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TITULARES   

  1. EL RECHAZO HACIA LOS INMIGRANTES CRECIÓ DEL 8% AL 32% EN LOS ÚLTIMOS OCHO AÑOS  

  2. EL LITORAL DE CASTELLÓN TENDRÁ MÁS DE 40.000 NUEVAS VIVIENDAS EN 5 AÑOS  

  3. ARMAS INEXISTENTES

  4. TVE CONCEDE A URDACI EXCEDENCIA LABORAL VOLUNTARIA

  5. LA JUEZ ORDENA LA ENTREGA A LAS FAMILIAS DE LOS 21 CADÁVERES EXHUMADOS DEL YAK-42  

  6. LA DIRECCIÓN DEL PP SALE EN DEFENSA DE PIQUÉ, Y ALBERTO FERNÁNDEZ RESPALDA A MAYOR OREJA  

  7. C.A DE BALEARES: "SÓLO SE REPARTIERON 125 KILOS" DE CARAMELOS CADUCADOS

  8. EL SÍNDIC ADVIERTE DE QUE LA GENERALITAT PODRÍA NO RECUPERAR LOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A TERRA MÍTICA

  9. EL TRIBUNAL DE CUENTAS DENUNCIA IRREGULARIDADES EN LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO DE 2002  

  10. C. MADRID. HACIENDA RECLAMA A ARANJUEZ 600.000 EUROS POR LA VENTA ILEGAL DE UNA FINCA

  11. C. ANDALUCÍA. EL PSOE ACUSA AL PP DE INFLAR CON UN PGOU "IRREAL" EL PRESUPUESTO DE JAÉN

  12. C. VALENCIA. TERRITORIO ZAPLANA

  13. EL PSOE DENUNCIA FAVORES URBANÍSTICOS A FAMILIARES DE ZAPLANA

  14. ZAPLANA SE EXAMINA DEL CARNÉ DE CONDUCIR POR LLEVAR 4 AÑOS SIN RENOVARLO

  15. ZAPLANA CONDUJO CON EL CARNET CADUCADO

  16. UN TRÁMITE JUDICIAL BLOQUEA DURANTE 10 MESES EL 'CASO MERCALICANTE'  

     


1. EL RECHAZO HACIA LOS INMIGRANTES CRECIÓ DEL 8% AL 32% EN LOS ÚLTIMOS OCHO AÑOS  

La actitud de rechazo entre los españoles hacia los inmigrantes se ha multiplicado por cuatro en los últimos ocho años. La proporción de ciudadanos "reacios" hacia el colectivo de extranjeros se incrementó desde el 8% hasta el 32% en el periodo comprendido entre 1996 y mayo de 2004, que coincide con la etapa de gobierno del PP. Esta evolución es recogida en un estudio realizado por la socióloga María Ángeles Cea a partir de las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y editado por dicho organismo oficial bajo el título La actividad de la xenofobia en España.

El estudio monográfico, del que informa la agencia Europa Press, relaciona el incremento de la xenofobia con una mayor presencia de extranjeros. El aumento gradual en el "rechazo declarado" se debe igualmente a la reducción en el número de personas que no declaran una postura definida. Así, las personas que muestran una postura ambivalente han pasado de representar el 51% de la muestra a alcanzar el 28% en el periodo estudiado.

María Ángeles Cea, socióloga de la Universidad Complutense de Madrid y responsable de la monografía, considera que estas cifras son "alarmantes", teniendo en cuenta que la encuesta se realiza mediante una entrevista personal, "cara a cara", y que los indicadores utilizados en los barómetros son, en su mayoría, "demasiado directos" en la medición del racismo, lo que propicia su ocultación.

El cambio de tendencia, con el rechazo al alza de los inmigrantes, se empieza a detectar sobre todo a partir de 2000 y se observa en todos los indicadores utilizados en los sondeos del CIS. Así, se detecta una mayor intolerancia cultural (cada vez son menos los españoles a favor de que los inmigrantes mantengan sus costumbres) y también el rechazo a la concesión de derechos de ciudadanía, "en especial el voto en las elecciones generales", cuestión ésta que nunca ha sido planteada por el Gobierno.

El análisis muestra que desciende la simpatía hacia los inmigrantes en general. La clasificación de los peor valorados es liderada por los marroquíes. La falta de simpatía se acusa más a lo largo de los últimos años respecto a los ciudadanos de países que más han incrementado su presencia en España y con quienes nos unen menos vínculos culturales: africanos, asiáticos y europeos del Este.

A su vez, con la pérdida de simpatía crece la reticencia de la población autóctona a una interrelación con los inmigrantes que suponga un grado de intimidad máximo, como el casamiento o las relaciones de amistad. Por contra, crecen las relaciones "menos voluntarias", como las de trabajo y de vecindad.

La imagen tópica negativa que vinculaba la inmigración con el aumento del desempleo y la disminución de los salarios ha dejado paso a la vinculación de los extranjeros con actividades delictivas. En este sentido, es de recordar que los Gobiernos del PP insistieron en la relación entre el fenómeno migratorio y la delincuencia común.

Por el contrario, cada vez se valoran menos los actos de violencia contra los extranjeros, aun coincidiendo los barómetros con sucesos como los de la localidad almeriense de El Ejido (ocurridos en febrero de 2000) y los del barrio de Can'Anglada en Terrasa (en julio de 1999).

Por lo que se refiere a los medios de comunicación, el estudio destaca las noticias sobre inmigración, el racismo, el multiculturalismo y los problemas de convivencia e integración. "Todo este noticiero se suma a las reiteradas noticias de interceptaciones de pateras, de detenciones de inmigrantes y de reyertas", afirma el texto.

Según el estudio, el rechazo a los inmigrantes es más manifiesto en personas de más edad (en especial los jubilados), de menor nivel de estudios, ideológicamente ubicadas a la derecha, en católicos practicantes y en ciudadanos de estatus social más bajo.

