ANTI NO-DO semanal nº 225: Del 18 al 24 de Julio 2003

La oficina de estadística de la Unión Europea (Eurostat) acaba de presentar una nueva serie de tablas en las que hace una radiografía completa del mercado laboral en 2002, con los 10 nuevos socios incluidos. España aparece, una vez más, entre los países europeos con las peores tasas de empleo y de temporalidad, y en ocupación se ve incluso superada por los mejores resultados obtenidos por seis de los países candidatos. También se constata que una de cada seis mujeres de entre 25 y 54 años de edad debe renunciar a su puesto de trabajo y hacerse cargo del hogar.

Los técnicos de Eurostat tomaron una semana de referencia de la primavera de 2002 para realizar este amplio estudio. Se observan mejoras en términos generales, pero insuficientes. El número de personas que ocupaban un puesto de trabajo en esa fecha subió hasta los 162,9 millones -1,7 millones más que en 2001-, lo que eleva la tasa de empleo al 64,2% de la población activa. Los índices más altos fueron los de Dinamarca, Holanda, Suecia y Reino Unido. Grecia, España (con el 58,4%) y Portugal aparecen en el otro extremo con un nivel próximo a la media de los países de la adhesión (56,1%).

Lo que llama la atención en las estadísticas es que, entre los 10 futuros socios europeos, seis superan entre dos y ocho puntos la tasa de empleo española (Chipre, República Checa, Eslovenia, Estonia, Lituania y Letonia). Uno de los efectos inmediatos de la ampliación a partir del 1 de mayo de 2004 será una caída de la tasa de empleo hasta el 60,1% de la población activa. Este efecto estadístico permitirá a España recortar distancias, pero no será suficiente para ayudarle a situarse por encima de la media europea.

Observando las tablas se sigue constatando una fuerte disparidad entre sexos, de casi 20 puntos porcentuales. La tasa de empleo masculino se situó en la primavera de 2002 en el 72,9% y el femenino en el 55,5%.

A partir de estos datos globales de empleo, las estadísticas facilitadas por Eurostat se podrían desglosar de la siguiente manera:

- Sectores. El 4% de los empleados europeos ocupan un puesto de trabajo en el sector agrícola, el 28,2% en la industria y el 67,8% restante en los servicios.

- Temporalidad. España encabeza las estadísticas con la mayor tasa de contratos temporales (31,2%) de la UE ampliada, hasta tal punto que duplica la media comunitaria (13,1%) y casi triplica la de los países candidatos (11,1%). Le siguen de lejos Portugal (21,8%) y Finlandia.

- Tiempo parcial. El 18,2% de los empleados europeos tiene un contrato a tiempo parcial, mientras que en España apenas llega al 8%, a un nivel muy similar al de los países candidatos (7,8%). Este tipo de contratos son cinco veces superiores entre las mujeres (33,5%) que entre los hombres (6,6%). En los futuros socios apenas lo duplica. En España, el 17% de las mujeres tiene contratos parciales y el 2,6% de los hombres.

- Horas de trabajo. Los asalariados europeos trabajan una media de 40 horas semanales, y 40,4 horas en España. Francia es el país con el índice más bajo (37,7 horas) y Reino Unido con el más alto (43,3 horas).

Los datos publicados la semana pasada por Eurostat revelan que una de cada seis mujeres de entre 25 y 54 años debe renunciar a su puesto de trabajo y hacerse cargo de los hogares. En el caso de los hombres, uno de cada cincuenta. La tasa de inactividad de las mujeres españolas se encuentra próxima a la media.

El salario mínimo mensual tan sólo supera al de Portugal, pero ya es inferior al de Grecia (que tradicionalmente se encontraba por debajo), y supone menos de la mitad del existente en todos los demás países de la UE que poseen un salario mínimo en su regulación laboral.

Período	SMI	IPC media anual	Variación poder adquisitivo
1999	1,8	2,3	-0,5
2000	2,0	3,4	-1,3
2001	2,0	3,6	-1,5
2002	2,0	3,5	-1,4
2003*	2,0	3,3	-1,3
Acumulado 1998-2003			-5,9

Período	SMI (1)	Salario de convenio (2)	Salario medio (3)
1996	103,5	103,8	104,5
1997	106,2	10,6,8	108,0
1998	108,4	109,6	110,5
1999	110,4	112,5	113,1
2000	112,6	116,7	115,7
2001	114,8	121,0	119,7
2002	117,1	125,6	124,4
2003	119,5	129,9	130,5
Diferencial respecto al SMI 1995-2003 (puntos porcentuales)		10,4	11,0

País	Euros	España=100
LUXEMBURGO	1.369	260
HOLANDA	1.249	237
BÉLGICA	1.163	221
FRANCIA	1.154	219
REINO UNIDO	1.105	210
IRLANDA	1.073	204
EE.UU.	877	142
GRECIA	605	115
*ESPAÑA*	*526*	*100*
PORTUGAL	416	79

Las familias españolas continúan aumentando su endeudamiento que a finales de marzo de este año sumó 461.353 millones de euros, un 13,5% más que en igual periodo del pasado año. Estas deudas se concentran en los préstamos a largo plazo (crédito hipotecario) que representa el 78,2% del endeudamiento de los hogares españoles.

