Partes de Guerra centristas
Semana del 28 de Junio al 4 de Julio 2003

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ÍNDICE

1. EL PRECIO MEDIO DE LA VIVIENDA EN EL PRIMER SEMESTRE DE ESTE AÑO SUBIÓ EL 18,8%

2. EL VOLUMEN DE LAS HIPOTECAS SE DISPARA UN 30% POR LOS ALTOS PRECIOS Y LOS BAJOS TIPOS

3. EL PARO AUMENTÓ EN 33.282 PERSONAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

4. LA MITAD DE LOS CIUDADANOS SE QUEJA DE LA FALTA DE CONTROL DEL FRAUDE

5. LOS DAMNIFICADOS POR EL YAK-42 EXIGEN QUE SE ACLARE EL ACCIDENTE

6. NUEVA JORNADA DE HUELGA EN EFE CONTRA EL DESPIDO DE 23 TRABAJADORES

7. ESPAÑA ES EL ÚNICO PAÍS DE LA UNIÓN EUROPEA QUE CARECE DE UN ÓRGANO DE CONTROL AUDIOVISUAL

8. MARTÍN PALLÍN DENUNCIA LA MERMA DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES

9. GREENPEACE EXIGE A FOMENTO LIBERAR EL 'RAINBOW WARRIOR'

10. FISCALES PROGRESISTAS RECURRIRÁN LA ÚLTIMA CONVOCATORIA DE PLAZAS EN LA CARRERA

11. EL GOBIERNO PONE EN MARCHA SU REFORMA EDUCATIVA SIN ACLARAR LA FINANCIACIÓN

12. LA IGLESIA DESPIDIÓ A DOS PROFESORES EN TENERIFE POR NO DARLE EL 0,6% DE SU SUELDO

13. C.A DE ANDALUCÍA: EL CONSEJO CONSULTIVO DICTAMINA QUE CASTILLEJO INCUMPLE LAS INCOMPATIBILIDADES QUE PREVÉ LA LEY

14. C.A DE BALEARES: MATAS FORMA EL GOBIERNO BALEAR CON UN CONDENADO Y UN IMPUTADO POR FRAUDE ELECTORAL

15. C.A DE CANARIAS: PP Y CC VOTAN A UN CONDENADO POR COHECHO PARA PRESIDIR EL CABILDO DE LANZAROTE

16. AYUNTAMIENTO DE GRANADA: TORRES HURTADO SE SUBE EL SUELDO 9.236 EUROS EN EL PRIMER PLENO EXTRAORDINARIO DE GRANADA

17. AYUNTAMIENTO DE MADRID: EL ALCALDE EXCLUYE A PSOE E IU DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL DE EMPRESAS MIXTAS


1. EL PRECIO MEDIO DE LA VIVIENDA EN EL PRIMER SEMESTRE DE ESTE AÑO SUBIÓ EL 18,8%

El precio medio de la vivienda nueva sigue disparado. En el primer semestre de este año subió el 18,8% frente al mismo periodo del año anterior y se sitúa en 1.802 euros por metro cuadrado, según la Sociedad de Tasación. Son datos que, a pesar de todo, no suponen que exista una burbuja inmobiliaria, a juicio del ministro de Economía, Rodrigo Rato, que aprovechó para pedir a las familias que saneen sus deudas: "Los tipos de interés se encuentran en niveles históricamente bajos y es un buen momento no sólo para endeudarse, sino sobre todo para sanear las deudas".

Difícil ecuación la planteada a las familias españolas por el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, y por la realidad de los datos de evolución del precio de la vivienda en el primer semestre del año, que crecieron el 8,1% sobre el final de año y sitúan su tasa interanual en el 18,8%. De un lado, Rato pidió a las familias que saneen su elevado endeudamiento, provocado en su mayor parte por la carestía de la vivienda, mientras ésta sigue subiendo sin freno, de acuerdo con las cifras facilitadas por Sociedad de Tasación. Reducir deudas con precios cada vez más elevados se presenta como misión imposible.

El ministro de Economía que participó el III Encuentro Financiero Internacional sobre los retos de la banca comercial organizado por Caja Madrid, consideró que no existe una burbuja inmobiliaria en el mercado español, y que la subida de precios obedecía a la fuerte demanda existente, una demanda que "muchas veces se muestra insensible al alza de los precios". Una apreciación en la que coincide con el responsable de la Sociedad de Tasación, José Luis Estévez, en el sentido de que los precios reales de la vivienda nunca bajarán, sino que experimentarán un suave aterrizaje hasta estabilizarse. Es decir, no se producirá un estallido, según ellos, de una burbuja.

Pero lo que es verdad es que desde 1999 los precios de la vivienda han experimentado crecimientos significativamente por encima de la inflación. El pasado ejercicio aumentó el 14,7%; en 2001, el alza fue del 8,9%; en 2000 se elevó el 12,5%, y en 1999, alcanzó el 9% de revalorización.

