Partes de Guerra centristas
Semana del 21 al 27 de Junio 2003
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2. EL FISCAL JEFE DE MADRID BERMEJO COMPARA AL GOBIERNO CON PRIMO DE RIVERA
3. UN INFORME UNIVERSITARIO ACHACA AL DINERO NEGRO EL AUGE INMOBILIARIO EN LA COSTA DEL SOL
4. EL GOBIERNO ESTABLECE TRES HORAS DE RELIGIÓN POR CADA CINCO DE MATEMÁTICAS
5. EL ESTADO DEBERÁ INDEMNIZAR A UN MILITAR ARRESTADO POR NO IR A UNA PROCESIÓN
6. LA FINALIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DEL AVE SE RETRASA DE NUEVO HASTA EL 31 DE JULIO
7. EL PRECIO DEL AVE SE DISPARA
8. FOMENTO ADMITE QUE HAY FUEL ENTERRADO EN PLAYAS GALLEGAS
9. FOMENTO IMPONE AL 'RAINBOW WARRIOR' LA FIANZA MÁXIMA POR ABORDAR UN BARCO
10. DEFENSA REMITE A LOS FAMILIARES DEL YAK-42 A UN ABOGADO QUE LE EXIME DE TODA RESPONSABILIDAD
11. LOS INFORMES DEL CNI NO AVALABAN LA ROTUNDA POSICIÓN DEL GOBIERNO SOBRE IRAK
12. EL PP RECHAZA QUE AZNAR DÉ CUENTA DE LAS "MENTIRAS" DE LA GUERRA DE IRAK
13. EL SECTOR AGRARIO RECHAZAN LA REFORMA DE LA PAC
14. EL PP RECHAZA UNA INICIATIVA PARA LA IGUALDAD DE TRATO EN EL EMPLEO
15. RATO ASEGURA QUE CONSULTÓ SI ERA LEGAL TENER UN CRÉDITO DEL HSBC Y SANCIONAR AL BANCO
16. DEFENSA REMITE A LOS FAMILIARES DEL YAK-42 A UN ABOGADO QUE LE EXIME DE TODA RESPONSABILIDAD
17. LOS DESPIDOS DE TELEFÓNICA LE COSTARÁN AL ESTADO 300 MILLONES
18. EL GOBIERNO JUSTIFICA EL AJUSTE DE TELEFÓNICA POR LA LIBERALIZACIÓN
19. HUELGA EN LA AGENCIA EFE CONTRA EL DESPIDO DE 23 TRABAJADORES
20. EL INFORME COTEC ADVIERTE DE "SERIAS DEFICIENCIAS" DEL I+D EN ESPAÑA
21. GARZÓN ARCHIVA EL 'CASO EXPO' TRAS DEMOSTRARSE QUE NO HUBO DELITO
23. C. VALENCIANA: LA RELACIÓN ENTRE DEUDA Y PIB CRECE CUATRO PUNTOS EN LOS OCHO AÑOS DEL PP
1. CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO - FISCAL JEFE ANTICORRUPCIÓN : "PUEDO INVESTIGAR SI SE QUERELLA EL PP, PERO NO SI LO HACE EL PSOE"Carlos Jiménez Villarejo, fiscal jefe a cargo de la Fiscalía Anticorrupción, envió el pasado martes 17 de junio un escrito de once folios al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, en el que le solicitaba autorización para iniciar diligencias de investigación en la trama político-inmobiliaria de la Comunidad de Madrid. El documento analizaba datos públicos y jurisprudencia del Tribunal Supremo. Cardenal no le respondió. Sin embargo, tanto el fiscal general del Estado como el vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, han descartado, en declaraciones públicas, una intervención de la Fiscalía Anticorrupción en el tema. Jiménez Villarejo dice en una entrevista que Cardenal le ordena investigar cuando se trata de querellas que presentan políticos del Partido Popular, pero no si el querellante es el Partido Socialista Obrero Español. He aquí el diálogo.
Pregunta. ¿Tan claro es?
Respuesta. Lo digo porque es así. A comienzos de la semana pasada, después de analizar la crisis en la Comunidad de Madrid y examinar la información pública decidimos solicitar autorización al fiscal general del Estado para investigar el caso. ¿Para qué estamos si no es para asuntos como éstos? Se trata de un caso de presunta corrupción que ha tenido consecuencias institucionales tremendas. Unos días antes el fiscal general me había enviado varias querellas, siete si mal no recuerdo, todas inspiradas por gente del PP, relacionadas con el Ayuntamiento de Calvià, en Mallorca. Están dirigidas contra la ex alcaldesa socialista Margarita Nájera. Bien. Le sugerí al fiscal general del Estado que se nombrara a alguien de la fiscalía de Mallorca para llevar el tema y él estuvo de acuerdo. Tengo en mis oficinas al fiscal Joan Carrau, que está trabajando activamente en el caso. Ahora, entonces te preguntas: ¿Sólo hay que investigar cuando la denuncia la presenta el PP? Y no ha sido el único ejemplo. Está el de Susana Bermúdez, la diputada tránsfuga del PSOE en Ceuta, en septiembre de 1999, cuatro meses después de las elecciones locales de junio de aquel año.
P. El fiscal general del Estado hizo declaraciones el pasado viernes. No se pronunciará sobre la petición de la Fiscalía Anticorrupción hasta que se resuelva en el Tribunal de Justicia de Madrid sobre la admisión a trámite de la querella presentada por el PSOE.
R. He leído las declaraciones. Lo que no entiendo es por qué razón no me envía un oficio de respuesta a mi propuesta. Le diré también que siempre los altos cargos del Gobierno solían decir, al preguntárseles por resoluciones judiciales o de la fiscalía, que esto era un asunto de los tribunales. Ahora ya no es así. Actúan a cara descubierta.
P. ¿A qué se refiere?
R. El vicepresidente segundo, Mariano Rajoy, dijo el pasado viernes, tras la reunión del Consejo de Ministros, que no existían fundamentos jurídicos para una investigación del caso de la Comunidad de Madrid por parte de la Fiscalía Anticorrupción. El vicepresidente explicaba lo que debía decir una querella por el delito de cohecho y lo que no decía la que había presentado el Partido Socialista. En otras palabras, el fiscal general del Estado y el vicepresidente me daban, de hecho, una respuesta al oficio en el que yo proponía abrir un expediente para investigar. Cosas así no habían ocurrido nunca.