El Banco de España ofreció los datos de las cuentas financieras de las familias correspondientes al primer trimestre de este año donde el endeudamiento de los hogares españoles alcanzó los 461.353 millones de euros, con un subida del 13,5% en relación al mismo periodo de 2002, según datos del Banco de España. El aumento del endeudamiento familiar, que vuelve a alcanzar máximos históricos, se debe, en gran parte, a la bajada de tipos de interés y a la subida del precio de la vivienda, así como al crecimiento de la renta disponible.

En el primer trimestre, la deuda financiera de las familias creció fundamentalmente por el incremento de los préstamos a largo plazo (un 14,3% más), que se situaron en 361.104 millones de euros Este tipo de préstamos se corresponde en su mayor parte con el crédito hipotecario. Asimismo, los préstamos a corto plazo aumentaron un 15,5%, los créditos comerciales y anticipos un 11,6% y el resto de cuentas pendientes de pago un 3,2%.

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite una cuestión que le remitió el Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre si el acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede en materia de enseñanza y cultura vulnera o no algunos artículos de la Constitución. Es la segunda vez que el Constitucional admite una cuestión semejante. La primera también la planteó el Tribunal Superior de Canarias, por conflictos planteados tras los despidos de varios profesores de religión.

Estos trámites judiciales se iniciaron cuando la profesora Carmen Galayo Macías fue expulsada de la docencia por las autoridades eclesiásticas, al comprobar que vivía con un hombre que no era su marido. Ha habido más denuncias por despidos de la Iglesia a profesores de religión. Y recientemente la Consejería de Educación de Canarias tuvo que readmitir a dos de estos profesores.

Los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede podrían vulnerar, según el tribunal canario, ocho artículos de la Constitución. Entre ellos los referidos a la libertad de expresión, a la igualdad ante la ley, a la garantía de que ninguna confesión tenga carácter estatal, al principio de legalidad y al acceso en condiciones de igualdad a la función pública.

4. DENUNCIAN AL GOBIERNO POR FAVORECER A LA IGLESIA CATÓLICA

Maurizio Turco, Presidente de los diputados radicales en el Parlamento europeo electos por la "Lista Emma Bonino", ha presentado dos interrogaciones parlamentarias a la Comisión europea pidiéndole de actuar frente a la violación del Estado español del estado de derecho, de la democracia y de la libertad religiosa por favorecer a la Iglesia católica.
Los hechos que Maurizio Turco ha señalado son:

- el "Acuerdo de Asuntos económicos", según el cual la Iglesia católica goza de beneficios y exenciones fiscales que ninguna otra confesión religiosa goza en España, produciéndose así una discriminación por razón de religión con las otras confesiones religiosas inscritas en España;
- el "Acuerdo de Asuntos sobre Enseñanza y Asuntos Culturales", según el cual a través de leyes como la Ley Orgánica de Calidad en la Educación, vulnera el artículo 16.2 de la Constitución Español y el artículo 3.2 del RD 2438/1994 según ha constatado la sentencia Nº 153/2003 del TSJC, además de generar la violación del derecho fundamental protegido en el artículo 14.3 de la Carta de los derechos fundamentales de la UE y el artículo 27.3 de la Constitución Español.

