Partes de Guerra centristas
Semana del 9 al 14 de Marzo 2003
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SOBRE EL BUQUE FANTASMA PRESTIGE, ACUÉRDATE DE VISITAR EL ESPECIAL
2. LA INFLACIÓN INTERANUAL SUBE AL 3,8% TRAS CRECER LOS PRECIOS DOS DÉCIMAS EN FEBRERO
3. INTERIOR INCLUYE LA DETENCIÓN DE EXTRANJEROS SIN PAPELES EN SU PLAN CONTRA LA DELINCUENCIA
5. MIL ANTROPÓLOGOS RECHAZAN EL MUSEO DE LA MODA IDEADO POR PILAR DEL CASTILLO
6. EL PP BLOQUEA EN EL SENADO UNA NUEVA MOCIÓN SOCIALISTA PARA INVESTIGAR CON CÉLULAS MADRE
7. EL 80% DE LOS CONTRATOS DE OBRA DEL AVE A LLEIDA INCUMPLIÓ EL PLAZO DE EJECUCIÓN
8. LOS GEÓLOGOS CATALANES CULPAN DE LOS PROBLEMAS DEL AVE A LA FALTA DE PRESUPUESTO
9. EL SUPREMO RECHAZA EL RECURSO DEL PNV CONTRA LA CONDECORACIÓN Al TORTURADOR MELITÓN MANZANAS
10. EL CONSEJO DE EUROPA CENSURA A ESPAÑA POR INCUMPLIR SUS RECOMENDACIONES CONTRA LA TORTURA
11. JUAN PABLO II CANONIZARÁ EN MADRID A UN CURA FUSILADO EN 1936
13. C. VALENCIANA: ZAPLANA APARECE MÁS DEL DOBLE QUE CAMPS EN CANAL 9 Y EL TRIPLE QUE PLA
14. VALENCIANA: COTINO SE NIEGA A EXPLICAR EN CORTES LA DETENCIÓN DE DOS ALCALDES
16. C.A DE MADRID. REGISTRO JUDICIAL DE LAS EMPRESAS DE LA SUPUESTA TRAMA URBANÍSTICA DE ARANJUEZ
20. PRINCIPADO DE ASTURIAS: EL PP DICE QUE EL ATAQUE A IRAK Y EL PRESTIGE NO PREOCUPAN EN ASTURIAS
21. CASTILLA LA MANCHA. LA CONFECCIÓN DE LAS LISTAS DIVIDE AL PP
2. LA INFLACIÓN INTERANUAL SUBE AL 3,8% TRAS CRECER LOS PRECIOS DOS DÉCIMAS EN FEBRERO
El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 0,2% en febrero respecto al mes anterior, con lo que en lo que va de año registra un descenso del 0,2% y la inflación interanual se sitúa en el 3,8%, una décima más que en el mes anterior, según datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Por su parte, la inflación subyacente -sin alimentos no elaborados ni productos energéticos- aumentó en una décima el mes pasado en tasa interanual y se situó en el 3,3%.
Según los datos facilitados por el INE, transporte, hoteles, cafés y restaurantes y vivienda fueron los factores que impulsaron los precios al alza en febrero, y se comieron las bajadas de precios en vestido y calzado, por las rebajas, y en el sector de alimentos y bebidas no alcohólicas
3. INTERIOR INCLUYE LA DETENCIÓN DE EXTRANJEROS SIN PAPELES EN SU PLAN CONTRA LA DELINCUENCIA
El Plan Focus, primera y hasta ahora única operación palpable del Plan de Lucha contra la Delincuencia, provocó un fuerte aumento de las detenciones en las ocho ciudades en las que se puso en práctica, especialmente en noviembre, en el que estuvo a pleno rendimiento. Ese mes, los arrestos crecieron un 25%, pero dicho aumento se debió fundamentalmente a que se cuadruplicaron los arrestos de inmigrantes sin papeles por vulnerar la Ley de Extranjería. Las detenciones de extranjeros acusados de infracciones penales crecieron, eso sí, un 14,4%.
El Plan Focus, previsto en el Plan de Lucha contra la Delincuencia presentado en septiembre por el Gobierno, fue publicitado como un programa de actuación "localizado en las zonas de mayor incidencia delictiva, destinado a reforzar e incrementar la presencia de la policía". En él se incluía la actuación de agentes de los grupos de Extranjería y Documentación, con la misión de prestar "especial atención a las expulsiones cualificadas (inmigrantes ilegales acusados de delitos)".
Inicialmente el plan se puso en marcha en cinco ciudades y durante el mes de noviembre funcionó ya en ocho, pero no en todos los distritos policiales: Madrid, Barcelona, Tarragona, Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza y Palma de Mallorca. El refuerzo policial en las calles, gracias a la presencia de las Unidades de Intervención Policial (UIP) desplazadas desde distintos puntos, supuso un fuerte aumento de las detenciones (no en todas las ciudades) y un significativo descenso de las infracciones penales allí donde el Focus estaba en marcha.
La Fiscalía Anticorrupción y Hacienda investigan concursos millonarios de vestuario y material militar de intendencia adjudicados por el Ministerio de Defensa durante los últimos cinco años, entre los que destaca la compra de 20.000 chalecos de combate con los que se equipó a los 400 soldados españoles destacados en Afganistán. Defensa, que ha declinado hacer comentarios sobre esta investigación, ha relevado al comandante jefe encargado de redactar las prescripciones técnicas de estos concursos; un oficial al que el antiguo Cesid investigó su patrimonio inmobiliario.
José Delgado de Felipe, comandante jefe de la Sección de Estudios y Proyectos del Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia (Pecamy) del Ejército de Tierra, ha sido cesado en su puesto y trasladado forzosamente a la dirección de asistencia al personal. El Pecamy elabora los pliegos de prescripciones técnicas para concursos de material militar por 90 millones de euros al año.
La orden de traslado fue publicada en el boletín oficial de Defensa del pasado 13 de diciembre y está firmada por el general Alfonso Pardo de Santayana, jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra.
Delgado estaba destinado en el Pecamy desde hace 11 años y era el encargado de redactar los pliegos de prescripciones técnicas de los concursos de material militar de intendencia del Ejército de Tierra. También era el responsable de evaluar las muestras previas y las documentaciones presentadas por las empresas concurrentes a los concursos, en su mayoría de vestuario, equipos de campaña, intendencia y combate.