P. ¿Usted cree que la Fiscalía Anticorrupción debería estar presente aun en el caso de que prospere la querella presentada por la Fiscalía de Madrid?
R. Me parece que es obvio. La Fiscalía Anticorrupción tiene como objetivo este tipo de delitos, como el cohecho o las negociaciones prohibidas por la naturaleza de los cargos públicos. Mi pregunta es más sencilla: si éste no es un caso para esta fiscalía, ¿entonces cuáles son los casos que debería investigar? Lo que ocurre es que el poder no quiere. Está, de hecho, anticipando sus planes.
P. ¿Se refiere a que usted y otros fiscales jefes serán apartados de sus puestos en las próximas semanas?
R. En efecto. Como es bien sabido -porque se ha hecho una crónica anticipada de ello-, el ministro de Justicia ha firmado una orden ministerial que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el sábado 14 en la cual se convoca concurso para ocupar dos plazas de fiscales jefe. Es ilegal. Hay otros fiscales de Sala como Eduardo Torres-Dulce, Jesús Bernal y Martín Cazallo, que han escrito al fiscal general del Estado por este asunto. Ellos estiman que el Consejo Fiscal del 1 de julio debe considerar la legalidad de esa convocatoria de plaza y proceder a anularla si es, como yo creo, y como los colegas citados parecen estimar, una medida completamente ilegal. El fiscal general, por su parte, ya ha cursado dos oficios en los que justifica la citada orden ministerial.
P. ¿Y cree que hay algún camino para frenar esta ofensiva?
R. Vamos a intentarlo. Desde luego, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) va recurrir por la vía contencioso administrativa. Y creo que los tribunales les darán la razón. Yo mismo pienso presentarme a la plaza para cubrir la vacante de fiscal jefe Anticorrupción. No voy a dejar que un trabajo de largos años quede en el aire. En otros términos, tendrán que impedir que pueda conseguir esa plaza a cara de perro, sin ambages.
P. ¿Cree que sus hombres podrían avanzar rápidamente en esta trama, suponiendo que exista?
R. Ha pasado más de una semana desde que envié el oficio a la Fiscalía General del Estado. En ocho días, nosotros podíamos haber analizado los indicios existentes y practicado algunas diligencias e interrogatorios. Una semana es mucho tiempo. Pero nadie ha querido que metamos la nariz. Eso me parece evidente. Insisto en una cosa: nunca antes nos habían ignorado y pasado por encima como estos días.
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2. EL FISCAL JEFE DE MADRID BERMEJO COMPARA AL GOBIERNO CON PRIMO DE RIVERA
Bermejo, que acaba de dejarsu puesto al frente de los fiscales madrileños por la aplicación de la nueva ley que fija en cinco años la permanencia en un puesto, aseguró que el abandono de su cargo le produce una sensación de "liberación y de irritación, porque no parece que tenga nada que ver este cese y algunos otros que vendrán con las finalidades que se han predicado de la ley".
El fiscal jefe de Madrid está convencido de que la razón de su cese no es la necesidad de renovar el Ministerio Fiscal: "Resulta que el que más necesita que le pongan un plazo y no precisamente para asegurar la transitoriedad, sino para asegurar su autonomía que es el Fiscal General del Estado, pues precisamente es el único que se queda sin plazo. Y para aquellos en los que la inexistencia de plazo jugaba como una garantía de autonomía, a esos se les pone un plazo y además un plazo riguroso en el que se cesa por ley y no tiene que ser explicado".
Sobre la presunta trama de corrupción inmobiliaria y la traición de los dos diputados socialistas en la Asamblea de Madrid, Bermejo insistió en que la querella presentada contra ocho personas, entre ellas el ex alcalde popular de Alcorcón Pablo Zúñiga y el promotor inmobiliario Francisco Bravo no está basada en otra presentada por el PSOE ni está archivada. "No se puede seguir insistiendo en dos mentiras que intentan distraer de que existe una querella en la Fiscalía de Madrid por hechos muy graves que ponen de relieve una trama de especulación urbanística delictiva". Además, Mariano Fernández Bermejo no ha respondido a las acusaciones de Juan José Güemes, portavoz adjunto del PP en la Asamblea de Madrid. "No se quien es ese señor que está participando de una estrategia colectiva de distracción" al decir que desde la Fiscalía hizo llamadas a la sede del PSOE antes y después de las elecciones.
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3. UN INFORME UNIVERSITARIO ACHACA AL DINERO NEGRO EL AUGE INMOBILIARIO EN LA COSTA DEL SOL
No resulta explicable la intensa actividad urbanística desarrollada en la Costa del Sol a menos que se parta de que se está nutriendo de dinero negro. Ésta es una de las conclusiones del estudio que cuatro universidades europeas, dirigidas por la de Málaga, han desarrollado en 11 municipios de la costa de Málaga, "en donde se construye un 60% más que en la Comunidad de Madrid". El estudio alerta sobre el interés del crimen organizado por "hacerse con el control político de los municipios" en una zona metropolitana que cuenta con 3,5 millones de habitantes estacionales o permanentes.
La hipótesis de trabajo de la que partieron los investigadores del Instituto Andaluz de Criminología -en colaboración con instituciones similares de Amsterdam (Holanda), Trento (Italia) y Cardiff (Reindo Unido)- es que hay un circuito de la corrupción: En una primera fase los constructores reciben un trato de favor por parte del consistorio; a partir de ahí resulta más atractivo el blanqueo de capitales; una vez afincados en la zona, compran a gran escala terrenos, hoteles e instalaciones; para lograr convenios y recalificaciones, intentan el control de compañías inmobiliarias y constructoras, y el último paso es procurar hacerse con el control político del municipio.
José Luis Díez Ripollés, director del Instituto, considera que en la Costa del Sol se está en la primera fase de la implantación de estas redes de delincuencia: "Si no se toman las medidas oportunas, veremos cómo el crimen organizado comenzará a controlar el urbanismo", afirmó este catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga. Añadió que "hay mucho dinero negro en las inversiones urbanísticas en la Costa del Sol; esto no quiere decir que todo provenga de la delincuencia, también hay dinero ilegal de actividades no fiscalizadas en Europa".
