Partes de Guerra centristas
Semana del 8 al 13 de Febrero 2003
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SOBRE EL BUQUE FANTASMA PRESTIGE, ACUÉRDATE DE VISITAR EL ESPECIAL
2. INSULTADO Y AGREDIDO POR GRITAR 'NO A LA GUERRA, SEÑOR AZNAR'
3. LA OPOSICIÓN DESLEAL, ESO SI, EN BLOQUE VOTA A FAVOR DE LA MOCIÓN CONTRA LA GUERRA EN IRAK
4. OCHO VOCALES DEL CGPJ SE OPONEN A LA GUERRA POR «OBLIGACIÓN MORAL»
5. UN TAL JUAN MORANO, PRIMER DIPUTADO DEL PP EN CONTRA DEL ATAQUE
6. EL OPTIMIZADOR PIQUÉ, ABUCHEADO EN LA UNIVERSIDAD
8. RNE CENTRALIZA LA INFORMACIÓN LOCAL SOBRE LA GUERRA
10. EL NUEVO DELITO ECONÓMICO, EN ENTREDICHO
11. LA VIVIENDA SE HA ENCARECIDO UN 58% EN CINCO AÑOS ¿PASA ALGO?
12. C.A DE MADRID: EL PRECIO DE LA VIVIENDA SE DUPLICÓ EN LOS ÚLTIMOS SIETE AÑOS EN LA CAPITAL
13. EL TRIBUNAL DE CUENTAS DENUNCIA DOBLES REMUNERACIONES EN RTVE
14. DIMITE EL SEGUNDO DIRECTOR GENERAL DEL MINISTERIO DE CIENCIA EN DOS SEMANAS
15. ASOCIACIONES Y SITIOS WEB SUSCRIBEN UN MANIFIESTO CONTRA LA GESTIÓN DEL INEFABLE PIQUÉ
16. AL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO EN TARRAGONA SE LE VAN LAS IDEAS Y LA CABEZA
17. PIQUÉ BLOQUEA UN ANUNCIO DE AMNISTÍA INTERNACIONAL
18. EL PP CATALÁN SE OPONE A EMPADRONAR A LOS INMIGRANTES IRREGULARES
19. EL GOBIERNO RECHAZA A UNA INMIGRANTE QUE DENUNCIÓ A UN FUNCIONARIO CORRUPTO
22. LA CANDIDATA BOTELLA Y LOS INMIGRANTES
23. C.A DE ANDALUCÍA. FOMENTO ADJUDICA OBRAS EN LA N-340 DOS MESES DESPUÉS DE INAUGURARLAS
24. EL YERNO DE S.E INTERMEDIÓ EN LA TOMA DE CONTROL DE METROVACESA
25. COMUNIDAD VALENCIANA: RTVV GASTA CERCA DE 601.012 EUROS POR DESPIDOS IMPROCEDENTES
26. COMUNIDAD VALENCIANA: UNA FAMILIA TELEVISIVA
27. C. VALENCIANA. EL PROFESORADO DE LA CONCERTADA COBRARÁ UN PLUS QUE EL PP VETÓ PARA LA PÚBLICA
28. LA CRISIS DEL PP DE GIJÓN OBLIGA A RENUNCIAR AL CANDIDATO A ALCALDE
La mayoría de los rectores de universidad ha suscrito un contundente manifiesto de oposición a la guerra contra Irak. El documento, promovido por los propios responsables universitarios, había recibido por el momento el apoyo de 41 de los 72 rectores. Los representantes de las instituciones educativas superiores consideran que un ataque preventivo sería "injustificable", piden que se dote a Naciones Unidas de "mayor legitimidad" y critican que el Gobierno español destine a la investigación militar 11 veces más recursos de los que reserva para la sanitaria y 300 veces más que a la mejora del sistema educativo.
"Queremos dejar constancia de nuestra posición contra una posible acción de guerra en Irak", afirma el documento. "No puede avalarse un ataque preventivo al que la falta de pruebas suficientes convertiría, además, en injustificable".
Entre los firmantes figuran personalidades de todas las ideologías, desde el rector de la Complutense, Rafael Puyol, al de la Carlos III, Gregorio Peces-Barba. También respaldan la iniciativa el rector de la Universidad de Salamanca y presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Ignacio Berdugo, y los de las universidades de Barcelona, Joan Tugores; Autónoma de Barcelona, Lluís Ferrer; Politécnica de Cataluña, Josep Ferrer, y Pompeu Fabra, Rosa Virós. De Madrid, han suscrito la declaración, además de los dos ya citados, los responsables de la Autónoma, Ángel Gabilondo, y de la Politécnica, Saturnino de la Plaza.
Los rectores urgen "sin excepción" a que los Estados "se comprometan a deshacerse cuanto antes de cualquier tipo de armas de destrucción masiva", piden que las resoluciones de Naciones Unidas se cumplan "sin dobles raseros" (en referencia implícita al incumplimiento de mandatos de la ONU por parte de Israel) y manifiestan su "apoyo y vinculación a las iniciativas ciudadanas que se están convocando" contra un ataque militar a Irak.
Los responsables de las tres universidades del País Vasco están también entre los primeros que han apoyado la iniciativa: el rector de la Universidad del País Vasco (pública), Manuel Montero; y los de las privadas de Deusto, José María Abrego, y Mondragón, el ex consejero de Educación del Gobierno Vasco Inaxio Oliveri. Entre otros rectores de universidades privadas que se han unido al manifiesto figura el de la Universitat Oberta de Catalunya, Gabriel Ferraté.
Las universidades andaluzas también han apoyado el manifiesto. Suscriben el documento, entre otros, los rectores de Granada, David Aguilar; de Sevilla, Miguel Florencio, y de la Pablo de Olavide, Rosario Valpuesta, así como los de Oviedo (Juan Vázquez), Santiago de Compostela (Senén Barro), Valencia (Francisco Tomás) y La Laguna (José Gómez Soliño).
2. INSULTADO Y AGREDIDO POR GRITAR 'NO A LA GUERRA, SEÑOR AZNAR'
Un joven estudiante de 17 años fue insultado y agredido en un mitín del presidente del Gobierno en Arganda (Madrid) por gritar : "No a la guerra, señor Aznar". El público le abucheó e insultó llamándole "hijo de puta", "cabrón" y "asesino". Mientras un miembro del personal de seguridad le desalojaba por la fuerza tapándole la boca, varios asistentes le golpearon repetidamente. "En un sitio como éste se puede levantar alguien y decir paz y no guerra, porque estamos en un país libre", dijo Aznar en alusión al incidente.
Por su parte, Rajoy afirmó en el Congreso que: "El muchacho este de 17 años que en un mitin del señor Aznar gritó 'No a la guerra' estaba vulnerando la libertad de expresión del señor Aznar, que era el que estaba hablando en ese momento".
