Partes de Guerra centristas
Semana del 1 al 6 de Junio 2003
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1. LOS PRECIOS DE LOS PISOS SUBIERON EL TRIPLE EN ESPAÑA QUE EN LA UE ENTRE 1995 Y 2002
2. LAS SUBIDAS DE IMPUESTOS EN 2002 ELEVAN LA PRESIÓN FISCAL HASTA EL 35,48% DEL PIB
3. INSPECTORES FISCALES PIDEN CESES EN LA CÚPULA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA
5. LAS VENTAS DE COCHES SE REDUCEN UN 6,4% EN MAYO Y UN 3,4% EN LO QUE VA DE AÑO
6. EL SECTOR CALIFICA DE INÚTILES LAS ESTADÍSTICAS DE AGRICULTURA
7. ACCIDENTE AÉREO EN TURQUÍA ( VARIOS )
8. AIR EUROPA ALEGA QUE NO SE PRESENTÓ AL CONCURSO PARA TRANSPORTAR TROPAS
9. EL JEFE DEL EJÉRCITO DEL AIRE PROHÍBE A TODOS SUS MIEMBROS OPINAR SOBRE EL ACCIDENTE DEL YAK-42
10. CC OO CULPA DEL ACCIDENTE DE CHINCHILLA A LOS FALLOS DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE RENFE
11. DOCE ACCIDENTES DE FERROCARRIL SE HAN REGISTRADO EN ESPAÑA DESDE EL COMIENZO DE ESTE AÑO
12. LA SEÑALIZACIÓN DEL AVE A LLEIDA VUELVE A RETRASAR SU INAUGURACIÓN
13. LA XUNTA CONCEDE A CASCOS LA MEDALLA DE ORO DE GALICIA
14. LA FALTA DE MEDIOS IMPIDE APLICAR CON EFICACIA LA LEY DEL MENOR
15. ADMITIDA LA DEMANDA DEL FISCAL JEFE DE MADRID CONTRA EL MINISTRO MICHAVILA
17. UN INSPECTOR DE LA CNMV ALERTÓ DE LOS TESTAFERROS DE GESCARTERA EN 2000
18. BIRULÉS ESTUDIA PRESIDIR UN NUEVO 'LOBBY' DE LAS TELECOMUNICACIONES
19. VALENCIANA : UN CONDENADO POR ESTAFA GESTIONA UN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN VALENCIA
1. LOS PRECIOS DE LOS PISOS SUBIERON EL TRIPLE EN ESPAÑA QUE EN LA UE ENTRE 1995 Y 2002
Los precios de los pisos subieron en España el triple que en los países socios de la eurozona en el periodo comprendido entre 1995 y 2002, según un informe sobre la vivienda en el mundo desarrollado que publica el último número del semanario británico The Economist. En el citado periodo, que coincide con los años de gobierno del PP, el precio de los pisos subió en España un 58% en términos reales (equivalentes a un 95% en términos nominales, antes de descontar la inflación).
Ese fuerte incremento triplica tanto el aumento del 19% registrado en la eurozona como el del 18% que experimentaron, en promedio, los 13 países desarrollados incluidos en el análisis de la publicación económica: Irlanda, Gran Bretaña, Holanda, España, Suecia, Australia, Bélgica, Francia, Estados Unidos, Italia, Canadá, Alemania y Japón. Además, en 2002, los pisos subieron en España en términos reales un 13%, casi cuatro veces más que en la eurozona (un 3,4%) y algo más del triple que en el conjunto de 13 países más ricos. Eso significa que el diferencial de inflación inmobiliaria no disminuyó a lo largo del periodo analizado. De hecho, mientras que en el conjunto de los ocho últimos años los precios subieron más que en España en tres países (Irlanda, Gran Bretaña y Holanda), durante el año pasado sólo lo hicieron en dos (Gran Bretaña y Australia).
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2. LAS SUBIDAS DE IMPUESTOS EN 2002 ELEVAN LA PRESIÓN FISCAL HASTA EL 35,48% DEL PIB
Según datos oficiales, la presión fiscal subió casi medio punto del PIB, hasta el 35,48%. La no actualización del IRPF, el nuevo impuesto sobre las gasolinas y la subida de los gravámenes en el alcohol y el tabaco explican esta contradicción entre los mensajes políticos y la realidad. En contrapartida, los bienes y servicios prestados por el sector público aumentan 0,3 puntos del PIB, hasta el 39,6%; es decir, a menos velocidad que los recursos.
