Partes de Guerra centristas
Semana del 24 al 31 de Mayo 2003
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1. ACCIDENTE AÉREO EN TURQUÍA (VARIOS)
2. LOS CENTROS PÚBLICOS ACOGEN EL DOBLE DE EXTRANJEROS QUE LOS CONCERTADOS Y PRIVADOS
3. EL GOBIERNO DE AZNAR IMPULSA UNA "JUSTICIA ESPECIAL SÓLO PARA INMIGRANTES"
4. EL DEFENSOR DEL PUEBLO DENUNCIA LA SATURACIÓN Y HACINAMIENTO DE LAS CÁRCELES
5. LA FUNDACIÓN DE LAS CAJAS CREE QUE LAS PRÁCTICAS "ENGAÑOSAS" EN LA CONTABILIDAD PÚBLICA CUESTIONAN EL DÉFICIT CERO
6. EL 55,4% DE LOS ESTAFADOS DE GESCARTERA NO HA PODIDO ACREDITAR AÚN SU INVERSIÓN
8. RAJOY DICE QUE LA DIMISIÓN DE MIRIAM TEY "NO ESTÁ PREVISTA"
9. NI DIMITE, NI CESA, NI COMPARECE
10. TRABAJO LIQUIDARÁ EL ÁREA CULTURAL DEL INJUVE PARA DAR "BECAS PERSONALES"
11. LOS AUTORES DEL MANIFIESTO POR LA CIENCIA RECHAZAN LAS DESCALIFICACIONES DE PIQUÉ
12. BRUSELAS INVESTIGA SI UN CONTRATO PARA EL TRASVASE DEL EBRO RESPETÓ LAS NORMAS DE LA UE
13. UGT ACUSA A ELVIRA RODRÍGUEZ DE FAVORECER A ALTOS CARGOS CON UN PLUS
14. AZNAR RESPONSABILIZA DE LA TELEBASURA A "LOS EMPRESARIOS DE LAS TELEVISIONES"
15. RESPALDO AMPLIO EN CANAL 9 EN LA HUELGA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN
1. ACCIDENTE AÉREO EN TURQUÍA (VARIOS)
TRILLO DECLARA QUE ASUMIRÁ "LAS CONSECUENCIAS" CUANDO ACABE LA INVESTIGACIÓN DEL SINIESTRO :
Enfrentado a lo que él mismo calificó como el peor momento de su carrera política, el ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, descartó su dimisión, al menos hasta que se aclaren las circunstancias que rodearon el accidente en el que murieron 62 militares españoles. "Creo que mi obligación es aclarar todo lo ocurrido e investigar todas las responsabilidades y asumir todas sus consecuencias cuando la investigación haya concluido", declaró a la cadena SER. Por vez primera, anunció que ha encargado una investigación "paralela y adicional, complementaria a la turca, en la propia España". La escena que se produjo en la base de Torrejón de Ardoz (Madrid) no tiene precedentes desde los primeros años de la transición democrática, cuando los militares eran objetivo preferente de los atentados de ETA. El ministro de Defensa y el presidente del Gobierno fueron increpados por parte de los familiares de los fallecidos que acudieron al funeral. Sólo la presencia de los Reyes y el Príncipe evitó que se desbordara la tensión. Trillo-Figueroa charló brevemente con Aznar al término del acto, pero no ha trascendido el contenido de la conversación. Ahorar, descartó dimitir, aunque dijo que hacerlo ahora "sería lo más fácil". Y se mostró comprensivo con la airada reacción de los familiares de las víctimas. "Por mucho dolor y mucha impotencia que uno pueda sentir, tiene que entender que el familiar tiene mucho más dolor y mucha más incapacidad de serenidad en ese momento. Mi obligación no sólo era respetarlos, sino comprenderlos". "Me gustaría dar explicaciones más satisfactorias" sobre la causa del accidente, dijo, pero hay que ser "respetuoso con la investigación" y no sacar conclusiones "prematuras y aventuradas". No obstante, insistió en que el Yakovlev 42 siniestrado estaba "en buenas condiciones" y que "no hay otra política de alquiler posible", por lo que el Ministerio de Defensa seguirá fletando aviones de origen soviético para trasladar sus tropas. En concreto, un Antonov 124 y dos Ilyhusin 76 volarán a la zona.
