El ministro de Defensa, José Bono, denunció el "criterio mudable" del PP sobre Venezuela tras revelar que, entre 2000 y 2003, cuando José María Aznar gobernaba y Hugo Chávez ya era presidente, España vendió a aquel país 6.000 pistolas, 631 granadas de mortero, 600.000 cartuchos antimotín, chalecos antibala, cascos o escudos. "Desde 2003 hasta aquí la situación no ha debido variar tanto", ironizó Bono, aludiendo a Mariano Rajoy, que ha calificado de "error monstruoso" la venta de armas a Venezuela.

El PP quería una comparecencia conjunta de los ministros de Exteriores y Defensa, pero el Gobierno decidió que acudiese Bono en solitario y lo hiciera en plena resaca electoral vasca, poniendo así sordina a la polémica. Sin embargo, Bono demostró que andaba sobrado de argumentos para contrarrestar las críticas a la venta a Venezuela de ocho patrulleros (cuatro oceánicos y cuatro costeros), dos buques asfalteros y un Panamax (petrolero) de los astilleros públicos Navantia; así como diez aviones de transporte y dos de patrulla marítima de la división española del consorcio aeronáutico europeo EADS.

Frente a la acusación de que este acuerdo incumple el Código de Conducta de la Unión Europea, citó a Suecia, Bélgica, Austria, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Polonia y Hungría, así como al propio Estados Unidos, entre los vendedores de armas a Venezuela. "Hay países que se alarman de que España venda determinados productos no por razones morales, sino porque quisieran venderlos ellos". Y mencionó a Marruecos, Irán, Turquía, Pakistán, Cuba o Myanmar (antigua Birmania) -dos países estos últimos a los que acaba de condenar la Comisión de Derechos Humanos de la ONU- entre las naciones a las que España vendió armamento bajo los Gobiernos de Aznar. "¿Sólo les preocupa Venezuela?¿No les preocupan otros países de la lista?".

Bono pidió a la oposición que no sea "más papista que el Papa" y deje de alegar que la venta a Venezuela supone una amenaza contra Colombia cuando el propio presidente de este país, Álvaro Uribe, declaró lo contrario en la cumbre del pasado 29 de marzo con Chávez, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y José Luis Rodríguez Zapatero.

Bono se preguntó si debe atenderse a los líderes nacionales del PP o a los representantes de las localidades y trabajadores afectados y agregó que el secretario general de Comisiones Obreras, José María Fidalgo, le llamó para expresarle su apoyo, mientras que UGT difundió un comunicado.

Parafraseando a Rajoy, Bono dijo que no iba a calificarlo de "error monstruoso" o "irresponsabilidad absoluta", pero explicó que, en diciembre de 1999, un año después de la victoria de Chávez, Izar contrató con la Marina venezolana un patrullero cuya financiación se aprobó en enero de 2000 en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, aunque la operación no fue adelante porque Venezuela alegó "catástrofes naturales".

También se extendió en la operación, igualmente frustrada, de venta a Colombia de 41 carros de combate AMX-30 y 20 obuses de artillería de segunda mano "en buenas condiciones materiales y de precio". Los contratos se firmaron en diciembre de 2003, pero las inspecciones realizadas en febrero del año siguiente determinaron que, de los 53 tanques en inventario, sólo 19 estaban parcialmente operativos, sujetos a reparaciones mayores, mientras que de los 32 obuses disponibles, sólo uno funcionaba. Los técnicos aconsejaron suspender el contrato, explicó el ministro, pues no había repuestos, ni siquiera en Francia, país fabricante de los tanques, y ponerlos operativos costaría 2.050.000 euros, más del doble de lo que pagaba Colombia.

Frente a los reproches por actuar como agente comercial de la industria de armamento, recordó que la Revisión Estratégica de la Defensa, aprobada por el PP, afirma que "únicamente el apoyo del Ministerio de Defensa puede permitir el mantenimiento a largo plazo en el exterior de las industrias españolas de Defensa".

"No llevo catálogo, pero siempre que puedo arrimo el ascua a la sardina española", alegó, tras recordar que eso hacen otros mandatarios extranjeros, "incluso jefes de Estado".

Medio centenar de ultraderechistas intentaron agredir a Santiago Carrillo en Madrid cuando acudía a una charla sobre el libro Historias de las dos Españas, de Santos Juliá, en la librería Crisol de la calle de Juan Bravo. El ex secretario general del PCE no sufrió daños, pero sí fueron golpeados quienes le escudaron: Andrés Galdón, director de las librerías Crisol, herido en una ceja; Juliá; el ex ministro socialista Claudio Aranzadi, y los periodistas Pedro Sánchez Ramos y María Antonia Iglesias, a la que intentaron llenar la boca de panfletos. La acción estuvo "perfectamente planificada", según el delegado del Gobierno.

La charla debía comenzar a las 12.30 horas y desde mucho antes un grupo de ultraderechistas, en su mayoría jóvenes, esperaban silenciosamente la llegada de Carrillo en el bulevar que divide la calle Juan Bravo de Madrid. Mientras, el político se encontraba con los otros participantes de la tertulia literaria en una cafetería situada frente a la librería. Uno de los ultras accedió a dicho local y brazo en alto recordó los fusilamientos de Paracuellos.

El ex dirigente del PCE, que cumplió hace un mes 90 años, y sus acompañantes, cruzaron poco antes de las 12.30 la calle y fueron recibidos por los ultras con gritos de "asesino, asesino" mientras lanzaban pasquines y entraban en riada a la tienda. "Eran como un pelotón de choque", explicó Carrillo.

Algunos clientes comenzaron a aplaudir en solidaridad con los insultados, que a duras penas podían abrirse paso. Cuando el grupo iba a alcanzar la puerta de la sala de conferencias, en el primer piso, los violentos cercaron y pegaron, con los mástiles de las banderas que enarbolaban, a Santos Juliá, Claudio Aranzadi, Andrés Galdón -al que se aplicaron tres puntos de sutura en una ceja-, Pedro Sánchez Ramos y María Antonia Iglesias. "Cuando me reconocieron, intentaron meterme una bola hecha de panfletos en la boca", relató más tarde Iglesias. El panfleto remite a la página web www.lafalange.es. Por su parte, Falange Española de las Jons, en un comunicado, se desvinculó de la agresión horas después.

Por la megafonía de Crisol se pedía calma al público mientras los ultraderechistas tiraban al suelo los libros expuestos, daban patadas al mobiliario, untaban los escaparates de carne picada e intentaban sin éxito entrar en la sala, en la que esperaban sin apenas espacio, un centenar de personas que iban a asistir a la tertulia. Tras el asalto, los violentos se marcharon en los coches que habían aparcado en la calle Juan Bravo.

Según el delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez, la acción estaba "perfectamente planificada", tanto en lo relativo a la entrada como a la huida de la librería.

