Partes de Guerra centristas
Semana del 25 al 31 de Enero 2003
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SOBRE EL BUQUE FANTASMA PRESTIGE, ACUÉRDATE DE VISITAR EL ESPECIAL
1. LA DELINCUENCIA NO CENTRISTA EN LAS CIUDADES SUBIÓ UN 5,46%, CON 1.421.000 DELITOS EN 2002
2. PRISIONES TRASLADÓ A MÁS DE 18.000 PRESOS POR LA SATURACIÓN DE CÁRCELES
4. LOS INGRESOS POR TURISMO CAYERON EN 2002 POR PRIMERA VEZ DESDE 1990
5. LOS PRECIOS INDUSTRIALES SE ACELERAN HASTA EL 2% POR LA ENERGÍA
6. LA GASOLINA SUBIÓ UN 0,6% , FRENTE A UNA BAJADA DEL 1,4% EN LA UE
7. EL 'AGUJERO' PATRIMONIAL EN LA EMPRESA PÚBLICA SUMA 4.387 MILLONES
8. LOS AUTÓNOMOS CREEN QUE 50.000 COMERCIOS CERRARÁN POR LA LIBERTAD DE HORARIOS
9. LA SEPI IMPIDE AL ZAPATISTA DE ZAPATERO VISITAR LOS ASTILLEROS PÚBLICOS DE FERROL
10. EL PRESIDENTE DESAFECTO DEL CSIC DEJA EL CARGO POR DISCREPAR CON CIENCIA Y TECNOLOGÍA
11. SE VEÍA VENIR: ADMITIDA LA DEMANDA CONTRA RACIONERO POR PLAGIO DE TÍTULO
12. RENFE ESTRENARÁ EL AVE MADRID-LLEIDA SIN LOS TRENES PREVISTOS Y CON ESTACIONES EN OBRAS
15. VOCALES AFINES AL PARTIDO IMPIDEN UN EXPEDIENTE A UN JUEZ AMIGO POR ACOSO
16. RUIZ-GALLARDÓN NI SE INCLUYE NI SE DESCARTA DE LA CARRERA POR LA SUCESIÓN DE S.E
17. BLAS PIÑAR PRESENTA ANTE 3.000 PERSONAS SU FRENTE ESPAÑOL
20. COMUNIDAD VALENCIANA: PROTESTA CONTRA "LA PRIVATIZACIÓN SANITARIA" DEL PARTIDO
22. COMUNIDAD VALENCIANA: PUGNILLA EN ORIHUELA POR LA ELECCIÓN DEL ALCALDABLE
1. LA DELINCUENCIA NO CENTRISTA EN LAS CIUDADES SUBIÓ UN 5,46%, CON 1.421.000 DELITOS EN 2002
A pesar de los telediarios amigos, el plan del Gobierno de SE para frenar la inseguridad ciudadana en España no logra resultados positivos a tenor de las estadísticas de la Dirección General de la Policía del año pasado. La criminalidad en las poblaciones de más de 50.000 habitantes (las que vigila el Cuerpo Nacional de Policía) subió durante 2002 casi un 5,5%, con 1.421.600 denuncias conocidas por infracciones penales (delitos más faltas) frente a las 1.347.800 del año anterior, según las cifras del último balance oficial de la policía. En esa subida destacan comunidades autónomas como Baleares, donde el incremento rozó el 45%.
Las oficinas de denuncias de las comisarías del Cuerpo Nacional de Policía recibieron en los últimos 12 meses 1.421.600 denuncias, lo que supone un 5,5% de aumento con respecto a las 1.347.800 infracciones presentadas en 2001. Los meses de abril, con una subida del 11,74%, y enero y febrero, con más de un 8% cada uno, son los que más trabajo dieron a los policías. Los comentarios al llamado Resumen Estadístico de la Criminalidad recogen que el número de delitos subió a nivel nacional un 1,20%, ya que se registraron 8.174 denuncias más por este tipo penal. Las faltas (castigadas con penas leves) son las que más aumentaron, con un 9,84%: en 2002 se denunciaron 65.637 faltas más.
El número de detenidos también se incrementó el año pasado en un 2,32%: pasaron de 149.288 en 2001 a 152.756. Los agentes de policía nacional lograron esclarecer el 22,72% de las denuncias recibidas, según los datos del resumen estadístico.
La mayor subida del año la contabilizó la Jefatura Superior de Policía de Baleares, donde los delitos crecieron un 45%. Le siguen a gran distancia otras comunidades autónomas como La Rioja (15,73%), Madrid (11,68%) y Extremadura (11,65%). Por contra, las mayores bajadas las registran, según los datos de la Unidad de Seguimiento y Control Operativo de la Policía, Ceuta y Melilla, con una caída del 9,5%; Canarias (6,76%) y Navarra (4,7%).
Los principales sindicatos policiales criticaron "el espectacular aumento de la criminalidad" registrado en 2002. Según el portavoz de la Unión Federal de Policías (UFP), José Luis Morán, estos datos "sólo demuestran el rotundo fracaso de la política del Ministerio del Interior". "Las palabras del presidente del Gobierno de que iban a barrer los delincuentes de las calles no han servido de nada. La criminalidad sigue aumentando y no tiene visos de parar", añade Morán.
