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( Del 10  AL 17 DE DICIEMBRE 2004 )

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TITULARES   

1. EL EQUIPO DE AZNAR BORRÓ LOS ARCHIVOS INFORMÁTICOS DE PRESIDENCIA ANTES DE IRSE

2. EL BORRADO DE LOS ARCHIVOS DE MONCLOA, EN LA PRENSA INTERNACIONAL

3. EL RELOJ DE ZAPLANA CAUSA SENSACIÓN.

4. EL «PRECIO MUY DISTINTO» DEL ZENITH DE ZAPLANA

5. C. GALICIA. EL CONSTITUCIONAL AMPARA AL PSOE Y AL BNG CONTRA LA DECISIÓN DEL PP DE DISOLVER LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL 'PRESTIGE'  EN EL PARLAMENTO GALLEGO

6. C. GALICIA. LA OPOSICIÓN GALLEGA EXIGE QUE SE REABRA EL COMITÉ PARLAMENTARIO AUNQUE SEA POR RAZONES "SIMBÓLICAS"  

7. C. GALICIA. FRAGA: "LOS GAYS SON ANÓMALOS PORQUE SUS CROMOSOMAS FALLAN"

8. C. MADRID. EL EX PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE MADRID RECURRE SU DESTITUCIÓN

9. C. MADRID. EL TIEMPO DE ESPERA PARA CONSULTA MÉDICA OSCILA ENTRE 32 DÍAS Y CASI AÑO Y MEDIO  UN DOCUMENTO DE SANIDAD CIFRA EN 246.306 LOS PACIENTES PENDIENTES DE SER ATENDIDOS

10. C. MADRID. EL GOBIERNO DE AGUIRRE SE NEGÓ A APORTAR FONDOS DE AYUDA PARA SUDÁN

11. C. VALENCIANA. DESESTIMADA LA DENUNCIA DE FABRA CONTRA LA CADENA SER FABRA ESTÁ ACTUALMENTE IMPUTADO POR PRESUNTOS DELITOS DE PREVARICACIÓN, COHECHO, MALVERSACIÓN Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS

12. C. VALENCIANA. ZAPLANA EVITA DESMENTIR A VILLALONGA Y ASEGURA QUE YA HIZO LO QUE TENÍA QUE HACER EN EL CONFLICTO LINGÜÍSTICO ASÍ

13. C. ANDALUZA. PELAYO AFIRMA ESTAR LEGITIMADA PARA GOBERNAR JEREZ, AUN SIENDO LA TERCERA FUERZA, PORQUE LO DICEN SUS ENCUESTAS


EL EQUIPO DE AZNAR BORRÓ LOS ARCHIVOS INFORMÁTICOS DE PRESIDENCIA ANTES DE IRSE

Cuenta el ex presidente Leopoldo Calvo-Sotelo que, cuando llegó a La Moncloa para sustituir a Adolfo Suárez, en febrero de 1981, y abrió la caja fuerte que debía contener los secretos de Estado, sólo halló en su interior un papel, en el que estaba anotada la combinación para abrirla. José Luis Rodríguez Zapatero no se sorprendió menos cuando en abril pasado sustituyó a José María Aznar al frente del Gobierno. Todos los archivos informáticos de Presidencia estaban vacíos. La clave también figuraba en un papel: la factura, por unos 12.000 euros, de la empresa contratada para borrarlos.

José Luis Rodríguez Zapatero comparecerá ante la Comisión de Investigación del Congreso sobre el 11-M con el propósito de realizar, según sus propias palabras, una intervención "constructiva". El presidente detallará las medidas que ha adoptado el Ejecutivo para combatir el terrorismo de origen islamista y ofrecerá a todos los grupos políticos un pacto de Estado para hacer frente a esta amenaza. También deberá contestar a las preguntas del PP sobre cuál fue su comportamiento entre el 11 y el 14 de marzo.

Lo que Zapatero no podrá, pese a su deseo de dar una información "densa y amplia", es facilitar datos sobre la actuación de la Presidencia del Gobierno en esas fechas. No podrá explicar, por ejemplo, si es cierto que se reunió el Gabinete de Crisis, como dijo Aznar ante la comisión, pero no la Comisión Delegada del Gobierno para Situaciones de Crisis. Y sobre todo, cualquiera que fuese el nombre del organismo que se reunió en La Moncloa el día 11, presidido por el presidente y con presencia de los vicepresidentes y los ministros y altos cargos de mayor confianza, qué decisiones se adoptaron.

Cuando la Comisión de Investigación del 11-M reclamó el acta del Gabinete de Crisis, el Gobierno contestó que no había podido hallarla. Ni el acta, ni ningún otro documento sobre lo que pasó ese día en La Moncloa: las conversaciones que mantuvo Aznar con directores de medios de comunicación o mandatarios extranjeros, los informes que recibió o las instrucciones que dio.

El vacío de información no se limita al 11-M: abarca los ocho años de mandato del PP, de mayo de 1996 a abril de 2004. La explicación es que, antes de dejar el poder, el equipo dirigido por Aznar ordenó que se borrasen los archivos informáticos de Presidencia del Gobierno. No fue un borrado rutinario, sino a conciencia. No se limitó a formatear los discos duros, lo que podría haber hecho cualquier usuario. Se borraron también las cintas con las copias de seguridad de los archivos informáticos. Para ello se recurrió a una empresa especializada, que presentó la correspondiente factura, de unos 12.000 euros.