Los datos ofrecidos por Sociedad de Tasación no apuntan en ningún caso a una desaceleración en el precio de la vivienda ni a un cambio de tendencia. "El menor incremento de precios del primer semestre del año (8,1%) respecto al segundo semestre del año anterior (9,9%) se ha repetido a lo largo de los últimos tres años, circunstancia que nos hace interpretar que se trata de una de las oscilaciones del ciclo y no un cambio significativo de tendencia a corto plazo", apuntan en su estudio. Así, los precios en los primeros semestres aumentan menos como lo indica que de enero a junio de 2002 creciese el 4,4%.

Tampoco parece que el aumento de la oferta de nuevas viviendas vaya a moderar los precios en un horizonte cercano. Y eso, pese a que algunas instituciones consideran que crecerá en 2003 de forma importante, superando las cifras del año anterior. "La demanda de vivienda nueva se mantendrá por las previsiones macroeconómicas para este año, que indican que la economía española seguirá creciendo y la inflación lo hará de forma más controlada que en 2002. Además, previsiblemente aumentará la renta real disponible de las economías familiares en la medida que la inflación no supere las previsiones y se mantengan los tipos de interés", explica la Sociedad de Tasación.

Un último aspecto que favorecerá la demanda de vivienda es que "seguirá siendo una inversión atractiva mientras otras alternativas no mejoren sus previsiones de estabilidad o rendimiento", concluyen. Una fuerte alza parece garantizada para este año.

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2. EL VOLUMEN DE LAS HIPOTECAS SE DISPARA UN 30% POR LOS ALTOS PRECIOS Y LOS BAJOS TIPOS

La burbuja inmobiliaria sigue creciendo. En los tres primeros meses del año, el importe de los créditos hipotecarios aumentó un 29,31% respecto al mismo periodo de 2002, mientras que el número de fincas urbanas hipotecadas se incrementó un 16,8%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Durante todo 2002, los créditos crecieron a un ritmo alto (21,2%), aunque inferior al actual. La combinación explosiva de unos tipos de interés bajos y unos precios al alza explica el fenómeno. El Banco de España advirtió de que la morosidad, ahora en niveles históricamente bajos, acabará por aparecer.

Los datos del INE confirman que la burbuja inmobiliaria no sólo existe, sino que crece de forma acelerada. En el mes de marzo, el crecimiento del importe medio de los créditos hipotecarios (13,5% respecto al mismo mes de 2002) superó en más de dos puntos al registrado un mes antes (11,39%). La misma tendencia se observa en el número de fincas hipotecadas. En marzo se hipotecaron 73.171 fincas rústicas y urbanas, un 25,4% más que en el mismo mes de 2002. La tasa de crecimiento duplica a la registrada un mes antes, que fue del 12,2%.

La aceleración en las tasas de crecimiento se observa también si se tiene en cuenta que durante todo el año 2002 el capital prestado para hipotecas se incrementó un 21,2% respecto a 2001 (29,31% en el primer trimestre de 2003), mientras que el número de fincas urbanas hipotecadas aumentó en el mismo periodo un 9,3% (16,8% hasta marzo de este año).

La mayor parte de las hipotecas, tres cuartas partes, corresponden, según los datos del mes de marzo, a viviendas ya construidas (51.514) y las entidades más activas en la concesión de hipotecas siguen siendo las cajas de ahorro. Estas entidades concedieron en marzo 4.322 millones en préstamos hipotecarios frente a los 2.921 millones que prestaron los bancos.

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3. EL PARO AUMENTÓ EN 33.282 PERSONAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES  

El paro registrado en el Inem aumentó en 33.282 personas en los últimos 12 meses, y el incremento afectó a 10 de las 17 comunidades autónomas. La cifra total se situó a finales de junio en 1.600.672 desempleados y la tasa en el 8,6%, tras descender en ese mes en 7.454 personas, el peor dato desde junio de 1993..

El descenso experimentado por el paro en junio (7.590 personas) es casi tres veces inferior al del mismo mes de 2002 (21.597), y el menor desde la grave crisis de 1993, según los datos publicados por Trabajo. Los datos ratifican que el mercado laboral sigue sufriendo las consecuencias de una economía ralentizada. La baja reducción del paro en junio ha provocado que respecto a hace un año haya 33.282 desempleados más, cuando en mayo se registró un aumento interanual de 19.275 personas. Ese empeoramiento del paro se extiende a 10 autonomías, sobre todo a la Comunidad Valenciana (6.033 desempleados más en 12 meses), Canarias (5.946), Galicia (5.309), Cataluña (5.148) y Madrid (5.133). Trabajo, en cambio, subraya otro dato: la evolución de los seis meses de este año, periodo en el que el paro se ha reducido en 87.396 personas.

