Partes de Guerra centristas
Semana del 17 al 23 de Mayo 2003
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1. LA JUNTA ELECTORAL CALIFICA DE "PROPAGANDA" LA COLOCACIÓN DE LA PRIMERA TRAVIESA DEL AVE A TOLEDO
2. EL FISCAL DE MADRID DENUNCIA A MICHAVILA ANTE EL SUPREMO POR ACUSARLE DE ACTUAR EN REBELDÍA
3. EL BBVA ADVIERTE DE QUE EL PAGO DE LA HIPOTECA ABSORBERÁ YA EL 50% DEL SALARIO MEDIO ESTE AÑO
4. CASI LA MITAD DE LOS JÓVENES EMPLEADOS EN ESPAÑA ESTÁN INSATISFECHOS CON SU TRABAJO
5. EL ESTADO INGRESÓ 29.716 MILLONES POR LAS PRIVATIZACIONES
6. NORNIELLA Y PÍO CABANILLAS, NUEVOS CONSEJEROS DE IBERIA Y ALDEASA
8. SIETE DIRECTORAS AUTONÓMICAS DE LA MUJER PIDEN EL "CESE INMEDIATO" DE MÍRIAM TEY
9. FRAGA SOSTIENE QUE LA SOLUCIÓN AL 'PRESTIGE' PUEDE RETRASARSE UN AÑO "SIN QUE PASE NADA"
10. GARZÓN IMPUTA EN EL FRAUDE DEL LINO A DOS EX ALTOS CARGOS Y EXCULPA A LAS COMUNIDADES
11. LOS GEÓLOGOS REITERAN QUE EL PASO DEL AVE POR ZARAGOZA ES TEMERARIO SI NO SE REFUERZA EL SUELO
12. FOMENTO ABRE LA NUEVA ESTACIÓN DE ZARAGOZA SIN SABER CUÁNDO PASARÁ EL AVE
13. LOS FISCALES DE VALENCIA CALIFICAN DE PENOSAS LAS CONDICIONES EN LAS QUE TRABAJAN
14. LA AUDIENCIA NACIONAL JUZGA A TVE POR PRESUNTA MANIPULACIÓN
15. DEFENSA PAGÓ 600 MILLONES DE MÁS POR LOS AVIONES DEL REY Y AZNAR, SEGÚN LA SER
16. EL CONGRESO DE EE UU TRAMITA LA CONCESIÓN A AZNAR DE SU MEDALLA DE ORO
17. EL GOBIERNO CONSIDERA SECRETOS LOS INFORMES JURÍDICOS EN QUE BASÓ SU APOYO A LA GUERRA
18. EL JUEZ LIBERA A OTROS DOS DETENIDOS ACUSADOS DE VÍNCULOS CON AL QAEDA
19. LA JUEZ DEL 'CASO GESCARTERA' EVITA CITAR A LA CNMV
21. C. A DE CASTILLA LA MANCHA : DIPUTADOS PROVINCIALES DEL PP Y LOS ASPIRANTES A BOMBERO
22. C. VALENCIANA: EL CUÑADO DE RITA BARBERÁ Y LOS ATESTADOS DE TRAFICO
23. C. VALENCIANA: TRABAJADORES DE CANAL 9 CONOCÍAN DE ANTEMANO UNA PRUEBA DE LA OPOSICIÓN
1. LA JUNTA ELECTORAL CALIFICA DE "PROPAGANDA" LA COLOCACIÓN DE LA PRIMERA TRAVIESA DEL AVE A TOLEDO
El acto celebrado el pasado día 14 en el que el presidente del Gobierno, José María Aznar, participó en la colocación de la primera traviesa de la línea de AVE Madrid-Toledo "presenta un claro significado de propaganda electoral tendente a favorecer a los candidatos municipales y autonómicos del partido del Gobierno", según ha dictaminado la Junta Electoral de la provincia manchega.
La Junta estima así el recurso presentado por el PSOE contra este acto, celebrado en Toledo, al que asistieron el alcalde popular y candidato a la reelección, José Manuel Molina, y el candidato del PP a las autonómicas, Adolfo Suárez Illana. Según el acuerdo de la máxima autoridad electoral en la provincia, la ceremonia violó el artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que regula la celebración de actos en campaña.
La administración electoral considera que la colocación de la primera traviesa del AVE "es un acto de significativa importancia para Toledo", pero precisa que su importancia "no va acompañada de la necesidad del mismo, porque no es imprescindible para el buen funcionamiento del servicio público ni se encuentra justificado por exigencias del propio servicio público".
"Por regla general, la colocación de 'primeras piedras' en fecha determinada no dependen tanto de la necesidad del día como de la agenda del personaje público que acude al acto y el momento concreto de la inauguración está en función de aquellas circunstancias personales", dice la Junta Electoral.
Por ello, añade que "la colocación de la primera traviesa llevada a cabo por los poderes públicos dentro de los quince días de campaña electoral presenta un claro significado de propaganda electoral tendente a favorecer a los candidatos municipales y autonómicos del partido del Gobierno".
2. EL FISCAL DE MADRID DENUNCIA A MICHAVILA ANTE EL SUPREMO POR ACUSARLE DE ACTUAR EN REBELDÍA
El fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, ha cumplido su amenaza de denunciar al ministro de Justicia, José María Michavila, quien le acusó de actuar en rebeldía y boicotear la entrada en vigor de la Ley de juicios rápidos : el fiscal ha presentado su denuncia ante el Tribunal Supremo.
Mariano Fernández Bermejo cree que con sus declaraciones, el ministro ha dañado su buen nombre y le reclama una indemnización de 60.000 euros. El fiscal, que se había mostrado crítico con el sistema de juicios rápidos por la falta de medios humanos y técnicos, ya respondió a las acusaciones de Michavila y aseguró que sopesaría la posibilidad de ejercer acciones legales.