Por comunidades autónomas, se comprueba el efecto diferencial de vivir en aquellas que han experimentado un mayor incremento de la población inmigrante.

Así, las comunidades cuyos habitantes muestran mayor rechazo a la inmigración son Aragón, la Rioja, Murcia, Extremadura y las dos Castillas. A éstas se suman Baleares y Canarias, las comunidades autónomas de mayor densidad de población extranjera.

Por ello, la responsable del estudio concluye que la convivencia con minorías étnicas no implica, necesariamente, una mayor confraternización de etnias y culturas diferentes. "Al contrario, despierta sentimientos xenófobos alentados por prejuicios étnicos", apostilla.

2. El litoral de Castellón tendrá más de 40.000 nuevas viviendas en 5 años  

El litoral de la provincia de Castellón modificará de forma notable su morfología actual en los próximos cinco años. Con independencia del color político de los ayuntamientos, de sur a norte, diferentes empresas han presentado Programas de Actuación Integrada (PAI) para urbanizar entre 35 y 40 millones de metros cuadrados, con la construcción de 12 nuevos campos de golf que se suman a los tres ya existentes, y que conllevarán la edificación de más de 40.000 nuevas viviendas. Los expertos medioambientales han alertado sobre el impacto de estos proyectos.

Prácticamente la totalidad de los municipios de la costa castellonense planean nuevos proyectos, con independencia del color político de sus ayuntamientos, y no siempre van acordes con las criterios sostenibilidad e integración ambiental, según los expertos. Almenara, municipio gobernado por el PSPV, ya ha aprobado un programa para la urbanización de 700.000 metros cuadrados de su costa, y prepara la presentación de un proyecto de campo de golf.

Lo mismo sucede un poco más al norte, en la localidad de Xilxes, con gobierno del PP, donde hasta seis alternativas técnicas pugnan por un espacio comprendido entre el millón y medio y los tres millones de metros cuadrados. Sólo hay una coincidencia en este caso, el programa aprobado tendrá que contar también con un campo de golf. En la vecina Moncofa, con mayoría absoluta del socialista José Vicente Isach, hay ya aprobados tres proyectos, otros tres en fase de aprobación y uno más que se presentará en breve para urbanizar en total alrededor de cinco millones de metros cuadrados. Sin embargo, el ejemplo más significativo del afán urbanizador es el que protagoniza el Ayuntamiento de Burriana, donde su alcalde, el popular Alfonso Ferrada, ha pasado en cuatro años de mantener un litoral prácticamente virgen a pretender la construcción de casi siete millones de metros cuadrados y dos campos de golf, con lo que ocupa el 100% del espacio costero disponible.

A la reciente aprobación del proyecto de Sant Gregori, de dos millones y medio de metros cuadrados con campo de golf, hay que sumar la presentación del PAI de la empresa Santa Bárbara Golf, con un proyecto anexo al primero para edificar más de 5.000 viviendas, un campo de 18 hoyos y un puerto deportivo con casi 2.700 amarres en 3,5 millones de metros cuadrados. Además, también en Burriana, el Consistorio acaba de recibir una oferta para edificar el último espacio que le quedaba: el Arenal. Una firma madrileña ha presentado un PAI para construir dos torres de 24 alturas, multicines y un centro de ocio junto a la costa en 700.000 metros cuadrados que está siendo analizado por los técnicos y que ha suscitado el rechazo de la oposición socialista, del Bloc y de Unió.

También en Alqueríes, la empresa Pont Mediterrani ha presentado un PAI para edificar 3.000 viviendas unifamiliares alrededor de un campo de golf en unos dos millones de metros cuadrados, y en Benicàssim, la coalición de Gobierno de ARB y PP pretende impulsar esta legislatura la urbanización de 1,5 millones de metros cuadrados denominada Benicàssim Golf. Tampoco se escapa la playa de Torrenostra en la localidad de Torreblanca y junto al parque natural del Prat Cabanes-Torreblanca, donde existen hasta cuatro proyectos de urbanización que también incluyen un campo de golf en 2 millones de metros cuadrados. Oropesa prevé además la ampliación de la urbanización Marina d'Or en la playa, y otro de los municipios que recalificará unos dos millones de metros cuadrados de suelo costero es Peñíscola, que también apuesta por las verdes praderas del deporte de moda. Pero sin duda, el proyecto estrella es el que conllevará la construcción del parque de ocio Mundo Ilusión entre Cabanes y Oropesa. Alrededor del proyecto personal de Carlos Fabra "dedicado a la magia y al circo" se construirán 20.000 viviendas y zonas de ocio, y tres campos de golf en 16 millones de metros cuadrados.

Las empresas encargadas de ejecutar los proyectos son principalmente Lubasa y sus filiales, y FCC, PGP, Medi, o GyC entre otras, e incrementarán sensiblemente, en un plazo estimado de cinco años, el porcentaje urbanizado del litoral de Castellón, que ya estaba ocupado un 23,5% en el 2000 según el estudio europeo Corine Land Cover

3. ARMAS INEXISTENTES

De forma sospechosamente discreta, la Administración Bush ha reconocido esta semana que hace ya dos meses, sus equipos especiales en Irak dejaron de buscar armas de destrucción masiva -biológicas, químicas y nucleares-, en la convicción de que éstas no existen en aquel territorio, aunque muchos científicos iraquíes siguen presos. Con este anuncio oficial concluye la búsqueda de unas armas cuya supuesta existencia, cuestionada por muchos, se convirtió en el principal argumento para la invasión de Irak, el derrocamiento de Sadam Hussein y una ocupación militar de aquel país cuyo desenlace es hoy más incierto que nunca, pese a las elecciones anunciadas para el próximo día 30 de enero. Aunque Bush reiterara que invadir Irak "sin duda valió la pena".

