la obra se finalizó con esa modificación.
La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, rechazó el convenio urbanístico que le ha propuesto la Zona Franca de Cádiz para recalificar parcialmente el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de unos suelos de uso industrial con la idea de edificar viviendas en los últimos terrenos en desuso. "Los gaditanos saben que lo que digo lo cumplo. Mi compromiso es que esta zona se convierta en un equipamiento moderno e industrial de la ciudad", afirmó tajantemente Martínez.
El delegado de la Zona Franca, José de Mier, informó la pasada semana que estaba negociando con el Ayuntamiento la firma de un convenio que permita recalificar 45.000 m2 de suelos del recinto y de su entorno para edificar viviendas y otras dotaciones. Se trata de terrenos en desuso desde que Construcciones Aeronáuticas (CASA) trasladase su planta a El Puerto de Santa María. La Zona Franca pretendía destinar parte de estos terrenos a actividad económica y empresarial, pero también ofrecer suelo ante la demanda de viviendas. La oferta no saldrá adelante ante la negativa de Martínez, quien aprovechó para "felicitar" al ex delegado de la Zona Franca, el también popular Miguel Osuna, por "su gran visión" sobre el desarrollo industrial de estos suelos.
La Asociación de Empresarios de Lanjarón (Granada) presentó en el ayuntamiento un escrito con solicitudes oficiales de suelo de 44.350 m2, una cantidad que excede de la oferta que hizo, mediante el reparto de octavillas, el alcalde, José Rubio (PP), en un polígono de iniciativa privada. El documento incluye el compromiso de compra de suelo por parte de 37 compañías. Rubio pretende destinar los terrenos de un polígono industrial público ya existente a complejo turístico. El regidor posee allí unos 15.000 m2 para recalificar.
El alcalde de Lanjarón aseguró anteriormente que no ha desarrollado el polígono industrial de carácter público situado en el paraje de Fuente Aporta porque no existe demanda suficiente, lo que fue desmentido por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía(EPSA), a la que la anterior corporación, que cesó en 1999, le había encargado el desarrollo de esa instalación.
Por esa supuesta falta de demanda, el alcalde ha permitido que un particular desarrolle un polígono de iniciativa privada que, según los empresarios, no cubre sus necesidades, y para cuyo desarrollo será necesario efectuar una recalificación de parte de los terrenos, ahora de caracter rústico.
Para demostrar que sí existe demanda, la Asociación de Empresarios de Lanjarón presentó en el Ayuntamiento un documento en el que 37 empresarios le solicitan oficialmente al municipio un total de 44.350 m2, indicó la presidenta de la asociación, Ana María Rosillo. En el documento, además de empresarios locales, se incluyen inversores de otros pueblos cercanos que quieren trasladarse a Lanjarón. La Asociación de Empresarios pide al alcalde diálogo "sincero y serio".
Los empresarios aseguran que, ante la demanda certificada de 44.350 m2, el polígono privado de El Tejar se queda pequeño antes de nacer. Sin embargo, en Fuente Aporta, sí existe superficie suficiente para satisfacer al empresariado local, pero el alcalde quiere convertir este lugar en un complejo turístico previa recalificación, según señaló el alcalde. Ese cambio de uso afectaría a casi 15.000 m2 de su propiedad. Pese a lo dicho por el Alcalde, los empresarios afirman que han solicitado al alcalde suelo disponible. EPSA reveló que el alcalde comunicó a esta sociedad pública hace cinco años que prefería instalar en la zona un complejo turístico. Por ello, el alcalde anunció acciones penales contra la empresa pública.
Mientras tanto, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto diligencias informativas sobre el polígono industrial que el alcalde de Lanjarón, José Rubio, del PP, pretende recalificar para construir un complejo turístico. Rubio es propietario de 15.000 de los 57.000 m2 afectados. La Fiscalía pretende averiguar si ha habido tráfico de influencias o algún otro tipo de conducta ilegal. El alcalde defendió al acción del Tribunal porque, según dijo, así se aclarará la situación. Además, advirtió de que el proyecto es todavía una idea.