En la demanda se acusa al ministro de Justicia de "dañar tanto el buen nombre como la reputación profesional y profesional de un fiscal con casi 30 años de experiencia". Fernández Bermejo asegura que una cosa es hacer una crítica y otra muy distinta, dañar el buen nombre y la reputación de una persona con unas declaraciones.
Si el Tribunal Supremo lo considera conveniente, el dinero de la financiación sería invertido en programas de mejora de la administración de Justicia. La demanda también exige que el ministro pague de su bolsillo la publicación de la sentencia en tres periódicos de tirada nacional.
3. EL BBVA ADVIERTE DE QUE EL PAGO DE LA HIPOTECA ABSORBERÁ YA EL 50% DEL SALARIO MEDIO ESTE AÑO
Comprar piso será aún más difícil este año. El pago de la hipoteca absorberá un 50% del salario medio bruto a finales de 2003, frente al 48% de finales de 2002, pese a los bajos tipos de interés, según el servicio de estudios del BBVA. Por su parte, los constructores estiman que la subida será de hasta un 14%. Estas previsiones están por encima de las del Gobierno, que sitúa el alza entre el 6,5% y el 7%, el triple que la inflación prevista.
La escalada de los precios de la vivienda (superior al 80% en cinco años) ha sido tal que se ha comido el efecto positivo de los tipos de interés, que están bajo mínimos. En el cuarto trimestre de 2002, el 48% del salario medio bruto se destinaba al pago de la hipoteca y el esfuerzo de las familias para comprar piso será todavía mayor en 2003, hasta alcanzar a final del año un 50% del salario. Este nivel supera el 33% considerado óptimo por las entidades de crédito para garantizar el pago de la hipoteca.
En el conjunto del año pasado, la financiación de la vivienda supuso de media un 46,2% del salario bruto. "El continuo empeoramiento de estos indicadores terminará por erosionar la demanda de viviendas, especialmente la de las familias con condiciones laborales más precarias o menores ingresos económicos", señala el servicio de estudios del BBVA en su último informe sobre el sector inmobiliario.
Los cálculos de los constructores tampoco suponen un alivio para aquellos que estén pensando en comprarse casa este año. Los precios de la vivienda subirán entre un 13% y un 14% en 2003, según el informe económico presentado por el presidente del salón internacional Construmat, Bruno Figueras. Este salón se celebrará en la Fira de Barcelona entre los días 26 y 31 de mayo.
A juicio de Bruno Figueras, no existe una burbuja en este boom inmobiliario. "Las burbujas inmobiliarias se detectan cuando estallan los precios y nosotros no prevemos un colapso de precios", sino que "tenderán a remitir". "Esta escalada de precios no puede continuar porque no se podrá aguantar", afirmó.
Las previsiones de analistas y constructores van más allá de las estimaciones del Gobierno, que reconoció la semana pasada que, pese al menor crecimiento de la economía, los precios de la vivienda crecerán entre un 6,5% y un 7%, más del triple que la inflación prevista (2%).
4. CASI LA MITAD DE LOS JÓVENES EMPLEADOS EN ESPAÑA ESTÁN INSATISFECHOS CON SU TRABAJO
Los jóvenes españoles no lo tienen fácil para encontrar un trabajo que se ajuste a su nivel de formación. Los últimos datos de la oficina de estadística europea (Eurostat) muestran que en España 47 de cada 100 empleados jóvenes se declaran profesionalmente descontentos o insatisfechos. El problema es que el margen de maniobra del que disponen para buscar un nuevo empleo más gratificante es escaso y la falta de experiencia profesional les plantea como alternativa más probable la de acabar apuntándose a la listas del paro.
A España le cuesta superar los problemas de los que adolece su mercado laboral. La tasa de paro sigue siendo netamente superior a la media europea, que en el caso de las mujeres duplica a los hombres. El índice de empleo se mantiene netamente por debajo de la media. La productividad es baja y mejora lentamente. Los contratos temporales son elevados y los a tiempo parcial, limitados. Y a eso hay que añadir las diferencias entre las regiones y la escasa movilidad geográfica de los trabajadores.
5. EL ESTADO INGRESÓ 29.716 MILLONES POR LAS PRIVATIZACIONES
El Estado ha ingresado 29.716 millones de euros por la privatización de 47 empresas públicas desde 1996, cuando el primer Gobierno del PP puso en marcha su programa de privatizaciones, hasta finales de 2002, según los datos aportados por el Consejo Consultivo de Privatizaciones, el órgano creado por el Gobierno para aprobar estas operaciones de venta y dotarlas de la transparencia necesaria.
Los ingresos obtenidos por la modalidad de ofertas públicas de venta (OPV) ascendieron a 24.341 millones de euros. Los restantes 5.375 millones de euros se obtuvieron por otros métodos, como la subasta o la adjudicación directa. El proceso de privatizaciones de empresas públicas ha vivido su punto más álgido en los años 1997 y 1998, cuando se ingresaron 12.481 millones de euros y 13.083, respectivamente.
Sin embargo, ya en 1992 se produjeron ventas por valor de 481 millones de euros (entonces en pesetas). Las ventas continuaron con los 2.404 millones del año 1993, los 1.083 de 2004, 2.445 millones de 1995 y los 2.025 del año 1996. Tras el repunte de 1997 y 1998, los ingresos se situaron en 2.900 millones de euros en el año 1999, en 993 en 2000 y en 836 millones en 2001.
La actividad privatizadora de 2002 se ha ceñido a cinco operaciones por las que el Estado ha ingresado un total de 312 millones de euros. Coosur, Olcesa,Trasmediterránea, Química del Estroncio y las ocho últimas fincas de Espasa, la empresa que explota las antiguas fincas agrícolas de Rumasa.
En 2002, los ingresos registrados por ventas de empresas públicas supusieron el 0,05% del producto interior bruto (PIB). La media de ingresos a lo largo del Programa de Privatizaciones desde 1996 a 2002 supuso el 0,9% del PIB.
