Ir a informes anteriores

TITULARES   

1. FRAGA DICE QUE ÉL INICIÓ EN 1976 UN «DIÁLOGO CORRECTO» CON ETA.

2. EL PP AFIRMA QUE LA PARIDAD ELECTORAL ES "UN TORPEDO" CONTRA LA DEMOCRACIA.

3. ACEBES EXIGE QUE SE INVESTIGUE A GUARDIAS Y POLICÍAS DE ASTURIAS QUE TENÍA A SU MANDO

4. SÓLO EL PP DICE DUDAR DE LA AUTORÍA ISLAMISTA DEL 11-M.

5. C. GALICIA. ESPECIAL ELECCIONES GALLEGAS. FRAGA AFIRMA QUE LA FUNCIÓN "PRINCIPAL" DE LA MUJER ES "SER MADRE".

6. C. GALICIA. ESPECIAL ELECCIONES GALLEGAS. FRAGA DICE QUE UN GOBIERNO DE BNG Y PSDG "PODRÍA FACILITAR" LA LLEGADA DEL TERRORISMO A GALICIA .

7. C. GALICIA. ESPECIAL ELECCIONES GALLEGAS. EL LÍDER DEL PP DE OURENSE EMPLAZA A SUS ALCALDES A QUE "ROBEN LOS VOTOS A QUIEN SEA".

8. C. ANDALUCÍA. LA JUSTICIA ADMITE LA PRIMERA QUERELLA POR LAS IRREGULARIDADES DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ 

9. C. ANDALUCÍA. IU DENUNCIA FACTURAS FALSAS DEL PP EN SEVILLA.

10. C. ANDALUCÍA. ADMITIDO EL RECURSO DE EX DIPUTADOS DEL PP CONTRA LA DIRECCIÓN DE ALMERÍA.

11. C. MADRID. ANTICORRUPCIÓN CITA A DOS EDILES DEL PP QUE DENUNCIARON EL 'CASO MAJADAHONDA'. TAMBIÉN AL ACTUAL ALCALDE, EN CALIDAD DE IMPUTADO.

12. C. MADRID. EL PP NO PAGÓ EL ALQUILER DE SU SEDE DE MAJADAHONDA EN 5 AÑOS 

13. C. MADRID. AGUIRRE ORDENÓ A UN HELICÓPTERO VOLAR SOBRE LA MANIFESTACIÓN VULNERANDO LA LEY.

14. LA SECRETARIA DEL DIRECTOR DE TELEMADRID LE DENUNCIA POR ACOSO SEXUAL.

15. C. MADRID. UNA ASOCIACIÓN PREMIADA POR AGUIRRE AFIRMA QUE ES CORRIENTE QUE LOS PADRES GAYS ABUSEN DE SUS HIJOS.

16. C. VALENCIANA. UN INFORME DE AGRICULTURA REVELA AMENAZAS DE LA EMPRESA POR LA QUE MEDIÓ CARLOS FABRA 

17. C. VALENCIANA. DÍAZ ALPERI YA HA DESTINADO 7,3 MILLONES A TAPAR EL 'AGUJERO' DE MERCALICANTE.

18. C. VALENCIANA. EL FISCAL PIDE QUE SE INVESTIGUE AL ALCALDE DE TORREVIEJA POR LA COMPRA DE UNA FINCA.

19. C. VALENCIANA. ORANGE MARKET FUE FUNDADA EN VALENCIA POR EL PRESIDENTE DE LA FIRMA LIGADA A PARAÍSOS FISCALES.

20. C. VALENCIANA. UNCIO PAGÓ CON LA VISA DEL IVF JOYAS, REGALOS DE BODA Y ARTÍCULOS DE LUJO.

21. C. VALENCIANA. EUROPA INVESTIGA EL URBANISMO VALENCIANO.

22. C. CASTILLA Y LEÓN. EL PP FLETA 170 AUTOBUSES PARA LA MANIFESTACIÓN POR LA UNIDAD DEL ARCHIVO DE SALAMANCA.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

1. FRAGA DICE QUE ÉL INICIÓ EN 1976 UN «DIÁLOGO CORRECTO» CON ETA.

El candidato popular a la Xunta y presidente de honor de su partido, Manuel Fraga, volvió a dar un disgusto a la dirección nacional del PP.

El día después de que Rajoy celebrara el «éxito» de la manifestación de las víctimas del terrorismo en contra de la negociación con ETA, exigiendo a Zapatero la rectificación de su política, Fraga se descolgó con una confesión histórica y declaró que él mismo negoció con la banda y, aún más, que fue el primero de la historia de la Democracia española en hacerlo. «El Gobierno ha dicho expresamente que no ha dialogado con ETA y ha dicho que otros lo han hecho con ellos. El primero que habló con la banda fui yo porque, siendo ministro de la Gobernación [en 1976], el señor Bandrés vino a mí para hablarme del regreso de algunos militantes de la banda que querían regresar a España.

Fue un diálogo correcto». «Después hubo [otro diálogo correcto]», añadió, «con los llamados polis, que no mataban, sino que secuestraban y cobraban los rescates. Y hubo un diálogo previo y funcionó».

Dicho esto, Fraga matizó y contrapuso aquella situación histórica con la actual en que, por contra -y a su juicio-, los terroristas «han matado sistemáticamente». Así, afirmó que los miembros de ETA que «matan por la espalda, que usan coches bomba y no saben cuántos mujeres y niños van dentro», no merecen «ninguna consideración que no sea la aplicación severa de la justicia». Fraga llegó a contraponer a los terroristas actuales a los que atentaron contra Antonio Cánovas y Abraham Lincoln, hacia los que dijo guardar «no simpatía ni respeto, pero sí una consideración» por haber matado de frente.

Preguntado por estas declaraciones -que dijo desconocer-, Angel Acebes declinó hacer comentarios.

2. EL PP AFIRMA QUE LA PARIDAD ELECTORAL ES "UN TORPEDO" CONTRA LA DEMOCRACIA.

La presencia obligatoria del mismo número de hombres que de mujeres en las listas electorales es "un torpedo en la línea de flotación de la democracia representativa". Así lo afirma el Partido Popular en el recurso que ha presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley de Igualdad aprobada por el Parlamento vasco el pasado febrero. El texto, suscrito por 62 diputados nacionales (17 mujeres), añade que la paridad electoral abriría una vía para que otros grupos sociales planteen exigencias similares, con lo que "se primaría la disolución del interés general en un conjunto de intereses parciales, más cercanos al corporativismo de regímenes antidemocráticos que a la libertad de la democracia". El PP también se opone a las cuotas femeninas del 40% en órganos administrativos.

El recurso de inconstitucionalidad del PP se centra en dos aspectos de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres aprobada por el Parlamento Vasco el pasado 18 de febrero. Por una parte, denuncia la obligación de que al menos la mitad de las listas electorales estén integradas por mujeres, una medida que el Gobierno de Zapatero también quiere establecer a nivel nacional. Por otra, considera opuesto a la Constitución que se obligue a que los órganos administrativos pluripersonales (como el Consejo de Gobierno), los tribunales de selección y los jurados de premios públicos tengan una participación femenina de al menos el 40%. Este recurso contra la ley (vigente en las pasadas elecciones vascas que culminaron con un Parlamento con mayor presencia femenina que masculina) no frena su aplicación.

Los populares consideran que la paridad en las listas electorales para el Parlamento vasco y las Juntas Generales de cada provincia (sólo se admiten las candidaturas que incluyan el mismo número de hombres que de mujeres y esta proporción debe darse en cada tramo de seis nombres) va contra el derecho constitucional a la igualdad. Además, "carece de una sólida justificación de preterición

[omisión de un heredero forzoso] de un sexo en la actualidad institucional de esa comunidad autónoma que justifique medidas extraordinarias de protección". "La protección de la mujer por sí sola no es razón suficiente para justificar la diferenciación", añade el recurso.

Según los firmantes, "resulta constitucionalmente prohibido quebrar la igualdad jurídica de los elegibles en nombre de la promoción social de la mujer, del anciano, del discapacitado, del joven, del marginado o de la minoría cultural o religiosa, por valiosa y deseable que pueda ser la mejora de su condición". "Si es constitucionalmente aceptable que la mitad social femenina se refleje obligatoriamente en las candidaturas, con igual razón podrían exigir algún beneficio otros segmentos sociales", prosiguen.

Ello llevaría, por ejemplo, a que cada candidatura tuviera que reservar puestos a los mayores de 65 años. "De acuerdo con la lógica inherente a semejante tendencia distributiva, se primaría la disolución del interés general en un conjunto de intereses parciales, más cercanos al corporativismo de regímenes antidemocráticos que a la libertad de la democracia representativa", según los recurrentes. "Las normas recurridas suponen un torpedo en la línea de flotación de la democracia representativa que exigiría una reforma constitucional", añaden.

Los 62 diputados del PP que firman el recurso también argumentan que la Cámara Vasca carece de competencias para legislar sobre paridad electoral. Puntualizan que las Cortes Generales son las únicas competentes para garantizar "la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de su derecho a ser elegibles". Aducen además que la paridad electoral supone "una clara restricción de la libre actividad de los partidos políticos en la formación de candidaturas".

Este "despropósito" impediría que un partido feminista presentara sólo a mujeres. "Esta circunstancia de laboratorio conduce derechamente a evidenciar el ataque frontal contra el pluralismo político".