Dos años después de que esta Administración y sus principales aliados, entre ellos los Gobiernos de Blair y Aznar, anunciaran a bombo y platillo en la sede de Naciones Unidas y fuera de ella que contaban con pruebas fehacientes de que el régimen de Sadam Hussein contaba con tales armas y suponía por ello una amenaza para el mundo, Washington reconoce que no existen ni existían cuando se ordenó la intervención. Muchos de los adversarios de la intervención en Irak verán en este reconocimiento una prueba de que Bush y sus aliados mintieron al mundo y encargaron la falsificación de pruebas para justificar una intervención que preparaban de antemano con fines muy distintos. Otros pondrán énfasis en el inmenso fiasco de los servicios de inteligencia, sobre cuya calidad reposa la doctrina de la guerra preventiva de Bush. Y muchos recordarán los denodados e inútiles esfuerzos del jefe de los inspectores de la ONU, Hans Blix, y su gente por ganar tiempo para continuar con las inspecciones, convencidos como estaban de que de existir las armas, ellos podrían encontrarlas sin necesidad de una guerra.

Es evidente que en Washington existía una voluntad de intervenir en Irak que no se basaba exclusivamente y ni siquiera principalmente en la supuesta existencia de dichas armas. También está probado que Irak dispuso de estas armas al menos hasta mediados de los 90 y que Sadam Hussein las utilizó contra Irán y contra los kurdos. Pero el hecho es que no las tenía en 2003 y que la denostada política de control del armamento de los investigadores de la ONU había tenido éxito al conseguir que el régimen de Bagdad destruyera dichas armas, aunque Sadam Husein se guardó de reconocerlo en su día, probablemente considerando el valor disuasorio de la incertidumbre sobre este armamento. Lo cierto es que las armas inexistentes fueron utilizadas como bandera propagandística para iniciar una guerra que Washington estaba decidida a hacer y que en las mismas condiciones, asegura la Casa Blanca, volvería a iniciar.

Muchos pueden sentirse con toda la razón para exigir a Bush y a sus aliados de entonces un pronunciamiento público reconociendo su error y su culpa. Y denostar más si cabe a quienes comenzaron una guerra con premisas falsas, a sabiendas o no. Sin embargo, hoy lo más importante es subrayar que el fiasco y la falsa amenaza de entonces no paralice la vigilancia necesaria para evitar que otros países o grupos terroristas se hagan con esta clase de armas. Al igual que el fenómeno de la tortura supone un gravísimo revés para la credibilidad de la lucha antiterrorista, las falsedades de antaño pueden dificultar la lucha contra la proliferación de estas armas, que es un riesgo real. Y el hecho de que la guerra de Irak comenzara sustentada por mentiras tampoco debe llevar a la peligrosa conclusión de que puede ser deseable en Irak un escenario distinto del establecimiento de un régimen que sea capaz de tener unas relaciones de cooperación razonable con sus vecinos y con las democracias occidentales, incluido Estados Unidos, y luche contra un terrorismo allí inducido por esta insensata invasión.

4. TVE concede a Urdaci excedencia laboral voluntaria

Televisión Española ha concedido al ex director de Informativos de la cadena pública Alfredo Urdaci una excedencia laboral voluntaria, tal y como ha solicitado el periodista al agotar su mes de vacaciones correspondientes a 2004. Un portavoz del ente público explicó a Europa Press que la cadena "comunicará favorablemente" la solicitud de excedencia del periodista, que se iniciará el próximo lunes, día 17. La excedencia voluntaria, según establece el convenio laboral de RTVE, se concede por un plazo no inferior a un año ni superior a diez años, durante los cuales se le conservará el puesto de trabajo en la cadena pública, a cuya plantilla pertenece. Transcurrido el primer año podría solicitar el reingreso.


Alfredo Urdaci fue cesado en abril de 2004 por el director general de RTVE, José Antonio Sánchez, en la víspera de la toma de posesión de la nueva responsable del ente, Carmen Caffarel. Poco después solicitó reincorporarse al área de Informativos de TVE, donde se le estuvo buscando acomodo durante varios meses.

En octubre, la dirección del ente le encomendó un programa de entrevistas en el Canal Internacional, un puesto al que el periodista no quiso incorporarse por considerar que el espacio era "un invento" fabricado para colocarle. En ese momento pidió una excedencia de dos meses sin empleo y sueldo "por motivos familiares". Al terminar ese permiso en diciembre, el periodista comenzó a disfrutar de su mes de vacaciones correspondientes a 2004. Una vez terminadas, el periodista ha solicitado una excedencia que comenzará a disfrutar el lunes.

5. La juez ordena la entrega a las familias de los 21 cadáveres exhumados del Yak-42  

Teresa Palacios, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, dictó una providencia en la que ordena la entrega a sus familiares de los 21 cadáveres de víctimas del accidente del Yak-42 que fueron exhumados en noviembre pasado y se encuentran desde entonces en un depósito del cementerio de La Almudena, en Madrid.

La juez tomó esta decisión después de que, el pasado martes, recibiera un informe del forense de su juzgado que confirma que las identidades reales de los 21 cadáveres no corresponden a las que les atribuyó en su día el Ministerio de Defensa, sino a la que determinó el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses tras cotejar el ADN de los parientes con las muestras conservadas en un laboratorio de Estambul (Turquía).

Palacios afirma en su providencia que, "a la vista de las conclusiones" de los informes del forense y del mencionado instituto, "se acuerda la entrega de los cadáveres [a las familias de las víctimas] para su traslado e inhumación, o en su caso incineración, a cuyo fin deberán informar al juzgado del lugar en que se va a llevar a efecto".

Las exhumaciones afectaron a nueve comunidades autónomas, en las que previsiblemente habrá que efectuar también ahora entierros o incineraciones, después de que cada familia reciba los restos de su verdadero difunto. La entrega, según las fuentes consultadas, se hará a partir del próximo lunes, una vez que la providencia sea firme, si ninguna de las partes personadas en la causa presenta recurso.

Los errores de identificación afectaron a 30 de los 62 militares muertos en el accidente de Trabzon (Turquía), el 26 de mayo de 2003, pero nueve cadáveres no pudieron exhumarse por haber sido incinerados.

