Partes de Guerra centristas
Semana del 5 al 11 de Abril 2003
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SOBRE EL BUQUE FANTASMA PRESTIGE, ACUÉRDATE DE VISITAR EL ESPECIAL
3. UN SENADOR DEL PARTIDO JUSTIFICA EN EL SUPREMO LA COMPRA DE WHISKY CON FONDOS MUNICIPALES
4. UNA VEZ MAS ROMPEMOS EL CONSENSO SOBRE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
5. NOS PIERDE LA COHERENCIA: NEGAMOS UN HOMENAJE A LOS MILITARES DEMÓCRATAS DE LA TRANSICIÓN
6. FALTA DE RESPETO: FAMILIAS DE DESAPARECIDOS PIDEN QUE LA IGLESIA RETIRE LAS LEYENDAS FRANQUISTAS
8. NOS VOLVEMOS A QUEDAR SOLOS EN NUESTRO RECHAZO A LA PARIDAD EN LAS LISTAS ELECTORALES
9. UNA DE CADA CUATRO VÍCTIMAS MORTALES POR VIOLENCIA FAMILIAR HABÍA PRESENTADO DENUNCIA
11. FISCALILLOS DE MADRID APOYAN A SU JEFE Y SE REBELAN CONTRA NUESTRO PIADOSO CHECHU CARDENAL
12. TERCERA MANIFESTACIÓN EN BARCELONA CONTRA EL PLAN HIDROLÓGICO
13. LOS PRECIOS CRECIERON SIETE DÉCIMAS EN MARZO
El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, ha sido condenado por el Tribunal de Cuentas por el uso irregular de fondos públicos del Consistorio. El alcalde tendrá que devolver casi 104.000 euros (más de 17 millones de pesetas) que gastó indebidamente de su cuenta restringida de protocolo
2. UN SENADOR DEL PARTIDO JUSTIFICA EN EL SUPREMO LA COMPRA DE WHISKY CON FONDOS MUNICIPALES
El alcalde de Sada (A Coruña) y senador del Partido Popular Ramón Rodríguez Ares justificó ante el Tribunal Supremo, en su declaración como imputado en delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, la compra de botellas de whisky y otros artículos con cargo a las arcas municipales, alegando que su utilización se realizó en el marco de actividades organizadas por la corporación que preside.
Tras prestar declaración, Rodríguez Ares, que fue denunciado en su día por una concejal de su propio grupo, Elena Ramallo, destacó a los periodistas que las acusaciones que pesan sobre él se basan en «medias verdades», que no tienen en cuenta el contexto en que se produjeron los gastos sufragados por el Ayuntamiento. Respecto a la acusación de que el ayuntamiento pagó un viaje suyo privado a Nueva York, destacó que se trató de un acto institucional, ya que tenía como objeto su incorporación como socio de honor a la Casa de Galicia de la ciudad estadounidense, que es la más numerosa del mundo.
En cuanto al pago con una tarjeta municipal de los gastos de los peajes de las autopistas gallegas, incluidos los viajes de su hija, indicó que utiliza dos coches oficiales y que a ellos se refieren dichos pagos. Sobre las botellas de whisky, indicó que, al igual que cajas de cerveza o determinadas comidas, se trata de pedidos que realizaban los grupos folclóricos que actuaban en la localidad contratados por el ayuntamiento, y que lógicamente se cargaron a las arcas municipales. Del mismo modo, las compras de barras de labios y productos cosméticos estaban justificados porque se repartieron entre los jóvenes participantes en viajes organizados
3. UNA VEZ MAS ROMPEMOS EL CONSENSO SOBRE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
El PP se quedó sólo en el Parlamento y tuvo que soportar el reproche de los restantes grupos parlamentarios, que le acusaron de "romper el consenso" existente sobre el reconocimiento de las víctimas del terrorismo al votar en contra de una propuesta de CiU e IU, apoyada por los restantes grupos, para reconocer e indemnizar a las víctimas del final de la dictadura y de la transición democrática.