Por su parte, el PP, por medio de dos de sus máximos dirigentes provinciales, mostró su apoyo al alcalde y denunció una campaña de acoso. El secretario provincial del PP, Antonio Ayllón, acusó a los medios de comunicación de estar dando relevancia a esta polémica urbanística.
10. ANDALUCÍA: LEPE LEVANTA UNA VALLA ENTRE UN POLÍGONO Y UNA ZONA DE INMIGRANTES
El Ayuntamiento de Lepe (Huelva) ha levantado una valla que impide el acceso desde el polígono industrial El Chorrillo al asentamiento de inmigrantes que existe en sus inmediaciones. La barrera, de unos tres metros de altura, fue instalada semanas atrás por el área de mantenimiento del consistorio, aunque el alcalde del municipio, Manuel Andrés González (PP), aseguró que "se puede llegar perfectamente al asentamiento por la zona trasera del polígono". Las fuentes consultadas en el Ayuntamiento indicaron que, de la cerradura, existen dos llaves, una en posesión del propio Consistorio, y la otra de la televisión local del municipio, que tiene su centro repetidor en la zona. La valla se encuentra en una de las paredes del antiguo matadero de Lepe, que es objeto de un proyecto para reconvertirlo en albergue para inmigrantes.
Cuando se han cumplido cuatro años de la aprobación de la última Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Esperanza Aguirre ya tiene diseñada la que quiere aprobar para sustituirla. La futura norma, que aún debe pasar por el filtro del Parlamento regional, permite que los alcaldes de los municipios de menos de 15.000 habitantes (143) puedan decidir el porcentaje de vivienda protegida que se levantará en sus pueblos. La anterior ley, aún vigente y aprobada por Alberto Ruiz-Gallardón, establecía un mínimo de un 50% de viviendas con protección en todos los municipios de la región.
El Gobierno de Aguirre quiere que el precio de la vivienda se reduzca. Por ello, encargó a un grupo de expertos en urbanismo que le redactase las líneas fundamentales de la futura Ley del Suelo. El resultado, sin embargo, no gustó a la presidenta, ya que proponían la eliminación o la reducción del porcentaje de pisos protegidos. En teoría, y según estos expertos, los promotores inmobiliarios -que deben construir un 50% de viviendas protegidas y el mismo porcentaje de libres, según la vigente ley- cargan sobre los pisos libres lo que no pueden ganar en los protegidos, cuyo precio máximo está regulado por el Gobierno (una vivienda protegida se vende aproximadamente a un tercio de una libre).
Por ello, y unido a la falta de suelo, según los técnicos que Aguirre contrató, los pisos libres son tan caros. Obviaron, sin embargo, que en la Comunidad hay miles de pisos en construcción o con suelo ya recalificado y que el precio no baja. El año pasado se construyeron unos 70.000 pisos.
Con estos mimbres, el Gobierno regional ha diseñado una nueva Ley del Suelo. El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Mariano Zabía, presentó el anteproyecto aprobado por el Consejo de Gobierno. La norma mantiene la obligación de que se reserve un 50% del suelo recalificado para vivienda protegida, pero sólo en los municipios de más de 15.000 habitantes. Madrid cuenta con 179 localidades, de las que 143, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, tienen menos de los citados 15.000 vecinos. Precisamente en estos pueblos, donde se concentra la mayor parte del suelo libre en la región, es donde el Gobierno permitirá que los alcaldes decidan cuánto suelo -si quieren alguno- reservan en sus respectivos planes generales para vivienda protegida. En las grandes poblaciones como Madrid, Coslada o Pozuelo de Alarcón, por ejemplo, el suelo sin recalificar es ya mínimo, por lo que las posibilidades de construir viviendas protegidas es cada año menor.
El fiscal solicita 15 meses de prisión, 22 años de inhabilitación especial y el pago de una multa de 92.700 € para el alcalde de Pedrezuela, José Antonio Chichón, del PP. Chinchón está acusado de un delito contra la ordenación del territorio y otro continuado de prevaricación por la venta de un terreno protegido -del que eran propietarios su madre y su tío- a la Asociación de Familiares de Adultos con Problemas de Personalidad. En este solar se iban a levantar diversas construcciones.
El regidor será juzgado en la Sección Decimosexta de la Audiencia madrileña como supuesto autor de los citados delitos por la venta de una finca situada en el paraje Prado de la Casa.