Durante junio, el sector servicios es donde más ha bajado la desocupación (6.975 personas), prácticamente la mitad que en el mismo mes de 2002 (13.781). Un dato poco alentador cuando empieza la temporada alta en el turismo. En la industria se registra una reducción de 5.970 parados, y en la construcción, de 1.315. Por el contrario sube en el colectivo sin empleo anterior (5.877) y en la agricultura (793). El paro masculino disminuye en 4.975 personas y el femenino en 2.615, y su tasa se sitúa en el 12,82%, el doble que entre los hombres. En el pasado mes el número de contratos visados en el Inem fue de 1.199.220, un 11,62% más que en junio de 2002, y son indefinidas 99.440 contrataciones, el 8,29% del total.

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4. LA MITAD DE LOS CIUDADANOS SE QUEJA DE LA FALTA DE CONTROL DEL FRAUDE  

La mitad de los españoles (50,5%) considera que la Administración hace pocos esfuerzos para luchar contra el fraude en general en nuestro país, pese a considerar que cuenta con los suficientes medios para hacerlo, como asegura el 57,1%. De hecho, según una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológica (CIS) sobre Fraude Social, seis de cada diez consultados consideran que en España es habitual que la gente "no declare todos los ingresos en el IRPF" (65,4%), que se acuerde el pago sin IVA "para pagar menos por un producto o servicio" (67,5%) o que se trabaje y se cobre el paro al mismo tiempo (63,4%).

Además, casi la mitad considera frecuente que algunos trabajadores finjan enfermedades para conseguir una baja temporal en el trabajo (45,5%) o se utilicen recetas de familiares pensionistas para conseguir medicamentos gratuitos (43%). Más infrecuente, a su juicio, es fingir una invalidez para conseguir una jubilación anticipada (30,2%) o que se cobre la jubilación y se siga trabajando (35,5%). Concretamente, en el mundo laboral siete de cada diez considera frecuente que algunos desempleados estén cobrando el subsidio mientras continúan trabajando o hacen "chapuzas" por su cuenta.

La razón, a juicio de los consultados, es que "las prestaciones del paro son insuficientes" (37,3%) y "la falta de control por parte del Inem" (33,5%). Además, consideran que una de las principales causas del paro es "la comodidad de la gente, que sólo quiere buenos trabajos" (60,1%), junto con "la falta de inversión por parte de los empresarios" (76,2%), "la política del Gobierno" (69,9%) y las nuevas tecnologías (68,9%).

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5. LOS DAMNIFICADOS POR EL YAK-42 EXIGEN QUE SE ACLARE EL ACCIDENTE  

Más de la mitad de las familias de los 62 militares fallecidos en el accidente del avión ucranio Yak-42 que se estrelló el pasado 26 de mayo en Trebisonda (Turquía) han decidido asociarse para "aclarar las causas del accidente" en el que perdieron la vida sus parientes y lograr que los Gobiernos "no contraten nunca más aviones basura" para el traslado de tropas, en palabras del presidente de la asociación, Carlos Ripollés.

Asociación de Familias de Víctimas del Accidente del Yak-42 es el nombre de la nueva asociación, cuyos estatutos ya han sido presentados en el registro del Ministerio del Interior. Entre sus objetivos, según explicó Carlos Ripollés -hermano del comandante José Manuel Ripollés, jefe de la Plana Mayor de la malograda agrupación española en Afganistán, no sólo figura "aclarar las causas del accidente, para que jamás se repita" y buscar el resarcimiento económico de las familias, para asegurar la subsistencia de las viudas y la educación de los huérfanos, sino también "depurar las responsabilidades políticas y militares a que hubiera lugar como consecuencia del resultado de la investigación", con exclusión de cualquier interés partidista.

La asociación ya ha contratado los servicios del bufete de abogados Gay-Vendrell, fundado por Eugenio Gay, ex presidente del Consejo General de la Abogacía y actual magistrado del Tribunal Constitucional. Eudaldo Vendrell, letrado de dicho bufete, dijo que están estudiando la interposición de acciones legales, "sin excluir ninguna", y que las posibles responsabilidades no se limitan a la causa inmediata del siniestro. De momento, la asociación planea personarse en la investigación abierta en Turquía para tener información de primera mano. Los familiares de los damnificados elogiaron la solidaridad que han recibido por parte de los ex compañeros de sus parientes y contrapusieron esta actitud a la "falta de acompañamiento" del Ministerio de Defensa, incluso en momentos tan duros como los actuales, cuando las familias están recibiendo los informes forenses. "No hemos contado con su cariño, su apoyo o su atención", dijo Ripollés del ministro Federico Trillo-Figueroa. Reconoció, no obstante, que algunas familias están ya recibiendo su pensión y un anticipo del seguro de vida

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6. NUEVA JORNADA DE HUELGA EN EFE CONTRA EL DESPIDO DE 23 TRABAJADORES  

Tras el paro del pasado día 20, los trabajadores de la agencia de noticias Efe secundaron la segunda jornada de huelga de 24 horas como protesta por el anuncio de despido de 23 profesionales del área adiovisual. El paro fue seguido, según el comité intercentros, por "al menos" el 71% de la plantilla, mientras que la empresa lo cifró en el 34,8%.