Según se recoge en el estudio, el auge del sector inmobiliario en la Costa del Sol ha sido espectacular en los últimos años: aumentó un 1.600% entre 1994 y 1999. Las cifras de los colegios de arquitectos sobre proyectos visados, indican que la provincia de Málaga se construye cinco veces más que en la de Sevilla y un 60% más que en Madrid. En los 160 kilómetros de este litoral se está construyendo a tal ritmo que "a corto plazo la población, de muy diversa procedencia, podría superar a la de Madrid", señala el informe. Málaga es ya la sexta provincia más poblada de España, con 1.287.071 habitantes, el 74,8% de los cuales vive en la costa. Pero esta población de derecho no es la real y en verano puede llegar fácilmente a triplicarse. Con un inconveniente grave: las subvenciones públicas están en función del censo. Este desfase anima a los alcaldes a desarrollar "un urbanismo intensivo para obtener financiación".
Los investigadores se entrevistaron con los alcaldes de nueve de los 11 municipios analizados y con arquitectos, promotores, grupos políticos y cargos de instituciones provinciales y autonómicas. En total, 87 personas. Entre sus conclusiones está que "los alcaldes socialistas destacaron la necesidad de una planificación regional, y los del PP e independientes defendieron más la autonomía municipal y la necesidad de atender a los intereses locales". Pero, con independencia del modelo, todos están a favor de realizar convenios urbanísticos para conseguir ingresos. Per Stangeland, subdirector del Instituto de Criminología, dijo que "los controles ciudadanos, administrativos y judiciales no funcionan adecuadamente y la corrupción en la Costa del Sol no es de una tendencia, ocurre con independencia del partido: todos bailan al mismo ritmo".
La vigilancia sobre construcciones ilegales es escasa y hay municipios que no tienen servicio de inspección. Las sanciones administrativas suelen consistir en multas no muy altas, casi nunca se decretan demoliciones y rara vez se acude a la vía penal. Por otro lado, junto al auge de la especulación inmobiliaria en estos municipios hay muy pocas viviendas de protección oficial.
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4. EL GOBIERNO ESTABLECE TRES HORAS DE RELIGIÓN POR CADA CINCO DE MATEMÁTICAS
Todos los alumnos estudiarán, a partir del curso 2004-2005, tres horas de religión por cada cinco de matemáticas en primaria y ESO. Así lo ha establecido el Gobierno en la reforma de la religión introducida con la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE). En la actualidad, los alumnos y las familias pueden escoger cursar la materia de Religión, que imparten profesores elegidos por la Conferencia Episcopal, o alternativas no relacionadas con la religión, como prácticas de informática o actividades de estudio. Con la la reforma, el 9,6% del horario será de religión.
La ministra de Educación, Pilar del Castillo, anunció que la religión contará a todos los efectos en la educación obligatoria, incluso para repetir curso, como una asignatura más. En 1º de bachillerato, que no es una etapa obligatoria y, por lo tanto no gratuita, también puntuará para repetir curso, aunque no para obtener becas. Con esta medida, el Gobierno concede a la Iglesia una petición realizada a los sucesivos gobiernos democráticos españoles.
Esta iniciativa va más allá de la situación en la que se encontraba la enseñanza de la religión con la Ley General de Educación de 1970, (que establecía las etapas de preescolar, EGB, BUP COU y FP). Aquella ley fijaba la asignatura de Ética como única alternativa a la Religión. La norma fue reformada por los socialistas en 1990 con la Ley Orgánica de Ordenación General de la Educación (LOGSE).
El Gobierno fija una carga horaria común para toda España, así como los contenidos comunes, que representan el 55% del total en las comunidades con una sola lengua oficial y del 45% en las de dos. Con la novedad introducida respecto a esas enseñanzas, todos los alumnos cursarán entre 1º y 2º de primaria, por ejemplo, 105 horas de Religión o Hecho Religioso (lo que supone una hora y media semanal por curso) frente a 175 de Matemáticas (es decir, dos horas y media semanales). En la ESO y el bachillerato la proporción es prácticamente la misma.
Los alumnos estudiarán además en toda la primaria las mismas horas de contenidos religiosos que de educación artística; y lo mismo sucede de 4º a 6º de primaria respecto a educación física. En la ESO aprenderán más religión que ciencias naturales y tecnología. Y, en general, la religión tendrá seis veces más peso que el de la Ética y mucho más que el de Música.
El Sindicato de Estudiantes dijo que la asignatura de Religión se va a convertir en una maría (una materia fácil) para que el número de alumnos matriculados en esta asignatura sea mayor que en su alternativa, "y así la enseñanza doctrinaria seguirá teniendo un enorme peso en el sistema educativ". La Federación de Asociaciones de Estudiantes (FAEST) añadió que está en desacuerdo pues "la religión pertenece a la esfera íntima y personal y, por lo tanto, no es evaluable".
La patronal Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) mostró su satisfacción por la decisión del Gobierno.
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5. EL ESTADO DEBERÁ INDEMNIZAR A UN MILITAR ARRESTADO POR NO IR A UNA PROCESIÓN
El Tribunal Supremo ha condenado al Estado a indemnizar con 100 euros a un sargento primero de Artillería por los daños morales que le causó sufrir dos días de arresto por negarse a portar el guión del Regimiento en un desfile de la Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que se celebró en abril de 2001 en Melilla.
El alto Tribunal estima el recurso del sargento, que consideró vulnerado su derecho a la libertad religiosa, puesto que el jefe de su unidad no atendió su solicitud de ser eximido de participar en la procesión y le sancionó. Según la sentencia, el arresto produjo al sargento una "menor perturbación anímica, psíquica y personal en el derecho a la libertad, que es la limitación con permanencia en el domicilio", sin que consten otras singularidades que agravaran su situación. Por ello, el Supremo condena a la Administración pública a indemnizar al sargento con 50 euros por cada día de arresto.