La UFP solicita medidas concretas como el incremento de los efectivos policiales en las calles, incrementar los sueldos de los agentes para incentivarles en su trabajo y mejorar la prevención para evitar la delincuencia.
Un caso especial de estudio es el de Madrid, según los representantes de la Unión Federal de Policía. Esta comunidad registra el 26,5% de las infracciones penales que se cometen en todo el territorio español y tiene una de las plantillas más deficitaria: "Según el catálogo de puestos de trabajo, Madrid se encuentra a un 80% del número de funcionarios que debería tener asignados. El caso es extremo en algunas comisarías, como la de Getafe [al sur de la capital], donde sólo se cubre el 60%". Según Morán, esta falta de policías se deja ver en la eficacia para resolver las denuncias recibidas.
"En comunidades autónomas como Canarias o Navarra, donde están cubiertos todos los puestos de trabajo según el catálogo, se demuestra que baja la delincuencia y que, de producirse, se resuelve casi todo. Por eso tendremos que luchar para que haya más policías en la Comunidad de Madrid, que ha estado descuidada en los últimos años por los distintos ministros del Interior", añade Morán.
En Madrid, el intento de bajar la criminalidad con el llamado Plan Focus (aumento de agentes en las zonas con mayor índice de criminalidad) no ha surtido efecto. La delincuencia en distritos como Puente de Vallecas, Centro o Usera-Villaverde se disparó, a pesar de tener más de 300 policías antidisturbios de otras jefaturas patrullando por sus calles, en especial, por la noche. Tan sólo en el distrito de Tetuán bajaron las denuncias. Sin embargo, los distritos periféricos a éstos que han reforzado su vigilancia sufrieron un fuerte alza en el número de denuncias.
La mayoría de las detenciones efectuadas por estos agentes fueron de inmigrantes que incumplían la Ley de Extranjería, al carecer de papeles, y a los que se les incoaron expedientes de expulsión del país. La falta de plazas en el centro de internamiento de extranjeros imposibilitó su retención hasta ser expulsados, por los que tuvieron que ser puestos en libertad, según reconocieron fuentes policiales de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, al conocer estos datos, mayor dotación a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: "Desde 1996 se han dejado de invertir más de 3.005 millones de euros [500.000 millones de pesetas], lo que se ha notado en la falta de personal y de medios. Además, apuestas como el plan de Policía 2000 han demostrado una falta de descoordinación entre los distintos cuerpos".
"Las reformas legislativas son necesarias. De hecho, nosotros hemos pedido algunas como la prisión por la reincidencia. Pero de ahí a afrontar la inseguridad ciudadana sólo con cambios de leyes es muy insuficiente y demuestra la falta de ideas del Gobierno", añade Sánchez Fornet. Las reformas legislativas incluyen la puesta en marcha de juicios rápidos el próximo 28 de abril.
2. PRISIONES TRASLADÓ A MÁS DE 18.000 PRESOS POR LA SATURACIÓN DE CÁRCELES
Más de 18.000 presos fueron trasladados en 2002 desde las saturadas prisiones de Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid y Canarias a penales de otras regiones con menos ocupación, fundamentalmente de Castilla y León. La saturación, previa a todas las reformas para combatir la delincuencia, se produjo en las cuatro comunidades con más altos índices de criminalidad y es en ellas donde el Gobierno va a construir cuatro nuevos centros y a ampliar otro.
La presión de la criminalidad -especialmente de grupos de delincuencia organizada, de drogas y de tráfico de inmigrantes-, la fuerte densidad demográfica y la condición de comunidades fronterizas han provocado la saturación de los presidios de Madrid, Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana y Cataluña, ésta con Administración penitenciaria propia y que apenas ha modernizado sus centros carcelarios desde que recibió las competencias.
Esas cinco regiones reúnen en sus centros a casi 34.000 reclusos de los casi 52.000 que cumplen condena o esperan juicio entre rejas, según datos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. España soporta en la actualidad la mayor presión penitenciaria de su historia, exceptuado el periodo de la posguerra civil, con casi 52.000 presos en enero, una cifra que estuvo a punto de ser superada pero que disminuyó a finales de año gracias a la bajada estacional en la población reclusa que suele producirse en Navidades, y en verano.
El número de inmigrantes irregulares detenidos tras arribar en pateras a Canarias se ha cuadruplicado en sólo dos años: de 2.410 en 2000 pasó a 9.756 en 2002. En cambio, los llegados a Andalucía en el mismo periodo se redujeron a la mitad: de 12.785 en 2000 a 6.748 en 2002. Fuentes oficiales establecen una relación entre este cambio de ruta y los traslados de extranjeros desde el archipiélago a la Península: durante el año pasado 5.473 africanos fueron "derivados" desde las islas a otras comunidades. Las mismas fuentes calculan entre 20.000 y 25.000 los inmigrantes que llegarán este año a Canarias.
El cálculo para 2003 está basado en la evolución de las cifras de inmigrantes que llegan al archipiélago. La estadística revela que el número se duplica año tras año. En 2000 fueron 2.410. En 2001, 4.112. Y en 2002, 9.756. Siguiendo la misma proporción, este año llegarán entre 20.000 y 25.000.