Nuevamente, los trabajadores reclamaron que los amenazados por el despido sean reubicados en otros departamentos y rechazaron la oferta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales que propuso recolocar a ocho de los 23 afectados. Éstos estaban adscritos al área audiovisual, que será cerrada en julio después de que en los últimos meses Efe cancelara los contratos con Bloomberg, Seasons, Paramount y MTV.

El comité intercentros reclamó la dimisión del equipo directivo de Efe, que encabeza el presidente, Miguel Ángel Gozalo, por "su incapacidad para gestionar eficientemente" la compañía.

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7. ESPAÑA ES EL ÚNICO PAÍS DE LA UNIÓN EUROPEA QUE CARECE DE UN ÓRGANO DE CONTROL AUDIOVISUAL  

La creación de un consejo audiovisual que regule la programación de la radio y la televisión lleva en España ocho años de retraso. La Comisión Especial de Contenidos Televisivos del Senado, presidida por Victoria Camps, aprobó por unanimidad la creación de una autoridad independiente en 1995, pero su desarrollo está congelado por falta de consenso político. Además, el Comité de Ministros del Consejo de Europa dictó en diciembre de 2000 una recomendación a los Estados miembros para la puesta en marcha de estos organismos. España es, tres años después, la excepción en la Unión Europa.

A la salvedad española se une Luxemburgo, país que ha desarrollado un modelo audiovisual no equiparable al del resto de los países de la Unión Europea. Y dentro de España la excepción es Cataluña y la Comunidad de Madrid, que han constituido órganos de vigilancia de radio y televisión, pero sus competencias se reducen a sus respectivas áreas de cobertura.

La asignatura pendiente sigue siendo un ente de ámbito estatal. El Gobierno había previsto en el anteproyecto de Ley General de Radio y Televisión la creación de un Consejo de Medios Audiovisuales, dependiente de la Comisión del Mercado Audiovisual de las Telecomunicaciones y designado por el Gobierno. Ni siquiera esta fórmula, rechazada por los principales partidos de la oposición, saldrá adelante. El Ejecutivo ha dado marcha atrás y en esta legislatura no habrá ley audiovisual.

Las reformas más urgentes se abordarán a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado. Y la creación de un consejo audiovisual no está entre las preferencias del partido en el Gobierno pese a que, en 1998, la portavoz del PP en materia de Telecomunicaciones, Ana Mato, defendió una proposición no de ley en el Congreso para su creación. Esta entidad, decía Mato, estaría encargada de "proteger la libertad de expresión, la libre competencia y los derechos de los ciudadanos como usuarios de los medios de comunicación". Sus miembros serían nombrados por el Gobierno, ya que "es menos político y más independiente" que si se eligen "por cuotas políticas".

Este mecanismo de elección es radicalmente contrario al defendido por el Consejo de Europa, del que forman parte 45 Estados, en diciembre de 2000. El Comité de Ministros recomendó a los Estados miembros que carecían de autoridades independientes de regulación del sector audiovisual su creación. Y aportaba un documento de 27 puntos con las pautas para que las legislaciones de los respectivos países impulsaran los instrumentos necesarios para llevar a cabo sus funciones de una manera "independiente y transparente". Dejaba claro que estos organismos debían estar a salvo de cualquier tipo de injerencia por parte de instancias públicas o privadas y definía los criterios que debían regirlos.

Para el Consejo de Europa, la composición es el elemento esencial de su independencia. De modo que sus miembros deberán ser elegidos de manera "democrática y transparente" y tener competencias para controlar los contenidos de la radio y la televisión, otorgar licencias de radiodifusión o participar en los planes de distribución de frecuencias.

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8. MARTÍN PALLÍN DENUNCIA LA MERMA DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES  

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, el mundo vive en una situación de "emergencia permanente" que restringe y limita los derechos individuales. Así lo expresó el magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín durante su ponencia ofrecida dentro de un Curso de Periodismo Jurídico. "Los Gobiernos de todo el mundo invitan a los ciudadanos a que cedan parcelas de sus derechos civiles en aras de la defensa y la seguridad", prosiguió el magistrado. "Existe un franco retroceso de los derechos individuales. Es muy preocupante", añadió.

Invocando la amenaza terrorista, los Gobiernos mantienen en situación de "emergencia permanente" a la ciudadanía, que vive bajo la constante del "miedo", expuso el juez. Para Martín Pallín, toda política antiterrorista se construye sobre el miedo, lo que en su opinión es infundado, ya que "la historia nos ha enseñado que ningún movimiento terrorista ha llegado al poder poniendo bombas o con tiros en la nuca". En referencia a ETA, el juez fue tajante: "El terrorismo no es un peligro para la democracia, sino para las libertades. Los demócratas repudiamos a los terroristas por asesinos y porque recortan nuestras libertades".