Según los recurrentes, la paridad electoral "quiebra incluso la libertad ideológica y de defensa del propio pensamiento (artículo 20 CE) y la libertad de ideario de los partidos políticos". Tras recordar que el TC ha avalado la legislación para ilegalizar a partidos vinculados al terrorismo (en alusión a HB), añade que "paradójicamente ahora se aprueba una ley que impide la existencia de partidos compuestos sólo por hombres, o por mujeres, para defender ante la sociedad lo que consideren pertinente".

Los populares también denuncian la cuota femenina de al menos el 40% en los órganos administrativos pluripersonales, los tribunales de selección y jurados de premios promovidos por la Administración. Consideran que esas medidas suponen "la violación" del derecho a la igualdad que se pretende promocionar. Además, lleva a "la palmaria incongruencia de unas normas cuya causa (promover la igualdad entre hombres y mujeres) tiene como efecto la eliminación de criterios de objetividad, conocimiento, mérito y capacidad en el seno de esos órganos".

3. ACEBES EXIGE QUE SE INVESTIGUE A GUARDIAS Y POLICÍAS DE ASTURIAS QUE TENÍA A SU MANDO

Ángel Acebes, secretario general del PP, insistió en que se debe seguir investigando sobre el 11-M para despejar "determinados comportamientos y actuaciones" de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía de Asturias ocurridos cuando él era su máximo responsable político como ministro del Interior. La sospecha del PP de que algunos policías y guardias decidieron "deliberadamente" no atajar la trama de explosivos fue descalificada por el delegado del Gobierno en Asturias. El ministro del Interior, José Antonio Alonso, mostró su "plena confianza" en las fuerzas de seguridad.

Acebes, quien era ministro del Interior cuando supuestamente se produjeron esas irregularidades y siguió siéndolo hasta el 16 de abril de 2004 (cuando ya había caído "el núcleo central del 11-M"), subrayó en París que no se pretende hacer una depuración de responsabilidades en las fuerzas del orden. "Lo que ocurre es que hay muchos interrogantes sobre determinados comportamientos y determinadas actuaciones", dijo Acebes, "por lo que es necesario seguir investigando para poder despejar y aclarar qué ocurrió y saber qué participación tuvo cada cual en estas irregularidades". En su informe, el PP no concreta los nombres de quienes, a su juicio, deliberadamente decidieron no atajar la trama de los explosivos, sino que menciona de forma genérica a las comandancias de la Guardia Civil de Oviedo y Gijón, a la Intervención de Armas y Explosivos, a la Unidad Central Operativa y a la Jefatura Superior de Policía de Asturias.

El ex ministro destacó que la principal conclusión que extrae el PP de la comisión de investigación del 11-M es "la necesidad de seguir investigando para conocer la verdad (...) de todo lo que ha ocurrido y el conocimiento exacto, riguroso y verdadero de qué participación tuvo cada cual en esos atentados, quién los diseñó, quién estableció los procedimientos, los tiempos, el calendario, la agenda, para ir aportando las pruebas en una determinada dirección", declaró.

Fue Acebes quien el 11-M y en los días posteriores insistió en que todas las pistas apuntaban a ETA y descalificó a quienes dijeran lo contrario. El 4 de abril de 2004, tras el suicidio colectivo de Leganés del día anterior, el entonces ministro del Interior sentenció: "El núcleo central del 11-M está detenido o ha muerto en el suicidio colectivo".

"Se pretende cerrar una comisión de investigación sin que los españoles conozcamos cuáles han sido todas las participaciones [en la trama], todas las decisiones y quiénes las tomaron", añadió Acebes, quien condecoró a muchos de los mandos sobre los que el PP extiende ahora sus sospechas. El portavoz popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, explicó que el respeto que su partido siente por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "es perfectamente compatible" con que siga "pidiendo que se investiguen los interrogantes relacionados con la trama de explosivos de Asturias".

4. SÓLO EL PP DICE DUDAR DE LA AUTORÍA ISLAMISTA DEL 11-M.

Los grupos políticos negocian un único texto de conclusiones sobre la masacre del 11-M en Madrid a partir de las propuestas en las que todos, salvo el PP, coinciden en la autoría islamista del atentado, en la imprevisión que la precedió y en la deficiente gestión informativa que hizo el anterior Gobierno.

El plazo de presentación de conclusiones ya ha concluido, aunque los grupos tendrán de margen para consensuar un solo texto hasta el día 22, fecha en la que se aprobará el dictamen que el pleno del Congreso votará el día 30.

El PSOE, ERC, PNV, IU-ICV y el Grupo Mixto coinciden en que el Ejecutivo de José María Aznar no previno la amenaza del terrorismo islamista radical, emergente a partir de los atentados del 11-S en Nueva York y de la guerra de Irak. Convienen, además, en que el Gobierno del PP manipuló la información y mintió a los ciudadanos para no ver perjudicados sus intereses electorales, y en que ETA no tuvo ninguna conexión con el múltiple atentado. CiU ve también fallos de previsión y critica la forma en que se informó sobre la masacre, aunque es menos contundente al censurar ese comportamiento.

El único grupo que, seguramente, no se sumará al acuerdo es el PP, que cree que la investigación está inconclusa porque no se ha querido saber quién fue el autor intelectual del 11-M, si ETA tuvo algún papel y qué fallos de coordinación policial hubo en cuestiones como la trama asturiana de venta de explosivos. Los últimos documentos que ha recibido la comisión del 11-M desmienten la relación entre ETA y los traficantes de dinamita Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro, implicados en la matanza de los trenes, que había denunciado el PP.

5. C. GALICIA. FRAGA AFIRMA QUE LA FUNCIÓN "PRINCIPAL" DE LA MUJER ES "SER MADRE".

El PP gallego trató de erigirse en el primer abanderado de los derechos de la mujer y rodeó a su líder, Manuel Fraga, de las principales candidatas femeninas que le acompañan en las listas a las elecciones autonómicas. Fraga se presentó en Pontevedra como un defensor de la igualdad entre sexos desde la época en que ocupó cargos en los Gobiernos franquistas, pero también dejó sentada su idea de que "la función principal de la mujer es ser madre".

El presidente de la Xunta respondió al candidato del BNG, Anxo Quintana, por acusarle de "ver las aldeas desde el coche oficial". "!Váyase usted al carallo!", le espetó Fraga. Fraga estuvo arropado por dirigentes femeninas del PP como la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, la ex ministra Ana Pastor y la consejera de Familia de la Xunta, Pilar Rojo. Entre los oradores abundaron las ironías sobre la capacidad de las ministras del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y la decisión de éste de hacer un Ejecutivo paritario entre sexos. "No somos un número, no somos una excusa para hacer política de imagen como le ocurre a Zapatero", aseguró Rita Barberá, quien presentó a Fraga como "el mejor presidente que hay y que habrá nunca en Galicia".

Fraga evocó la situación de las mujeres en España en los años 50, "cuando apenas iban a la universidad", recordó, "y las pocas que había nos las rifábamos entre los estudiantes". En aquella época, aseguró Fraga, él fue uno de los grandes impulsores de las políticas de igualdad, que permitieron evolucionar hasta la situación actual, cuando ya nadie duda de que "ellas son las mejores estudiantes y las más responsables".

El presidente de la Xunta dijo que cualquier Gobierno tiene "la obligación de darle a la mujer su sitio en igualdad de oportunidades". Y "para que la mujer pueda seguir cumpliendo su función principal de madre", agregó Fraga, sin renunciar a sus responsabilidades laborales es necesario crear más plazas de guarderías y de residencias para personas mayores.

6. C. GALICIA. FRAGA DICE QUE UN GOBIERNO DE BNG Y PSDG "PODRÍA FACILITAR" LA LLEGADA DEL TERRORISMO A GALICIA .

El presidente de la Xunta de Galicia y candidato a la reelección, Manuel Fraga, ha dicho que una coalición PSdG-BNG al frente del Gobierno gallego "podría facilitar" la llegada del terrorismo a esta comunidad, avalando así las palabras de Ana Crespo, ex concejal del PP en Ermua y residente en Galicia, de que un Ejecutivo de socialistas y nacionalistas traería a ETA a Galicia.

Preguntado sobre si verdaderamente cree que con el nacionalismo puede llegar el terrorismo a Galicia, Fraga ha manifestado que él no ha realizado esa afirmación sino que son palabras de Crespo, aunque después ha señalado que ésta "tiene toda la razón". "Aquí hubo un intento de crear un movimiento terrorista y además si alguien lo sabía soy yo porque voló mi casa de Perbes. El intento fracasó, precisamente porque no tiene ambiente, somos muy galleguistas, somos profundamente regionalistas de la escuela del gran Alfredo Brañas pero no somos nacionalistas ni antiespañolistas", ha recalcado. Preguntado directamente sobre si estima que un Gobierno de nacionalistas y socialistas podría atraer el terrorismo, ha contestado que "podría facilitarlo". "Y eso, repito, lo han dicho los vascos que están allí, no lo he dicho yo", ha apostillado.

