No pasaron ni 24 horas desde la clausura del congreso de la
pretendida reconciliación para que el sector crítico del PP gallego desafiase
las advertencias tácitas del presidente nacional del partido, Mariano Rajoy. El
líder del PP de Ourense, José Luis Baltar, aseguró que no "claudicará" en la
defensa de la "democracia interna y el galleguismo", principios por los que se
negaría a aceptar que el sucesor de Manuel Fraga como candidato a la presidencia
de la Xunta se nombrase "a dedo". Baltar reafirmó su apoyo a las aspiraciones
sucesorias de Xosé Cuiña, a quien Rajoy había excluido el día anterior cuando
citó, en la clausura del congreso regional, los "referentes" del PP gallego. Los
aplausos enfervorizados de más de 1.200 militantes y el 95,3% de apoyos que
recogió la candidatura única encabezada por Manuel Fraga no bastaron para
ocultar la herida que subsiste en el PP gallego tras un congreso, que, según el
presidente de la Xunta, fue un "símbolo de la concordia universal".
La firmeza de las advertencias que Rajoy hizo el pasado
sábado a los críticos, a quienes anticipó que "ejercerá sus responsabilidades" y
no tolerará "derechos de veto", tropezó con la respuesta desafiante del
presidente del PP de Ourense. Aunque Baltar evitó la confrontación directa con
Rajoy, reiteró su apoyo a Cuiña y su defensa de la autonomía del PP gallego. "La
dirección tiene que escuchar al partido en Galicia. Y en caso de división de
opiniones en un tema netamente gallego, debe primar la postura de Galicia",
proclamó Baltar en una entrevista
El dirigente de los críticos se refería al procedimiento por
el que se elegirá, cuando toque, al sucesor de Fraga como candidato a la
presidencia de la Xunta. Ese debate, introducido en los pasillos del congreso
por los dirigentes críticos, enfrenta a los partidarios de Cuiña, que propugnan
la consulta a las bases del PP gallego, con la dirección nacional, que defiende
su facultad de designar a todos los candidatos autonómicos. Aunque Rajoy
aprovechó el congreso para lanzar a Fraga como cabeza de lista en las elecciones
autonómicas previstas para otoño de 2005, la edad del presidente gallego, que
cumple 82 años el mes próximo, genera incertidumbre, como reconocen todos los
sectores del partido, y alimenta el debate.
"Debemos tener un sistema preparado para cuando llegue el
momento", afirmó Baltar. Su propuesta, la convocatoria de un congreso regional
extraordinario, es la que figura en el reglamento del PP gallego aprobado de la
época en que lo dirigía Cuiña, y es contradictorio con los estatutos nacionales
del partido. "El señor Cuiña y yo asumimos el riesgo de perder un congreso, y lo
que pedimos a los demás es que tengan la misma generosidad", argumentó Baltar.
"¿Quién le tiene miedo al congreso? ¿Por qué se lucha por no hacerlo? Le tendrán
miedo los que la única posibilidad que ven es que sean nombrados a dedo",
subrayó.
Baltar, que hace unas semanas amenazó con abandonar el
partido, se mostró confiado en que la paz interna se mantendrá hasta las
elecciones tras comprobar que Fraga "hasta ahora está cumpliendo a rajatabla"
los acuerdos alcanzados con los críticos. El líder del PP de Ourense negó que
entre esos acuerdos figure la próxima sustitución de Xesús Palmou, el secretario
general ratificado en el congreso y respaldado enfáticamente por Rajoy, aunque
admitió que no era su candidato. Fuentes del sector crítico, que piden el
anonimato, sostienen que tal compromiso existe y apuntan como sustituto a Xosé
Crespo, alcalde de Lalín (Pontevedra), el pueblo de Cuiña.