Sólo que cuando llegó la hora de pagar ya había cambiado el inquilino de La Moncloa, por lo que fueron los socialistas los que tuvieron que asumir el coste de haberse quedado sin una información probablemente valiosa.

¿Cómo de valiosa? Fuentes gubernamentales admiten que es imposible conocer el valor de la información perdida, pues no existe un inventario de la misma. Reconocen que los documentos de carácter administrativo, con rango legal, fueron entregados en el traspaso de poderes, en soporte papel. Pero alegan que faltan informes políticos sobre todo tipo de asuntos, incluso algunos que afectan a la política de Estado, como la lucha antiterrorista.

No es concebible, argumentan, que todos los archivos informáticos de Presidencia, como el intercambio de correos electrónicos entre ordenadores oficiales, se refieran a temas personales de asesores o altos cargos.

Las mismas fuentes niegan que se produjera una situación comparable en 1996, cuando el PP sustituyó al PSOE al frente del Gobierno, entre otras razones porque el uso de la informática no estaba tan extendido.

Ha sido en los últimos años cuando los correos electrónicos han sido admitidos como prueba en procesos judiciales, como el del fraude de Gescartera. Mucho antes, en 1974, el presidente de EE UU Richard Nixon se vio obligado a dimitir por el escándalo Watergate tras mantener una larga pugna con el Congreso, que exigía la entrega de la cintas con las conversaciones mantenidas por el presidente con sus colaboradores en la Casa Blanca, sin aceptar que las mismas pudieran pertenecer al ámbito privado.

Si en Moncloa se borraron los archivos informáticos, en el Ministerio del Interior se copiaron. Fuentes de dicho departamento, tanto de la actual como de la anterior administración, han explicado que altos cargos del equipo del ex ministro Ángel Acebes hicieron copias de documentos relacionados con la investigación del 11-M.

Las copias fueron volcadas en discos compactos y algunos de los documentos duplicados se publicaron en libros meses después de la salida del PP del poder. Entre los documentos copiados figuran cartas de etarras que sugerían contactos con presos islamistas, vídeos y fotos de los atentados y parte de la investigación sobre cómo se convocaron las manifestaciones del 13-M frente a las sedes del PP.

EL BORRADO DE LOS ARCHIVOS DE MONCLOA, EN LA PRENSA INTERNACIONAL

Los principales diarios destacan la destrucción de documentos por el anterior Gobierno

La información publicada el pasado lunes sobre el borrado completo de los archivos informáticos de la etapa de Gobierno del PP ha tenido eco en buena parte de la prensa internacional, incluidos los más importantes y prestigiosos rotativos mundiales.

Bajo el titular "Aznar, acusado de destruir pruebas de los atentados de Madrid y de engañar al pueblo", el londinense The Times hace una recopilación de las principales aportaciones del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en su comparecencia ante la comisión del 11-M, señalando de forma destacada que "confirmó una información de EL PAÍS" sobre un masivo borrado de documentos de los ocho años de Aznar en La Moncloa. También se destaca que se pagaron 12.000 euros a una empresa privada para destruir la documentación. La crónica de The Times va firmada por David Sharrock y ocupa una página completa.

The Independent destaca en el titular el mismo hecho entrecomillando la afirmación de Zapatero ante la comisión: Aznar "depuró todos los documentos de la ocultación de los atentados". En la crónica de Elizabeth Nash se señala el detalle de que se borrasen las copias de seguridad, no sólo los discos duros, entre las aportaciones hechas por EL PAÍS.

The Guardian sigue la misma línea y titula "Aznar borró archivos de los atentados de Madrid" En la crónica señala que "el diario EL PAÍS informó de que el trabajo costó 12.000 euros (8.200 libras) e incluyó la destrucción de todos los correos electrónicos. Al nuevo Gobierno sólo le dejaron documentos en papel, según dicho diario".

Por lo que respecta a los periódicos franceses, Libération señala que la revelación de Zapatero ante la comisión de que el Gobierno de Aznar borró todos los documentos informáticos que concernían al 11-M "dejó estupefacto a su auditorio". A renglón seguido, el diario francés señala que dicha información fue revelada en primera instancia por EL PAÍS. También se hace eco de la existencia de una factura y su importe. Ese mismo detalle se resalta en la crónica de Martine Silber para Le Monde.

The New York Times también titula su información sobre la comparecencia de Zapatero con el asunto del borrado de documentos: "El presidente dice que el anterior Gobierno destruyó información sobre los atentados de Madrid".

Igualmente se señala que fue EL PAÍS el que dio la noticia el lunes. Menos relieve tiene la comparecencia de Zapatero en The Washington Post y en Los Angeles Times, pero ambos destacan que el anterior Gobierno borró los documentos.

De la prensa alemana, el Frankfurter Allgemaine Zeitung destaca "el puntapié propinado por Zapatero a su antecesor. 'Desveló' que no estaba tan informado como quisiera porque el equipo de Aznar borró la información de los ordenadores". El Berliner Zeitung hace un comentario sobre el tema diciendo que no se habría hecho ese borrado "si Aznar no tuviera algo que ocultar". Y remacha "¿Será solo un tozudo o también un mentiroso?".

Entre los diarios italianos, La Repubblica titula "Aznar vació los archivos sobre la masacre" y cuenta los detalles de la información publicada por este diario el pasado lunes al hilo de la crónica de la comparecencia de Zapatero.

EL RELOJ DE ZAPLANA CAUSA SENSACIÓN.