Además Maurizio Turco evidencia algunos aspectos del caso Gescartera ligados a los privilegios de los que goza la Iglesia Católica. Turco indica que de los quince primeros clientes de Gescartera por volumen de ganancias, seis son entidades religiosas. Lo Arzobispado de Valladolid, uno de los clientes que más dinero ha confiado a Gescartera y por ello, uno de los principales beneficiarios de plusvalías artificiales, es una de las entidades que accede a las exenciones previstas por la Ley 49/2002 "de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo" que deja exento el Rendimiento del capital inmobiliario de estas entidades. De hecho las cuentas del arzobispado resultan oscuras y contradictorias, así, el arzobispado se negó a colaborar cuando la juez instructora le solicitó la contabilidad entre 1996 y 1999, cuando llegó a acumular una inversión en Gescartera de 6.641.184 euros, (que recuperó tras saber que la CNMV -Comisión Nacional del Mercado de Valores- estaba investigando a Gescartera), así como la del ejercicio 2001, cuando invirtió 150.253 euros; la Conferencia Episcopal Española apoyó esta no-colaboración alegando que los documentos eclesiásticos son inviolables en base al "Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos" que reconoce y tutela el derecho de la Iglesia española a la custodia en exclusiva de sus archivos y reconoce que "son inviolables" . Por todo ello, Maurizio Turco ha pedido a la Comisión europea si considera que un acuerdo internacional bilateral entre un estado miembro y un país tercero, que viola las normas comunitarias y el derecho internacional, pueda ser sometido a la consideración, a la evaluación y si es el caso, a la denuncia de parte de las instituciones comunitarias. Declaración de Maurizio Turco: "Estas leyes son la enésima genuflexión de parte del Estado con respecto a la Iglesia. Y la peste Vaticana avanza. Como termitas capaces de vaciar arboles seculares dejando intacta la corteza, así los mercenarios vaticanos vacían las instituciones dejando intacta la apariencia laica y democrática. Es necesario reaccionar contra esta situación y no resignarse a padecer la contrareforma, política y religiosa, en curso."

El secretario general de RTVE, Marcelino Alonso, y el director gerente, Juan Antonio Romero, han presentado su dimisión por discrepancias con el equipo de programación de la cadena pública, según fuentes de TVE. La cúpula económica abandona sus cargos en pleno proceso de elaboración del presupuesto para el próximo ejercicio.

Alonso y Romero llegaron a RTVE procedentes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en 2001, poco después de que el Ente Público fuera adscrito a ese organismo. Su trabajo ha estado orientado a sanear las cuentas de la radiotelevisión pública, que arrastra una deuda acumulada de 6.000 millones de euros.

Su trabajo se ha visto obstaculizado por el equipo designado por el director general, José Antonio Sánchez, y en especial por el director gerente de TVE, Manuel Esteve. La política de ajuste económico auspiciada por Alonso y Romero ha chocado con los responsables de contenidos, partidarios de una política de distribución de recursos más elástica para la adquisición y producción de programas.

Ambos colaboraron activamente en la elaboración del Plan Marco de RTVE, que prevé la reducción a cero del déficit anual y de la deuda acumulada de la compañía estatal en 2005.

Alonso y Romero ocupaban en el escalafón de RTVE los puestos inmediatamente inferiores al director general del Ente. Su salida se produce en pleno proceso de elaboración de los presupuestos para el próximo año, que, según las previsiones, tenderán a engordar aún más la deuda de la radiotelevisión estatal.

Por su parte, el director general de RTVE, José Antonio Sánchez, aseguró que tras estas dimisiones "no hay ningún cambio de ningún tipo" en el Ente. "No hay crisis, todos estamos encantados", dijo, y recalcó que las relaciones son "magníficas". Sánchez realizó estas declaraciones tras la presentación de Objetivo Cumbre, proyecto con el que TVE impulsa la ascensión de siete alpinistas a la cima del Kilimanjaro (5.896 metros de altura), dentro de Escuela del deporte. Este programa está dirigido por Bernardino Lombao, preparador físico del presidente del Gobierno, José María Aznar.

Los militares destinados en misión humanitaria elevaron desde septiembre del año pasado más de una docena de denuncias por escrito contra los aviones de origen ex soviético fletados por Defensa, según un documento entregado por el ministro Federico Trillo-Figueroa al Congreso. La mayoría de las denuncias se presentaron antes del accidente del Yak-42 en el que murieron 62 militares, aunque sólo una llegó al ministro, según el informe. Varias quejas aludían a "problemas de seguridad", y una se refería a un vuelo realizado en el mismo avión dos semanas antes del siniestro.

El ministro entregó a la Comisión de Defensa del Congreso un amplio informe sobre el accidente del Yak-42, que incluye una relación de las quejas presentadas por los militares. Las denuncias se refieren a un total de 14 vuelos en un plazo de 10 meses, lo que supone que casi un tercio de los 43 vuelos fletados a través de la agencia NAMSA de la OTAN provocaron quejas.

El documento, titulado Nota sobre partes de incidencias y redactado por el Gabinete del ministro de Defensa, señala que, antes del accidente del Yak-42 en Trebisonda (Turquía), el pasado 26 de mayo, dicho organismo sólo había recibido una queja. Se refiere a la presentada por el teniente coronel José Manuel Solar sobre el vuelo Kabul-Villanubla (Valladolid) realizado en un avión Ilyushin 76 (IL-76) el 14 de mayo de 2003. Este parte, que criticaba "el excesivo control al que sometió la policía española a los componentes de su unidad tras cuatro meses en Afganistán", fue el único que mencionó Trillo-Figueroa en su primera comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso, el 4 de junio.