6. NORNIELLA Y PÍO CABANILLAS, NUEVOS CONSEJEROS DE IBERIA Y ALDEASA
La ex empresas públicas Iberia y Aldeasa anunciaron los nombramientos del actual presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio y ex secretario de Estado de Comercio, José Manuel Fernández Norniella, y del ex ministro portavoz, Pío Cabanillas, respectivamente, como nuevos miembros de sus consejos de administración.
Fernández Norniella cubrirá la vacante que quedará en el consejo de Iberia una vez que se celebre, el próximo 12 de junio, la junta de accionistas. Ese día, el todavía presidente de Iberia, Xabier de Irala, será sustituido por Fernando Conte, hasta ahora consejero delegado del grupo ABB en España. Tanto Irala como Conte trabajaron junto a Norniella en esta empresa de bienes de equipo.
Fernández Norniella es también presidente de Ebro Puleva desde 2000 y forma parte de los consejos de administración de Endesa y Enagas. Ingeniero en Técnicas Energéticas por la Universidad Politécnica de Madrid, Norniella fue secretario de Estado y Comercio, Turismo y Pyme entre 1996 y 1998 con Rodrigo Rato, al que se considera muy cercano, como ministro de Economía. Antes fue diputado del PP y miembro del comité de dirección del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, vicepresidente y portavoz adjunto en la Comisión de Industria y Energía y miembro del consejo de administración de RTVE.
Por su parte, el ex ministro portavoz del Gobierno Pío Cabanillas Alonso sustituirá en el consejo de Aldeasa a Eduardo Sanfrutos Gambín, cuya dimisión por motivos personales fue aprobada, según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Cabanillas, que se encontraba presente en la reunión del consejo celebrada, aceptó expresamente su nombramiento, que deberá recibir el visto bueno de la junta de accionistas, cuya convocatoria será anunciada el próximo martes, aunque ya se conoce que se celebrará a finales de junio. Pío Cabanillas, de 45 años, casado y con tres hijas, fue director general del Grupo RTVE entre noviembre de 1998 y abril de 2000, cuando fue nombrado ministro portavoz del Gobierno, que ocupó hasta julio de 2002.
Desde que se creó hace 10 meses la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad Universitaria (ANECA), tras aprobarse la Ley Orgánica Universidades (LOU), han dimitido cuatro altos directivos de los diferentes programas de este organismo (acreditación, evaluación, certificación, evaluación institucional y evaluación del profesorado) por "discrepancias graves" con el director de este organismo y ex director general de Universidades, Ismael Crespo.
Ahora presentaron su dimisión tres de los principales expertos españoles en calidad universitaria: el profesor José Ginés Mora (que coordinaba el programa de acreditación de la agencia), el catedrático Manuel Galán (encargado del de certificación) y el profesor Javier Vidal, (evaluación de los programas y servicios de los centros. Ya había dimitido, a finales de 2002, el catedrático de Química Miguel Valcárcel, que fue sustituido por Manuel Galán.
Ginés Mora aseguró que tanto él como los demás profesores han abandonado la ANECA por discrepancias con "el modelo organizativo y el estilo de funcionamiento" promovidos por su director.
Actualmente sólo quedan en la ANECA dos responsables de programas, el profesor de Ingeniería Química Pedro García Moreno (encargado de la dirección de los programas) y el catedrático de Derecho José María Souviron (coordinados de la evaluación del profesorado).
Ismael Crespo fue nombrado director de la ANECA por el patronato de este organismo -que preside la ministra de Educación, Pilar del Castillo- y en el que únicamente hay, hasta el momento, representantes del Ministerio de Educación. Crespo dejó el cargo de director general de Universidades para pasar a este cargo.
8. SIETE DIRECTORAS AUTONÓMICAS DE LA MUJER PIDEN EL "CESE INMEDIATO" DE MÍRIAM TEY
Siete responsables autonómicas de los institutos o direcciones generales de la mujer pidieron el cese de la directora general del Instituto de la Mujer estatal, Míriam Tey, por haber publicado en su editorial la obra Todas putas, que consideran como una apología de la violencia contra las mujeres. Las responsables de seis comunidades suscribieron un comunicado en el que afirman que Tey está desautorizada para ejercer el cargo.
Las responsables de las comunidades que suscribieron la nota consideran "muy grave" que la directora del Instituto de la Mujer estatal "haya tenido, en su anterior etapa profesional, responsabilidades en la edición de una publicación que hace apología de la violencia contra las mujeres". A su juicio, "la información hecha pública en los últimos días desautoriza de hecho a Miriam Tey para ejercer la máxima responsabilidad en las políticas de igualdad de oportunidades de nuestro país".
Las firmantes afirman que las explicaciones dadas hasta ahora por el ministro de Trabajo y Asuntos sociales, Eduardo Zaplana y por la propia Tey "son insuficientes". Añaden que también lo es la retirada del libro, "única medida adoptada hasta el momento". Por todo ello piden el "cese inmediato" de Tey..
La crítica, sin petición de cese, también llegó desde una comunidad gobernada por el Partido Popular. "Repruebo el libro", afirmó Ana Parra, directora general de la Mujer e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León. "No lo he leído, ni lo pienso leer. No le pienso dar el gusto a ese machista que hace apología de algo por lo que sufren y mueren mujeres", añadió. Tras puntualizar que el autor de Todas putas, ha hecho uso del derecho a la libertad de expresión al escribir el volumen de ficción, Parra afirmó: "Para desarrollar ciertos cometidos hay que tener una unidad de vida, una coherencia. Quienes trabajamos en la cosa pública debemos ser exquisitos y algunos cargos, como los destinados a fomentar la igualdad de oportunidades, requieren una sensibilidad especial". "No es de recibo -dijo- estar trabajando por una causa en un despacho y hacer algo en contra de eso en la vida privada". Ana Parra eludió pronunciarse sobre si Tey debería dimitir o ser destituida por este "error clarísimo". Aseguró que, de haberse visto en la misma situación, ella "habría dimitido".