Palmou señaló que el debate sobre el método para suceder a
Fraga es "artificial y está fuera de lugar". "El congreso demostró la unidad de
las bases del partido en torno a Fraga y Rajoy", declaró. "Los militantes han
aclamado a Fraga como candidato y no tiene sentido hablar de un asunto que no
está planteado". Cuando Fraga se retire, explicó el secretario del PP gallego,
las bases tendrán la palabra para elegir a un nuevo presidente del partido. Y la
candidatura a la Xunta se determinará "de acuerdo con el procedimiento que esté
definido en los estatutos en ese momento, que puede ser el actual u otro".
1.3 C.A.
GALICIA. FRAGA Y ACEBES DISCREPAN SOBRE QUIÉN ELEGIRÁ AL CANDIDATO A LA XUNTA DE
GALICIA
El secretario general del Partido Popular, Ángel Acebes, y el
presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, han mostrado diferencias en
torno a la elección del sucesor de éste último. Por un lado, Fraga asegura que,
cuando decida retirarse, el candidato a la Xunta será elegido por un congreso
regional. Acebes, en cambio, ha afirmado que, tal y como establecen los
estatutos del PP, será el Comité Electoral Nacional del partido quien decida.
El presidente gallego ha dicho que "habrá congreso" y que
habrá también, "como es natural", la confirmación por el comité nacional. "Pero
usted comprenderá que lo que proponga un congreso gallego…", dijo Fraga a los
periodistas.
Acebes, por su parte, ha señalado que la organización
regional del partido tiene la capacidad de propuesta, que llegado el momento,
será muy tenida en cuenta, pero que es la dirección nacional quien tiene la
capacidad de decisión.
El cruce de afirmaciones se debe a las demandas que en el
Congreso gallego del pasado fin de semana hicieron el diputado Xosé Cuiña y el
dirigente provincial en Ourense, Xosé Luis Baltar. Ambos pidieron que la
designación del candidato a presidir la Xunta se vote en un congreso
extraordinario. Ante esto, el secretario general del PP ha recordado que los
estatutos establecen "clarísimamente" cual tiene que ser el proceso de
elaboración de las listas y candidaturas para los diferentes puestos.
1.4 C.A.
GALICIA. FRAGA CONTRADICE A LA DIRECCIÓN DEL PP Y RESPALDA LAS OPINIONES DE LOS
CRÍTICOS
A la misma hora en la que Ángel Acebes afirmaba en Madrid que
la dirección nacional del PP se encargará de que se cumplan los estatutos del
partido en la designación del sucesor de Manuel Fraga como candidato a
presidente de la Xunta de Galicia, éste respaldaba en Santiago las reclamaciones
de los críticos, que pretenden que la sucesión sea decidida por los populares en
Galicia. Mientras Acebes defendía que la dirección nacional designe al sucesor
de Fraga, éste apoyaba que sea elegido en un congreso extraordinario. La disputa
sobre el congreso extraordinario para elegir al sucesor de Fraga es,
aparentemente, de futuro, pues críticos y oficialistas mantienen que el
candidato a las próximas elecciones gallegas será otra vez Manuel Fraga.
Los críticos del PP gallego, amonestados públicamente por
Mariano Rajoy durante la clausura del congreso regional del partido, el pasado
sábado, obtuvieron el respaldo del presidente de la Xunta, Manuel Fraga, a una
de sus principales demandas.
En contra de los criterios expresados por la dirección
nacional del PP, Fraga prometió que será la organización regional gallega, en un
congreso extraordinario, la que designará, llegado el momento, a su sucesor como
candidato a la presidencia del Gobierno autónomo. Eso, salvo imprevistos, será
en el futuro, ya que Fraga pretende competir como candidato del PP en las
elecciones gallegas de 2005.
Los dirigentes críticos Xosé Cuiña y José Luis Baltar exigen
ese congreso extraordinario por entender que tendrían más posibilidades de ganar
la batalla sucesoria frente a aspirantes patrocinados por Rajoy.