La propuesta, apoyada por toda la oposición, pretendía extender los beneficios de la Ley de Víctimas del Terrorismo a decenas de personas, la mayoría de ellas manifestantes en reclamación de las libertades y derechos democráticos, que perdieron la vida o sufrieron lesiones, en muchos casos por las Fuerzas de Orden Público predemocráticas. Desde la tribuna se recordaron a los seis obreros muertos por la policía al salir de la catedral de Vitoria el 3 de marzo de 1976; a los tres obreros de la construcción muertos tras una carga policial en Granada en 1970; a los trabajadores de los astilleros de Ferrol, muertos en una manifestación en 1971; a los de Madrid, Basauri, Tarragona, Lleida... La Ley de Víctimas del Terrorismo ciñe su campo de actuación, como su nombre indica, a las víctimas del terrorismo, fueran de ETA, GRAPO o GAL, desde el 1 de enero de 1968. Manuel Atencia, del PP, se escudó en motivos burocráticos para rechazar una propuesta que teme que se interprete como una censura al comportamiento de algunos sectores de la policía predemocrática. "Las víctimas ya están reconocidas y el texto abre inseguridad jurídica", dijo
4. NOS PIERDE LA COHERENCIA: NEGAMOS UN HOMENAJE A LOS MILITARES DEMÓCRATAS DE LA TRANSICIÓN
El PP rechazó en el Congreso una proposición de ley con la que pretendían agradecer el papel que desempeñó la Unión Militar Democrática (UMD) durante la transición. Todos los demás grupos, excepto Coalición Canaria, la apoyaron. Andrés Ayala (PP) arguyó que no sería "justo" un reconocimiento sólo para estos militares.
El representante del PP en la Comisión de Defensa, donde se debatió la iniciativa, sostuvo que el texto preparado por los socialistas podría ser "sectorial o parcial". Lo dijo frente a algunos ex miembros de la UMD, ya retirados, que presenciaban el debate. La proposición socialista pedía un agradecimiento al papel que ese "pequeño grupo de militares demócratas" desempeñó para "ayudar a devolver la soberanía al pueblo español y contribuir a instaurar la democracia en España". La proposición recordaba que estos arriesgados militares disolvieron su asociación en cuanto llegó la democracia con las primeras elecciones libres, el 15 de junio de 1977. El coronel retirado Fernando Reinlein que asistió al debate concluyó que "el franquismo sigue vivo en el seno del PP".
5. FALTA DE RESPETO: FAMILIAS DE DESAPARECIDOS PIDEN QUE LA IGLESIA RETIRE LAS LEYENDAS FRANQUISTAS
Muchas iglesias de pueblos en toda España, incluso ciudades, mantienen en sus fachadas o laterales placas que con la leyenda "caídos por Dios y por España", enumeran los nombres de los habitantes de la zona que murieron combatiendo por el triunfo del golpe de Estado del general Francisco Franco. Siguen allí 64 años después del fin de la Guerra Civil, en ocasiones ya deteriorados por el paso del tiempo.
Pero sólo recuerdan a los muertos de un bando, el vencedor. Por eso la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que se afana en reabrir las fosas comunes de los republicanos asesinados, enterrados en cunetas y olvidados durante años, pide a la Iglesia española que retire las placas que quedan "para que se deje de agraviar y culpabilizar públicamente a las familias de las víctimas republicanas, que tienen un derecho a la dignidad incompatible" con su permanencia en los pueblos.
Este es el contenido de una carta enviada por esta asociación a los 65 obispos con diócesis españoles y al nuncio del Vaticano por esta asociación. La ARMH ya recibido más de 2.500 solicitudes de familias, republicanas en su práctica totalidad, que buscan a sus desaparecidos. De momento ya han recuperado más de cuarenta personas cuyas familias, según se destaca en la nota, han querido inhumarlas mediantes el rito católico, algo que demuestra su vinculación a la Iglesia. Esas mismas personas, en los pueblos, tienen que comprobar cada día cómo una placa honra en su iglesia a los caídos del otro bando, en ocasiones los propios asesinos de sus familiares.