El Supremo recuerda que la Constitución establece que los particulares deben ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos
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6. LA FINALIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DEL AVE SE RETRASA DE NUEVO HASTA EL 31 DE JULIO
La nueva línea del AVE entre Madrid y Lleida sufre un nuevo retraso. Ansaldo-Cobra, el consorcio responsable de los sistemas de seguridad, ha solicitado al GIF (Gestor de Infraestructuras Ferroviarias) un nuevo plazo de dos meses, lo que obligará a Renfe a dar por perdida la temporada de verano. El ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, declaró que desconocía este nuevo aplazamiento y dijo que desde el primer incumplimiento es escéptico sobre los nuevos plazos para la puesta en marcha del servicio.
Según la información, el sistema de señalización y control del tráfico en la nueva línea sigue sin estar a punto. Ansaldo-Cobra ha informado de que necesita más tiempo para completar su trabajo.El consorcio se había comprometido a tener a punto el sistema para el pasado 31 de mayo. Ahora, la unión temporal de empresas formada por la italiana Ansaldo y la española Cobra asegura por escrito que tendrá solucionados todos los problemas pendientes el próximo 31 de julio. El nuevo plazo propuesto para resolver las 52 deficiencias detectadas en mayo ha sido remitido al GIF por Ansaldo-Cobra recientemente, y en él se incluyen varios hitos de ejecución gradual de los trabajos. En todo caso, en el ente público persisten las dudas sobre el cumplimiento efectivo del nuevo compromiso, en vista del rosario de retrasos e incidencias que arrastra el proyecto.
La inauguración del AVE Lleida-Madrid fue fijada inicialmente para el 12 de octubre del año pasado. Fomento propuso luego a la Casa del Rey que el viaje inaugural se celebrara unas semanas más tarde, el 20 de diciembre. Sin embargo, hasta febrero de 2003 el Ministerio de Fomento y el GIF no comenzaron a organizar viajes "promocionales" previos, que registraron numerosas incidencias y tuvieron que suspenderse.
A la vista de las deficiencias y retrasos, el GIF y Ansaldo-Cobra pactaron el 31 de mayo como fecha límite para tener solucionados los problemas de seguridad. De esta forma, el servicio podría inaugurarse y ponerse en marcha en junio y aprovechar la temporada de vacaciones estivales. Ahora, la fecha propuesta por el consorcio suministrador es el 31 de julio.
La adjudicación de los sistemas de seguridad y de control de tráfico a Ansaldo-Cobra se hizo cuando era titular del ministerio Rafael Arias-Salgado. La decisión fue ratificada después por su sucesor al frente de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos.
El sistema de seguridad que se trata de poner a punto sólo permite velocidades máximas de 200 kilómetros por hora, muy lejos de los 300 y 350 kilómetros que debería permitir la línea en sus fase inicial y final, respectivamente, según el proyecto original del GIF, lanzado hace más de seis años.
Además del retraso del sistema que servirá de cerebro de la línea, persisten algunos problemas de geometría de la vía y de puesta a punto de la catenaria, según distintas fuentes, pero unos y otros se consideran solucionables en las seis semanas que faltan para que venza el nuevo compromiso de los italianos, según fuentes cercanas a Renfe.
Sin embargo, la compañía ferroviaria considera prácticamente perdida la posibilidad de explotar la nueva línea en la temporada alta turística, durante las vacaciones de verano. Una vez recibida la obra ejecutada por Ansaldo-Cobra, Renfe tendrá que realizar pruebas de circulación y la puesta a punto del servicio. Además, se considera inadecuado realizar un cambio tan drástico de la oferta comercial en pleno periodo punta de tráfico.
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7. EL PRECIO DEL AVE SE DISPARA
El gran proyecto ferroviario del Gobierno tenía un presupuesto inicial, en 1996, de 6.611 millones de euros, según los documentos del Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF). Ahora, un informe revela que, a fecha del pasado 30 de mayo, "la estimación del presupuesto para el total de la línea asciende a 9.119 millones de euros (más de un billón y medio de pesetas).
El Ministerio de Fomento y el GIF, desde 2001 suprimió cualquier referencia pública a los costes globales de los trabajos. Sin embargo, un informe de fiscalización elaborado por el Tribunal de Cuentas en julio del año pasado sobre todas las adjudicaciones efectuadas por el GIF en los años 1999 y 2000 ya recogía el incremento de los gastos.
El dictamen del máximo órgano fiscalizador advertía hace un año de que un gran número de contratos se estaban modificando al alza por deficiencias en los proyectos. El tribunal cita, por ejemplo, el contrato de accesos a la estación de Lleida que, tras sufrir varias modificaciones, pasó de 5.169 a 5.950 millones de pesetas (de 31,06 a 35,76 millones de euros).
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8. FOMENTO ADMITE QUE HAY FUEL ENTERRADO EN PLAYAS GALLEGAS
Un informe del Ministerio de Fomento reconoce la existencia de chapapote enterrado a más de 60 centímetros de profundidad en playas gallegas y alerta de que puede salir a la superficie en unos ocho meses. El fuel, cada vez más mezclado con arena, se estratifica hasta en cinco capas, con grosores que alcanzan los cinco centímetros. El ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, y la titular de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, aseguraron desconocer la existencia del informe.
El estudio recoge los resultados de los análisis realizados en diversas playas de una zona comprendida entre la ría de Arousa y A Coruña, la que recibió con más intensidad los embates de los vertidos del Prestige. Los técnicos de Fomento advierten de que cuando el residuo aflore a la superficie será más difícil de limpiar porque al mezclarse con la arena ha formado una argamasa compacta. También manifiestan su preocupación por los posibles daños que esa contaminación oculta puede ocasionar en la flora y la fauna. Los autores del estudio señalan en concreto varias playas del municipio de Camariñas, en la Costa da Morte, como las que cobijan más fuel enterrado.
El ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, no negó la existencia del informe, pero aseguró que no lo conocía. "Mi casa es muy grande y yo no puedo tener un conocimiento enciclopédico y universal de todos los papeles que se mueven", se justificó. Tampoco la ministra de Medio Ambiente, cuyo departamento se encarga de la limpieza de las playas, tenía noticia del informe. Elvira Rodríguez afirmó que sólo conocía que hubiese problemas para retirar fuel enterrado en un arenal, el de O Rostro, en Fisterra.