La mayoría de los expedientes de adjudicación solicitados por la Fiscalía Anticorrupción al Ministerio de Defensa llevan la firma del citado oficial y están siendo examinados por la unidad de apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda. El informe de esta unidad no ha concluido y los funcionarios solicitarán nuevos expedientes al Ministerio de Defensa.
El Centro Nacional de Inteligencia, antiguo Cesid, investigó hace un año el patrimonio inmobiliario del comandante jefe de la Sección de Estudios y Proyectos que acaba de perder su destino. En concreto, un chalé en una parcela de 4.400 metros cuadrados en una urbanización de lujo de Madrid. El oficial argumentó entonces que compró su vivienda gracias a "una herencia", y fuentes de Defensa aseguran ahora que en la investigación patrimonial no se detectaron irregularidades.
Un portavoz de ese ministerio no quiso facilitar datos sobre las diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía Anticorrupción: ni sobre los concursos y empresas afectadas, ni sobre los oficiales del Pecamy relacionados con dichas adjudicaciones. Tampoco sobre las causas del citado traslado.
Delgado de Felipe es el autor del pliego de prescripciones técnicas del concurso en el que se adjudicaron 20.000 portaequipos de combate a Yuma, SA, con sede en Zaragoza, la empresa que presentó la oferta más cara. Estos portaequipos carecen de la protección IR contra aparatos de visión infrarroja con la que cuenta todo el material militar. El portaequipos de combate es una prenda similar a un chaleco del que cuelgan los cargadores de munición y bombas de mano. Cubre el pecho y la espalda.
Defensa gastó 2,1 millones de euros en la compra de estos chalecos en dos concursos a los que concurrieron, además de Yuma, SA, otras dos empresas (Manufacturas Valle y Sei) que sí incluían la protección IR en su producto y costaban 552.931 euros menos. El ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, aseguró que la protección IR no es necesaria para la seguridad de los soldados, y más tarde su ministerio convocó otro concurso de 15.000 chalecos en los que se exige el IR
5. MIL ANTROPÓLOGOS RECHAZAN EL MUSEO DE LA MODA IDEADO POR PILAR DEL CASTILLO
Un millar de profesionales de la antropología, las ciencias sociales y la cultura han enviado una carta a la ministra de Educación y Cultura, Pilar del Castillo, en la que rechazan el posible cierre de la sede de los Pueblos de España del Museo Nacional de Antropología, de Madrid, y su sustitución por un museo dedicado a la moda. Los firmantes temen el "desmantelamiento progresivo" de las colecciones actuales, que superan las 100.000 piezas inventariadas, al sustituir un museo por otro en detrimento de un patrimonio que testimonia la diversidad de las culturas.
La apertura del Museo Nacional de Antropología, en su sede de la Ciudad Universitaria de Madrid tras las reformas actuales en el edificio del antiguo MEAC, se convirtió el pasado mes de noviembre en el anuncio de un museo de la moda. La ministra Pilar del Castillo visitó las dependencias y fondos y adelantó su intención de abrir las salas con fondos para un museo del traje y la indumentaria. Antropología tiene otra sede en la calle de Alfonso XII, con las colecciones de Filipinas y norte de África, que se mantiene tras la unificación en la etapa de Carmen Alborch como ministra de Cultura.
La carta, con más de un millar de firmas de profesionales españoles y extranjeros, fue enviada a Pilar del Castillo el pasado 4 de diciembre y desde entonces sólo ha habido una reunión, el 4 de marzo, del director general de Bellas Artes con los tres primeros firmantes. El plan integral de museos estatales sólo hace referencia a las obras de rehabilitación y la redacción de un nuevo plan museológico y programa museográfico, con apertura prevista en febrero de 2004.
Los firmantes señalan que el museo dedicado a la moda paraliza la apertura pública de la sección de los Pueblos de España, creada en 1934 como Museo del Pueblo Español, que Julio Caro Baroja dirigió entre 1944 y 1954. "Parecía por fin acabar con una larga historia de oscuridad que ha privado a la sociedad española de conocer el tratamiento antropológico de su patrimonio cultural y ha mantenido en almacenes unas colecciones que superan las 100.000 piezas inventariadas".
Señalan que el nuevo freno a la exposición de estos fondos "se ha transmutado en una absorción y sustitución de un museo por otro, cuya consecuencia más inmediata es el desmantelamiento progresivo de los únicos servicios públicos que hasta ahora venían funcionando como complementarios de un área expositiva que algún día sería contemplada por los visitantes". En este caso mencionan la biblioteca y el archivo audiovisual, los cursos, los seminarios, los premios de investigación Marqués de Lozoya y de fotografía sobre cultura popular, y las publicaciones.
Los profesionales de distintos campos académicos no ponen objeciones a la creación de un museo dedicado a la moda, pero sí que impida "la restitución museística a la sociedad de ese conocimiento antropológico del patrimonio cultural, cuando de nuevo se siguen sepultando en almacenes y en el olvido los testimonios materiales e inmateriales que expresan las diferentes formas de vida y pensamiento de los distintos individuos y grupos que conforman los diversos territorios del Estado español". Lamentan que España sea el único país de la UE que no dispone de un museo de antropología "que nos hable de la diversidad de culturas". Entre los firmantes, figuran José Luis García García y Enrique Luque, directores de los departamentos de Antropología Social de la Complutense y la Autónoma; María Cátedra, directora de Revista de Antropología Social; Isidoro Moreno, presidente de la Federación de Asociaciones de Antropología; Rafael Feria, presidente del comité español del ICOM; Marcial Gondar, de la Universidad de Santiago de Compostela; Jonathan Friedman, de la École des Hautes Études en Sciencies Sociales de París, y Néstor García Canclini, de la Universidad de Ciudad de México.
La dirección del Museo de Antropología prepara un plan museológico de contenidos de moda, con un inventario de más de mil piezas, con una trayectoria histórica de trajes e indumentaria desde el siglo XVIII hasta la actualidad, donde se incluyen los trajes regionales. Cultura acaba de comprar en Viena una colección de Fortuny Madrazo, con trajes y muestras de telas. Antropología mantiene además un fondo de juguetes, carteles, joyas populares, piezas domésticas, aperos agrícolas e instrumentos musicales. Esta última colección se va a depositar en un museo específico en Santiago de Compostela.
Las obras actuales en el museo (afectan a forjados, escaleras, fachadas, sótanos) incluyen un salón de actos que se transforma en pasarela y nuevos jardines (proyectados por los arquitectos López de Asiaín y Díaz Domínguez en 1969) con predominio de flores.