En la misma providencia, la juez encarga al forense del juzgado un informe para saber "si es posible realizar pruebas médico-científicas" sobre las cenizas, tal como ha reclamado Francisco Cardona, padre de uno de los militares cuyo cuerpo fue incinerado por error.

6. La dirección del PP sale en defensa de Piqué, y Alberto Fernández respalda a Mayor Oreja  

La dirección nacional del Partido Popular echó un cable a Josep Piqué en su disputa con el eurodiputado Jaime Mayor Oreja a raíz del proceso de reforma del Estatuto catalán. Mientras que en la calle de Génova de Madrid -sede nacional del partido- se avalaban las tesis del líder del PP en Cataluña, Alberto Fernández Díaz y Alejo Vidal-Quadras, antecesores de Piqué en el cargo, daban la razón a Mayor al comparar el plan Ibarretxe y la reforma del Estatuto y en su acusación de que "ETA, con la tregua, está arbitrando la política en Cataluña".

"Mayor Oreja sólo ha dicho lo que es obvio", proclamó Alberto Fernández Díaz, presidente del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, en declaraciones a la cadena Cope. "Carod Rovira se reunió con ETA con un trasfondo político que no era otro que el de no atentar en Cataluña para no perjudicar el independentismo catalán", añadió.

El eurodiputado popular Alejo Vidal Quadras se mostró en sintonía con la misma tesis. En su opinión, Esquerra está actuando de "manera explícita o solapada" con el Partido Nacionalista Vasco, con el "agravante de que el lehendakari hace de pantalla respecto a lo que se está gestando en el Parlamento catalán".

"Lo que está pasando", agregó, "es que mientras estamos concentrados en combatir el plan Ibarretxe, por detrás se nos podría colar una reforma del Estatuto de Cataluña que también sería profundamente lesiva para el ordenamiento constitucional vigente y para la igualdad entre todos los españoles y entre todas las autonomías".

En sentido contrario, la secretaria de política autonómica del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, puntualizó que "una cosa" es ERC y sus objetivos y otra la reforma del Estatuto catalán, que "el PP respaldará si no va contra la Constitución". En concreto, manifestó:

"Yo creo que hay que diferenciar dos planos: de un lado lo que Esquerra [Republicana] de Catalunya pretende y ha dicho, que es la independencia. Ha dicho que se pacte el Estatuto que se pacte en Cataluña, al día siguiente va a pedir más; y otra cuestión, que es cómo nace la reforma del Estatuto de Cataluña, que nace de una ponencia, que está todavía en fase de elaboración, que no tenemos algunos capítulos y que se discutirá profundamente en el Parlamento catalán".

En la ponencia que elabora el nuevo Estatuto, sólo el PP se desmarcó del resto de los partidos en el sentido de que sea un deber conocer el catalán. No obstante, los populares aceptarían estudiar otras posibles redacciones para no atribuir esta obligación a todas las personas que residan en Cataluña. Este asunto estaría incluido en una Carta de Derechos y Deberes, que CiU quiere suprimir y repartir los preceptos en el propio articulado.

7. C.a de baleares . "sólo se repartieron 125 kilos" de caramelos caducados

Una llamada a la calma y a la normalidad. Desde el Ayuntamiento de Palma se pide tranquilidad a los ciudadanos tras conocerse que durante la cabalgata de los Reyes Magos, precisamente las carrozas de Cort habían repartido caramelos caducados en el año 2003. "De momento, no hay ningún caso de intoxicación y tampoco lo esperamos", aseguró la alcaldesa de Palma, Catalina Cirer, tras participar en la representación de la Adoració dels treis Reis d´Orient en Ses Voltes.

"Nos hemos puesto a investigar esta misma mañana y de momento, el único dato que podemos aportar es que estos caramelos se lanzaron a las carrozas patrocinadas por Cort. Pero no somos responsables de la compra de estos dulces ya que fue una empresa contratada la que se encargó de adquirir las tres toneladas necesarias para abastecer estos 17 vehículos", añadió Cirer.

Fue un ciudadano quien, durante el recorrido de la cabalgata real que tuvo lugar la pasada noche del cinco de enero, denunció este hecho a distintos periódicos de la isla.
Desde varias carrozas se lanzaron al público caramelos de la marca Olrait sin azúcar con fecha de consumo recomendada antes de marzo y junio de 2003.

La empresa organizadora del evento, Feria Service -perteneciente a Trui Espectacles-, denunció al proveedor que les suministró las tres toneladas de caramelos. "De momento no hemos podido contactar con él pero exigiremos responsabilidades", declararon responsables de Ferias Service.

Las investigaciones realizadas hasta ahora apuntan a que, finalmente, "sólo" se distribuyeron 125 kilos de dulces en mal estado de las siete toneladas que se repartieron durante el transcurso de la cabalgata. "Teniendo en cuenta que el 80 por ciento de estos caramelos acaban en el suelo no hay motivo para alarmarse", subrayó la alcaldesa Catalina Cirer.

8. El Síndic advierte de que la Generalitat podría no recuperar los préstamos concedidos a Terra Mítica

La delicada situación financiera de Terra Mítica y el proceso de suspensión de pagos en el que se encuentra inmerso el complejo de ocio podría impedir a la Generalitat Valenciana la recuperación de los créditos concedidos al parque a través de la sociedad pública Proyectos Temáticos. La Sindicatura de Cuentas destaca en su informe de 2003 su incapacidad para evaluar las posibilidades de retorno a las arcas públicas de los fondos prestados.

La Generalitat Valenciana ya ha experimentado cómo las pérdidas de Terra Mítica repercutían de manera negativa en sus libros de contabilidad. En septiembre de 2003 el complejo de ocio se vio obligado a reducir su capital social en casi 100 millones de euros para compensar las pérdidas acumuladas durante su actividad. La Administración autonómica, por su condición de accionista a través de la sociedad pública Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV), vio cómo se volatilizaban 13,9 millones de euros como consecuencia de esa operación, el 14,86% que en estos momentos poseía del capital del parque.