Sin embargo, el documento señala que en los informes que elaboraron los jefes de Estado Mayor de los tres ejércitos y el jefe del Estado Mayor de la Defensa dos días antes, "fechados los días 2 y 3 junio, hay referencias a numerosos partes de incidencia de distinto tipo contra los aviones Ilyushin 76, Tupolev 154 y Yakovlev 42". Pese a ello, agrega, "en sus declaraciones públicas [de los miembros de la cúpula militar] se reitera que 'no conocían queja alguna en cuestiones de seguridad contra el avión Yakolev 42".

José María Aznar, justificó la amenaza que suponía el régimen iraquí de Sadam Husein para la seguridad mundial, entre otras razones, por la presunta compra de uranio enriquecido para fabricar armas nucleares, una acusación que el presidente George W. Bush incluyó en su discurso del Estado de la Unión, el 28 de enero de 2003, cuando conocía, según todas las evidencias, que se trataba de un dato falso. Aznar se refirió a ello incluso después que la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) hiciera público que se trataba de un montaje.

Aznar se presentó junto a Bush y Tony Blair en las Islas Azores el domingo 16 de marzo de 2003, para dar el ultimátum definitivo por partida doble, tanto al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como a Sadam Husein, antes de que comenzaran, tres días después, en la madrugada del 19 al 20 de marzo, los bombardeos contra Irak. Tras el fin de la guerra, el Gobierno español proclamó varias veces que las armas de destrucción masiva -químicas, biológicas y nucleares- que justificaron la intervención militar serán halladas algún día.La historia de las compras de uranio se remonta a finales de 2001, cuando la Administración Bush recibió informes sobre ello. En febrero de 2002, a iniciativa del vicepresidente de EE UU, Dick Cheney, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) envió a Níger a un miembro del servicio exterior, el embajador Joseph Wilson, para verificar los datos de un presunto contrato entre Irak y Níger. Después de investigar, Wilson informó, en marzo de 2002, a la CIA y al Departamento de Estado de que la presunta compra de uranio se basaba en especulaciones infundadas, originadas en un viaje de una misión iraquí a Níger en 1999.

La ministra Ana Palacio se refirió a las armas de destrucción masiva el 9 de septiembre de 2002, en vísperas de su viaje a Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas. En declaraciones a Tele 5, la ministra dijo: "Evidentemente hay indicios de que Irak tiene voluntad de fabricar un arma nuclear y de que ese proceso está avanzando rápidamente". Las declaraciones coincidieron con un informe del Instituto Internacional de Armas Estratégicas de Londres, difundido ese mismo lunes, 9 de septiembre, sobre las armas de destrucción masiva: "Si de algún modo Irak pudiera adquirir suficiente material nuclear de fuentes externas, probablemente produciría armas nucleares en poco tiempo, quizás en cuestión de meses". El 5 de febrero de 2003, Aznar debía explicar al Congreso la posición oficial a las cuatro de la tarde, las 10 de la mañana de Nueva York. Los discursos de Aznar y de Powell se solaparían.

El presidente del Gobierno explicó el contenido de las resoluciones de la ONU y añadió: "Permítanme detallarles algunos ejemplos extraídos de los informes de los inspectores que dejan clara la falta de voluntad de Irak para eliminar las armas de destrucción masiva y programas que desarrolla para obtenerlas. Respecto al programa de armas nucleares, Irak ha intentado reiteradamente en los últimos años hacerse con tubos de aluminio de alta calidad, aptos para enriquecer uranio. Además ha intentado hacerse ilegalmente con stocks de este mismo material...".

No era verdad. Aznar atribuía a los inspectores de la ONU, dirigidos por Hans Blix, algo que ellos nunca habían afirmado. La adquisición de los tubos de aluminio para uso nuclear era una afirmación de Estados Unidos. Pero, además, jamás habían afirmado que Irak intentara adquirir uranio enriquecido. Entre otras cosas, porque el responsable de las inspecciones en Irak por la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), Jacques Baute, insistía sin éxito, desde hacía meses, para que Estados Unidos y Reino Unido aportaran pruebas, tanto sobre los tubos de aluminio como sobre las compras de uranio enriquecido a Níger. Sólo el 4 de febrero, la víspera del informe de Powell, la embajada de Estados Unidos en Viena ofreció un informe oral a la OIEA, que tiene su sede en la capital austriaca. Ningún documento fue aportado para probar las acusaciones.

Powell, a diferencia de Aznar, no hizo mención a las presuntas compras de uranio enriquecido. Según explicó el pasado 11 de julio de 2003, las pruebas no le ofrecían garantía y optó por no mencionarlo.