6. EL PP BLOQUEA EN EL SENADO UNA NUEVA MOCIÓN PARA INVESTIGAR CON CÉLULAS MADRE
El grupo popular bloqueó en el Senado, gracias a su mayoría en la Cámara y contra la postura de todos los grupos de la oposición (a excepción de una abstención de un senador de CiU), una moción para que el Gobierno regule "la posibilidad de explorar y rentabilizar con fines terapéuticos el ingente potencial sanitario que encierran las células troncales [células madre] embrionarias humanas".
El senador del PP Juan Antonio García Talavera, hematólogo de profesión, defendió el rechazo de su grupo destacando los "múltiples interrogantes" que hoy suscitan las investigaciones con células madre embrionarias, que constituyen un debate complejo que impide tomar decisiones "a la ligera". Tras una prolija explicación científica sobre células y embriones, el senador defendió las posibilidades de las células madre procedentes de tejidos adultos, que no suscitan ningún debate ético, mientras que en el caso de las embrionarias "queda mucho por investigar y mucho por probar".
Además, consideró que es necesario antes tener un "conocimiento profundo y detallado" del número de embriones criocongelados y de su estado actual, y anunció la puesta en marcha de una ponencia técnica en el seno de la Comisión Nacional de Reproducción Asistida para el estudio de las recomendaciones del Comité Asesor de Ética dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología. "No puede tomarse una decisión precipitada", dijo.
7. EL 80% DE LOS CONTRATOS DE OBRA DEL AVE A LLEIDA INCUMPLIÓ EL PLAZO DE EJECUCIÓN
El retraso de la puesta en servicio del AVE entre Madrid y Lleida viene de lejos. Según se desprende de la fiscalización de los contratos efectuada por el Tribunal de Cuentas entre los años 1999 y 2000, con carácter general se produjeron suspensiones y prórrogas en el plazo de ejecución de las obras en el 80,64% de los contratos supervisados, que suponían más de 1.200 millones de euros (200.000 millones de pesetas) de inversión. El tribunal ya vaticinaba que estos aplazamientos tenían que "afectar sustancialmente a la fecha de finalización y recepción de las obras", como así ha ocurrido tres años después.
La línea no está aún en servicio por demoras en las instalaciones del sistema de señalización, que el contratista atribuye a su vez a retrasos en la entrega de la plataforma ferroviaria. La mayoría de los retrasos se producen, según la auditoría del Tribunal de Cuentas, por "no disponer inicialmente de los terrenos" o por "otras causas surgidas" en el desarrollo de los trabajos.
De los 31 contratos fiscalizados, sólo seis se ejecutaron en las fechas previstas: la superestructura de Salillas de Jalón, la base de Montagut (donde está situado el intercambiador de ejes para los Talgo/Alaria), la estación de Gutiérrez Soto, en Zaragoza (sede del control de toda la línea) y tres más en la nueva estación de Delicias en la capital aragonesa.
8. LOS GEÓLOGOS CATALANES CULPAN DE LOS PROBLEMAS DEL AVE A LA FALTA DE PRESUPUESTO
Los geólogos catalanes culpan de los problemas que está teniendo la línea del AVE entre Madrid y Lérida a la falta de presupuesto y a las prisas por poner la vía en marcha. Carles Hellín, presidente de la delegación catalana del Colegio de Geólogos, presentó en Barcelona un manifiesto en el que se pide una mayor presencia de los geólogos en las obras públicas y privadas. Hellín resaltó que en la actualidad "no hay ningún geólogo en los puestos de decisión de las Administraciones. El problema es que no nos hacen suficiente caso, ya que estos problemas se podrían evitar".
Además, los geólogos alertan de los problemas geológicos que, a su juicio, presentan algunas zonas del trazado del AVE en Cataluña. Según explicó Joan Recasens, miembro de la junta del colegio en Cataluña, pese a que el Ministerio de Fomento realizó los estudios geológicos pertinentes en el trazado del AVE Madrid-Barcelona-frontera francesa, "hay zonas que necesitan una segunda fase de detección de problemas y eso encarece el presupuesto".
Entre los tramos con problemas, los geólogos señalan el de Sant Sadurní y Martorell, debido al deslizamiento que sufre la montaña a causa de las arcillas expansibles que la componen y el paso por la comarca del Baix Llobregat, donde los vertederos existentes desaconsejan la urbanización de los terrenos por su falta de consistencia. Se trata de problemas ya conocidos, pero que hay que afrontar para evitar problemas posteriores, porque, precisan los geólogos, "no es lo mismo construir una autopista que una vía de alta velocidad.
Respecto a los movimientos detectados en uno de los túneles del AVE a su paso por el municipio de La Riba (Tarragona), Hellín precisó que ya se están solucionando y añadió que a veces no se puede evitar pasar por un terreno problemático.
9. EL SUPREMO RECHAZA EL RECURSO DEL PNV CONTRA LA CONDECORACIÓN Al TORTURADOR MELITÓN MANZANAS
El Tribunal Supremo entiende que la concesión al comisario Melitón Manzanas de la Gran Cruz de la Real Orden del Reconocimiento Civil se ajusta a derecho, rechazando así el recurso presentado por el PNV contra esta condecoración
El Partido Nacionalista Vasco recurrió ante la Justicia esta decisión, alegando que la Ley de Víctimas del Terrorismo defiende en su preámbulo los valores democráticos, mientras que el comisario condecorado mantuvo una trayectoria muy diferente durante el régimen franquista.
Esta sentencia rechaza los reparos del PNV porque la ley ampara a todas las víctimas del terrorismo con independencia del momento en que murieron. Es más, el fallo añade que al ser asesinado, no se puede comprobar si Melitón Manzanas habría acogido los valores de la transición, como hicieron otras personas con destacada relevancia política en el régimen anterior.La reconciliación, según el Tribunal Supremo, debe afectar también a quienes murieron antes de la llegada de la democracia
10. EL CONSEJO DE EUROPA CENSURA A ESPAÑA POR INCUMPLIR SUS RECOMENDACIONES CONTRA LA TORTURA
El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), dependiente del Consejo de Europa, recrimina a España el reiterado incumplimiento de varias de sus recomendaciones, elaboradas para evitar los malos tratos en comisaría. Tras haber visitado el país en julio de 2001, el comité dice en su informe que el actual marco legal "fracasa" en las medidas efectivas de control para evitar las torturas. España anuncia en su respuesta que no considera necesario adoptar ninguna de las recomendaciones básicas, que son acceso a un abogado desde el inicio de la detención, reducción de la incomunicación a un máximo de 48 horas y acceso a un médico forense elegido por el detenido.