Según el escrito de conclusiones provisionales del ministerio público, la madre del imputado era copropietaria junto con su hermano de una finca ubicada en el paraje Prado de la Casa, cuyo terreno era considerado como suelo no urbanizable y de especial protección, por lo que resultaba "prácticamente imposible" toda construcción en aquella parcela.
Sin embargo, el fiscal aclara que el 15 de octubre de 1998 la madre y el tío del imputado firmaron un contrato de arrendamiento con la Asociación de Familiares de Adultos con Problemas de Personalidad, organización que destinaría los terrenos a la edificación de un centro especial de empleo compuesto por una explotación avícola, una granja escuela, una zona residencial y otra comercial para desarrollar actividades laborales con personas con problemas de personalidad.
El Gobierno de Francisco Camps, las empresas y entidades públicas llevan gastados en casi dos años, del 20 de junio de 2003 al 13 de abril de 2005, la friolera de 4.485.258,68 € en bufetes privados, según las respuestas por escrito remitidas por el vicepresidente del Consell, Víctor Campos, al diputado del PSPV-PSOE en las Cortes José Camarasa. Del total, el 82,5%, 3.702.752,17 € corresponde a las empresas públicas y entidades. Este desembolso incluye las igualas -cantidades fijas pactadas con bufetes para realizar ciertos servicios-, el encargo de asesoramientos específicos y el gasto en letrados privados para afrontar los litigios contra la Generalitat o en los que ésta se persona, a pesar de que la Administración autonómica tiene sus letrados propios.
De los datos se desprende que el gasto en bufetes privados ha aumentado desde que gobierna Camps, con respecto a la etapa Zaplana. Hace un año, el Consell informó a Camarasa de que el desembolso en bufetes y representación en juicio se elevó a 12,2 millones entre 1996 y 2004, es decir, en ocho años, a millón y medio de € por ejercicio. La información se acompañaba de la relación de 162 despachos y juristas contratados, con nombres como Adolfo Suárez Illana, pero sin concretar los ingresos de cada bufete. Sólo se ha contestado lo referido a esta legislatura (de junio de 2003), obviando la etapa Zaplana, pero la omisión sirve para comparar los periodos: los 4,5 millones (a 2,25 por año) son un 50% más que en la etapa Zaplana.
El Consell y sus organismos han pagado en dos ejercicios 794.444,22 € en igualas a despachos y otros 1.642.988,71 por asesoramientos específicos e informes. En total, 2,4 millones en asistencia externa, incluyendo la estrictamente jurídica, fiscal, laboral, mercantil o administrativa. Para afrontar los juicios, se han abonado otros 2 millones. Llama la atención el hecho de que Presidencia de la Generalitat agrupe 1.212 litigios, con un coste de 326.547,15 €. El asesoramiento en materia fiscal, tanto en igualas como en trabajos específicos, asciende a 700.685,44 €.
La Agencia Tributaria ha impuesto una sanción de 191.000 € al Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) por aplicarse de forma incorrecta deducciones fiscales relacionadas con pagos efectuados en paraísos fiscales a diversas empresas en el marco del contrato firmado con el cantante Julio Iglesias para la promoción exterior de la Comunidad Valenciana. Así lo reveló en las Cortes Valencianas el portavoz adjunto del Grupo Popular Rafael Maluenda, durante el debate de dos peticiones de los grupos de la oposición para crear una comisión de investigación en torno al caso Ivex. El PP rechazó crear dicha comisión y obvió la existencia de un contrato oculto del Ivex con el cantante.
El PP sorprendió a la oposición al aceptar la inclusión en el pleno de las peticiones del PSPV y de Esquerra Unida de crear una comisión de investigación parlamentaria sobre el caso Ivex. El PP había rechazado una y otra vez llevar al pleno dichas iniciativas, presentadas a principios del 2004, aunque ya en la legislatura anterior la oposición reclamó, sin éxito, que se investigaran las "irregularidades" detectadas en el Ivex, las "posibles implicaciones y responsabilidades políticas que pudieran derivarse" de las mismas y que se analizara "el coste real" del contrato entre el organismo de la Generalitat y Julio Iglesias, firmado en diciembre de 1997. El contrato dado a conocer en su momento, por el que el artista se comprometía a ejercer de embajador de la Comunidad Valenciana, ascendía a 375 millones de pesetas (2.254.000 €); pero el Consell ocultó que el mismo día se firmó otro documento por valor de 615 millones (3,7 millones de €). En total casi seis millones de €, libres de impuestos.