El veterano político tiene la "esperanza muy fundada" de ganar "para el bien de Galicia y de España". Y ha insistido en rechazar la coalición PSdG-BNG al afirmar que con un sistema como el británico no habría posibilidad de pactos entre dos partidos que "se odian cordialmente" y están dispuestos a repetir "ese experimento ya fracasado en Vigo y en otros lugares". Rechazó que esté protagonizando una dura campaña electoral y considera que el atacado es él, pese a haber llamado "payaso" al aspirante socialista a la Xunta, Emilio Pérez Touriño, o haber mandado "al carallo" al candidato del BNG, Anxo Quintana. "Me limito a defenderme y a criticar propuestas que me parecen disparatadas", ha dicho.

Fraga, que opta a su quinto mandato al frente de la Xunta, no está de acuerdo con Quintana, para quien su tiempo como presidente gallego ha acabado. En su opinión, Quintana ha destruido su partido, que ya no tiene personas "de nivel intelectual" como Xosé Manuel Beiras. "Serrín es lo que le sobrea a Quintana", ha señalado.

7. C. GALICIA. . EL LÍDER DEL PP DE OURENSE EMPLAZA A SUS ALCALDES A QUE "ROBEN LOS VOTOS A QUIEN SEA".

El presidente del PP de Ourense, José Luis Baltar, reunió a sus alcaldes, poco antes del inicio de la campaña electoral, para exhortarles a "buscar los votos donde sea, convencer a quien sea y robárselos a ellos o a quien sea". Baltar entregó a los 92 regidores del PP en Ourense una ficha en la que figura el número de sufragios que les exige que consigan en las elecciones del 19 de junio. Para la provincia completa, el cálculo del presidente de Baltar es que su candidatura pueda recaudar 144.100 votos.

Baltar, presidente de la Diputación Provincial de Ourense, que hace unos meses amenazó con abandonar el partido si la dirección nacional no respetaba su cuota territorial, está empeñado en batir el próximo 19 de junio sus poco frecuentes marcas electorales. No lo va a tener fácil. Desde 1993, en todos los comicios autonómicos ha superado ampliamente el 50%, una cota de la que no bajó siquiera en las generales de 2004, en las que el PP sufrió un fuerte retroceso en las ciudades gallegas. En las últimas autonómicas, Baltar se acercó al 55%.

Antes del comienzo de la campaña, tras un acto de presentación del programa electoral del PP al que asistió el vicepresidente primero de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, el líder popular de Ourense llamó a capítulo a sus alcaldes. "Podemos y somos capaces de conseguir más votos", les arengó Baltar. "Si teníamos 104.000, tenemos que conseguir 105.000. Si teníamos 118.000, hay que conseguir 119.000". Tras entregar a los regidores una ficha individualizada con el rendimiento electoral que se les exige, Baltar advirtió de que no tolerará excusas. "No me valen las disculpas de los votantes que murieron.

Eso había que arreglarlo antes", explicó Baltar, quien aludió a la necesidad de reclutar para el partido apoyos de la gente joven antes de que lleguen los periodos electorales. Y a continuación espetó: "El que no hubiese hecho ese trabajito durante ese tiempo ahora tiene que arreglárselas para buscar los votos donde sea, convencer a quien sea y robárselos a ellos o a quien sea para conseguir los votos que tenemos que conseguir".

Sin la crudeza en la expresión de Baltar, los dirigentes del PP han comenzado la campaña animando a los suyos a multiplicarse en la búsqueda de apoyos. El candidato del PP a la Xunta, Manuel Fraga, advirtió en un acto en Negreira (A Coruña), de que "no se puede desperdiciar ni un voto". "La obra de Galicia hay que hacerla con votos. Y 10 son el doble que cinco, y cinco son más que uno".

Fraga compartió con Baltar el acto central de su primer día de campaña, un mitin en Xinzo de Limia (Ourense), uno de los feudos del presidente de la Diputación, en el que se reunieron más de 2.000 personas. El mitin se abrió con una consigna lanzada por megafonía que el público coreó: "¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar!". En su intervención, Baltar admitió que había dicho a sus alcaldes: "Si no los tienes [los votos], róbalos". Pero el líder del PP de Ourense dio a entender que se le había malinterpretado: "Me quieren meter en Chirona por eso. No saben ni entender el lenguaje, por eso no entienden a los gallegos. En Ourense les vamos a dar una paliza de la que se van a acordar".

8. LA JUSTICIA ADMITE LA PRIMERA QUERELLA POR LAS IRREGULARIDADES DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ 

El Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha admitido a trámite la primera querella que presentaron conjuntamente el pasado 9 de mayo la Zona Franca y la Abogacía del Estado por las irregularidades detectadas por este último organismo, la Intervención General del Estado y el Tribunal de Cuentas en la gestión del PP al frente del recinto fiscal gaditano. A la espera de que una magistrada ocupe en unos días la titularidad de este juzgado, el juez José Luque Teruel ha validado esta acción penal.

El PSOE saludó que la justicia "investigue por fin la verdad" sobre la Zona Franca. "El PP ha gestionado este organismo como un cortijo y han hecho de su capa un sayo, pero en democracia se conoce siempre la verdad, tarde o temprano", afirmó el secretario del PSOE de Cádiz, Federico Pérez Peralta.

El abogado del Estado José Ignacio Monedero interpuso hace un mes en el juzgado de guardia de la capital gaditana la primera querella por presuntos delitos de estafa, fraude y apropiación indebida. Esta acción penal va dirigida contra Manuel García Gallardo, ex presidente de Quality Food y ex destacado militante del PP de Cádiz; Rafael Borrego, empresario que supuestamente participó en una venta presuntamente irregular de parcelas; y Víctor Ocaña, ex director de una sucursal del BBVA en San Fernando a quien, supuestamente, le atribuyen la expedición de certificados, presuntamente falsos, de ingresos millonarios de García Gallardo que nunca se efectuaron.

Se trata de la primera querella presentada y ahora admitida, pero la Abogacía General del Estado prepara dos querellas más, que presentará antes de las vacaciones judiciales, en agosto. La próxima será con los nuevos datos que investigan sobre Quality Food o que trasciendan de la instrucción que desarrolle el juez que se encargue del caso.

La tercera querella será sobre Rilco, también propiedad de la Zona Franca. En este caso, el Consorcio señala como posibles responsables a los ex delegados Manuel Rodríguez de Castro y Osuna. Al primero por adjudicar un contrato millonario para crear un portal informático de comercio exterior que no existe a Miami Free Zone, una sociedad que incumplía numerosos puntos del pliego de condiciones.

La Abogacía del Estado analiza también cómo Rodríguez pudo firmar los primeros pagos el mismo día y después de cesar en el cargo. Osuna deberá también responder por mantener este contrato si no estaba avalado por la Abogacía del Estado y cómo ingresó 2,8 millones a nombre de esta empresa de Miami en una cuenta del BBVA en Cádiz de la que sólo él podía disponer.

9. C. ANDALUCÍA. IU DENUNCIA FACTURAS FALSAS DEL PP EN SEVILLA.

IU implicó al PP en las supuestas irregularidades en los distritos de Sevilla. Paula Garvín, denunció tres casos de posibles facturas duplicadas, el acaparamiento de obras por parte de un empresario y el reparto "discrecional" de ayudas a diversas asociaciones 15 días antes de las elecciones municipales de 1999. Las cuatro denuncias se refieren a la gestión de los distritos Triana-Los Remedios, Sur y Casco Antiguo durante el primer semestre de 1999, cuando estaban gobernados por el PP. PSOE e IU estudian si llevan al fiscal estas supuestas anomalías, que podrían haber prescrito. Garvín también desveló nuevas irregularidades en la gestión del PA.

La comisión que investiga las irregularidades en los distritos de Sevilla había citado para a tres ex concejales del PP: Susana del Río, Adolfo Lama y Manuel García, que en el primer semestre de 1999 dirigían, respectivamente, los distritos Sur, Triana-Los Remedios y Casco Antiguo. Ninguno se prestó a responder a las preguntas de PSOE e IU, pero los tres se personaron en el Ayuntamiento para entregar un escrito en el que afirman que "jamás" consintieron prácticas irregulares.

La versión de la portavoz de IU y presidenta de la comisión es muy distinta. Según Garvín, varios miembros de su equipo estuvieron repasando la mañana del pasado viernes algunos expedientes de los tres distritos del PP y encontraron varias "irregularidades". Entre ellas hay tres casos de facturas duplicadas, una de las cuales, según Garvín, es "falsa".

Ambos casos se refieren al distrito Triana-Los Remedios. Las dos primeras facturas duplicadas se incluyen entre los justificantes de un libramiento de 58.072 euros recibido por Adolfo Lama el 8 de abril de 1999. En el expediente aparecen como pagadas dos facturas idénticas por valor de 676,26 euros emitidas con el mismo número por la empresa Triana Artes Gráficas por la impresión de 500 carteles de un equipo de balonmano. Asimismo, el mismo expediente recoge otras dos facturas emitidas por la misma sociedad con el mismo concepto e importe ("cartelería varios", 1.394 euros), aunque no tienen la misma numeración ni la misma fecha.

Asimismo, el delegado del distrito Triana-Los Remedios recibió 11.339 euros el 24 de mayo de 1999 para "reparación de colegios". En las cuentas justificativas de este libramiento aparecen dos facturas emitidas en menos de dos semanas por la misma empresa (Injuncón S.L. Construcciones) con idéntico concepto ("arreglos varios en patio de recreo" en el colegio Reina Victoria), aunque con distinto importe (una de 1.044 y otra de 1.408 euros). Garvín advirtió de que éste puede no ser un caso de factura duplicada sino de fraccionamiento de una obra para esquivar los controles municipales.