De los 9.756 que alcanzaron las costas canarias el año pasado, sólo fueron repatriados 4.283, según cifras del Ministerio del Interior. Por diferentes motivos, entre los cuales destaca la negativa de sus países de origen a reconocerlos como ciudadanos, el Gobierno no logró expulsar al resto (5.473), y los trasladó a la Península, donde quedaron en libertad con una orden de expulsión que les impide trabajar. Organizaciones humanitarias y partidos políticos han denunciado repetidamente que estas personas se ven abocadas a la delincuencia para subsistir.
Fuentes del Ministerio del Interior relacionan el aumento de las pateras que llegan a Canarias con la política de traslados a la Península pactada entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario. En virtud de ese acuerdo, los inmigrantes que no pueden ser repatriados en el plazo de 40 días previsto por la ley son "derivados" a otras comunidades.
4. LOS INGRESOS POR TURISMO CAYERON EN 2002 POR PRIMERA VEZ DESDE 1990
El turismo en España arrojó el año pasado mejores cifras de visitantes extranjeros, pero los ingresos se redujeron un 3,5%. Es la primera evolución negativa de los ingresos desde 1990, tras varios años de fuertes crecimientos.
España recibió 51,7 millones de turistas el año pasado, un 3,3% más que en 2001. Sin embargo, los ingresos por turismo, una de las principales actividades económicas del país, descendieron un 3,5% hasta octubre. A falta de los datos de los dos últimos meses, aún no disponibles, los ingresos cerrarán el año previsiblemente con la primera caída desde 1990, cuando descendieron un 2,4%, según datos del Banco de España. Desde entonces se han registrado incrementos todos los años, que en la mayoría de los casos han superado los dos dígitos.
Cataluña consiguió desbancar a Canarias como primer destino turístico de extranjeros. También Baleares perdió un puesto, y pasó del segundo al tercero. El principal país por número de visitantes fue el Reino Unido (un 28%), seguido de Alemania (19,54%).
5. LOS PRECIOS INDUSTRIALES SE ACELERAN HASTA EL 2% POR LA ENERGÍA
El índice de precios industriales (IPRI) aumentó el pasado mes de diciembre un 0,1%, con lo que la tasa de crecimiento interanual (diciembre de 2002 respecto a diciembre de 2001) se situó en el 2%. La aceleración de los precios industriales, la mayor del último año y medio, se debió en buena parte al incremento de los precios del petróleo.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el apartado de Energía sufrió un incremento de precios en diciembre del 0,4% (5,3% en los últimos 12 meses).
En diciembre, los bienes intermedios fueron los responsables de la aceleración global del indicador, con un incremento del 0,2% (2,3% en el conjunto del año), ya que los de consumo, los más relacionados con el IPC, apenas variaron (subieron el 1,9% en el año).
En cuanto a los bienes de equipo, que se encarecieron el 0,1% en diciembre, hasta el 1,5% por ciento en 2002.
6. LA GASOLINA SUBIÓ UN 0,6% , FRENTE A UNA BAJADA DEL 1,4% EN LA UE
La gasolina sin plomo se encareció el pasado año en España 0,50 céntimos de euro (0,6%), frente a un descenso del 1,5 céntimos de media (1,4%) en el resto de la UE, mientras que el precio del gasóleo bajó 0,40 céntimos en España, frente a una rebaja del 1,7 céntimos de media en los 14 miembros restantes de la Unión.
7. EL 'AGUJERO' PATRIMONIAL EN LA EMPRESA PÚBLICA SUMA 4.387 MILLONES
El Tribunal de Cuentas en sus informes elaborados correspondientes a la contabilidad de las empresas públicas en 2000 se detectó en 2000 un desequilibrio patrimonial (diferencia entre patrimonio neto y capital social) de 4.387 millones de euros, a los que sumar otros 1.875 millones de los compromisos de pensiones. Unas irregularidades que afectan a 66 empresas de SEPI y Patrimonio.
8. LOS AUTÓNOMOS CREEN QUE 50.000 COMERCIOS CERRARÁN POR LA LIBERTAD DE HORARIOS
Un total de 51.637 pequeños comercios podrían cerrar y casi cien mil empleos se perderían en los próximos tres años si se aplica una liberalización total de horarios en el comercio, según una estimación realizada por la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA).
El estudio también hace una estimación de las transferencias de ventas hacia las grandes superficies en caso de una liberalización horaria y que sería en el conjunto del país de 16.108 millones de euros. Según explicó el presidente de la Federación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, esta liberalización total supondría "mantener las 90 horas semanales de apertura, pero con la opción de abrir todos los festivos que se estime oportuno".
Por comunidades autónomas, Madrid, Andalucía y Cataluña serían las comunidades en las que potencialmente cerrarían más pequeños comercios, con 10.733, 8.778 y 6.277, respectivamente, casi la mitad del total nacional. Esa estimación extiende el impacto al resto de autonomías: Aragón (1.549), Asturias (1.554), Baleares (1.034), Canarias (1.516), Cantabria (932), Castilla-La Mancha (1.497), Castilla y León (2.799), Extremadura (1.172), Galicia (2.736), Murcia (1.036), Navarra (1.019), País Vasco (3.047), La Rioja (278) y Comunidad Valenciana (5.680).