La presión fiscal sigue en aumento cada año -1,7 puntos del PIB desde que gobierna el PP- pese a las promesas de rebaja de impuestos. Este indicador refleja el conjunto de impuestos y cotizaciones sociales que pagan los ciudadanos al Estado central, a la Seguridad Social, a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, todo ello en relación al producto interior bruto. Cuando la suma de esos ingresos crece más que la economía, la presión fiscal aumenta, y viceversa.
En los primeros años de Gobierno del PP, la economía crecía a un alto ritmo, y el empleo también. La subida de la presión fiscal se explicaba oficialmente por esa bonanza económica y su efecto multiplicador en los ingresos fiscales. Ahora, la situación ha cambiado. La economía, el empleo y la masa salarial se desaceleran, pero la presión fiscal sigue en aumento.
Según un informe de la Intervención General de la Administración del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, la subida es de casi medio punto del PIB en 2002, hasta el 35,48%. La causa está, sobre todo, en las subidas de impuestos de principios del pasado año. Se concretaron en la creación de un nuevo impuesto sobre las gasolinas para financiar las transferencias de Sanidad a las comunidades autónomas, la congelación de la tarifa del IRPF desde 1999 y la subida de los impuestos especiales que gravan el consumo de tabaco y bebidas alcohólicas.
Estas subidas contrarrestaron la desaceleración de la actividad económica y, en concreto, del consumo y el empleo. Por añadidura, la subida de los precios del petróleo y la pujanza del sector inmobiliario elevaron la recaudación por IVA más de lo que hubiera sido lógico, dada la situación económica general. La mayoría de los impuestos -salvo los ligados a la propiedad- elevaron su participación en el PIB en 2002, mientras que las cotizaciones sociales la mantuvieron.
También afectó el nuevo tratamiento fiscal de las plusvalías reinvertidas por empresas y bancos, que ha adelantado a 2002 el pago de estas ganancias a cambio de una reducción del impuesto de sociedades por este concepto a futuro. En las cotizaciones sociales se produjo también un aumento que afectó a las bases para categorías profesionales intermedias, con el fin de equipararlas a otros niveles.
En conjunto, los ingresos de las administraciones públicas (incluidas las transferencias) crecieron el pasado año un 7,5%, mientras que la actividad económica general aumentó un 6,5% en términos nominales, es decir, sin descontar la inflación. Más en detalle, los impuestos sobre la producción se elevaron un 9,2%, 2,7 puntos más que la actividad económica, y los impuestos sobre la renta y el patrimonio, un 11,3%, algo menos del doble. Las cotizaciones sociales crecieron un 6,2%, dos décimas por encima de la masa salarial y frente a un crecimiento de apenas el 1,3% en el empleo.
En el caso del impuesto sobre la renta -la principal fuente de recaudación después de las cotizaciones-, el incremento fue del 7,1% en 2002, sin que se hayan producido cambios normativos. El origen de este aumento, superior al de la masa salarial, al del empleo y al de las ganancias por rentas del capital (intereses, acciones, etcétera), se sitúa en el mantenimiento de la tarifa por cuarto año consecutivo. Al ser la tarifa progresiva, si ésta no se actualiza con la inflación, se paga más IRPF por subidas de sueldo que no suponen mejoras de poder adquisitivo.
En el otro lado de la balanza hay que poner los servicios y prestaciones públicas que se perciben y los medios para su administración. Según el informe de la Intervención del Estado, el conjunto del gasto público creció el pasado año un 7,3% y representó el 39,6% del PIB, 0,3 puntos más que en 2001. Este avance es inferior al casi medio punto en que creció la presión fiscal y a los 0,4 puntos en que aumentó el total de ingresos, incluidas las transferencias. El ajuste se ha producido en los intereses de la deuda y en la remuneración de los funcionarios.
3.INSPECTORES FISCALES PIDEN CESES EN LA CÚPULA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA
Un grupo de 40 inspectores de la provincia de Barcelona ha solicitado por carta al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el cese inmediato de su secretario de Estado, Estanislao Rodríguez-Ponga, como presidente de la Agencia Tributaria, y de su director general, Salvador Ruiz Gallud. Los funcionarios denuncian que la actuación de Hacienda favorece a las grandes fortunas y a las rentas más altas.