La portavoz de IU desveló también supuestas irregularidades en el periodo en el que el PP dirigió el distrito Sur. Según Garvín, la edil Susana del Río recibió en abril de 1999 dos libramientos por un importe total de 34.822,76 euros. El dinero se otorgó, supuestamente, para organizar actividades culturales. Según IU, en los expedientes de justificación de ambos libramientos no consta que las cantidades aportadas se derivasen de algún programa de subvenciones, sino que éstas se otorgaron "de manera discrecional". La denuncia de IU destaca que una de las ayudas, por valor de 450,76 euros, la recibió, en nombre de la asociación de vecinos Europa, el actual concejal del PP Joaquín Peña. Garvín denunció también que en un libramiento de 6.210 € a favor del entonces concejal popular Manuel García, 13 de las 30 facturas fueron emitidas y cobradas por la misma persona, Pedro Escacena Gutiérrez. Según la denuncia, esta "alta concentración" de adjudicaciones a la misma empresa no está justificada.

10. C. ANDALUCÍA. ADMITIDO EL RECURSO DE EX DIPUTADOS DEL PP CONTRA LA DIRECCIÓN DE ALMERÍA.

La Audiencia Provincial de Almería ha admitido a trámite el recurso interpuesto por varios ex diputados provinciales del PP contra la junta directiva de este partido en la provincia de Almería, que eligió a Gabriel Amat y José Luis Aguilar, respectivamente, presidente y secretario de la formación tras la dimisión del por entonces presidente Luis Rogelio Rodríguez-Comendador. El diputado provincial Ángel Díaz, expulsado del PP y afín al presidente de la Diputación, José Añez, explicó que la Audiencia Provincial, al admitir el recurso, "estima que hay base para que el procedimiento llegue a su fin". Díaz reiteró que "la junta directiva en la que se eligieron a Amat y Aguilar fue totalmente antiestatutaria, que incluso la propia elección lo era, pues no eran miembros del comité ejecutivo del PP que salió del anterior congreso provincial". Para el diputado, de prosperar "invalidaría cualquier decisión adoptada por el PP hasta el día de la fecha".

11. C. MADRID. ANTICORRUPCIÓN CITA A DOS EDILES DEL PP QUE DENUNCIARON EL 'CASO MAJADAHONDA'. TAMBIÉN AL ACTUAL ALCALDE, EN CALIDAD DE IMPUTADO.

La Fiscalía Anticorrupción ha citado a declarar el próximo día 21 a José Luis Peñas y Juan José Moreno, los dos concejales díscolos del PP de Majadahonda. Ambos, que están expedientados por su partido, han formulado graves acusaciones contra sus compañeros, entre ellos el actual alcalde majariego, Narciso de Foxá, además de revelar presuntas irregularidades en la gestión urbanística del municipio. Peñas dijo que tanto él como su compañero están dispuestos a ratificar ante la fiscalía "todo" lo que hasta ahora han ido contando en diversos medios de información. Al margen de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, el Juzgado de Instrucción nº 3 de Majadahonda también investiga este asunto.

Peñas y Moreno, hasta hace unos meses responsables de las áreas de Urbanismo y Hacienda, respectivamente, en Majadahonda, son una pieza clave en el llamado caso Majadahonda. Fueron ellos quienes revelaron que en este Ayuntamiento, donde el PP gobierna desde hace más de 15 años, se habían cometido una serie de presuntas irregularidades urbanísticas que habían perjudicado gravemente a las arcas municipales en favor de determinadas constructoras privadas.

Una de sus acusaciones más graves es la que afecta al actual alcalde, Narciso de Foxá, también del PP, ya que declararon que el regidor intentó sobornarlos con un millón de euros cuando descubrieron el supuesto entramado. Éste consiste básicamente en permutar con constructoras privadas derechos de edificación de viviendas libres, propiedad del Ayuntamiento, por otras públicas. A cambio de esta permuta, el Ayuntamiento majariego recibe una compensación económica de las promotoras. Pero ésta es siempre muy inferior, en teoría, al auténtico valor del suelo. Ahí, dicen los concejales, se producía el negocio para las promotoras. Este entramado era realizado a través de la empresa municipal Pammasa.

Según estos ediles, siempre salían beneficiadas las mismas constructoras, en especial Afar-4, que es propiedad de un amigo de Ricardo Romero de Tejada, ex alcalde de Majadahonda y ex secretario regional del PP. Además, se mezclan, según su versión, informes contradictorios de los técnicos municipales, que buscaban supuestamente beneficiar a determinadas constructoras.

Pero, además, en la comisión de investigación municipal los dos ediles enviaron un documento con sus declaraciones, en el que revelan que el anterior alcalde, Guillermo Ortega, del PP, les confesó que en una reunión mantenida en enero pasado con la presidenta regional, Esperanza Aguirre, en el aeropuerto de Barajas, minutos antes de que ésta volase a China, ella le dijo que si le demostraba "con un dossier la golfada de los derechos de Pammasa", ella misma echaría de inmediato a De Foxá. Según ambos ediles, el informe se hizo y la presidenta ordenó destruirlo

Por otro lado, el alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá (PP), ha sido citado por el juzgado de instrucción número 3 de Majadahonda para que comparezca el próximo 4 de octubre a las diez de la mañana a declarar como imputado por una denuncia interpuesta por el PSOE a finales de 2003. Está acusado de una supuesta permuta ilegal de parcelas en ese municipio.

Respecto a este tema, el PP hizo valer su mayoría en la Mesa de la Asamblea de Madrid para impedir que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, tenga que comparecer ante el Parlamento regional para explicar su supuesta implicación en el caso Majadahonda. El PSOE pide esta comparecencia tras la denuncia de dos concejales del PP de esa localidad quienes afirmaron que la presidenta regional estaba al tanto de los métodos que se utilizaban en este consistorio para enajenar ciertas parcelas.

12. C. MADRID. EL PP ESTUVO CINCO AÑOS SIN PAGAR EL ALQUILER DE SU SEDE DE MAJADAHONDA. 

Desde junio de 1998 hasta marzo de 2003, el PP de Majadahonda dejó de pagar el alquiler de su sede. El cese en el pago coincide con la fecha en la que Caja Madrid se convirtió en dueña del inmueble. Entonces, Ricardo Romero de Tejada era alcalde de Majadahonda, presidente del PP local, secretario general del PP en Madrid y miembro del Consejo de Administración de la caja, un puesto que aún ocupa.

El tesorero del PP de Majadahonda, Antonio Vera, confirmó que el PP dejó de pagar el alquiler de su sede -en la que permaneció hasta 2003- cuando Caja Madrid se convirtió en propietaria del inmueble.

Según Vera, el PP alquiló el local de la Gran Vía a una empresa en 1991 o 1992. Caja Madrid tenía una hipoteca sobre ese local, que el dueño dejó de abonar, por lo que el inmueble pasó a la entidad bancaria en febrero de 1998. "Desde entonces dejamos de pagar", dice.

El actual alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá (PP), confirma que existía esta deuda con la entidad bancaria, aunque "estaba perfectamente reflejada en los libros de contabilidad del partido". Tanto De Foxá y Vera, como un alto cargo del PP de Madrid confirman que la situación de impago se mantuvo durante al menos cinco años, pero que el pago se hizo efectivo "hace unos 10 días mediante un ingreso a Caja Madrid de aproximadamente 30.000 euros". Vera asegura que el alquiler ascendía "aproximadamente a unos 420 € al mes", por lo que la deuda alcanzaría los 24.000 €. Probablemente, los 6.000 € de diferencia se deban a intereses de demora solicitados por el banco.

Romero de Tejada fue alcalde de Majadahonda desde el 17 de noviembre de 1989 hasta el 8 de mayo de 2001, pero al mismo tiempo era miembro del consejo de administración de Caja Madrid, cargo que ostenta desde al menos 1996; también era presidente del PP de Majadahonda (1987 a 2003) y secretario general del PP de Madrid (1996 a 2004). Es decir, en el momento en que el PP dejó de pagar el alquiler de su sede a Caja Madrid y en años posteriores, Romero de Tejada ostentaba altos cargos dentro de la organización arrendataria y un alto cargo en la entidad bancaria arrendadora.

Vera explicó: "Desde que Caja Madrid se hizo con la titularidad del inmueble tuvimos conversaciones para comprar el local. Las negociaciones duraron entre 15 o 20 días". No hubo acuerdo porque la entidad bancaria pedía una cantidad demasiado alta. Según Vera, tanto Caja Madrid como el PP de Majadahonda no se ponían de acuerdo con la forma de pago del alquiler. El tesorero asegura que desde el principio, "desde 1998", el PP mantuvo conversaciones con la entidad bancaria para "intentar regularizar el alquiler". Pero los populares majariegos simplemente dejaron de pagar y no depositaron el dinero del alquiler en un juzgado (como hubiera sido lo usual). "No existió una reclamación efectiva por parte de Caja Madrid, sino unas conversaciones amistosas. No nos vimos inmersos en un expediente de desahucio por no pagar; simplemente, las conversaciones se dilataron", explica Vera.