Restablecida la calma, María Antonia Iglesias, moderadora del debate, dio comienzo al acto sobre el libro, que estudia el fenómeno de la división ideológica en España. "Personalmente, es un orgullo hablar con Carrillo tras asistir a este espectáculo tan lamentable. Vamos a dar nosotros un espectáculo de lo contrario, de capacidad de civismo y democracia", dijo. Carrillo, que prefirió "olvidar lo que acaba de pasar y hablar como si no hubiese ocurrido", no pudo hacerlo porque de nuevo se escucharon gritos de "¡asesino, asesino!", que provenían del exterior. "Quisiera pedir excusas", afirmó entonces, "a los que han recibido los golpes que tenían que haber sido míos". "Al fin y al cabo estamos en zona nacional y no en el Madrid democrático", prosiguió el ex dirigente comunista, en referencia al barrio de Salamanca, un distrito de voto conservador.

Javier Pradera tomó también la palabra: "Lo que ha ocurrido me recuerda a tiempos pasados, en los que nos atizaban los Guerrilleros de Cristo Rey con la protección de la policía". "Pero esta vez se ha demostrado que la policía ahora está con la democracia y se puede tener una reunión como ésta, sabiendo que la ley está a nuestro lado". Juliá confesó que no olvidará a Aranzadi y Sánchez Ramos -junto a quienes recibió los golpes- "porque hay hechos que no se olvidan nunca".

Carrillo, al terminar el acto, aseguró: "Tejero no me hizo tirarme por el suelo y no iban a hacerlo éstos".

La oposición volvió a evidenciar la situación de minoría y soledad en la que tiene que gobernar el PP en las dos principales instituciones alavesas, el Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación. Esta vez han sido las conclusiones de la comisión de investigación creada hace dos meses en el Ayuntamiento para esclarecer los pormenores de las obras de los viales de la zona norte de Vitoria. Según ha concluido la comisión con los votos de toda la oposición, el concejal de Urbanismo, el popular Jorge Ibarrondo, ha actuado con "dejadez" a la hora de controlar a la empresa encargada de los trabajos y en su departamento ha brillado la "descoordinación".

La empresa abandonó la obra a falta de 47 remates cuando el consistorio dio por inaugurados los viales en junio de 2004, en plena campaña de las elecciones europeas. Ante la falta de acuerdo entre la empresa y el Ayuntamiento, serán los tribunales los que dictaminen quién es el responsable de los remates. Mientras, el consistorio asumirá de manera subsidiaria las obras. Las conclusiones de la comisión serán aprobadas en pleno y la oposición exigirá previsiblemente responsabilidades políticas por la falta de "dedicación" de los responsables municipales de Urbanismo, el departamento más cuestionado por la oposición.

El presidente de la comisión de investigación, el peneuvista Iñaki Prusilla, criticó que "no sólo ha habido dejación de las funciones propias de un concejal en un momento dado, sino que esta situación se ha dado de continuo durante todo el transcurso de la obra". Para Antxon Belakortu, de EA, "es como si no hubiéramos tenido concejal de Urbanismo en esta obra. Como no había ningún control, no hubieran variado mucho las cosas".

La inauguración de los viales, en junio de 2004, ha sido el argumento empleado por la empresa para justificar que no tiene la obligación de acabar las obras. Por contra, Ibarrondo sostiene que no se ha realizado ninguna inauguración formal. "En el plan de obra decidimos dos aperturas, dos puestas en funcionamiento de dos tramos", puntualizó.

Con la comisión de investigación creada sobre los carreteras de la zona norte son ya tres las que se han constituido en el último año en el Ayuntamiento y la Diputación alavesa. Y las conclusiones de las tres han sido muy negativas para los gobiernos del PP. En la que investigó la venta a una multinacional holandesa del complejo comercial El Boulevard construido en terrenos cedidos por el consistorio a comerciantes locales, la oposición acusó al alcalde, Alfonso Alonso, de favorecer una "operación exclusivamente inmobiliaria".

El pasado marzo, las Juntas alaveses concluyeron que existen "anomalías" y un "desfase económico" entre el presupuesto del tramo alavés de la autopista Vitoria-Éibar aprobado por las propias Juntas y su coste actual. Ninguna de las tres comisiones concluye que las administraciones del PP hayan cometido ilegalidades, sino sólo irregularidades administrativas.

Las irregularidades económicas detectadas en la Zona Franca de Cádiz, que empezaron a conocerse hace cuatro años, durante el mandato del PP, llegarán por fin a los tribunales. El pleno del recinto fiscal, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha ordenado a la Abogacía del Estado la presentación de querellas contra "quienes estén implicados" en los presuntos delitos detectados hasta ahora: fraude, malversación, apropiación indebida y prevaricación.

La primera querella se dirige contra el empresario Manuel García Gallardo, ex militante del PP y responsable de Quality Food, una sociedad propiedad de la Zona Franca a la que se investiga por un supuesto "quebranto" de 30 millones de euros. En su gestión, los abogados del Estado apreciaron presuntos delitos de fraude y apropiación indebida. El abogado del Estado José Ignacio Monedero tiene encomendada la presentación de la querella sobre esta última sociedad, dedicada a los servicios de alimentación y catering.

La actual dirección de la Zona Franca también atribuye a Rilco, otra empresa de la Zona Franca, la pérdida de 15 millones de euros que el recinto fiscal pagó entre 2000 y 2001 a Miami Free Zone y Telvent Interactiva por un material informático para crear una red de comercio digital. Esta plataforma nunca llegó a funcionar y, según un estudio encargado por el Consorcio, el material contratado tiene un precio que apenas alcanza dos millones de euros. Durante la puesta en marcha de Rilco, el entonces delegado de la Zona Franca, Rodríguez de Castro, realizó numerosos viajes por países iberoamericanos y gastos que no justificó, según expuso el Tribunal de Cuentas. Este órgano denunció que este dirigente popular gastó durante su mandato, entre 1997 y 2001, casi 600.000 euros de los fondos de la Zona Franca.

Rodríguez de Castro se vio obligado a presentar su dimisión en febrero de 2001, mes y medio después de que trascendieran las denuncias sobre su gestión, en especial, por 1,33 millones de euros que gastó en viajes, regalos, hoteles, restaurantes y en protocolo. Esta cantidad superó en un millón de euros el presupuesto para estos capítulos, según los informes de control económico y financiero de la Zona Franca. Tras su dimisión, su sustituto Miguel Osuna mantuvo Rilco, a pesar de sus escasos resultados y de las denuncias sindicales, que acusaron a los populares de "colocar" en esta empresa a numerosas personas vinculadas a dirigentes del PP de Cádiz.

En este asunto, se ha destacado la responsabilidad de Teófila Martínez, alcaldesa de Cádiz y, por tanto, presidenta de la Zona Franca. Teófila Martínez, ha asegurado siempre que desconocía las irregularidades en el recinto fiscal. Sin embargo, el actual delegado, José de Mier, considera que Martínez tuvo "indudables responsabilidades de omisión". "Es muy triste que no se diera cuenta y no viera los maletines que pasaban por delante de sus narices".

Pero este presunto desconocimiento parece que no es cierto, ya que la ex integrante del Consejo de Administración de Quality Food que advirtió de las supuestas irregularidades a la Zona Franca, propietaria de esta sociedad, asegura que informó personalmente en agosto de 2002 de un chantaje. Según relató, el ex presidente de Quality Food Manuel García Gallardo la destituyó porque se negó a firmar un documento en el que admitía haber recibido más dinero que el que realmente ingresó. El ex delegado del recinto fiscal Miguel Osuna, no respondió. Un año y medio después envió las cartas de denuncia a Osuna y a la alcaldesa, Teófila Martínez.