Aunque los órganos nacionales del partido tienen la potestad
exclusiva de elegir a los candidatos autonómicos, el presidente de la Xunta
insinuó que deberían limitarse a ratificar lo que decidiese la organización
gallega. "Habrá congreso y habrá también, como es natural, la confirmación por
el Comité [Electoral] Nacional", respondió Fraga a los periodistas. "Pero
ustedes comprenderán que lo que proponga un congreso gallego...".
A la misma hora, en Madrid, Ángel Acebes aseguró que la
dirección del PP "ejercerá las responsabilidades que le atribuyen los estatutos,
que fueron aprobados por práctica unanimidad en el último congreso". Acebes
añadió que "esos estatutos dicen claramente cómo se elaboran las listas y cómo
se designa a los candidatos" a presidente de comunidad autónoma. Respecto a las
listas, Rajoy advirtió el sábado que "nadie tiene la propiedad privada ni
derecho de veto" sobre ellas, en referencia a la pretensión de Baltar y Cuiña de
elaborar de forma autónoma sus listas.
Para el incierto futuro del posfraguismo, Acebes admitió que
la dirección nacional "tendrá en cuenta, como hace siempre en todas las
autonomías", las propuestas que vengan del PP gallego. Pero "hay un
procedimiento, y se cumplirá". Ese procedimiento consiste en que el Comité
Electoral Nacional designa, y luego, si el PP gallego quiere, podrá aclamarlo en
un congreso o en cualquier otro cónclave.
En Santiago, Fraga también evitó confirmar públicamente al
secretario general del PP gallego, Xesús Palmou, ratificado en su cargo el
sábado, y a quien Rajoy defendió con vehemencia como el dirigente predilecto de
"la inmensa mayoría de los militantes". A la pregunta de si es cierto, como
sostienen en el sector crítico, que existe un acuerdo para que Palmou,
enfrentado a Cuiña y Baltar, abandone el puesto en unos meses, Fraga dio por
concluidas sus declaraciones: "Ningún comentario. Muy buenos días".
2 AZNAR SE
NEGÓ A RELEVAR AL JEFE DE LA CÚPULA MILITAR POR EL 'CASO YAK' COMO LE PIDIÓ
TRILLO
El ex ministro de Defensa Federico Trillo-Figueroa pidió en
julio de 2003 el relevo del entonces jefe de la cúpula militar, el almirante
general Antonio Moreno Barberá, por el accidente del Yakov-lev-42, pero el
presidente del Gobierno, José María Aznar, se negó en redondo a la propuesta.
La proximidad del despliegue de las tropas españolas en Irak,
que se produjo en agosto de ese año, y la contradicción entre esa medida y el
discurso público de que se había tratado de un accidente fortuito del que no se
derivaba ninguna responsabilidad llevaron al presidente a rechazar la petición
de su ministro.
El propio Trillo-Figueroa aludió crípticamente a este hecho
durante su intervención en el pleno del Congreso de los Diputados del pasado
jueves. "Yo hice lo que debía hacer, lo que era mi responsabilidad, cuando otra
responsabilidad no fue aceptada", dijo, en alusión al cese del jefe del Estado
Mayor de la Defensa, que corresponde legalmente al presidente del Gobierno.
Fue en esas fechas, en el número correspondiente a julio y
agosto de 2003, cuando la Revista Española de Defensa, órgano oficial del
Ministerio, publicó un editorial sobre el Yak-42 que, uniendo la primera palabra
de cada párrafo, decía: "El responsable definitivo es el EMAD [Estado Mayor de
la Defensa]",
Tras denegársele el cese de Moreno Barberá, el entonces
ministro de Defensa cerró filas y descartó cualquier depuración. Al contrario,
el Gobierno del PP ascendió a teniente general a Juan Luis Ibarreta, jefe del
Estado Mayor Conjunto, que fue nombrado segundo jefe del Ejército del Aire.