9. LA SEPI IMPIDE AL ZAPATISTA DE ZAPATERO VISITAR LOS ASTILLEROS PÚBLICOS DE FERROL
El líder sociata un tal José Luis Rodríguez Zapatero, no pudo visitar en Ferrol las instalaciones del astillero público Izar por decisión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que sólo permitió al dirigentillo reunirse con el comité de empresa de la compañía. La SEPI alegó que la intención de Zapatero de conocer la factoría de Ferrol no se le había comunicado con antelación suficiente y que tampoco estaba en España el presidente de Izar para poder acompañarle en la visita.
10. EL PRESIDENTE DESAFECTO DEL CSIC DEJA EL CARGO POR DISCREPAR CON CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Rolf Tarrach, presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el mayor organismo científico de España, dejará próximamente el cargo, al no disponer apenas de libertad de acción para resolver los problemas del organismo que preside y no estar de acuerdo con las decisiones ministeriales. Tarrach planteó al Ministerio de Ciencia y Tecnología hace cuatro meses su reemplazo si no respondía positivamente a problemas como la no homologación de sueldos de los investigadores del CSIC con los de las universidades. Piqué dice que le pidió tiempo.
Tarrach, uno de los escasos altos cargos del sistema español de ciencia y tecnología, admitió que no ha llegado nunca a hablar con el ministro sobre los problemas que planteó en una carta del 21 de octubre dirigida al Secretario de Estado de Política Científica y Tecnológica, Pedro Morenés. Sin embargo, ha sugerido hasta siete nombres al ministerio para sustituirle mientras se alargaba el plazo de respuesta, en parte por la atención requerida por la catástrofe del Prestige. Ahora, espera irse en un plazo mínimo de dos semanas, cuando decida Piqué.
Tarrach situa sus discrepancias con el ministerio en tres niveles. En el nivel más alto o básico está su desencanto con la política científica: "Se me ha hecho muy difícil entender la política científica del Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque mis modelos de política científica son muy distintos de los que plantea éste". En un segundo nivel, la progresiva disminución de la autonomía del CSIC tras su adscripción al Ministerio de Ciencia y Tecnología: "En los últimos años parte de las decisiones que tomaba antes el presidente del CSIC se han empezado a tomar en el ministerio y creo que éste es un camino equivocado conceptualmente, porque lo interesante sería que las instituciones de investigación tuvieran una mayor autonomía que la que tienen. El CSIC debería ser una institución estatal más que gubernamental". Tarrach cree que el futuro del CSIC será muy oscuro si no se emprende una profunda reforma.
En el tercer nivel está la falta de respuesta a problemas como el citado del nivel salarial de los investigadores del CSIC, ya que algunas comunidades autónomas están pagando suplementos de sueldo a los profesores universitarios. El ministro reconoció la existencia de este problema: "Es un tema difícil que hay que abordar, pido un poco de tiempo".
Una muestra del descontento que reina en el CSIC es el comunicado del claustro científico de uno de los institutos, el de Ciencia de Materiales de Madrid, hecho público el pasado miércoles. "La creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología ha agravado todas las carencias anteriormente citadas, originando un laberinto administrativo con altos cargos responsables inactivos, un ministro que parece estar ausente y gestores que no se sabe si están para crear las condiciones favorables a la ciencia o para meramente administrar las telecomunicaciones, hipotecando en gran medida el futuro de España", se puede leer en este comunicado.
11. SE VEÍA VENIR: ADMITIDA LA DEMANDA CONTRA RACIONERO POR PLAGIO DE TÍTULO
La cruzada iniciada por dos historiadores catalanes contra el escritor Luis Racionero, actual director de la Biblioteca Nacional, al que acusaban de plagiar el título de su libro sobre el catarismo, L'últim càtar, continúa por otro rumbo. Tras no poder conseguir el año pasado la retirada cautelar del libro homónimo de Racionero porque la Audiencia de Barcelona la supeditó al pago, por parte de los historiadores, de una fianza de cinco millones de pesetas -cantidad de la que éstos dijeron no disponer-, ahora un juzgado ha admitido a trámite la demanda contra el escritor, que ha interpuesto en solitario uno de los dos estudiosos, Francesc F. Maestra.
Maestra y el coautor de L'últim càtar, Fèlix Villagrasa, anunciaron en abril de 2001 su intención de presentar una demanda por plagio contra Racionero bajo la acusación de haberse apropiado del título de su libro, una entrevista con el especialista en el fenómeno del catarismo Jordi Ventura, ya fallecido. La obra de los historiadores, de hecho una transcripción de una conversación radiofónica sostenida con Ventura, la publicó Oikos-Tau en 1998. El libro de Racionero, una novela, se publicó en 2000 y ganó el Premio Carlemany.