3. LA OPOSICIÓN DESLEAL, ESO SI, EN BLOQUE VOTA A FAVOR DE LA MOCIÓN CONTRA LA GUERRA EN IRAK
El partido en el Gobierno se quedó solo en su defensa de una guerra preventiva contra Irak: 151 votos a favor de la moción contra los 175 del PP. Pero antes de asumir esa soledad, rompiendo todos los usos parlamentarios, el Gobierno irrumpió en el debate de la moción contra la guerra. El vicepresidente Marianin Rajoy yuguló el desarrollo normal de la sesión y subió a la tribuna tras intervenir IU y PSOE para "fijar la posición del Gobierno".
4. OCHO VOCALES DEL CGPJ SE OPONEN A LA GUERRA POR «OBLIGACIÓN MORAL»
Ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) manifiestan su oposición a una intervención militar en Irak. La iniciativa partió de Félix Pantoja , también autor del texto que ha servido de base al escrito final, apoyado por el vicepresidente del CGPJ, Fernando Salinas, y los vocales Montserrat Comas, María Angeles García, Luis Aguiar, José Antonio Alonso, Juan Carlos Campo y Javier Martínez Lázaro.
El escrito de Pantoja fue modificado con el fin de añadir la idea de que oponerse a la guerra contra Irak es una «obligación moral». En cambio, del texto inicial fue suprimida una afirmación en la que se sostenía que «se debe renunciar a la guerra como medio de solución de los conflictos internacionales». También se eliminó una invitación dirigida «a todo el personal del CGPJ a suscribir este documento».
El escrito no ha recibido la adhesión de ningún vocal propuesto por el PP, que son mayoría en el Consejo. Tampoco lo han firmado Agustín Azparren (no asociado) ni Alfons López Tena (CiU).
El documento afirma que el CGPJ «ha mantenido una línea clara y constante en defensa de la vida, la dignidad y la libertad que se ha materializado en una postura de solidaridad con las víctimas del terrorismo y de expresa condena de éste, así como en apoyo de aquellos ciudadanos o grupos sociales que se han visto afectados por catástrofes o desastres naturales».
Añaden que «ante la catástrofe para la humanidad de extraordinaria dimensión que puede ocasionar el previsible conflicto bélico en Oriente Próximo, los firmantes entendemos que debemos hacer oír nuestra voz en defensa del derecho a la vida, máximo bien jurídico, y en favor del respeto a las normas de Derecho Internacional como medio de solución de los conflictos».
Los vocales firmantes «nos sentimos en la obligación moral de expresar a la sociedad española que en el marco del Derecho Internacional moderno, para solventar los conflictos internacionales que puedan producirse, no es posible avalar una guerra preventiva que, en perjuicio de otros hipotéticos cauces de solución, antepone la fuerza de las armas a la vida de miles de inocentes. Entendemos que el logro de la paz y la seguridad en el mundo actual sólo puede ser el resultado del diálogo, el acuerdo y la concertación entre Estados en el seno de los organismos internacionales encargados de la solución de los conflictos con las únicas armas del Derecho y el ejercicio de la acción diplomática».
5. UN TAL JUAN MORANO, PRIMER DIPUTADO DEL PP EN CONTRA DEL ATAQUE
El diputado del PP por León, Juan Morano, es el primer parlamentario del grupo popular que proclama abiertamente su oposición a los pronunciamientos del Gobierno sobre el inminente conflicto bélico con Irak.
Morano declaraba su «no rotundo, sin paliativos, a la guerra, porque es el último recurso, una vez agotadas todas las vías, y es fuente de cosas horribles». A su juicio, toda la sociedad y los grupos políticos «coinciden en que Sadam es un genocida, un sátrapa y un dictador, en que Irak debe desarmarse e instaurar un sistema democrático», así como en la lucha frontal y unánime contra el terrorismo sea cual sea su dimensión; pero matiza que «la guerra no es la solución a estos problemas».
Morano no acepta que ya se evalúe el precio de la guerra y este cálculo apriorístico se traduzca «tranquilamente» en millares de víctimas tanto norteamericanas como iraquíes. «Y creo que ésta es la posición del 100% de la sociedad española, que está rotundamente en contra de la guerra, y también del Partido Popular», aunque esta última apreciación no sea oficialmente compartida por sus compañeros de grupo parlamentario
6. EL OPTIMIZADOR PIQUÉ, ABUCHEADO EN LA UNIVERSIDAD
Más de 300 estudiantes de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona abuchearon al ministro de Ciencia y Tecnología y líder del PP catalán, Josep Piqué, al que recibieron con gritos de "No a la guerra". Piqué acudió a la Facultad de Periodismo para someterse a una rueda de prensa de los estudiantes, pero se encontró con los ánimos muy caldeados por el conflicto de Irak.
Centenares de jóvenes con pegatinas y pancartas de No a la guerra le esperaban a las puertas de la facultad. El recorrido hacia el aula se convirtió en una auténtica carrera de obstáculos para Piqué y los profesores que le acompañaban. Tuvieron que sortear una enorme bandera independentista y a decenas de jóvenes que expresaban airadamente su protesta, y recibieron desde el aire una lluvia de panfletos.
Ya en el aula, los alumnos aguardaban al ministro con pancartas. Antes de empezar la clase, una estudiante expresó su indignación por la trayectoria de Piqué y del Gobierno del PP. Citó, entre otros, el caso Ercros, la crisis del Prestige y los preparativos de guerra contra Irak. Otros asistentes siguieron la clase ataviados con camisetas contra la guerra. La mayoría de las preguntas versaron sobre el conflicto y estuvieron precedidas de argumentos pacifistas. Piqué aguantó impertérrito. No rehuyó las preguntas y se empleó con mucha paciencia en todas sus respuestas. Después quitó hierro a los abucheos: "Estas cosas pasan y se han de asumir; a veces, el Gobierno tiene que hacer cosas que no son agradables".
La emisión del especial informativo Bioterror, la amenaza biológica, en sustitución de la serie La vida de Rita, se suma a última hora a la cobertura que TVE ha desplegado ante la crisis de Irak.
El reportaje Bioterror, la amenaza biológica -en el que han trabajado un par de años dos reporteros de The New York Times- por su "interés y actualidad" llevaron a los responsables de TVE a programarlo con urgencia en lugar de La vida de Rita. Así se despide, después de cinco entregas, la serie protagonizada por Verónica Forqué (con una media de 2.528.000 espectadores y un 14,2% de cuota de pantalla desde su estreno el pasado 7 de enero). Desde TVE no pudieron precisar cuándo se ofrecerá el resto de capítulos ya grabados, aunque probablemente esperan al próximo verano.
Bioterror, la amenaza biológica está inspirado en Gérmenes: armas biológicas y guerra secreta en América (de Judith Miller, especialista en terrorismo de Oriente Próximo; Stephen Engelberg, experto en servicios de inteligencia, y Bill Broad, premio Pulitzer de periodismo científico), best seller que salió a la venta el 11 de septiembre de 2001, en coincidencia fatal con los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono.
También a última hora, TVE decidió cambiar el invitado al programa de entrevistas Los desayunos de TVE. No acudirá el candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Rafael Simancas, como estaba anunciado, sino el ministro de Defensa, Federico Trillo.