Su ascenso no fue, sin embargo, polémico. Sí lo fue, en
cambio, el ascenso a teniente general de José Antonio Beltrán, jefe de la
comisión enviada a Turquía para identificar y repatriar los cadáveres. Beltrán
pertenece a la Escala de Tierra del Ejército del Aire, donde nadie llega a
teniente general sin ser piloto.
Trillo-Figueroa le ofreció un puesto de nueva creación, el de
representante militar en la organización para la democratización de las Fuerzas
Armadas, con sede en Ginebra (Suiza) y un sueldo de 23.600 euros mensuales, sin
parangón en Defensa.
Por su parte, el general Vicente Navarro, que le acompañó a
Turquía como responsable del equipo forense, fue condecorado. Menos suerte
tuvieron otros militares críticos con la gestión del accidente. El general
Antonio Pérez Alamán, jefe de la División Mecanizada Brunete, la principal
unidad del Ejército de Tierra, estuvo a punto de no ascender por haber declarado
públicamente, en diciembre de 2003, que "Defensa actuó con lejanía en el caso
del Yakovlev, hiriendo muchos sentimientos". Su ascenso a teniente general se
produjo el pasado 14 de mayo, ya con el Gobierno socialista.
3
C.A.ISLAS BALEARES. UN EMPRESARIO QUE GESTIONA EL 112 EN BALEARES ACUSA DE
CORRUPCIÓN AL CONSEJERO DE INTERIOR
"Es un atropello". El empresario Amando García, socio
mayoritario y gerente de la compañía adjudicataria del 112, el servicio público
de emergencias de Baleares, ha acusado al consejero de Interior del Gobierno
balear, José María Rodríguez, secretario general del PP regional, de supuestas
prácticas corruptas por reclamarle 600.000 euros. La presunta dádiva era para
poder continuar detentando la concesión, vigente hasta 2010 y prorrogable hasta
2026.
La fiscalía archivó la denuncia de García por el caso, porque
de su versión -sin testigos ni grabaciones- "no se deducen motivos suficientes".
El consejero Rodríguez interpuso una querella por calumnias contra el
concesionario "para vindicar mi honorabilidad y rechazar la incriminación", que
atribuye a "una maniobra para dilatar el rescate de la adjudicación para su
gestión pública".
Amando García, que con su firma Idus de Comunicación diseñó
en 1994 el pionero 112, reiteró su acusación. "En su despacho, el consejero, el
8 de setiembre, me pidió que le pagase 600.000 euros para poder seguir con el
112. Detalló que eran para él, personalmente, como amigo, no para el PP o el
Gobierno. Lo denuncio por convicciones y para que sirva de revulsivo y otros
digan ¡basta! Sé que soy David contra Goliat".
Según García, Rodríguez, con la dádiva, "se encargaría de
hacer abandonar al socio que pleitea con nosotros [Gabriel Sampol]". "Otra
opción era que regalase la concesión a Sampol, por un precio absurdo o que
renunciase sin más. Si no aceptaba, resolvería la rescisión unilateralmente
manipulando los informes. Rompió el papel donde escribió estas alternativas y me
dio cinco días para contestar. No le llamé y avisé al director de Emergencias,
Juan Pol, y le dije que su consejero me pedía dinero".
García dice que no registró el diálogo "porque por principios
y moral no voy con grabadora y jamás pensé vivir este episodio". Niega
intencionalidad política. Hace 20 años fue consejero de Castilla-La Mancha por
el PSOE con José Bono, y el ex senador socialista Fernando Novo es su aliado
empresarial. Con Idus diseñó operativos y fue concesionario con el Gobierno
vasco, la Comunidad Valenciana y la Junta de Andalucía.
"Hay mucho miedo entre empresarios. Si pagas no puedes
hablar, vendes el alma al demonio y pierdes la libertad. Con sobornos las
empresas no tienen futuro", afirma García, que se cree víctima de "un círculo de
coacción y presiones, una pinza entre el consejero y las demandas del socio, con
dilación en pago de facturas y bloqueo del desarrollo del 112".