Fuentes del CPT tildaron de "adecuada" la interpretación de que con este último informe ha dado una "vuelta de tuerca" en la exigencia de que España cumpla las recomendaciones, que reiteradamente ha ignorado en los últimos años, pese a haber anunciado su disposición a adoptar algunas de las contenidas en el documento de 1998, según recoge el informe publicado.
El Comité, en una de las partes más duras del texto, recuerda a España su "obligación" de cooperar en la aplicación de las recomendaciones y le indica que, en caso contrario, se puede llegar a una "declaración pública" de denuncia. "Creemos que es mejor el principio de cooperación", señalan fuentes del organismo europeo. El texto reconoce, en cambio, la "excelente cooperación recibida desde España" en el curso de las visitas del Comité.
El CPT ha escudriñado el trato que reciben los detenidos en las comisarías en sus visitas periódicas de 1991, 1994 y 1998, y en una visita sorpresa, en junio de 1994. El Gobierno de Felipe González dio luz verde a la publicación de los informes confidenciales en marzo de 1996, semanas antes de abandonar el poder. España fue el último país de la UE en permitir su publicación.
Los informes de los años 90 concluian, en términos generales, que el "recurso a la tortura o a otras formas de malos tratos severos" por parte de la policía "ya no es una práctica común". Sin embargo, la persistencia de las denuncias, sobre todo en el caso de detenidos por terrorismo, hacía "prematuro llegar a la conclusión de que han sido erradicados los fenómenos de tortura y malos tratos".
El informe, cuya publicación España acaba de autorizar, referente a la visita realizada entre el 22 y el 26 de julio de 2001, vuelve a reflejar la existencia de denuncias de torturas y malos tratos -desde golpes hasta la aplicación de electrodos o asfixia al colocar una bolsa de plástico en la cabeza- contra policías y guardia civiles por parte de detenidos bajo acusación de delitos de terrorismo.
También da cuenta de "amplias evidencias, incluidos informes médicos" recabados por el propio Comité, "compatibles con los relatos de torturas". Y añade: "Pese al paso del tiempo, en varios casos los médicos de la delegación observaron trazas de heridas que eran compatibles con los relatos".
11. JUAN PABLO II CANONIZARÁ EN MADRID A UN CURA FUSILADO EN 1936
Fiel a su idea de que España sufrió durante la II República (1931-1936) la mayor persecución religiosa de la historia, el cardenal Antonio María Rouco, arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal, ha logrado que Roma incluya en la agenda de la próxima visita del Papa a Madrid, en mayo próximo, la canonización de una víctima eclesiástica de la guerra civil. Se trata de Pedro Poveda Castroverde, asesinado en el madrileño cementerio de La Almudena el 26 de julio de 1936, una semana después del golpe militar del general Francisco Franco que desencadenó aquella guerra fratricida. Poveda, nacido en Linares (Jaén), tenía entonces 62 años.
Pedagogo de gran fama, el padre Poveda había sido capellán del rey Alfonso XIII y fundó en 1911 la Institución Teresiana, una asociación evangelizadora de fieles laicos encargada de evitar la difusión de la filosofía marxista. La Institución Teresiana está presente en 28 países y su fundador ya fue proclamado beato por el Papa en una ceremonia celebrada en Roma el 10 de octubre de 1993.
No es frecuente que el Papa salga del Vaticano para oficiar beatificaciones o canonizaciones, pero en esta ocasión se prodigará.Durante un consistorio para las causas de canonización celebrado en el Vaticano, tomó el acuerdo de aprovechar su visita de 48 horas a Madrid, los días 3 y 4 de mayo, para canonizar, además, a otros cuatro españoles. Se trata del jesuita José María Rubio y Peralta (1864-1929), conocido como el apóstol de Madrid, donde desarrolló su apostolado entre los más humildes; de la monja Genoveva Torres Morales (1870-1956), fundadora de las Hermanas del Sagrado Corazón y de los Santos Ángeles, conocidas como las Angélicas; de María de los Ángeles Guerrero González (1846-1932), una sevillana conocida como sor Ángela de la Cruz y fundadora de las Hermanas de la Compañía de la Cruz, y de María Maravillas de Jesús (1891-1974), de la orden de las Carmelitas Descalzas, la famosa fundadora del convento del Cerro de los Angeles.
Diez mil de los 13.000 mártires del siglo XX honrados por el Papa en una espectacular ceremonia celebrada en mayo de 2000 en el Coliseo romano son españoles, merced a una causa promovida e impulsada por la Conferencia Episcopal Española. Ese acaparamiento por la jerarquía española del catálogo de mártires que maneja Roma parte del principio de que España fue hace más de medio siglo la nación martirial por excelencia, como reza un documento hecho público por los obispos en mayo de 2000.
A pesar de que este Papa ha pedido perdón durante su mandato en más de cien ocasiones por errores pasados y recientes de la Iglesia católica, los prelados españoles, que durante cuarenta años respaldaron y bendijeron la dictadura franquista y su brutal represión, se han negado siempre a unirse a esa tendencia de reconciliación. Juan Pablo II ya ha santificado a dos centenares de eclesiásticos víctimas de aquella guerra
El Parlamento navarro ha desatendido la amenaza de una denuncia por injurias hecha por el arzobispo de Pamplona, Fernando Sebastián. La declaración de reparación moral para los 3.000 republicanos fusilados en 1936 aprobada incluye la polémica consideración de que las ejecuciones se llevaron a cabo "no sólo con el beneplácito de la jerarquía eclesiástica de la Iglesia católica, manifestada públicamente a favor del llamado Alzamiento, sino en algunos casos con su participación directa".
La mayoría de la Cámara desoyó la advertencia del arzobispo, que había pedido por carta la retirada del citado párrafo al considerarlo "injurioso" con la Iglesia. Sebastián amenazó con denunciar ante la justicia ordinaria a quienes apoyaran tal pronunciamiento.
El PSOE, IU, CDN, EA-PNV, la disuelta Batasuna y Batzarre mantuvieron su apoyo a la declaración, redactada en su origen por una asociación de familiares de fusilados y desaparecidos de la comunidad. Sólo el partido en el Gobierno foral -Unión del Pueblo Navarro (UPN, la marca del PP en Navarra)- se desmarcó de la declaración de recuerdo y reconocimiento hacia los millares de republicanos (socialistas, ugetistas y nacionalistas vascos en su mayoría) fusilados por el régimen de Franco en una comunidad que no se llegó a ver afectada directamente por los enfrentamientos bélicos de la guerra.