DEFENSA PAGÓ POR EL AVIÓN UCRANIO SINIESTRADO EL MISMO PRECIO QUE POR UN APARATO MODERNO: El alquiler del avión Yakolev 42 en el que murieron 62 militares españoles costó a España 149.000 euros, según indicaron fuentes oficiales del Ministerio de Defensa. El coste de la hora de vuelo entre España y Afganistán, teniendo en cuenta el viaje de ida y vuelta, a razón de nueve horas por trayecto, superó los 8.000 euros. Según fuentes del sector de vuelos chárter, no se trata de un precio barato. La hora de vuelo del Boeing 737-800 de la compañía Air Europa, que semanalmente vuela a Croacia y Macedonia con soldados españoles, le cuesta al Ministerio de Defensa 7.500 euros. Según las cifras aportadas por el Ministerio de Defensa, el alquiler del Yak 42 ucranio no era ninguna ganga. El precio, según fuentes del sector, está en la banda media-alta de lo que se paga en el mercado de vuelos chárter. ¿Por qué entonces no se contrató a una compañía española u occidental? El problema, según las fuentes consultadas, está en que Defensa no sacó a concurso el traslado de personal, como hizo con la antigua Yugoslavia, sino que, a través de la agencia NAMSA de la OTAN, ofertó un conjunto de capacidades que incluía, además del transporte de pasajeros, el de cargas de material de gran volumen. Estas últimas sólo pueden llevarse en aviones de transporte de gran capacidad, como el Antonov 124 o el Ilyhusin 76, ambos de procedencia soviética, de los que no dispone ninguna línea aérea occidental. Respecto a la posibilidad de volar a zonas de conflicto, como Kabul, fuentes del sector de chárter indicaron que con toda seguridad alguna compañía occidental, si no española, estaría dispuesta a hacerlo. Como alternativa, agregaron, los aviones podrían volar a Manás (Kirguizistán) y el Hércules español allí desplegado hacerlo a Afganistán. En febrero del año pasado, NAMSA, por cuenta de España, adjudicó el contrato a la firma británica Chapman Freeborn. Según Defensa, se valoraron sus 30 años de experiencia, el hecho de que cuente con delegaciones en España y "la alta flexibilidad de las aeronaves ofrecidas, que tienen que operar en ocasiones en zonas de guerra o conflicto". En realidad, Chapman Freeborn carece de aviones y los subcontrata con la compañía rusa Volga Dnieper (Antonov 124 e Ilyhusin 76), la bielorrusa Transavia Export (Ilyhusin 76), la lusa Euroatlántic (Tristar 1011), la egipcia Midwest (Airbus 310) y la ucrania UM Air (Yak-24). Lógicamente, mientras más barato sea el subcontratista más beneficio obtiene Chapman Freeborn, siempre que éste cumpla los requisitos del cliente y las normas de navegación aérea. Ése es el papel que cumple la NAMSA: comprobar que el adjudicatario tiene toda la documentación en regla y en vigor; en concreto, el certificado de aeronavegabilidad, el de operador aéreo y los seguros. En el caso de la empresa ucrania, la mayoría de dichas certificaciones son expedidas por la autoridades de Kiev. En declaraciones a Efe, el portavoz de la OTAN, Yves Brodeur, reiteró que la NAMSA "no se encarga del mantenimiento" de los aviones, ni tampoco de inspeccionarlos, ya que actúa como mera "intermediaria o mandataria" de los países de la OTAN. La NAMSA, explicó, "recurre al mercado", comprueba que las empresas ofertantes cumplen los requisitos y "opta por la mejor solución, siempre de común acuerdo con el país" que hace el encargo. "El papel de la OTAN", subrayó, "acaba cuando se ha negociado un contrato con un proveedor que cumple las normas y exigencias fijadas. La OTAN no ha suministrado el avión". Sobre la subcontratación que realizó Chapman Freeborn con la empresa ucrania, señaló que "legalmente se ha respetado el procedimiento" y que la OTAN "no tiene motivos para pensar que no se respetaron las reglas". El portavoz de la OTAN hizo estas declaraciones después de que el ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, se quejase de la que había realizado el martes, en los mismos términos. De hecho, la versión de Brodeur contradecía la expresada por Trillo-Figueroa, quien dijo el martes que "la NAMSA es la que se encarga de hacer las contrataciones, inspecciones, mantenimiento y revisión del buen estado de aviones como el Yak 42, que es un avión moderno y lo mejor que se puede contratar". En una entrevista a TVE, el ministro afirmó que las manifestaciones de Brodeur eran, "como mínimo, frívolas, ya veremos si irresponsables", y le acusó de falta de objetividad con España. Trillo-Figueroa ordenó al embajador español ante la OTAN, Joan Prats, que presentase una queja formal por las declaraciones de su portavoz al secretario general de la Alianza Atlántica, George Robertson, quien precisamente visita España.
2. LOS CENTROS PÚBLICOS ACOGEN EL DOBLE DE EXTRANJEROS QUE LOS CONCERTADOS Y PRIVADOS
El porcentaje de extranjeros en los colegios españoles no para de crecer. Entre 1998 y 2001 se duplicó hasta alcanzar los 124.000 alumnos (2,22% del total). Pero esos menores se concentran en los centros públicos. El Defensor del Pueblo, en un informe de 800 páginas, establece que la cifra de inmigrantes en colegios públicos dobla ampliamente la de los privados y concertados. Un desequilibrio que se agudiza en los barrios desfavorecidos. El Defensor del Pueblo exige al Gobierno que solucione este desfase, limitando incluso la libre elección de centro para impedir la acumulación de extranjeros.
