Partes de Guerra centristas
Semana del 7 al 13 de Junio 2003
Ir a informes anteriores
1. SEIS DE CADA DIEZ HOGARES NO AHORRAN POR LA FUERTE CARGA DE LAS HIPOTECAS
2. EL PRECIO DE LA VIVIENDA SUBIÓ UN 17,5% EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2003
3. EL NÚMERO DE RICOS EN ESPAÑA AUMENTÓ EN 5.000 EL AÑO PASADO
4. LOS INSPECTORES DE HACIENDA DECIDEN EXPULSAR DE SU ASOCIACIÓN A RUIZ GALLUD
5. AZNAR SE NIEGA A QUE EL CONGRESO INVESTIGUE EL ACCIDENTE
6. EL YAK 42 SINIESTRADO NO TENÍA PERMISO DE LAS AUTORIDADES UCRANIAS PARA VOLAR A KABUL
7. EL JEFE DE LAS TROPAS EN KABUL DENUNCIÓ POR DOS VECES LOS VUELOS QUE FLETA DEFENSA
8. 67 PERSONAS HAN MUERTO EN 71 ACCIDENTES DE TREN OCURRIDOS DESDE 2001
9. UN ALTO CARGO DEL PP DE MURCIA PIDE MAYOR INVERSIÓN FERROVIARIA
10. 153 ACCIDENTES EN LAS OBRAS DEL AVE A MÁLAGA EN SÓLO UN AÑO Y MEDIO
11. EL PARLAMENTO EUROPEO PIDE LA EXTRACCIÓN INMEDIATA DEL FUEL DEL 'PRESTIGE'
12. BLAIR CONFIRMA QUE NO HABRÁ PACTO SOBRE GIBRALTAR SIN RESPALDO DEL PEÑÓN
13. ATIME PIDE A INTERIOR QUE INVESTIGUE LAS MUERTES DE INMIGRANTES EN CANARIAS
14. EL 81% DE LOS INMIGRANTES ESTUDIA EN CENTROS PÚBLICOS
16. PIQUÉ ADMITE QUE EL GOBIERNO NO HA SABIDO IMPULSAR EL PLAN INFO XXI
17. LA FISCALÍA COMUNICA AL JEFE ANTICORRUPCIÓN Y AL INSPECTOR FISCAL QUE NO SERÁN RENOVADOS
18. JUECES Y FISCALES PROGRESISTAS DENUNCIAN EL DETERIORO DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES EN ESPAÑA
19. LA AUDIENCIA ADMITE LA QUERELLA CONTRA ALIERTA QUE ARCHIVÓ EL JUZGADO 32
20. EL SUPREMO CONDENA AL GOBIERNO A PAGAR 26 MILLONES A CANAL SATÉLITE
21. 'EL MUNDO', CONDENADO POR VIOLAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE UN REDACTOR
22. C. A DE MADRID : UN ALTO CARGO DE GALLARDÓN DESTITUYÓ A SU SECRETARIA POR ESTAR EMBARAZADA
23. CASTILLA Y LEÓN: EL HIJO DEL SENADOR MAÑUECO, CULPABLE DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS
24. C. VALENCIANA: SANCIONADO POR INFRACCIÓN ELECTORAL EL CONSEJERO DE BIENESTAR SOCIAL
25. C. VALENCIANA: EL JUEZ INVESTIGARÁ A ALTOS CARGOS DE SANIDAD POR HACER CONTRATOS A DEDO
26. C.A CASTILLA-LA MANCHA : SUÁREZ ILLANA DESATA UNA CRISIS EN EL PP
1. SEIS DE CADA DIEZ HOGARES NO AHORRAN POR LA FUERTE CARGA DE LAS HIPOTECAS
Seis de cada diez hogares, es decir, 8,35 millones de familias , no ahorran nada o prácticamente nada al mes, pese a estar convencidos de que deben ser ellos mismos los que se encarguen de velar por su futuro, porque la pensión de la Seguridad Social no les permitirá mantener su nivel de vida tras la jubilación. Según un estudio publicado por la patronal de Seguros, Unespa, la alta carga de las hipotecas y la escasez de ingresos son las causas principales. Entre los que menos ahorran están los separados, divorciados y las familias numerosas.
Según la encuesta , realizada por el Instituto Gallup, no se ha considerado como ahorro financiero el dinero que los españoles dedican a la compra de vivienda, que es una partida que no deja de crecer año a año. Los responsables de Unespa consideran que esta situación muestra las consecuencias de la política de apoyo fiscal que, en los últimos años, se ha seguido en España para el ahorrador inmobiliario.