- Fue motivo de comentario entre los presentes en la comparecencia en el Congreso del presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero el vistoso reloj que lucía el portavoz de los populares Eduardo Zaplana y que exhibía en la foto de la entrevista publicada el mismo lunes en La Razón. Se trata, aparentemente, de un Patek Philippe 5110 de oro rosa y versión «hora universal» valorado en cerca de 18.000 euros (3 millones de pesetas). Un modelo perfecto para aquellos que gustan de volar de un sitio a otro porque su signo de reconocimiento es un disco alrededor de toda la esfera que permite leer simultáneamente la hora en cada uno de los husos horarios.

- La afición de Zaplana a los complemento de lujo y especialmente los relojes es conocida. No es de extrañar para alguien que gusta de comprar corbatas en la plaza Vendôme de París, en este caso a costa de Aguas de Valencia, algo que le costaría el puesto en el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero por incumplimiento del Código del Buen Gobierno que impide aceptar regalos. No en balde a su colección de pelucos ha sumado recientemente, además del Patek Philippe, un Hublot crono, último modelo de oro rosa, con un coste aproximado de 6.000 euros, uno más a añadir a su lista de Bulgary o Baume & Mercier. Ya decía su amigo Sánchez Carrascosa que, al contrario que Francisco Camps, «Eduardo Zaplana y su mujer, Rosa Barceló, no procuraban ser muy discretos» cuando iban a una de las joyerías más lujosas de la ciudad de Valencia.

EL «PRECIO MUY DISTINTO» DEL ZENITH DE ZAPLANA

- Tiene razón el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana. Nos equivocamos. El vistoso reloj que lució el día de la comparecencia de Rodríguez Zapatero en la comisión de investigación del 11-M no era el Patek Philippe 5110 de oro rosa y versión «hora universal», de 18.000 euros, que sí que exhibía en la fotografía de su entrevista del pasado lunes en La Razón. Según el propio Zaplana, el reloj que llevó al Congreso, no era «ese» sino un Zenith con «un precio muy distinto» al del Patek, como si nos estuviera hablando de una marca de precios populares.


- Pues bien, al decir de los expertos consultados por este periódico, el modelo que lucía Eduardo Zaplana a principios de semana podría tratarse de un Grande Chrono Master XT o GT, perteneciente a una gama que contiene los «instrumentos preferidos de los verdaderos estetas en busca de un producto audaz» y que posee «una luneta cuya moldura ovalada ha sido rediseñada para subrayar mejor ar la trasposición de la naturaleza física del tiempo en materia», según los catálogos de la marca.


- Tiene razón también el portavoz del PP cuando dice que el precio de su Zenith es «muy distinto» al del Patek Philippe, ya que si fuera el modelo GT de Zenith, similar al que usa estos días -con su pulsera de cuero de cocodrilo cosida a mano- costaría 20.300 euros (3,3 millones de pesetas) en su versión de oro rosa y 21.300 (3,5 millones de pesetas) en la de oro amarillo. Más caros son los XT: 25.900 euros en oro rosa y 24.500 en oro amarillo.

- Cabe decir que la prestigiosa marca dispone de relojes mucho más baratos. Por ejemplo, su nuevo Open cuesta 6.300 euros en su versión de acero. Pero el precio alcanza los 18.700 euros en la gama Grande de oro rosa. Con todo, todavía los hay más económicos (entre 3.000 y 4.000 euros) aunque todos en acero. Pero ya no son de oro, como parece el del ex presidente. En cualquier caso, una ganga, vamos.

C. GALICIA. EL CONSTITUCIONAL AMPARA AL PSOE Y AL BNG CONTRA LA DECISIÓN DEL PP DE DISOLVER LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL 'PRESTIGE'  EN EL PARLAMENTO GALLEGO

El Tribunal Constitucional ha anulado la decisión tomada el 11 de marzo de 2003 por la mayoría absoluta del PP en el Parlamento de Galicia de disolver la comisión de investigación sobre la catástrofe del petrolero Prestige, creada por unanimidad. El máximo intérprete de la Constitución reconoce, en dos sentencias, el derecho del PSdeG-PSOE y del Bloque Nacionalista Gallego (BNG) a ejercer sus funciones en condiciones de igualdad, incluidas sus decisiones de ausentarse de la comisión para "escenificar" las desavenencias con el PP sobre las comparecencias solicitadas.

Después de que los representantes socialistas y nacionalistas gallegos se ausentaran de la comisión, tras negarse el PP a aceptar la comparecencia de autoridades y funcionarios de la Administración General del Estado -entre otros, el entonces delegado del Gobierno en Galicia, Arsenio Fernández de Mesa-, los populares impusieron una norma supletoria del Reglamento de la Cámara y, en aplicación de la misma, disolvió la comisión de investigación.

Los dos recursos de amparo interpuestos por los socialistas y los nacionalistas gallegos han sido resueltos por la Sala Primera del Tribunal Constitucional, presidida por María Emilia Casas, ponente de ambas sentencias.

El Constitucional ampara a los dos grupos parlamentarios en su derecho de participación política y anula tanto las normas que trataron de suplir una supuesta laguna reglamentaria como el acuerdo del pleno del Parlamento de Galicia que disolvió anticipadamente la comisión.