En cuanto al hecho de que la deuda se pagara hace aproximadamente 10 días cuando ésta lleva pendiente desde hace 7 años, la justificación que esgrimen distintos cargos del PP es la misma: cuestión de oportunidad. "Por el motivo que sea se ha visto que existía esa deuda y se ha hecho efectiva. Cuando llegó [la ex ministra] Elvira Rodríguez al frente de la comisión gestora del PP de Majadahonda, se dio cuenta de que el PP no puede estar sin pagar a Caja Madrid", afirma un alto cargo del PP. Según Vera, se ha hecho efectivo ahora, "porque ha tocado y ha tocado". Y, según Narciso de Foxá, "simplemente el nuevo equipo ha solicitado un crédito y ha pagado esa deuda".

13. C. MADRID. AGUIRRE ORDENÓ A UN HELICÓPTERO VOLAR SOBRE LA MANIFESTACIÓN VULNERANDO LA LEY.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre (PP), ordenó a través de su vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior, Alfredo Prada, que el helicóptero de coordinación de emergencias trasladara a un equipo de Telemadrid. El único objetivo era grabar imágenes de la manifestación convocada por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y respaldada por el PP. Eso hizo que el piloto del aparato se viera obligado a vulnerar la legislación aeronáutica, ya que el espacio aéreo de la capital está restringido para vuelos visuales a baja altura.

Desde el primer momento, Prada explicó a sus subordinados de Emergencias cuál era la finalidad del vuelo: que Telemadrid tomase imágenes de la manifestación crítica contra el Gobierno central. Pero declaró que era "una manifestación de alto riesgo" y que su intención, al hacer volar al helicóptero, era tener sus propios datos para "tomar decisiones" por si ocurría algo grave.

Las órdenes que recibió el piloto que estaba de guardia llegaron en cadena. Un periodista de Emergencias 112 llamó al responsable del Centro de Coordinación de Operaciones (Cecop), al que comunicó que, por orden de una persona próxima a Prada, debía despegar el helicóptero con un equipo de Telemadrid para grabar la manifestación. El responsable del Cecop, Carlos Barberán, replicó al periodista que esa orden se la debería dar su superior inmediato (el jefe de bomberos) o bien el director general de Protección Ciudadana. El primero desconocía la intención de la presidenta regional. "Posteriormente me llama el vicepresidente para darme el mandato y procedo a avisar al comandante de la aeronave para trasladarle la petición", señala Barberán en el parte de servicio redactado ese día.

En la aeronave viajaban, el piloto, un portavoz de Emergencias 112 y un equipo de Telemadrid formado por un cámara, un ayudante y un periodista. Hubo problemas durante el vuelo. La torre de control del aeródromo de Cuatro Vientos preguntó al piloto de ese helicóptero si tenía permiso para volar por Madrid. A la vez, el comandante del helicóptero de la policía que vigilaba la manifestación se sorprendió de que otro aparato, del Gobierno regional, sobrevolara un área restringida y sobre una concentración de cientos de miles de personas. La proximidad del helicóptero regional al de la Policía que custodiaba la manifestación ocasionó riesgo de accidentes y creó momentos de tensión, según fuentes policiales.

La norma recoge que la capital es un espacio aéreo restringido para vuelos visuales, como el que realizó la aeronave del Gobierno regional. Es más, los helicópteros que cuenten con permiso deben de tener un motor con doble turbina para que, en caso de que se averíe una, puedan seguir volando temporalmente.

Además, todas las autorizaciones para entrar en ese espacio aéreo restringido las tiene que otorgar la torre de control del aeródromo de Cuatro Vientos, que las otorgará, en caso de ser necesarias, caso por caso. En aquel momento carecía de este permiso, ya que fueron los responsables de la torre los que preguntaron al piloto si disponía de esa autorización.

El vicepresidente Prada dijo que la Comunidad tiene autorización para realizar vuelos de seguridad y de emergencia. El caso de la manifestación no era un asunto de emergencia. El propio vicepresidente se escudó en un hipotético riesgo para la seguridad ciudadana, lo que es una competencia directa de la Jefatura Superior de Policía y, en última instancia, de la Delegación del Gobierno.

Por tanto, el piloto del helicóptero hizo "una invasión no autorizada del espacio aéreo de Madrid", según fuentes de Aviación Civil, un departamento del Ministerio de Fomento. Esto implica la apertura de oficio de un expediente por parte de este organismo que determinará las responsabilidades. En primer término procederá contra el piloto y el dueño de la aeronave de Emergencias.

El segundo problema legal que se plantea es la captación de imágenes en un lugar público. Todo proceso de filmación desde esta zona restringida ha de ser autorizado con carácter previo por los ministerios de Defensa y Fomento. La Comunidad carecía de este permiso.

Prada argumentó que el vuelo del helicóptero se debió a que los madrileños tienen derecho a disponer de información de lo que sucede en su Comunidad, a través de Telemadrid. En el caso de grabar imágenes para su utilización por la policía -en caso de haber incidentes en la manifestación-, la Ley de Videovigilancia requiere en todos los casos que la filmación haya sido previamente autorizada por la Delegación del Gobierno.

14. LA SECRETARIA DEL DIRECTOR GENERAL DE TELEMADRID LE DENUNCIA POR ACOSO SEXUAL.

Una de las dos secretarias personales del director general de Telemadrid, Manuel Soriano, le ha denunciado por acoso sexual. La mujer está de baja por depresión y en tratamiento médico. Según su testimonio, Soriano intentó propasarse en varias ocasiones y le propuso mantener relaciones. Soriano niega tajantemente estos hechos y se muestra sorprendido por la denuncia. La querella por acoso sexual contra Manuel Soriano se ha presentado en el juzgado de instrucción de Pozuelo de Alarcón. Noelia del Val Curiel, la secretaria personal de Manuel Soriano relata en ella como fue víctima durante el último año del hostigamiento sexual por parte del director general de Telemadrid.

Noelia cuenta que poco después de empezar a trabajar a sus órdenes, Soriano aprovechaba los momentos en los que estaban a solas para buscar conversación, interesarse por su vida privada y le pedía que prolongase su jornada laboral con excusas infundadas.

Dice la mujer que esta situación culminó la noche del 3 de noviembre de 2004, en la que el director general le pidió una documentación. Cuando la estaba buscando en el archivador, según la denunciante, Soriano se le acercó, se puso a su derecha, empezó a tocarse los genitales por encima del pantalón, presionando con fuerza, y la rozó con el codo. Después, le dijo que estaba enamorado de ella, que quería pasar un fin de semana con ella e incluso llego a intentar besarla.

A partir de este episodio, la secretaria entró en una fase de inestabilidad física y ansiedad emocional que le han conducido a una baja laboral por depresión. Además, la querellante asegura que ante su negativa a las continuas miradas e insinuaciones sexuales de Soriano, éste cambió radicalmente de actitud. Empezó a gritarle y a enfadarse por cualquier motivo, a ignorarla y a marginarla en el trabajo. Noelia afirma que pidió ayuda en la empresa, que denunció la situación ante el director de Recursos Humanos de Telemadrid, pero dice que no obtuvo ninguna respuesta de sus superiores.

Dado su estado de ansiedad y estres, lleva un mes de baja y necesita tratamiento médico. La secretaria explica que ha decidido dar este paso judicial por su deseo de sentirse digna, para que se conozca la verdad y para poder reincorporarse a su trabajo sin miedo y sin represalias. La víctima cuenta con el apoyo y respaldo de la Federación de Mujeres Progresistas.

El director general de Telemadrid se ha mostrado muy sorprendido por esta denuncia. Manuel Soriano ha negado tajantemente los hechos y asegura que nunca ha tenido ningún problema con su secretaria.

15. C. MADRID. UNA ASOCIACIÓN PREMIADA POR AGUIRRE AFIRMA QUE ES CORRIENTE QUE LOS PADRES GAYS ABUSEN DE SUS HIJOS.

La asociación Hazte Oír, que trabaja desde una concepción cristiana de la persona y del orden social, editó un texto titulado Informe sobre el desarrollo infantil en parejas del mismo sexo, en el que se afirma: "Podemos concluir que en los niños criados por parejas de homosexuales (...) es más corriente que sufran experiencias traumáticas" como "abusos sexuales paternos". El consejero de Educación, Luis Peral (PP), otorgó en octubre de 2004 el premio Galardones Juventud 2004 a esta asociación en la modalidad de periodismo. Educación se escuda en que "fue el jurado quien otorgó el galardón".

Hazte Oír presenta ahora este informe, que dice basarse en más de 200 estudios sobre parejas gays y otros "estudios rigurosos sobre temas conexos". La asociación asegura que "de los pocos elementos a no descartar de esos estudios" se puede concluir que los niños criados en el seno de parejas homosexuales sufren con más frecuencia "conductas o situaciones que en general resultan desfavorables para ellos". Entre otras, citan problemas psicológicos como "autoestima baja, estrés, inseguridad respecto de su vida futura en pareja y tener hijos, trastorno de identidad sexual, rechazo del compañero o compañera del progenitor homosexual como figura materna o paterna y preferencia por vivir con el otro progenitor".