UPN se negó a apoyar un texto que declara que "nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios". La abstención de sus 22 parlamentarios y la intervención del presidente navarro, Miguel Sanz, que justificó esta postura para no votar junto a Batasuna, provocaron los abucheos y las indignadas recriminaciones de los varios cientos de familiares de las víctimas que asistían invitados a la sesión parlamentaria.
El breve discurso de Sanz, que defendió las tesis del arzobispo Sebastián y pedía la inclusión de una mención expresa a ETA, fue interrumpido en varias ocasiones y generó incluso el abandono del hemiciclo de algunos familiares de los represaliados.
13. C. VALENCIANA: EDU $ ZAPLANA APARECE MÁS DEL DOBLE QUE CAMPS EN CANAL 9 Y EL TRIPLE QUE PLA
Los informativos de Canal 9 dedicaron en 2002 al Partido Popular seis veces más noticias que al conjunto de la oposición. La presencia de los políticos del partido en el gobierno alcanzó las 1.134 ocasiones, frente a 194 del PSPV, 46 de Esquerra Unida, ocho del Bloc Nacionalista Valencià (BNV) y dos de Unión Valenciana (UV). El ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, apareció durante el pasado año en 634 ocasiones, Camps en 265 y Olivas en 235. Así lo constata el sexto informe anual elaborado por el comité de redacción de Televisió Valenciana (TVV).
"Manipulación, parcialidad, desinformación, desprecio a la audiencia, servilismo al Gobierno e ignorancia ante algunas de las manifestaciones culturales más representativas" son algunos de los calificativos que incluye el sexto informe anual elaborado por el comité de redacción de TVV sobre el contenido de los informativos de Canal 9.
El comité de redacción señala en su informe como episodios más evidentes de la manipulación constante desde los informativos de Canal 9 el trato de favor que recibe el PP, la escasa aparición de la oposición y cómo se destacan las desavenencias, la huelga del 20-J que nunca existió, el Prestige visto como catástrofe natural, el PHN como ejemplo de una información maniquea, las manifestaciones de oposición a la guerra contra Irak (en las que consideran se dio mucha más importancia a las posiciones del Gobierno y se relativizó la masiva participación ciudadana en las calles), el paraíso económico de la Comunidad Valenciana -sólo se facilitan datos si son positivos-, la ignorancia informativa sobre los Premis Octubre, el autobombo, el silencio ante el conflicto desatado por el anuncio de la privatización del ente y el dominio aplastante de los contenidos dedicados a sucesos, frivolidades y fútbol.
Las apariciones del ahora ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, del actual presidente de la Generalitat, José Luis Olivas, y del candidato por el PP a la presidencia de la Generalitat, Francisco Camps suman 1.134 frente a las 250 de los líderes de los grupos de la oposición Joan Ignasi Pla (PSPV), Joan Ribó (EU), Pere Mayor (BNV) y José María Chiquillo (UV). El comité de redacción define el dominio indiscutible sobre todas de la presencia de Zaplana como culto a la personalidad, ya que, según constata, ocupa minutos en los informativos incluso cuando es de dudosa trascendencia la información que protagoniza. Zaplana estuvo presente en los informativos de Canal 9 durante 2002 en 634 ocasiones, Camps en 265, Olivas en 235, Pla en 194, Ribó en 46, Mayor en ocho y Chiquillo en dos.
Sobre la huelga general del 20 de junio, el informe señala que se siguieron escrupulosamente las consignas del Gobierno para ningunear las repercusiones de una convocatoria que tuvo un importante seguimiento. Entre los ejemplos, se indica que en una información de 59 segundos aparece seis veces la palabra "normalidad", que "no se informó de los motivos de la huelga, se dieron cifras de seguimiento sin citar la fuente o se ofrecieron sólo las de la patronal y el Gobierno e ignoraron la polémica de los servicios mínimos".
Sobre el hundimiento del Prestige y sus consecuencias, señala el informe que Canal 9 no envió un equipo a Galicia hasta tres semanas después del desastre, casi el mismo tiempo que tardó en recoger en las informaciones la existencia de voluntarios. La marea negra "se ha tratado como un desastre de primera magnitud, atribuible sólo a la mala suerte, a los imponderables, la meteorología, sin hacer referencia a la legislación española que permite el tránsito de ese tipo de buques, ni a la falta de puerto de refugio, ni a las decisiones tomadas por las autoridades españolas". Dice el informe que "para Canal 9 no ha habido responsabilidad política".
El Plan Hidrológico Nacional (PHN) "ha sido uno de los temas que más minutos ha ocupado en los informativos de Canal 9 en los últimos meses", recoge el informe. Y añade que "los directivos de TVV han optado por desinformar a los espectadores valencianos ofreciéndoles una versión parcial y tendencioso de las múltiples reacciones que ha provocado la accidentada gestión del PHN". Asimismo, afirma el comité de redacción que "han manipulado la realidad, criminalizando las opiniones contrarias y silenciando las voces discrepantes, mezclando conscientemente información y opinión y no respetando la pluralidad". Señala el repaso que Canal 9 no informó de la creación de la Fundación Nueva Cultura del Agua, que se han silenciado las discrepancias, que los ecologistas no concursan en la información, que han actuado al dictado del Gobierno y se han promovido manifestaciones.
El comité dedica en el informe de 2002 duras críticas al tratamiento del valenciano y de las manifestaciones culturales que Canal 9 recoge en los informativos. Para el comité "se incumple la Ley de Creación en cuanto a la toma de conciencia de los hechos diferenciales". Señala que "la Pantoja es noticia pero se ingora a Raimon, a Lluís Llach, la inauguración del centro Ovidi Montllor en Alcoi o a Miquel Batllori, excepto cuando falleció". Y concluye que un añó más no ha existido referencia alguna a las Trobades d'Escoles en Valencià ni a los Premios Octubre.