Como se recordará, la 2 empezó a calentar motores de guerra el pasado 25 de enero, cuando programó un monográfico de La noche temática que, bajo el título 'Irak: Cerco a Sadam' , emitió cuatro documentales que mostraban "las dificultades a las que se enfrenta una población, aislada y empobrecida, que siente de nuevo sobre sus espaldas la amenaza de una guerra", según información de la cadena. Dos días después, TVE cubrió en directo la presentación del informe de Hans Blix y Mohamed el Baradei ante el Consejo de Seguridad de la ONU, elaborado tras su viaje de inspección a Irak. Al día siguiente, también en tiempo real, los servicios informativos de la cadena pública servían el discurso sobre el estado de la Unión ofrecido por el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, algo que se repetía el pasado miércoles con la comparecencia de José María Aznar ante el Congreso y, simultáneamente y rotulada a pie de pantalla, la de Colin Powell ante el Consejo de Seguridad de la ONU. La ficción venía a echar mano de la actualidad el pasado sábado, con la emisión en la sobremesa de La Primera del largometraje Ántrax (2001).
8. RNE CENTRALIZA LA INFORMACIÓN LOCAL SOBRE LA GUERRA
La sección sindical de Comisiones Obreras en Radiotelevisión Española ha alertado sobre la "supervisión" desde Madrid de todas las informaciones relacionadas sobre la guerra de Irak que se emiten en los centros territoriales de Radio Nacional de España. CC OO sostiene que la dirección de la radio pública ha dado instrucciones a los responsables de las emisoras locales para que las informaciones provenientes del conflicto y todas aquellas originadas dentro del territorio nacional, sean supervisadas antes de emitirse. El sindicato entiende que esta práctica lesiona el ejercicio de la libertad de expresión.
Por el contrario, la dirección de la emisora pública asegura que el único objetivo es poner en marcha "una gran operación periodística de radio" orientada a coordinar la información procedente de los corresponsales en el extranjero de RNE, los enviados especiales a las zonas en conflicto y las delegaciones territoriales. "No se trata de censurar, sino de coordinar las noticias a través de equipos multidisciplinares", agregan las mismas fuentes.
El paro aumentó durante 2002 en 226.400 personas, con lo que se quiebra una línea de bajadas de siete años seguidos que se mantenía desde 1995. La tasa de paro sobre la población activa se sitúa en el 11,45%, la más elevada de la Unión Europea, y los hogares con todos sus miembros en paro aumentan un 14%, hasta 490.500. Durante 2002, la economía generó 256.200 empleos, prácticamente los mismos que el año anterior, pero insuficientes para atajar el paro acumulado y para absorber las nuevas incorporaciones al mercado laboral, sobre todo de mujeres.
La variación interanual del paro en todos los datos trimestrales de 2002 arrojaba ya aumentos del desempleo. El cierre del ejercicio ha confirmado esa evolución, según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Tras el aumento de 226.400 desempleados durante el año pasado, y de 12.100 en el último trimestre, el número total sube hasta 2.118.200 personas. Ese incremento se produce tras las reducciones registradas consecutivamente desde 1995, y es el peor dato desde 1993, cuando se elevó en 635.000, ya que en 1994 sólo subió en 16.100 parados.
10. EL NUEVO DELITO ECONÓMICO, EN ENTREDICHO
El anteproyecto de reforma del Código Penal aprobado por el Gobierno viola los acuerdos firmados con la Unión Europea para proteger la Hacienda comunitaria. El anteproyecto eleva de 50.000 euros a 65.000 (un 30%) el límite a partir del cual un fraude a las arcas comunitarias puede ser considerado delito y no simple falta. Pero el Convenio para la Protección de los Intereses Financieros de las Comunidades Europeas, firmado por España en 1995, fija ese límite en 50.000 euros, cifra que no se puede modificar al alza. La propuesta de reforma aprobada por el Consejo de Ministros y pendiente de tramitación parlamentaria establece, en sus artículos 306 y 309 que se considerará delito cualquier fraude a los presupuestos generales "de la Comunidad Europea" en "cuantía superior a 65.000 euros" [50.000 en el Código Penal vigente].
El problema surge cuando se compara ese artículo con el Convenio para la Protección de los Intereses Financieros de las Comunidades Europeas, suscrito por España y el resto de países en 1995, que obliga a los Estados miembros de la UE a proteger penalmente la Hacienda comunitaria. En su artículo dos, ese Convenio establece que cada Estado miembro debe tomar las medidas necesarias para evitar el fraude a las arcas comunitarias, con "sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias", incluida la privación de libertad en caso de fraude grave. El fraude grave, aclara el mismo artículo, se considerará como tal a partir de 50.000 euros. "Este montante mínimo no puede ser fijado en más de 50.000 euros".
Los expertos, tanto de la Comisión Europea como de la OLAF, advierten también de que con la reforma que se plantea en España del Código Penal se está dando "un trato más suave" al fraude que afecta a los recursos de la UE porque "se deberá cometer un fraude mucho mayor para ser sancionado penalmente". "La preocupación de la OLAF tiene lógica porque el fraude debe ser perseguido igual por todos los Estados miembros", señalaron otras fuentes de la Comisión Europea.
Existe un precedente con Italia muy similar al caso español, en 1997. Entonces era la Comisión Europea la que se encargaba de la persecución del fraude al presupuesto de la Unión, no la OLAF. El Gobierno italiano estaba "despenalizando" algunas formas de "contrabando" y Bruselas decidió intervenir al respecto "poniendo la atención sobre este hecho".
En general, la reforma del Código Penal recogida en el anteproyecto de ley elaborado por el Ministerio de Justicia eleva entre un 30% y un 33% las multas, sanciones y límites para que un fraude a Hacienda sea considerado delito. De aprobarse la actualización de las cantidades propuesta, según los expertos consultados, prescribirán todos los expedientes de delito fiscal abiertos por Hacienda a contribuyentes acusados por defraudar menos de 120.000 euros, ya que la reforma sube de 90.000 euros a 120.000 el límite que marca la comisión de un delito.
11. LA VIVIENDA SE HA ENCARECIDO UN 58% EN CINCO AÑOS ¿ PASA ALGO?
La tasa de variación acumulada de precios de la vivienda entre los años 1996 y 2001 alcanzó un incremento del 58,3% en la denominada libre y de un 6,47% para la protegida (VPO), según una respuesta escrita del Gobierno. En el texto se indica que para 2002, según datos del Ministerio de Fomento, "el precio máximo ponderado de la vivienda protegida en España", correspondiente a 987,85 euros por metro cuadrado útil, "ha supuesto un incremento del 11,94% respecto del Programa 2001". Al respecto clarifica que el Gobierno fijó un incremento del 3,27% en el precio básico y el resto, hasta la media del 11,94%, lo han realizado las comunidades autónomas.
En cuanto a la vivienda libre, los precios crecieron un 17,68% en el tercer trimestre de 2002 respecto a igual periodo de 2001, hasta los 1.254,23 euros por metro cuadrado construido.