Este grupo de funcionarios califica de "penosa" la situación, de la que responsabiliza a los máximos dirigentes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). En plena campaña de la declaración de renta, los inspectores de Hacienda de Barcelona, con sus cinco jefes adjuntos al frente, remitieron el pasado miércoles una dura carta a Montoro, a la que ha tenido acceso este diario y en la que denuncian las trabas de la dirección de la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude mientras, en paralelo, ésta reorienta la actuación de la Inspección a aumentar la presión hacia los pequeños contribuyentes, a los asalariados y a las pequeñas y medianas empresas (pymes), que cumplen en mayor medida con sus obligaciones fiscales. Los inspectores que firman la misiva son más de la mitad de la totalidad de la Inspección de Hacienda de Barcelona.
Ésta no es la primera vez que el cuerpo de inspectores se manifiesta en este sentido. Los inspectores fiscales agrupados en la Asociación Profesional de Inspectores Fiscales de España (Apife) también pidieron el cese inmediato de Rodríguez-Ponga por llevar a cabo una política obstruccionista en relación a la lucha contra el fraude fiscal de los grandes grupos económicos. En esta ocasión, no obstante, además de expresar su malestar al ministro, los cinco jefes adjuntos de la Inspección de Barcelona han presentado su dimisión, según fuentes de la Delegación Especial de Cataluña.
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En un artículo La nueva reforma del IRPF. Principales modificaciones y análisis de sus efectos, el servicio de estudios del Banco de España estima que la reforma impositiva tendrá un efecto "acumulado" total sobre el producto interior bruto (PIB) de "cerca de cuatro décimas" en el periodo 2003-2004. Las previsiones del Ministerio de Hacienda apuntaban a una aportación de 0,5 puntos anuales al crecimiento del PIB, lo que a su vez generaría directamente 65.000 nuevos puestos de trabajo. De nuevo, en el apartado de empleo, el Banco de España rebaja las expectativas, ya que estima que la creación de empleo "podría aumentar alrededor de tres décimas" en los dos próximos años, lo que supone unos 50.000 empleos.
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5. LAS VENTAS DE COCHES SE REDUCEN UN 6,4% EN MAYO Y UN 3,4% EN LO QUE VA DE AÑO
Las ventas de coches volvieron a bajar en mayo. El mes pasado se matricularon 119.457 automóviles de turismo en España, un 6,4% menos que en mayo de 2002, según la patronal de fabricantes (Anfac), con lo que la caída acumulada en los cinco primeros meses del año se sitúa en el 3,4%. La asociación de importadores Aniacam cree que las caídas fueron más pronunciadas, un 7,1%, lo que supone un acumulado del 3,8%. Con el descenso de mayo, en el acumulado de los primeros cinco meses del año se suman ya 549.712 matriculaciones de turismos, un 3,4% menos que en igual periodo de 2002, según informaron las asociaciones Anfac, Faconauto (concesionarios) y Ganvam (vendedores). La caída fue mayor de enero a mayo, de acuerdo con la asociación de importadores, que la sitúa en el 3,8%, hasta 549.214 unidades.
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6. EL SECTOR CALIFICA DE INÚTILES LAS ESTADÍSTICAS DE AGRICULTURA
Las organizaciones agrarias han calificado de inútiles las estadísticas que se elaboran en el Ministerio de Agricultura tanto en las previsiones de campaña como en los datos sobre producciones. En opinión de los representantes del sector, los datos oficiales se elaboran tarde y mal, y no tienen ninguna utilidad para el sector.
Para los representantes agrarios, las estadísticas deberían ser un instrumento más de la política agraria y no, como sucede en la actualidad, que se publican cuando ya no interesan a nadie. Para el secretario general de UPA, Fernando Moraleda, el Ministerio se limita a ser notario de unos hechos. En opinión del dirigente de COAG, Antonio Castellanos, es lamentable que el sector no disponga a tiempo de datos fiables sobre previsiones de superficies o producciones en una campaña convistas a programar sus actuaciones en el campo a los mercados. El presidente de Asaja, Pedro Barato, estima que la estadística debe ser un instrumento de apoyo al sector, una parte de la política agraria y no unas simples cifras muertas. En un país donde hay un amplio periodo de siembras para un mismo producto entre el norte y el sur, el sector reclama la posibilidad de conocer a tiempo datos sobre superficies para una mejor programación de los cultivos en la zona norte. En la misma línea se lamenta que tengan que ser entes privados interesados en el comercio quienes aporten cada año las previsiones de cosecha de cereales con el consiguiente efecto sobre los mercados en función de esas cifras.