Durante su conferencia, titulada La ley del patriota en EE UU: un ataque a los últimos reductos de la intimidad, el magistrado recordó a los ideólogos de la actual política de Washington que "el miedo dio lugar al fascismo y al nazismo".La ley del patriota entró en vigor un mes después del 11 de septiembre. Desde entonces, en EE UU se permiten y justifican "registros, interceptación de llamadas y detenciones arbitrarias" en nombre del patriotismo y la seguridad.

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9. GREENPEACE EXIGE A FOMENTO LIBERAR EL 'RAINBOW WARRIOR'  

Una veintena de activistas de la organización ecologista Greenpeace realizó con mordazaza un acto de protesta frente al Ministerio de Fomento, para exigir la liberación inmediata de su buque insignia, el Rainbow Warrior, retenido en el puerto de Valencia desde el 16 de junio. El arresto del buque fue impuesto como sanción a la ONG por abordar, el 13 de junio, un barco que transportaba madera supuestamente ilegal de África.

El acto fue el tercero organizado en esta semana. "Quisimos denunciar simbólicamente la prepotencia del ministro Álvarez-Cascos, que intenta silenciarnos y nos impone, para liberar el barco, la máxima fianza prevista por la ley [300.500 euros], cuando la justicia ya nos ha condenado", declaró Carlos Bravo, portavoz de la protesta. La campaña continuará, adelantó Bravo, quien destacó "los 30.000 e-mails que ya han llegado a Fomento para pedir la liberación".

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10. FISCALES PROGRESISTAS RECURRIRÁN LA ÚLTIMA CONVOCATORIA DE PLAZAS EN LA CARRERA  

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) anunció que presentará un recurso contra la última convocatoria de plazas en la carrera, publicada en el Boletín Oficial del Estado. La convocatoria se refiere a 19 plazas, entre las que figuran la de fiscal anticorrupción y la de fiscal jefe de Madrid. La UFP se queja de que la Fiscalía General del Estado trata a la carrera como si fuera una "dirección general" del Ministerio de Justicia, al haber establecido en las últimas ofertas de plazas para fiscales que los candidatos deben dirigir sus solicitudes al titular de Justicia, José María Michavila, en vez de a la Fiscalía General, que es la que escoge entre los aspirantes y luego somete su decisión al Gobierno. El portavoz de la UPF, Antonio Camacho, declaró que este error se ha producido en la convocatoria de tres plazas de fiscales, que se conoció el 14 de junio, y en la de 19. Además del error de hacer al ministro destinatario de las peticiones de los fiscales, en el caso de las plazas anunciadas el pasado 14 de junio se producía el agravante de que las solicitudes también debían de ser entregadas en el ministerio.

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11. EL GOBIERNO PONE EN MARCHA SU REFORMA EDUCATIVA SIN ACLARAR LA FINANCIACIÓN  

La Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), la mayor reforma educativa emprendida por el PP, ha entrado en el terreno de la práctica. El Consejo de Ministros aprobó los seis decretos que detallan el contenido de la norma y que fijan el calendario de implantación, que empieza en septiembre. En este curso los alumnos de ESO con más de dos asignaturas suspendidas repetirán curso, volverán los exámenes de recuperación y las calificaciones de 0 a 10 en esta etapa, y en primaria, el suspenso o el aprobado. Pese a que la ley se aprobó en diciembre pasado, aún no se conoce su financiación.

La ministra de Educación, Pilar del Castillo, aseguró que "muy buena parte" de las medidas recogidas en los seis primeros reales decretos de desarrollo de la LOCE no suponen coste porque se trata de una "reorganización". Del Castillo no facilitó ninguna cifra y explicó que compete al Consejo de Política Fiscal y Financiera evaluar la financiación necesaria para la implantación de la reforma. Este órgano financiero, en el que están representadas las comunidades y los ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas y que se encarga de evaluar cuánto les cuesta a las comunidades la aplicación de sus competencias, se reúne dos veces al año y está previsto que la próxima convocatoria ordinaria no sea hasta octubre.

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12. LA IGLESIA DESPIDIÓ A DOS PROFESORES EN TENERIFE POR NO DARLE EL 0,6% DE SU SUELDO  

La cosecha de reproches judiciales contra los obispos españoles por determinados comportamientos con sus profesores de Religión ha aumentado con dos nuevas sentencias de un juzgado de lo Social de Santa Cruz de Tenerife en las que se condena al Gobierno de Canarias a readmitir a dos docentes desalojados de su trabajo por su obispo por no haber pagado ese "donativo voluntario" del 0,6% del sueldo. Esta vez se trata de los donativos "voluntarios" que algunos prelados reclaman a esos docentes de la escuela pública contratados y pagados por el Estado pero seleccionados anualmente por cada diócesis. A estas sentencias se unen otras tres que critican otros despidos de docentes.

La Federación de Profesores de Enseñanza Religiosa (FEPER) denunció, en septiembre de 2001, que tales donativos se habían vuelto "obligatorios" y que en muchos casos el docente que no atendiese a las peticiones episcopales corría el riesgo de ser despedido al curso siguiente. La Iglesia rechazó la denuncia con estrépito. Algunos obispos negaron que existiera tal práctica en su diócesis, y otros, el que fuera de obligatorio cumplimiento. "El donativo es voluntario", proclamó entonces el Obispado de Getafe, en Madrid, uno de los aludidos. En cambio, docentes de numerosas provincias confesaron sufrir la situación y que entregaban cada mes el 0,6% de su salario, incluso el 1% en algunas diócesis.