12. C.A DE MADRID: EL PRECIO DE LA VIVIENDA SE DUPLICÓ EN LOS ÚLTIMOS SIETE AÑOS EN LA CAPITAL
El precio del suelo creció un 18,9% en 2002 en la capital, la mayor subida registrada desde 1996, según el 5º Informe de suelo residencial elaborado por el Grupo i, que resume que en esos siete años se incrementó un 201%. Por su parte la consultora inmobiliaria Aguirre Newman en su informe del mercado residencial de 2002 destaca que el metro cuadrado de vivienda subió en Madrid un 24,1% en dos años.
El suelo en la almendra central, el comprendido dentro de la M-30, está prácticamente agotado, según el Grupo i. Está controlado en su mayoría por familias, grandes constructoras, promotoras de suelo y financieros que dificultan la entrada de las pequeñas promotoras.
El informe apunta que el último trimestre mostró una estabilidad en los precios que augura una moderación en la tendencia de subida. Estiman por ello que el precio del suelo tenderá a estabilizarse en 2003. Las subidas podrían llegar al 10%.
Resalta que el suelo duplicó su precio (201%) en los últimos siete años y que la vivienda subió un 176%. El Grupo i señala en su estudio que los suelos más caros y deseados son los de los nuevos barrios. Pronostica el colapso del acceso a Madrid por la Castellana a causa de la ampliación de los municipios del norte, la Operación Chamartín-Ciudad Deportiva y los nuevos barrios del norte. En cuanto a los precios del suelo en la región, el Grupo i señala que el este es la zona más barata (carretera de Barcelona) seguida por la corona de los municipios del sur. Doblando su precio destacan los municipios del norte (carretera de Burgos y Colmenar) y los del oeste (carretera de A Coruña).
La consultora Aguirre Newman, por su parte, resalta en su informe que la mayoría de la oferta de vivienda plurifamiliar en la corona metropolitana se concentra en el eje de la N-VI (carretera de A Coruña). El precio medio del metro cuadrado construido en esa zona subió un 70% en los últimos tres años, mientras que en la capital creció un 63%.
Los distritos más caros en 2002, según Aguirre Newman, fueron Salamanca y Chamberí. Los precios más asequibles se registraron en Villaverde, Villa de Vallecas y Usera. Pozuelo, Majadahonda y Alcobendas son, por ese orden, las localidades con la vivienda libre de nueva construcción más cara en 2002. Los más baratos fueron Parla, Navalcarnero y Valdemoro. En los últimos tres años el precio del metro cuadrado subió un 83% en la zona interior de la M-30 y en el exterior en torno a un 50%. Según el informe de Aguirre Newman, en todos los distritos el precio de venta de metro cuadrado construido es superior a los 1.800 euros (300.000 pesetas). Resalta también el agotamiento de las bolsas de suelo que quedaban en la capital. Añade que en 2002 se vendieron 20.000 viviendas libres de nueva construcción en la región con un gasto superior a los 5.000 millones de euros. El estudio añade que ha habido una caída de los ritmos de venta tanto en la capital como en la corona metropolitana.
13. EL TRIBUNAL DE CUENTAS DENUNCIA DOBLES REMUNERACIONES EN RTVE
El Tribunal de Cuentas ha observado irregularidades en los contratos de tres directivos del ente público entre los años 1996 y 1999. Dos de ellos hacen referencia al cobro por la cesión de derechos de imagen, lo que implicaba una doble remuneración con cargo a los presupuestos del ente público. Fuentes de RTVE aseguran que en esta circunstancia se encontraban Ernesto Sáenz de Buruaga y Javier González Ferrari.
Hasta abril de 1998, Sáenz de Buruaga compatibilizó su trabajo como director de informativos de TVE con la presentación del Telediario 2, mientras que González Ferrari ocupó sucesivamente la dirección de RNE, la jefatura de los informativos de TVE y la dirección general de RTVE. Además, durante una etapa presentó Los desayunos de TVE.
El Tribunal de Cuentas precisa que los contratos de los directivos no fueron remitidos a los ministerios de Economía y Hacienda, y para las Administraciones Públicas a fin de que estos organismos emitieran un informe sobre condiciones retributivas no sujetas a convenio. Los contratos de cesión de imagen contravienen, además, el Estatuto Interno de Directivos de RTVE e incumplen la prohibición de percibir más de una remuneración con cargo a los presupuestos del ente, salvo autorización expresa del Ministerio de la Presidencia.
Sáenz de Buruaga abandonó la cadena pública para incorporarse a Antena 3 en mayo de 1998, fecha en la que Milagros Hernández ocupaba la dirección de personal. Pero el periodista no indemnizó a TVE por incumplimiento de la cláusula relativa a la cesión de derechos de imagen. Por este concepto percibía 31.545.474 pesetas íntegras. Aquel contrato incluía una cláusula según la cual cualquier incumplimiento de su obligación de ceder en exclusiva su imagen a la televisión pública "deberá indemnizar a TVE... con una cantidad equivalente al importe íntegro de las cantidades totales hasta la fecha del incumplimiento", según el Tribunal de Cuentas. Este organismo precisa que no hay constancia de que se haya solicitado cuantía alguna por indemnización ni que figure esta exigencia en la liquidación. Sáenz de Buruaga, actual consejero delegado de Antena 3, asegura que el contrato se rescindió de mutuo acuerdo con RTVE y que, por tanto, no había lugar a indemnización.
14. DIMITE EL SEGUNDO DIRECTOR GENERAL DEL MINISTERIO DE CIENCIA EN DOS SEMANAS
Fernando Valdivieso, director general de investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, presenta su dimisión, tras cinco meses en el cargo. Es el segundo cese de un director general de ese departamento en dos semanas, tras el relevo solicitado por Rolf Tarrach como presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Ambos abandonos se producen en un periodo de desánimo en la comunidad científica por la política del ministerio. Valdivieso declaró a este diario que su dimisión se debe "a razones absolutamente profesionales y personales".
Valdivieso, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid, asumió el cargo de director general el pasado mes de septiembre, con el nuevo equipo del ministro Josep Piqué y el secretario de Estado Pedro Morenés.
Valdivieso explicó que había elegido este momento para solicitar ser relevado porque "no hay nada pendiente, lo del programa Ramón y Cajal está todo solucionado, hemos finalizado el ejercicio y estamos en una época relativamente tranquila".
A la pregunta de si comparte la política del ministerio y si se solidariza con sus medidas, Valdivieso prefirió responder "Sin comentarios", explicando: "Prefiero guardar un poco las formas, ni siquiera he llegado a hablar todavía con el ministro, hemos quedado la semana que viene".
La dimisión de Valdivieso se añade a otros relevos de altos cargos en Ciencia y Tecnología. Así, desde que existe el ministerio hace menos de tres años, ha habido dos ministros, tres secretarios generales de Política Científica y la sustitución de los directores del CSIC y del Ciemat
Como se recordará, Tarrach anunció el pasado día 28 que dejaba el cargo de presidente del CSIC al no disponer apenas de libertad de acción para resolver los problemas de dicho organismo y no estar de acuerdo con las decisiones ministeriales. Ciencia y Tecnología aún no ha nombrado un sustituto a pesar de que haber hecho ofertas a varias personas.