Así, en su primer turno el portavoz adjunto Rafael Maluenda se limitó a hablar de una vertiente del caso Ivex -la referente al ex director del organismo José María Tabares y al empresario Jean Luc Lagier, condenados por los delitos de estafa y falsedad- que no era precisamente la que interesaba a la oposición -que calificó de "burla al Parlamento" la intervención del popular-, en la segunda entró en el asunto del contrato de Julio Iglesias. Y reconoció la existencia de irregularidades que salpican directamente al ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana -quien intervino de forma directa en la operación-, aunque previamente se había esforzado en alabar al actual portavoz del PP en el Congreso. Eso sí, Maluenda eludió cualquier mención al contrato B con Julio Iglesias, que el Consell ocultó -incluso al Síndic de Comptes- y cuya existencia no se confirmó hasta principios del año pasado.
Maluenda reveló que la Agencia Tributaria ha impuesto al organismo exportador una sanción de 191.000 € por considerar que no son deducibles fiscalmente los gastos abonados por el Ivex a una empresa con domicilio en Hong Kong, por importe de 146 millones de pesetas (877.000 €), a otra radicada en las Islas Vírgenes, por importe de 9,1 millones de pesetas (55.000 €), y a otra ubicada en Irlanda, por valor de 163,4 millones de pesetas (982.000 €). El diputado popular aseguró que "no hay ninguna ilegalidad", sino "sólo una duda en la interpretación" de si los gastos eran deducibles, según recoge el acta de inspección de la Agencia Tributaria, recurrida por el Consell.
Los intentos de los portavoces de la oposición para que el diputado popular explicara el contrato B del Ivex con Julio Iglesias fueron inútiles. Al final, las peticiones de creación de la comisión de investigación sobre el caso Ivex presentadas por los dos grupos de la oposición fueron rechazadas en sendas votaciones gracias a la mayoría absoluta del PP en la Cámara.
La asesoría laboral del presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, terminó el ejercicio 2004 con unas pérdidas declaradas de 25.516 €. La cuenta de resultados de Carmacas SL, constata el declive en el que se halla inmerso el negocio que el dirigente popular creó en 2000 de forma paralela a sus actividades políticas.
Los primeros ejercicios de Carmacas se saldaron con ingresos positivos durante el periodo en el que la actividad empresarial de Fabra se mantuvo en el anonimato. A partir de las revelaciones periodísticas sobre los ingresos millonarios recibidos por el presidente en su faceta de asesor laboral, la firma ha entrado en números rojos.
Los 139.432 € facturados en 2004 no han conseguido enmendar la crítica situación de Carmacas, la sociedad por la que el industrial Vicente Vilar, de Artana, ha denunciado haber canalizado pagos a Fabra por supuestas mediaciones políticas ante los Ministerios de Agricultura y Sanidad. La contabilidad, presentada en el Registro Mercantil el 28 de julio, revela que la producción ha caído un 20% respecto a 2003, cuando los ingresos por explotación fueron de 170.945 €.Las pérdidas de 25.000 € de Carmacas son las primeras que se declaran desde 2000. En 2001, el primer ejercicio completo de la sociedad, los beneficios ascendieron a 51.287 €, en 2002 fueron de 17.664 y en 2003 con hasta los 4.994. Las cuentas de este último ejercicio fueron depositadas en el Registro el 9 de diciembre de 2004.
Fabra se mantuvo al frente de la sociedad hasta el 22 de junio de 2004, en calidad de administrador único. En esa fecha, traspasó la actividad a una de sus hijas, Claudia Fabra Fernández, quien también controla el 90% del accionariado. El 10% restante se lo dividen por igual sus hermanos Carlos y Borja.