En el caso del Obispado de Tenerife, su delegado de Enseñanza, José Hermógenes Martín, recordó a sus morosos mediante una circular que lo mejor, para evitar olvidos e incomodidades, era dar la orden a su banco "para que haga una transferencia periódica". "Haz el cálculo sobre tu sueldo: hemos convenido que sea el 0,6%", decía el oficio eclesiástico.

En dos sentencias, la magistrada María del Carmen García Marrero, del Juzgado de lo Social número 4 de Tenerife, declara probado que el desalojo de sus empleos de los profesores Santiago López Ayala y Antonio Ángel Acosta Cáceres, que se negaron a pagar ese "impuesto o aportación económica a la Delegación Diocesana de Enseñanza", tuvo que ver con esa situación de morosos y con el hecho de pertenecer a la Asociación de Profesores de Religión y Moral Católica (Apreuca).

López Ayala y Acosta Cáceres llevaban varios años en sus puestos de trabajo como docentes de religión a propuesta del obispado local, pero éste los eliminó de su lista de profesores para el curso 2002-2003 en un oficio por el que el representante del prelado comunicaba a la autoridad educativa la relación de docentes a contratar para el citado curso y quiénes habían perdido su carácter de "idóneos". Las sentencias recogen como hecho probado que el obispado justificó la marginación de los citados en que no reunían "los requisitos de idoneidad", pero subraya que el obispado no daba "más explicaciones".

Después de aceptar el criterio de que la Iglesia puede prescindir cada año de esos profesores de Religión con un simple oficio a la Consejería de Educación -por ser la suya una relación de carácter especial a causa del convenio internacional entre España y el Estado de la Santa Sede-, la juez advierte de que, sin embargo, esos docentes gozan de los mismos derechos fundamentales que el resto de los españoles, entre ellos el de asociación. También reprocha al obispado que no intentase demostrar la "no idoneidad" de los despedidos con motivos como "una indisciplina, la pérdida de la fe o una actitud inconveniente", concluyendo que la pérdida del empleo se debió a sus actividades sindicales y a no acceder a dar el 0,6% de su sueldo.

La misma juez propinó el pasado 23 de abril otro varapalo judicial a la Iglesia y el Gobierno canario, esta vez por despedir al profesor Francisco Javier Ruiz Tintore, legalmente "liberado para el ejercicio de actividades sindicales de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza" y convenientemente sustituido por otro docente. La juez declaró probado que la decisión episcopal de despedirlo al año siguiente por pérdida de su "idoneidad para enseñar religión" atentó contra un derecho fundamental -el de participar en unas elecciones sindicales.

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13. C.A DE ANDALUCÍA: EL CONSEJO CONSULTIVO DICTAMINA QUE CASTILLEJO INCUMPLE LAS INCOMPATIBILIDADES QUE PREVÉ LA LEY  

El Consejo Consultivo, órgano de asesoramiento jurídico del Gobierno andaluz, ha dictaminado que Miguel Castillejo incurre en incompatibilidad al simultanear su puesto de presidente de Cajasur y de canónigo del Cabildo catedralicio de Córdoba. La comisión permanente de este órgano adoptó la decisión por unanimidad, el pasado 15 de mayo, tras analizar la Ley de Cajas andaluza y la LORCA (ley básica estatal sobre las cajas). El dictamen es consecuencia de una consulta de la consejera de Economía, Magdalena Álvarez, sobre la posible incompatibilidad de Castillejo, quien celebrará en Sevilla sus 50 años como sacerdote con una misa en la catedral y un convite en el que se esperan unas 6.000 personas.

El dictamen, de 17 folios, subraya que el artículo 80 de la Ley de Cajas y el 27 de la LORCA impiden "compatibilizar el ejercicio de las funciones de presidente ejecutivo" de Cajasur "con las de canónigo del Cabildo catedralicio" de Córdoba.

La ley autonómica regula que el presidente ejecutivo de una caja (con derecho a sueldo) ejercerá este cargo "en régimen de dedicación exclusiva" y no podrá "realizar ninguna otra actividad retribuida, pública o privada, ya sea a título personal o representativo, salvo las que le corresponda en representación de la caja de ahorros, en cuyo caso deberá reembolsar a ésta las cantidades percibidas como consecuencia de su ejercicio". El Consejo Consultivo concluye que Castillejo incurre en clara incompatibilidad, al margen de que perciba o no dos sueldos por los cargos que ejerce. "El fundamento de la incompatibilidad examinada no está en directa conexión con limitaciones retributivas (...) sino en la necesidad de garantizar la dedicación plena al cargo", reza el informe. Para el Consejo Consultivo, el hecho de que Castillejo haya renunciado a su sueldo como canónigo penitenciario del Cabildo "es insuficiente para eludir la incompatibilidad". El informe subraya que al canónigo penitenciario es "al único que se le concede la facultad de ser ministro del sacramento de la confesión" en el Cabildo catedralicio y que es una facultad "no delegable". También destaca que "las rentas de patrimonio" que Castillejo percibe de la Iglesia sólo pueden tener su "raíz" en su condición de canónigo del Cabildo.