A mediados de febrero, el Gobierno de EE UU envió a la OIEA los documentos que probarían la pretendida transacción entre Irak y Níger. Los inspectores verificaron enseguida que una de las cartas, de octubre de 2000, estaba firmada por el ministro de Asuntos Exteriores Allele Habibou. Pero Habibou había abandonado el Gobierno en 1989. En otra carta la firma del presidente de Níger, Tandja Mamadou, era manifiestamente falsa.

El 7 de marzo de 2003, tanto el jefe de inspectores de la ONU, Hans Blix, como el director de la OIEA, Mohammed el Baradei, presentaron informes ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ambos citaban ejemplos de progresos en las inspecciones.

Delante de Powell y los demás ministros de Exteriores, El Baradei explicó que no existían pruebas de que Irak estuviera utilizando tubos de aluminio para producir armas nucleares. "No hay pruebas de que Irak esté reactivando su programa nuclear", dijo. Pero añadió algo más relevante: "LA OIEA ha progresado en su investigación sobre los informes según los cuales Irak intentó comprar uranio a Níger (...) La investigación se ha centrado en documentos aportados por varios países en los que se apunta un acuerdo entre Níger e Irak entre 1999 y 2001. Basándose en un profundo análisis, la OIEA ha concluido, con la ayuda de expertos independientes, que estos documentos no son auténticos. Por tanto, la organización ha concluido que las acusaciones son infundadas".

Powell recordó, tras escuchar el informe, que en 1991 la OIEA estuvo a punto de afirmar que Irak carecía de programa nuclear, pero pronto descubrió que sí lo había. "La organización está alcanzando una conclusión similar ahora, pero debería actuar con cautela y mantener las puertas abiertas. Hay alguna disputa sobre temas concretos, incluyendo el de los tubos de aluminio...". Powell no dijo una palabra sobre compras de uranio de Irak a Níger.

24 horas antes del bombardeo sobre Bagdad, Aznar en un cruce de acusaciones en el Congreso con el líder socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo: "Se equivoca su señoría. Las armas de destrucción masiva existen y las verá. Créame que Sadam Husein y el régimen iraquí no tienen las armas de destrucción masiva para hacer colección, las tienen para poder usarlas, y no ha tenido contacto con grupos terroristas por tener más o menos amigos sino porque está dispuesto a utilizar el terrorismo, y también lo ha demostrado. Además, está dispuesto a acceder en cuanto pueda a elementos con un componente nuclear. No lo hace por coleccionar, lo hace por hegemonía".

La Federación de Municipios de Cataluña ya se ha opuesto al propósito del ministerio del Interior, que pretende localizar a los extranjeros que residen ilegalmente en España utilizando el ceso municipal de habitantes. El presidente de la Federación de Municipios de Cataluña, Manuel Mas, dibuja un futuro preocupante para los ayuntamientos en el caso de que la reforma de Extranjería posibilite a la Policía el acceso directo al padrón. Afirma que si los inmigrantes no se empadronan por temor a ser localizados, tampoco accederán a la tarjeta sanitaria, con el peligro que ello conlleva para la salud pública. Este es uno de los aspectos en el que inciden los expertos en protección de datos. Como Carmen Sánchez Carazo, concejala en el ayuntamiento de Madrid y miembro de la Comisión de Libertades e Informática, que recuerda que los datos del padrón son confidenciales.

El Tribunal Constitucional ya declaró inconstitucional toda limitación del derecho a la protección de datos por razones genéricas, como interés público o intereses de terceros más dignos de protección.

Las secciones sindicales de UGT, CC OO y ACAIP denunciaron las abusivas condiciones laborales de los presos de la cárcel de Villena ocupados en los tres talleres de producción de este centro abierto hace ahora un año. Los portavoces de las tres centrales tildaron la situación laboral de los internos de "régimen de explotación", con maratonianas jornadas y sueldos inferiores al salario mínimo interprofesional. Tomás Sanmartín, director de la prisión, rechazó la acusación y aseguró que los trabajos de los internos se ajustan a la legislación penitenciaria.

La reinserción social de la población reclusa de la cárcel Alicante II, en Villena, era una de las prioridades de la dirección del cuarto centro penitenciario de la Comunidad Valenciana, que oficialmente inauguró el 7 de julio de 2002 el entonces ministro de Interior, Mariano Rajoy. La cárcel se dotó de cuatro talleres productivos de trabajo, de los cuales sólo están en funcionamiento tres: dos de plásticos y uno de carpintería.

Un año más tarde, los sindicatos no sólo cuestionan la eficacia de los talleres, sino que, además, denuncian las abusivas condiciones laborales de los internos. "Los talleres de trabajos sólo sirven para que los empresarios locales desvíen su producción conscientes de los bajos costes, al no pagar Seguridad Social, ni gastos complementarios y, sobre todo, por el bajo precio de la mano de obra", dijo, Miguel Ballester, de ACAIP. "En dos de los talleres, los internos trabajan a destajo, con jornadas semanales de más de 40 horas a cambio de unos 300 euros mensuales. En el tercero, les pagan a 2,82 euros la hora", añadió.