Al cierre del ejercicio, Carmacas tenía unas deudas reconocidas de 295.153 a corto plazo y de 454.850 a largo plazo. En su mayor parte correspondientes a la compra de un chalet de lujo en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, valorada en más de 720.000 €. La finca figura inscrita a nombre de Carmacas, y se ha utilizado como residencia familiar de una hija de Fabra. La asesoría laboral tiene su sede social en la villa familiar de los Fabra, en las Platgetes de Bellver, Oropesa. Carmacas contrató un préstamo hipotecario con una caja de ahorros catalana para asumir la compra de la vivienda de Madrid.
La empresa también ha asumido el pago del leasing de dos vehículos, un Mercedes y un Jaguar, que el empresario Vicente Vilar -el denunciante ante la Justicia de supuestos pagos al líder del PP a cambio de favores políticos- asegura haberle regalado. Durante 2004, la empresa ha vuelto a registrar gastos de 33.000 € en el apartado de «elementos de transporte», de los que no se dan más explicaciones. La situación crítica que declara la empresa al fin del ejercicio ha motivado que los administradores de la sociedad no hayan recibido remuneraciones. Sin embargo, la sociedad sí ha declarado gastos por más de 60.000 € en sueldos y salarios, y 18.000 en Seguridad Social. La cuenta de pérdidas y ganancias refleja, no obstante, que Carmacas no ha tenido empleados, fijos o no fijos, en los ejercicios 2003 y 2004.
16. COMUNIDAD VALENCIANA: DIRIGENTES DEL PP INSTAN A GINER A
DIMITIR COMO ÚLTIMA OPORTUNIDAD
El divorcio que vive el equipo de gobierno de la Diputación de Valencia entre el titular de la institución, el zaplanista Fernando Giner, y los afines al presidente Camps, se antoja irreversible tras una etapa en la que las diferencias parecían estar aplacadas. Un comunicado de Giner criticando a los responsables de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) y de la institución Alfons el Magnànim, ha soliviantado a los campsistas, que interpretan las manifestaciones de Giner como un nuevo guiño para hacerse con el favor de los sectores partidarios del secesionismo lingüístico aunque eso erosione al PP. Varios diputados y miembros de la dirección del PP de la Comunidad opinaron que Giner no debería tardar ni un minuto más en presentar a Camps su renuncia como presidente de la diputación. «El tiempo se le agota; es su única oportunidad que tiene si realmente pretende seguir en el PP y en la vida pública», soltó tajante un conocido dirigente.
La relación entre Camps y Giner es correcta pero fría. El intento de mediación de Alfonso Rus no tuvo el resultado que, al menos, el presidente provincial de los populares pretendía. Los tres cenaron en julio en teoría para zanjar malentendidos. En el PP se deseaba que Giner dejara su puesto para ocupar una plaza en el Senado. El modelo barajado era casi idéntico al llevado a cabo por José Luis Gimeno, quien dejó la alcaldía de Castelló para dirigir la Ciudad de las Lenguas.
Formalmente a Giner nadie le ha planteado que debe dejar la diputación. «Cada día que pasa va a tener menos oportunidades», mantenía el aludido dirigente. El desinterés del Gobierno de Camps con la Diputación de Valencia llega a situaciones chocantes si se compara con el trato económico que reciben las otras dos diputaciones. A finales de 2003, el presidente de la Generalitat anunciaba un convenio de carreteras. Dos años después sigue sin firmarse. El Consell ha aprobado un plan de ayudas a los municipios sin contar con las corporaciones provinciales. Los campsistas alegan que Giner actúa al dictado del ex presidente, Eduardo Zaplana, para segar la hierba bajo los pies a Camps.
17. EL EX INTERVENTOR DE ORIHUELA DECLARA AL FISCAL QUE ERA EL "BLANQUEADOR" DE FACTURAS DEL ALCALDE
José Manuel Espinosa, ex interventor del Ayuntamiento de Orihuela, se ratificó ante el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, en su denuncia sobre supuestas corruptelas en la corporación. El funcionario responsabilizó de las irregularidades al alcalde, José Manuel Medina, del PP. "He sido el blanqueador de facturas del alcalde", afirmó al término de su comparecencia ante el fiscal. Espinosa entregó a Briones documentos sobre 15 supuestos fraudes contables desde 1988. El funcionario avanzó al fiscal que posee datos sobre nuevas irregularidades.