El Tribunal Constitucional razona que "la respuesta en Derecho" que la Mesa del Parlamento de Galicia debió dar a los parlamentarios que solicitaron la disolución de la comisión debió ser "la inadmisión". Las sentencias señalan que la estrategia de los diputados de la minoría de ausentarse de la comisión "respondía a su disconformidad con el tratamiento dado desde la comisión a las dificultades planteadas para la verificación de determinadas comparecencias", y de ahí que pretendieran, "con el bloqueo de la actividad de la comisión, escenificar la situación de desavenencia alcanzada" con el PP.

"En términos parlamentarios, ese fin", explica el Constitucional, "puede ser tan legítimo y relevante como alcanzar los específicos objetivos para los que la comisión fue creada, pues no puede dejar de tenerse en cuenta que los Parlamentos son, ante todo, escenarios privilegiados del debate público, también articulado legítimamente por medio de la desavenencia y de la política de gestos, incluida la negativa misma a debatir o a hacer acto de presencia cuando con ello se quiere significar la discrepancia o censurar la conducta de la mayoría".

Las sentencias reprochan a la mayoría parlamentaria gallega la decisión que tomó: "Disolver el escenario que hace posible la expresión de la discrepancia a través de la inasistencia o de la abstención, supone sacrificar, en último término, un fin parlamentario superior, cual es el de la institucionalización del debate político en clave de libertad y pluralidad".

Discrepa del fallo mayoritario el magistrado Jorge Rodríguez-Zapata, para quien el Parlamento es soberano y la Mesa del Parlamento de Galicia tenía competencia para suplir las omisiones de su Reglamento.

C. GALICIA. LA OPOSICIÓN GALLEGA EXIGE QUE SE REABRA EL COMITÉ PARLAMENTARIO AUNQUE SEA POR RAZONES "SIMBÓLICAS"  

La oposición gallega, BNG y PSdeG-PSOE, exigirán que el Parlamento autonómico acate de inmediato las sentencias del Tribunal Constitucional y reponga en sus funciones a la comisión de investigación del Prestige. Fuentes de ambos grupos coincidieron en que la reapertura del comité es necesaria aunque sea sólo por razones "simbólicas" para escenificar la "vulneración de la ley" por el PP. Socialistas y nacionalistas admiten que la utilidad de la investigación, dos años después, es muy limitada.

La plataforma Nunca Máis reclamó que la comisión "se reabra para cumplir la voluntad del pueblo gallego de conocer la verdad". La oposición espera una reunión urgente de los órganos del Parlamento gallego para cumplir las sentencias y medita cómo se podría reactivar el comité. Portavoces nacionalistas y socialistas coinciden en que los trabajos de la comisión fueron tan limitados que apenas se dispone de material para un dictamen final. No descartan la opción de requerir nuevos testimonios aunque reconozcan que, con el tiempo transcurrido y el cambio en el Gobierno central, no resultará fácil actualizar el asunto.

"Es indispensable devolver al Parlamento la credibilidad, la dignidad y el honor, gravemente dañados", aseveró el portavoz del BNG, Xosé Manuel Beiras. El dirigente nacionalista recordó que su grupo ya había insistido en dos ocasiones, cuando su recurso fue admitido a trámite y cuando se conoció la opinión favorable de la fiscalía del Constitucional, para que se reabriese la comisión antes de que el tiempo transcurrido fuera irreparable. Para Beiras este episodio muestra el "grave deterioro" que sufre el Parlamento gallego tras 15 años de mayoría absoluta del PP.

El secretario general del PSdeG-PSOE, Emilio Pérez Touriño, consideró las sentencias "un varapalo histórico". "Es una condena y un rechazo a la cacicada del PP, al autoritarismo y la prepotencia con que pisoteó los derechos de los diputados", sentenció Pérez Touriño. El líder socialista exige ahora una "rectificación política de primer nivel" al presidente de la Xunta, Manuel Fraga, a quien atribuye haber "impulsado y amparado" la estrategia para cerrar la comisión.

Fraga adujo desconocimiento de las sentencias para evitar comentarios. Tanto su consejero de Pesca, Enrique López Veiga, como el portavoz del PP en el Parlamento gallego, Jaime Pita, se limitaron a anunciar su disposición a "acatar y cumplir" las sentencias.

C. GALICIA. FRAGA: "LOS GAYS SON ANÓMALOS PORQUE SUS CROMOSOMAS FALLAN"

El presidente de la Xunta y del Partido Popular de Galicia, Manuel Fraga, manifestó que la homosexualidad es «una anomalía». El veterano político argumentó que «algo raro le tiene que pasar» a alguien que no prefiera una mujer guapa, por lo que advirtió que «pasar de la persecución que hubo en su día, y que fue una equivocación, al orgullo gay, es otra tremenda equivocación». En una entrevista en Antena 3 Televisión recogida por Ep, Fraga rechazó el matrimonio entre personas del mismo sexo y apostó por cambiar el concepto por «unión de hecho» porque «las personas que nacen así porque los cromosomas se equivocan tiene derecho a un cierto reconocimiento».

A su juicio, «eso no es un matrimonio. Es otra cosa, respetable, pero es otra cosa», porque el matrimonio, «por definición, es que pueda haber una madre». Al respecto de la supuesta existencia de un lobby rosa, agregó que «algo debe haber». Asimismo, Fraga rechazó las medidas para agilizar el divorcio impulsadas por el Gobierno central y calificó la reforma de «matrimonio fácil». «Cualquiera puede decir: me quiero divorciar y ya está. Me parece un disparate», sostuvo. Fraga se mostró «preocupado» por la evolución de las relaciones entre el Ejecutivo central y la Iglesia y puntualizó que «una cosa es la laicicidad y otra el laicismo». Así, explicó que hasta el momento se han mantenido «buenas relaciones» con la fórmula de «cada uno en su sitio» y advirtió de que «sería malo romperla».