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9. FOMENTO IMPONE AL 'RAINBOW WARRIOR' LA FIANZA MÁXIMA POR ABORDAR UN BARCO
El Ministerio de Fomento ha respondido con dureza a la última protesta de Greenpeace y ha abierto un expediente sancionador a la ONG por abordar el 13 de julio frente al puerto de Valencia a un buque con madera tropical. El ministerio exige a la organización una fianza de 300.500 euros y mantiene inmovilizado su barco, el Rainbow Warrior, mientras no pague. El aval impuesto para "asegurar la eficacia de la resolución que recaiga" coincide con la cantidad máxima de sanción prevista para las infracciones muy graves contra la ordenación del tráfico marítimo en la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, según la notificación de inicio del procedimiento firmada el 16 de junio por el director general de la Marina Mercante, José Luis López-Sors.
"La medida no tiene precedentes y responde a una persecución política", recalca Greenpeace, que presenta una campaña internacional para "liberar" al Rainbow Warrior. "Nuestra percepción es que no es un expediente administrativo, sino un castigo por la persistencia de nuestras denuncias contra la importación de madera de talas ilegales", recalca Juan López de Uralde, director ejecutivo de Greenpeace España. La ONG ya abordó un barco el año pasado en Sagunto, sin que fuera sancionada. La elevada fianza de Fomento, además, contrasta con los 630 euros en multas a que han sido condenados por un juzgado de Valencia los seis activistas detenidos por la protesta, acusados de faltas de desobediencia y coacciones.
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10. DEFENSA REMITE A LOS FAMILIARES DEL YAK-42 A UN ABOGADO QUE LE EXIME DE TODA RESPONSABILIDAD
El ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, ha remitido a los familiares de los 62 militares muertos el pasado día 26 en el accidente sufrido por un avión Yakovlev-42 en Trebisonda (Turquía) un documento elaborado por el despacho de abogados "Martín-Chico & Asociados". La tesis que defiende el letrado Ricardo Martín-Chico es que el Ministerio de Defensa "no tiene ninguna responsabilidad" en el siniestro, que se debió a "un error temerario" del piloto, por lo que los familiares deben presentar una demanda civil contra la compañía ucrania propietaria del aparato, UM Airlines.
Ricardo Martín-Chico descarta la presentación de una demanda penal o contencioso-administrativa contra el Ministerio de Defensa, como responsable civil subsidiario del siniestro por haber fletado el avión. Cree, a la luz de su experiencia (su despacho asegura haber intervenido en una quincena de accidentes aéreos), que una demanda de este tipo sólo serviría para prolongar el proceso durante años y demorar el cobro de indemnizaciones. En consecuencia, aboga por la presentación de una demanda civil contra la compañía ucrania UM Airlines, que puede presentarse en los juzgados de Zaragoza, como destino último del vuelo. Confía incluso en llegar a un acuerdo negociado prejudicial, en base al seguro de responsabilidad civil suscrito por UM Airlines que, según sus noticias, está reasegurado en la bolsa Lloyd's de Londres. Pero esta iniciativa, advierte, es incompatible con una demanda contra Defensa. El bufete, según su titular, cobra, al margen de otros gastos, "menos del 17%" de las indemnizaciones que perciban los familiares.
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11. LOS INFORMES DEL CNI NO AVALABAN LA ROTUNDA POSICIÓN DEL GOBIERNO SOBRE IRAK
El Gobierno se ha escudado en las resoluciones de la ONU y los informes de los inspectores frente a las demandas de la oposición para que explique dónde están las armas de destrucción masiva que justificaron la invasión de Irak. En cambio, ha evitado remitirse a la información que recibió de sus propias fuentes; es decir, del servicio secreto español CNI y de la división de inteligencia de la OTAN. Los informes de ambos organismos arrojaban sospechas sobre el régimen de Sadam Husein, pero en ningún caso avalaban las rotundas declaraciones de Aznar.
El Gobierno disponía de sus propios informes sobre el asunto, aunque no haya informado de su existencia al Parlamento. En concreto, España, como miembro de la OTAN, tuvo acceso a los informes elaborados por la división de inteligencia del Estado Mayor Internacional de la OTAN. Dicha división elaboró varios documentos sobre los programas de armas de destrucción masiva de Irak, pero en ninguno de ellos se afirmaba categóricamente que el régimen de Sadam Husein las tuviese en su poder, como aseguró pública y repetidamente Aznar.
En todos los informes se utilizaban los verbos en condicional, con expresiones del tipo podría disponer. En realidad, de lo único que la OTAN estaba segura es de que Irak había tenido armas químicas y biológicas y no había demostrado su destrucción. Además, los informes de la OTAN agregaban que el régimen iraquí contaba con la experiencia, los medios, el personal técnico y los contactos necesarios para producir este tipo de armas en un plazo breve, especialmente si se levantaban las sanciones impuestas en 1991, tras la primera guerra del Golfo, cuyo mantenimiento resultaba cada vez más problemático a medio plazo.
El Gobierno dispuso, además, de los informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el servicio secreto español sucesor del Cesid. Desde el principio, el CNI descartó la posibilidad de que Irak dispusiera de capacidad para producir armas nucleares -pese a la supuesta compra de uranio a Niger, que resultó ser una burda falsificación- y también negó la relación entre el régimen Baaz iraquí y la red terrorista Al Qaeda, en contra de los sostenido inicialmente por miembros del Gobierno. Además, el CNI elaboró un informe a mediados de febrero pasado, a raiz de la comparecencia del secretario de Estado de EE UU, Colin Powell, ante el Consejo de Seguridad el día 5 de ese mismo mes. Los analistas del CNI compararon las imágenes de instalaciones iraquíes presentadas por Powell con las obtenidas a partir del satélite Helios (que España comparte con Francia e Italia) y de satélites comerciales. Su conclusión fue que en algunas instalaciones se había reiniciado la actividad, como demostraba la presencia de vehículos y la construcción de nuevos edificios, de lo que deducía que "Irak ha mantenido su voluntad de seguir desarrollando sus programas de armas de destrucción masiva", especialmente en los "ámbitos químico, biológico y de misiles". Pero una cosa era la constatación de esa voluntad y otra distinta la posesión efectiva de las armas. Y mucho menos la capacidad para utilizarlas de inmediato, lo único que podía justificar la decisión de iniciar la guerra sin atender a la prórroga solitada por el doctor Blix.