Según denunció la militante del PP, fue chantajeada por García Gallardo, quien le condicionó su continuidad en la empresa a que firmara unos papeles en los que reconocía haber recibido una cantidad económica muy superior al dinero que realmente había percibido por impartir unos cursos de formación en esta empresa. Al negarse a firmarlos, García Gallardo la destituyó de inmediato, en agosto de 2002, como secretaria y consejera de esta empresa.

Esta denunciante de las supuestas irregularidades, dijo que, tras comunicarle los hechos a Osuna en su propio despacho, éste le dijo que hablaría con García Gallardo. Sin embargo, la ex directiva de Quality Food afirma que no recibió ninguna contestación. Un año más tarde decidió enviar las cartas a Osuna y a Teófila Martínez.

El PP de Cádiz dijo que la Zona Franca actuó de inmediato, en cuanto conoció las irregularidades denunciadas en las misivas, porque, a los tres meses, el recinto fiscal decidió adquirir la mayoría del accionariado de Quality Food para controlar esta sociedad. Sin embargo, la ex directiva aseguró que Osuna conoció estas prácticas un año y medio antes de que actuase.

Afirmó que, cuando dijo a Osuna que "no debía esconder la cabeza como los avestruces" o que "la obnubilación en la generación de empleo no debe acabar nublando el imperio de la ley y el derecho", se refería a los más de 300 contratos basura que tenían muchos trabajadores con la premisa de que el PP de Cádiz pudiera publicitar una política rica en generación de empleo "que no era real porque sólo medio centenar o pocos empleados más disfrutaban de contratos dignos".

Respecto a la gestión del también ex delegado Rodríguez de Castro, Martínez tuvo conocimiento a principios de 2000 de un informe de los cinco directores generales de la Zona Franca que cuestionaba su gestión. Denunciaron la existencia de contratos y operaciones "percibidos como no rentables"; avisaron de la falta "de un criterio homogéneo o una política de precios definida" y de la existencia de gastos "innecesarios y excesivos", así como la presentación de "duplicados o de difícil justificación en cuentas gestionadas directa y exclusivamente por la Delegación del Estado".

El alcalde de Dalías (Almería), Jerónimo Robles (PP), afirmó que no va a dar de baja en su grupo municipal al vicepresidente tercero de la Diputación de Almería, Ángel Díaz, expulsado por el Comité de Derechos y Garantías del PP. Robles sigue en este camino al alcalde de El Ejido, Juan Enciso, que ha afirmado que tampoco dará de baja como concejal al José Añez, presidente de la Diputación de Almería y también expulsado del PP.

Robles afirmó que no dará de baja a Díaz ni de concejal ni de su cargo en el PP de Dalías hasta que no se agote "la última posibilidad legal" de recurrir la expulsión. El alcalde de Dalías comentó que le consta que Díaz y los otros compañeros expulsados (Añez, Antonio Torres y Ginés Martínez Balastegui) van a recurrir en los tribunales la decisión del PP de darles de baja del partido y reiteró que "hasta que no haya una resolución judicial en firme" no retirará a Díaz del Ayuntamiento.

El presidente del PP, Javier Arenas, dijo que "en este momento" su partido no tiene previsto adoptar medida alguna contra Enciso. Por su parte, Añez afirmó que acompañaría a Enciso si éste organiza otro partido. No obstante, dijo que Enciso quiere ir en las listas del PP en las elecciones municipales de 2007.

El secretario general del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, se reunió con una decena de alcaldes del PP de Almería que apoyan a José Añez, presidente de la Diputación y expulsado junto a otros tres diputados del PP. Zoido manifestó su disposición de "aplicar rigurosamente" los estatutos del partido y dar definitivamente de baja a Añez,a Ginés Martínez, a Ángel Díaz y a Antonio Torres. Lo mismo solicitó a los alcaldes de los municipios donde los expulsados mantienen sus cargos dentro del grupo popular.

El secretario general del PP insistió en que "no se obliga a nadie" a permanecer en la formación y habló de "diálogo". Los alcaldes que apoyan a Añez le manifestaron su disconformidad con las decisiones adoptadas por el partido en contra de Añez y criticaron su expulsión y la del resto de los diputados de su equipo de gobierno. Los ediles afirmaron que respaldarán a los expulsados hasta "donde haga falta", algo que podría suponer incluso su baja de las filas del PP, según explicó Guillermo Mesas, alcalde de Olula de Castro.

Tras el fracaso de la reunión, según explicó Mesas, los alcaldes tendrán "que actuar en consecuencia", en grupo, como hasta ahora, o de manera independiente.

En la reunión con Zoido participó también el presidente provincial del PP, Gabriel Amat, y estuvieron presentes, además del alcalde de Olula, los alcaldes de Dalías, Alhama, Alsodux, Abrucena, Cantoria, Íllar, Somontín y Urrácal. Ninguno de ellos quiso participar en la reunión de la junta directiva que el PP celebró mismo y a la que estaban convocados, como tampoco lo hizo el alcalde de El Ejido, Juan Enciso.

Amat dijo que se aplicarán "sin paños calientes" las normas del partido y que, "llegados a este punto, el partido tiene que seguir trabajando en el saneamiento político". Para el presidente del PP de Almería, Añez, "utiliza de forma ruin el cargo en la Diputación para obligar a mucha gente a hacer algo que no quieren hacer".

El alcalde en funciones de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Rafael Rubio (PP), reconoció que el chalé vinculado a la familia del alcalde, Juan Rodríguez, es irregular, como denunció el secretario local del PA, Antonio Prats, quien aportó documentación de un expediente de la Junta. "El expediente está abierto a Carmen Romero Buzón", madre del primer edil, aseguró Rubio.

El concejal popular explicó que el ayuntamiento otorgó el 19 de noviembre de 2003 "una licencia de obra condicionada" a la aprobación definitiva del plan especial de reforma interior de la finca ocupada en La Jara, un terreno de crecimiento urbanístico de la ciudad. La obra comenzó "sin esperar a este trámite".

El alcalde en funciones aclaró que el Ayuntamiento decretó una orden de paralización de la obra y advirtió de multa en un oficio de la Gerencia Municipal de Urbanismo emitido el 16 de febrero de este año. "Cuanto tuvimos conocimiento de la situación, no nos tembló el pulso en actuar, aunque se trata de familiares directos de nuestro alcalde", dijo Rubio. A pesar de ello, en el momento en que el Ayuntamiento decretó la paralización, la obra estaba ya casi culminada.

José Luis Peñas y Juan José Moreno, dos concejales del PP de Majadahonda enfrentados con el actual equipo de gobierno, también del PP, han enviado un escrito al Ayuntamiento en el que aseguran que la cúpula del PP, con Esperanza Aguirre a la cabeza, estuvo informada puntualmente de la crisis del municipio. Aseguran que la presidenta les ordenó destruir un informe donde daban cuenta de las actividades de la empresa municipal del suelo Pammasa. También arremeten contra el actual alcalde, Narciso de Foxá, al que acusan de ser el cerebro de la venta de derechos de edificación desde la empresa municipal del suelo, que ha provocado un agujero económico de millones de euros en el Ayuntamiento.