La facturación del 112 es de tres millones de euros anuales y
alcanzaría los 18 con la apertura de servicios. "Atendemos 1,2 millones de
llamadas. La adjudicación y el contrato son sobresalientes para el Síndico de
Cuentas, con parámetros excelentes". Y concluye: "No puedes tener un muerto en
el armario".
4 TRILLO
FUE ADVERTIDO "CASI CON TODA SEGURIDAD" DEL "ALTO RIESGO" DE VOLAR EN APARATOS
EX SOVIÉTICOS
El informe del servicio secreto del Ejército de Tierra que
advertía, casi un mes antes del accidente del Yak-42, de que se estaban
"corriendo altos riesgos al transportar personal en aviones de carga de la
antigua URSS" fue elevado con anterioridad al siniestro al Estado Mayor de la
Defensa y "casi con toda seguridad" al entonces ministro Federico
Trillo-Figueroa. Así lo concluye la indagación que el actual ministro de
Defensa, José Bono, encargó al jefe del Estado Mayor de la Defensa, general de
Ejército Félix Sanz Roldán, sobre la existencia y destinatarios de este
documento secreto. EL PAÍS publicó el pasado 28 de junio un amplio extracto del
informe que el Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra (CISET)
elaboró en abril de 2003, tras una visita de inspección al contingente español
en Afganistán, el mismo al que pertenecían la mayoría de los 62 militares que
murieron el 26 de mayo de aquel año en Trabzon (Turquía) cuando volvían a
España.
El documento, clasificado como reservado según la Ley de
Secretos Oficiales, incluía en sus conclusiones una severa advertencia: "Se
están corriendo altos riesgos al transportar personal en aviones de carga de la
antigua URSS. Su mantenimiento es como mínimo muy dudoso".
Por ello, recomendaba: "En la medida de lo posible, se
debería realizar (el transporte de personal al teatro de operaciones) con
aviones de pasajeros contratados (chárter) o por líneas regulares que
proporcionan el servicio según la cantidad de personal".
A raíz de esta noticia, el ministro José Bono encargó al jefe
del Estado Mayor de la Defensa una indagación. Su resultado se refleja en una
nota informativa, fechada el 30 de junio de este año, que se reproduce en esta
página (documento de la izquierda).
El general Sanz, según la nota, "mantuvo una conversación con
el anterior jefe del Estado Mayor del Ejército GE [General de Ejército] Luis
Alejandre Sintes, en presencia del JEME [Jefe del Estado Mayor del Ejército]
actual GE José Antonio García González". "Ambos ratificaron", explica, "la
existencia del citado informe". Pero "la cuestión verdaderamente importante",
agrega, "era determinar si ese informe había sido posteriormente elevado a la
Superioridad y en qué fecha, si anterior o posterior al 26 de mayo, fecha del
accidente".
"Ambos Generales afirmaron que había sido cursado, en fechas
próximas a su elaboración (28 de abril de 2003), al Estado Mayor de la Defensa y
que 'casi con toda seguridad' se había cursado al Sr. Ministro", concluye la
nota.
La existencia de este informe el pasado 18 de febrero. Ese
día, Defensa difundió una nota de desmentido en la que aseguraba que "ni el
Estado Mayor de la Defensa, ni el Estado Mayor Conjunto han tenido ningún otro
informe que aquellos que trasladó por completo el ministro de Defensa al
Congreso".
El secretario general de Política de Defensa, Javier
Jiménez-Ugarte, calificó de "inexistente" dicho informe en una carta a las
familias de las víctimas y atribuyó la noticia al "periodo electoral".
Finalmente, Defensa reconoció su existencia y alegó que coincidía con un "parte
de incidencia" enviado al Congreso. Dicho parte no incluía las advertencias
sobre el riesgo de los vuelos.