14. C. VALENCIANA: COTINO SE NIEGA A EXPLICAR EN CORTES LA DETENCIÓN DE DOS ALCALDES
Juan Cotino, delegado del Gobierno, explicó a la oposición que no acudirá a las Cortes para explicar la actuación policial en Buñol que acabó con la detención de dos alcaldes de EU. "No es en las Cortes Valencianas donde yo, en todo caso, tendría que comparecer sino en el Parlamento [español]", dijo Cotino
Como se recordará en la madrugada del pasado día 9 alrededor de 300 vecinos recibieron cantando el Himno a Buñol al destacamento de policía antidisturbios que escoltaba el paso de seis camiones de basura, aunque no se registraron incidentes de gravedad. A las cuatro de la madrugada del viernes aparecieron 70 agentes de la Guardia Civil que formaron frente a los vecinos situados en las aceras a petición de la alcaldesa de Buñol, Minerva Gómez. La alcaldesa conversó con el teniente coronel al mando del operativo para revisar el estado de los camiones. "Como se ha podido comprobar, y lo hemos vuelto a grabar, siguen soltando lixiviados y desprendiendo mal olor. Son los mismos camiones y no van herméticamente cerrados", dijo la alcaldesa. Asimismo continuaron las declaraciones de los detenidos del día 5, con el alcalde de Macastre, Jose Vicente Sáez, y la concejal de Buñol, Maribel Ferrer, ambos detenidos por alteración del orden público y desobediencia a la autoridad
La Diputación de Valencia, gobernada por el PP, privatizó en 1998 el 49% de sus empresas Girsa y Egevasa, de gestión de residuos y aguas, con un sistema "contrario a derecho". El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha anulado, tras el recurso presentado por el PSPV, los acuerdos de la Corporación que aprobaron la convocatoria del concurso y el pliego de condiciones para la venta parcial de las sociedades públicas. El tribunal subraya que la venta del patrimonio público debió hacerse por subasta, que garantiza la obtención del mejor precio, y no por concurso.
El proceso de venta en 1998 del 49% de Girsa (Gestión Integral de Residuos, SA) y de Egevasa (Empresa General Valenciana del Agua, SA), acabó en los tribunales. Los partidos de la oposición, PSPV y EU, llevaban meses denunciando que el concurso diseñado por el equipo de gobierno de la Corporación provincial era "ilegal" y que la legislación obligaba en este tipo de operación a que la venta del patrimonio público se realizara por subasta. La oposición recurrió el proceso.
Cuatro años después, el TSJ le ha dado la razón. La Sala de lo Contencioso Administrativo anula el pliego de condiciones y la convocatoria del concurso. Los argumentos son contundentes: "El sistema elegido para la enajenación de las acciones de Girsa [637 títulos] y de Egevasa [3.047] es contrario a derecho", reza el fallo, contra el que cabe recurso. La sala se ampara en las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y subraya que esta norma "es imperativa" para la Administración Local "como garantía de integridad del patrimonio de la hacienda pública". El fallo insiste en que no caben excepciones en el caso de la venta del 49% de Girsa y Egevasa, "máxime cuando con ello se disminuyen los ingresos de la Corporación, pues se limita en el concurso la puntuación por el precio de las acciones, nadie puja por encima de ese máximo y se frustra la obtención del mayor precio posible". En opinión del tribunal, la solvencia técnica de las empresas privadas también se puede exigir en los procesos de subasta.
Al concurso para la privatización de Egevasa se presentaron siete ofertas, las más significativas las de Aguas de Valencia y de Vainmosa Cartera, sociedad rescatada por Bancaixa ad hoc para este concurso y en cuyo accionariado se agruparon los socios españoles de Aguas, enfrentados entonces al accionista principal de la sociedad hídrica -una filial del grupo francés Bouygues-, y los constructores Lubasa y Facsa.
Vainmosa Cartera ganó finalmente el concurso a un precio de 1.823 millones de pesetas, la cantidad máxima de salida fijada en el concurso y la misma que ofrecían el resto de ofertas competidoras y empleó la propiedad del 49% de Egevasa para fusionarse, tras un intrincado proceso, con Aguas de Valencia. El grupo de accionistas españoles ganó terreno al accionista francés y entraron de nuevo en el accionariado las constructoras Lubasa y Facsa. La operación de canje fue de una acción de Aguas por cada 5 de Vainmosa. En el caso de Girsa no hubo tanta competencia y FCC fue la empresa ganadora.
"La sentencia afectará a las empresas copropietarias de Girsa y Egevasa, pero no antes de que la sentencia sea firme", advirtieron fuentes empresariales. La decisión del Tribunal Superior llega en un momento convulso para Aguas de Valencia, que se enfrenta en los tribunales al despido de dos de sus ex altos cargos por supuestas irregularidades contables y societarias.
16. C.A DE MADRID. REGISTRO JUDICIAL DE LAS EMPRESAS DE LA SUPUESTA TRAMA URBANÍSTICA DE ARANJUEZ
Gonzalo Salgado, el juez que investiga por supuesta corrupción al alcalde y otros dos ediles de Aranjuez (PP), ordenó el registro de un grupo de cinco empresas vinculadas a un empresario inmobiliario, Jesús Iglesias Ortega, que fue contratado por el Ayuntamiento como asesor y letrado de Urbanismo y que, supuestamente, ha emitido informes municipales favorables a sus empresas. Las empresas que registró la Unidad Económica de la Brigada Central de Policía Judicial están radicadas en Aranjuez y en la calle de O'Donnell. La firma matriz es Metroges, SA.
El juez Salgado, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Aranjuez, acordó los registros tras recibir un escrito de ampliación de la querella que interpuso el pasado mes de noviembre la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Consumo del Tribunal Superior de Justicia contra el alcalde de Aranjuez, José María Cepeda, y los dos tenientes de alcalde de este municipio: el concejal de Urbanismo, Javier Ramón Cepeda (hermano del alcalde), y el de Hacienda, Miguel Ángel Gálvez Orcero.
Según el escrito del fiscal, Metroges, SA, forma parte de "una trama económica vinculada a determinadas empresas constructoras y de gestión urbanística, cuyo núcleo decisor parece estar constituido por el alcalde de Aranjuez, su hermano, Javier Ramón, y Miguel Ángel Gálvez", así como "por el aparejador municipal José Antonio Segade Fraile y el arquitecto José Ángel Lazareno".
El fiscal, Emilio Valerio, asegura en la querella que el Ayuntamiento de Aranjuez ha "amañado" concursos de obras para adjudicar éstas a la firma Metroges y beneficiarla en el marco de este entramado de supuesta corrupción. La fiscalía sostiene que se amañaron licitaciones "con el único objetivo de conseguir para Metroges" la adjudicación "de la construcción de un número muy importante de viviendas del concurso público" que efectuó el Ayuntamiento "para la concesión a una empresa inmobiliaria de la construcción de 450 viviendas en un solar municipal del antiguo campo municipal de deportes y del colegio público San José de Calasanz".