Los representantes de las secciones sindicales anunciaron que, a partir de septiembre, desvelarán nuevas irregularidades de las condiciones laborales de los internos de la prisión de Villena y anunciaron que denunciaran los hechos a los tribunales. "El régimen de explotación no afecta sólo a los internos de los talleres, sino al conjunto de presos encargados de los servicios generales de la cárcel", dijo José Luis Guerrero, de UGT.

Un grupo formado por una decena de feministas intentó en Barcelona boicotear la presentación de un libro de El Cobre, la editorial de Míriam Tey, directora del Instituto de la Mujer. El grupo interrumpió el comienzo del acto enarbolando carteles en los que se podía leer: "El sexismo mata" y "Míriam Tey dimisión". Inmediatamente las feministas se retiraron. La acción pretendía protestar por la publicación en El Cobre del libro de relatos Todas putas, de Hernán Migoya, que numerosas asociaciones de mujeres han visto como apología de la violación. Míriam Tey no se hallaba presente en el acto.

La organizaciones agrarias UPA y COAG, la asociación regional de Asaja han rechazado, porquen creen que "va contra el campo", el proyecto de Ley de Arrendamientos Rústicos que el Gobierno pretende aprobar en el Parlamento por el procedimiento de urgencia en los próximos meses. El proyecto de ley elaborado por el Gobierno del Partido Popular, como señalaba el propio Ministerio de Agricultura, pretende una mayor liberalización de los arrendamientos rústicos de cara a la posibilidad de que salgan al mercado en los próximos años más de cuatro millones de hectáreas, cuyos actuales propietarios han cesado en su actividad. Las organizaciones agrarias coinciden en señalar que bajar de cinco a tres años el periodo del contrato quita seguridad al arrendatario y la imposibilidad de asumir fuertes inversiones. En su opinión, se debería mantener un techo a negociar a la hora de arrendar superficies de cultivo y mantener una cierta prioridad de los profesionales del campo frente a las sociedades anónimas. En su opinión, con estas medidas se corre el riesgo de eliminar la explotación familiar en beneficio de otras estructuras que no aportan nada al mantenimiento del medio rural.

Interviú" pone el acento en varios puntos. Uno de ellos es que Cobo aseguró que los terrenos de su padre se encontraban a cinco kilómetros de cualquier parada de Metrosur. Según los datos de la revista, alguna de las fincas -hasta 66 llegó a comprar Grucoca Inmobiliaria entre el 87 y el 89 en los municipios del sur de Madrid- se encuentra a 900 metros de una estación de Metrosur: la del polígono El Casar en Getafe.

"Interviú" resalta también que cuando Gallardón presentó el proyecto Metrosur Grucoca Inmobiliaria, empresa de la que Cobo era apoderado, todavía era dueña de todas estas fincas que ocupaban casi tres millones de metros cuadrados y que poco después de conocerse lo que sería Metrosur Grucoca comenzó a vender.

"Interviú" dice también, y presenta documentos registrales, que la madre y una de las hermanas de Cobo han estado o están vinculadas a empresas de su padre, aunque Cobo sostenía que no mantenían relaciones con él desde la separación.

María Vega, madre del número dos de Gallardón, ha sido vicepresidenta de Inmobiliaria Cobo Calleja y de Construcciones Cobo Calleja hasta el año 2001, y su hermana Nuria es desde finales del año 2000 apoderada de Grucoca Inmobiliaria, y a finales de 2001 figura también como accionista de esta inmobiliaria

Respecto a la Ley de Incompatibilidades, según los datos de "Interviú", cuando Cobo fue nombrado consejero de Presidencia en el 99 no realizó declaración de actividades en la que debían costar todos los apoderamientos que entonces estaban vigentes. Tanto los otorgados por su padre -apoderamientos que Cobo decía desconocer- como el otorgado por su hermana en la empresa Estaciones y Arrendamientos, del que sí dijo que tenía conocimiento.

Los dos momentos coinciden con elecciones autonómicas. En 1991 Cobo entra activamente en política. Ese año, en las fechas previas y posteriores a los comicios del 26 de mayo, se producen los movimientos en los consejos de administración de las empresas paternas. Hasta entonces Cobo había ejercido diferentes cargos ejecutivos de los que dimite un mes antes de las elecciones. Diez días después de ser elegido diputado, su padre le otorga un poder general para la administración de las trece sociedades que formaban entonces el grupo familiar.