5 C.A.
VALENCIANA. UNAS DECLARACIONES DE ORTUÑO EN LAS QUE DICE QUE RIPOLL SE EMBRIAGA
AGRAVAN LA CRISIS DEL PP
La crisis del PP en vísperas del congreso regional alcanzó su
punto máximo cuando se conocieron unas declaraciones de Manuel Ortuño,
subdelegado del Consell en Alicante, en las que calificaba de borracho a José
Joaquín Ripoll, quien había acusado a aquél de manipular los listados de
afiliación. 61 alcaldes de la provincia de Alicante y el consejero Miguel
Peralta pidieron la dimisión de Ortuño. El vicepresidente, Víctor Campos, exigió
una rectificación. Las disputas dialécticas entre el sector zaplanista y
campista en Alicante alcanzaron su máxima tensión en el cuerpo a cuerpo que
mantienen José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación y secretario general
del PP en la Comunidad Valenciana, y Manuel Ortuño, subdelegado del Consell en
Alicante. El primero acusó no hace poco al segundo de manipular los listados de
los afiliados y Ortuño contestó de la siguiente guisa: "Ahora comprendo el
motivo de que le llamen Ripoll el Farruquito. Seguro que cuando dijo eso
[la manipulación de los censos] estaba embriagado, como ya ocurrió en los
pasillos del congreso nacional o cuando insultó al presidente Camps en las
Hogueras".
La reacción a estas palabras fue inmediata; 61 alcaldes del
PP de la provincia de Alicante firmaron un manifiesto en el que solicitan la
destitución "inmediata" de Ortuño como subdelegado del Consell por sus
"reiterados ataques" a José Joaquín Ripoll. Estos alcaldes consideran que se ha
insultado de manera "gravísima" al presidente de la Diputación alicantina y
exigen "desterrar del ámbito" de las "instituciones públicas actitudes y
comportamientos insultantes".
Los dirigentes municipales consideran "inaceptable, desde
cualquier punto de vista, las mencionadas declaraciones realizadas por parte de
un señor que representa al Consell de la Generalitat en una parte fundamental de
la provincia de Alicante". Los alcaldes opinan que los ataques de Ortuño a
Ripoll son extensibles "a todos los municipios" por ellos representados, al
sentirse "perjudicados por los mencionados intentos de desprestigiar a la
corporación provincial alicantina" de la que forman parte.
Los alcaldes no estuvieron solos en su petición de dimisión.
El consejero de Justicia y Administraciones Públicas y secretario provincial del
PP en Alicante, Miguel Peralta, también pidió la destitución "inmediata" de
Ortuño "por los insultos reiterados a miembros del Gobierno y al presidente de
la Diputación".
El consejero indicó: "Es absolutamente vergonzoso para el PP,
para el Gobierno y estoy convencido que también para el presidente, Francisco
Camps, que una persona como Manuel Ortuño ocupe un cargo en la administración
pública valenciana".
Miguel Peralta señaló que Ortuño es una persona que a lo
largo de su historia política, "que viene desde lo más antiguo de Alianza
Popular", "se ha metido y ha hablado mal de Fraga, de Aznar, de Zaplana, de
Rajoy, y en privado, incluso del propio presidente Camps". Por lo tanto,
incidió: "Quiero que sea cesado inmediatamente". Algo que, según dijo, también
comparte la consejera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, con quien Peralta
dijo haber hablado del tema.
El secretario provincial del PP en Alicante indicó que en el
último mes han asistido "a una serie de declaraciones por parte de Manuel
Ortuño" en las cuáles a él "personalmente" le ha acusado "de falsificar censos,
fichas", y "también de falta de ética política". Peralta dijo que ha callado y
"aguantado" hasta la fecha, pero que los últimos ataques a Ripoll, con
acusaciones de embriaguez, "han colmado el vaso". Se trata, dijo, de unas
declaraciones "vergonzosas", ante las que tiene que contestar "por dignidad
personal y política".