La encuesta de Unespa demuestra que sólo el 34,4% de los hogares tienen posibilidad de ahorrar y sólo el 13,4% del total (1,9 millones de familias sobre un total de 14,27 millones) guardan más de la cuarta parte de lo que dedican al consumo. El estudio demuestra que el retrato robot del español con mayor capacidad de ahorro es un varón de entre 24 y 30 años (una edad muy temprana que ha sorprendido a los encuestadores), soltero, sin hijos, con estudios universitarios, vive en ciudades medianas (de 101.000 a 500.000 habitantes), es de clase alta y con ingresos mensuales de 3.500 euros.
Según estas cifras, por cada hogar que ahorra, hay 1,7 familias que no lo hacen. Según el vicepresidente de la Agrupación de Vida y Pensiones de Unespa, Fernando Estévez, los españoles ahorran mucho menos que los europeos y lo hacen en productos muy líquidos, en lugar de en los de previsión a largo plazo. En concreto, sólo el 18% de los ahorros se invierten a largo plazo, mientras que en Holanda esta tasa es del 56%. La media europea está situada en el 30%.
La causa de estos menores ahorros hay que buscarla, según Estévez, "en el hecho de que los gastos de la vivienda duplican o triplican a los que existen en Europa".
Entre los que menos ahorran, según la encuesta, están las personas con menos estudios, "los de clases sociales más humildes (el 53,9% de los ciudadanos de clase baja no ahorra nada) y el 40% de los mayores de 51 años.
Sin embargo, ha surgido un colectivo nuevo en esta encuesta, que no estaba tan claro en la que se hizo en 2001, que son los separados o divorciados. El 75% de ellos no ahorra nada o casi nada, seguido muy de cerca de los viudos. El número de hijos también es un factor clave: entre las familias que tienen tres o más hijos, el 71% no ahorra nada. Hasta el segundo hijo, el 45% de las familias sí dicen poder ahorrar.
Curiosamente, mientras cae el número de familias que guardan parte de sus ingresos aumenta el número (hasta el 75% del total) de los que piensan que el Estado no se hará responsable de su jubilación. Por eso, para el 85% de los encuestados, el principal motivo de ahorrar es garantizar su jubilación.
De este estudio también se deduce que "la familia pierde importancia como célula social, ya que los encuestados afirman que necesitarán ahorros para su vejez, ya que dependerán de una persona asalariada y no de un familiar, como sucede ahora en muchos casos", según Unespa. Las mujeres son más ahorradoras que los hombres.
2. EL PRECIO DE LA VIVIENDA SUBIÓ UN 17,5% EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2003
El precio medio de la vivienda libre construida se situó en 1.349 euros por metro cuadrado en el primer trimestre del año, lo que supone un aumento del 17,5% respecto al mismo periodo del ejercicio precedente y del 4,77% en relación con el último trimestre de 2002, según datos de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), que cita como fuente al Ministerio de Fomento.
Según la AHE, la comunidad autónoma en la que la vivienda es más cara es Madrid, con un precio medio de 2.338 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento del 27,1% respecto al primer trimestre de 2002. El precio de la vivienda en Madrid se ha multiplicado por tres (+205,1%) en los últimos cinco años.
3. EL NÚMERO DE RICOS EN ESPAÑA AUMENTÓ EN 5.000 EL AÑO PASADO
El número de millonarios residentes en España aumentó el año pasado en 5.000 personas, un 4,76%, hasta alcanzar los 110.000 individuos, según un informe sobre la riqueza en el mundo elaborado por Cap Gemini Ernst & Young y Merrill Lynch Banca Privada.
En España vive el 4,23% de las grandes fortunas de Europa, consideradas como tales los patrimonios personales individuales superiores al millón de dólares (854.000 euros) invertidos en activos financieros líquidos, lo que excluye los inmuebles. En Europa hay 2,6 millones de ricos, después de que se incorporasen unas 100.000 personas en 2002. El número total equivale al 35,62% de los 7,3 millones de millonarios que se estima que hay en el mundo. El año 2002 fue el ejercicio que menos aumentó el colectivo en Europa, el 2,1%, desde 1995.
En total, el colectivo de ricos se amplió en 200.000 individuos en todo el mundo, que atesoran 25,9 billones de euros, un 3,6% más que en 2001.
El club de multimillonarios (los que tienen un patrimonio superior a 30 millones de dólares), aumentó un 2% y llegó a las 58.000 personas. Según Merrill Lynch, ante la caída de los mercados, los ricos reaccionaron "con más rapidez" que los demás y "diversificaron sus carteras".