Elecciones del 95. 22 de junio. Justo cuatro semanas después de las autonómicas que llevan a Gallardón a la presidencia de la Comunidad. La madre y una hermana de Cobo van juntas al notario y el mismo día le otorgan al vice-alcalde sendos poderes. Su hermana Nuria lo apodera en Estaciones y Arrendamientos, empresa que Cobo había dejado de presidir 15 días antes, y su madre lo apodera en la sociedad Marive

Si primero fue la recolocación de Simón Viñals, ahora le ha tocado el turno a Antonio Moreno. El ex concejal es el segundo edil de la era Álvarez del Manzano imputado y procesado por el caso Funeraria.

La repesca que ya han practicado los populares para colocar a algunos de sus clásicos supone dotar de una función pública al segundo implicado por este asunto en apenas una semana. Si una Comisión de Servicios elevó a Viñals como asesor técnico del grupo, ahora es el mismo ente, el PP municipal, quien ha decidido que el también procesado Antonio Moreno entre en Caja Madrid como uno de los 37 vocales que le representan en la Asamblea General de Caja Madrid.

Entre sus compañeros de lista, destaca también la presencia del mismo José María Alvarez del Manzano, Ignacio del Río, Mercedes de la Merced, Pedro Bujidos, María Tardón o la hermana de Ricardo Romero de Tejada, Cayetana Romero de Tejada.

También será vocal de Caja Madrid por el PP, Jesús Pedroche, el concejal de Ruiz-Gallardón que cesó antes de tomar posesión tras conocerse la sentencia que daba la razón a su secretaria por discriminación laboral. La entidad financiera puede ser un buen camino para la vuelta pública del que fuera consejero de Presidencia y amigo personal del regidor.

Antonio Moreno está imputado de los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y maquinación para alterar el precio de las cosas, después de que participara en la venta del 49% de las acciones de Funeraria a Funespaña, por sólo 0,60 euros.Poco años después, el patrimonio de Funeraria se llegó a valorar en 138 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido para Moreno, al igual que hizo con Simón Viñals, una pena de seis años de cárcel, mientras que el ministerio público pretende que Funespaña devuelva al Ayuntamiento la participación del 49% y los beneficios de los últimos nueve años.

El equipo de Ruiz-Gallardón fue informado al llegar al Ayuntamiento de que estaba abierta una investigación sobre la gestión de Jorge Barbadillo como consejero delegado de la sociedad Campo de las Naciones. El interventor, según la versión que el anterior concejal de Hacienda, Pedro Bujidos, ofreció a su sucesor en el cargo, Juan Bravo, detectó, en el "mes de enero o febrero", que Barbadillo había realizado pagos con la tarjeta de crédito que no correspondían a los propios de su actividad oficial y que le obligó a devolver estas cantidades.

Bujidos también señaló que el interventor había solicitado más información sobre la gestión de algunas partidas presupuestarias de esta sociedad y sobre la adjudicación de algunas obras que, tras ser otorgadas, sufrían modificaciones. "Aparecen, por ejemplo, pagos a técnicos medioambientales que no deben hacerse por tratarse de empleados municipales", señalan fuentes del equipo de gobierno.

Estas investigaciones, que se prolongan desde el pasado mes de febrero, no fueron puestas en conocimiento de los representantes de la oposición en el consejo de administración. Fue con la llegada del nuevo equipo municipal cuando los miembros de la oposición -uno del PSOE y uno de IU- fueron informados de que estaba en marcha una auditoría.

El ministro de Administraciones Públicas y secretario general del PP, Javier Arenas, afirmó que es partidario de que se investigue "a fondo, con todas las consecuencias", la gestión desarrollada por Barbadillo.

Rafael Simancas, el candidato del PSOE a presidir la Comunidad de Madrid, se ha quedado sin escolta por decisión del Ministerio del Interior, que -sin embargo- si la mantiene en el caso de la candidata del PP, Esperanza Aguirre. En declaraciones a la SER, Francisco Javier Ansuátegui, Delegado del Gobierno en Madrid, aseguró que "ni como candidato ni como portavoz tiene derecho a escolta". Según Ansuátegui, Simancas tenía escolta hasta ahora por lo ocurrido en la Asamblea y "a petición del propio PSOE". La protección -asegura- "se le puso de manera provisional". El Delegado del Gobierno, al que no le consta que Simancas esté amenazado por ETA, afirmó que se "interpreta que las circunstancias han cambiado y la situacion que planteó el PSOE no es ya la misma, y por eso se le advirtió que el servicio se levantaba". Según Ansuátegui, "todo puede cambiar si el PSOE plantea de nuevo la necesidad de la escolta, porque no se haya resuelto la situación de Simancas, no el candidato ni el portavoz". Del caso de Esperanza Aguiree, que sí mantiene su escolta, Ansuátegui aclaró que está decidido por la Mesa del Senado. Interior asegura que cuando se supo oficialmente que Simancas iba a ser candidato a la Comunidad de Madrid se le advirtió que el servicio de escolta se le asignaría durante quince días, y que si no era elegido presidente se le retiraría. Al candidato socialista nadie le dijo que este servicio duraría 15 días. La versión de Interior no concuerda con los plazos. Delegación del Gobierno habla de quince días y la elección de presidente en Madrid estaba marcada para el 10 de junio; habría pasado más de un mes.