Por su parte, la esposa del presidente del Gobierno y aspirante a concejal de Madrid, Ana Botella, reiteró sus críticas al libro publicado por la editorial de Tey, informa Servimedia. "No pienso gastarme ni una peseta en ller ese libro. Me parece lamentable que alguien escriba algo que atenta contra la dignidad de la mujer y del niño", dijo.
Por su parte, la directora general del Instituto de la Mujer, Míriam Tey, ha asegurado a los trabajadores de la entidad que seguirá en su puesto hasta el próximo día 25. La directora general del Instituto de la Mujer convocó a los trabajadores del organismo para abordar la situación. La víspera, 105 empleados (dos tercios de la plantilla) habían firmado una nota en la que rechazaban la edición del libro y reclamaban que los responsables del instituto tengan "la trayectoria necesaria para la responsabilidad que desempeñan".
Según los testimonios de varias asistentes, Tey aseguró a los trabajadores que seguirá en su puesto hasta el día de las elecciones municipales, pero no concretó qué hará a partir del 25 de mayo. Rechazó que el libro publicado por su editorial fuera una apología de la violencia contra las mujeres o de la violación y lo comparó con alguna película de Pedro Almodóvar. Una trabajadora le replicó que este cineasta no dirige el Instituto de la Mujer.
9. FRAGA SOSTIENE QUE LA SOLUCIÓN AL 'PRESTIGE' PUEDE RETRASARSE UN AÑO "SIN QUE PASE NADA"
El presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, intentó desdramatizar la posibilidad de que falle el procedimiento para recuperar las 35.000 toneladas de fuel hundidas con los restos del Prestige, que Repsol empezará a ensayar a finales de agosto. "Si no se puede, se hará el mes siguiente o el año que viene, sin que pase nada", afirmó. Fraga presidió una reunión de su consejo de gobierno, que acordó prorrogar tres meses las ayudas económicas a cerca de 4.000 afectados por la catástrofe.
10. GARZÓN IMPUTA EN EL FRAUDE DEL LINO A DOS EX ALTOS CARGOS Y EXCULPA A LAS COMUNIDADES
El juez Baltasar Garzón concluyó su investigación sobre el fraude en las subvenciones europeas por cultivo de lino y redujo de 53 a 25 el número de imputados en un delito de defraudación a la Hacienda comunitaria. Entre ellos destaca Gonzalo Ruiz Paz, ex director económico de Mercasa, y el ex director general del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) Nicolás López de Coca, imputado además en tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a los funcionarios. El juez destaca que el fraude se hizo sin conocimiento de las comunidades autónomas.
La resolución señala que "entre 1997 y 1999 una serie de personas, por sí o en representación de empresas -especialmente las transformadoras- y con ocasión de las ayudas que otorga la UE sobre cultivo y producción de lino, habrían falseado datos y documentos, así como cultivos en varias comunidades, (...) con el fin de cobrar las subvenciones".
El fraude se produjo durante el mandato de Loyola de Palacio al frente del Ministerio de Agricultura. Hace más de un año, De Palacio -que ocupa una vicepresidencia de la Comisión Europea, en la que es comisaria de Transportes- denunció los hechos ante la Audiencia Nacional y se comprometió a dimitir si se demostraba la relación de los altos cargos con el fraude. De Palacio y otros dirigentes del PP culparon a la falta de control por las comunidades autónomas y, principalmente, por el Gobierno de Castilla-La Mancha presidido por el socialista José Bono.
El magistrado especifica en su auto que el fraude se desarrolló "sin el conocimiento de las comunidades autónomas en las que los hechos se han producido (...) Es más", añade el juez, "en algunos casos, se han producido específicamente en contra de las medidas y controles que se diseñaron para evitar esos supuestos fraudes y a pesar de la actividad de los inspectores o personal encargados por los responsables regionales en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura para tal cometido".
El juez Garzón explica que los informes europeos han acreditado un fraude en el cultivo del lino para cobrar las subvenciones, pero destaca que, tras la investigación de los hechos, los límites de ese fraude "han quedado más reducidos", aunque "no por ello menos trascendente a los efectos estudiados".
El mecanismo a través del cual se ha realizado el engaño, según el magistrado, ha sido el de la subvención que se solicitaba "so pretexto del cultivo y recolección de una materia prima inservible o que, no siéndolo, no se le daba salida comercial alguna, quedándose unas veces apilada en el campo y otras, convirtiéndose en pasto de las llamas, en varios incendios de origen cuando menos no aclarado, y extrañamente reiterados".
Para dar credibilidad a la mecánica por la cual se podría tener acceso a la percepción de esas cantidades de dinero comunitarias, las personas y empresas implicadas desarrollaron todo un entramado de infraestructuras y de gestión y organización, distribuyéndose los papeles entre el agricultor y el transformador del lino textil, "quien, por su actividad gestora, recibía la cantidad estipulada y cuya certificación de entrega de varilla de lino y de transformación de las mismas se convertía en preceptiva para la obtención de la subvención", dice el auto.
En las solicitudes de subvención se hacían constar datos falsos, lo mismo que en los documentos comunitarios que justificaban las ayudas.
El auto hace constar que las empresas transformadoras del lino eran un "eslabón esencial e imprescindible" en la cadena para obtener la subvención desde que a partir de la cosecha 1997-1998 se estableció la obligatoriedad de transformar la producción de lino. "Se constata la actividad de sus responsables para, arteramente, conseguir de los agricultores que se prestaran a la estrategia falsaria, con el fin de repartirse las ayudas", agrega la resolución.