La asociación cree que es el momento idóneo para cerrar la polémica sobre la posición de la Iglesia y de muchos religiosos durante la Guerra Civil y la posterior represión franquista. No sólo porque el pasado 20 de noviembre de 2002 el Congreso aprobó una declaración inédita de condena al franquismo, sino también por el clima social. Por eso creen imprescindible aprovechar la próxima visita del papa Juan Pablo II, el próximo 3 de mayo, no sólo para tomar la decisión general de retirar las placas -algunos obispos ya lo están haciendo- sino para llevar a cabo otras ideas simbólicas que se piden en la carta: que se lea un sermón en homenaje a las víctimas republicanas olvidadas durante todos estos años en todas las iglesias y que el Papa "haga un gesto simbólico para pedir perdón por la colaboración que tuvo la Iglesia con la dictadura franquista".
Las complicaciones para el Gobierno con el "caso Santaliestra" van en aumento. Tras la anulación hace más de un año del proyecto constructivo del polémico embalse previsto del río Ésera y otros varapalos judiciales, ahora se amplía la lista de cargos por los que serán procesados el actual secretario de Estado de Infraestructuras, Benigno Blanco y otros acusados por el Ayuntamiento de la localidad altoaragonesa en la querella criminal paralela a otros contenciosos en curso o ya resueltos.
La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado en febrero y marzo sendos autos donde da la razón al Ayuntamiento de Santaliestra en su intención de endurecer todavía más el proceso. En el primero, desestima el recurso de queja interpuesto por el abogado del Estado y la defensa del redactor del proyecto de regulación -el ingeniero Íñigo Barahona-, con el que se pretendía impedir que el Ayuntamiento y el Ministerio Fiscal pudieran recurrir el auto de procesamiento para que se incluyan algunos delitos descartados inicialmente.
En el segundo, la Audiencia de Madrid estima los recursos de apelación del Ayuntamiento y la Fiscalía contra el auto de procesamiento dictado por el Juzgado de Instrucción número 38 contra Blanco, Barahona y otros ex altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), así como la empresa redactora del proyecto. En definitiva, se decreta que procede juzgar a los acusados de otros delitos además de los incluidos inicialmente -como prevaricación o malversación de fondos públicos-, que se ratifican para su vista oral.
Contra Benigno Blanco -sobre quien ya pesaban sendos cargos por delitos continuados de prevaricación y falsedad en documento público en su anterior etapa de secretario de Estado de Aguas-, se añade ahora la imputación de un presunto delito continuado de infidelidad en la custodia de documentos públicos que no remitió a los tribunales. De esta forma, la petición de penas por parte del Ayuntamiento y la Fiscalía pasa de 10 a 14 años de prisión y también se amplía en seis años la solicitud de inhabilitación.
La misma imputación de infidelidad en la custodia de documentos se extiende a Carlos Escartín, que ocupó la Dirección General de Obras Hidráulicas del Ministerio de Medio Ambiente, y a José María Vizcaino, ex subdirector general de Proyectos y Obras.
Asimismo, los cargos contra Íñigo Barahona se amplían a la acusación de falsedad en documento público en concurso medial con un delito continuado de fraude y otro continuado de estafa, en relación a las liquidaciones de la CHE y el Ministerio a las empresas encargadas de redactar el proyecto técnico del embalses por trabajos que según el Ayuntamiento de Santaliestra no fueron realizados.También están procesados por diversos delitos -aunque ya no se amplían los cargos- Tomás Sancho, ex presidente de la CHE, los ingenieros de la Confederación Miguel Zueco y Francisco Fiteni y el ex director general de Evaluación de Impacto Ambiental del Ministerio, José González Lastra. Todos los acusados han rechazado las acusaciones, algunos en declaraciones o comparecencias públicas.
Benigno Blanco, en concreto, llegó a comparecer hace justo un año en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados para intentar desmontar una por una las imputaciones de la Fiscalía contra él en este proceso penal.
Pero los 27 documentos oficiales que Blanco aportó entonces para defenderse en el Congreso "no le han servido absolutamente para nada en la Audiencia Provincial de Madrid que le ha de juzgar", destacó el alcalde de Santaliestra, Javier Mur. Satisfecho por la marcha de éste y otros procesos judiciales, Mur también ironizó sobre la "buena información" que en su opinión ha demostrado tener al respecto el actual secretario de Estado de Aguas, Pascual Fernández, en su última visita a Aragón.