15. ASOCIACIONES Y SITIOS WEB SUSCRIBEN UN MANIFIESTO CONTRA LA GESTIÓN DEL INEFABLE PIQUÉ
Portales, asociaciones y distintas entidades del sector de las Nuevas Tecnologías han suscrito un manifiesto en el que ponen en entredicho la gestión del ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, en materia de Sociedad de la Información. El manifiesto afirma que el Departamento dirigido por Piqué está "destruyendo toda posibilidad" de que España "no se quede la última" en materia de Sociedad de la Información, y califica la situación de "insostenible".
Las entidades firmantes discrepan frentes algunas de las iniciativas legislativas "incomprensibles" lanzadas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCYT) que mantienen de "facto" el antiguo monopolio de Telecomunicaciones. Al tiempo que criticaron la "mala ejecución" de los planes de desarrollo de la Sociedad de la Información puestos en marcha que, a su juicio, estaban "mal diseñados".Asimismo, precisan que la implantación de "forma masiva" de la Sociedad de la Información pasa por facilitar "acceso para todos, precios asequibles, libertad de elección de proveedores, seguridad en las comunicaciones y respeto a la privacidad" de las mismas.
Concretamente, criticaron los problemas como los altos precios de las "escasas" líneas de ADSL, a lo que se suma los "abusivos " precios del operador dominante en cuanto a altas de líneas, entre otras cuestiones.
También ponen en entredicho la marcha del Plan Info XXI que lleva "meses en el taller de reparación", hasta el punto que se ha reducido a un "mero proyecto administrativo" que calificaron de "fracaso a todas luces". Igualmente, desconfían en que la comisión de expertos creada para asesorar a Ciencia y Tecnología sobre el tema al considerar que están "muy lejos de las necesidades y problemas" de los ciudadanos y recomendaron su reforma.Por todo ello, los firmantes sostienen que el MCYT y sus responsables no están trabajando movidos por los intereses de los ciudadanos sino por el "ínfimo porcentaje que representan las grandes compañías", y reprochan al MCYT que haya guiado a la sociedad española hacia una "alarmante" situación en materia de Sociedad de la Información.
16. AL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO EN TARRAGONA SE LE VAN LAS IDEAS Y LA CABEZA
Las declaraciones del subdelegado del Gobierno en Tarragona, Angel Sagardoy, en relación con la muerte de Gloria Sanz han caído como un jarro de agua fría entre las asociaciones que luchan contra la violencia de género.
Como se recordará, Sagardoy señaló que éste fue «un crimen pasional» y dijo que al asesino, Fernando Adalid, «se le había ido la mano».
Tanto la Red de Ciudades contra la Violencia como la Red de Organizaciones Feministas han pedido el cese inmediato del subdelegado. «Este tipo de declaraciones muestran de forma explícita que la violencia de género es algo normal», declaraba Ana María Pérez del Campo, de la segunda de estas redes.
El subdelegado se defendió de estas acusaciones señalando que se ha hecho «un uso partidista» de sus declaraciones y aseguró que no pretendía justificar actos de violencia.
17. PIQUÉ BLOQUEA UN ANUNCIO DE AMNISTÍA INTERNACIONAL
El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha bloqueado una campaña publicitaria en televisión de Amnistía Internacional (AI) en la que denuncia malos tratos a inmigrantes en España. A través de la Secretaría General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, el departamento que dirige Josep Piqué considera que los anuncios no cumplen la finalidad de "servicio público o carácter benéfico". Esta catalogación permite que tales inserciones se acojan a la "exención de cómputo", que permite su difusión de forma gratuita sin que se reste tiempo a la publicidad comercial.
El director de la sección española de AI, Esteban Beltrán, aseguró que la denegación del certificado, solicitado el 7 de noviembre pasado, "no se ajusta a derecho, es discriminatoria, vulnera el principio de igualdad y no está en absoluto motivada". Tras recalcar que es "una situación sin precedentes" en los últimos 25 años, sostiene que "lo grave es que el Gobierno considera que denunciar los malos tratos por motivos racistas en una sociedad no es un servicio público".
Con la campaña PonteensuPiel.org, AI trata de sensibilizar a la opinión pública y solicitar al Gobierno un plan estatal contra el racismo. Los anuncios se apoyan, según Beltrán, en las más de 300 denuncias presentadas por inmigrantes.
Además de denegar la exención de cómputo, Ciencia y Tecnología advierte de que la difusión de tales anuncios podrían incumplir la Ley de Televisión Sin Fronteras. Según esta norma, están prohibidos los anuncios que "atenten al debido respeto a la dignidad de las personas o a sus convicciones religiosas y políticas o las discriminen por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social". Beltrán rechaza que la campaña de AI sea contraria a la ley y argumenta que TV-3 y Telemadrid la han considerado como servicio público y otorgado la exención de cómputo
18. EL PP CATALÁN SE OPONE A EMPADRONAR A LOS INMIGRANTES IRREGULARES
El candidato del PP por Badalona, Xavier García-Albiol, incluirá en su programa electoral una propuesta para «restringir» el empadronamiento de los inmigrantes indocumentados, de manera que sólo aquellos que acrediten permiso de trabajo o residencia puedan acceder al censo.
El presidente del Grupo Parlamentario del PP, Alberto Fernández, avaló la iniciativa, con el argumento de que «no tiene lógica que un inmigrante ilegal se pueda empadronar y pueda acceder a las prestaciones sociales».
Ante el margen de interpretación que deja la Ley de Extranjería, Fernández abogó por que los ayuntamientos «notifiquen» a la Delegación del Gobierno la situación de irregularidad de los inmigrantes empadronados. Además, se mostró contrario a que los irregulares se beneficien de los servicios sanitarios en las mismas condiciones que el resto, cuando por ley sólo tienen derecho a ser atendidos de urgencias.
La Ley de Extranjería, reformada por el Gobierno del PP, asegura que los ayuntamientos pueden empadronar tanto a los inmigrantes que residan de forma legal como a los demás y garantiza el derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles a los extranjeros inscritos en el padrón.
19. EL GOBIERNO RECHAZA A UNA INMIGRANTE QUE DENUNCIÓ A UN FUNCIONARIO CORRUPTO
A una inmigrante que destapó las malas artes de un funcionario de la oficina de extranjería de Valencia, que cobraba por regularizar a extranjeros, no le ha servido de nada denunciar el caso a la justicia. La policía ha rechazado su solicitud de residencia -pese a que la ley contempla concederla a quien colabore con las autoridades judiciales- porque no ha sido "víctima de un acto ilegal de tráfico de mano de obra". El fiscal ha pedido nueve años, cinco por falsedad documental y cuatro por cohecho, al funcionario acusado y otros nueve a la mujer que actuaba de gancho.