11. LOS GEÓLOGOS REITERAN QUE EL PASO DEL AVE POR ZARAGOZA ES TEMERARIO SI NO SE REFUERZA EL SUELO
Un grupo de seis geólogos de la Universidad de Zaragoza ha puesto punto y seguido al informe elaborado en 1998 por el Colegio de Geólogos de Aragón, que ya advertía del riesgo de hundimiento de los suelos por los que circula el AVE. Si en 1998 el estudio hablaba del trazado hacia Cataluña, ahora se centra en la zona del percance del pasado 1 de marzo, cuando se hundió el terreno. El presidente del Colegio de Geólogos de Aragón, Joaquín Lahoz -que en marzo dio la voz de alarma-, repetía que la circulación de trenes por el corredor del AVE en Zaragoza es "temeraria".
Esa circunstancia, explicó el presidente de la asociación profesional de los geólogos, se mantendrá mientras no se realicen estudios y se tomen medidas para compensar los hundimientos del terreno. El estudio ha sido realizado por José Luis Simón, Asunción Soriano, Luis Arlegui, Antonio Casas, Carlos Liesa y Andrés Pocoví. El profesor José Luis Simón aseguraba, por su parte, que "lo que solucionará el problema es el tratamiento, que lo hay", para que la vía discurra "sobre una estructura firme que, aunque cediera el suelo", permanezca estable.
En las conclusiones se advierte que una buena parte del trazado del AVE cercano a Zaragoza presenta un riesgo alto o muy alto de hundimientos. Un riesgo que se ha hecho evidente al construir el corredor ferroviario, que ha dejado al descubierto "rasgos del terreno" que no se apreciaron en 1998 y que indican que hay una zona de hundimiento bajo la línea.
Por su parte, el ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, replicaba desde Málaga a los geólogos de Zaragoza y aseguraba que todo se reduce a una maniobra política: "No voy a seguir haciendo el juego. Hay gente que se viste de técnico para hacer política. Yo lo siento mucho. Ni el GIF [Gestor de Infraestructuras Ferroviarias] ni los ferrocarriles españoles necesitan recibir lecciones de nadie, ni siquiera de geología. Hay gente en Aragón que se ha vestido de uniforme técnico para ocultar una actividad política, les hemos dado respuesta hace meses y no voy a repetir un disco que está muy rayado".
El ministro ya sostuvo una agria polémica en marzo con geólogos aragoneses. En aquella ocasión llamó mentirosos al presidente del Colegio de Geólogos de Aragón, autor junto con Agustín Muñoz y David Navarro de un estudio que alertaba sobre los problemas del suelo entre El Burgo de Ebro y la Cartuja en Zaragoza, por donde discurre el AVE hacia Barcelona a la salida de Zaragoza. El ministro lanzó la acusación en el Congreso de los Diputados, cuando el estudio se volvió a poner sobre la mesa a raíz del hundimiento de la depresión bajo las vías, el 1 de marzo.
12. FOMENTO ABRE LA NUEVA ESTACIÓN DE ZARAGOZA SIN SABER CUÁNDO PASARÁ EL AVE
No hay fechas; hay un compromiso de la Unión Temporal de Empresas que garantiza los servicios de señalización de tener listo su informe el 31 de mayo. Entonces hablaremos". Benigno Blanco, número dos del Ministerio de Fomento contestaba así en el acto de "puesta en servicio" de la nueva estación de la Alta Velocidad Zaragoza-Delicias en la capital de Aragón cuando todavía no hay día para la llegada del AVE.
13. LOS FISCALES DE VALENCIA CALIFICAN DE PENOSAS LAS CONDICIONES EN LAS QUE TRABAJAN
Un nutrido grupo de fiscales de Valencia ha suscrito un documento de siete puntos para poner en conocimiento de Enrique Beltrán, fiscal jefe, las condiciones "penosas" en las que consideran que están realizando su trabajo desde que el pasado 28 de abril entrara en vigor la ley de juicios rápidos. El aumento de guardia y de presencia en juicios entienden que está perjudicando seriamente su dedicación a otros temas que no son juicios rápidos. Además, resaltan la falta de medios materiales e inciden en las dificultades causadas por el nuevo sistema de reparto de juicios y guardias.
Con fecha 14 de mayo y en siete puntos, un nutrido grupo de fiscales, de los casi 80 de la provincia de Valencia, ha suscrito un documento que retrata la situación que se ha generado para los representantes públicos desde la aplicación de la ley de juicios rápidos el pasado 28 de abril. El documento tiene por objetivo trasladar al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Enrique Beltrán, las deficiencias en el trabajo.
Los fiscales inician el repaso por las incidencias haciendo constar que la entrada en vigor de la ley de juicios rápidos "ha supuesto un aumento considerable de trabajo para los fiscales de esta Fiscalía, que hemos pasado de necesitar para toda la provincia de cuatro fiscales diarios de guardia a trece". Según consta en el documento, esa nueva situación "ha redundado en la actividad general de asistencia a juicios, como fácilmente puede comprenderse, pues el fiscal que atiende la guardia no puede prestar otro servicio". Consideran que "el aumento ha afectado al despacho de papel por la menor cantidad de tiempo disponible, no sólo por la mañana, sino también del que ya venía dedicándose por las tardes e incluso por las noches". Añaden que "debe hacerse notar que ese aumento es acumulativo al de años pasados generado por otros factores, entre ellos, como más destacable, el aumento de la delincuencia".
14. LA AUDIENCIA NACIONAL JUZGA A TVE POR PRESUNTA MANIPULACIÓN
El magistrado de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional Pablo Burgos de Andrés, que presidió el primer juicio contra Televisión Española por presunta manipulación informativa, declaró el caso visto para sentencia. La sesión, que se prolongó durante dos horas, se produjo tras la demanda interpuesta por Comisiones Obreras por vulneración de los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical a raíz de la cobertura de la huelga general de 20 de junio de 2002 realizada por la cadena pública.