El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Zaragoza ha condenado a RTVE a indemnizar al Gobierno de Aragón con 72.121,45 euros (12 millones de pesetas) por no emitir en su día la campaña promovida por el Ejecutivo autónomo -"Aragón quiere compartir"- en la que se pretendía difundir su opinión sobre el Plan Hidrológico Nacional (PHN). En octubre del año 2000, el Gobierno aragonés encargó una campaña publicitaria para insertarla en las cadenas de televisión nacionales -TVE, Antena 3 y Tele 5- en la que se intentaba difundir la idea de que Aragón era una comunidad solidaria y donde el agua hasta ahora no había podido ser aprovechada.
TVE rechazó la emisión de la campaña por entender que su mensaje era político y el Gobierno recurrió ante los tribunales esta decisión. Ahora se ha conocido esa sentencia, dictada el pasado 25 de febrero, en la que el juez da la razón al Gobierno de Aragón porque entiende las diferencias entre "contenido evidentemente político" a "contenido esencial o primordialmente político" que, según el magistrado, "no es exactamente lo mismo". El juez añade que tras la campaña subyacía una finalidad política pero "toda campaña institucional está informada de un sustrato político más o menos denso" y lo ejemplifica con la reciente campaña de mejora de pensiones del Gobierno que "contiene un mensaje subliminal de alabanza al Gobierno en esta materia".
El juez afirma que era público y notorio que el Gobierno de Aragón estaba en contra del Plan Hidrológico y del trasvase y que la campaña pretendía difundir la imagen de que los aragoneses no son insolidarios ni forman parte de la España húmeda. Por tanto, estima que la negativa de RTVE a difundir esa campaña obligó a modificar la estrategia de difusión y aumentarla en las dos cadenas -Antena 3 y Tele 5-, que sí la admitieron. También señala que "el Gobierno de Aragón perdió la oportunidad de llegar al más amplio número de espectadores, sobre todo en las zonas menos pobladas de España, esto es, las del interior, que son precisamente las que mejor podían comprender esos mensajes, al encontrarse en situación parecida".
Sin embrago, el juez reduce la indemnización a 12 millones de pesetas porque estima que la petición de 47.709.000 pesetas no procede porque se cumplió el 73% del objetivo en las otras dos cadenas. Tampoco admite la pretensión de que se difundan ahora los vídeos de la campaña; entiende el juez que ya han perdido su finalidad.
TVE puede recurrir esta sentencia. El Gobierno aragonés, por su parte, que ya ha mostrado su satisfacción por el fallo, ha decidido recurrirla. El vicepresidente, José Ángel Biel, insiste en reclamar una mayor cantidad a RTVE y en que se llegue a difundir la campaña. El Gobierno autónomo dice que TVE no emitió su campaña, pero sí pasó la de la comunidad de Murcia "Agua para Todos".
La denuncia de la Junta de Andalucía contra Cajasur, la caja cordobesa fundada por la Iglesia católica, revela irregularidades en la remuneración de vocales de los órganos de gobierno, que cobraron dietas por asistir a misa, ir al cine o acudir a un concierto de la cantante Rosa. También revela gastos sin justificar,una supuesta desviación de fondos de la obra social y la ocultación de la situación económica real de la entidad presidida por el sacerdote Miguel Castillejo. La denuncia que investiga la Fiscalía Anticorrupción es consecuencia de la inspección de la Junta sobre los últimos tres ejercicios económicos de la caja.
La inspección autonómica iniciada en octubre pasado, finalizó "provisionalmente" el 20 de febrero por el "obstruccionismo" de Cajasur. Los inspectores hallaron indicios de apropiación indebida por valor de 10,3 millones de euros y ponen en duda que las cuentas de 2001 reflejen la situación real de la caja. Éstas son las irregularidades que ahora investiga la Fiscalía Anticorrupción.
- "Exceso" de Castillejo. La inspección destaca la póliza de 2,9 millones suscrita a favor de Castillejo, de 73 años, que garantiza a éste una renta vitalicia cuando se jubile. La mitad de esta renta la heredarán sus cuatro hermanas, sucesivamente y de mayor a menor hasta que fallezca la última. La Junta entiende que la póliza no es más que una indemnización, prohibida por la Ley de Cajas andaluza. Además, refleja que, en 2001, Castillejo percibió una retribución directa de 427.658 euros, cuando el sueldo que aprobaron los órganos de gobierno era el del director general (209.083 euros) más 3.000 euros. Por tanto, Castillejo percibe un "exceso" de 218.575 euros. Castillejo cobró además otros 48.441 euros en dietas.
- Retribuciones encubiertas. La inspección entiende que la cuantía de las dietas que percibe el vicepresidente no ejecutivo de Cajasur, el canónigo Juan Arias, suponen "una auténtica retribución", cuando la ley prohíbe a estos cargos cobrar una remuneración directa. El informe apunta que el vicepresidente cobró dietas por su asistencia a proyecciones de películas, conciertos o un funeral, a razón de 240 euros por acto. "Es de resaltar la omnipresencia de este consejo", dice el informe cuando da fe de que cobró por su asistencia a tres actos que se desarrollaban simultáneamente (un concierto de violín, una mesa redonda y a la presentación de un libro). Para avalar su tesis de que se trata de una remuneración, los inspectores señalan el hecho de que Arias asiste cada mes "siempre al mismo número de reuniones por razón del cargo (22)". Los inspectores afirman que este canónigo cobró de modo irregular 133.663 euros.
- Dietas por misas o conciertos. La inspección detalla el cobro de dietas por vocales del Consejo de Administración (formado por seis canónigos, tres representantes del PSOE, dos del PP, uno de IU, cuatro de los impositores y uno sindical) "que no se corresponden con actividades realizadas en el ejercicio de sus funciones". Algunos vocales pasaron dietas por misas (de año nuevo o pascua de resurrección), conciertos musicales (Rosa, de Operación Triunfo), proyección de películas o inauguración de exposiciones, sin que haya justificantes de su asistencia. Las dietas que no están acreditadas como actos representativos ascienden a 336.800 euros. En la Comisión de Control, el informe destaca que se suelen celebrar dos sesiones en un día, de modo que sus componentes doblan sus dietas (480 euros por reunión). En este caso, la inspección entiende que las dietas cobradas de modo injustificado ascienden a 186.073 euros en 2001.