El escrito de calificaciones del fiscal -en el que narra su versión de los hechos y establece los delitos y las penas que propone para los acusados- recoge que la mujer a la que se ha negado regularizar su situación fue una víctima más de Amadeo Salanova, un auxiliar administrativo que le cobró por realizar un trámite, el expediente de regularización, que no cuesta dinero. Para él, según ha podido saber este diario, la fiscalía pide los mismos nueve años que para Concha Calatayud, trabajadora de una gestoría a quien la acusación pública considera colaboradora del trabajador de la Oficina de Extranjeros de Valencia y la persona que ponía al funcionario en contacto con las decenas de inmigrantes afectados para que resolviera su situación por cantidades que oscilaban entre los 30 y los 300 euros. El funcionario sigue trabajando en la delegación del Gobierno aunque ha sido relevado de su puesto en la oficina de extranjeros.
El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, considera que la "inmigración, las drogas y las familias monoparentales" contribuyen ahora también al incremento de la marginación social. Álvarez del Manzano hizo estas afirmaciones en la inauguración de un centro en Hortaleza para personas sin techo que llevan las órdenes religiosas de las Hijas de la Caridad de San Vicente Paúl, los Padres Paúles y las Damas Apostólicas.
Álvarez del Manzano inauguró un centro de día para marginados que gestionará la asociación Impulso Solidario en la calle del Mar Báltico (Hortaleza), con capacidad para 70 personas, y aprovechó la ocasión para dar su particular visión de este problema. Según el alcalde: "Hoy, desgraciadamente, la inmigración, que muchas veces viene sin control, produce una enorme marginación en la sociedad, y muchas actividades que la sociedad genera, desde las drogas a (...) las familias monoparentales".
Y precisó, que si hasta hace poco tiempo el perfil de la persona que padecía este problema correspondía a un hombre, de mediana edad, que había perdido el trabajo y que además bebía en exceso, la marginación social ha crecido, motivada, en su opinión, por la llegada de inmigrantes, la proliferación de las drogas y las familias monoparentales.
El ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, comparece en el Senado para explicar los motivos de la expropiación forzosa iniciada contra las fincas, viviendas y negocios de un centenar de familias de Barajas. En ese terreno hay una residencia de ancianos que gestiona la ONG Mensajeros de la Paz, cuya presidenta de honor es Ana Botella. Dicha finca ha sido excluida de la expropiación porque, según Cascos, la concejal de Servicios Sociales, Beatriz Elorriaga, se lo pidió personalmente por carta. El ministerio sigue sin desvelar qué va a construir en ese suelo.
Álvarez-Cascos reveló que, en febrero de 2001, cuando estaban en marcha los primeros trámites de la expropiación, la "Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid [dirigida por Beatriz Elorriaga] solicitó por escrito la desafección de esa finca [es decir, excluirla de la expro-piación] por razones de problemática social [...], diciendo que la expropiación y consecuente necesidad de desalojo de la edificación plantearía problemas al plan municipal contra las drogas, por cuanto resultaría prácticamente inviable encontrar un lugar alternativo para ubicar este servicio".
Mensajeros de la Paz -que gestiona allí una residencia de ancianos y no un centro para toxicómanos- cedió hace años parte de su finca al Ayuntamiento para que habilitase un Centro de Atención a Drogodependientes (CAD), según el gerente de la ONG, Pedro Mella. Por tanto, si la finca fuera expropiada, el CAD tendría que ser también trasladado.
22. LA CANDIDATA BOTELLA Y LOS INMIGRANTES
Ana Botella, la candidata por el PP a un acta de concejal en el Ayuntamiento de Madrid y esposa del presidente del Gobierno, José María Aznar, visita Roquetas de Mar (Almería) para "llevarse" las formas de vida e inquietudes de los inmigrantes que residen en la localidad. Durante su visita Botella despachó con inmigrantes y almorzó con cerca de 300 militantes y simpatizantes del PP. En su discurso, alabó la gestión del alcalde roquetero, Gabriel Amat, y elogió la gran superficie comercial que se construyó sin licencia de la Junta y fue sancionada.
Era la segunda vez que Ana Botella visitaba Roquetas de Mar. La primera vez fue hace tres años. En su regreso, la mujer del presidente del Gobierno quedó impactada por el progreso de Roquetas a tenor de la gran superficie comercial que pudo ver desde el coche, en la carretera de Alicún, cuando se dirigía al encuentro con los inmigrantes en la biblioteca. "Ya no sé si es posible progresar más, porque he visto un centro comercial, ahí, al entrar, que hacía tiempo que no lo veía tan grande", dijo antes de despedirse de los extranjeros. Botella se refería al mismo supermercado que tiene pendiente una sentencia del TSJA por haber sido construido sin la preceptiva licencia que otorga la Junta. También es el mismo centro comercial que no hace ni dos meses fue sancionado con 600.000 euros por carecer del informe preceptivo de la Consejería de Economía, hecho considerado como "muy grave" por el Gobierno andaluz. Sin embargo, tan impactada quedó Ana Botella del supermercado sancionado e impugnado que no pudo evitar aludir a la gran superficie comercial por segunda vez, justo en la comida con militantes del PP en el Club Náutico. "Me parece que me va a quedar pendiente con Gabriel visitar el centro comercial que creo que es el más grande de toda Andalucía y así tengo una oportunidad para volver otra vez a Roquetas".
23. C.A DE ANDALUCÍA. FOMENTO ADJUDICA OBRAS EN LA N-340 DOS MESES DESPUÉS DE INAUGURARLAS
El secretario de Estado de Infraestructuras, Benigno Blanco, colocó el 16 de diciembre del año pasado la primera piedra del desdoble de la carretera N-340 entre Chiclana y Conil, cuando aún no estaban adjudicadas definitivamente las obras. Este hecho se conoció casi dos meses después del acto oficial del comienzo de las obras al informar el Ministerio de Fomento de la adjudicación a las empresas Salvador Rus López Construcciones y Constructora Pirenaica.
El ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, restó importancia a esta circunstancia e incluso ironizó al respecto: "Tengo que felicitar a las empresas constructoras y a los técnicos de la Dirección General de Carreteras por ganar la carrera al BOE", dijo. De igual manera, la presidenta del PP andaluz, Teófila Martínez, afirmó que la adjudicación de las obras es una "muestra del cumplimiento de los compromisos" del Gobierno central con la provincia de Cádiz. Sin embargo, hace tres semanas, Martínez dio por hecho que las obras estaban ya adjudicadas cuando aseguró que los trabajos no habían comenzado porque las empresas adjudicatarias estaban realizando prospecciones en el terreno o transportando la maquinaria pesada al trazado.
24. EL YERNO DE S.E INTERMEDIÓ EN LA TOMA DE CONTROL DE METROVACESA
Alejandro Agag ha intervenido en la mayor operación inmobiliaria actualmente en marcha. El yerno del presidente del Gobierno puso en contacto a mediados de 2002 a la cúpula de Bami, que controla el 23,9% de Metrovacesa, con el grupo italiano Caltagirone para estudiar la entrada amistosa de éste en la inmobiliaria. Pero las conversaciones acabaron sin éxito, y Caltagirone y otro grupo italiano lanzaron por sorpresa en enero una oferta hostil para hacerse con el 75% de Metrovacesa, a espaldas de Bami, que ve peligrar sus planes de fusionar ambas inmobiliarias para liderar el sector.