El Defensor del Pueblo establece que "el 82% de los escolares procedentes de América Latina y el Caribe, África, Europa no comunitaria, Asia y Oceanía estudian en colegios públicos; así su peso porcentual en la red pública, en relación con el total del alumnado, es del 2,22%, mientras que en la privada sólo supone el 0,96%". Los colegios concertados, pagados por el Estado, tienen la obligación de no hacer diferencias entre inmigrantes y españoles a la hora de seleccionar a su alumnado. Sin embargo, según el estudio del Defensor, que confirma otros anteriores, éstos eluden esa exigencia. Por eso en las recomendaciones se incluye la de "incrementar el control de las autoridades educativas sobre el proceso de admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos a fin de garantizar su transparencia y la adecuación a las normas que lo regulan".
Para solucionar este problema, que el estudio considera "grave", se propone establecer cupos de reserva u otras medidas similares, informar a las familias inmigrantes de que pueden acceder a centros concertados de forma gratuita, e incluso limitar el derecho a la libre elección del centro, eje del problema según las conclusiones del estudio.
Los extranjeros se concentran en ciudades de más de 20.000 habitantes. Según los datos del informe, allí estudian el 71,5% de ellos. Su presencia es especialmente significativa en algunas comunidades. Entre Madrid y Cataluña se reparten casi el 50% del total. Mientras en Madrid hay casi un 5% de niños extranjeros, en Cataluña es el 2,46%, en Andalucía el 1,17%, en la Comunidad Valenciana el 1,58%, en el País Vasco el 1,75%, y en Galicia cae al 0,63%. En Ceuta y Melilla sube hasta el 12,43%.
Asimismo, mientras el 39% de los extranjeros acogidos en los públicos son africanos, ese porcentaje baja hasta el 21% en los concertados. Por contra, estos colegios privados financiados por el Estado educan a un 35% de latinoamericanos, frente al 30% de los públicos.
El estudio concluye que precisamente son los africanos los estudiantes con más problemas. Los expertos creen que se debe a sus escasas expectativas de continuar su formación (la mayoría se incorpora enseguida al mercado laboral) y la falta de dominio del idioma. A veces también influye su reducido nivel de escolarización previo. Por ello, el Defensor del Pueblo recomienda que los colegios apoyen los programas de inserción laboral para estos estudiantes. La mayoría se incorpora enseguida al mercado laboral.
Los asiáticos también tienen dificultades con el idioma. Para paliarlo, bastaría con ayudarles a que conozcan el español, explica el informe, ya que son los que mayor insatisfacción expresan con el sistema educativo.
El estudio es tajante al analizar la distribución por niveles educativos de los inmigrantes. El 50% se sitúa en la educación primaria, frente a un 22,19% en la infantil y un 27,61% en la secundaria, a la que muchos de ellos no llegan a pesar de ser obligatoria. Significativo es el caso de las niñas africanas, cuya presencia en esta etapa, entre 12 y 16 años, es "muy reducida".
3. EL GOBIERNO DE AZNAR IMPULSA UNA "JUSTICIA ESPECIAL SÓLO PARA INMIGRANTES"
Amnistía Internacional denunció que en España está produciéndose una "regresión" en el respeto a los derechos de los inmigrantes y advirtió del "riesgo real" de que el Gobierno acabe creando una "justicia especial" para los extranjeros si continúa por la senda que marca la nueva Ley de Extranjería, actualmente en fase de tramitación.
El director de la sección española de AI, Esteban Beltrán, que presentó en Madrid el informe anual de la organización sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, subrayó la existencia de numerosas denuncias contra miembros de las fuerzas de seguridad españolas por malos tratos y abusos sexuales sobre menores y mujeres inmigrantes. Esteban subrayó que desde 1995 Amnistía Internacional ha registrado en España 321 casos con componentes racistas de malos tratos, detenciones ilegales y muertes bajo custodia policial.
La sección española de AI, que celebra este año su 25 aniversario, criticó el nuevo proyecto de Ley de Extranjería, actualmente en manos del Consejo de Estado, y apuntó tres motivos de preocupación para Amnistía Internacional en el texto:
- El aumento de las multas a las compañías de transporte que traigan a inmigrantes hasta España.
- La agilización de los métodos de expulsión de extranjeros indocumentados.
- La posibilidad de emprender acciones legales contra quienes ayudan a inmigrantes, aunque sea sin ánimo de lucro.
En ese contexto, AI volvió a criticar al ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, por haber incluido la "inmigración ilegal masiva" entre las amenazas para la seguridad de España. También criticó que España sea el único país de la UE que no ha firmado aún el Convenio Europeo contra la Corrupción.