Espinosa compareció, en calidad de testigo, ante el fiscal Anticorrupción de Alicante. Briones citó al funcionario en el marco de las diligencias abiertas por este departamento para esclarecer las denuncias sobre supuesta corrupción en la corporación oriolana, en manos del PP con mayoría absoluta desde 1987. Briones inició la investigación a instancias del Fiscal General del Estado tras recibir este órgano superior dos denuncias de particulares sobre esa cuestión. Con anterioridad a Espinosa, el fiscal mantuvo sendos encuentros con los portavoces de los tres grupos de la oposición (PSPV, Centro Liberal y EU-EV).
José Manuel Espinosa se ratificó, punto por punto, en la denuncia sobre supuestas prácticas corruptas en la corporación que efectuó a la oposición tras ser destituido en el cargo. El alcalde destituyó a Espinosa, que ocupaba el cargo como interino desde hacía 19 años, tras autoinculparse de haberse apropiado de unos 30.000 € de las arcas públicas. Espinosa acusó al alcalde de pago de facturas por servicios no prestados, de sobrecostes de obras sin justificar, de trato de favor a medios locales afines (Canal 34 y la revista Portada) a través de publicidad de varias concejalías, además de otras irregularidades como el caso de una edil que dejó el cargo sin justificar mandamientos de pago por valor de 22.000 € y otra que no ingresó en caja las recaudaciones de los conciertos organizados por el Consistorio.
Así, el ex interventor se ratificó en esas denuncias y aportó documentación de cada uno de los casos, recogida en un informe de unos 20 folios. Espinosa hizo especial hincapié en un paquete de facturas por trabajos no autorizados o no ejecutados por un monto de 240.000 €. Esas facturas fueron presentadas por la firma Necso, que en la actualidad explota el servicio de recogida de basuras en el casco urbano.
Espinosa no eludió su responsabilidad y al término de su declaración admitió que "blanqueaba facturas que llegaban al Consistorio sin procedimiento administrativo", dijo. "Las facturas llegaban sin cauce administrativo y yo las blanqueaba para que pudieran ser aprobadas, aunque el que cometía la irregularidad era el alcalde. Medina sabía todo eso", añadió.
Por otro lado, el comité ejecutivo provincial del PP de Alicante ha decidido abrir un expediente aJosé Manuel Medina, y a otros cinco concejales populares por promover sin el apoyo del sector del partido afín a Eduardo Zaplana dos urbanizaciones para construir 7.000 viviendas fuera del Plan General de Ordenación Urbana en la costa de Orihuela y sobre suelo no urbanizable de especial protección. El presidente provincial de PP de Alicante, el zaplanista José Joaquín Ripoll, acordó además la expulsión de ese órgano de Medina, partidario campista. Ripoll respondió de esa forma a la iniciativa de Medina de destituir a tres tenientes de alcalde, afines al sector zaplanista.
Por todos los frentes pintan bastos para el alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, del PP, ya que se ha sabido que reside desde hace dos años en un chalé de la urbanización Playa Flamenca, en la costa oriolana, propiedad de uno de los principales promotores de la Vega Baja, Joaquín Grau, a quien el pasado abril le recalificó dos millones de metros no urbanizables en la huerta para construir 5.400 viviendas y un campo de golf. Medina aseguró que reside en esa vivienda en régimen de alquiler con opción de compra. La finca, que está valorada en no menos de un millón de €, se encuentra en la calle de Gordillo, en un complejo residencial denominado Las Acacias, de la urbanización Playa Flamenca de Orihuela, que promovió Joaquín Grau. Según el Registro de la Propiedad, la vivienda está a nombre de la sociedad anónima Villas y Bungalós El Cid, de la que Grau es administrador solidario.
Según consta en el Registro Mercantil, Joaquín Antonio Grau Pomares administra en la actualidad nueve empresas: Villas don Quijote, Adecuación y Mejoras Ambientales, Desarrollos Turísticos Costa Blanca, Villas y Bungalows El Cid, Agrícola del Segura, Land Property Office, Promoción Urbana de los Terrenos, Capital Hipotecario y Residencial Playa Flamenca. Todas ellas están dedicadas a la promoción inmobiliaria en la comarca de la Vega Baja. Grau es uno de los principales promotores en la franja costera de Orihuela, donde en los últimos años se ha desarrollado un modelo de edificación masiva similar al que ha colmatado el suelo de la vecina Torrevieja.