Con los dos últimos autos ya son cinco las veces que la Audiencia de Madrid ha anulado o corregido decisiones favorables a los acusados del Juzgado de Instrucción número 38 dentro de este proceso penal.
Ahora sólo falta que las defensas complementen sus escritos en relación con las nuevas imputaciones y el Juzgado de Instrucción remita las actuaciones a la Audiencia Provincial de Madrid, donde se celebrará el juicio.
7. NOS VOLVEMOS A QUEDAR SOLOS EN NUESTRO RECHAZO A LA PARIDAD EN LAS LISTAS ELECTORALES
El PP rechazó en el Pleno del Congreso la toma en consideración de tres proposiciones de ley para reformar la Ley Electoral General de 1985 con el objetivo de equilibrar la presencia de hombres y mujeres en las listas electorales, iniciativas cuya tramitación sí contó con el respaldo del resto de grupos de la oposición, incluyendo a los nacionalistas catalanes, vascos y canarios. Este tema, que ha sido regulado en comunidades como Castilla-La Mancha o Baleares, está pendiente de resolución por el Tribunal Constitucional tras el recurso presentado por el Gobierno de José María Aznar.
8. UNA DE CADA CUATRO VÍCTIMAS MORTALES POR VIOLENCIA FAMILIAR HABÍA PRESENTADO DENUNCIA
Una de cada cuatro personas fallecidas como consecuencia de la violencia familiar en 2002 había presentado denuncia previamente. Así lo señala el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que analiza los 145 fallecimientos ocurridos por esa causa en los dos últimos años. Según el trabajo, más del 70% de las víctimas fueron mujeres, sobre todo casadas y, en menor medida, emparejadas. El informe señala que "el índice de medidas cautelares pedidas o acordadas es bajo". En 2002 se acordaron en el 7,6% de los casos y se solicitaron en el 9%.
El Tribunal de Cuentas ha recomendado en el Congreso al Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) que mejore la planificación de las actuaciones y las obras de la línea ferroviaria de Alta Velocidad (Ave) Madrid-Lleida-Barcelona, con el fin de "evitar demoras". El presidente de este tribunal, Ubaldo Nieto, aconsejó también durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados que el ente público dependiente del Ministerio de Fomento "revise los criterios de valoración para la adjudicación de los concursos, para evitar la subjetividad" y "actualice los pliegos de condiciones administrativas en lo que se refiere a plazos para subsanar defectos". El Tribunal recuerda así las recomendaciones ya efectuadas al GIF en junio de 2002, cuanto aprobó el informe de fiscalización selectiva realizado sobre 31 contratos del Ave cerrados entre 1999 y 2000 valorados en 1.251,63 millones de euros, y sobre cuyas conclusiones Nieto informó en el Congreso. Dicho informe ya reveló que el 86,64 por ciento de los contratos estudiados presentaban suspensiones y prórrogas "todas ellas autorizadas por el GIF" y que, según el Tribunal, "hacían previsible el incumplimiento de los plazos de ejecución".De igual forma, el informe del Tribunal denunció la falta de objetividad que, en su opinión, presentaban los criterios del GIF para la adjudicación de los concursos del Ave, así como que los pliegos de condiciones administrativas de los mismos "no se adecuaban a lo dispuesto en el régimen jurídico de las administraciones públicas".
10. FISCALILLOS DE MADRID APOYAN A SU JEFE Y SE REBELAN CONTRA NUESTRO PIADOSO CHECHU CARDENAL
La Junta de Fiscales de Madrid cerró filas en torno a su jefe, Mariano Fernández Bermejo, y valoró las diligencias informativas abiertas contra éste como "un ataque a la libertad de expresión" por parte del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal. La Junta ratificó por unanimidad las críticas al Ministerio de Justicia por la falta de medios materiales y personales para poner en marcha los juicios rápidos.