Rafael Simancas contaba con servicio de escolta desde hace unos cuatro años. Durante su etapas en el Ayuntamiento de Madrid, la escolta se la proporcionaba la Policía Municipal. Desde hace unos meses el servicio de escolta del candidato del PSOE era realizado por dos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. Sí la mantiene Esperanza Aguirre, Concepción Dancausa, presidenta de la Asamblea de Madrid, o su antecesor, Jesús Pedroche, dimitido después de que fuera condenado por el Constitucional por un despido improcedente. El Gobierno explica que se mantiene la escolta de Esperanza Aguirre y Jesús Pedroche porque son ex altos cargos, y en el caso de Concepción Dancausa porque es la actual presidenta de la Asamblea.

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, no logra arrebatar el liderazgo a Eduardo Zaplana, ministro de Trabajo, en número de veces y tiempo de dedicación en los informativos de Canal 9. Una estimación hecha entre el 18 de junio y el pasado día 14 de julio certifica que Zaplana ha aparecido 12 veces, frente a 11 de Camps, (en dos ocasiones comparten la misma información), y que la media de tiempo de aparición es entre tres y cuatro veces superior en el caso de Zaplana. Cada mención del ex presidente, sea de Fogueres, de la crisis del PSPV o de la noche de la economía alicantina, sobrepasa con mucho el minuto. De hecho, Zaplana ocupó en el informativo de la noche de Canal 9 en la condena contra los atentados en Alicante y Benidorm del martes pasado 42 segundos. Camps sólo 20 con las declaraciones efectuadas en Bruselas, donde se encontraba de viaje. Joan Ignasi Pla, secretario general del PSPV, apareció 18 segundos. La comparativa incluye otros datos; siete de las 12 noticias con declaraciones de Zaplana fueron cabecera de los informativos; el 14 de junio, cuando Camps se entrevistó con Aznar, Canal 9 dedicó 53 segundos al presidente de la Generalitat sobre ese encuentro y un minuto y 10 segundos a Zaplana sobre la situación del PP en la Comunidad Valenciana y otros 36 sobre la situación económica.

La dirección del PP andaluz intentó poner orden en la crisis que sufre esta formación en Almería. La disputa enfrenta a la dirección provincial, presidida por Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, y al alcalde de El Ejido, el polémico Juan Enciso. El momento más tenso se vivió cuando Enciso tildó de "terrorista político" a Rafael Hernando, portavoz nacional del PP y diputado por Almería. Pocas horas después, Enciso rectificó estas declaraciones, pero mantuvo que Hernando estaba desestabilizando al PP almeriense.

El secretario general del PP, Javier Arenas, ordenó al número dos de los populares andaluces, Antonio Sanz, que se desplazase hasta Almería para resolver la crisis, que tiene su origen en el reparto de poder interno en la Diputación provincial, presidida por José Añez, mano derecha de Juan Enciso. La dirección provincial sostiene que Añez y Enciso han incumplido el pacto acordado entre las dos partes en Madrid hace dos semanas. En ese pacto se estableció que las dos vicepresidencias primeras de la Diputación (de un total de ocho) fueran para las diputadas Carmen Navarro y Ana Toro, afines a la dirección provincial.

El pasado día 15, cinco de los ocho vicepresidentes anunciaron su renuncia al cargo porque consideraban que el equipo de gobierno diseñado por Añez no era "acorde al perfil diseñado en los acuerdos previos", en definitiva, que se incumplía el pacto cerrado en Madrid entre los dos sectores, que contó con la bendición de Hernando y Antonio Sanz. A lo largo de la semana, esta crisis ha ido a más hasta el punto de que Sanz mantuvo una reunión con los dos bandos,. En estos días, las críticas de Enciso a Rodríguez-Comendador, alcalde de Almería, han sido constantes. Sobre todo le ha reprochado su debilidad frente a la dirección nacional y la regional del PP. "Los genitales hay que ponerlos encima de la mesa cuando hay que ponerlos", ha llegado a decir Enciso sobre la composición del equipo de gobierno decida por Añez. En un receso de la reunión, Añez expresó su confianza en que pronto se produzca un acuerdo.