Agag no ha tardado mucho tiempo en pasarse de la política a los negocios, y además a los negocios de altura. Tras abandonar el pasado año sus cargos como eurodiputado del PP, secretario general del PP europeo y de la refundada Internacional de Centro, fichó por el Banco Portugués de Negocios y sus buenos servicios no se han hecho esperar. El esposo de Ana Aznar, hija del presidente del Gobierno, ha intermediado en la mayor operación financiera actualmente en marcha: el intento de toma de control de la inmobiliaria Metrovacesa.
El pasado 22 de enero, los grupos italianos Quarta Ibérica, presidido por Francesco Gaetano Caltagirone, y Astrim, una firma milanesa participada por diversas entidades financieras encabezadas por la del empresario Alfio Marchini, presentaban una oferta pública de adquisición por el 75% de Metrovacesa. Los italianos ofrecen 1.230 millones de euros y amenazan con dar al traste con los planes de Bami, la inmobiliaria española que, en junio de 2002, pagó 550 millones de euros al BBVA por el 23,9% del capital, creyendo que ese porcentaje le bastaba para controlar la sociedad.
Pero los ahora rivales estuvieron a punto de ser socios. Según fuentes cercanas a las negociaciones, a mediados de 2002, el vicepresidente de Bami, Ignacio López del Hierro, coincidió con Agag, que preparaba entonces su boda con Ana Aznar. El yerno del presidente del Gobierno ya había dejado su carrera política en el PP para trabajar en el Banco Portugués de Negocios, entidad que también ofrece servicios de banca de inversión. Según explican fuentes conocedoras de estas conversaciones, Agag y López del Hierro hablaron de una eventual fusión con Metrovacesa, que ya estaba bajo el control de Bami, y de la posibilidad de buscar un nuevo socio que entrara en el capital.
Tras varias reuniones con el presidente de Bami, Joaquín Rivero, que también preside Metrovacesa, Agag utilizó sus contactos y, como representante del banco portugués, le presentó una lista con varios grupos con los que podía asociarse. Entre ellos se encontraba Caltagirone, la quinta constructora italiana, presidida por Franco Gaetano Caltagirone, un empresario cercano al primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, y que la revista Forbes colocaba en el puesto 452º de la clasificación de los más ricos del planeta con una fortuna de 1.100 millones.
Alejandro Agag presentó a Rivero y Caltagirone, que se reunieron después del verano para negociar una posible compra por parte del italiano de hasta el 10% del capital de Metrovacesa, a cambio de que ésta comprara varios terrenos que Caltagirone tiene en Marbella y Mijas y en otras poblaciones de la Costa del Sol. Los italianos valoraron esos terrenos en unos 100 millones de euros, pero el precio y el canje por acciones de Bami le pareció excesivo a Rivero y las negociaciones se rompieron.
Según las citadas fuentes, el yerno de Aznar, que también mantiene buenas relaciones con el entorno de Berlusconi desde su etapa al frente del PP europeo, sólo intervino en la fase inicial de estos contactos, es decir, "en la parte amistosa", y no en la OPA (hostil a Bami), aunque no todas las partes implicadas comparten esta versión.
El 21 de enero pasado, cuando en Bami ya casi se habían olvidado las conversaciones con Caltagirone, las sociedades Astrim y Quarta volvieron a escena con una oferta hostil que ha puesto a Bami contra las cuerdas. En tanto, Agag se ha trasladado a Londres y se ha desvinculado completamente de la operación, según sus círculos más cercanos.
La guerra encarnizada por Metrovacesa, por la que compiten italianos y españoles, tardará al menos un mes en resolverse.
25. COMUNIDAD VALENCIANA: RTVV GASTA CERCA DE 601.012 EUROS POR DESPIDOS IMPROCEDENTES
RTVV acumula alrededor de 40 sentencias en los últimos cinco años por despidos improcedentes y contratación en fraude de ley que le han costado al ente público cerca de 601.012 euros (unos 100 millones de euros). La mayoría de los despidos se comunican a la finalización de contratos que después la justicia rechaza porque, entre otras cosas, no amparaban dentro del marco legal el trabajo que se venía realizando.
Se han ido sucediendo en forma de goteo desde 1997. Fue entonces cuando la justicia declaró improcedente el despido de una redactora de Radio 9 porque la contratación había incurrido en fraude de ley, es decir se aplicaba un contrato por obra cuando, después de siete años en el ente, se demostraba que el trabajo realizado en nada se ajustaba a las exigencias de un contrato de esas características. El propio Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se pronunció tras el recurso que presentó la empresa pública. En su fallo, entre otras cosas, señaló: "El cese se produce después de sucesivas prórrogas del contrato inicial, tras haber visto cambiada la prestación de servicios dentro del mismo contrato a distintas áreas como productora, subdirectora, coordinadora, es por ello que las sucesivas contrataciones en las que la actora siguió desempeñando los mismos cometidos devienen en un fraude de ley".
Lejos de suponer aquel fallo una corrección de la política de contratación, se repitieron los despidos de forma mimética y en el mismo sentido la respuesta de los tribunales. Cinco años después de aquella sentencia, el pasado 23 de diciembre, el juzgado Lo Social número 12, volvía a insistir en el fraude de ley en la contratación de personal de RTVV. "Ha quedado constatado el carácter permanente de la necesidad que el empleador cubre mediante conceptos temporales, así como que la celebración de contratos en cadena deviene de una relación de carácter indefinido, se ha producido una continua irregularidad en los contratos encadenados". En el mismo sentido se han pronunciado los magistrados de los juzgados 13 y 15. Y el pasado mes de enero se produjeron al menos otros tres pronunciamientos en el mismo sentido, que ha costado ya a los ciudadanos alrededor de 601.012 euros.
El mecanismo que en estos años, hasta al menos en 40 casos que han llegado a los tribunales, es el cese a la finalización del contrato con el argumento de que la obra por la que se contrató acabó o bien que la plaza en la que se trabaja va a ser ocupada por una persona procedente del concurso de oposiciones. En esta segunda modalidad, la justicia también ha rechazado los argumentos de RTVV al demostrar que dichas plazas o no eran cubiertas o lo eran por personas contratadas nuevamente con la modalidad en fraude de ley.
Pero la práctica sigue, de hecho, según fuentes consultadas, después de las oposiciones del pasado verano, Canal 9 ha rescindido unos 40 contratos pero ha suscrito cerca de un centenar nuevos que podrían incurrir en fraude de ley. De las cerca de 40 rescisiones, siete han ido a los tribunales y cinco ya han sido nuevamente ganadas por los trabajadores por fraude de ley de la cadena pública autonómica.
RTVV se encuentra en el grupo de empresas públicas con una tasa de temporalidad superior al 20%, mientras las cifras del pasado año sobre el sector privado sitúan la temporalidad en el 9%.