La reducción en el valor de los títulos llegó acompañada de manera simultánea de una ampliación de capital -operación acordeón- que supuso una nueva inyección de Proyectos Temáticos de 16 millones de euros. Sólo la Generalitat y las cajas acudieron a la ampliación, de suerte que la participación pública se elevó, por efecto estadístico, al 20,44%.

Pero los 13,9 millones de euros que se han esfumado ya de las cuentas públicas como consecuencia de la consolidación de pérdidas del parque temático podrían multiplicarse en el caso de que la Administración autonómica no sea capaz de recuperar los préstamos concedidos al complejo temático. La Sindicatura de Cuentas insinúa abiertamente esta posibilidad en su informe económico sobre la SPTCV correspondiente al ejercicio de 2003.

Proyectos Temáticos concedió a Terra Mítica en años anteriores créditos por importes de 48 millones de euros (un préstamo participativo con vencimiento en 2008) y 6 millones de los que el recinto de Sierra Cortina no ha devuelto ni parte del principal ni sus correspondientes intereses, que ascienden a 1,8 millones de euros. Se trata en total de 55,8 millones de euros (9.280 millones de pesetas) cuyo retorno a las arcas públicas corre serio riesgo. Al menos así se desprende del análisis que efectúa la Sindicatura: «Teniendo en cuenta la situación financiera de la sociedad deudora (Terra Mítica), puesta de manifiesto en las últimas cuentas anuales aprobadas y auditadas, no nos es posible evaluar objetivamente las posibilidades de recuperación de dichos créditos por las cuantías y en los plazos que se indican».

Una situación que se ve agravada además por el proceso de suspensión de pagos en el que está envuelta Terra Mítica desde mayo del año pasado. El Síndic destaca este extremo: «A la fecha de la elaboración de este informe, se desconoce el estado procesal del caso y las posibles consecuencias que podrían afectar, entre otros aspectos, a la participación societaria de SPTCV en la citada mercantil (Terra Mítica) y a las deudas pendientes de cobro».

Aunque el Síndic no lo menciona, responsables de la Administración autonómica y del propio parque ya han anunciado su deseo de que la resolución de la suspensión de pagos pase por la firma de un convenio que implique quitas o capitalización de deuda por parte de los acreedores, incluida la Generalitat Valenciana.

La perspectiva como la Generalitat afronta la suspensión de pagos de Terra Mítica tampoco es positiva, dentro de la gravedad de la crisis financiera del parque, por las condiciones en que se firmó el préstamo de 48 millones de euros. El crédito está subordinado a otro sindicado de 111 millones de euros que el parque adeuda a un conjunto de entidades financieras y cuyo impago y las actuaciones judiciales de algunos de los acreedores precipitaron la suspensión de pagos. Pero además el préstamo fue modificado para transformarlo como participativo, algo que lo coloca después de los acreedores comunes «en orden de prelación de créditos», destaca el informe de la Sindicatura que dirige Rafael Vicente Queralt.

El informe correspondiente al ejercicio de 2003 elaborado por la Sindicatura de Cuentas sobre la sociedad pública Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana recoge por primera vez las salvedades y advertencias lanzadas por los auditores del parque temático en las que se pone de manifiesto que existe incertidumbre sobre la capacidad de la sociedad para continuar su actividad y poder realizar sus activos y liquidar sus pasivos por los importes que figuran en sus cuentas.

9. EL TRIBUNAL DE CUENTAS DENUNCIA IRREGULARIDADES EN LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO DE 2002  


El Gobierno presidido por José María Aznar cerró el 2002 unas cuentas del Estado muy cercanas a su objetivo de déficit cero, pero que tenían truco, en concreto 469 millones de ingresos fantasmas, según se detalla en un informe del Tribunal de Cuentas al que ha tenido acceso la Cadena Ser.

Las cifras hechas públicas a finales de febrero de 2003 por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, señalaban que España había cerrado el ejercicio 2002 con un déficit del 0,07% del producto interior bruto (PIB), siete centésimas por encima de lo previsto, equivalente a 4.620 millones de euros. El Gobierno había previsto que el déficit del Estado fuera del 0,5% y se viera compensado por un superávit del 0,5% en las cuentas de la Seguridad Social, pero según explicó Montoro las cuentas se habían frustrado por los números rojos de las comunidades autónomas y por el Prestige.

Pero al cierre del ejercicio el Estado y los organismos autónomos arrojaban un déficit del 0,47% (3.102 millones), y los entes territoriales (comunidades y ayuntamientos) del 0,3% (1.980 millones). La Seguridad Social superó eso sí las previsiones del Ejecutivo y aportó un superávit del 0,7% (4.620 millones) debido al crecimiento de las afiliaciones.

El informe del Tribunal de Cuentas señala que el Gobierno de Aznar incluyó en las cuentas la cifra de 884 millones como cierre del ejercicio de las Administraciones Públicas y la Seguridad Social, una cantidad que no incluye el resultado de los organismos autónomos ni de los entes territoriales. Sin embargo, el órgano de fiscalización corrige esta cifra y la rebaja hasta los 415 millones, menos de la mitad. Es decir, la cifra final de déficit se incrementa en 469 millones de euros, y pasa así del 0,07 al 0,14 del PIB.

El Tribunal de Cuentas denuncia además que el Gobierno de Aznar hizo ampliaciones a gasto en los Presupuestos sin explicar de dónde iba a salir el dinero; y que cuando se revisaron las previsiones de ingresos al alza no se reflejó por escrito cuánto más se preveía recaudar, una información que no es obligatoria pero cuya ausencia dificulta la tarea de saber si España está cumpliendo los objetivos marcados por la Unión Europea en el Pacto de Estabilidad.