En el apartado de los trastornos de conducta, esta asociación asegura que los niños de padres homosexuales suelen sufrir "drogodependencia, disfunciones en la conducta alimentaria y fracaso escolar". También concluye este informe que para estos niños es más frecuente "que sufran experiencias traumáticas como ruptura de la pareja y abusos sexuales paternos". Además, del colectivo homosexual se dice que en él "existe una alta tasa de relaciones sexuales con menores de edad".

Según consta en la página web de esta asociación, la Comunidad de Madrid valoró a la hora de otorgarle el premio "la labor en favor de los jóvenes realizada por esta plataforma en los medios de comunicación destacando los valores que aportan y el incentivo que suponen para una participación más democrática en nuestra sociedad". Sin embargo, fuentes de la Consejería de Educación aseguran que "el consejero, Luis Peral, al igual que la presidenta de la Comunidad, no tienen en modo alguno que valorar o dejar de valorar las actuaciones, declaraciones o páginas web de asociaciones o entidades que, como en este caso, nada tienen que ver con la Comunidad de Madrid".

Una portavoz de Educación se escudó en el jurado para limitar una eventual responsabilidad del consejero y la presidenta en este asunto. Según esta portavoz, "fue el jurado el que otorgó el premio" a la asociación, "no Luis Peral ni Esperanza Aguirre". "El jurado" estaba "compuesto por periodistas con nombres, apellidos y cargos; por cierto, a los que Peral no conocía en absoluto, si exceptuamos a Maribel Gozalo", que forma parte del gabinete de prensa de Educación. Sin embargo, en la convocatoria del galardón se asegura que "los jurados serán designados por el consejero de Educación".

El informe divulgado por la asociación Hazte Oír ha sido elaborado por Aquilino Polaino Lorente, director del departamento de psiquiatría de la Universidad San Pablo-CEU; Pablo Romeu, ingeniero informático por la Universidad Jaime I de Castellón; Patricia Martínez Peroni, profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad San Pablo-CEU, y Mónica Fontana Abad, también profesora de la Universidad San Pablo-CEU. Esta universidad es obra de la Asociación Católica de Propagandistas. Pese a las declaraciones de Hazte Oir, el portavoz del PP en la Asamblea, Antonio Beteta, defendió el premio que la Comunidad les otorgó. Esta asociación ha elaborado un informe donde asegura que "los niños criados por parejas de homosexuales (...) es más corriente que sufran experiencias traumáticas" como "abusos sexuales paternos".

Beteta aseguró, para justificar que la Comunidad hubiera otorgado el galardón Juventud 2004 en su categoría de periodismo a esta asociación, que "la sociedad es plural y variada" y que "hay personas que tienen unas determinadas ideas y otras que tienen otras determinadas ideas. Independientemente de las ideas que se tengan, hay que ver los servicios que prestan a la sociedad", concluyó Beteta.

16. C. VALENCIANA. UN INFORME DE AGRICULTURA REVELA AMENAZAS DE LA EMPRESA POR LA QUE MEDIÓ CARLOS FABRA 

El ministro de Agricultura Jesús Posada (PP) recibió el 12 de julio de 1999 en su despacho al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, de su mismo partido, que le reclamó autorizaciones para un producto fitosanitario que comercializaba la firma Naranjax, y a la que facturaba supuestos servicios.

Posada tenía un informe interno elaborado por funcionarios que acusaba a Naranjax de intentar "conseguir sus autorizaciones supliendo las deficiencias de las documentaciones exigibles mediante visitas a todas las autoridades del ministerio (de este Gobierno y de los anteriores)". El producto fue registrado tres meses después.

Para la cita de Posada con Fabra, el entonces director general de Agricultura, Rafael Milán, aportó al gabinete del ministro "una nota confidencial sin membrete elaborada por el subdirector general de productos fitosanitarios", el funcionario encargado del registro. En esa nota se resumían las tormentosas relaciones de Naranjax con dicha subdirección general. El informe acusaba a la empresa que avalaba Fabra de prácticas irregulares. Fabra está imputado por supuestos delitos contra la Administración y acusado de un supuesto delito fiscal (fraude de al menos 150.000 € en 1999).

El PP no le ha abierto ningún expediente y el presidente valenciano, Francisco Camps, le ha manifestado su apoyo. En el informe de Agricultura se denunciaban las prácticas de Fabra para conseguir autorizaciones en el ministerio a favor de la empresa a la que facturaba.

- Plagada de incidentes. "La empresa Naranjax de Castellón fabrica productos fitosanitarios, además de fertilizantes en Artana (Castellón). Tiene inscritas en el registro y consecuentemente autorizada su comercialización más de 40 productos técnicos y formulados. Las relaciones de esta empresa con el registro han estado plagadas de incidentes serios a partir de un determinado momento:

- En el año 1993, por la lentitud con que se autorizaban sus productos.

- En el año 1996, acusan formalmente a los funcionarios del registro de tener organizado un compló para beneficiar a las multinacionales de las que recibían pagos y prebendas.

- En 1996, se amenaza telefónicamente a funcionarios del Ministerio de Sanidad y de Agricultura.

- En el año de 1998, se pide al vicepresidente primero del Gobierno [Francisco Älvarez Cascos] y a la ministra de Agricultura [Loyola de Palacio] destituir al subdirector general de Sanidad Vegetal por las innumerables ilegalidades cometidas, además de hacer declaraciones en la prensa valenciana en el mismo sentido. Incidentes jamás producidos con ninguna de las otras 450 empresas registradas".

- Suplir defectos con visitas. "Con mucha diferencia, [Naranjax] es la empresa que ha tratado de conseguir sus autorizaciones supliendo las deficiencias de las documentaciones exigibles mediante visitas a todas las autoridades del ministerio y otras (de este Gobierno y de los anteriores). Un ex ministro de Agricultura, que en algún momento debió de ser socio de la empresa, llamó prevaricador al subdirector general de Sanidad Vegetal cuando éste le afirmó que estaba cumpliendo una orden ministerial que él mismo había firmado".

- Documentación irregular. "Independientemente de los posibles errores del registro, que en la tramitación de expedientes pudieran existir, los retrasos en las autorizaciones o las denegaciones de las autorizaciones se producen por el siguiente motivo: la documentación presentada no responde a ninguna realidad física, es inventada o corresponde a otros productos existentes en el mercado y no a los que la empresa dice sintetizar. No es concebible, por repugnar a la inteligencia, que sustancias que dice sintetizar las certifique libres de impurezas. No es verosímil que, cuando se advierten incoherencias, certifique después lo contrario. No es creíble que su capacidad de sintetizar sustancias tan distintas como antibióticos u órgano-fosforados sea posible. Ni las grandes multinacionales tienen tal versatilidad".

- Falta de respuesta clara. "Resolver las dudas antedichas no es fácil por la poca colaboración de la administración autonómica, de la que se recabó apoyo. Se ha conseguido saber que la empresa no estaba inscrita en el registro de establecimientos, ni disponía del libro oficial de movimientos, pero no se ha obtenido (después de más de dos años) respuesta clara respecto a sus capacidades de sintetizar y de si realmente sintetiza, lo que determinaría la falsedad o no de la documentación aportada".

- Productos sin autorización. "Respecto de la empresa, la opinión de las dos asociaciones de fabricantes existentes en España, Aepla y Aefisa, es muy negativa, tanto respecto a sus procedimientos fabriles como comerciales. Se sabe que comercializa productos sin autorización (el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil ha intervenido dos veces productos de la empresa). De la abamectina, producto en trámite de autorización, se tienen noticias que la distribuye directamente a los agricultores".

- Falta de sensibilidad. "De las conversaciones con los responsables de la empresa se puede deducir la falta de sensibilidad respecto al material manejado en cuanto a las consecuencias medioambientales. Comparan este tipo de fabricación con la de azulejos".

- Vaticinio favorable. Pese a tan demoledor informe sobre Naranjax, Milán vaticinaba lo siguiente en un informe propio que entregó al gabinete del ministro antes de su cita con Fabra: "Al haberse cambiado el registro de productos fitosanitarios a otra subdirección general y teniendo en cuenta que estamos en vías para que se apruebe la abamectina por la que tanto se interesa Naranjax, y posteriormente el resto de productos que tiene solicitados, creo que lo mejor es olvidar el pasado y centrarnos en la solución de problemas futuros".

Y por si no quedaba claro a qué obedecía tal interés, Milán añadía en otra nota: "En todo caso, sobre la solución del problema que interesa al presidente de la Diputación de Castellón, que afecta a Naranjax, se tendrá una información definitiva sobre la que adoptar una resolución después de la reunión de la comisión de Evaluación que se celebrará el 14 de julio". Tres meses después, la abamectina se autorizó.

Con anterioridad y respecto a la denuncia por presunto delito fiscal a la Hacienda Pública, el presidente del Gobierno valenciano, Francisco Camps, expresó su convencimiento de que "nadie va a demostrar nada" de lo que se afirma en las denuncias contra el presidente de la Diputación de Castellón y líder provincial del PP, Carlos Fabra. Camps arropó a Fabra sólo unas horas después de difundirse que Hacienda ha denunciado al político popular por un supuesto delito fiscal, tras descubrir que ocultó 150.000 € en la declaración de 1999. "Llevamos año y medio con estas cuestiones y nadie ha demostrado nada", afirmó Camps, que recalcó: "Estoy convencido de que nadie va a demostrar nada".