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7. ACCIDENTE AEREO EN TURQUÍA ( VARIOS )
7.1) AIR EUROPA ALEGA QUE NO SE PRESENTÓ AL CONCURSO PARA TRANSPORTAR TROPAS
"Air Europa no fue descalificada en el concurso convocado por la OTAN para el traslado de tropas españolas, ya que nunca se presentó", aseguró un directivo de la compañía. A Iberia "no le consta" tampoco que se hubiera presentado a dicho concurso, según un portavoz de la línea aérea. El ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, dijo en el Congreso que Air Europa e Iberia fueron excluidas por la agencia NAMSA.
En febrero de 2002, por encargo de España, la agencia NAMSA, de la OTAN, adjudicó al intermediario británico Chapman Freeborn el concurso para el traslado de material y personal de las Fuerzas Armadas a zonas donde se desarrollan misiones humanitarias. La empresa subcontrató con la empresa ucrania UM Air el Yak-42 que se estrelló el pasado día 26 en Turquía con 62 militares españoles a bordo.
Trillo-Figueroa explico a los diputados de la Comisión de Defensa que las compañías españolas Air Europa e Iberia se presentaron al concurso y fueron eliminadas por la mesa de contratación.
"A este concurso se han presentado 16 empresas. De ellas, sólo cinco son técnicamente aceptables. No resultaron técnicamente aceptables Air Europa ni Iberia, de España. Ése es el resultado de la licitación", afirmó el ministro.
"España acude a la OTAN como mediador, a través de la agencia NAMSA y ésta hace un concurso público al que se presentan en régimen de concurrencia 16 empresas, son cinco las finalistas y se adjudica con transparencia a una. ¿Por qué tengo yo que dudar de toda esa cadena de confianza contractual, a través de organismos públicos y en proceso concursal y público y tengo que ponerla bajo sospecha?", se preguntó.
En principio, Trillo-Figueroa evitó detallar las causas por las que fueron excluidas las dos compañías aéreas españolas, aunque sí indicó que "no ha habido empresas españolas con capacidad ni en condiciones de asumir todos los requerimientos del citado concurso, al que sí concurrieron varias de ellas". No obstante, preguntado expresamente al respecto, agregó que, según el informe del Estado Mayor de la Defensa, Air Europa e Iberia "no remitieron oferta técnica".
Por su parte, Iberia dijo a través de un portavoz que "no le consta" haberse presentado al concurso citado, aunque evitó ser más preciso con el argumento de que en esa época se trasladaron los archivos de la compañía y hubo una regulación de empleo. En todo caso, agregó, el negocio de Iberia "son los vuelos regulares y sólo excepcionalmente los chárteres".
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7.2)EL JEFE DEL EJÉRCITO DEL AIRE PROHÍBE A TODOS SUS MIEMBROS OPINAR SOBRE EL ACCIDENTE DEL YAK-42
"Asunto: declaraciones accidente Yakolev. Quedan prohibidas las declaraciones, por personal de este ejército no expresamente autorizado, sobre el tema del asunto, incluyendo las opiniones, comentarios y observaciones en torno a dicho accidente". Así de escueto y contundente es el texto de la orden que el jefe del Ejército del Aire, Eduardo González-Gallarza, remitió a todos sus subordinados el pasado viernes, cuatro días después del accidente del Yak-42 en el que murieron 62 militares españoles. La orden supone una limitación del derecho a la libertad de expresión no prevista por las leyes.
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8. CC OO CULPA DEL ACCIDENTE DE CHINCHILLA A LOS FALLOS DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE RENFE
El accidente ferroviario de Chinchilla se hubiera podido evitar si hubieran funcionado los sistemas de comunicación con el Talgo, según denunció Comisiones Obreras. El sindicato ha pedido que se investigue por qué fallaron los dos sistemas de comunicación telefónica, el de radio-telefonía y el de telefonía móvil. CC OO asegura que el jefe de circulación de la estación de Chinchilla, que prestó declaración durante dos horas ante la policía judicial, "no dio en ningún momento la orden de marcha" y, por tanto, "es inocente".