El alcalde, Narciso de Foxá, dijo que "no ha visto más falsedades juntas en su vida, y anuncia una posible querella contra los dos ediles". "El documento mantiene punto por punto las tesis del PSOE, y no aporta nada nuevo", continúa Foxá. Los dos ediles continúan en el PP, que, de momento, no les ha abierto expediente disciplinario.

Peñas y Moreno dicen que han enviado ese escrito al Ayuntamiento porque se les ha negado el derecho a declarar ante la comisión de investigación que creó el Ayuntamiento. Ésta intenta aclarar la actuación de Pammasa en la venta de derechos de edificación de vivienda libre a promotores privados, así como el polémico concurso de venta de dos parcelas municipales.De Foxá responde que a los dos concejales díscolos de su propio partido (el PP) no se les ha impedido declarar en la comisión municipal de investigación del caso Majadahonda. "Se les ha llamado en dos ocasiones, pero no se han presentado", dice el alcalde.

Peñas y Moreno se negaron a comparecer personalmente ante la comisión de investigación municipal. Pidieron que se les enviaran las preguntas por escrito. Ante eso, la comisión, formada por todos los grupos municipales (PP, PSOE, CDS e IU) les llamó por segunda vez. Tampoco acudieron. Ante este grupo municipal han comparecido ya el anterior alcalde (Guillermo Ortega), el actual, todos los concejales del equipo de gobierno, el portavoz del PSOE y diferentes técnicos.

Los ediles afirman en el documento que la presidenta del Gobierno regional y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre; el vicepresidente primero, Ignacio González, y Francisco Granados, secretario regional del PP, "tuvieron conocimiento de la crisis puntualmente, tanto por medio del anterior alcalde como del señor Foxá, y en concreto, de lo realizado en Pammasa con los derechos gracias a un dossier que tuvieron en su mesa el 24 de enero".

En la misma fecha, los concejales del PP tuvieron una tensa reunión que fue grabada subrepticiamente por uno de los asistentes. En ella salía a relucir el nombre de Aguirre. En la cinta, De Foxá mantenía que iba a ser paralizada la venta de las dos parcelas municipales porque lo decía Aguirre. También se oía al anterior regidor quejarse de que sufría chantaje y acusaba de "mamoneo" a los servicios técnicos municipales.

Se refería a la modificación que hizo el arquitecto municipal del informe técnico que emitió para la adjudicación de las parcelas. El cambio supuso que variara la empresa que había recibido la mejor calificación global. Al ex alcalde Ortega, del PP, se le oía decir en la cinta grabada: "No voy a aceptar que el arquitecto municipal cambie su informe para que la parcela se la lleve Afar 4".

Los dos ediles díscolos revelan en el documento entregado ahora en el Ayuntamiento que el anterior alcalde les confesó que en una reunión mantenida en enero pasado con Aguirre y González en el aeropuerto de Barajas, minutos antes de que la presidenta partiera hacia China, la presidenta le dijo que "si le demostraba con un dossier la golfada de los derechos de Pammasa, ella misma echaría de inmediato a De Foxá".

Dos horas antes, según mantienen los ediles, Ortega había recibido la visita de un constructor que le había hecho llegar el siguiente mensaje de parte del ex secretario general del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada: "Date dos meses de baja, retira lo de las parcelas y te salvarás; seguirás de alcalde".

Los concejales creen que "algo debió pasar en China", porque al volver la presidenta a Madrid les dijo que destruyeran el documento y a Ortega que fuera eligiendo un nuevo destino. El pasado 3 de febrero Ortega presentó su dimisión y De Foxá le sustituyó en el cargo. Poco después, el Gobierno regional nombró a Ortega presidente del Mercado Puerta de Toledo.

El informe, del que supuestamente les hizo deshacerse Aguirre, contenía la mecánica de actuación de Pammasa. Además, aseguran los ediles, en él se demostraba cómo el dueño de la constructora Afar-4 había ganado muchos miles de millones de pesetas gracias a Romero de Tejada, ex alcalde de Majadahonda y ex secretario general del PP de Madrid; De Foxá y el arquitecto municipal. "Aproximadamente, justo los miles de millones que faltaban de las arcas municipales", afirman los concejales Peñas y Moreno.

El Ayuntamiento cedía a Pammasa parcelas municipales de uso libre para que edificara en ellas viviendas de protección oficial. Pammasa a su vez vendía a las promotoras privadas, propietarias de suelo donde tenían que levantar vivienda protegida, los derechos de construcción de esas viviendas libres a cambio de una compensación económica: 30.000 euros por cada piso protegido no construido. El Ayuntamiento asumía la obligación de construir las casas protegidas que no hacían los privados, y éstos ya podían levantar todos los inmuebles como libres. El PSOE denunció en 2003 esta práctica ante los tribunales.

Los dos ediles mantienen que cuando ocurre el cambio de valoración del arquitecto municipal para favorecer a Afar-4, todos los presentes se indignaron. En su escrito, Peñas y Moreno sostienen: "Se han dejado de ingresar al menos miles de millones de pesetas en las arcas municipales, suficientes para hacer no 900 viviendas sociales, sino tres o cuatro veces dicho número y, por otro lado, un lucro anormal a los promotores (en especial, al de siempre) de aproximadamente 80.000 millones de pesetas".

Un total de 11.188 firmas de trabajadores de la sanidad pública y de usuarios han sido entregadas esta tarde en la Comunidad de Madrid, de las cuales 8.937 piden la dimisión del consejero de Sanidad, Manuel Lamela, mientras que el resto defiende "la dignidad del hospital" Severo Ochoa de Leganés. Mientras tanto, la Asociación de Víctimas de Negligencias Médicas (Avinesa) ha presentado otra denuncia por sedación irregular y la asociación El Defensor del Paciente (ADEPA) ha anunciado la entrega al fiscal de otros 14 casos. De acuerdo con el registro de la Consejería de Presidencia, donde se ha efectuado la entrega de firmas, se han presentado 11.188 rúbricas, de las cuales 5.986 corresponden a trabajadores de la sanidad pública que exigen el cese de Lamela; otras 2.951 de usuarios que reclaman lo mismo; 1.868 rúbricas más de vecinos que reivindican "la dignidad del hospital" y 286 de trabajadores que demandan este mismo propósito.

La entrega de estos "apoyos" contra Lamela y en favor de la sanidad pública han coincidido con la presentación por parte de Avinesa y de familiares de un enfermo fallecido en las urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés de la segunda querella contra un médico de este servicio por un presunto homicidio relacionado con su sedación. Los familiares del enfermo F.G.S., de 62 años, que murió el 22 de septiembre de 2003 aquejado de un cáncer, "no dio consentimiento nunca para ser sedado, ni tuvo conocimiento de que se le estaba sedando", ha indicado la presidenta de la asociación, María Antonia del Moral, tras interponer la querella en un juzgado de Leganés.