AI comienza el capítulo de su informe dedicado a España recordando que ETA asesinó a cinco personas en 2002, entre ellas la niña de seis años Silvia Martínez Santiago, muerta en agosto al estallar una bomba oculta en un vehículo frente al cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola (Alicante). La organización se hace eco de numerosas denuncias de torturas y malos tratos a manos de agentes de la policía y la Guardia Civil, tanto por parte de inmigrantes como de detenidos en régimen de incomunicación, en su mayoría presuntos miembros de ETA. El informe recuerda que el Comité contra la Tortura de la ONU expresó en noviembre su preocupación por el hecho de que la detención en régimen de incomunicación facilita la tortura.
AI pidió en Madrid que se abra una investigación imparcial para determinar si la muerte en Bagdad del cámara de Tele 5 José Couso fue o no un crimen de guerra. La sección española criticó que el Gobierno español se haya "conformado" con la explicación "ínfima" de lo sucedido ofrecida por Washington. Como nota positiva, Amnistía elogió la condena formal del Congreso de los Diputados a la dictadura del general Franco, el apoyo a las iniciativas para honrar la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y la exhumación de fosas comunes con cadáveres de republicanos muertos durante la contienda.
4. EL DEFENSOR DEL PUEBLO DENUNCIA LA SATURACIÓN Y HACINAMIENTO DE LAS CÁRCELES
El Defensor del Pueblo denuncia la sobreocupación de la práctica totalidad de las cárceles, que llega al hacinamiento en algunas de ellas, el déficit de medios personales y las dificultades para la construcción de nuevos centros penitenciarios. Así se refleja en el informe de la institución correspondiente al año 2002. En ese año, la población reclusa pasó de 47.521 a 51.863. El informe también exige al Gobierno que acabe con los "guetos de inmigrantes" que se están creando en España, y fuerce a los arrendatarios a alquilar pisos a los extranjeros.
En el informe se califica de "preocupante" el incremento de la población reclusa. El problema fundamental de la situación penitenciaria se "deriva del hacinamiento que sufren algunos centros y la generalizada sobreocupación de la práctica totalidad de ellos", especialmente los de las comunidades de Madrid, Andalucía, Valenciana, Murcia, Cataluña y, sobre todo, Canarias.
Además, denuncia que los nuevos centros "ya se inauguran con literas en las celdas, contradiciendo el texto de la Ley Orgánica General Penitenciaria ya desde su propia concepción". Esta saturación redunda en un incremento de la conflictividad entre internos, como demuestra que en el caso de la Comunidad de Madrid las agresiones entre presos han aumentado un 20%.
También se hace hincapié en este informe en la "notable dificultad" para cumplir los programas de mejora de infraestructuras y señala que "no es previsible" que ninguna de las nuevas cárceles programadas puedan estar operativas "en el mejor de los casos" antes de 2006.
Resalta además que a pesar de tratarse de centros programados en 1992 y dotar con dotación presupuestaria, no se han comenzado a construir las prisiones previstas en Canarias, Navarra y País Vasco por "falta de cooperación de las autoridades autonómicas y locales a la hora de facilitar los terrenos necesarios". Como tercer aspecto deficitario, el Defensor subraya el déficit de medios personales y recuerda que a 25 de septiembre de 2002 se mantenían 2.220 celdas vacías "por falta de funcionarios que pudieran encargarse del funcionamiento de estas infraestructuras".
La ratio actual de un funcionario de vigilancia por cada 2,2 reclusos resulta "excesiva", a juicio del Defensor, y afecta a la seguridad de los centros, ya que debido a su régimen laboral y horario en "muchas ocasiones" un sólo funcionario debe hacerse cargo de la seguridad y vigilancia de más de cien internos.
Respecto a la reforma del Código Penal planteada por el Gobierno, y en particular a la sustitución de los arrestos de fin de semana por penas de extensión muy reducida, como tres meses, el Defensor considera que estas cortas condenas "carecen, en general, de cualquier efecto resocializador".
Respecto a los inmigrantes, el informe destaca la necesidad de que las Administraciones Públicas "combatan con firmeza la generación de guetos" de inmigrantes en España y se "empeñen en disminuir las reticencias de arrendatarios" de viviendas a inmigrantes. Así lo recoge en el apartado Racismo y Xenofobia que el informe incluye en un amplio capítulo, de 130 hojas, titulado Inmigración y extranjería.
Señala el informe que numerosos propietarios de viviendas se resisten a facilitar el acceso a ellas de inmigrantes, en régimen de alquiler, y añade que "incluso en determinados puntos se ha creado de manera sutil una situación a través de la cual se tiende a la concentración de los inmigrantes en determinados barrios".
La Fundación de las Cajas de Ahorro Confederadas (Funcas) advierte de que el "resurgimiento" de los criterios de "contabilidad creativa" o la "escisión engañosa" de la realidad administrativa pública en empresas públicas "innecesarias" suponen un "peligro" para el mantenimiento del equilibrio presupuestario español, según indica en el último Papeles de Economía Española.