El alcalde advirtió de que todo lo que se publique sobre este asunto va a ir directamente al juzgado. "No estoy dispuesto a destripar mi vida privada en los medios de comunicación; tengo derecho a vivir en una casa en el régimen que considere oportuno".
En medio de una gran polémica política, el alcalde adjudicó en abril a Grau dos proyectos urbanísticos, Las Asomadas Norte y Sur, con la recalificación de unos dos millones de metros para la construcción de 5.400 viviendas y un campo de golf. La controversia ha envuelto a estos proyectos desde que se presentaron el Ayuntamiento. En noviembre de 2004, Medina incluyó en el orden del día del pleno la aprobación del sector Asomadas Norte (3.500 viviendas y un campo de golf sobre 1.200 m2), pero lo retiró poco antes de comenzar la sesión.
Y por si fuera poco, además de este tema de la vivienda del alcalde de Orihuela, se une al hecho de la utilización de un coche, marca Audi-8, que está a nombre de un concesionario propiedad de un conocido promotor local. Medina salió al paso de la denuncia del grupo municipal socialista sobre el hecho de que utilice El PSOE valora el vehículo en más de 90.000 €.
El alcalde afirmó sobre este asunto: «José Manuel Medina es un ciudadano que tiene sus dificultades económicas como todo el mundo, cuando necesita comprar un vehículo, cuando necesita comprar una casa, cuando necesita vivir como cualquier ciudadano necesita ajustarse a sus necesidades económicas. Tiene que ajustarse como lo hace la mayoría de los ciudadanos.»
Medina agregó: «Si yo he comprado un vehículo en las condiciones económicas
que me han permitido, y he acudido a un concesionario para un coche de
segunda mano, cómo he pagado el coche y la cantidad que he pagado, sólo me
interesa a mí. Yo lamento que otros ciudadanos tengan coches de más valor
económico, coches de lujo, y no tengan que acudir a este tipo de operaciones
a las que yo he tenido que recurrir.» «Lo compré con muchas de las
dificultades que ustedes habrán tenido a la hora de hacer lo mismo. De mi
economía me ocupo yo, y les aseguro que tengo muchas dificultades
económicas».
El alcalde de Crevillent, el popular César Augusto Asencio, cruzó la frágil frontera que delimita dos derechos fundamentales, el de la intimidad y el de la seguridad. En rueda de prensa planteó la posibilidad de instalar cámaras de vigilancia en las calles como elemento disuasorio contra la delincuencia. Según Asencio, la elevada inseguridad ciudadana en Crevillent y las reivindicaciones de los vecinos, que reclaman más medidas contra la delincuencia, justifican medidas como la de la vigilancia con cámaras de vídeo, aunque ello acarree restricciones en la intimidad de las personas que sean grabadas.
El gobierno municipal ya está estudiando presupuestos para la colocación de estas cámaras, que se instalarían en las calles "más conflictivas" del municipio, como San Juan, Castellón y el tramo central de la avenida de San Vicente Ferrer, aunque no descarta extenderlos a otros emplazamientos.
La orden 4/1997 de 4 de agosto en materia de vídeo vigilancia y seguridad ciudadana establece que las corporaciones locales pueden pedir autorización al delegado del Gobierno en su comunidad para instalar estas cámaras. No obstante, es necesaria la presentación de un informe previo de la comisión autonómica, en la que están representados el Poder Judicial y el Ministerio del Interior y que está presidida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Si los vecinos están de acuerdo, el alcalde planteará la medida en la próxima Junta Local de Seguridad, a la que tiene previsto asistir la subdelegada del Gobierno, Etelvina Andreu.