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12. EL PP RECHAZA QUE AZNAR DÉ CUENTA DE LAS "MENTIRAS" DE LA GUERRA DE IRAK
El Grupo Popular rechazó en la Junta de Portavoces del Congreso, la petición para que el presidente José María Aznar explique en qué fundamentó sus rotundas afirmaciones sobre la existencia de armas de destrucción masiva en Irak. El portavoz del PP, Luis de Grandes, acusó a la izquierda de llevar a cabo una "maniobra política" para recuperar el debate de la guerra de Irak y agregó que el Gobierno está dispuesto a informar en la Comisión de Secretos Oficiales "cuando sea hora".
Por su parte, el ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, evitó confirmar la existencia de los informes del CNI sobre el armamento iraquí. "Si yo confirmo la existencia de los documentos, estoy revelando un secreto oficial; si yo desmiento el contenido de los documentos, estoy revelando un secreto oficial; y en ambos casos estaría cometiendo un delito", alegó el ministro en Toledo, donde asistió al XV Seminario Internacional de Seguridad y Defensa, organizado por la Asociación de Periodistas Europeos.
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13. EL SECTOR AGRARIO RECHAZAN LA REFORMA DE LA PAC
Organizaciones agrarias y cooperativas han coincidido en sus críticas contra la reforma de la Política Agrícola Común (PAC). Para los representantes del sector agrario, se trata de un mal acuerdo que supone una renacionalización y desaparición de la PAC.
Según el presidente de Asaja, Pedro Barato, el acuerdo supone avances sobre la propuesta inicial de la Comisión, pero no responde a las necesidades del sector agrario español. Asaja califica la reforma como "mala" en cuanto supone agravar desequilibrios existentes en la Unión Europea. Pedro Barato estima que con esta reforma muchas zonas podrán seguir su actividad, pero otras muchas tendrán serios problemas. Para el responsable de Asaja, la reforma supone renacionalizar la PAC. Fernando Moraleda, secrerario general de UPA, comparte la posición de Asaja sobre este acuerdo por suponer el desmantelamiento de la PAC y la legalización de las desigualdades en la UE. Para UPA, el acuerdo es un dramático fracaso, ya que no tiene nada que ver lo que defendía España y lo conseguido. El responsable de UPA estima que Francia y Alemania han sido los únicos triunfadores. Fernando Moraleda estima que Miguel Arias Cañete debería dejar el puesto de ministro de Agricultura. Para el secretario general de COAG, Miguel López, tras este acuerdo, el acuerdo supone un punto de partida para acabar con los profesionales del campo. El responsable de COAG califica al ministro como "el palmero" de Francia y Alemania, países en torno a cuyos intereses han girado las negociaciones, según los agricultores españoles. El sindicato anunció movilizaciones.
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14. EL PP RECHAZA UNA INICIATIVA PARA LA IGUALDAD DE TRATO EN EL EMPLEO
El pleno del Congreso rechazó con los votos del PP y de CC, la toma en consideración de una proposición de ley para garantizar el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el empleo. Según el PP , el Gobierno tiene tres años todavía para desarrollar esa directiva.
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15. RATO ASEGURA QUE CONSULTÓ SI ERA LEGAL TENER UN CRÉDITO DEL HSBC Y SANCIONAR AL BANCO
Rato aseguró en la Comisión de Economía del Congreso que la Abogacía del Estado le informó de que no debía inhibirse de dictar la sanción contra el HSBC por mantener cuentas opacas a pesar de que una empresa en la que participa el vicepresidente (Muinmo) había recibido un crédito de ese banco. Rato esgrimió que la propuesta de sanción le vino dada desde la Comisión Ejecutiva del Servicio para la Prevención del Blanqueo de Capitales.Rato dijo que se siente cansado de repetir la misma versión sobre su relación con el HSBC: "La seguiré repitiendo porque es la única que tengo". Según Rato la calificación de cliente especial que le aplicó el banco HSBC a Muinmo – se hizo sin consultarle y en virtud de normas internas e internacionales de control bancario.
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16. DEFENSA REMITE A LOS FAMILIARES DEL YAK-42 A UN ABOGADO QUE LE EXIME DE TODA RESPONSABILIDAD
El ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, ha remitido a los familiares de los 62 militares muertos el pasado día 26 en el accidente sufrido por un avión Yakovlev-42 en Trebisonda (Turquía) un documento elaborado por el despacho de abogados "Martín-Chico & Asociados". La tesis que defiende el letrado Ricardo Martín-Chico es que el Ministerio de Defensa "no tiene ninguna responsabilidad" en el siniestro, que se debió a "un error temerario" del piloto, por lo que los familiares deben presentar una demanda civil contra la compañía ucrania propietaria del aparato, UM Airlines.
Ricardo Martín-Chico descarta la presentación de una demanda penal o contencioso-administrativa contra el Ministerio de Defensa, como responsable civil subsidiario del siniestro por haber fletado el avión. Cree, a la luz de su experiencia (su despacho asegura haber intervenido en una quincena de accidentes aéreos), que una demanda de este tipo sólo serviría para prolongar el proceso durante años y demorar el cobro de indemnizaciones. En consecuencia, aboga por la presentación de una demanda civil contra la compañía ucrania UM Airlines, que puede presentarse en los juzgados de Zaragoza, como destino último del vuelo. Confía incluso en llegar a un acuerdo negociado prejudicial, en base al seguro de responsabilidad civil suscrito por UM Airlines que, según sus noticias, está reasegurado en la bolsa Lloyd's de Londres. Pero esta iniciativa, advierte, es incompatible con una demanda contra Defensa. El bufete, según su titular, cobra, al margen de otros gastos, "menos del 17%" de las indemnizaciones que perciban los familiares.
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17. LOS DESPIDOS DE TELEFÓNICA LE COSTARÁN AL ESTADO 300 MILLONES
Los sindicatos han hecho ya sus cálculos y todas las "desvinculaciones voluntarias", como las ha denominado Telefónica, podrían suponer un desembolso de 50.000 millones de pesetas. Si la propuesta de Telefónica sigue la línea de la anterior, la compensación a los trabajadores que se vayan incluirá la prestacion de desempleo que les corresponde con cargo al INEM. La propia Administracion hizo una estimación del coste que supuso el expediente del 99 y los despidos suponen un coste medio de 3.240.000 pesetas por trabajador. Así, la operación que ahora prepara Telefónica podría costar unos 300 millones de euros, por la actualización de cotizaciones, si el Ministerio de Trabajo da el visto bueno.