Por su parte, la presidenta de ADEPA, Carmen Flores, ha indicado que mañana entregará al fiscal los datos de 14 nuevos casos de personas mayores que "ingresaron por su propio pie y con tranquilidad en el servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa y a las pocas horas murieron". A su juicio, la mayor parte de estos pacientes, fallecidos en 2003, "no tenía una patología de enfermo terminal", al tiempo que ha hecho hincapié en sus consideraciones de que hubo "mala praxis" en este servicio de Urgencias. Flores ha acudido a la Asamblea para respaldar la Ley de Voluntades Previas de la Comunidad de Madrid, que el Parlamento regional aprobará el próximo mes de mayo, con el fin de permitir que todos los ciudadanos puedan dar instrucciones previas sobre la atención sanitaria que les gustaría recibir, en caso de llegar a situaciones en las que no sean capaces de expresarlas ellos mismos.

También recogerá la intención que tengan sobre las donaciones de sus órganos vitales y todas estas "voluntades previas" se adjuntarán al historial clínico de cada persona, según ha explicado el portavoz del PP de Sanidad, Javier Rodríguez. Mientras, los partidos de la oposición, sobre todo IU, han reclamado el "apoyo total y absoluto" a la manifestación convocada por los sindicatos CC OO y UGT bajo el lema En defensa de la sanidad pública y por el cese de Lamela.

Por otro lado, la fiscalía de Madrid requirió por segunda vez a la Consejería de Sanidad para que le remita "inmediatamente" -en un plazo de 24 horas- las 13 historias clínicas de pacientes del hospital de Leganés cuya sedación no está suficientemente aclarada. En este segundo requerimiento (el primero se envió hace ocho días, el 14 de abril), la fiscalía apercibe a Sanidad de incurrir en desobediencia si persiste la demora.

Fuentes de la fiscalía entienden que ya ha transcurrido un tiempo prudencial desde el primer requerimiento y no descartan el envió de policías a la Consejería para recoger las 13 historias si Sanidad persiste en incumplir la orden. Legalmente, los fiscales pueden acordar detenciones e incluso ordenar a la policía la ejecución de una orden incumplida. Además, puede interponer "una querella por desobediencia" contra los responsables sanitarios, según fuentes de la investigación. El destinatario de este segundo requerimiento es el propio consejero de Sanidad, Manuel Lamela, como principal autoridad sanitaria de la Comunidad. En el nuevo requerimiento se apercibe a Sanidad de la posible comisión de un delito de desobediencia si sigue sin enviarlas.

Hay que señalar que el consejero de Sanidad, Manuel Lamela, ordenó retirar del hospital de Leganés más de 300 historias clínicas correspondientes a pacientes que habían pasado por las urgencias de este centro. Sanidad señaló que el objetivo de la retirada de las historias era "custodiarlas, protegerlas y garantizar la confidencialidad de los datos". Desde la fiscalía se indicó entonces que la retirada de estas historias no constituía infracción penal puesto que Sanidad es la máxima autoridad sanitaria y tiene la obligación de custodiarlas. "Otra cosa sería", indicaron fuentes jurídicas, "que aquéllas fuesen divulgadas". En la Fiscalía no se entiende el sentido de la demora de Sanidad en enviarle estas 13 historias; máxime cuando se hallan en poder de la propia Consejería desde el pasado día 13 de abril. La fiscalía sólo quiere el envío, para su análisis, de 13 de las 300 historias que Sanidad se llevó del hospital.

El consejero Lamela envió al fiscal a finales de marzo un informe que concluía que había 25 casos de pacientes del hospital de Leganés en los que se observaba "una sedación irregular, no indicada, indebida o en exceso". La fiscalía estudió esos 25 casos y los redujo a 13 (en los 12 restantes no vio ninguna irregularidad). En los 13 tampoco vio ninguna anomalía, aunque, en función de los que se decía de ellos en el informe de los inspectores, entendió que no estaban suficientemente aclarados y que, antes de pronunciarse, Sanidad debía remitirle los historiales. Cuando por fin reciba las 13 historias clínicas, la fiscalía las remitirá a peritos judiciales para que éstos dictaminen si se actuó correctamente con esos 13 pacientes.

El consejero de Sanidad, Manuel Lamela, se tomó un respiro en su controvertida gestión de la crisis del hospital Severo Ochoa de Leganés y presentó la situación de la lista de espera quirúrgica en la región. Los datos de Lamela son los mejores de la historia de la sanidad pública madrileña, aunque son puestos en duda por la oposición y CC OO y UGT, que acusan al Gobierno de Esperanza Aguirre de "maquillar" las cifras a su favor.

Según Lamela, ningún madrileño espera ya más de 50 días para ser intervenido quirúrgicamente y la demora media no supera los 15,5 días. El número de pacientes en lista de espera se ha reducido a casi la mitad en sólo tres meses, al pasar de 30.217 en diciembre de 2004 a 16.162 el pasado 31 de marzo. Hace un año esperaban para entrar en quirófano 54.594 personas.

Estas cifras, según el consejero de Sanidad, van por el buen camino para que a finales de este año Aguirre pueda cumplir la promesa con la que ganó las últimas elecciones regionales: que ningún madrileño espere más de 30 días para ser intervenido en la sanidad pública. Aguirre prometió que dimitiría si no lograba cumplir su compromiso electoral.

El optimismo de Lamela, sin embargo, no es compartido por el secretario general del PSM-PSOE, Rafael Simancas, que acusó al Ejecutivo regional de hacer una lectura "sesgada y partidista" de las listas de espera, a la vez que considera que se está reduciendo la lista de espera quirúrgica a costa de prolongar la demora para ser sometido a pruebas diagnósticas. Se calcula que, en realidad, un paciente debe esperar casi un año desde que acude al médico de familia hasta que entra en quirófano, es decir, en todo el recorrido que sigue en la sanidad pública desde que enferma hasta que es operado. Además, critica que desde enero 7.815 personas han tenido que esperar mucho más de 50 días por "trucos contables" de Sanidad. El más común es excluir a un paciente de la lista de espera cuando se niega a ser operado en una clínica privada concertada porque prefiere acudir a un hospital público. En estos casos, Sanidad pone el contador a cero y empieza a contar desde el momento en que el paciente rechaza el ofrecimiento.

El director general de Telemadrid, Manuel Soriano, negó en la Asamblea de Madrid las acusaciones de "manipulación" en el documental 'Cuatro días que cambiaron España', que generó una intensa polémica tras su emisión el pasado 14 de marzo, y aseguró que este trabajo era "un relato cronológico objetivo de los hechos más relevantes" que ocurrieron entre los atentados del 11-M y las elecciones del día 14.

Soriano, que compareció en la Comisión de Control al Ente Público Radio Televisión Madrid (RTVM), explicó que "el documental no terminaba con el anagrama de ETA, sino con la explosión de los trenes", defendió que todas las comparecencias que salían reflejadas eran "reales" y justificó como "un recurso que utilizan todas las televisiones del mundo" el uso de unas imágenes de la directora del Instituto Anatómico Forense que, según la oposición, eran de a "11 días después".

Manuel Soriano también justificó las constantes referencias a la Cadena SER que incluía el documental, al apuntar que su labor en estos días fue "muy relevante" y que Telemadrid no tenía "la más mínima intención de que se hicieran juicios de valor descalificatorios de esa emisora".