La Agencia Tributaria presentó el pasado 27 de mayo la denuncia por supuesto delito fiscal ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que decidió trasladar el escrito al juzgado de instrucción número 1 de Nules (Castellón). Éste es el juzgado en el que se instruye la causa de Fabra como imputado por uno o varios presuntos delitos contra la Administración Pública.

En el PP seguimos confiando en el señor Fabra y no hay ningún cambio respecto a nuestra posición de hace dos días [antes de conocerse la existencia de la denuncia por supuesto delito fiscal]", dijo Campos, que reconoció que había hablado por teléfono con el presidente de la Diputación de Castellón. Otros cargos destacados del PP de Castellón reclamaron que se le aplique a Fabra la presunción de inocencia.

El escrito de denuncia de la Agencia Tributaria sobre el presunto delito fiscal del que se acusa a Fabra señala que las cuotas de IRPF no declaradas se refieren a actividades profesionales.Según el registro de intereses que el propio Fabra presentó ante la Diputación de Castellón ese mismo año, las actividades tanto públicas como privadas generadoras de ingresos económicos o susceptibles de generarlos eran nueve (tres públicas y seis privadas, entre las que figuran las de abogado y corredor de seguros). El escrito remitido a la fiscalía también hace referencia al incremento patrimonial detectado y que no se corresponde con los ingresos declarados. Según el acta notarial que el propio Fabra hizo pública, en 1999 sólo adquirió una parcela en una urbanización de la localidad de Borriol.

17. C. VALENCIANA. DÍAZ ALPERI YA HA DESTINADO 7,3 MILLONES A TAPAR EL 'AGUJERO' DE MERCALICANTE.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante que dirige el alcalde Luis Díaz Alperi, del PP, ya ha destinado 7,3 millones de euros a tapar el agujero económico detectado en Mercalicante, empresa de capital público que él preside. En concreto, el Ayuntamiento ha destinado a Mercalicante 3,7 millones en sendos créditos participativos, 900.000 euros en comprar acciones por ampliación de capital y 2,6 millones en venta de suelo.

Para el edil socialista Ángel Franco, el Ayuntamiento de Alicante ha utilizado fondos públicos para sacar de la quiebra a Mercalicante. En rueda de prensa, Franco aseguró que los ciudadanos han pagado por la mala gestión del PP entre 12 y 18 millones de euros, una cifra económica que, según agregó, ha sido solventada mediante las aportaciones del Ayuntamiento de Alicante y la empresa Mercasa, los dos socios que integran esta empresa de capital mixto.

18. C. VALENCIANA. EL FISCAL PIDE QUE SE INVESTIGUE AL ALCALDE DE TORREVIEJA POR LA COMPRA DE UNA FINCA.

El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, ve "indicios de delito" en la operación de compra-venta de una finca por parte del alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, del PP, que le reportó una ganancia de 5,2 millones €.

El fiscal ha remitido al juzgado de Torrevieja la denuncia presentada por el grupo municipal de Esquerra Unida (EU) contra el alcalde para que abra una investigación. En la denuncia, EU imputa al alcalde los supuestos delitos de tráfico de influencias y cohecho. Todo ello, tras conocerse que el primer edil de Torrevieja ganó 5,2 millones en la operación de compra-venta de una finca en la vecina localidad de Almoradí. El alcalde compró en 2000 tres parcelas rústicas -en total 18 hectáreas - por 180.000 €. Dos años más tarde, el primer edil vendió el terreno por 5,4 millones €. La oposición denunció que Hernández Mateo adquirió la finca a un promotor, propietario de la mercantil Edén del Mar, al que antes había adjudicado una urbanización en Torrevieja.

Este promotor participó luego en un proyecto para urbanizar 19 millones de m2 en Almoradí que incluían el terreno adquirido por el alcalde. En su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, EU sostiene que Hernández Mateo pudo valerse de información privilegiada y que la operación puede ocultar un supuesto pago de favores urbanísticos en el municipio: "Estando el municipio de Almoradí, con el gobierno del PP, en fase de aprobación de un nuevo PGOU que contiene la recalificación de las fincas compradas por Hernández Mateo y vendidas posteriormente sin recalificación segura, podríamos estar ante una información obtenida de forma privilegiada por parte de Hernández Mateo".

El alcalde rechazó que se valiera de información privilegiada y aseguró que compró el terreno para cultivar hortalizas y criar perros.

19. C. VALENCIANA. ORANGE MARKET FUE FUNDADA EN VALENCIA POR EL PRESIDENTE DE LA FIRMA LIGADA A PARAÍSOS FISCALES.

La vinculación de la mercantil valenciana Orange Market con Special Events, la empresa cuyos propietarios radican en parísos fiscales del Caribe y que ha realizado diversos trabajos para el PP es mucho más estrecha de lo que hasta ahora se conocía. Orange Market, que también ha trabajado para el PP valenciano y para la Generalitat, no sólo está relacionada con Special Events a través de vinculaciones societarias. Se ha sabido que el presidente de Special Events, Pablo Crespo, ex diputado del PP en el parlamento gallego y también ex secretario de organización del partido en Pontevedra, fue uno de los fundadores en Valencia de la sociedad limita Orange Market.

Así consta en la escritura de constitución de la mercantil que se celebró el 24 de julio de 2003 en Algemesí. Junto con Crespo figura como fundador Luis de Miguel Pérez, quien resultó nombrado administrador único de la empresa. Luis de Miguel regenta en Madrid un bufete de abogados que, entre otros servicios, ofrece asesoramiento para reducir costes fiscales. De Miguel y Crespo comparten puestos en otras sociedades.

Algunos de los responsables de Orange Market y Special Events mantienen relaciones personales con dirigentes del PP. Así, el gerente de Orange Alvaro Pérez es amigo personal de Alejandro Agag, yerno de José Maria Aznar. En Special Events trabaja Antonio Cámara, que fue secretario personal de Aznar.

Special Events tiene su antena en Valencia a través de Orange Market parece cierto con la escritura de constitución en la mano. Luis de Miguel y Pablo Crespo comparecen conjuntamente para constituir la sociedad con un capital social de 3.006 euros. LLama la atención que Luis de Miguel suscribe 3.005 participaciones de un euro cada una mientras que Pablo Crespo suscribe una sola participación de un euro. Tres meses después, en octubre de 2004, ante notario, Luis de Miguel da plenos poderes en favor de Armando Lucas Hurtado y Mónica Magariños Pérez para representar a Orange Market


La escritura de constitución arroja otros datos que refuerzan la idea de que Orange Market es una mera intermediaria de Special Events. Así, los estatutos recogen que el objeto de la misma es la realización de campañas publicitarias, de marketing, promoción de convenciones, eventos públicos, entre otros actos sociales públicos y sociales.

Acto seguido, se añade que: «en relación con aquellos servicios profesionales incluidos dentro del objeto social que conforme a la normativa vigente, tenga que ser realizados por personas físicas con titulación académica y/o colegiación profesional suficiente, la sociedad sólo realizará funciones de mediación entre quienes soliciten tales servicios y los profesionales integrados en ella, que prestarán tales servicios en su propio nombre». Y añade que «las actividades enumeradas podrán ser desempeñadas por la sociedad total o parcialmente mediante la participación en otras sociedades de objeto análogo».

El PP en las Cortes ha vetado conocer las adjudicaciones que la Administración ha realizado a esta empresa. Ha trabajado al menos con la conselleria de Turismo y con Presidencia.

20. C. VALENCIANA. UNCIO PAGÓ CON LA VISA DEL IVF JOYAS, REGALOS DE BODA Y ARTÍCULOS DE LUJO.

El ex director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), José Manuel Uncio, pagó con la Visa que tenía asignada en este organismo público joyas, regalos o cargos en metálico para listas de boda y compras en tiendas de lujo durante el año 2003, según denunció la portavoz socialista de Economía, Cristina Moreno. Tras revisar la documentación en la sede de la institución, la diputada del PSPV se mostró «escandalizada» con lo que había visto y advirtió que, aunque aún debe estudiarla, «habrá que emprender alguna acción judicial porque es un escándalo que con dinero de todos se pague alguien los gastos de las bodas».

El PSPV había pedido la documentación que acredita el gasto de la tarjeta de crédito del director del IVF del año 2003, a raíz del último informe de la Sindicatura de Comptes, que recogía 39.646 euros correspondientes a gastos por atenciones sociales, de los que «no constan las facturas o recibos acreditativos». El informe añadía que, de estos, había determinados gastos satisfechos con tarjeta de crédito por un importe de 6.794 euros, que eran «difícilmente imputables a la actividad propia del Instituto» y de los que se requería su «regularización», es decir, la reposición. Moreno aseguró que son «muchos más» los miles de euros cargados en la Visa que utilizaba Uncio que no están justificados, y comentó que «la única documentación» que en muchos casos le habían facilitado era «el ticket de la tarjeta Visa», por lo que «no se sabe el motivo de los gastos».

La diputada socialista concretó que de esos más de 39.000 euros en atenciones sociales que el informe de la Sindicatura consideraba no justificados «hay cargados en la Visa unos 36.000 euros». En algunos casos, la justificación estaba escrita por detrás del ticket de la Visa «a mano» en una nota en la que se leía «regalo institucional» y, en otros casos, «en post it amarillos escrito a mano se leía 'gastos sociales'». La parlamentaria, quien indicó que las tarjetas de otros altos cargos habían sido descartadas por tener «gastos normales», dijo haberse encontrado con la «desagradable sorpresa» de que Uncio «no pensaba que fuera necesario justificar ninguno de sus gastos», y añadió que «habrá que pensar que no es casualidad» que cargos públicos que hacen «estos dispendios» sean contratados por empresas privadas al dejar la Administración.