El sindicato interpuso la demanda el pasado 21 de marzo y en la vista celebrada no compareció como testigo el director de informativos de TVE, Alfredo Urdaci, cuya presencia había sido solicitada por los demandantes. "Tiene miedo a dar la cara", declaró a la salida el abogado de CC OO, Enrique Lillo. Durante la vista, el juez admitió los vídeos presentados por ambas partes. CC OO centró su argumentación en la cobertura que TVE realizó en el Telediario-2, dirigido y presentado por Urdaci, el día de la huelga general. TVE extendió su documentación a los cinco telediarios de aquella jornada, incluidos el matinal, el de madrugada y el de La 2, que registran audiencias muy inferiores al noticiario de las 21.30.
Para Lillo, la información no fue objetiva, ya que TVE tuvo una actuación "tendenciosa y desequilibradora" en contra de los sindicatos y de los huelguistas, lo que provocó "una injerencia" en el ejercicio de libertad sindical y de huelga. "La falta de objetividad puede tener un efecto indirecto de influencia en el ánimo de los trabajadores", añadió.
Aportó las conclusiones de un informe del grupo de investigación Aideka, en el que se detalla el reparto cuantitativo de aquel Telediario-2, según el cual el tiempo a favor de la incidencia de la huelga fue de 2 minutos y 23 segundos (el 15,3% del total) y la información en contra consumió 13 minutos y 12 segundos (84,7%). También presentó una encuesta a pie de calle realizada por TVE (de las 21 opiniones emitidas, todas fueron en contra de la huelga) y constató que la cadena estatal silenció los resultados de la encuesta del CIS que beneficiaban a las organizaciones convocantes del paro.
El abogado de TVE, Ezequiel Ortega, expuso sus propios datos y negó que el medio estatal ofreció una información tendenciosa, tergiversada o destinada a impedir que prosperara la movilización. "Fue perfecta y rigurosa", dijo, y añadió que todas las noticias emitidas fueron veraces. "No se cómo ve CC OO los telediarios. Posiblemente como los caballos de los picadores", ironizó Ortega tras aportar abundantes datos del minutado de los partidos. El juez preguntó ("sin malicia") si los encargados de realizar las mediciones habían sido designados para el cargo mediante un sistema "digital".
El letrado de TVE afirmó que la presentación de la demanda, casi un año después del paro, formaba parte de una estrategia para que la vista se celebrara "en plena campaña electoral para dar realce al tema".
Como testigo del Ente público compareció el ex director de Parlamento y actual coordinador de Relaciones Externas de la cadena pública, Rafael Martínez Durbán. Los magistrados de la sala se interesaron por su sistema de nombramiento (competencia del jefe de Informativos) y por el mecanismo de designación de director general de RTVE (a cargo del Gobierno).
Comisiones Obreras no solicita ningún tipo de indemnización económica, sino que TVE cese en "el comportamiento lesivo de los derechos fundamentales". Sostiene que los métodos empleados durante la huelga general se han extendido a la cobertura informativa del desastre del Prestige o de la guerra de Irak.
15. DEFENSA PAGÓ 600 MILLONES DE MÁS POR LOS AVIONES DEL REY Y AZNAR, SEGÚN LA SER
La cadena SER informó de que el Ministerio de Defensa pagó por cada uno de los Airbus 310 de segunda mano que próximamente entrarán al servicio de la Corona y de la Presidencia del Gobierno "unos cinco mil millones de pesetas" más de lo que le costó al Gobierno italiano el Airbus 319-CJ, un avión de menor capacidad pero más moderno. Dado que los aviones adquiridos por España tienen 12 y 13 años de uso, respectivamente, mientras que el comprado por Italia es nuevo, y que todos estos contratos de compra incluyen, según la SER, las mismas cláusulas adicionales relativas a la remodelación interior del avión y del sistema de comunicaciones para el servicio de Estado, así como a reparaciones y repuestos, la cadena radiofónica concluye que Defensa ha pagado un sobreprecio de más de 10.000 millones, o más de 600 millones de euros.
Las SER basa su información en "fuentes de Defensa italianas" que aseguran que el precio pagado en diciembre de 2000 por el Airbus 319-CJ fue de 9.000 millones de pesetas, frente a los 14.300 millones que el Gobierno español aprobó para cada Airbus 310, en el Consejo de Ministros celebrado el 15 de diciembre del mismo año. También dice que en el mercado de segunda mano había opciones más baratas, como la de la compañía Aeromarine, que ofrece un Airbus 310 con configuración de VIP por 7.470 millones de pesetas
16. EL CONGRESO DE EE UU TRAMITA LA CONCESIÓN A AZNAR DE SU MEDALLA DE ORO
Movidos por el deseo de recompensar el apoyo político a la guerra contra Irak, un grupo de congresistas de EE UU ha redactado una propuesta de ley que concede a José María Aznar la medalla de oro del Congreso, la máxima condecoración que puede imponer el Capitolio.
Aunque la propuesta está todavía en proceso de trámite, en círculos políticos se da por hecho que el texto no se sometería al escrutinio de las Cámaras si no es con la garantía previa de aprobación, dado que lo contrario sería un desaire innecesario pare el líder al que se propone premiar.
La propuesta de ley figura en el registro de la Cámara de Representantes con fecha del 15 de mayo con la firma de un grupo de congresistas encabezados por el republicano Jim Gibbons. El texto se presentó en el Comité de Servicios Financieros, encargado de tramitar este tipo de condecoraciones. En la propuesta se pide a la Cámara de Representantes y al Senado que se pongan en marcha inmediatamente los mecanismos para la concesión del premio. Se aclara que el "presidente José María Aznar de España" merece la condecoración porque "ha demostrado claramente que es un aliado incondicional y firme de EE UU".
17. EL GOBIERNO CONSIDERA SECRETOS LOS INFORMES JURÍDICOS EN QUE BASÓ SU APOYO A LA GUERRA
El Gobierno se ha negado a remitir al Congreso los informes jurídicos en que basó su apoyo a la guerra de Irak alegando, entre otras razones, su carácter "clasificado"; es decir, secreto.
Con ligeras variaciones, las tres respuestas remitidas utilizan idéntico argumento: "El Ministerio de Defensa no considera posible hacer llegar a su Señoría copias de los informes o dictámenes jurídicos que se han ido elaborando sobre los distintos aspectos de la crisis de Irak, por ser variados, de diversa procedencia, parciales, globales, clasificados, etc.".