La demanda de Maestra va dirigida contra Racionero y las editoriales Columna y Enciclopèdia Catalana, y pide la retirada del libro y una indemnización "por daños morales y económicos", según dijo el propio historiador. Dicha indemnización, cuantificó, asciende al 20% de los beneficios obtenidos por el libro de Racionero con su "utilización ilícita del título", y 25.000 euros más en concepto de daño moral. Maestra insistió, en todo caso, en que para él lo importante "es que Racionero se siente en el banquillo de los acusados, que ya es hora". Columna, según publicó Diari d'Andorra, ha decidido no reeditar el libro de Racionero y ha renunciado a lanzar la edición de bolsillo del mismo.
Racionero consideró en su momento el pleito por plagio "una estupidez" y opinó que todo el asunto era "ridículo". Para el escritor, la coincidencia del título de un libro, y más aún de un título tan genérico, no es motivo que justifique una acusación de plagio.
12. RENFE ESTRENARÁ EL AVE MADRID-LLEIDA SIN LOS TRENES PREVISTOS Y CON ESTACIONES EN OBRAS
Diciembre de 2002 ha pasado sin que la línea AVE Madrid-Zaragoza-Lleida entrara en servicio, en contra de lo prometido reiteradamente por el Gobierno desde 1999. El ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, anunció en Zaragoza que la línea se pondrá al fin en marcha, "en fase de promoción", "dentro de pocas semanas" con dos trenes AVE, de Alsthom, y 12 trenes Altaria, de Talgo. En la línea se trabaja a destajo para poder estrenarla a principios de marzo, cuando esté disponible una parte de la estación de Zaragoza. De momento no se circulará a más de 200 kilómetros por hora. Madrid-Zaragoza se realizará, sin paradas intermedias, en una hora y 45 minutos; Madrid-Lleida, en dos horas y 40 minutos.
La promesa de inaugurar la línea con trenes convencionales antes de finales de 2002 se ha incumplido sin que el Gobierno ni Fomento hayan explicado suficientemente los motivos. Álvarez-Cascos precisó que no será hasta finales de año cuando Talgo-Bombardier y Siemens comenzarán a suministrar los nuevos trenes de alta velocidad contratados para esta línea. Por tanto, la explotación se iniciará, "dentro de pocas semanas", con dos trenes AVE de Alsthom, "al ser imposible el acuerdo con Deutsche Bahn Gruppe para utilizar ICE-3 de Siemens", y 12 trenes Altaria de Talgo.
La línea no se podrá inaugurar hasta principios de marzo porque hasta entonces no estará operativo al menos uno de los vestíbulos de la estación de Delicias en Zaragoza, donde se trabaja a destajo en tres turnos. Según las constructoras que participan en las obras, ni siquiera están acabados los accesos viales a la nueva estación intermodal (Delicias lleva adosada una estación de autobuses cuya construcción no se ha iniciado), debido al retraso del Ayuntamiento zaragozano en definir el planeamiento urbanístico de la zona.
Todavía el pasado martes el GIF convocaba un concurso para adjudicar el suministro de la red de voz, datos y telefonía de Delicias y daba hasta el 31 de diciembre de 2004 de plazo para su ejecución.
Los siete accidentes registrados en los ferrocarriles en enero, con dos muertos y decenas de heridos, se debieron en su mayor parte al estado de las vías, afectadas por desprendimientos y heladas, según las conclusiones de los técnicos de Renfe. Sólo en un caso, el accidente de un Talgo en Tobarra (Albacete) el 4 de enero, existen indicios de sabotaje. Oficialmente, ni Fomento ni Renfe dan información.
La compañía de ferrocarriles admite que "preocupa" la sucesión de accidentes, dada la repercusión que ha tenido en los medios de comunicación. Pero ahí acaba toda explicación oficial. Renfe remite para cualquier valoración al Ministerio de Fomento, que tampoco ha informado (más allá de las declaraciones a pie de obra del ministro, Francisco Álvarez Cascos). Mientras, desde Talgo, tres de cuyos trenes se han visto implicados en los accidentes de enero, se remite a Renfe y a Fomento para obtener cualquier dato.
Pese al apagón informativo, que durará hasta la comparecencia en el Congreso del presidente de Renfe, Miguel Corsini, prevista para la próxima semana, las investigaciones de los técnicos de Renfe han dado los siguientes resultados sobre cada accidente:
- Ponferrada (León). 3 de enero. Tren Estrella Galicia-Barcelona: Sin heridos. Un desprendimiento de tierras debido a las lluvias afectó a la vía y provocó la salida de un eje de la locomotora del tren. Los viajeros sólo notaron un frenazo violento.
- Tobarra (Albacete). 4 de enero. Descarrila el Talgo Madrid-Murcia-Cartagena: Dos muertos. Todo apunta a un acto vandálico. El caso se encuentra bajo investigación judicial. Una gran piedra, colocada sobre la vía en una zona curva, hizo volar la locomotora del Talgo 20 metros.
- Lorca (Murcia). 8 de enero. Accidente en un paso a nivel: Un tren de cercanías embistió a una furgoneta en un paso a nivel sin barreras. Nueve heridos. En el mismo punto, en 2001, otro tren arrolló otro vehículo y mató a 12 personas.