Hace escasos días que Montserrat García González trabaja en la conserjería del polideportivo de Magaluf. Un hecho, el expuesto, que podría tildarse de intrascendente si la aludida no fuera quien es: la esposa de Máximo Labanda Caballero, el testigo aportado por el alcalde de Calvià, Carlos Delgado (PP) para reabrir el caso chalet de Santa Ponça, causa judicial abierta contra Margarita Nájera (PSOE), a instancia del PP y Delgado, tras acusar a la ex alcaldesa de un presunto delito de cohecho.
Montserrat García, de 49 años de edad y residente en Son Ferrer desde hace aproximadamente tres décadas, ha sido contratada, a través de la empresa Oh!Limpia Sociedad Anónima Laboral (SAL) por el Ajuntament de Calvià para trabajar en la conserjería del polideportivo de Magaluf. Esta empresa se encarga de la limpieza y conserjería de distintos edificios municipales, como la propia casa consistorial. García empieza a trabajar en el mencionado centro deportivo tres meses y 20 días después de que su marido, Máximo Labanda, declarase ante el titular de Instrucción número 2 de Palma que la oficina de recaudación del Ajuntament de Calvià le pagó los trabajos que realizó en el chalet de Santa Ponça propiedad de Antonio Baraja, el ex esposo de Margarita Nájera.
Máximo Labanda, el constructor condenado en 1992 por intentar secuestrar a Ramón Bauzá -apoderado de Trinidad Riera, viuda del multimillonario Andreu Oliver-, entregó al juez las facturas que supuestamente le dio Baraja, por los trabajos que efectuó en su chalet. El constructor declaró ante el juez que no aportó antes las facturas al juzgado ni a la policía porque «no se fiaba». En cambio, sí decidió ponerse en contacto con Carlos Delgado porque consideró que los ataques contra el alcalde eran «injustos»
Javier Ascunce Elizaga, director general de Ordenación del Territorio, y Juan José Grau Las Heras, director general de Medio Ambiente, serán investigados por el juzgado de instrucción número 4 de Pamplona por un posible delito de prevaricación relacionado con la concesión de las resoluciones para que el Gobierno de Navarra respaldara la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la ampliación de la cantera de Bearin, ubicada en el concejo del mismo nombre y dependiente del Ayuntamiento de Yerri. Estos documentos, fechados en octubre y noviembre del año pasado, obviaron, según el criterio de este consistorio, la normativa básica de aplicación en todo el Estado relativa a la regulación de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, que especifica que este tipo de actividades no se podrá desarrollar a una distancia menor a los 2.000 metros del núcleo urbano más cercano. En este caso, la distancia en línea recta hasta Bearin, localidad con 181 habitantes, es de apenas 500 metros.
Este hecho se recoge en la querella criminal presentada contra estos dos altos cargos del Gobierno por el Ayuntamiento de Yerri, denuncia que ha sido admitida a trámite por el titular del juzgado de instrucción número 4 de Pamplona. En un auto fechado el pasado 7 de octubre, este magistrado sentencia que los hechos relatados en la querella contra Grau y Ascunce "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", por lo que ordena la apertura de diligencias previas. Esa infracción se centra en el supuesto delictivo de prevaricación, y más concretamente en el de "prevaricación ambiental", ya que, según expone la querella avalada por el juez, los altos cargos del Ejecutivo concedieron las resoluciones en favor de la ampliación de la cantera "a sabiendas" de que tal respaldo era "manifiestamente ilegal".
Y es que, según se desprende del escrito aceptado por el juez, la Declaración de Impacto Ambiental que debía avalar la ampliación de la cantera (cuenta con el rechazo de Bearin y de Yerri), carecía de documentos clave como el "proyecto específico de contaminación" o el "proyecto acústico". Según mantienen los querellantes, ambos documentos, dada la naturaleza de la explotación (una cantera con explosiones previstas cada 15 días y con un alto grado de emisión de polvo, ruido y vibraciones), eran imprescindibles para otorgar los permisos. Así se lo hicieron saber primero a Grau y luego a Ascunce en las alegaciones presentadas al proyecto de ampliación (6 de abril de 2004), y que ambos directores generales desestimaron. Eso sí, aceptaron las medidas correctoras que proponía la empresa para superar las "molestias" de la explotación y que, según la querella, no eran tales, sino las acciones exigidas para el cumplimiento de la legislación medioambiental Navarra.