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14. C.A DE BALEARES: MATAS FORMA EL GOBIERNO BALEAR CON UN CONDENADO Y UN IMPUTADO POR FRAUDE ELECTORAL  

El PP ha recuperado el poder que tuvo en Baleares entre 1983 y 1999 con Jaume Matas al frente del Gobierno. El presidente y ex ministro de Medio Ambiente ha integrado en su Ejecutivo de 12 consejerías a dos dirigentes del PP con historial judicial: el consejero de Medio Ambiente, Jaume Font, fue condenado, en 1989, por fraude electoral. Y el responsable de Comercio, José Juan Cardona, figura como imputado en el caso Formentera, un sumario por delito electoral, malversación y falsedad.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares -que mantiene abierta la causa por las votaciones por correo de emigrantes españoles residentes en Argentina y censados en Formentera- consideró que el propio Matas y la nueva vicepresidenta, Rosa Estarás, también tenían que declarar por aspectos que atañen a su gestión en el anterior Gobierno balear (1996- 1999). El Tribunal Supremo denegó la imputación de Matas y Estarás cuando eran ministro y diputada nacional, respectivamente. Cardona, que fue consejero de Agricultura, ha testificado en Baleares por este caso al igual que el alcalde de Manacor, Antoni Pastor, ambos diputados autonómicos..

Por su parte, en octubre de 1989, Jaume Font, alcalde de Sa Pobla, ex senador y diputado balear, que será consejero de Medio Ambiente, fue condenado por delito electoral a ocho meses de prisión menor, suspensión para cargo público y del derecho de sufragio y 180 euros de multa. Font empleó varios documentos de identidad de personas fallecidas en la tramitación de votos por correo para Sa Pobla. Font dice que cumplió la inhabilitación como edil y que, al ganar ampliamente todas las elecciones, el pueblo le libró además de todas sus responsabilidades penales y políticas.

Matas explicó que ha formado un Gobierno "equilibrado de experiencia y frescura", con dos departamentos menos que en el anterior Gabinete socialista. Los pesos fuertes son Juan Flaquer, consejero de Turismo y Portavoz; Mabel Cabrer, de Obras Públicas; Francesc Fiol, de Educación, y José María Rodríguez, en Interior. Otros nombramientos significativos son para el líder de la patronal agrícola Asaja, Tomás Cortés, que será consejero de Agricultura. El ex dirigente empresarial Lluís Ramis de Ayreflor estará en Economía. Rosa Puig ocupará la Consejería de Presidencia y Deportes.

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15. C.A DE CANARIAS: PP Y CC VOTAN A UN CONDENADO POR COHECHO PARA PRESIDIR EL CABILDO DE LANZAROTE  

El Partido Popular y Coalición Canaria han ayudado a rescatar del olvido a un político canario singular, el ex senador Dimas Martín, condenado por cohecho en sentencia firme del Tribunal Supremo. PP y CC contribuyeron con sus votos a que Martín, del Partido de Independientes de Lanzarote, fuera elegido presidente del Cabildo de esa isla. Martín tiene cuatro condenas por diversos delitos dictadas por distintos tribunales, y en septiembre afrontará un juicio por malversación de fondos públicos, contra Hacienda y la Seguridad Social y por estafa.

Sobre Dimas Martín, de 54 años, natural de Yaiza, pesa una sentencia firme dictada por el Tribunal Supremo en 2001 que le condena a tres años de cárcel, tres años de inhabilitación y una multa de 180.000 euros por un delito de cohecho. El Supremo le consideró autor de la trama por la que un concejal del PP de Arrecife se abstuvo en 1995 para posibilitar que la alcaldía la ocupara el candidato de la lista más votada, del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), cuyo presidente era Martín. A cambio, este concejal, Juan Carlos Hernández Cabrera, recibiría durante cuatro años un sueldo mensual de 1.800 euros.

La trama se descubrió en el segundo año de mandato, en 1997, y la Fiscalía inició las acciones que culminaron en la sentencia de la Audiencia Provincial de Las palmas, ratificada luego por el Supremo. Dimas Martín no ha cumplido la condena. Solicitó un indulto al Consejo de Ministros y, ahora, ha insistido en que se revise la sentencia. La Junta Electoral consideró suficientes estas circunstancias para autorizar su candidatura a la presidencia del Cabildo de Lanzarote y al Parlamento de Canarias, en respuesta a la impugnación presentada por el grupo Los Verdes.