A continuación, el Gobierno se remite a las comparecencias parlamentarias de sus ministros, en las que "ha tenido ocasión de exponer en detalle su punto de vista sobre la crisis de Irak".
El Ejecutivo sugiere que todo el armazón jurídico de su política ha recaído en los servicios del Ministerio de Defensa, prescindiendo del Ministerio de Asuntos Exteriores, pese a que fue la jefa de la diplomacia española, Ana Palacio, quien fijó en el Consejo de Seguridad de la ONU la posición española sobre Irak.
18. EL JUEZ LIBERA A OTROS DOS DETENIDOS ACUSADOS DE VÍNCULOS CON AL QAEDA
El juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco dejó en libertad bajo fianza de 600 euros a Mohamed Tahraoui y Bard Eddin Ferdji, los dos últimos de los 16 detenidos el pasado 25 de enero en Cataluña por su presunta vinculación con la organización terrorista Al Qaeda, que dirige Osama Bin Laden. Como se recordará, el presidente Aznar, justificó -primero en A Coruña y posteriormente en el Congreso de los Diputados- su apoyo a la política intervencionista del presidente George W. Bush en Irak precisamente en la existencia de esta supuesta red terrorista vinculada a Al Qaeda.
En una de las conferencias de prensa que se celebran después del Consejo de Ministros, Aznar recalcó: "Cuando se habla de garantizar la seguridad no se está hablando de fantasías, sino de realidades". Aznar vinculó la lucha contra el terrorismo con la intervención en Irak, dio un avance de la "importante operación policial" y destacó el riesgo de que grupos terroristas accedan a armas de destrucción masiva.
En marzo, 14 de los 16 detenidos quedaron en libertad; ahora han salido los dos restantes y, según fuentes jurídicas, la causa parece abocada irremediablemente al archivo.
19. LA JUEZ DEL 'CASO GESCARTERA' EVITA CITAR A LA CNMV
La juez Teresa Palacios ha evitado de nuevo citar a declarar como imputados en el caso Gescartera a los integrantes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 16 de abril de 1999, diligencia que había sido solicitada por la representación del Sindicato Unificado de Policía (SUP).
La juez, antes de citar a los integrantes de la CNMV, quiere que la Mutua de la Policía -aunque debe referirse al SUP- acredite la relación entre las inversiones en Gescartera de su representado y las resoluciones de la CNMV. También pide que la policía identifique a la persona que negoció con Gescartera las inversiones a efectos de citarla a declarar.
El consejero de Obras Públicas de la Junta de Castilla-La Mancha, Alejandro Gil, anunció que la Unión Europea ha comunicado oficialmente la admisión a trámite de la queja, presentada hace algo más de un mes, en la que el Gobierno de Castilla-La Mancha denuncia una mala gestión del Trasvase Tajo-Segura por parte del Ministerio de Medio Ambiente. En nota de prensa, Gil mostró su satisfacción por el hecho de que "la Comisión Europea haya admitido a trámite la queja que le plantea el Gobierno regional, en la que no sólo se denuncian prácticas irregulares en el trasvase, sino que además, se aportan documentos que prueban el incumplimiento de hasta siete directivas de la normativa comunitaria por parte del organismo responsable de la cuenca del Segura".
Asimismo, entre ellos, destacó que se incorporan "sentencias judiciales que anulan trasvases autorizados sobre aguas no excendentarias, informes técnicos sobre mediciones del caudal del Tajo y estudios de organismos ajenos a Obras Públicas sobre la calidad del agua del río".
A su juicio, "la nefasta gestión que está llevando a cabo el Estado en el trasvase está causando graves daños, tales como el no respeto a los caudales ecológicos del río Tajo a su paso por Aranjuez, antes de su confluencia con el río Jarama; la alteración en la calidad de las aguas del Tajo; afecciones a los ecosistemas, flora y fauna de la cuenca del Tajo y el crecimiento insostenible de regadíos en las provincias de la cuenca del Segura, fundamentalmente en las provincias de Alicante y Murcia".
21. C.A DE CASTILLA LA MANCHA : DIPUTADOS PROVINCIALES DEL PP Y LOS ASPIRANTES A BOMBERO
La empresa Lainsa, SA, adjudicataria de los tres parques de bomberos puestos en marcha por el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de la provincia de Toledo, seleccionó al personal con currículos en los que se puede leer claramente, en algún caso hasta en tres ocasiones, la palabra "recomendado", seguida del nombre de diputados del PP en la Diputación Provincial.La palabra "recomendado" y el nombre del diputado en cuestión se pueden leer también en las anotaciones realizadas por los entrevistadores que hicieron la selección de los bomberos. Entre los autores de las recomendaciones aparecen Jesús Aranda, presidente del Consorcio y diputado de Protección Civil e Incendios; Blas Felipe, vicepresidente de la Diputación y diputado de Empleo, y Emiliano González, diputado de Medio Ambiente.
El máximo responsables del consorcio reconoció en la Cadena SER haber entregado en mano a la empresa algunos currículos. Cuando se le preguntó por la palabra recomendado aseguró: "Son cosas de la empresa, yo no he recomendado a nadie". La dirección de Lainsa argumenta, a su vez, que las anotaciones sólo tienen como objeto "recordar por dónde nos han llegado los currículos".
La primera selección de los bomberos se realizó en septiembre pasado, como consta a pie de ficha. En una de ellas, entre las anotaciones del entrevistador de la empresa Lainsa, se puede leer "ojo, cuñado de sindicalista, sí ya se sabe". En la ficha de uno de los aspirantes contratados aparece: "Quiere ser bombero ¿con ese cuerpo? (...) No por favor !!". En un pequeño recuadro se lee "recomendado J. Aranda".