26. COMUNIDAD VALENCIANA: UNA FAMILIA TELEVISIVA
La diputada del PP en las Cortes Valencianas, Maira Barrieras, tiene familia televisiva que hace carrera en Ràdio Televisió Valenciana. La más conocida es, sin duda, su madre, María Mombrú, la divertida, atrevida y tierna abuela de 81 años que se ha colado en los puestos finalistas del concurso Mira, mira!, que presenta Toni Cantó. Un poco menos conocida es su hija, Vanesa Adsuara, de 24 años, periodista, que se incorporó a los informativos de RTVV el pasado 2 de abril en la sede de la cadena pública autonómica en Castellón, donde trabaja en turno de tardes por un contrato de obra a media jornada.
Canal 9, a través de una productora, Trivision, realizó durante meses una selección para el concurso Càstin9, al que se presentaron miles de personas. De entre todas ellas, después de valorar sus aptitudes ante la cámara, se eligió a los dieciséis concursantes del programa Mira, Mira!, un concurso de cámara oculta, en el que los participantes son ganchos de escenas supuestamente cómicas que protagonizan famosos, como María Abradelo o Nuria Roca.
Después valorar las capacidades interpretativas derivadas de hacer caer en la trampa a rostros conocidos o a víctimas del sentido del humor de su jefe o amigos, se alcanzaba la categoría de finalista. El premio: trabajar como actores y actrices en una serie de ficción, cuyo guión y protagonistas están aún por determinar, que se lanzará con 13 capítulos.
Un jurado, formado por los actores Fernando Guillén, Jorge Roelas y la actriz y presentadora Esther Arroyo, se encargó de juzgar las aptitudes interpretativas de los aspirantes a actores para la selección de los ocho mejores. En la segunda fase, la selección se produjo entre el jurado y público, lo que los productores llamaron "fase interactiva", quienes señalaron a los cuatro ganadores. Entre ellos, se encuentra María Mombrú, directora de un grupo artístico de mayores en Almassora, Els Millars, y madre de la diputada Maira Barrieras
27. C. VALENCIANA. EL PROFESORADO DE LA CONCERTADA COBRARÁ UN PLUS QUE EL PP VETÓ PARA LA PÚBLICA
El profesorado, el personal de educación especial y el de administración y servicios de todos los centros educativos concertados de la Comunidad Valenciana -unos 10.000 trabajadores- cobrarán a partir de febrero el llamado "complemento retributivo" autonómico. El mismo que el PP vetó de los Presupuestos de 2003 impidiendo la homologación de los 2.700 maestros que imparten Secundaria en colegios públicos. La proximidad de las elecciones de mayo precipitó, el último día de enero, la firma de un acuerdo que tradicionalmente la patronal ha relegado al mes de junio.
La Consejería de Educación selló hace apenas una semana, el 31 de enero pasado, con la firma de un documento de cinco páginas, el compromiso de pagar a "todo el personal docente con pago delegado, el de educación especial y de administración, a partir del 1 de enero de 2003 el denominado complemento retributivo de la Comunidad Valenciana en cada pago mensual y en las gratificaciones extraordinarias". Se trata del mismo complemento fue denegado por el PP en diciembre para el caso de los maestros que, por razones ajenas a su voluntad, han tenido que reciclarse en los últimos años para impartir primer curso de ESO en los colegios públicos ante la falta de institutos.
El pacto suscrito por las dos grandes patronales de la enseñanza, además de incluir el incremento anual del 2%, fija también los incrementos del apartado de Otros gastos del Módulo de Conciertos que se aplicarán gradualmente en los próximos ejercicios de 2004 y 2005. Es decir, el cupo la Administración transfiere directamente las empresas.
De hecho, el coste global de este plus autonómico para el personal docente de los centros concertados que cobra mediante la fórmula de "pago delegado" (directamente de la consejería y no de las empresas) ya estaba previsto en diciembre en el Anexo I de la Ley 12/2002 de los Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2003.
La novedad reside en los tiempos. Pese a estar contemplado en los presupuestos del Consell, tradicionalmente las patronales han dilatado hasta junio las negociaciones con los sindicatos acerca del incremento salarial a aplicar sobre los salarios del personal de administración y servicios no incluido en el pago delegado (es decir, que costean directamente las empresas de dinero transferido para gastos de funcionamiento) hasta el mes de junio. Con esto, confirman algunos empresarios, se dispone de mayor liquidez durante un semestre completo. Sin embargo, este año, ante la proximidad de las elecciones autonómicas en mayo, las patronales han precipitado el acuerdo, ante la posibilidad de que se produzca un hipotético cambio en la Generalitat, reconocen.
Con todo, lo que ha provocado "hilaridad" según los términos empleados por dirigentes de CC OO, ha sido el doble parámetro empleado por el Grupo Parlamentario Popular que vetó en diciembre el mismo incremento para los funcionarios públicos.
Mientras los populares votaban a favor del texto de la Ley de Presupuestos que contemplaba el plus para los docentes de la concertada; vetaba al mismo tiempo una enmienda de Esquerra Unida para incluir también el complemento retributivo de los 2.700 maestros que imparten ESO. Una asignatura pendiente que el propio Síndic de Greuges -que lleva cuatro años pidiendo al Consell que ponga fin a este "agravio comparativo" con el resto de funcionarios del Estado- había logrado arrancar al director general de Personal de Educación, José Antonio Rovira, para el ejercicio 2003.
Según la documentación enviada al Síndic por la Administración Educativa, en noviembre la consejería había "cumplido con los trámites preceptivos de su asesoría jurídica para que los maestros que imparten ESO pudieran percibir las diferencias retributivas". Es más, Rovira en su escrito al Síndic, se comprometía a "incluir una norma con rango de ley, concretamente en la Ley de Medidas Fiscales Administrativas, que se aprobará junto a la de Presupuestos de 2003, el cobro del complemento diferencial". Nada de esto ocurrió. La resolución dictada por la Dirección de Personal en diciembre quedó fuera del texto legal. El Grupo Parlamentario Popular optó por autoenmendar al Consell y rechazó además la enmienda propuesta por EU.
28. LA CRISIS DEL PP DE GIJÓN OBLIGA A RENUNCIAR AL CANDIDATO A ALCALDE
El senador del PP Isidro Martínez Oblanca dimite como presidente local del PP de Gijón y candidato a la alcaldía. La renuncia se produjo en el marco de una crisis del partido en la mayor ciudad de Asturias por el choque entre la dirección local y el grupo municipal. También han dimitido tres concejales críticos con Oblanca.
El desencadenante fue la exclusión de los tres ediles dimisionarios de la propuesta de candidatos elaborada por la junta local para representar al Ayuntamiento, dentro del cupo del PP, en los órganos de Cajastur. La crisis saca a flote un vieja división en el PP gijonés entre dos sectores, que han sido tradicionalmente identificados con Martínez Oblanca y con la ex diputada y actual delegada del Gobierno en Asturias, Mercedes Fernández. Oblanca y Fernández son personas afines al ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos.
El conflicto se vio atizado últimamente por un cruce de reproches entre el senador y el PP de Oviedo a propósito de la sucesión de José María Aznar. Oblanca defendió la posición oficial de que no es el momento de abrir el debate, mientras que el PP de Oviedo se pronunció por apoyar al ministro de Economía, Rodrigo Rato.
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