Comisiones Obreras ofreció una conferencia de prensa en Toledo para detallar lo ocurrido la noche del martes durante los cuatro minutos que pasaron desde la marcha del Talgo de Chinchilla hasta su colisión frontal con el mercancías que causó la muerte a cinco trabajadores ferroviarios y 14 viajeros.
El secretario regional del sindicato en Castilla-La Mancha, Juan Antonio Mata, y el presidente del comité de empresa de Renfe en Albacete, Gonzalo Aparicio, explicaron que el jefe de circulación, nada más darse cuenta de que el Talgo "se había colado", intentó hacer señales al maquinista del tren con el banderín desplegado para que parara. Como la máquina siguió su camino, el jefe de circulación cruzó corriendo las vías, avisó a la jefatura de mando e intentó, sin éxito, comunicar con el maquinista del Talgo por los "walkies".
La jefatura de mando, según el sindicato, conoce qué maquinista va en cada tren, y qué número de teléfono tiene su móvil de empresa. Comisiones Obreras mantiene que el maquinista asignado para ese Talgo había cambiado a última hora, por lo que la jefatura de mando llamó a un conductor equivocado. De hecho, según fuentes del sindicato, la jefatura de mando logró contactar con un maquinista que esperaba en Murcia para dar el relevo al conductor del Talgo y seguir camino hacia Cartagena.
El objetivo que se ha marcado CC OO es dejar clara la "inocencia" del jefe de circulación, que volvió a reproducir ante la policía judicial su versión. "Él no dio la orden expresa de salida al tren, y por tanto, hay que ver por qué arrancó el Talgo". El sindicato tampoco quiere achacar responsabilidades a nadie hasta que no concluya la investigación.
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9. DOCE ACCIDENTES DE FERROCARRIL SE HAN REGISTRADO EN ESPAÑA DESDE EL COMIENZO DE ESTE AÑO
Una docena de accidentes ferroviarios se han registrado en España desde enero pasado, con un resultado de al menos siete muertos y más de cien heridos. Uno de los más graves se produjo el 4 de enero pasado precisamente en la línea Madrid-Murcia-Cartagena, la misma en la que se produjo el siniestro, cuando un tren Talgo descarriló en Tobarra (Albacete). Las causas de aquel accidente aún siguen sin ser esclarecidas, aunque responsables de Renfe lo achacaron a una "trágica gamberrada".
Sin contar el ocurrido en Chinchilla, éstos son algunos de los accidentes registrados durante este año:
- 3 de enero. Descarrilamiento del tren Estrella que enlaza Barcelona con La Coruña y Vigo, sin heridos.
- 4 de enero. Dos mujeres fallecen y otras 28 personas resultan heridas en un accidente ocurrido en Tobarra. Descarrilaron la locomotora, el furgón generador y el primer vagón de viajeros de un Talgo que viajaba de Madrid con destino a Cartagena. Quedaron hechos un amasijo de hierros. Se trata de la misma línea que la del siniestro de Chinchilla. El juzgado de Hellín que investiga el origen del siniestro todavía no se ha pronunciado. Renfe apuntó que existían indicios de sabotaje.
- 9 de enero. Nueve personas resultan heridas al arrollar un tren de cercanías una furgoneta en Lorca (Murcia).
- 16 de enero. Ocho personas sufren contusiones a causa del descarrilamiento del tren Talgo Gijón-Alicante.
- 18 de enero. Descarrila, poco antes de llegar a la localidad oscense de Villanúa, el tren de la línea Canfranc-Zaragoza, conocido como el Canfranero. No hay heridos.
- 20 de enero. El Canfranero vuelve a descarrilar en Anzánigo (Huesca).
- 25 de enero. Catorce personas resultan heridas al salirse de la vía, entre Bujedo y Pancorbo (Burgos), el furgón generador del Talgo Barcelona-Salamanca.
- 4 de febrero. Dieciocho heridos tras alcanzar un tractor de maniobras a un tren de Cercanías en el norte de Madrid.
- 17 de febrero. Doce personas resultan heridas al descarrilar cerca de la estación de Riglos (Huesca) el Canfranero.
- 26 de abril. El maquinista y una pasajera de un Talgo resultan heridos leves en un accidente en la estación de Villanueva de Gállego (Zaragoza).