Las repercusiones de las declaraciones de Ortuño llegaron a
lo más alto del Consell. Su vicepresidente, Víctor Campos, solicitó a Ortuño una
rectificación pública "clara y contundente". Campos aseguró haber hablado con
Ortuño, quien le habría asegurado "que lo va a hacer [la rectificación] y que en
ningún momento pretendía molestarle ni agraviarle desde el punto de vista
personal". "Ha reconocido que ha cometido un exceso verbal sin ánimo de
herirle", añadió.
Además también se supo que un afiliado del PP, Manuel Vicente
Pérez, había presentado una denuncia contra Ortuño por los presuntos delitos de
estafa y apropiación indebida en el Juzgado de Instrucción número 3 contra
Ortuño. Vicente afirma que Ortuño le estuvo "cobrando las cuotas de afiliación
al PP durante los años 1995 y 1996 sin que estuviera afiliado". También le acusa
de que "supuestamente" le ha estado cobrando la afiliación una vez que dejó el
cargo de presidente local, "esto es desde marzo de 2003 hasta la actualidad". En
la denuncia, Vicente indica que él hizo la solicitud de afiliación en el partido
sobre 1994, pero que la fecha de afiliación es del 31 de enero de 1997. Sin
embargo, afirma que le cargaron en la cuenta las cuotas correspondientes a 1995,
1996 y parte de 1997, y que "la cuenta de la que venía el cargo se supone que
pertenece a una cuenta privada de Manuel Ortuño".
6 EL PP
PROPONE PONER A UN CENTRO CÍVICO EL NOMBRE DEL EX ALCALDE QUE ACOSÓ A NEVENKA
El centro cívico del pueblo de Dehesas, perteneciente al
Ayuntamiento de Ponferrada (León), puede llevar en breve el nombre de Ismael
Álvarez, ex alcalde de la ciudad, del PP, condenado por el Tribunal Supremo por
acoso sexual a su concejal de Hacienda, Nevenka Fernández. Así lo acordó el PP,
con mayoría en el consistorio, y que votó a favor de esta propuesta en una
comisión de Educación y Cultura, en contra de la opinión de los cuatro ediles
del PSOE, que conminaron a los populares a que "reflexionaran" y "rectificaran".
"Una persona condenada por el Supremo por acoso sexual no puede ser un referente
para la gente joven, es indignante e incomprensible", dijo Ángela Marqués,
portavoz socialista.
Para Marqués, el acuerdo hace apología del acoso sexual. "Lo
consideramos no un error político sino una provocación a todos los ciudadanos.
Estamos consiguiendo una sensibilización importante contra los delitos
violentos, contra las mujeres y ahora surge esto".
Julio Martínez, presidente de la junta vecinal de Dehesas, de
quien partió la propuesta, concejal del PP de Ponferrada y vecino de Ismael
Álvarez, ya que ambos han nacido en el mismo pueblo, señaló: "Todo el pueblo de
Dehesas sabemos que es inocente", en referencia al ex alcalde, "y sabemos cómo
se hizo esto".
La secretaria de Igualdad del PSOE, Maribel Montaño, exigió
al presidente del PP, Mariano Rajoy, que impida a los ediles de su partido que
pongan el nombre de Álvarez al centro cívico. Montaño señaló que "observa con
preocupación la permisividad que muestra el PP ante actitudes machistas y
atentatorias contra las mujeres".
El citado acuerdo se llevará al próximo pleno municipal. La
mayoría de los ediles del PP de Ponferrada, incluido el alcalde actual, Carlos
López, pertenecen al equipo de gobierno que hizo en su día Ismael Álvarez. La
supuesta inocencia del ex alcalde fue apoyada por Ana Botella, esposa de José
María Aznar, antes de ser condenado por el Supremo.