Funcas señala que la creación de nuevas empresas "sin más motivo ni fundamento que la ocultación de una parte del déficit efectivo" y la práctica de transformar operaciones de capital en operaciones financieras pueden "reaparecer en algún momento, reclamando su natural espacio en el déficit público".
Para las cajas de ahorro existen diferentes "peligros" que pueden poner en entredicho el saneamiento de las cuentas públicas en España. Además de las prácticas de "contabilidad creativa", apuntan que el sector público actual tiene una función "plurifuncional", por lo que debe prestar servicios que el mercado no proporciona adecuadamente (sanidad, educación, prestaciones sociales), con el consiguiente aumento del gasto público. En concreto, el envejecimiento de la población, la necesidad de aumentar el gasto en capital humano, nuevas tecnologías e infraestructuras provocarán un aumento del gasto público que puede hacer peligrar la estabilidad presupuestaria.
En cuanto a la eficiencia del sector público, Funcas afirma que el 23% de la actividad económica que se realiza en España es "sumergida", con lo que casi un cuarto de la economía española queda, por tanto, sin estar sometida a tributación. El estudio, elaborado por los catedráticos Manuel Antonio Muñiz y C. A. Knox Lovell sobre la eficiencia y productividad del sector público, indica que este resultado supone el 23% del producto interior bruto (PIB) español y advierten de que este porcentaje va en aumento. Además, apuntan que en la UE sólo Grecia, con un porcentaje del 30% del PIB, e Italia, con el 27%, superan las cifras de economía sumergida de España. Por otra parte, en otro estudio del último Papeles de Economía Española se analiza la eficiencia del uso de los fondos comunitarios en las distintas comunidades autónomas y se señala que los fondos estructurales europeos han permitido que España tuviera un crecimiento adicional del PIB en el periodo 1986-1996 de entre el 0,1% y el 0,5%.
6. EL 55,4% DE LOS ESTAFADOS DE GESCARTERA NO HA PODIDO ACREDITAR AÚN SU INVERSIÓN
Al filo de cumplirse los dos años desde que se destapó el escándalo de Gescartera (una estafa próxima a los 87 millones de euros), sólo un 27,8% de los 1.943 reclamantes ha cobrado su indemnización, de unos 13.000 euros de media. El resto no sólo soporta tal retraso sino que afronta un futuro más que incierto: un 55,4% no ha acreditado su inversión y otro 6,5% ya ha visto denegada su petición por no tener derecho a ella o por haberla presentado dos veces. La gestora, que asegura que los datos han mejorado algo desde la conclusión del informe, en marzo, ve "imposible" aventurar cuándo concluirá el proceso indemnizador.
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana, expresó su deseo de que la directora general del Instituto de la Mujer, Míriam Tey, continúe en su cargo. También negó tener conocimiento de su posible dimisión a causa de la polémica suscitada por la publicación del libro Todas putas en la editorial El Cobre, de la que es copropietaria
8. RAJOY DICE QUE LA DIMISIÓN DE MIRIAM TEY "NO ESTÁ PREVISTA"
El vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó que las declaraciones de Miriam Tey, directora del Instituto de la Mujer, sobre la publicación en su editorial del libro Todas putas, de Hernán Migoya, "deberían bastarle a quien tenga buena voluntad para entenderlas", y añadió: "A partir de ahí, no está prevista la dimisión".
Tey había manifestado el pasado martes, ante los trabajadores del Instituto, que se mantendría en el cargo hasta el día 25, aunque no aclaró qué haría a partir de esa fecha.
"Yo creo que hay que juzgar a las personas por su trayectoria, y la de la directora del Instituto de la Mujer es una trayectoria impecable desde el punto de vista democrático", añadió Rajoy.
Migoya ha reconocido que uno de los cuentos incluidos en el libro es "una apología de la violación".
9. NI DIMITE, NI CESA, NI COMPARECE
La directora general del Instituto de la Mujer, Míriam Tey, no comparecerá ante la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer. El Gobierno pidió que se aplazara la intervención por problemas de "agenda". Asegura que "ha sido preciso anticipar la salida a Bruselas" para participar en la representación española, en una reunión preparatoria del encuentro del Comité Consultivo de Igualdad de Oportunidades.