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10. LA SEÑALIZACIÓN DEL AVE A LLEIDA VUELVE A RETRASAR SU INAUGURACIÓN
El Ministerio de Fomento anunció un nuevo aplazamiento de la entrada en servicio del AVE Madrid-Lleida. El presidente del GIF (Gestor de Infraestructuras Ferroviarias), entidad dependiente de este departamento que tiene encomendada la construcción y explotación de la línea, afirmó que el consorcio de empresas Cobra (ACS) y CSEE Transport (Ansaldo) ha incumplido el programa de trabajo asumido ante el propio organismo y el ministerio el pasado 24 de marzo. Ramón Escribano denunció que las empresas han incumplido el plazo, por lo que se les exigirá responsabilidades. Las empresas comunicaron a Efe que habían finalizado con éxito las obras y que las habían entregado en el plazo fijado. El presidente del GIF lo negó y ordenó a los servicios jurídicos del organismo que determinen la responsabilidad de las empresas encargadas de la señalización de la vía y, en su caso, apliquen las penalizaciones previstas en el contrato.
Con este emplazamiento público, Escribano salió al paso de las informaciones de las dos empresas contratistas sobre el fin de los trabajos en el plazo comprometido.
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11. LA XUNTA CONCEDE A CASCOS LA MEDALLA DE ORO DE GALICIA
El Consejo de Gobierno de la Xunta acuerda conceder al ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, la medalla de oro de Galicia, su máxima condecoración. El Gobierno que preside Manuel Fraga reconoce así la "especial sensibilidad" de Álvarez-Cascos para mejorar las infraestructuras y comunicaciones de la comunidad autónoma. La oposición y Nunca Máis recordaron, sin embargo, que Cascos fue el responsable de la decisión de llevar mar adentro el petrolero Prestige, lo que contribuyó a esparcir los vertidos de fuel.
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12. LA FALTA DE MEDIOS IMPIDE APLICAR CON EFICACIA LA LEY DEL MENOR
Los centros de internamiento para menores están saturados y no cuentan con medios adecuados. No hay apenas centros terapéuticos para los adolescentes con trastornos mentales o drogodependientes. Éstas son algunas de las conclusiones del informe del Consejo General del Poder Judicial sobre las graves carencias de las comunidades autónomas a la hora de aplicar la Ley del Menor.
El Servicio de Inspección de la Jurisdicción de Menores constata que no existen plazas suficientes en los centros de internamiento en régimen cerrado y semiabierto y que no todas las provincias cuentan con centros de este tipo. Esta situación, según los magistrados acarrea, entre otras cosas, el desarraigo familiar y social del menor y el retraso en el cumplimiento de la pena, lo que deja "sin todo el sentido y eficacia la medida impuesta".
La falta de estructuras adecuadas también genera que no se pueda poner en marcha el catálogo de medidas alternativas al internamiento, como el arresto de fin de semana.
El Consejo General del Poder Judicial denuncia la inexistencia, con carácter general, de centros autonómicos que se dediquen a medidas terapéuticas y asistenciales para los menores con problemas de drogadicción, de modo que estos tienen que ser remitidos a los servicios generales de salud o a centros privados concertados. Esta situación, según el Poder Judicial, "deja sin toda su efectividad la medida impuesta".
El régimen abierto también se está viendo afectado por la escasez de medios. Al no haber plazas suficientes y al faltar educadores y equipos especializados, los menores han de cumplir sus penas en reformatorios, y con frecuencia incumplen la medida de libertad vigilada.
El informe del CGPJ recaba la información sobre los centros existentes en cada provincia, el régimen de los mismos, su capacidad, así como las recomendaciones que consideran necesarias. Éstas son sus principales conclusiones:
- Aragón: El único centro de internamiento, compartido con La Rioja, Navarra y el País Vasco, obliga a desplazar al menor fuera de su comunidad. Los magistrados denuncian la escasez de medidas de seguridad y el riesgo de fugas.
- Asturias: Los centros de protección de menores presentan una falta de educadores para llevar a cabo la labor de prevención. Además, sólo hay un centro para aplicar internamientos cautelares, cerrados, semiabiertos y abiertos, y no existen centros de internamiento terapéutico.
- Castilla y León: Faltan centros de detención y de internamiento provisional de menores, así como profesionales para implantar medidas terapéuticas.
- Castilla-La Mancha: Escasez de centros de día y de plazas en centros de reforma.
- Cataluña: Los centros, a pesar de estar correctamente acondicionados, son escasos y se encuentran desbordados. Además, en Lleida no se imponen medidas de libertad vigilada, por no existir medios para su supervisión.