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18. EL GOBIERNO JUSTIFICA EL AJUSTE DE TELEFÓNICA POR LA LIBERALIZACIÓN
El ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, justificó el ajuste de empleo de Telefónica para 15.000 trabajadores como un proceso "usual" por el que han pasado todas las grandes operadoras de telefonía europea en un contexto de liberalización del sector. Según el documento de la empresa, el grueso del ajuste se producirá por bajas incentivadas y afectará sobre todo a los trabajadores de entre 51 y 54 años.
Telefónica de España presentó ante el Ministerio de Trabajo el expediente de regulación de empleo (ERE) por el que pretende la salida de 15.000 trabajadores en los próximos cinco años (2003-2007). En la memoria justificativa culpa al regulador, es decir, al Gobierno, de haber propiciado con una legislación demasiado exigente una situación de desventaja competitiva respecto a las nuevas compañías, forzándole a este ajuste.
Sin embargo, Piqué, el ministro del ramo, no sólo no replicó a esas acusaciones, sino que se mostró comprensivo con la decisión de Telefónica de aplicar esta regulación -la mayor que acomete una empresa privada en España- afirmando que venía motivada por la evolución de las tecnologías y los efectos de la liberalización. "Es algo muy usual en todo el continente europeo y Telefónica es probablemente la última gran operadora europea que ha hecho un planteamiento de estas características".
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19. HUELGA EN LA AGENCIA EFE CONTRA EL DESPIDO DE 23 TRABAJADORES
Los trabajadores de la agencia Efe hicieron una huelga de 24 horas contra el despido de 23 de las 35 personas que trabajan en el área de Explotación de Televisión, incluida en el Departamento de Televisón junto a la agencia de noticias. En esta área se hacían labores de grabación, producción y postproducción para otras cadenas como el canal económico Bloomberg, el de naturaleza Seasons, el canal del Arzobispado de Madrid (TMT), Telemadrid y el canal musical MTV.
El presidente del comité intercentros, Ignacio Bazarra, explica que la agencia Efe, que tiene como único accionista a la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), ha ido finiquitando los contratos que tenía con estas cadenas para facilitar el cierre de este departamento, aunque reconoció que el año pasado tuvo pérdidas de 1,2 millones de euros.
La agencia funcionó gracias al trabajo de los directores y subdirectores de cada sección, los becarios y el personal con contrato temporal, según Bazarra. Mientras, el presidente de Efe, Miguel Ángel Gozalo, asistió al programa El Primer Café de Antena 3 para participar en una entrevista al Presidente de Baleares, el recién elegido Jaume Matas. "No nos parece de recibo que con el problema que había el presidente haya asistido a un programa de otra empresa, de la que percibe unos ingresos como contertulio", criticó Bazarra.
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20. EL INFORME COTEC ADVIERTE DE "SERIAS DEFICIENCIAS" DEL I+D EN ESPAÑA
El sistema español de innovación mantiene "serias deficiencias y su dinámica para solucionarlas es insuficiente". Ésta es una de las conclusiones que recoge el último informe anual que elabora la Fundación Cotec y que pone sobre el papel datos poco alentadores: el gasto en I+D representa sólo el 0,97% del producto interior bruto (PIB), lo que supone la mitad de la media de la UE.
Sin un gran esfuerzo en innovación, la capacidad de gasto de I+D "difícilmente" será capaz de cumplir con el objetivo europeo de alcanzar un 3% del PIB comunitario en inversión e innovación, señala el documento, que fue presentado en Madrid en un acto presidido por el rey Juan Carlos, presidente de honor de Cotec. El presidente de Cotec, José Ángel Sánchez Asiaín, indicó durante su intervención que la competitividad española se basa en "mucha menor medida" que la de los países del entorno en el uso de la tecnología. Sánchez Asiaín admitió también que ha habido mejoras en el I+D español (en 2001 suponía un 0,91% del PIB, frente al 0,83% de 1996), pero que existen todavía "barreras" que frenan la innovación. Y citó como ejemplo las subvenciones que a veces "no responden a diseños adecuados".
El informe incluye un índice que mide la evolución de la opinión de los expertos sobre el sistema de innovación. Este índice continuó el año pasado el deterioro iniciado en 2000 y en 2002 alcanzó incluso un nivel inferior al registrado en 1996.
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21. GARZÓN ARCHIVA EL 'CASO EXPO' TRAS DEMOSTRARSE QUE NO HUBO DELITO
El juez Baltasar Garzón archivó el caso Expo, tras demostrarse que no se cometió delito alguno. La decisión ha sido adoptada precisamente siete años después de que se abriese un procedimiento por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, apropiación indebida y falsedad documental, al creerse que se habían distraído fondos públicos y se habían pagado comisiones indebidas.
El archivo de las actuaciones fue solicitado por el fiscal anticorrupción David Martínez Madero por considerar que se ha agotado la investigación y no se han detectado indicios de delito.
Ya en 1999, Garzón decretó el sobreseimiento parcial del caso y centró la investigación del caso Expo a la averiguación de la posible comisión del delito de malversación de caudales públicos consistente en la eventual aplicación indebida de fondos de la Sociedad Estatal al otorgamiento de injustificadas comisiones a la sociedad Telemundi. En aquel momento, ya levantó la imputación de Emilio Casinello, Javier Baviano, Ángel Luis Gonzalo, Alfonso Cortés-Cabanillas, Fernando G. Delgado y Ángel Martínez, por entender que no habían cometido delito.
Quedaron como imputados Jacinto Pellón, Wolfgang Stein, Carlos Garcés, Luis Oliveró, Isidoro García Sánchez y Juan Piña, quienes ahora han quedado exculpados, después de que los peritos hayan examinado la actividad económico-financiera relacionada con la conmemoración del V Centenario del descubrimiento de América y la Exposición Universal de Sevilla del año 1992.
El magistrado expone que se han recibido varios informes periciales sobre contratos, indemnizaciones al personal, gastos de viajes, entre otros, y que se han librado comisiones rogatorias internacionales a Mónaco, Holanda, Suiza y el Reino Unido, sobre cuentas, movimientos de Telemundi y de otras sociedades relacionadas.