- Falsedad del presidente de la Comisión de Control. El acta de la Asamblea de Cajasur que aprobó las cuentas de 2001 (las que incluían la póliza de Castillejo), refleja que el presidente de la Comisión de Control, el canónigo Juan Mairena aseguró ante la asamblea que este órgano, encargado de supervisar la legalidad de los actos de la caja, "después de examinar los informes de auditoría" sobre las cuentas de la caja, concluía que "los estados contables de ésta se ajustan a la normativa vigente (...) Por ello emite informe favorable y propone a la Asamblea General la aprobación de los mismos". Sin embargo, a una solicitud de información de la Junta, el propio Mairena confiesa en la Comisión de Control que el informe de auditoría lo conoció "de viva voz en la Asamblea general y previamente a su pronunciamiento". La Junta informa al fiscal anticorrupción de que, tras su labor inspectora, ha constatado que el presidente de la Comisión de Control incurrió en "falsedad" en esa asamblea ya que este órgano no había emitido ningún informe favorable previo. Una circunstancia que hace sospechar al Ejecutivo andaluz de que el balance de Cajasur de 2001, cifrado en 7.406 millones de euros, refleje fielmente su situación financiera y patrimonial.
- Irregularidad en la obra social. Tras constatar que varios consejeros se quejaron de la nula operatividad de la comisión de Obra Social y que "no se han facilitado informes sobre la labor de supervisión que corresponde a la Comisión de Control", el escrito de la Junta detalla "la aplicación de fondos de la obra social a proyectos en los que se han observado incidencias por no atender un fin social". En estas incidencias, el Gobierno andaluz incluye una inversión publicitaria en Diario Córdoba (256.552 euros), una aportación al foro empresarial Club Cámara 500 (108.182 euros), varias ayudas (511.466 euros) "decididas directamente por el presidente" que no tienen naturaleza de obra social (golf, motos, tesis, etc) o un viaje del Orfeón Cajasur (135.974 euros). La suma de las irregularidades detectadas en la obra social supera el millón de euros.
El Grupo Independiente de Huelva (Gihu), el nuevo partido político creado por militantes y cargos críticos del Partido Popular (PP), tiene el objetivo de concurrir a las próximas elecciones municipales en unas 20 localidades de la provincia onubense. En algunos de esos pueblos, como Gibraleón, Aljaraque o Punta Umbría, ubicados en las proximidades de la capital onubense El Gihu puede tener la llave de gobierno. Los votos en esas localidades también pueden resultar muy importantes para conformar la nueva corporación de la Diputación onubense.
La presidenta de la gestora del Gihu, Ana Báñez, que fue la candidata crítica a la presidencia del PP de Huelva en el pasado Congreso provincial, fijó los parámetros ideológicos del nuevo partido: "Nosotros estamos fuera de los planteamientos políticos al uso. No somos ni de derechas ni de izquierdas: Ni de ningún otro rincón ideológico. Defenderemos por encima de todo el servicio a los ciudadanos desde la cercanía", dijo.
20. PRINCIPADO DE ASTURIAS: EL PP DICE QUE EL ATAQUE A IRAK Y EL PRESTIGE NO PREOCUPAN EN ASTURIAS
El presidente del PP Ovidio Sánchez, explicó las directrices que seguirá para los próximos meses preelectorales. Sánchez realizaba estas declaraciones tras la reunión mantenida en Madrid con los dirigentes nacionales y provinciales del partido.
Sánchez comentó que el PP quiere hablar menos del desastre del Prestige y del posible ataque a Irak y más del programa electoral. El dirigente regional del PP considera que los asturianos están más preocupados por otros asuntos que por el Prestige o un posible ataque bélico por lo que dijo que éstos no serán los temas que centrarán la actividad del PP en los meses previos a las elecciones. Con respecto a la guerra, el líder popular explicó que "en mi opinión, los asturianos no están viviendo esos temas y el debate que está generando un posible conflicto internacional. El Partido Popular sigue luchando por la Paz". En cuanto a la marea negra provocada por el hundimiento del Prestige, a la que se refirió como "una desgracia", señaló como los únicos responsables los armadores del buque. El presidente del PP regional añadió al respecto que "no hay responsabilidad por parte del Gobierno. Lo único que hizo el Gobierno fue adquirir un gran compromiso de aminorar los efectos que ha provocado la marea negra en todo el litoral".
21. CASTILLA LA MANCHA: LA CONFECCIÓN DE LAS LISTAS DIVIDE AL PP
La bicefalia y la decisión de renovar el PP en Castilla-La Mancha ha dejado a la luz alguna grieta en la confección de las listas municipales. En la dirección popular de Castilla-La Mancha conviven el presidente regional del partido, José Manuel Molina, y el candidato a competir con José Bono el próximo 25 de mayo, Adolfo Suárez Illana. El último capítulo ha estallado en Villarrobledo, un municipio albaceteño de 23.000 habitantes gobernado por el PSOE. El PP ha nombrado una gestora tras destituir a la dirección local del partido.
José Manuel Molina, alcalde de Toledo y presidente regional del PP castellano-manchego, niega la más mínima discrepancia con el candidato que competirá el 25-M con el socialista José Bono. "Todos en el PP de Castilla-La Mancha saben que yo me he puesto a las órdenes del candidato", Adolfo Suárez Illana. Los problemas han surgido, según su relato, porque el PP ha intentado "renovar las listas" en aquellos municipios en los que el cartel de la gaviota perdía siempre.
Tal es el caso, afirma, de Villarrobledo. En esa localidad, relata Molina, "intentamos una renovación: poner como cabeza de cartel a una mujer y que Bernardo Cabañero quedara un poco más atrás en las listas". Según Molina, el histórico dirigente del PP de la localidad dijo que aceptaba la decisión del partido, pero posteriormente anunció una lista en la que él figuraba como cabeza de cartel. La decisión del PP fue destituirle, "porque eso no se puede admitir", y nombrar una gestora. "Ahora esa lista se hará con total renovación", advierte.
Otras fuentes populares de Castilla-La Mancha relatan que los presidentes provinciales del PP trasladan sistemáticamente sus quejas a Molina, como presidente regional y anterior cabeza de cartel de ese partido en la región, por la forma en la que Suárez Illana lleva la precampaña y por las escasas posibilidades de éxito frente a José Bono que le pronostican. Molina admite que "puede haber habido algún problema" con los presidentes provinciales, pero que "nadie duda de que ahora quien manda es Adolfo" Suárez Illana. Fuentes del entorno del alcalde de Toledo añaden que él no va a poner en duda las posibilidades electorales de Suárez.
Antes que en Villarrobledo, la localidad de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, vivió una crisis similar a finales del año pasado. También en el municipio albaceteño de Hellín, donde Gobierna el PP, hubo un choque entre el alcalde y dos concejales, ya resuelto según este partido.
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