La portavoz socialista, quien señaló que sólo le habían dejado ver los recibos del año 2003, recordó algunos de los cargos de la tarjeta usada por Uncio, como pagos en joyerías por valor de 800 o 900 euros; en tiendas de lujo como Loewe; recibos de discos en El Corte Inglés; gastos de farmacia y un extracto bancario de Sebago, que no correspondía a 2003, por valor de 199 euros. Moreno precisó que había regalos en listas de boda por valor de 300, 500 o 600 euros o incluso ingresos en metálico para los contrayentes o una batería de cocina.

La auditoría concluía solicitando la regularización de estos gastos cifrados en 6.794 euros. La decisión de Uncio de reponer el dinero se produce cinco meses después de que la Sindicatura denunciara esta situación y a las 24 horas de que la diputada socialista Cristina Moreno aireara en una rueda de prensa que el ex director general del IVF había pagado con la Visa que tenía asignada joyas, regalos o cargos en metálico para listas de boda y compras en tiendas de lujo durante 2003.

Moreno expuso su denuncia después de revisar documentación contable en la sede del Instituto, una iniciativa que tenía como punto de partida el informe del Síndic. El órgano fiscalizador detectó anomalías en los gastos efectuados por atenciones sociales por importe de 39.646 euros ya que en su revisión constató que «en los expedientes no constan las facturas o recibos acreditativos de los gastos realizados». De estos, 6.794 correspondían a gastos impropios realizados a través de la Visa. Según Moreno los gastos cargados a la Visa «son muchos más» y, en algunos casos, la única justificación está escrita en post it amarillos o a mano.

Uncio, que abandonó la vida política en enero de 2004 para pasar al sector privado, rompió su silencio y remitió por fax a los medios de comunicación un comunicado fijando su versión de los hechos. Básicamente, el ex director general del IVF defiende su proceder al frente del organismo público y justifica los gastos realizados de representación social en el hecho de que el IVF «como cualquier otra sociedad del ámbito financiero tiene que mantener un nivel de presencia equiparable a las empresas privadas, bancos y cajas de ahorro con las que se relaciona».

Pese a ello, Uncio anuncia su intención de reponer el dinero: «Sin embargo, y sin que esto suponga ningún tipo de reconocimiento de la actitud que se me imputa, y con el fin de evitar polémicas estériles y no soportar más estas calumnias y acusaciones infundadas que no benefician a la vida pública valenciana, ingresaré de manera voluntaria la cantidad cuestionada por la señora Moreno, y evitaré así las sombras que algunos intenta plantear hacia mi gestión como director del IVF», recoge el comunicado sin membrete ni firma. Aunque Uncio no aclara que cantidad exacta es la que pondrá de su bolsillo, fuentes próximas a su entorno precisaron que se trata de los 6.794 euros que el Síndic instó a regularizar en su informe. El Consell se limitó, a través del conseller de Economía, Gerardo Camps, a defender la labor de Uncio.

21. C. VALENCIANA. EUROPA INVESTIGA EL URBANISMO VALENCIANO.

Bruselas ha enviado a la Comunidad Valenciana, por segunda vez en un año, una comisión de eurodiputados para que investiguen las 15.000 denuncias por presuntos abusos urbanísticos que han presentado pequeños propietarios de fincas y chalés que sienten sus derechos amenazados debido a una indiscriminada aplicación de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU). La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo elaborará un informe al Parlamento, donde se debatirá el modelo desarrollista del litoral valenciano.

Los tres eurodiputados de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo han vuelto a visitar la Comunidad Valenciana para investigar in situ unos 15.000 casos de presuntos abusos cometidos al amparo de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y denunciados en su mayoría por la asociación Abusos Urbanísticos No (AUN). Los afectados denuncian cómo esta norma, aprobada en 1994 por una Generalitat socialista y mantenida durante más de un decenio por los posteriores Ejecutivos del PP, les ha obligado "a pagar elevadas y aparentemente arbitrarias cuotas de urbanización a las que no pueden hacer frente, cuando no a la expropiación de su patrimonio, en beneficio de las compañías urbanizadoras", según las quejas que maneja la delegación europea. El laborista británico Michael Cashman, vicepresidente del Comité de Peticiones y jefe de la delegación, aseguró que Bruselas se ha tomado "muy en serio" las 15.000 quejas y denuncias que han llegado de propietarios que alertan de la vulneración de derechos básicos y fundamentales como el de la propiedad.

Apenas habían pasado 12 meses desde la primera visita, en mayo de 2004, de otra delegación de europarlamentarios que elaboró un primer informe que ha dado pie al envío de esta segunda misión y a nombrar una ponente especial -la liberal francesa Janelly Fourtou-, que será la responsable de presentar un completo informe y una resolución al Parlamento Europeo el próximo otoño. En los cinco días que ha durado esta misión a España, los tres eurodiputados se han entrevistado con afectados por la LRAU, representantes de la Generalitat, embajadores de otros países europeos en representación de los residentes extranjeros afectados, alcaldes, promotores y el Gobierno central. Más de mil personas en total, afirmó el propio Cashman. Una de esas reuniones fue con alcaldes de municipios alicantinos sometidos a una gran presión urbanística. Los munícipes acusaron a los eurodiputados de estar "mal informados y mediatizados", ya que según ellos, "sólo han tenido en cuenta a los afectados". Precisamente son estos propietarios quienes han arremetido contra algunos ayuntamientos y el Consell valenciano por la "falta de transparencia y de competencia" en la adjudicación de los planes urbanísticos.

La LRAU no es el único proceso vinculado al urbanismo que investiga la Unión Europea. La Comisión abrió hace unos meses un expediente a España por la falta de transparencia en los contratos de adjudicación de la urbanización de un proyecto urbanístico, previa denuncia de AUN. Mientras sucede esto en instancias comunitarias, los proyectos urbanísticos surgidos desde 1998 al calor de la LRAU ocupan ya 120 millones de m2 de suelo rústico valenciano, en los que se proyecta levantar miles de segundas residencias y decenas de campos de golf, según la plataforma AUN. Alicante es la provincia con mayor superficie a urbanizar, con unos 50 millones de m2, seguida de Castellón, con otros 40, y de Valencia, con 30. La Consejería de Territorio de la Generalitat ha paralizado de 13 a 14 PAI (Programas de Actuación Integrada) porque no cumplían la legislación urbanística.

22. C. CASTILLA Y LEÓN. EL PP FLETA 170 AUTOBUSES PARA LA MANIFESTACIÓN POR LA UNIDAD DEL ARCHIVO DE SALAMANCA.

El Partido Popular va a estar presente en la manifestación que se celebrará el próximo sábado en Salamanca, convocada por el Ayuntamiento de la ciudad en defensa de la unidad del Archivo de la Guerra Civil. Así, el presidente de la comunidad, Juan Vicente Herrera y el ex presidente Juan José Lucas estarán acompañados por el secretario general del partido, Angel Acebes, el portavoz en el Senado, Pío García Escudero y la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre.

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana, tambièn ha manifestado su voluntad de acudir a la convocatoria, aunque su confirmación a los organizadores está supeditada a solucionar problemas de agenda, puesto que tenía programados actos en la campaña electoral de Galicia, especifican fuentes de su entorno.

De hecho, el propio Mariano Rajoy, presidente del PP, ha sido "invitado" a sumarse a la convocatoria, aunque el secretario regional del PP castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, explicó en rueda de prensa que su presencia dependerá también de sus compromisos previos para con los 'populares' gallegos.

En un intento de facilitar la participación en la manifestación contra la decisión del Gobierno de dividir el archivo de Salamanca, el PP ha decidido fletar 170 autobuses: 150 desde ocho provincias de Castilla y León y 20 de otras comunidades.

Los autobuses que pone a disposición de militantes y simpatizantes el PP, en los que llegarán unas 10.000 personas a la Plaza Mayor de Salamanca, saldrán de Avila (15), Burgos y León (18), Palencia (20), Segovia (23), Soria (10), Valladolid (30) y Zamora (21), junto a otros que partirán de Extremadura o Madrid, entre otras comunidades vecinas.

"La unidad del Archivo traspasa las fronteras de Salamanca, no es local ni regional es nacional", remarcó el 'número dos' del PP regional, que volvió calificar de "injusto" el proyecto de ley aprobado por el Gobierno para la devolución de documentos a Cataluña y de "la debilidad y pago" del Ejecutivo de Zapatero para seguir en el cargo.

Fernández Mañueco argumentó que la manifestación supone también un rechazo del "desprecio" del Gobierno a las instituciones de Castilla y León y realizó un llamamiento a los ciudadanos para que secunden la marcha del sábado, si bien declinó dar una cifra como éxito de la convocatoria porque "lo importante es que vayan el mayor número de personas posibles".
 

Ir a informes anteriores

© Copyright. 1998 - 2005. www.losgenoveses.net. Ningún derecho reservado. Aquí es todo de gratis y sin comisiones
( Página diseñada para ver con Explorer 5 o superior  a 1024 x 768 píxeles )