10. TRABAJO LIQUIDARÁ EL ÁREA CULTURAL DEL INJUVE PARA DAR "BECAS PERSONALES"
Compositores como Mauricio Sotelo, José Manuel López López, Beat Furrer o Mario Lavista, y escritores y directores teatrales como Jesús Cracio, Borja de Gondra o Jesús Campos se sumaron a las protestas de los artistas visuales contra el cese de las actividades culturales del Instituto de la Juventud, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, desmanteladas por el ministro Eduardo Zaplana. La medida suspende la Muestra de Arte Joven, los certámenes de Fotografía, Audiovisual, Diseño, Cómic e Ilustración; el Encuentro de Composición de Música Contemporánea, y el concurso teatral Marqués de Bradomín. Y un portavoz de Asuntos Sociales confirmó que las actividades culturales serán "canceladas definitivamente" y "sustituidas, en el plazo de un mes, por un sistema más útil de becas personales que permitan a los artistas irse fuera de España para formarse". Mauricio Sotelo, premio Nacional de Música 2001 y director artístico del Encuentro de Composición, lamentó profundamente el zaplanazo. "
La imagen que esto proyecta ante nuestros colegas europeos es la de un acto de tremenda violencia institucional contra la cultura. El Injuve ha tejido vínculos nacionales e internacionales que han posibilitado la creación y difusión de obras en los más prestigiosos foros. Y el hecho de que el ministro acabe con todo eso no es sólo un mazazo al trabajo de los jóvenes compositores, sino un claro retroceso en el raquítico proceso de normalización de la música".
José Manuel López López, premio Nacional de Música 2000, dijo desde París que "el hecho de despreciar el esfuerzo altruista que personalidades de la música internacional están realizando por nuestra cultura va a conducir de nuevo a nuestro país a un localismo que prefiero no imaginar". Y el compositor suizo Beat Furrer, desde Austria, añadió: "Sería absolutamente lamentable que una iniciativa así desapareciese". Mario Lavista, desde México, afirmó que "la cancelación de un proyecto de tal trascendencia empobrece la vida musical y cultural de una nación y revela, por parte de los responsables de la medida, una gran ignorancia y un profundo desprecio por los asuntos de la inteligencia y el espíritu".
Jesús Cracio, fundador del Premio Marqués de Bradomín, cree que la suspensión de las actividades es "un síntoma de descerebramiento, una cagada en la línea de lo que hizo Gil al cerrar la cantera del Atleti. Gente como Rodrigo García, Helena Pimenta y Sergi Belbel han salido de allí con una inversión ridícula. Pero está claro: al PP sólo le interesa Norma Duval".
En los últimos cinco años, el área cultural del Injuve, impulsada por Jorge Díez, ha dado espacio a 5.500 artistas visuales, 260 compositores y 560 autores teatrales, con más de 200 exposiciones, conciertos y montajes escénicos. El gasto para el ministerio ronda los 900.000 euros anuales
11. LOS AUTORES DEL MANIFIESTO POR LA CIENCIA RECHAZAN LAS DESCALIFICACIONES DE PIQUÉ
Promotores y firmantes del Manifiesto por la Ciencia, en el que se denuncia el abandono de la política científica por parte del Gobierno, rechazaron las descalificaciones del ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, sobre el manifiesto y sus más de 2.900 firmantes y rechazaron, con los indicadores oficiales en la mano, el optimismo de Piqué, quien afirmó también el día anterior en el Congreso que la ciencia nunca ha estado mejor que ahora en España.
Por la mañana, un grupo numeroso de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) se congregó a las puertas de la presidencia de este organismo para entregar una carta firmada por 150 científicos de Madrid en la que se pide respuesta a los problemas planteados desde hace tiempo en cartas anteriores con más de 1.700 firmas (dos tercios del personal científico investigador del CSIC). La carta fue entregada finalmente al presidente del organismo, Emilio Lora, por una comisión de 10 investigadores, los únicos autorizados a entrar.
Según uno de los presentes, Lora explicó que la actualización salarial de los investigadores (la petición más urgente por el próximo cierre de los presupuestos del Estado para el año próximo) está siendo estudiada por los ministerios de Hacienda y de Administraciones Públicas y que el CSIC está siguiendo de cerca el proceso. El presidente también reconoció la pérdida de influencia del CSIC en el ministerio . Los promotores del manifiesto, que surgió en el Instituto de Ciencias de Materiales del CSIC en Madrid, señalaron que el documento no es una crítica a la ciencia española sino a su gestión por parte de los responsables del Ministerio de Ciencia y Tecnología y achacaron al desconocimiento que tiene el ministro sobre la práctica científica sus "descalificatorias y agresivas manifestaciones".
Sobre el número y la representatividad de las firmas, los promotores señalan que son muchas dado que se han captado sin apenas dedicación a la distribución del manifiesto (accesible en www.icmm.csic.es/manifiesto y que los firmantes, científicos de profesión en el sector público cuya capacidad ha sido exigentemente puesta a prueba, son, también en muchos casos de enorme prestigio. Además rechazan de plano la cifra de 150.000 investigadores que dio Piqué, cuando la más optimista es de 80.000.