- Santas Martas (León). 16 de enero. Descarrila el Talgo Gijón-Alicante: Ocho heridos leves. El accidente se debió a la acumulación en las vías de balasto (piedras que se colocan entre las vías y las traviesas), lo que hizo patinar al tren que prestaba el servicio.
- Pitis (Madrid). 15 de enero. Accidente de un mercancías en la estación : Sin consecuencias. Un eje se salió del tren.
- Canfranc (Huesca). 18 de enero. Descarrila un tren regional: Sin heridos. El accidente se debió al mal estado de la vía, posiblemente afectada por las heladas. En el momento del accidente sólo viajaban en el tren dos personas.
- Pancorbo (Burgos). 25 de enero. Descarrila otro Talgo : Un herido de consideración después de que el tren golpeara otro convoy regional. Según los técnicos, las heladas dilataron y aflojaron las tuercas que unen los raíles de las vías. Literalmente, la vía se abrió al paso del tren hasta que descarriló el furgón que proporciona energía a los vagones. Las declaraciones del ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, que en un primer momento descartó problemas en las vías, desviaron la atención hacia posibles problemas en el Talgo, descartados con posterioridad.
La prisión provisional para personas acusadas de hechos penados con dos años de cárcel o para evitar que cometan hipotéticos delitos son los puntos más criticados en el borrador de informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el anteproyecto de ley de reforma de la prisión provisional. La vocal y ponente del mismo, Montserrat Comas, da un varapalo jurídico al texto gubernamental y propone que se elimine la pretendida aplicación retroactiva de la futura ley.
El borrador de informe, de 66 folios, invoca los principios de proporcionalidad, subsidiariedad y excepcionalidad que exige la doctrina constitucional y europea de derechos humanos para la prisión provisional, no aplicados por el anteproyecto de ley en varios puntos. Comas critica que su exposición de motivos estima excepcional la prisión provisional, pero en su articulado "la excepción llega a convertirse en regla general".
Frente al automatismo que se impone al juez al decir que la prisión provisional "será decretada" en una serie de supuestos, Comas propone que se sustituya por "podrá ser decretada" para dejar "un razonable margen de apreciación, propio de la labor jurisdiccional".
15. VOCALES AFINES AL PARTIDO IMPIDEN UN EXPEDIENTE A UN JUEZ AMIGO POR ACOSO
Dos vocales del Consejo General del Poder Judicial propuestos por el PP impidieron que se expediente al juez de A Coruña José Manuel Ramírez Sineiro quien, según un informe de la Inspección insultó, amenazó y humilló a seis trabajadores de su juzgado provocándoles ansiedad y depresión.
El informe relata como, después de una discusión con una letrada de la Seguridad Social, el juez Ramírez Sineiro dijo en público que las mujeres "tienen que estar en la cocina".
En otra ocasión, entró en el servicio del juzgado número 1 de lo Contencioso de A Coruña mientras lo utilizaba una funcionaria y, sin pedir disculpas, le pidió que se levantara para que hiciera una llamada de teléfono.
A otro de los funcionarios le tiró un expediente contra el pecho y le gritó que se buscara la vida si no sabía resolverlo. Pocos días después, acusó al mismo funcionario de haber perdido unos papeles, "y gritando y casi escupiéndole, le acusó de mentir". Los papeles, sin embargo, estaban en el despacho del juez.
Nuestros entusiastas vocales Adolfo Prego, el hermanisimo de la voz del Régimen y Faustino Gutiérrez se negaron a expedientar a Sineiro alegando que se le estaba "linchando". La comisión acordó pedir más datos.
16. RUIZ-GALLARDÓN NI SE INCLUYE NI SE DESCARTA DE LA CARRERA POR LA SUCESIÓN DE S.E
Nuestro confusísimo Alberto Ruiz-Gallardón, presidente de la Comunidad de Madrid y candidato del Partido a la alcaldía de la capital en las próximas elecciones municipales, asegura en una entrevista en la Cadena sociata SER que "para que se descarte alguien de una batalla [por la sucesión de SE] tiene que haber tal batalla". Ruiz-Gallardón jugó con las palabras para insistir en la idea: "Ni me descarto ni descarto el descarte".
Sobre la candidatura de Ana Botella, que ocupará el tercer puesto de la lista que él encabeza, Ruiz-Gallardón opinó que otorga a su apuesta electoral "el valor añadido de la cercanía a los ciudadanos". El presidente de la Comunidad de Madrid aclaró que la idea de incluir a la mujer, mujer del líder cósmico en la lista municipal fue suya. Tomó esta decisión después del verano y siendo consciente de que Botella quería dar el salto a la política.
Nuestro candidato recalcó tras su reflexión sobre la carrera por la sucesión de Aznar que ahora su meta es sólo la alcaldía de Madrid. Si no logra la mayoría absoluta, única que le permitiría alcanzar la alcaldía, Ruiz-Gallardón dejará el Ayuntamiento y no ejercerá de concejal. El candidato del PP considera que perder sería como una censura de los electores a sus ocho años de Gobierno en la Comunidad de Madrid.
Ruiz-Gallardón ha recordado que los ex jefes de Gobierno que han pasado a la oposición han debido ser siempre relevados. Apoyado en esta idea, añadió: "Si soy rechazado por los ciudadanos otros deberán coger el relevo".