La Junta de Fiscales de Madrid, a la que asistieron alrededor de un centenar de los 184 integrantes de la plantilla, ratificó por unanimidad un comunicado en el que, "en ejercicio de su responsabilidad colectiva", ratifica y asume en su integridad su acuerdo del 14 de marzo pasado en el que vaticinaba el "fracaso" de la ley de juicios rápidos por falta de medios materiales y personales para su entrada en vigor.
Los fiscales indicaron en otro punto de su acuerdo que las diligencias abiertas al fiscal jefe de Madrid por la Fiscalía del Estado, a propósito del anterior comunicado, "suponen un ataque a la libertad de expresión de la Junta". El teniente fiscal o número 2 de la Fiscalía de Madrid, Pedro Martínez, aseguró que la Junta, por unanimidad, asumió la responsabilidad colectiva de las declaraciones realizadas por su jefe, Mariano Fernández Bermejo, por lo que "se les debería haber abierto diligencia a todos" los fiscales. Según el teniente fiscal, las diligencias abiertas a Fernández Bermejo suponen "un ataque a la libertad de expresión colectiva de la Junta".
Antonio Camacho, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales -asociación a la que pertenece Fernández Bermejo-, consideró que la apertura de diligencias fue un "acto de censura" a las Juntas de Fiscales y añadió que se ha utilizado la vía disciplinaria "para fines distintos a los previstos en el Estatuto del Ministerio Fiscal".
El acuerdo por el que le fueron abiertas diligencias al fiscal jefe de Madrid decía que la ley plantea problemas desde el punto de vista de garantías para los intervinientes (perjudicados, procesados, etcétera) y desde el punto de vista de la constitucionalidad, "aunque este es un juicio técnico de la Junta", precisó Camacho. "Si sigue la situación actual de falta de medios en la Fiscalía de Madrid, con unas plantilla extremadamente cortas, la ley de juicios rápidos es inasumible y habrá que suspender o inasistir a otra serie de actos", agregó el portavoz de la UPF.
11. TERCERA MANIFESTACIÓN EN BARCELONA CONTRA EL PLAN HIDROLÓGICO
El discurso del movimiento contrario al Plan Hidrológico Naciona (PHN) continúa calando. Tras más de dos años de movilizaciones, la Plataforma en Defensa del Ebro demostró en Barcelona que mantiene intacta su capacidad de convocatoria y reunió a más de 100.000 personas en la tercera manifestación contra el plan. Los portavoces de la plataforma reclamaron ante la proximidad del ciclo electoral que no se vote a CiU ni al PP. La manifestación, que discurrió sin incidentes por el centro de la ciudad y que reunió a 100.000 personas, según la Guardia Urbana, supone un nuevo espaldarazo al movimiento formado en las comarcas ribereñas del Ebro, contrario al trasvase previsto en el PHN con destino al Levante español. La concentración finalizó en la plaza de la catedral, donde el portavoz de la plataforma, Manolo Tomàs, recordó la catástrofe ecológica del Prestige y el conflicto con Irak para asegurar: "El PP también se ha equivocado con el PHN y CiU no reconoce nuestra lucha". El portavoz reclamó que tras las próximas elecciones generales, el nuevo Gobierno que surja paralice las obras del trasvase e hizo un llamamiento a la Unión Europea "para que no ceda al chantaje del PP y no financie el PHN; sería un escándalo político sin precedentes", dijo.
12. LOS PRECIOS CRECIERON SIETE DÉCIMAS EN MARZO
El Indice de Precios de Consumo (IPC) subió un 0,7% en marzo respecto al mes anterior, con lo que en lo que va de año registra un aumento del 0,5%, aunque la inflación interanual baja una décima y se sitúa en el 3,7%, según datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por su parte, la inflación subyacente -que excluye la variación de los precios de los alimentos frescos y la energía- creció el 0,6% el mes pasado pero, en tasa interanual, disminuyó hasta el 3,2%. El grupo más inflacionistas en marzo fue el de vestido y calzado, cuyos precios se incrementaron el 2,9%, por el fin de la temporada de rebajas, seguido del transporte que lo hizo un 0,8% y de los de vivienda y hoteles, cafés y restaurantes, que se encarecieron el 0,6%
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