- Extremadura: Hay un solo centro en Badajoz, sin medios eficaces para los jóvenes con problemas graves de drogodependencia.
- Galicia: Los jueces destacan la gran distancia entre los centros de internamiento y los domicilios de los menores y los juzgados. Además, denuncian que la falta de personal puede provocar problemas de seguridad a los menores y a los profesionales que efectúan su trabajo con ellos.
- Madrid: Insuficientes centros de internamiento terapéutico, falta de personal especializado para las terapias, nula separación de los internos en función de la edad o conflictividad, y demoras en la remisión de informes de seguimiento de libertades vigiladas, son algunos de los problemas que los magistrados observan en la aplicación de la ley en Madrid.
- Murcia: Los jueces señalan que esta comunidad cuenta con centros suficientes, hasta el punto de convertirse en centro de recepción de menores de otras comunidades, pero carece de un centro de detención.
- La Rioja: Carencia manifiesta de centros y derivación de menores a otras comunidades.
- Valencia: Los centros son insuficientes y no hay ningún centro terapéutico.
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13. ADMITIDA LA DEMANDA DEL FISCAL JEFE DE MADRID CONTRA EL MINISTRO MICHAVILA
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha admitido a trámite la demanda de protección del derecho al honor plantada por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, contra el ministro de Justicia, José María Michavila, quien le acusó de haber boicoteado la puesta en marcha de los juicios rápidos.
Bermejo presentó la demanda contra Michavila a finales del pasado mes de mayo, después de que el ministro atribuyese las dificultades surgidas en la fiscalía de Madrid durante la puesta en marcha de los juicios rápidos, el pasado 28 de abril, a que Fernández Bermejo estaba a "en rebeldía" contra la ley.
Días antes, el fiscal Bermejo había convocado una rueda de prensa en la que hizo público un comunicado en el que advertía de que la ley de juicios rápidos iba a ser un "fracaso" porque el Ministerio de Justicia no la había dotado de los medios necesarios para su aplicación, además de que era "inconstitucional". Según el demandante, el ministro atacó de forma "injustificada y gravísima" a un fiscal con casi 30 años de experiencia, al acusarle de boicotear la entrada en vigor de la ley de los juicios rápidos.
Fernández Bermejo reclama a Michavila para reparar su honor una indemnización de 60.000 euros (10 millones de pesetas), que, según dice en la demanda, destinará a "programas para mejorar la Administración de Justicia". El auto del Supremo que admite a trámite al demanda ordena dar traslado de la misma al ministro de Justicia para que la conteste en el plazo de 20 días
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La decisión del Gobierno de fijar como mínimo el 70% del contenido de todas las carreras para que sea igual en toda España ha sido calificada por los rectores como "una medida rígida e inconveniente que se dirige en contra de la tendencia de flexibilidad por la que apuestan la mayoría de los países de la UE", según manifestó el presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Ignacio Berdugo. En la actualidad, este porcentaje mínimo común en una misma carrera es del 30%.
Según precisó el Ministerio de Educación, el Gobierno establecerá estos contenidos previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria. Esta consulta no aparece detallada en los proyectos de reales decretos que modifican las estructuras de las enseñanzas, pero sí en la Ley Orgánica de Universidades (LOU), según especificó el ministerio.
Respecto a la presentación de estos proyectos, los rectores señalaron además que "ha sido precipitada, dada la trascendencia de una reforma de este calado, con la que se modifica toda la estructura de las titulaciones y con la que se debe garantizar una convergencia europea, para lo cual el plazo es hasta 2010, no de unos meses", añadió Berdugo. Los proyectos señalan que a partir del próximo mes de octubre no se podrán homologar titulaciones hasta que esté listo el nuevo catálogo de títulos. Con esta reforma, aparte de desaparecer las diplomaturas e ingenierías técnicas, presumiblemente desaparecerán algunas titulaciones, que se agruparán en otras más generalistas, y las licenciaturas serán de cuatro años, salvo excepciones. "Estos cambios requieren un debate no sólo en el seno del Consejo de Coordinación Universitaria sino también con otros sectores afectados, como los colegios profesionales", añadió el presidente de la CRUE. Los rectores analizarán en profundidad estos proyectos en el encuentro que mantendrán el próximo lunes.