17. BLAS PIÑAR PRESENTA ANTE 3.000 PERSONAS SU FRENTE ESPAÑOL
Unas 3.000 personas asistieron en Madrid al primer acto público de Frente Español. En el mitin se reivindicó la unidad nacional frente a la situación "crítica y degradante" que vive España y para evitar que el "trance de la fragmentación de la tierra de España" se haga realidad. El líder ultraderechista Blas Piñar definió España como una nación "enferma, obnubilada, agonizante y frívola", y pidió la unión de todos los "que se sientan españoles, por encima de siglas políticas", para oponerse a la "mutilación de España". Piñar, que apoyó las recientes declaraciones del presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Jiménez de Parga, culpó a Manuel Fraga de que "el separatismo" sea la segunda fuerza política en Galicia.
Frente Español, formación política en fase de constitución, está integrada por Fuerza Nueva, Falange Española y España 2000
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictado una sentencia que anula el pliego de condiciones redactado en 1992 por el gobierno municipal, del PP, para vender a la empresa Funespaña el 49% de las acciones de la funeraria madrileña por 100 pesetas (0,6 euros). El tribunal no entra en si fue o no correcto el precio de las acciones o la adjudicación a Funespaña de la gestión parcial (el Ayuntamiento se reservó un 51% del capital), pero lo que sí hace es declarar nulo el acto administrativo previo -el pliego del concurso- por la falta de claridad de sus cláusulas. Esa ambigüedad, según la sentencia, vulneró los principios de libre concurrencia e igualdad de oportunidades.
La sentencia ha sido dictada por los siete jueces de la Sección Segunda del Tribunal Superior de Madrid y cuenta con el voto particular contrario de uno de los magistrados. Esta decisión nada tiene que ver con las diligencias penales que desarrolla actualmente la Sala de lo Penal y Civil del TSJM contra los ediles Antonio Moreno y Simón Viñals y el diputado regional Luis María Huete (primer teniente de alcalde cuando se produjo la privatización), todos del PP. Los tres intervinieron en el proceso de semiprivatización de la funeraria y tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados para responder de supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
El Ayuntamiento aprobó el 7 de octubre de 1992 el pliego de condiciones que debía regir el concurso público convocado para que una empresa privada adquiriese el 49% de las acciones y, además, gestionase el servicio de la funeraria. Las cláusulas del pliego de condiciones son poco claras, según los jueces. Es decir, no se entiende si lo que pretendía el Ayuntamiento era facilitar la gestión privada de una empresa pública o simplemente vender las acciones, y, por tanto, el tribunal no puede determinar si el procedimiento usado al efecto por el Consistorio (el concurso público) fue el mecanismo legal adecuado.
No obstante, los jueces se inclinan por pensar que el objetivo real era la simple venta del 49% de las acciones; y concluyen que, en este caso, el Ayuntamiento debió acudir a la subasta. La fórmula del concurso deja al gobierno municipal un amplio margen de discrecionalidad a la hora de elegir a la empresa a la que quiere vender un patrimonio público o encomendarle la gestión de un servicio municipal básico.
Las bases del concurso para privatizar la funeraria, afirma el tribunal, contienen numerosas lagunas: apenas se especifica nada en ellas del conjunto de características que debía reunir el aspirante. Pero es que, además, tal y como se configuró el pliego de condiciones, la figura legal adecuada a este caso debió ser la subasta, ya que ésta reduce la discrecionalidad y obliga a elegir al mejor postor, al que más dinero ofrezca, obviando otras circunstancias.
La apreciación de que la figura legal adecuada era la subasta la extraen los jueces del análisis de un informe fiscalizador que elaboró el Tribunal de Cuentas el 28 de enero de 1998 en relación con la privatización de la funeraria y relativo a los ejercicios económicos 1992 y 1993. Este informe ponía de relieve, entre otras cosas, la ausencia de un estudio que justificase la necesidad y conveniencia del cambio de gestión de los servicios funerarios; y tampoco hay ningún informe, según la sentencia, que justifique que la privatización constituyese la formula idónea para la mejor gestión del servicio.
El tribunal abunda en que el objetivo era simplemente vender las acciones, ya que en el citado pliego de condiciones tampoco se estableció un plazo cierto del pago del precio ni se fijaron los criterios concretos sobre las características del adjudicatario del servicio.
El concejal de Hacienda de Aranjuez, Miguel Ángel Gálvez, admitió ante el juez que le investiga por supuesta corrupción (junto al alcalde, José María Cepeda y a un hermano del regidor, Javier Ramón, todos del PP), que encargó las obras de la piscina de su casa a Maconsa. Esta empresa, según la querella de la fiscalía de Madrid que ha dado lugar a las pesquisas, ha resultado muy favorecida en los últimos años con obras del Ayuntamiento. Aparte del alcalde, dos concejales y dos técnicos del Ayuntamiento, el juez ha ampliado la investigación a otras dos personas.