Aranda, cuyo nombre aparece en varias fichas, reconoce que ha llevado en mano a Lainsa varios currículos, por ejemplo de chicos de su pueblo, Magán, del que es alcalde. Pero asegura que no ha recomendado a nadie y que las anotaciones "son cosas de la empresa".
22. C. VALENCIANA : EL CUÑADO DE RITA BARBERÁ Y LOS ATESTADOS DE TRAFICO
El atestado sobre el supuesto delito contra la seguridad en el tráfico del cuñado de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, figura registrado en el decanato de los juzgados con la fecha del 14 de mayo, y no del 23 de abril, como sostuvo el concejal de Seguridad Ciudadana, Jorge Bellver, ante la denuncia de un posible trato de favor en la tramitación del expediente. Bellver insistió en que se entregó el atestado el 23 de abril y que lo selló el juzgado que estaba de guardia, el número 14.
Como se recordará, la polémica ha surgido a raíz de la remisión del atestado que afecta a José María C. N., cuñado de Barberá, cuya motocicleta se inmovilizó en la madrugada del 13 de marzo después de que se saltara un semáforo al conducir supuestamente bajo los efectos del alcohol. Según los datos del decanato, el atestado policial se registró con el número 72978/03 poco antes de las 10.00 del 14 de mayo, el mismo día en que Ábalos se interesó por la tramitación del caso. En el registro de asuntos del decanato del 23 de abril, la fecha de entrega que da el concejal del PP, no figura ningún caso relacionado con José María C. N. Fuentes judiciales resaltan sobre esta contradicción que no tendría sentido que se presentara el asunto de nuevo el 14 de mayo si ya se hubiera hecho el 23 de abril.
El atestado de José María C. N. se realizó en la madrugada del 13 de marzo y no presenta mayor complejidad al no existir daños o heridos, ni siquiera accidente. Sin embargo, según Bellver, la tramitación se extendió hasta el pasado 23 de abril, unos 40 días después del incidente. La ley establece que se remitan los asuntos a los juzgados en un plazo de 24 horas o a la mayor brevedad en caso de delito. En este caso, se trata de una denuncia policial por un supuesto delito contra la seguridad del tráfico.
23. C. VALENCIANA : TRABAJADORES DE CANAL 9 CONOCÍAN DE ANTEMANO UNA PRUEBA DE LA OPOSICIÓN
Los exámenes de las oposiciones para entrar en la plantilla de Canal 9 no son igual de difíciles o fáciles para todos. Algunos trabajadores contratados de la televisión valenciana conocían de antemano el contenido de la prueba del sábado, como pone de manifiesto el hallazgo en el sistema de TVV con que se preparan las noticias de una copia de la información que iba a ser la pregunta del examen La personas que tuvieron ese olvido se presentan a las oposiciones. Las oposiciones se convocaron antes de las elecciones con polémica por la insólita premura.
En la prueba para los periodistas que habían superado ya el primer examen se tenía que redactar y estructurar un vídeo a partir de una imágenes y unas declaraciones. El tribunal escogió el estudio que dio a conocer el martes el Real Automóvil Club sobre la peligrosidad de llevar a los niños en los coches sin sistema de seguridad. Una noticia nada difícil, en opinión de un opositor. Y mucho menos difícil para quien ya sabía que iba a salir precisamente ésa y había estudiado cómo la había difundido la cadena que lo examinaba.
El representante de CC OO en el tribunal para la prueba de periodismo, Inocenci Ortín, manifestó que le llegó la denuncia de la filtración, y añadió que el sindicato hará pública una nota en la que posiblemente se anuncia la presentación de una denuncia tras recabar todos los datos disponibles. Este tribunal está compuesto por dos representantes del ente de RTVV, Fermín Aliaga e Ignacio Blanch, ambos del PP; y dos directivos de RTVV, Pau Pérez Rico, jefe de informativos de Canal 9, y Maite Fernández, jefa de informativos de Ràdio 9, además de la representante de USO, Silvia Soria, concejal del PP en Benetússer, y del propio Ortín. En esta modalidad, queda el tercer examen, una locución ante la cámara, y una entrevista personal.
En cualquier caso, llueve sobre mojado. Estas oposiciones para cubrir 164 plazas repartidas en 20 categorías nacieron ya bajo el signo de la polémica por la insólita rapidez con que se convocaron antes de las elecciones y por la forma de mezclar méritos y requisitos en lo que parece un traje a la medida. La dirección de RTVV justificó la premura de la actual convocatoria por la necesidad de poner en marcha y cubrir de personal el nuevo centro de producción y programas de Canal 9 en Alicante. Sin embargo, en las bases de la convocatoria de la oposición no se dice nada al respecto, de lo se infiere que los trabajadores podrán ubicarse donde la dirección estime conveniente. Todo ello con el trasfondo del proceso de privatización de la gestión de Canal 9 por parte de la Generalitat.
El siguiente capítulo siguió el guión anunciado por los sindicatos, que señalaron quiénes iban a sacar mejor nota en el primer examen en las distintas categorías, el test de 40 preguntas. Un 10 sacó Ramón José Varó, uno de los acusados de elaborar listas negras con trabajadores supuestamente desafectos al PP en Ràdio 9, cuando la actual directora de Canal 9, Genoveva Reig, era directora general de Medios de Comunicación. La actual jefa de prensa de la consejería de Sanidad, Perpetua Beltrán, logró un 8,75. Amparo Gomis, hija del director general de Farmacia, obtuvo un 9,47. María Pilar Vicente, ex responsable de nuevos proyectos y esposa del alto cargo de la Generalitat Fernando Coquillat, puntuó con un 9,21. Hay más nombres significativos muy bien puntuados, la mayoría próximos o con responsabilidades en los diferentes departamentos de RTVV, o con vínculos con el PP. A diferencia de las anteriores oposiciones, las notas parciales conocidas no están colgadas en la web de RTVV. Las notas van desde las puntuaciones excelentes hasta las mediocres, sin apenas intermedias
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