4. LOS INSPECTORES DE HACIENDA DECIDEN EXPULSAR DE SU ASOCIACIÓN A RUIZ GALLUD
La Asociación Profesional de Inspectores de Finanzas del Estado, que agrupa al 90% del colectivo (unos 1.500 funcionarios), ha decidido iniciar el procedimiento para expulsar de su seno a su jefe, el director general de la Agencia Tributaria, Salvador Ruiz Gallud. La asociación acusa a Ruiz Gallud, inspector de Hacienda, de "obstaculizar, de forma reiterada e intencionada, la consecución de los fines básicos de la Asociación a la que pertenece". La Asociación y Ruiz Gallud han mantenido en los últimos meses diversas reuniones para tratar reivindicaciones salariales y de condiciones profesionales sin alcanzar ningún acuerdo. Fuentes de Hacienda destacaron que la dirección general de la Agencia trata de conciliar los intereses de 28.000 funcionarios y calificaron la posición de la junta directiva de la Asiciación de Inspectores de "rupturista".
5. AZNAR SE NIEGA A QUE EL CONGRESO INVESTIGUE EL ACCIDENTE
El Gobierno no permitirá que el Congreso investigue la catástrofe aérea del pasado día 26 en Turquía, en la que murieron 62 militares españoles, y las condiciones en que se fletan los aviones para el transporte de tropas. "Soy partidario de que las investigaciones abiertas en este momento concluyan rápidamente", respondió José María Aznar a la demanda para que se cree una comisión parlamentaria de investigación.
6. EL YAK 42 SINIESTRADO NO TENÍA PERMISO DE LAS AUTORIDADES UCRANIAS PARA VOLAR A KABUL
El avión Yakolev 42 que el pasado día 26 se estrelló en Turquía con 62 militares españoles a bordo carecía de permiso de las autoridades ucranias para volar a Kabul. La investigación preliminar de las autoridades de Ucrania, país en el que estaba matriculado el aparato, ha determinado "infracciones graves de las reglas de certificación de la explotación y de las condiciones de la licencia AA 142830 emitida por la Dirección de Transporte Aéreo el 26-11-2002 relativa a la realización de vuelos hacia y desde la ciudad de Kabul (Afganistán)".
El avión siniestrado, propiedad de la compañía Ukranian Mediterranean Airlines, no pidió permiso para el vuelo a Afganistán y Kirguizistán, donde recogió a los 62 militares españoles, y sólo había presentado solicitud para un vuelo Kharkov (Ucrania)-Madrid-Borsypil (Ucrania). Según la Dirección de Transporte Aéreo de Kiev se han determinado "también infracciones en la información [facilitada por la compañía de vuelos chárter] sobre la ubicación del aparato".
7. EL JEFE DE LAS TROPAS EN KABUL DENUNCIÓ POR DOS VECES LOS VUELOS QUE FLETA DEFENSA
El teniente coronel José Ramón Solar, jefe del contingente español en Afganistán, hizo todo lo que estaba en sus manos por advertir a sus superiores de las irregularidades que rodeaban los vuelos utilizados para transportar tropas. No uno, sino dos informes remitió desde Kabul el teniente coronel denunciando los aviones fletados por Defensa. Además del documento del 14 de enero, Solar remitió un segundo informe el 14 de mayo. Doce días después, el teniente coronel y 61 de sus hombres fallecían al estrellarse en Turquía el Yakolev 42 en el que volvían a España.
8. 67 PERSONAS HAN MUERTO EN 71 ACCIDENTES DE TREN OCURRIDOS DESDE 2001
Los ferrocarriles han sufrido desde 2001 un total de 71 accidentes, incluido el del martes en Chinchilla, en los que 67 personas han fallecido y otras 427 han resultado heridas. La mayoría de los siniestros y de las víctimas mortales se produjeron por el arrollamiento de vehículos en pasos de nivel sin barrera. Renfe tiene contabilizados ocho descarrilamientos, pero sólo se han registrado fallecidos, un total de 21, en los dos de este año del Talgo a Murcia.
El Ministerio de Fomento ha facilitado un listado con los accidentes ferroviarios contabilizados en España en 2001 y 2002. El listado describe 60 siniestros, con 46 muertos y 298 heridos. La mayoría de los accidentes (47) corresponde a "arrollamientos" de vehículos cuando estaban cruzando la vía por un paso a nivel sin barrera. El más grave fue el ocurrido el 3 de enero de 2001 entre Águilas y Lorca, en Murcia, en el que fallecieron 12 inmigrantes ecuatorianos y otros tres resultaron heridos al ser embestida su furgoneta.