7 C.A.
ANDALUCÍA. ARENAS FICHA COMO HOMBRE FUERTE EN ECONOMÍA AL EX CAJERO BENEROSO,
EXPULSADO DEL PSOE
El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, dio un golpe de
efecto dos días antes del XI Congreso regional de su partido. Arenas ha
encargado a Isidoro Beneroso, ex presidente de El Monte, la dirección del
consejo asesor de Economía con el que el PP contará a partir del próximo
domingo, una vez finalizado el cónclave. Este consejo asesor, al igual que el de
I+D, dependerá directamente del presidente regional del PP, lo que revela la
apuesta política que Arenas hace por la controvertida figura de Beneroso, que
fue expulsado del PSOE tras el pulso que mantuvo con la Junta de Andalucía entre
1999 y 2001. Desde hace unos días se conocía que Arenas iba a nombrar a un
independiente como responsable del área económica del PP, algo que también
ocurrirá con el consejo asesor de I+D. Las quinielas fueron tan distintas como
erradas. El fichaje de Beneroso es una decisión personal de Javier Arenas, que
no ha comunicado ni a su entorno más cercano en quién estaba pensando hasta hace
unas horas. La discreción ha sido tan absoluta que, según fuentes del PP, sólo
lo sabían Arenas y el propio Beneroso. "Es la primera vez que Arenas no cuenta
nada a nadie", afirmó un dirigente popular.
Arenas llamó hace aproximadamente un mes a Beneroso para
decirle que quería hablar con él. En esa llamada telefónica, según fuentes del
PP, Arenas no reveló sus planes. La reunión se produjo poco después y en ella
Arenas propuso a Beneroso incorporarse al consejo asesor del PP para "articular
una política económica de centro". Beneroso no dio una respuesta definitiva a
Arenas en esa reunión y esperó algún día para dar el sí. Desde entonces Arenas
sabía que contaba con Beneroso para dirigir el área económica, pero en ningún
momento ha soltado prenda sobre sus planes.
El fichaje de Beneroso es probablemente la decisión más
arriesgada que toma Arenas desde su regreso al PP andaluz. "Es una buena
operación", defendió un dirigente popular, que restó importancia a la
posibilidad de que el fichaje cause ampollas dentro de la organización por el
hecho de que se encargue el área económica a alguien que no está afiliado al PP.
Beneroso y Juan Manuel López Benjumea, ex presidente de Caja
San Fernando, fueron expulsados del PSOE en diciembre de 2002 después de que
mantuvieran una virulenta batalla con la Junta de Andalucía desde 1999 a 2001,
año en el que tuvieron que dejar la presidencia de sus respectivas entidades.
Beneroso y López Benjumea, espoleados por el PP, que vio una
ocasión de erosionar al Gobierno de Manuel Chaves, intentaron fusionar El Monte
y San Fernando haciendo un regate a la Ley de Cajas de Ahorros andaluza. El
Gobierno andaluz entendía que la fusión de las dos cajas sevillanas sólo podía
hacerse después de la renovación de los órganos de gobierno, un proceso al que
no se querían someter ni Beneroso ni López Benjumea.
Finalmente, el PSOE sofocó la rebelión de los dos
presidentes, que dejaron las cajas en diciembre de 2001, y después los expulsó
del partido. Desde entonces, ambos se han dedicado a sus actividades privadas.
Los socialistas no se mostraron sorprendidos por la noticia,
por cuanto este partido siempre ha mantenido que Beneroso y López Benjumea
fueron copartícipes de la estrategia de "acoso y derribo" contra Chaves, cuando
ambos presidían las cajas sevillanas. "Supone el pago de los servicios prestados
por montar la guerra de las cajas, lo que demuestra que fue una batalla política
y una estrategia coordinada del PP" con los ex cajeros, afirmó el secretario de
Organización del PSOE, Luis Pizarro. Este dirigente calificó de "fichaje a la
desesperada" el de Beneroso, que "evidencia que el PP está faltito de banquillo"
y presenta "síntomas de desconcierto y de falta de rumbo" desde las elecciones
del 14-M.