Con el terreno expedito, 13.655 votos -el 31,62% de los emitidos en Lanzarote- abrieron la puerta del Parlamento a Dimas Martín en las elecciones del pasado 25 de mayo. En el pleno de constitución del Parlamento autonómico, el PSC-PSOE advirtió que no podía tomar posesión del escaño un diputado electo sobre el que recaía una sentencia de inhabilitación para cargo público dictada por el Tribunal Supremo. El presidente de la Mesa de edad de la Cámara, el nacionalista Victoriano Ríos, se escudó en la misma argumentación de la Junta Electoral para ignorar esta denuncia.

No era la primera vez que Ríos defendía a Martín. En 1993, Ríos también presidía el Parlamento cuando la desconexión del fax oficial impidió que llegara la confirmación del Supremo que advertía que Dimas Martín estaba inhabilitado por un periodo de seis años, debido a un delito de cohecho que cometió en sus primeros años de alcalde de Teguise. Martín pudo así apoyar la moción de censura del entonces vicepresidente Manuel Hermoso -de las Agrupaciones Independientes de Canarias, germen de Coalición Canaria- contra el presidente Jerónimo Saavedra (PSOE).

La carrera política de Dimas Martín comenzó en 1983 cuando obtuvo tres concejales en el ayuntamiento de Teguise. Con el apoyo de un concejal de Alianza Popular, otro del CDS y un tránsfuga que se había presentado como independiente con el PSC-PSOE conformó un pacto que le permitió acceder a la alcaldía. Los presupuestos apenas llegaban a los 600.000 euros. Hoy superan los 30 millones de euros. En este tiempo, Martín, al amparo de la pujante industria turística, acometió todo tipo de obras de alcantarillado, asfaltado, iluminación, de construcción de centros de formación profesional, de pabellones deportivos, y destinó fondos para becas para estudiantes. A los dos años de acceder a la alcaldía fue inhabilitado durante dos meses por firmar cheques sin fondos.

En 1989, el 60% de la población de Lanzarote apoyó su candidatura al Senado. En 1991 ingresó en prisión por desobediencia a la autoridad, al enfrentarse a la Dirección General de Costas en el caso del bañadero de Guatiza, una pequeña cala cuyos alrededores cubrió de cemento para que la gente del pueblo tomara el sol. El Gobierno lo indultó entonces por "razones humanitarias". Dos años después, fue condenado de nuevo a dos meses de arresto y seis años de inhabilitación por haber solicitado a un ciudadano británico 6.000 euros para no derribarle la casa. Dimitió de todos sus cargos -senador, presidente del cabildo, concejal de Teguise y diputado regional- no sin antes posibilitar con su voto la censura de los nacionalistas a sus propios socios de Gobierno, el PSC-PSOE liderado por Jerónimo Saavedra.

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16. AYUNTAMIENTO DE GRANADA: TORRES HURTADO SE SUBE EL SUELDO 9.236 EUROS EN EL PRIMER PLENO EXTRAORDINARIO DE GRANADA  

El nuevo alcalde de Granada, el popular José Torres Hurtado, aprovecha el primer pleno extraordinario del Ayuntamiento para aprobar los nuevos sueldos de la corporación municipal, que contemplan una subida del 20% para los miembros del equipo de gobierno y una bajada de 285 euros para los concejales de la oposición. El sueldo del alcalde pasará de los 46.174 euros actuales (7.682.707 pesetas anuales) a 55.410 euros (9.219.448 pesetas), es decir 9.236 euros (1.536.741 pesetas) más.

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17. AYUNTAMIENTO DE MADRID: EL ALCALDE EXCLUYE A PSOE E IU DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL DE EMPRESAS MIXTAS  

El pleno municipal aprueba, gracias a la mayoría absoluta del PP, una propuesta del alcalde que reduce la presencia de los ediles de PSOE e IU en los consejos de administración de una docena de empresas municipales (públicas), y los expulsa directamente de empresas mixtas (parcialmente privatizadas) como la Funeraria, Mercamadrid, el Canal de Isabel II o Ifema.

El PP alega que en las empresas mixtas debe estar representada, frente a la empresa privada, "la voluntad mayoritaria del pleno", es decir, la mayoría absoluta de los populares. El Ayuntamiento tiene cinco empresas públicas -la Empresa Municipal del Suelo, la Empresa Municipal de la Vivienda, la Empresa Municipal de Transportes, el Campo de las Naciones y Promadrid- y varios organismos autónomos -entre ellos el Imefe, el Instituto Municipal de Deportes y el Patronato Municipal de Turismo-. Además participa en siete empresas mixtas (parcialmente privatizadas) -la Funeraria, Ifema, Mercamadrid, Club de Campo, Canal de Isabel II, Metro de Madrid y Empresa Mixta de Tráfico (Emitra, que gestiona la grúa)- y en otros organismos como el Consorcio Regional de Transportes o la Casa de América. Los representantes municipales en estas empresas no cobran ningún tipo de sueldo o dieta desde 2000. Hasta ahora, en todos esos organismos -menos en Emitra- estaba presente la oposición.

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