Los indicadores oficiales sobre la ciencia en España no parecen respaldar, por otra parte, el optimismo del ministro. El aumento de inversión de los presupuestos del Estado para I+D en la última década se ha producido sobre todo en el capítulo destinado a empresas. Las firmas reciben ya aproximadamente las tres cuartas partes del dinero, y además en forma de créditos, a pesar de lo cual la dependencia tecnológica de España ha aumentado significativamente, lo que parece indicar, señalan los científicos, que este esfuerzo no está dando resultado y las empresas dedican el dinero a infraestructuras y técnicos más que a innovación. Mientras tanto, el gasto total por investigador, según los indicadores del propio ministerio, permanece congelado desde 1991 y eso sin tener en cuenta la inflación, que se calcula en un 20%, lo que quiere decir que cada científico tiene cada vez menos dinero para trabajar. Además, el porcentaje del PIB destinado a I+D está estancado en torno al 0,9%, mientras que la media de la OCDE es del 2,24%
12. BRUSELAS INVESTIGA SI UN CONTRATO PARA EL TRASVASE DEL EBRO RESPETÓ LAS NORMAS DE LA UE
Los servicios de mercado interior de la Comisión Europea están investigando si el contrato suscrito por la sociedad Trasagua para elaborar un informe de impacto ambiental del trasvase del Ebro dentro del Plan Hidrológico Nacional se ajusta al derecho comunitario. Así lo ha hecho saber el comisario Fritz Bolkestein a cuatro eurodiputados mediante un escrito en el que recuerda que una infracción en este terreno compromete la financiación comunitaria del PHN, cuyo presupuesto supera los 4.000 millones. La ayuda de la UE podría llegar al 50% de esa cantidad.
Cuatro eurodiputados denunciaron en enero pasado una contratación hecha en el marco del Plan Hidrológico Nacional. Esta vez no era de una de tantas denuncias que ya estudia Bruselas por cuestiones medioambientales sino una queja por considerar los parlamentarios que no se ajustó a derecho comunitario la contratación por parte de Trasagua, un organismo de derecho público, de los estudios ambientales del trasvase del Ebro.
Según las normas comunitarias de mercado interior, y dado que el contrato supera los 80.000 euros, la adjudicación del contrato se debía haber publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, lo que no se hizo. Los eurodiputados que denunciaron el hecho son José María Mendiluce (PSE), Alexander de Roo y Miquel Mayol i Raynal (Verdes/Alianza Libre Europea) y Chris Davies, (Liberales).
La Comisión está investigando los términos del contrato citado, pero el problema es que Bolkestein en su carta recuerda que, de confirmarse la infracción, ésta puede dejar en suspenso cualquier adjudicación de fondos para el Plan Hidrológico Nacional, la obra de infraestructuras más ambiciosa que en este momento pretende acometer un país de la Unión Europea con fondos de Bruselas. La carta dice: "La financiación comunitaria en el marco de los Fondos Estructurales y de Cohesión está condicionada explícitamente al cumplimiento del conjunto de la legislación comunitaria aplicable, incluida la relativa a los contratos públicos".
Las consultas jurídicas realizadas por los miembros de la Plataforma contra el trasvase del Ebro evidencian que los fondos comunitarios para el PHN están en riesgo en caso de que Trasagua haya vulnerado la legislación comunitaria.
El Gobierno creó en agosto de 2002 la empresa Trasagua (Infraestructuras del Trasvase, Sociedad Anónima) para que ésta se encargara de adjudicar, construir y explotar las obras y otras actividades relacionadas con el trasvase del Ebro, que es precisamente la obra más polémica del Plan Hidrológico Nacional. La primera adjudicación realizada por Trasagua ha sido la del contrato del estudio de impacto ambiental, por un importe de 1.705.524 euros, muy por encima del mínimo fijado por la ley para que tenga que publicarse en caso de que la empresa sea realmente de derecho público.
13. UGT ACUSA A ELVIRA RODRÍGUEZ DE FAVORECER A ALTOS CARGOS CON UN PLUS
María Elvira Rodríguez, ministra de Medio Ambiente, legó un generoso plus a sus compañeros del cuerpo de interventores del Estado el pasado 28 de febrero, día en que Aznar le comunicó su nombramiento, según denuncia UGT. La entonces secretaria de Estado de Presupuestos asignó al menos el 75% de una bolsa de productividad de 2,3 millones a sus altos cargos y funcionarios más cualificados (niveles 30), en su mayoría interventores.
El plus que habrían de percibir cada uno de estos altos cargos y funcionarios del denominado grupo A, según la citada resolución, supondrá "como mínimo" 2.500 euros (415.000 pesetas). Sin embargo, según el cálculo de UGT, el importe individual que percibirán finalmente los interventores, la crema de este grupo, más que cuadriplicará esa cifra, ya que superará los 11.000 euros (1.800.000 pesetas). Tales cálculos parten de la siguiente consideración. UGT recuerda que el monto global de esta bolsa de productividad a repartir es de 2,3 millones de euros. Según establece la resolución de la ex secretaria de Estado, de dicha suma "como mínimo" un 75% ha de ir al grupo A, básicamente nutrido por 148 interventores, que se repartirían por tanto al menos 1,7 millones. Esto daría los citados más de 11.000 euros por alto cargo / funcionario de la Secretaría de Estado de Presupuestos. Por contra, el grupo B, de apoyo a los interventores y más numeroso, (586) tiene asignado menor bocado del pastel de productividad: un máximo de un 20%. Y un tope más: si en el grupo A podían cobrar este plus todos sus integrantes, en este grupo sólo un 60%. Su cuantía individual mínima baja también netamente: 750 euros.