10. C. MADRID. HACIENDA RECLAMA A ARANJUEZ 600.000 EUROS POR LA VENTA ILEGAL DE UNA FINCA   

El Ayuntamiento de Aranjuez tendrá que pagar a Patrimonio del Estado (dependiente del Ministerio de Hacienda) más de 600.000 euros por la venta indebida efectuada en 1998 por el anterior gobierno municipal del Partido Popular de un inmueble conocido como Casa de la Frutería. Así lo anunció la actual concejal de Hacienda, Cristina Moreno (PSOE), al entregar a los periodistas el escrito recibido hace unos días en el Registro Municipal con la exigencia de Patrimonio del Estado de que se proceda a este pago al existir sentencia firme al respecto.

El edificio vendido por el Ayuntamiento era propiedad de Patrimonio del Estado que se lo había cedido al Consistorio con la condición de que tuviera un uso público. El gobierno anterior lo vendió para pagar una deuda al Consorcio Regional de Transportes y Patrimonio, al conocer esta venta, inició un expediente de reversión del edificio. Ayuntamiento y Patrimonio del Estado llegaron a los tribunales, pero ya hay sentencia firme y ahora el Consistorio ribereño, en una situación crítica por la deuda, tiene que afrontar el pago del edificio más los intereses.

La historia del proceso se remonta a principios de los años noventa. La Casa de la Frutería era un inmueble antiguo de Aranjuez propiedad de Patrimonio del Estado, organismo que el 2 de marzo de 1990 lo cedió gratuitamente junto a otros bienes y propiedades al Ayuntamiento, formalizándose la escritura pública el 24 de mayo de ese año.

La cesión estaba sometida a la condición de que el edificio se destinara a uso público. "Que con incumplimiento de dicha condición -dice el escrito de Patrimonio del Estado recibido recientemente en el Registro Municipal- el Ayuntamiento al que me dirijo promovió la venta del citado inmueble para satisfacer las deudas que mantenía con el Consorcio Regional de Transportes, mediante acuerdo de 1 de octubre de 1998, produciéndose la venta al Grupo Inmobiliario Hersau, SA, el 18 de marzo de 1999".

La venta causó una gran polémica en la Corporación, ya que la oposición de entonces formada por PSOE e IU consideraban la venta ilegal. Cuando Patrimonio del Estado tuvo conocimiento de dicha venta inició un expediente de reversión del inmueble, y exigió su recuperación. Ahora el Estado exige el cumplimiento del pago, lo que ha caído como un jarro de agua fría en el Ayuntamiento.

"Éste es el regalo de Reyes que nos deja el PP. La sentencia es firme y lo único que queda por hacer es pagar. Habrá que elaborar un plan de pagos al que podamos hacer frente, igual que hemos hecho con otras deudas, y afrontarlo", señalaba la concejal de Hacienda Cristina Moreno, del actual gobierno municipal socialista. Apuntó que están estudiando jurídicamente el caso por si procediera exigir a los entonces gobernantes algún tipo de responsabilidad.

11. C. ANDALUCÍA. EL PSOE ACUSA AL PP DE INFLAR CON UN PGOU "IRREAL" EL PRESUPUESTO DE JAÉN

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Jaén acusó al equipo de gobierno, del PP, de "inflar" en 15 millones de euros el capítulo de ingresos del presupuesto municipal que se obtendrían, supuestamente, con compensaciones de los convenios urbanísticos del futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Los socialistas consideran esta previsión como el "timo de la estampita" con un PGOU "irreal", ya que está aún por redactar y estiman que su entrada en vigor tardará aún al menos tres años. El PSOE va a encargar al interventor municipal un informe sobre la viabilidad y legalidad del presupuesto y no descarta recurrir el mismo ante el Tribunal de Cuentas.

El concejal socialista Manuel Martínez acusó al PP de "haber sumido al Ayuntamiento en la ruina económica", además de criticar que se "infle desmesuradamente el presupuesto para justificar que los indicadores de deuda y carga financiera estén dentro de los límites legales". Según Martínez Plaza, "si se hicieran unos presupuestos realistas dirían que las cuentas del Ayuntamiento están muy por encima de lo legalmente permitido". El PSOE censuró en conferencia de prensa que de los 7,2 millones de euros que la Gerencia Municipal de Urbanismo consignó en el capítulo de inversiones para 2004 "tan sólo se ha ejecutado un 1,65%". Además, los socialistas aseguran que el PP ha incluido en el presupuesto gastos ya realizados, como los 200.000 euros con los que se iba a subvencionar el Festival de Otoño en 2004 o los pagos para el parque de ocio de la Ciudad de los Niños. Los principales proyectos urbanísticos que el PP contempla son los de la segunda fase del bulevar y la remodelación de la avenida de Andalucía y el parque Felipe Arche.

12. C. VALENCIA. TERRITORIO ZAPLANA

El cronista llega con el retraso justo para advertir una Comunidad entre el palo de ciego, las deserciones y la sabiduría de unas lenguas de fuego abruptamente amordazadas y reducidas a unos ejercicios secesionista. Camps aún indaga el vellocino de su liderazgo, mientras le acosa el reverso y, por Alicante, se le encarroña una gestión catastrófica: más de 7.000 parados deja un año, donde el PP ha librado sus querellas internas, ha ventilado sus miserias y diferencias, y se ha adiestrado, aún más de que lo cabía suponer y con saña, en la mutua descalificación. Las iniciales solemnidades del president Camps solo le han dejado un perfil hierático y muchas dudas. Perfil y dudas que no han contribuido a evitar un 14% de índice de desempleo. De nada sirve fantasear un supuesto eje de la prosperidad, cuando el ejecutivo de la Comunidad Valenciana, además de un empeño que debiera ruborizar al más pintado, se resuelve incapaz para afrontar problemas tan acuciantes, que deja a la provincia de Alicante en una precariedad, a la altura de los primeros años de la década de los 90.