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15. UN INSPECTOR DE LA CNMV ALERTÓ DE LOS TESTAFERROS DE GESCARTERA EN 2000
Carlos Sánchez Vilar fue uno de los integrantes del equipo de investigadores de la sección de Vigilancia de Mercados de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que en julio de 1999 inició una inspección sobre Gescartera. Partía del informe del jefe de Supervisión de dicho organismo, David Vives, que había destapado ya graves anomalías en la agencia de valores de Antonio Camacho. Su testimonio, el pasado 28 de mayo, ante la juez Teresa Palacios ha corroborado que la existencia de testaferros fiscales en Gescartera denunciada en el informe de los peritos de Hacienda de este año la olfatearon ya los inspectores de la CNMV a raíz de las actuaciones abiertas en 1999.
Este investigador de la CNMV se topó con el siguiente hecho: "Se habían producido pérdidas para un grupo de 20 clientes por 3,6 millones y ganancias para otro grupo de clientes por el mismo importe". Eran "inversores que realizaban operaciones en las que previamente sabían que iban a perder". Ningún directivo de Gescartera supo explicarle "las razones de por qué estos clientes querían perder ese dinero.
El inspector sólo obtuvo "vaguedades" sobre sobre "la situación fiscal de estos clientes". Carlos Sánchez detalla cómo se enterró su denuncia en la CNMV. "Trasladé todos los hechos en un informe que preparé y que entregué a Antonio Botella (jefe de Vigilancia de Mercados), quien, a su vez, informó del asunto en las reuniones semanales con el presidente, Juan Fernández-Armesto, el consejero José Manuel Barberán y el propio David Vives". Desenlace final: "No recibí instrucciones sobre este asunto para realizar actuaciones adicionales".
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16. BIRULÉS ESTUDIA PRESIDIR UN NUEVO 'LOBBY' DE LAS TELECOMUNICACIONES
La ex ministra de Ciencia y Tecnología Anna Birulés, que el verano pasado desapareció de la escena pública tras ser relevada en el cargo por Josep Piqué, podría reaparecer en breve como presidenta del nuevo Círculo de Telecomunicaciones, un lobby que se está gestando en Barcelona a imagen y semejanza del poderoso Círculo de Economía, pero volcado en impulsar la Sociedad de la Información y las telecomunicaciones.
El presidente de la principal entidad que impulsa esta nueva plataforma, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones de Cataluña (COITTC), Ferran Amago, señaló ue se ha ofrecido a Birulés la presidencia y que ella está estudiando la oferta. La creación del nuevo lobby cuenta con el apoyo del Gobierno catalán -el conseller en cap, Artur Mas, lo ha dado por escrito-, los distintos partidos políticos, la Cámara de Comercio de Barcelona y varias asociaciones empresariales y académicas, además del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones de Cataluña (COITC), cuyo decano es Carles Salvadó. El proyecto, para cuya presidencia se había tanteado al director adjunto ejecutivo de La Caixa Antoni Massanell, reunirá a personalidades destacadas del sector dispuestas a impulsarlo y creará una Fundación que realice estudios con proyección española y europea.
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17. C. VALENCIANA : UN CONDENADO POR ESTAFA GESTIONA UN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN VALENCIA
El Ayuntamiento de Valencia ha adjudicado la gestión del recientemente inaugurado complejo deportivo de Abastos a una UTE (Unión Temporal de Empresas) cuyo representante legal es un empresario, Fernando Martín Rivera, condenado por estafa en noviembre de 2000. El Consistorio incumple de esta manera la ley de contratos de la Administración, que inhabilita como adjudicatario a cualquier ciudadano que haya sido procesado en los últimos años.
Martín Rivera desempeña actualmente el cargo de gerente de Abastos. En noviembre de 2000 fue condenado a cuatro meses de arresto mayor y al pago de una indemnización de 8.600 euros por ofrecer e impartir un fraudulento curso de monitor de aeróbic, título que la Federación Española de Gimnasia (FEG) no reconocía. O sea, no era un título oficial, como anunciaba Martín Rivera a los interesados.
El Ayuntamiento incumple de esta manera la ley de contratos de la administración, que inhabilita como adjudicatario a cualquier ciudadano que haya sido procesado. El criterio del Consistorio a la hora de adjudicar la gestión de los complejos deportivos municipales vuelve a estar en entredicho: el Ayuntamiento adjudicó sin previo concurso a la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana la explotación del polideportivo de Patraix.
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