Finalmente, el escalón más bajo agraciado con el plus, grupos C y D, que suman 775 funcionarios, podrán consumir hasta el 10% de lo que UGT denomina "bufanda de despedida". Pero este grupo deberá repartirse con tiento sus propias migajas: sólo podrán cobrarlo el 25% de sus integrantes. Su retribución apenas significará un mínimo de 350 euros. La resolución de Rodríguez Herrer deja claro que esta retribución por "productividad adicional" no puede servir ni para abonar la productividad ordinaria (que según UGT puede llegar a suponer entre 10.800 y 14.450 euros anuales individualmente para los altos cargos e interventores y un 40% de sus emolumentos), ni para generar nuevos perceptores.
La ministra, a través de un portavoz, defendió que este sistema de pluses de productividad por objetivos es "absolutamente legal, correcto y adecuado", y se utiliza en la Administración dentro de su política de modernización. "Los altos cargos pasamos más horas", ejemplificó un asesor. Y aseguró que su cuantía se estableció por una resolución de 31 de octubre de 2002.
14. AZNAR RESPONSABILIZA DE LA TELEBASURA A "LOS EMPRESARIOS DE LAS TELEVISIONES"
La telebasura es responsabilidad de los empresarios de las cadenas y de los profesionales que en ellas trabajan. El presidente del Gobierno, José María Aznar, arremetió , entrevistado por Luis del Olmo en Protagonistas (Onda Cero), contra "los espectáculos de gente que no se sabe quién es, aireando miserias, insultándose de la manera más descarnada", aunque sin citar ningún programa en concreto. "Soy partidario, probablemente más que nadie, de la libre competencia entre los medios de comunicación, pero todo tiene sus límites", zanjó.
No está en manos del Gobierno limitar la proliferación de espacios de telerrealidad y testimonios que últimamente salpican las parrillas de las cadenas, tanto públicas como privadas. O así al menos lo entiende Aznar, que traslada la responsabilidad a "los empresarios de esas televisiones" y "a los profesionales, que pueden decir: 'Mire usted, yo no voy a hacer esto". No comparten su punto de vista las asociaciones de telespectadores que, aunque culpan a los directivos y a los programadores "por dejarse llevar por las guerras de las audiencias y por querer ganar más dinero", acusan al Ejecutivo de "no hacer cumplir la ley" que impide programar estos contenidos.
15. RESPALDO AMPLIO EN CANAL 9 EN LA HUELGA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN
El comité de empresa de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) cifró en casi un 80% el seguimiento de los trabajadores a la convocatoria de huelga en contra del proceso de privatización que inició la Generalitat Valenciana el pasado 26 de marzo. Canal 9 no hizo declaraciones.
Nacho Ángel (CC OO), presidente del comité de empresa, afirmó en la concentración ante las instalaciones de Canal 9 en Burjassot (Valencia) que "a pesar de los abusivos servicios mínimos impuestos por la Consejería de Empleo, que han permitido adscribir a informativos a personal que nunca trabaja en ese área, los trabajadores han secundado masivamente la huelga, excepto una minoría de temporales".
En Telemadrid, TV3, TVG, Canal Sur y los centros territoriales de TVE se celebraron concentraciones de apoyo y en defensa de la televisión pública.
Diez días después de dar carpetazo a la querella, una vez pasadas las elecciones autonómicas y municipales, el juez decano de Castellón ha reabierto la investigación contra el alcalde de Castellón, José Luis Gimeno y el empresario Luis Batalla por la adjudicación a una empresa de este último de los terrenos de la antigua estación.
El titular del juzgado número 1 de Castellón, el decano Horacio Badenes, archivó, hace poco más de diez días, la querella contra Gimeno y Batalla, imputados de los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y falsificación de documento público. Diez días después, el mismo juez ha decidido abrir diligencias previas para investigar si, en la misma operación, que concluyó con la adjudicación a una de las empresas de Batalla de los terrenos liberados tras del soterramiento de la vía férrea, se incurrió en otro delito, el de maquinación para alterar los precios.
El juez ha llamado a declarar a dos testigos de los cinco que solicitaba la acusación particular. Se trata de los representantes de las empresas constructoras Ker y Bertolín, quienes estuvieron relacionadas con la presentación de una oferta alternativa a la de Batalla para optar a la urbanización de los terrenos de Renfe y, al parecer, pudieron sufrir presiones para retirarse.
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