Esta situación laboral afecta prácticamente a todos los sectores de la producción. La industria más tradicional se va al garete con casi 3.000 parados más. Y los servicios que constituyen una de nuestras sólidas bases económicas han caído en picado, precisamente en un ejercicio en el que ha descendido el paro en España. ¿ Qué está sucediendo? ¿por qué esa destrucción de puestos de trabajo? Habría que revisar los sectores más afectados, y, por supuesto, uno de ellos es el del calzado, que durante tantos años ya, con sus fluctuaciones, ha entrado en una crisis muy inquietante. El cronista ha permanecido atento a las declaraciones de Diego Maciá, alcalde socialista de Elche, quien de forma contundente ha responsabilizado a la política del Consell y a esa desaparición y más que desaparición, indolencia de su titular. Maciá ha dicho que los socialistas alicantinos no pueden permitir que el gobierno de Camps dilapide el esfuerzo de más de 40 años de trabajo de toda una provincia que ha levantado y mantenido una prestigiosa actividad comercial.

¿Cómo unas comarcas con iniciativa industrial y con una considerable capacidad de inventiva, se están viniendo abajo en estos últimos años? Aquí no ha prosperado nada, y nada ha pasado de un mero artificio. La Ciudad de la Luz, la Ciudad del Cine, ¿qué fueron finalmente sino presuntas y muy opacas transacciones, después de levantar tantas e inútiles expectativas? ¿Qué sucede con nuestros servicios? ¿con nuestro turismo, quizá en peligro de extinción, si no se sustancian nuevas y más consistentes formulas? ¿qué, con nuestra hostelería? ¿qué, con nuestro comercio? Terra Mítica se ha revelado como un gran fiasco, en torno al cual, pueden haberse montado muy sustanciosas operaciones ajenas al común del vecindario. Cuántas pretensiones y cuántos posibles engaños. Y eso es algo que termina pasando factura. Mayormente ahora, cuando más de 7.000 nuevos parados recorren estas tierras en busca de empleo. ¿A qué extremo ha llegado tanta imprevisión, tanto desgobierno?

Un amigo consuela al cronista y pone cada cosa en su lugar: monólogo de Camps. Y nosotros en Territorio Zaplana. Aviados estamos.

13. EL PSOE DENUNCIA FAVORES URBANÍSTICOS A FAMILIARES DE ZAPLANA

El Partido Socialista en Alicante denuncia que el Ayuntamiento popular de de Villajoyosa, va a modificar las normas urbanísticas con el objetivo de beneficiar a varios familiares de Eduardo Zaplana que poseen grandes terrenos en la zona. Además, destacan que la Generalitat valenciana va a invertir más de 7 millones de euros en dotar a estos terrenos de una carretera que los comunique con la costa. Fuentes cercanas a Eduardo Zaplana han señalado a la Cadena SER que sus familiares vendieron su participación en esta sociedad y no mantiene vinculación alguna.

Una sociedad vinculada- segun el PSOE de Alicante- a familares de Zaplana posee más de medio millón de metros cuadrados en esa comarca , a tres kilómetros del parque de ocio Terra Mítica . A esta sociedad han estado vinculados, según los datos del Registro Mercantil , la suegra, el tío político y la propia esposa del portavoz popular en el Congreso de los Diputados.

El terreno fue comprado como suelo rústico a una fundación benéfica presidida por el alcalde popular de Villajoyosa Jose Miguel Llorca .

La sociedad que el PSOE vincula a la familia de Zaplana ha iniciado ya la construcción de una urbanización de más de 1600 viviendas y un campo de golf, todo ello valorado por el Partido Socialista en más de 15.000 millones de pesetas.

Jaime Linares, secretario comarcal del PSOE en la zona, anunció, en declaraciones a la Cadena SER, que esta denuncia política tendrá una continuación en una denuncia ante la fiscalía anticorrupción y los tribunales. En este caso, según Linares, "hay demasiados familiares metidos, demasiadas coincidencias, y posiblemente demasiado tráfico de influencias".

En relación con la carretera que va a comunicar estos terrenos con la costa, Jaime Linares la califica de "carretera ad hoc que, al final, suponemos que irá a cargo de los contribuyentes".

14. ZAPLANA SE EXAMINA DEL CARNÉ DE CONDUCIR POR LLEVAR 4 AÑOS SIN RENOVARLO

El ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana ha tenido que examinarse de nuevo del carné de conducir al llevar más de cuatro años con el permiso caducado y extinguirse legalmente la licencia. Además, en el examen gozó de «trato de favor», según ha denunciado la Unión Profesional de Autoescuelas de Valencia. La jefa provincial de Tráfico, Dolores Pérez, sólo ha admitido que Zaplana no recibió el mismo trato que el resto.
Según la Unión Profesional de Autoescuelas, una vez extinguida la licencia la única forma de recuperarla es examinarse de nuevo. Y eso fue lo que hizo Eduardo Zaplana en la primera semana del mes de diciembre, aunque con algunas particularidades.
La primera es que el ex presidente de la Generalitat, que usa coche oficial desde 1991, acudió a la Jefatura de Tráfico de Valencia conduciendo su propio coche, algo «sorprendente en alguien que no tiene el permiso». Luego, pasó a las dependencias interiores y se examinó «al parecer en el despacho de la jefa provincial» y por el sistema de «comprensión fácil», reservado a personas con problemas de comprensión o lectura.
Sobre este último asunto, la asociación se limitó a preguntarse «cómo es que un diputado en las Cortes no tiene capacidad de realizar el examen común que realiza cualquier español». Pero además denunció que se examinara en despachos privados, cuando en el centro de El Saler hay salas pequeñas donde puede pasar la prueba sin molestias.
Finalmente, la Unión Profesional de Autoescuelas aseguró que el resultado del examen teórico lo conoció al momento, cuando el resto de las personas sólo lo conocen a día siguiente. La prueba de que eso fue así es que inmediatamente después de hacer el teórico Zaplana subió a un coche de autoescuela para hacer el práctico, que también aprobó.
Así lo confirmó la propia jefa provincial de Tráfico, Dolores Pérez, quien no se atrevió a admitir trato de favor, pero sí un trato que no tienen el resto de las personas. Aseguró no haber visto si Zaplana llegó conduciendo su propio vehículo, pero admitió que se examinó sin cita regular; que lo hizo en la propia jefatura, aunque no en su despacho; y que utilizó el sistema de «comprensión fácil», que según dijo, es lo habitual en estos casos. «Si puede examinarse aprovechando un viaje a Valencia, por qué no, y si pueda examinarse aquí en Jefatura por qué no», se preguntó Dolores Pérez.