Las polémicas declaraciones fueron criticadas por los colectivos de homosexuales. La Fundación Triángulo pidió a Fraga que se retractase de sus palabras ya que «pueden incitar a la discriminación y al odio». La asociación considera «tremendamente desafortunadas las declaraciones, dado que este tipo de manifestaciones no resultan inocuas a nivel social». Añade que Fraga debería actualizar su información sobre la homosexualidad, dado que «hace ya muchos años que el debate social y político tiene claro que la homosexualidad no es ninguna anomalía».

C. MADRID. EL EX PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE MADRID RECURRE SU DESTITUCIÓN (13/12/04)

El que fuera presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid hasta mayo de este año, Ramón Muñoz, ha presentado un contencioso contra el acuerdo de la Mesa de la Asamblea donde se aceptaba su dimisión. Su puesto lo ocupó entonces el consejero Ramón García Mena, propuesto, al igual que Muñoz, por inciativa del Partido Popular. La demanda de Muñoz es calificada por Ruth Porta, portavoz adjunta del grupo socialista en la Asamblea, de "escándalo tremendo" y muestra "clara del absoluto conflicto interno del PP".

Ramón Muñoz se vio forzado a dimitir de su cargo como presidente de la Cámara de Cuentas tras varias denuncias sobre la inactividad de la institución procedentes tanto de la oposición como de varios consejeros del propio órgano.

La presidenta del Ejecutivo, Esperanza Aguirre, forzó entonces su dimisión. Muñoz, sin embargo, reconoció que había firmado la carta de renuncia, pero afirmó que ésta había sido presentada sin su consentimiento. Por eso ha presentado un recurso contra la decisión de la Mesa de la Asamblea, según Antonio Beteta, portavoz del grupo popular en la Asamblea, y Ruth Porta, portavoz adjunta del PSOE.

En mayo de este año el cargo de presidente de la Cámara de Cuentas pasó a ostentarlo Ramón García Mena, nombrado a propuesta del PP, al igual que Muñoz. La gestión de Muñoz, acusado incluso por el propio secretario de la Cámara de Cuentas de no entregarle la documentación necesaria para poder convocar al Consejo del organismo, había levantado ampollas en el seno del PP.

Para resolver la situación alguien presentó por registro en la Asamblea la carta de renuncia del hasta entonces presidente. Así, al menos, lo manifestó Muñoz a la presidenta de la Asamblea de Madrid, Concepción Dancausa, en un escrito al que acompañó de un informe de más de 300 páginas.

Pero Muñoz nunca ha estado conforme con que la Mesa aceptase su dimisión, después de haber explicado que él no la presentó nunca. Así, según han confirmado Beteta y Porta, ha apelado contra el acuerdo de la Mesa, que fue adoptado de acuerdo a un informe jurídico de los letrados de la cámara.

La versión de Muñoz acerca de por qué denuncia un acuerdo aprobado en la Asamblea, sin embargo, no ha trascendido. "Prefiero no hacer declaraciones sobre este asunto", declaró a este periódico el que fuera presidente del organismo fiscalizador de la actividad económica, presupuestaria, financiera y contable del sector público madrileño.

Desde el PSOE, el contencioso interpuesto por Muñoz ha sido tachado de "escándalo", "reflejo de la crisis del PP" y "prueba de la falta de liderazgo de Aguirre", según Ruth Porta. "Esta es la demostración del escándalo tremendo en el que está inmerso el PP, y de que Muñoz, elegido por Beteta [portavoz del PP en la Asamblea] era una persona absolutamente inadecuada para el cargo que ocupaba", espetó la portavoz socialista.

Ruth Porta, que destacó la labor desempeñada por la oposición para resolver la crisis de la Cámara de Cuentas, achacó al "conflicto interno del PP" y a la "absoluta falta de liderazgo de Aguirre" situaciones como la que se ha presentado con el ex presidente de este órgano. "Aguirre es incapaz de controlar a su partido y de cerrar la crisis que ella misma abrió [respecto a la destitución de Muñoz], después de que hace pocos días que ha sido elegida presidenta de su partido", sentenció Porta.

La historia de una carta

La crisis de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid salió a la palestra a mediados de abril de 2004, con una denuncia del secretario general de este órgano, José Luis Monzó Torres. Monzó había remitido un escrito el 30 de marzo de contestación en el que desgranaba una serie de irregularidades cometidas, supuestamente, por el presidente, por aquel entonces, Ramón Muñoz.

En la misiva, el secretario general responsabilizaba a Muñoz de filtrar, o al menos, de no hacerle llegar la documentación necesaria para poder convocar al consejo de este organismo, en el que se toman la mayoría de decisiones de la Cámara. Esperanza Aguirre no tardó en jugar sus cartas, y forzó la dimisión.

La Cámara de Cuentas, organismo encargado de fiscalizar la gestión económica, presupuestaria, financiera y contable del sector público de la región, no consiguió aprobar en 2003 un plan de fiscalización, y tampoco consiguió dotarse de presupuestos para ese año.