Las diferencias entre los populares valencianos no se aparcan ni siquiera cuando se trata de arremeter contra el enemigo. La comparecencia de Eduardo Zaplana, ex presidente de la Generalitat y actual portavoz del grupo del grupo popular en el Congreso, en la sede del PP de Valencia levantó una inusitada expectación, tanto que había en la sala más observadores políticos que periodistas. Zaplana estuvo a punto, no obstante, de no hacer el balance de gestión previsto del primer año de Gobierno del PSOE. Amenazó con dar el portazo e irse si a la conferencia de prensa se incorporaba el vicesecretario regional del partido, Ricardo Costa. En la convocatoria remitida por el grupo popular del Congreso solo estaban anunciados Zaplana y el presidente provincial de Valencia, Alfonso Rus.

Sin embargo, Costa, quien participó en las dos ruedas de prensa de balance realizadas en Castelló y en Alicante, manifestó su intención de participar en la comparecencia ante los periodistas. El incidente, que tuvo lugar en los despachos y que en esos momentos no trascendió, llegó a generar mucha tensión. El presidente de la Generalitat y del PPCV, Francisco Camps, fue informado al igual de lo que estaba ocurrido en la sede, al igual que, Juan Carlos Vera, secretario de organización nacional.

Los colaboradores de Zaplana calificaban de absurda la polémica y acusaban a los campsistas de haberla generado. Esgrimieron que esta semana se acordó con Rus el formato e intervinientes del acto y resaltaron que estaba organizado por la dirección provincial y, por lo tanto, no tenía sentido la participación de un cargo de la ejecutiva regional, en este caso el número tres del PPCV. Compuguido, el también portavoz adjunto, optó por abandonar discretamente la sede.

En una exposición de 20 minutos, Zaplana analizó la labor del Ejecutivo de Zapatero. Insistió en su tesis de que la victoria del PSOE se produjo por «circunstancias trágicas», en referencia al atentado del 11-M, y de que se «adelantará»las elecciones ante la «debilidad» del Gobierno, al que criticó por estar «sin cohesión, sin programa y sin equipo».

Mantuvo que el primer año de Rodríguez Zapatero en la Moncloa es «tremendamente negativo» en política económica o en el debate territorial por el «chantaje» que, según Zaplana, le hacen sus socios. Resaltó que la Comunidad Valenciana es una de las más perjudicadas por la gestión socialista. Citó la paralización de proyectos que eran «garantía de progreso y de vertebración de España», como la derogación del trasvase del Ebro. Habló de diversos gestos «grotescos» al negar el Gobierno, según él, las señas de identidad. En su comparecencia íntegramente en castellano, sostuvo que Zapatero «niega la existencia del valenciano».

En ningún momento citó a Camps -sí lo hizo Rus quien resaltó su labor- si bien de forma genérica soltó: «Todosestán haciéndolo francamente bien». Dijo que se ha impuesto no hacer valoraciones sobre el funcionamiento del PPCV o del Consell. «Las cosas están como están», comentó, para añadir que no quiere que sus palabras puedan ser «desenfocadas».

Luis Alberto Prieto Martí, director de personal del Ayuntamiento de Orihuela, presentó su dimisión. La decisión de Prieto Martí se produce después de trascender que cobra dos sueldos públicos y de que la oposición denunciara su caso ante el fiscal. El ya ex director de personal es, a su vez, profesor interino de la Consejería de Educación del Gobierno de la Región de Murcia, desde 1998. Prieto Martí, liberado sindical a tiempo parcial, tiene una carga docente de 12 horas semanales en el Instituto de Secundaria Escultor José Planes de la capital murciana. Hasta, Prieto Martí percibía 38.000 por su cargo en el Ayuntamiento de Orihuela y otros 29.000 euros de la Consejería de Educación murciana por su trabajo de profesor.

Prieto Martí defendió la legalidad de ambos puestos públicos y justificó su dimisión por la "presión mediática y la politización" de su contrato en el Ayuntamiento de Orihuela. "Mi dimisión no es una huida, pero no quiero entrar en el juego mediático porque tengo todas las de perder", dijo. El alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, del PP, contrató inicialmente a tiempo parcial a Prieto Martí en junio de 2004 como director de personal del Ayuntamiento. Desde esa fecha y hasta diciembre de 2004, Prieto Martí sólo cobraba por ese trabajo el 30% de la remuneración percibida de la Consejería de Educación de Murcia, de acuerdo con la compatibilidad parcial que esta última institución le concedió.

Sin embargo, en diciembre de 2004, el alcalde, por decreto, le contrató en exclusividad con un sueldo de 38.000 euros. El ya ex jefe de personal aparece dado de alta en la lista de la Seguridad Social por la Consejería de Educación desde 1998 y por el Ayuntamiento de Orihuela desde el 8 de junio de 2004. Tanto el alcalde como el funcionario han defendido la legalidad de la contratación al asegurar que tenía concedida la compatibilidad total para ocupar ambos puestos. Sin embargo, en el expediente de contratación como director de personal en exclusiva no consta documento alguno sobre su compatibilidad total, extremo que le habilitaría para ocupar a plena dedicación el puesto de director de personal.

Los sindicatos y los tres grupos de la oposición (PSPV, Centro Liberal y E.V.) consideran que la contratación del jefe del personal es ilegal y vulnera la Ley de Incompatibilidades de la Función Pública. Los partidos de la oposición reclamaron al Ayuntamiento el expediente de contratación, extremo al que no accedió el alcalde. Los tres grupos han trasladado los hechos a la Fiscalía de Alicante. Medina declinó hacer comentarios sobre la dimisión de su ex cargo de confianza.

Que el Pabellón Municipal de Deportes no se llame Eduardo Zaplana tendrá un coste económico y personal para los concejales y asesores del grupo municipal socialistas que se opusieron a esta propuesta del alcalde. Vicente Pérez Devesa, del PP, se quedó sólo ante el Pleno al aprobar el despido de los seis asesores del grupo socialista y la reducción de las retribuciones de todos los ediles por su asistencia a plenos y comisiones informativas.

Las amenazas se cumplieron y el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Benidorm, con 11 ediles, no tendrá sus seis asesores, dispondrá de tres teléfonos móviles menos y las retribuciones de los ediles por asistencia a plenos y comisiones sufrirán una notable reducción. El motivo del castigo es la negativa de los socialistas a que el nuevo polideportivo se llame Eduardo Zaplana.

El pleno extraordinario en el que se aprobaron los decretos del alcalde levantó una gran expectación. Con una sala abarratoda de público socialistas y populares protagonizaron un tenso debate. El PP acusó a la oposición de haber roto e incumplido un pacto "tácito y verbal" en el que se comprometían a que la instalación deportiva llevara el nombre del ex presidente de la Generalitat. El alcalde dijo que "si hubieran reconocido el pacto creado en su día para dar al pabellón el nombre de Zaplana, los funcionarios se habrían reintegrado a su lugar de trabajo".

Las dedicaciones exclusivas de los ediles de la oposición pasarán de cobrar 1.650 €/mes a 513 €; por la asistencia a plenos percibirán 24 € en vez de 240 €, actuales, y por las comisiones informativas 26 €, frente a los 90 € anteriores. Los portavoces y adjuntos cobrarán 20 euros en vez de 150 €, y la asistencia a la Junta de Portavoces supondrá un ingreso de 26 € en lugar de 90. La reducción afecta a todos los ediles, aunque el alcalde podrá subir el sueldo en la Comisión de Gobierno, sólo al PP.