El auto dictado por Garzón destaca que "los caracteres delictivos que aparentemente revestían la actividad de aquellos que ostentaron el poder de decisión para la formalización y ejecución del contrato de arrendamiento de servicios generados de entregas de dinero (...) y la de los ejecutores materiales y otros partícipes en la supuesta desviación de fondos, no ha quedado indiciariamente acreditado". Precisa el auto que "ni la documentación suministrada por el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid [que investiga las comisiones del AVE] ni las comisiones rogatorias libradas, ni las declaraciones de imputados o testigos, han conducido a establecer de forma mínimamente solvente la concurrencia de los requisitos" para que exista delito, y especialmente, "la distracción con ánimo de lucro de los fondos públicos en favor de terceros de cobros irregulares o pagos indebidos de comisiones". Garzón concluye tajante: "Antes al contrario, la dilatada y dificultosa instrucción ha demostrado exactamente lo contrario", es decir la inexistencia de delitos, por lo que el magistrado ha decidido archivar el caso y dejar sin efecto las medidas cautelares impuestas a los imputados
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El primer pleno municipal de la era Gallardón aprobó , con los votos a favor del PP y en contra de PSOE e IU, despojar a ese órgano de las competencias "de pura gestión administrativa" que hasta ahora tenía y cedérselas al gobierno local, del PP. El pleno mantiene la labor de control al ejecutivo y la capacidad de elaborar y aprobar normas, pero ya no podrá intervenir en la adjudicación de contratos, proyectos de obras o peticiones de créditos.
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23. C. VALENCIANA: LA RELACIÓN ENTRE DEUDA Y PIB CRECE CUATRO PUNTOS EN LOS OCHO AÑOS DEL PP
La deuda de la Generalitat sigue creciendo y, con 7.167 millones de euros al final del primer trimestre de 2003, se sitúa ya, en términos absolutos, en segundo lugar en la clasificación por comunidades autónomas, sólo superada por la de Cataluña. Pero la Generalitat ocupa un destacado primer lugar en la relación entre deuda y producto interior bruto (PIB), que ha alcanzado un récord histórico, al situarse en el 10,4%, cuando la media española está en el 6%, según el último boletín estadístico del Banco de España. En ocho años de gestión del PP en la Generalitat -desde 1995- el ratio deuda/PIB ha crecido cuatro puntos, mientras en el conjunto de España sólo ha subido una décima.
Los números no engañan. Y las hemerotecas son tozudas. El pasado mes de marzo, el entonces consejero de Hacienda, Vicente Rambla, apuntó "una clara tendencia" hacia la reducción de la deuda de la Generalitat. Pero la previsión de Rambla no se ha cumplido, de manera que el ciclo de los primeros ocho años de gestión del PP al frente del Ejecutivo valenciano se ha cerrado con un nuevo dato negativo, mayor aún si se compara con el del año 1995.
En efecto, ese año, cuando los populares valencianos alcanzaron el poder, con Eduardo Zaplana al frente, la deuda de la Generalitat sumaba 2.656 millones de euros, lo que suponía un 6,4% del PIB valenciano. La Comunidad Valenciana se situaba en el cuarto puesto de la clasificación, por detrás de Cataluña, Andalucía y Madrid. Cuatro años después, la deuda valenciana casi se había duplicado, al igual que la de Madrid, pero la relación entre deuda y PIB había experimentado un alza de 2,6 puntos en la Comunidad Valenciana, para situarse en el 9%, mientras que la madrileña había subido 0,8 puntos, hasta el 4,6%.
La comparación con el año 1995 revela que la relación entre deuda y PIB del conjunto de las 17 comunidades autónomas españolas ha pasado del 5,9% de 1995 al 6,0% del primer trimestre de 2003. La Comunidad Valenciana ocupaba entonces el sexto lugar, por detrás de Navarra, Galicia, Cataluña, Andalucía y el País Vasco. Nueve comunidades han conseguido reducir ese ratio en el periodo comprendido entre 1995 y el primer trimestre de 2003, en algunos casos de forma muy significativa, como en Navarra, donde en estos años la relación deuda/PIB ha bajado 5,2 puntos (del 10,6% al 5,4%). Por contra, ocho comunidades han aumentado el ratio. Pero mientras que en siete de ellas ese crecimiento se ha situado en términos moderados -de los 0,1 puntos de Castilla y León a los 1,5 de Asturias-, en la Comunidad Valenciana ha subido cuatro puntos, del 6,4% al 10,4%. Así, la deuda valenciana, que hace ocho años representaba el 10,2% del total de la deuda de las comunidades autónomas españolas -de manera que cumplía con ese porcentaje clásico de los indicadores socioeconómicos valencianos en comparación con las magnitudes españolas- supone ahora el 17,0%.
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El caso de las cesiones de crédito del Banco Santander que implica al ex alcalde de Orihuela y ex consejero de Obras Públicas Luis Fernando Cartagena no será juzgado en la Audiencia Nacional, sino en la ciudad en la que tenía su domicilio fiscal en el año 1988. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional autorizó a la juez Teresa Palacios a abrir juicio oral contra el presidente del SCH, Emilio Botín, y varios ex directivos de la entidad, por haber cooperado en la comisión de 38 delitos fiscales al comercializar las llamadas cesiones de crédito. La Sala rechazó la petición de sobreseimiento, pero apreció una parte de los recursos presentados y redujo de 138 a 38 los delitos fiscales propuestos por la juez Palacios, al entender que sólo hubo colaboración del banco en los delitos producidos en 1989. Respecto de los otros 100 clientes, inversores en el ejercicio de 1988 que no regularizaron su situación fiscal, el tribunal señala que la intervención del banco sólo puede ser considerada como "un encubrimiento atípico con consecuencias administrativas, pero no penales". Por ello, ordena a la juez Palacios que desglose esos casos del sumario principal y los remita a los juzgados de instrucción que corresponda de acuerdo con el lugar de comisión de los delitos. Éste es el caso de Cartagena, cuyas supuestas cesiones de crédito corresponden al ejercicio fiscal de 1988, cuando era alcalde de Orihuela. La justicia imputa a Cartagena un delito fiscal por una deuda tributaria de 236.197 euros.
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