En los dos años citados sólo se produjeron cuatro descarrilamientos, en los que no hubo víctimas mortales aunque sí cuatro heridos. El siniestro con mayor número de víctimas (142 heridos y dos muertos) fue provocado por la colisión de dos trenes en Torredembarra (Tarragona), el 30 de marzo de 2002.
Todos los fallecimientos por salidas de los trenes de la vía han ocurrido en 2003: las 19 contabilizadas por ahora en Chinchilla y otras dos que perecieron el 4 de enero en Tobarra, en otro Talgo que también cubría la línea Madrid-Murcia, una vía que, según el Ministerio de Fomento, ha registrado entre octubre de 2002 y marzo de 2003 un total de 1.643 circulaciones de trenes. El resto de los accidentes de este año, hasta completar una decena, fueron descarrilamientos sin muertos, pero con 91 heridos. Las comunidades autónomas con mayor número de accidentes son Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Cataluña.
9. UN ALTO CARGO DEL PP DE MURCIA PIDE MAYOR INVERSIÓN FERROVIARIA
El presidente de la Asamblea de Murcia, Francisco Celdrán, del PP, exigió la modernización de las vías ferroviarias y en particular del tramo que une la localidad albaceteña de Chinchilla a Cartagena. En esa línea de vía única se produjo hace una semana el choque frontal de un Talgo y un mercancías, con un balance de 19 muertos y 30 heridos. El ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, negó que los accidentes puedan atribuirse a la falta de inversión.
10. 153 ACCIDENTES EN LAS OBRAS DEL AVE A MÁLAGA EN SÓLO UN AÑO Y MEDIO
Los accidentes laborales registrados en las obras del AVE entre Córdoba y Málaga en un año y medio y a lo largo de los 21 tramos en los que se divide la vía férrea se elevan a 153. Aunque el 90% de estos accidentes fue de carácter leve, cuatro personas murieron (dos de ellas en el trayecto hasta el trabajo) y nueve sufrieron heridas graves. Córdoba es la provincia en la que más accidentes se han registrado: 89, dos de ellos mortales. En Sevilla se registró otra muerte y una más en la zona de Málaga.
11. EL PARLAMENTO EUROPEO PIDE LA EXTRACCIÓN INMEDIATA DEL FUEL DEL 'PRESTIGE'
La Comisión de Pesca del Parlamento Europeo pidió a las autoridades españolas que procedan de inmediato a la extracción de las 37.500 toneladas de fuel que aún permanece atrapado en las bodegas del Prestige, porque consideran que representa una clara "amenaza" para el medio ambiente marino. La Eurocámara tiene previsto aprobar en la Comisión de Transportes y en la de Medio Ambiente, dos opiniones más en las que se ponen en evidencia la actuación del Gobierno español ante la catástrofe. La idea es de recopilar los tres informes en un solo paquete para su votación en el pleno del mes de septiembre.
La opinión adoptada por la comisión de Pesca es la menos dura. En ella se pone especial énfasis en que los pescadores son los principales afectados por la contaminación marina y por eso insiste en que la recuperación del fuel debe hacerse "lo más rápidamente posible". Se pide también que se dote a los pescadores de medios idóneos para hacer frente a eventuales catástrofes y la creación de zonas pesqueras "sensibles" en las que estará prohibida la navegación de buques potencialmente peligrosos.
12. BLAIR CONFIRMA QUE NO HABRÁ PACTO SOBRE GIBRALTAR SIN RESPALDO DEL PEÑÓN
El primer ministro británico, Tony Blair hace un desaire a José María Aznar al avalar las declaraciones realizadas por su secretario de Estado para Europa, Denis MacShane, en las que consideró imposible lograr un acuerdo sobre Gibraltar antes de 25 o 30 años, comparó la situación del Peñón con la de Ceuta y Melilla y advirtió que no es viable un pacto que carezca del respaldo de los gibraltareños.
La declaración de Blair en la Cámara de los Comunes reabre una polémica que el Gobierno español dio el lunes por enterrada tras hacer pública una nota el Foreign Office reafirmando su voluntad de negociar en el marco del Proceso de Bruselas.
Blair fue interpelado por una diputada conservadora durante su comparecencia semanal en los Comunes. La diputada le preguntó si MacShane "ha hablado en nombre del Gobierno al decir que las perspectivas de un acuerdo con España sobre la soberanía de Gibraltar son prácticamente nulas". El primer ministro le respondió que, "desde luego, estaba hablando en nombre del Gobierno".