El Tribunal de Cuentas ha abierto una investigación para esclarecer el supuesto desvío de fondos públicos para usos particulares. En concreto, el tribunal indagará la denuncia del grupo municipal socialista sobre la supuesta práctica de funcionarios de la corporación de cargar sus utilitarios con combustible destinado a los vehículos del parque municipal.

La denuncia fue presentada, en primer término, ante el Síndic de Greuges por el concejal socialista, Luis Ángel García, aunque Bernardo del Rosal la desestimó al entender que no era de su competencia. Con posterioridad, el PSPV la remitió a la Sindicatura de Cuentas, que tras su estudio, decidió abrir diligencias.

El PSPV se personará como parte denunciante para exigir "la responsabilidad contable", dijo Jaume Llinares, que no descartó que pueda existir también "responsabilidad penal". Los socialistas iniciaron estas denuncias hace varios años al saber que los vehículos oficiales y privados del Ayuntamiento repostaban los depósitos en la gasolinera, que según el PSPV, posee el presidente local del PP de Benidorm, Francisco Pérez, que además se ubica fuera del término municipal. Llinares acusó al gobierno local del PP de "no someterse al principio de legalidad y economía que debe regir el gasto público".

El escenario de las empresas adjudicatarias de los diagnósticos a pacientes de la sanidad pública con equipos de resonancia magnética, que se decidió con un millonario concurso público el año 2000, ha dado un importante vuelco. Los propietarios de uno de los concesionarios, la empresa Inscanner -vinculado al concejal del PP del ayuntamiento de Alicante, Luis Concepción, y otros socios-, han vendido sus participaciones a Carlos Paz, propietario de Beanaca, otra de las firmas adjudicatarias. Paz es el empresario que controla la Clínica Benidorm.

La firma del acuerdo tuvo lugar en una notaría situada en la calle O'Donell de Alicante el jueves hacia las 13.00, según ha sabido este diario. A la rúbrica acudieron los hijos de Concepción -propietarios formales, según una sentencia que otorgaba a su padre la titularidad real- y los dos socios cofundadores, que vendieron Inscanner a Carlos Paz.

Inscanner cobró de Sanidad en 2003 casi el doble de lo previsto por diagnósticos por resonancia. Facturó 6 millones de euros frente a los 3,19 previstos en el contrato de gestión derivado de la adjudicación por parte de la Consejería de Sanidad, lo que supuso una desviación del 89%.

Esta firma obtuvo en 2000 la adjudicación durante ocho años para practicar las rersonancias de los pacientes de parte de la provincia de Alicante gracias a lo que se aseguró 28,93 millones de euros hasta 2008, más lo que obtendrá por las desviaciones acumuladas. La otra porción de esta provincia fue para la empresa Beanaca, controlada por Paz. De esta forma, este empresario ha concentrado en sus manos la totalidad del diagnóstico de enfermos en toda la provincia -Valencia y Castellón se adjudicaron a la firma Eresa-.

La brecha entre el gasto previsto y el finalmente producido año tras año no sólo se ha producido con Inscanner. Beanaca ingresó un 56% más de lo previsto en el contrato con Sanidad, al facturar 1,8 millones por los 1,1 estipulados. Y Eresa un 58% más, 22,2 millones frente a los 14 estimados inicialmente.

Concepción, que fue presidente de la comisión de sanidad cuando ocupó un escaño autonómico, fue noticia el verano pasado porque sus hijos acudieron a los tribunales a reclamar la titularidad de una tercera parte de la sociedad a un segundo socio, Enrique López. En 1999, el responsable del PP mostró en las Cortes un documento notarial en respuesta a una información de este diario relativa a la presencia de sus hijos en el accionariado de Inscanner, en el que se reflejaba la cesión de las participaciones a López.

La jueza, ante la petición de los hijos, estimó que las acciones nunca habían dejado de ser de Concepción, por lo que sus hijos nunca pudieron transmitirlas y recordaba que la aparente titularidad de sus hijos fue un artificio del político popular para esquivar incompatibilidades derivadas de su condición de contratista de la sanidad pública y político "lo que fue produciendo maniobras de puesta de acciones a nombre de miembros de sus familias", tanto suya como de los socios, reza la sentencia.

Un empresario bien relacionado Carlos Paz es una persona muy conocida no sólo en los círculos de la sanidad privada, sino también en los políticos. Se le considera una persona muy próxima al ex presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, con quien ha coincidido en travesías por el Mediterráneo en el yate del empresario. El actual portavoz del PP en las Cortes eligió el hospital de Benidorm, que controla Paz, para operarse de una intervención de apendicitis y familiares próximos del responsable popular han trabajado en este centro. Además la clínica es receptora de pacientes de la sanidad pública valenciana.

Durante años, la consejería de Sanidad impidió conceder la licencia a un nuevo hospital privado en Benidorm. El PSPV acusó a Zaplana de estar detrás de este veto que se mantuvo hasta que el Trubunal Superior de Justícia de la Comunidad Valenciana confirmó en septiembre de 2001 el derecho de la empresa que impulsó la construcción de un segundo hospital privado en Benidorm a sacarlo adelante, pese a los recursos que interpuso la Generalitat.

Las Cortes Valencianas, que preside Julio de España, han contratado al menos dos cáterings de la institución con el restaurante en el que el máximo responsable de la institución invitó a unos 1.500 afiliados del PP en el marco de su campaña para lograr la presidencia del partido en Alicante ciudad, algo que consiguió el lunes con el 70,3% de los votos, derrotando a José Ramón García Santos, el candidato afín al presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

Los afiliados recibieron una invitación de De España para asistir a un ágape totalmente gratuito en el restaurante Juan XXIII, uno de los de mayor capacidad de Alicante, con el fin de promocionar su candidatura local.García Santos acusó entonces a la dirección provincial del partido, en manos del zaplanista Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante, de poner los medios materiales y económicos de la formación a disposición de Julio de España. De España declaró que no sólo iba a pagar de su bolsillo el banquete sino que había tenido que pedir un préstamo personal de 30.000 € para hacer frente al gasto. La noche anterior, ya había invitado a unos 400 afiliados menores de 45 años a una cena en otro restaurante alicantino.