15. ZAPLANA CONDUJO CON EL CARNET CADUCADO

El ex presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, conducía un todoterreno granate el 29 de agosto de 2003 en el que viajaba también el jefe del Consell, Francisco Camps, con el que llegó al complejo de Villa Gadea en Altea donde se celebró la tradicional cena del PP de arranque del curso político. En esa fecha, el ex ministro de Trabajo tenía el carnet de conducir caducado, tal como constató la Unión Profesional de Autoescuelas de Valencia, que el pasado lunes denunció «trato de favor» en el examen que Zaplana realizó recientemente en la Dirección General de Tráfico para obtener de nuevo un permiso que se había extinguido por llevar caducado más de cuatro años.

La Unión Profesional de Autoescuelas aseguró, además, que el ex presidente llegó a la Dirección General de Tráfico al volante de su vehículo, un extremo que Zaplana negó, primero a través de «fuentes próximas» en un teletipo, y después, en persona al comentarista del programa de la Ser Hoy por hoy, Luis del Val. Según el periodista, el ex jefe del Consell le había asegurado que no fue él sino un amigo quien le llevó a la Dirección General de Tráfico.


Con independencia de ese día, la noche del 29 de agosto de 2003 el ex ministro de Trabajo llegó a la cena de Altea conduciendo un todoterreno con Camps de copiloto y sus respectivas mujeres detrás, tal como atestigua la crónica que al día siguiente publicó Levante-EMV y que tituló En el mismo coche y con Zaplana al volante.

Este diario destacó el detalle de que ambos líderes llegaron juntos en el mismo coche por ser entonces notoria sus discrepancias. La escena fue presenciada por los numerosos periodistas y altos cargos que esa noche esperaban en la puerta de Villa Gadea su llegada. La fiesta había levantado mucha expectación precisamente por el clima de tensión en el seno del partido.


La crónica relató cómo Zaplana se bajó del vehículo y con un «¡Apárcalo!» ordenó que estacionara correctamente el vehículo a quien durante su etapa de alcalde de Benidorm y presidente de la Generalitat Valenciana fue su chófer oficial .

16. UN TRÁMITE JUDICIAL BLOQUEA DURANTE 10 MESES EL 'CASO MERCALICANTE'  

Los hechos se destaparon en junio de 2002. Dos años y medio más tarde las diligencias sobre el supuesto desfalcó de unos seis millones de euros en la empresa Mercalicante están paralizadas. El motivo del parón es la tramitación de un recurso de apelación del PSPV para imputar o no al alcalde, Luis Díaz Alperi, del PP. La juez instructora, María Cristina Costa, no ha tramitado, 10 meses después, a la Audiencia de Alicante el recurso de los socialista.

La magistrada Costa, titular del juzgado número 1 de Alicante, encargada de la investigación del supuesto desfalco descubierto en la contabilidad de Mercalicante, aceptó en noviembre de 2003 la querella del grupo municipal socialista del Ayuntamiento que ampliaba la imputación al alcalde y otros cuatros miembros del comité ejecutivo de la empresa, entre ellos, dos concejales del PP. Sin embargo, el 9 de marzo de 2004, la juez revocó su primitivo auto y acordó el archivo de la denuncia de los socialistas por cuestiones formales. Al día siguiente, la juez dictó un nuevo auto en el que levantaba la imputación al alcalde y resto de miembros del comité ejecutivo.

El representante legal del PSPV presentó, dentro del plazo legal de cinco días, un recurso de apelación ante la Audiencia de Alicante. Las partes, entre ellas la acusación popular y los propios querellantes, han estado durante este tiempo a la espera de una decisión de la Audiencia, "clave para el desarrollo de la investigación", precisa el letrado de la acusación popular.

La Audiencia, según fuentes oficiales, asegura que no tiene pendiente resolución alguna sobre el caso Mercalicante. Ante este anuncio de la Audiencia, el propio juzgado instructor, según fuentes de la oficina judicial, ha confirmado que el recurso de apelación "aún" no ha sido tramitado al tribunal superior. Estas fuentes justifican la demora en la necesidad de "dar traslado a las partes" para que presenten las alegaciones y elaborar las copias de los testimonios necesarios.

Fuentes de la judicatura consultadas consideran "inaceptable" el lapso de diez meses para dar traslado de un recurso de apelación. Máxime, resaltan esas fuentes, cuando ese juzgado se dotó en enero de 2004 de un juez de apoyo, con el objetivo de liberar la carga de trabajo de la oficina y posibilitar que parte del personal se dedicará en exclusiva a las diligencias de la investigación del asunto Mercalicante.

Desde la presentación del recurso de apelación del PSPV, las diligencias practicadas por el juzgado han consistido en una segunda toma de declaración a los imputados y testigos. El principal acusado del caso, a petición del ministerio fiscal, es José Emilio Clavero, ex gerente de Mercalintante. El ministerio público le imputa un supuesto delito de apropiación indebida y falsedad en documento público. Junto a Clavero, hay una decena más de imputados, entre ellos los responsables de tres firmas comerciales que supuestamente el ex directivo de Mercalicante usó como tapadera para consumar el desfalco. En sus declaraciones ante la juez, Clavero siempre ha mantenido que el comité ejecutivo (en el que figura Alperi) estaba al corriente de sus decisiones financieras.


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