Esta situación de bloqueo en la Cámara obligó al Gobierno regional a prorrogar los presupuestos de 2003 para la Cámara, puesto que los siete consejeros del órgano (cuatro elegidos a propuesta del PP, dos a propuesta del PSOE y uno propuesto por IU) no pudieron aprobar un anteproyecto de presupuestos a tiempo.

Como solución al bloqueo en este órgano, el Gobierno propuso la dimisión en bloque de todos los consejeros, propuesta que fue rechazada por PSOE e IU, que pretendían sólo la destitución del presidente, como finalmente sucedió. No obstante, Muñoz sigue siendo vocal, a propuesta del PP

C. MADRID. EL TIEMPO DE ESPERA PARA CONSULTA MÉDICA OSCILA ENTRE 32 DÍAS Y CASI AÑO Y MEDIO  UN DOCUMENTO DE SANIDAD CIFRA EN 246.306 LOS PACIENTES PENDIENTES DE SER ATENDIDOS

Un documento interno de la Consejería de Sanidad y Consumo titulado Sistema de Información de Atención Especializada (SIAE) correspondiente a los meses de enero a julio de 2004 cifra la espera máxima de las consultas externas en un año y medio (509 días). Esto quiere decir que de los 246.306 pacientes que existen para consultas externas el que más ha tardado en ser atendido tuvo que esperar este tiempo. En ese documento, la Consejería de Sanidad ofrece una media de tiempo que, según sus investigaciones, ha esperado la mayoría de los pacientes: 32 días.

Fuentes de la Consejería de Sanidad y Consumo han asegurado que "los datos que se ofrecen sobre listas de espera diagnóstica en toda España se elaboran teniendo en cuenta la demora prospectiva o media según un decreto dictado por el Ministerio de Sanidad y Consumo".

El diputado socialista Eduardo Sánchez Gatell, afirma que la denominada demora prospectiva "es una previsión que hace la consejería, pero no son datos reales". Gatell ha realizado, siguiendo los datos contenidos en este documento, una comparación entre el mismo periodo de 2003 por áreas diferenciadas del que se extraen los siguientes resultados. En el área médica -siempre hablando de consultas externas- la demora máxima es de 464 días, lo que supone un incremento del 33% respecto a 2003.

En el área quirúrgica es de 509 días; es decir, un 45% más que el año pasado. 499 días fue la espera máxima en el área pediátrica, un 188% más que en 2003; mientras que en el área obstétrica, son 95 días, un 144% más. "Es cierto que los datos sobre esperas máximas pueden afectar a un porcentaje mayor o menor de pacientes pero nosotros tenemos el convencimiento de que es más alto que bajo", agregó. Sánchez Gatell, también ha realizado un estudio pormenorizado de otro documento de la Consejería de Sanidad, el informe de Listas de Espera de Consultas Externas y Pruebas y Técnicas Diagnosticas (LECYT). Los datos absolutos que contenía este documento ya los publicó El PAÍS (12 de noviembre de 2004).

El parlamentario socialista ha analizado este mismo estudio para descubrir la evolución de la lista de espera diagnóstica de enero a julio de 2004. "El parámetro que estudiamos es la espera media en pacientes activos. Esto describe el tiempo medio de espera para los ciudadanos que, en este momento, están el lista de espera. Es el indicador más claro para evaluar la situación de la lista de espera", asegura el parlamentario.

Según este estudio realizado por el PSOE, entre enero y julio de 2004 el número de días en las listas de espera, tanto para las consultas externas como para pruebas diagnósticas, aumentó considerablemente en todas ellas salvo en la ergometría.

Desde la Consejería de Sanidad aseguran que "esta forma de presentar los datos no es otra cosa que una manipulación política, puesto que en este caso se toman las cifras de otro sistema de medición distinto al que se utiliza para considerar las listas de espera en el resto de España". Además, según estas fuentes, los datos de estas dos listas "son de consumo interno y no sirven para ofrecer la situación real y es muy distinta a como se publica sobre otras comunidades autónomas del resto de la nación. Nuestras cifras nos arrojan el siguiente resultado: el 80% de los pacientes en lista de espera esperan menos de un mes y es el 20% restante el que hace que las demoras prospectivas y demoras máximas se disparen en esos documentos".

Según Sánchez Gatell, en consultas externas el aumento durante el primer semestre del año es de 32 días. Si en enero un paciente tenía que esperar 55 días, en julio aumentó hasta 87. El número de personas en lista de espera para resonancias magnéticas era de 6.561: en enero tenían que esperar 93 días, mientras que en julio aumentó hasta 114 días.

Gatell pone de manifiesto que "a estas esperas medias hay que añadir el tiempo de la primera visita al especialista para calcular el tiempo transcurrido entre el momento en que el usuario acude a la atención primaria y el momento en que se le realiza la prueba. Es decir, añadiendo a la media por prueba el tiempo medio de la primera visita al especialista". Y continúa: "Además, habría que añadir el tiempo que transcurre hasta que se le dan los resultados y se le pone en tratamiento, pero no disponemos, de momento de esos datos, pese a haberlos pedido por conducto reglamentario en la Asamblea de Madrid". Se queja Gatell de indefensión puesto que las respuestas del Gobierno por escrito a sus preguntas parlamentarias "obvian datos fundamentales sistemáticamente".

Siguiendo estos parámetros el parlamentario socialista ha realizado una comparativa de itinerario entre atención primaria y la realización de la prueba entre enero y julio de 2004. Así, por ejemplo, en las resonancias magnéticas en enero era de 4 meses y 28 días mientras que en julio ascendía a 6 meses y 21 días. En la tomografía computerizada (TAC) pasa de 3 meses y 15 días en enero a 5 meses y 11 días en julio.