La empresa Restaurante Juan XXIII SA ha servido a las Cortes al menos dos cáterings en los últimos tiempos desde la llegada del dirigente alicantino a la institución. En concreto, la firma fue contratada para la comida con motivo de las fiestas navideñas que las Cortes Valencianas ofrecieron a todos los funcionarios de la casa y que se celebró en el Salón l'Andana el 16 de diciembre. Cuatro días después tuvo lugar la tradicional cena con los parlamentarios y de nuevo el restaurante Juan XXIII fue el encargado del banquete. La empresa se trajo de Alicante todo el material y los alimentos con el fin de poder cumplir con el servicio. El hecho provocó no pocas críticas en la institución, al considerarse que no estaba justificado que un cátering tuviera que contratarse con una empresa de Alicante, con el consiguiente sobrecoste del transporte. Antes de la llegada de Julio de España a la presidencia de las Cortes Valencianas, este tipo de servicios se realizaba con firmas de Valencia. Al día siguiente de la cena con los parlamentarios, el 21 de diciembre, el ágape ofrecido a los periodistas que habitualmente realizan la información parlamentaria fue servido por una empresa de restauración de Valencia. El titular del legislativo comentó entonces que la institución realiza numerosos cáterings y que casi ninguno recae en beneficio de firmas alicantinas, con lo que cabe dar juego a más firmas de la Comunidad Valenciana, en la línea de la vertebración. Desde Presidencia de la Cámara se hizo hincapié que el restaurante Juan XXIII es uno de los pocos, si no el único, que tiene suficiente capacidad como para atender a los 1.500 comensales que estaban invitados al almuerzo de partido que convocó Julio de España el viernes pasado. Asimismo, se subrayó que se trata de una de las firmas punteras en Alicante en este tipo de servicios y que, de hecho, numerosas instituciones contratan con ella, entre ellas, el ayuntamiento de la ciudad y la diputación. Otras fuentes indicaron que inicialmente el presidente tenía previsto realizar el ágape para los afiliados en los Salones Postiguet de Alicante, que tienen capacidad para unas 700 personas, pero al superar finalmente los mil invitados se hizo necesario recurrir al restaurante Juan XXIII. La controvertida y multitudinaria comida con periodistas que hace años ofreció el entonces presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana se celebró en los salones del restaurante alicantino propiedad del Grupo Juan XXIII.

Una vez conquistada la Asamblea local de Alicante –tras vencer en el congreso provincial– los "zaplanistas" quieren exhibir su fuerza y el contrapoder creado contra Francisco Camps. Ahora desean hacerse con el último resquicio que le resta al "campismo" en esa provincia: el Ayuntamiento de la capital.

Fuentes solventes muy cercanas a la dirección provincial han confirmado a Elsemanaldigital.com que tanto Eduardo Zaplana como Joaquín Ripoll –a los que ahora se suma ya con plenos poderes Julio de España– han dado luz verde a los concejales díscolos del PP para que éstos rompan la disciplina de voto que imponga su alcalde. La situación no es nueva, ya que el pasado mes de noviembre hubo un serio amago de ello. Amago que le costó el puesto a dos de las concejalas del equipo de gobierno que se habían significado más en contra de los criterios del alcalde.

Pero en esta ocasión la cosa puede no terminar en mero amago. Los "zaplanistas" –muy crecidos por sus victorias en las urnas– quieren vengarse de lo que consideran una traición de Díaz Alperi, quien fuera amigo personal del ex ministro. Pedro Romero, portavoz municipal, ya ha roto la disciplina de voto en una Junta de Gobierno. Cualquier acción que el alcalde o su entorno promuevan contará con la oposición de los concejales zaplanistas: Francisco Zaragoza (primo de Eduardo Zaplana), las defenestradas María José Rico y Rosana Cremades, Miguel Valor y los ya mencionados Joaquín Ripoll y Pedro Romero.

Las mismas fuentes consultadas mantienen que la situación en el Ayuntamiento de Alicante es "crítica" porque nadie está dispuesto a ceder. La estrategia es debilitar al alcalde para que éste o bien arroje la toalla o bien negocie una salida airosa forzando un candidato de consenso entre los dos sectores. Éste podría ser Andrés Llorens. El fin último de esta operación "zaplanista" es posicionar a los suyos para las próximas listas electorales. Tanto Eduardo Zaplana como Joaquín Ripoll quieren borrar literalmente resquicios "campistas" del mapa electoral alicantino. En especial son innegociables las cabezas del propio alcalde y de los actuales regidores Sonia Castedo, Pablo Suárez o Luis Concepción. En la chistera manejan varios alcaldables: el propio Ripoll, la diputada Macarena Montesinos y Julio de España.

El pleno del Ayuntamiento de la Vila Joiosa aprobó, con los únicos votos a favor del PP, un convenio para la presentación de un Plan de Reforma Interior de Mejora (PRIM), por el que la empresa promotora del hotel Atrium Beach ceda al consistorio tres parcelas de 21.000 metros cuadrados para uso dotacional privado, a cambio de que no sea demolidas las plantas construidas por encima de la altura permitida. De este modo, el pleno de la Vila aprobó, con los votos en contra de la oposición -PSPV, Bloc e Iniciativa Independiente-, un acuerdo que desestima sólo parcialmente las alegaciones presentadas por la mercantil Hotel Luna, promotora del complejo hotelero, cuyas obras están paralizadas desde 2003 porque excede la volumetría autorizada en 53.000 metros cuadrados -11 de las 21 plantas del edificio-. Todo apunta a que la demolición podría afectar a tres plantas, aunque no está determinada oficialmente la superficie sobrepasada, según el consistorio. El acuerdo, en cualquier caso, no se ajusta a la orden de la Generalitat, que exige que sea demolida toda la parte del edificio que se encuentra fuera de ordenación y contempla que el ayuntamiento formule de oficio -a la vista de la propuesta efectuada por la mercantil Hotel Luna de 18 de febrero de 2005- un PRIM, conforme a los términos fijados en el informe emitido por los técnicos municipales. Este plan contemplaría un cambio del uso de la parcela que ocupa el complejo, que pasaría de ser privado a ser de uso público por parte del ayuntamiento. A continuación, este plan prevé que se produzca una transferencia de aprovechamiento de esa parcela al hotel, de modo que la edificabilidad de esa parcela se transmitiría al hotel. Además, también propone facultar al alcalde a la firma de un convenio urbanístico redactado por los servicios urbanísticos municipales con la empresa y establece que la resolución definitiva del expediente disciplinario se produzca «una vez se culmine la tramitación conforme a las cláusulas legales -previstas en el citado plan-». El alcalde, José Miguel Llorca (PP), indicó que el dinero de la sanción que se determine, cuando se concrete el exceso de edificabilidad, «se destinará a actuaciones medioambientales y sociales».

Central de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a cuatro años y seis meses de cárcel al secretario general de Nuevas Generaciones del PP de Ceuta y asesor de este partido en la Asamblea ceutí, Mohamed Rabeh Hamido, por un delito de tráfico de sustancias estupefacientes ocurrido hace seis años.

El asesor del PP en la Asamblea autonómica fue condenado inicialmente por el Juzgado Central de lo Penal; después, presentó un recurso de apelación ante la Sala Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, que fue desestimado.

Mohamed Rabeh Hamido fue detenido por el Cuerpo Nacional de Policía; pasó por el juzgado de guardia de Ceuta, donde fue asistido por un letrado. En un principio, tras su detención debe ingresar en la prisión de Fontcalent, en Alicante, para cumplir la condena. El pasado 1 de febrero -cuando ya se encontraba en pleno proceso judicial, a la espera de conocer la resolución de su recurso-, el grupo del PP en la Asamblea le designó para ocupar el puesto de asesor.

La portavoz del Gobierno ceutí, Elena Sánchez (PP), que confirmó la condena, declaró a los periodistas que es "una situación de la que no existía un conocimiento previo, ya que se trata de un asunto personal por unos hechos que se produjeron hace seis años".

Elena Sánchez reconoció que, nada más tener conocimiento de la noticia, el afectado fue destituido de su cargo el pasado 18 de abril como asesor del PP y presentó su dimisión al frente de Nuevas Generaciones.