En su declaración ante el juez Gonzalo Salgado, Gálvez admitió que las obras de la piscina costaron "entre cuatro y cinco millones de pesetas", y que ese dinero lo pagó en efectivo y procedía de la recaudación de la tienda de su esposa. El fiscal del caso, Emilio Valerio, le preguntó por qué eligió para esa tarea a una empresa no especializada en piscinas. Gálvez, según asistentes a su declaración, dijo que ignoraba que Maconsa careciese de esa especialización y que la contrató porque le infundía confianza.
En su querella, la fiscalía asegura que tres empresas, Maconsa, Mafasa y Aldisa, vinculadas a una misma persona, han sido beneficiadas con gran parte de las obras municipales y que, además, éstas han presentado y cobrado del Consistorio decenas de facturas infladas. Gálvez indicó que ignoraba que las tres empresas perteneciesen a una misma persona y explicó que, si bien la cuantía económica de esas facturas podía elevarse al 90% del total de facturación, en cifras sólo suponían 160 de las 2.000 emitidas por el Ayuntamiento en 2000. Añadió que su relación con el dueño de esas empresas es la misma que tiene con los 6.000 proveedores del Ayuntamiento de Aranjuez.
El fiscal destaca que los querellados, valiéndose de sus cargos, integran "una trama económica que ha favorecido a empresas constructoras" entre los años 1998 y 2001, y que el objetivo de esa supuesta trama era obtener "enormes beneficios".
20. COMUNIDAD VALENCIANA: PROTESTA CONTRA "LA PRIVATIZACIÓN SANITARIA" DEL PARTIDO
La Plataforma por la Defensa y Mejora de la Sanidad Pública -integrada por CC OO, UGT, STSPV, asociaciones vecinales, el Fòrum de Debat Sanitari o la Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública- congrega frente al Palau de la Generalitat a varios cientos de personas para mostrar su repulsa por la Ley de Ordenación Sanitaria, cuya aprobación está prevista en las Cortes, por considerar que abre la puerta a la privatización de este servicio público. La normativa que impulsa el PP da rango de ley a aspectos como las concesiones administrativas de hospitales, la fórmula por la que se ha privatizado la gestión en Alzira
La cesión de suelo del Ayuntamiento de Alicante a dos empresarios en compensación por el desmantelamiento de sus fábricas radicadas en el ámbito del Plan Parcial Benalúa generará un volumen de negocio de 60 millones de euros.
Luis Díaz Alperi y los dos empresarios suscribieron sendos convenios urbanísticos el 27 de diciembre de 2002, merced a los cuales el Ayuntamiento cedió a los industriales una parcela de 10.000 metros cuadrados, valorados en 15 millones de euros en concepto de indemnización por el desmantelamiento de dos fábricas de harina radicadas en el ámbito del Plan Parcial Benalúa, una franja de terreno próxima al litoral, al sur de la ciudad. A cambio, la urbanizadora entregará al Ayuntamiento un centro social, valorado en unos 900.000 euros. Alperi materializó la operación pese a que en 1999 técnicos municipales de Urbanismo rechazaron indemnizar a los empresarios por el cese de la actividad de las industrias. Los documentos, sin el aval del secretario de la corporación, fueron aprobados por el pleno el pasado día 17.
22. COMUNIDAD VALENCIANA: PUGNILLA EN ORIHUELA POR LA ELECCIÓN DEL ALCALDABLE
Antonio Rodríguez Barberá, diputado provincial de Hacienda, se postula como candidato del PP a la acaldía de Orihuela, cargo al que también aspira a revalidar su actual titular, José Manuel Medina. Rodríguez, que ha desarrollado toda su carrera a la sombra del ex alcalde Orihuela y ex consejero de Obras Públicas, Luis Fernando Cartagena, ha expresado en diversos ámbitos empresariales y vecinales su intención de disputar a Medina la nominación. La designación compete a la cúpula del PP, que lidera Eduardo Zaplana, que todavía no se ha pronunciado.
El diputado provincial de Hacienda esgrime como máximo aval de su carrera hacia la alcaldía de Orihuela el respaldo del ex consejero Cartagena. Sin embargo todo apunta que el ex consejero ha perdido la confianza en Medina, a raíz del juicio conocido como el caso de las monjas, y que pretende retomar su hegemonía en este tradicional feudo del PP, mediante la candidatura de Rodríguez.
En el mencionado proceso Luis Fernando Cartagena fue condenado a cuatro años de cárcel por un delito de malversación de caudales públicos, en concreto una donación de 49.000 euros que recibió de una congregación religiosa cuando era alcalde de Orihuela. En la misma causa también fue condenado el empresario afín al PP Ángel Fenoll, en este caso a un año de cárcel por falsificación de documento. El empresario también es hombre de confianza de Cartagena. No en vano Fenoll comenzó su despliegue económico cuando Cartagena le adjudicó a dedo el servicio de recogida de basuras de la costa de Orihuela. Fenoll controla ahora este servicio en una veintena de ayuntamientos.
En la vista oral del mencionado caso, celebrada el pasado mes de marzo, la declaración, en calidad de testigo, de Medina, no favoreció los intereses de los procesados. El alcalde no identificó con rotundidad unos recibos que Cartagena le mostró con motivo del traspaso de poderes, en 1995.
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