Según el SIAE las especialidades en las que más pacientes se encontraban en lista de espera son Dermatología, con 30.781 pacientes; Neurología, con 10.940; Rehabilitación, en el que hay 9.056 pacientes. Según Sánchez Gatell, de los dos documentos de la Consejería de Sanidad se desprende "un significativo aumento de más de un mes de espera media en las primeras visitas a un especialista".

Este incremento es el más preocupante para el parlamentario socialista, "puesto que todos los usuarios con patologías importantes deben, necesariamente, pasar por la visita a un especialista. Esto significa un incremento de un mes en el itinerario sanitario de cualquier paciente, incluidos los que más adelante van a ser intervenidos quirúrgicamente", concluye.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado en el último número de su revista correspondiente a los meses de octubre y noviembre los datos de su propia encuesta en la que recibieron 15.964 respuestas. Según la OCU en Madrid, el tiempo medio de espera par la primera consulta con el especialista supera los 60 días y para realizar las pruebas diagnósticas una media de más de 80 días.

La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, prometió que dimitiría en el caso de que en noviembre de 2005 hubiera alguna persona que estuviese esperando más de un mes a ser intervenida quirúrgicamente. Más tarde matizó que esa promesa afectaba sólo a los madrileños y manifestó que en Madrid se practicaba demasiado el turismo sanitario.

La Consejería de Sanidad, un año antes de que se cumpla el plazo dado por Aguirre, ha lanzado una agresiva campaña de publicidad en la que asegura que en la Comunidad de Madrid se realizan al menos 1.000 intervenciones quirúrgicas al día. "Así se cumple un compromiso", reza la campaña.

El diputado socialista Eduardo Sánchez Gatell asegura que, según los datos de los que dispone el PSOE, en el último mes la lista de espera quirúrgica "ha aumentado en nueve días". Además, denuncia que "se hacen muchos esfuerzos desde el Gobierno popular en la lista de espera, pero se olvida de la diagnóstica, que para los pacientes es muy importante también. Sobre todo para aquellos pacientes que están a la espera de los resultados de una prueba que puede ser definitiva para su salud y que padecen el estrés que conlleva meses de espera hasta que un médico les dice qué es lo que padecen".

C. MADRID. EL GOBIERNO DE AGUIRRE SE NEGÓ A APORTAR FONDOS DE AYUDA PARA SUDÁN

La Comunidad de Madrid se ha negado a aportar fondos para una campaña de todas las Administraciones Públicas de apoyo a Sudán al considerar que hay otras situaciones de emergencia menos atendidas. Sin embargo, el Gobierno de Esperanza Aguirre acaba de organizar un viaje a la zona, promocionándolo como una iniciativa personal de la propia presidenta por su interés en la crisis que atraviesa el país africano.

La Comunidad de Madrid no aparece en la lista de las diez Comunidades Autónomas que han aportado 3 millones de euros para los refugiados de Sudán. Tras la petición del Gobierno Central para recaudar fondos para esta región africana, el gobierno de Aguirre se pone en contacto por carta con Asuntos Exteriores para comunicar que no iba a aportar fondos al considerar que "nuestros esfuerzos deben ir dirigidos a paliar otras emergencias quizás menos atendidas".

La Comunidad se niega al envío de ayuda a Sudán, pero poco después, el 6 de diciembre, organiza un viaje a la zona asegurando que responde al interés personal de Esperanza Aguirre por la crisis.

Pero el interés se queda en eso, porque otras Comunidades, como Andalucía, Valencia, País Vasco o Asturias, sí respondieron a la petición de ayuda del Gobierno, aportando una cifra total de 3 millones de euros para paliar, lo que Naciones Unidas, denominó la peor catástrofe humanitaria de este siglo.

C. VALENCIANA. DESESTIMADA LA DENUNCIA DE FABRA CONTRA LA CADENA SER FABRA ESTÁ ACTUALMENTE IMPUTADO POR PRESUNTOS DELITOS DE PREVARICACIÓN, COHECHO, MALVERSACIÓN Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS

El juzgado de primera instancia número 1 de Castellón ha desestimado la demanda interpuesta por el líder del PP en Castellón, Carlos Fabra, contra la Cadena SER y el Grupo PRISA al considerar que ninguna de las informaciones emitidas en el último año por esta cadena de emisoras atenta contra el derecho al honor y la intimidad personal del político popular. La sentencia obliga a Fabra a pagar las costas del proceso.

La jueza estima en su razonamiento jurídico que, en este caso, prevalecen dos derechos fundamentales como son la libertad de expresión y de información, "esenciales para asegurar el pluralismo político que precisa el estado social y democrático de derecho".

"No se puede olvidar -añade- el interés público suscitado por las noticias en relación a Carlos Fabra, tanto a nivel local como nacional".

La ser informó, en exclusiva hace ahora un año, de las gestiones realizadas por Fabra aprovechando su posición política ante distintas administraciones, para obtener con ello beneficios para sus empresas familiares.

A esta primera información se han sumada muchas otras, publicadas también por otros medios de comunicación, que evidencian el estrecho vínculo entre los negocios privados y la actividad pública de Carlos Fabra.

Carlos Fabra está actualmente imputado por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, malversación y tráfico de influencias. El proceso, al que se ha sumado la fiscalía anticorrupción, está todavía abierto en el juzgado de Nules.

C. VALENCIANA. ZAPLANA EVITA DESMENTIR A VILLALONGA Y ASEGURA QUE YA HIZO LO QUE TENÍA QUE HACER EN EL CONFLICTO LINGÜÍSTICO

El portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, evitó desmentir al ex consejero de Educación Fernando Villalonga y, en referencia a la polémica surgida en torno al valenciano, aseguró que lo que ha "tenido que hacer o decir" lo ha hecho durante sus años de gobierno como presidente de la Generalitat. Fernando Villalonga manifestó esta semana que Zaplana ya había asumido la unidad lingüística del valenciano y el catalán antes de pactar con Jordi Pujol y que así se plasmaba en un documento que redactó él mismo antes de la entrevista celebrada en Reus entre los entonces presidentes autonómicos. Zaplana, que advirtió que no desea intervenir "en debates en los que en estos momentos no debo participar", insistió: "Lo que he tenido que hacer o decir, lo he dicho en el año 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, que no son pocos años".

El portavoz del PP en el Congreso afirmó que "ahí está, con el análisis y el juicio que cada uno quiera hacer, lo que he sido capaz, desde la presidencia de la Generalitat Valenciana, de impulsar, dirigir o propiciar" y agregó: "No tengo absolutamente nada más que decir". En esta línea, Eduardo Zaplana comentó: "Lo único que pido siempre a todo el mundo y he pedido, ya sé que algunos a lo mejor lo consideran mucho pedir, es un mínimo de rigor y de seriedad". Añadió que "cuando se habla de algo, hay que saber de qué se está hablando y qué se está diciendo".

Las declaraciones de Fernando Villalonga también fueron comentadas por el consejero de Relaciones Institucionales y portavoz del Consell, Esteban González Pons, que aseguró que no había visto en lo manifestado por el ex consejero de Cultura ninguna crítica a la actual política del Ejecutivo que preside Francisco Camps. Esteban González Pons que el próximo miércoles presentará a Villalonga como conferenciante -España es Espanya es el título- insistió en que el Consell no había hecho "ninguna valoración lingüística ni filológica" en el tema del valenciano, ya que se trata de una polémica política.

El consejero portavoz, que reconoció que profesa una gran amistad con Villalonga, aseguró que el ex consejero ha dicho lo que pensaba ahora que no ocupa una primera fila de la política y que ha hecho bien. Fernando Villalonga defiende que se reconozca sin tapujos la unidad lingüística del catalán.

C. ANDALUZA. PELAYO AFIRMA ESTAR LEGITIMADA PARA GOBERNAR JEREZ, AUN SIENDO LA TERCERA FUERZA, PORQUE LO DICEN SUS ENCUESTAS

La alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo (PP), descartó presentar su dimisión tras la reciente ruptura del pacto con el PSA. El presidente provincial del PP de Cádiz, Antonio Sanz, aseguró que su partido, que quedó en tercer lugar en las últimas elecciones municipales, está legitimado "desde el punto de vista legal" para conservar el poder en el Consistorio jerezano.

Sanz y Pelayo comparecieron en conferencia de prensa para anunciar que el PP seguirá gobernando en minoría, pese a la ruptura del pacto con Pedro Pacheco. "Aquí se ha actuado conforme a la legislación desde del principio, por lo tanto el PSA no puede hablar de falta de legitimación porque eso es una auténtica insensatez desde el punto de vista legal", argumentó Sanz, quién indicó que su partido dispone de más de una encuesta que viene a demostrar el apoyo de los jerezanos a la gestión llevada a cabo por García Pelayo desde que hace un año y medio fuera nombrada alcaldesa, por lo que la regidora tendría todo el soporte moral para continuar en el cargo actual. Antonio Sanz añadió: "Desde el punto de vista ciudadano, el PP está convencido, y ahí están para nosotros los datos, de que existe una aceptación generalizada mayoritaria a favor del trabajo que está haciendo la alcaldesa de Jerez".

Antonio Sanz anunció que la tarea del PP a partir de ahora en el Ayuntamiento de Jerez será la de buscar "acuerdos puntuales" para sacar adelante temas fundamentales para la ciudad como los presupuestos de 2005 o el Plan de Saneamiento que debe afrontar el municipio para sanear sus maltrechas cuentas. El presidente de los populares de Cádiz lanzó un órdago al PSOE, que, a su juicio, tiene dos opciones: "O bien facilitar acuerdos puntuales con el PP, o bien resucitar a Pacheco directa o indirectamente". En ese sentido, García Pelayo aseguró no tener ningún miedo a gobernar en minoría y pidió al PSOE de Jerez que le preste el mismo apoyo que, según dijo, le están ofreciendo la Junta y el Gobierno central en proyectos puntuales como el Centro Agroalimentario Integrado o el Plan de Excelencia Turística.

Tras prescindir de Pedro Pacheco, García Pelayo no ha querido deshacerse aún del resto de delegados del PSA, aunque, según advirtió, podría destituir también a la edil andalucista y vicepresidenta de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Teresa Vega, quien, según fuentes nacionalistas, estará ocupando el despacho que Pacheco tenía en Urbanismo y cuyo desalojo ordenó el viernes la regidora.

Mientras tanto, PSOE y PSA ya se han cruzado las primeras llamadas telefónicas y, con toda probabilidad, tendrán un primer encuentro oficial a mediados de esta semana.


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