"Dicho eso", matizó, "lo que no puede haber es un acuerdo sin el consentimiento de la población de Gibraltar". "Siempre lo hemos dicho con toda claridad. Ésa sigue siendo nuestra posición. Él lo ha dicho y yo lo digo también", insistió.
13. ATIME PIDE A INTERIOR QUE INVESTIGUE LAS MUERTES DE INMIGRANTES EN CANARIAS
La Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME) solicitó al Ministerio del Interior y al defensor del pueblo, Enrique Múgica, que investiguen las más de 30 muertes de inmigrantes llegados en pateras a las costas canarias.
En un comunicado, ATIME lamenta profundamente estos ahogamientos "y en las mismas circunstancias (cuando las pateras son abordadas por las patrulleras de la Guardia Civil)".
La organización de inmigrantes marroquíes manifiesta, además, su "perplejidad por la similitud y reiteración de estos accidentes, graves y perfectamente evitables".
ATIME señala que de la investigación de Interior se debe depurar responsabilidades y tomar las medidas necesarias para evitar nuevas muertes. La asociación señala, además, que la investigación paralela de Múgica debe contribuir a evitar en el futuro situaciones similares, "puesto que si la inmigración a través de pateras es un hecho inevitable en las circunstancias actuales, la muerte de seres humanos en las costas españolas sí lo es, si se toman las medidas necesarias para lograrlo".
14. EL 81% DE LOS INMIGRANTES ESTUDIA EN CENTROS PÚBLICOS
El 81% de los alumnos inmigrantes (162.958) está escolarizado en centros públicos y sólo el 19% (38.560) en privados, según los últimos datos, del curso 2001-2002, que hizo públicos la ministra de Educación, Pilar del Castillo, en el Senado. Respondía a una pregunta sobre la distribución de inmigrantes en los colegios, tras la publicación de un informe del Defensor del Pueblo en el que se critica el desigual reparto de estos estudiantes entre la red pública y la concertada.
El mayor porcentaje de alumnos en centros privados está en el País Vasco (34%) y Cantabria (31,6%) y el menor en Extremadura (4,8%) y Murcia (9,5%). Al analizar estos resultados hay que tener presente que, por ejemplo, en Extremadura, hay pocas escuelas concertadas, y en el País Vasco representan la mitad del sistema.
Los rectores de las universidades acordaron pedir al Gobierno "una reflexión más profunda y un debate abierto a todos los sectores implicados en la educación superior, y teniendo en cuenta lo que planea el resto de los países de la UE, antes de reformar las titulaciones". La Asamblea de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), en la que están presentes los máximos responsables de 67 de las 70 universidades públicas y privadas españolas, se reunió en Madrid para debatir la integración del sistema universitario español al espacio europeo, cuestión en la que está trabajando una comisión de la CRUE. Los rectores apostaron además por crear "flexibilidad" y no rigidez en la nueva estructura de las titulaciones.
Tras la presentación la pasada semana de un proyecto de real decreto por parte del Gobierno con el que se establece la estructura futura de las titulaciones, las universidades han manifestado que es necesario "más tiempo para tomar decisiones", según explicó tras la reunión el presidente de la CRUE, Ignacio Berdugo. Entre esos cambios figuran la desaparición de las diplomaturas, las ingenierías técnicas y la arquitectura técnica, así como que la duración de las futuras carreras será de cuatro años, y excepcionalmente de tres, y que el Gobierno pasará a determinar, previa consulta al Consejo de Coordinación Universitaria, como mínimo el 70% de los contenidos de las carreras (en la actualidad fija el 30%).
Según el presidente de los rectores, la mayoría de los países de la UE aún no ha tomado decisiones definitivas sobre aspectos como la duración futura de las titulaciones, aunque "la inmensa mayoría se inclina por que las licenciaturas consten de tres años y excepcionalmente de cuatro".
Las universidades también acordaron presentar una petición al ministro de Justicia, José María Michavila, y la ministra de Educación, Pilar del Castillo, para que el PP no siga adelante con la reforma del acceso a la abogacía. Los rectores consideran "inadecuado" modificar el acceso a la abogacía en el contexto actual de cambios en todas las titulaciones
16. PIQUÉ ADMITE QUE EL GOBIERNO NO HA SABIDO IMPULSAR EL PLAN INFO XXI
El plan Info XXI presentado por el presidente del Gobierno, José María Aznar, en enero de 2001 que se asentaba en un presupuesto de 5.000 millones de euros durante tres años. No ha cumplido sus objetivos. El ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, admitió que se ha visto lastrado por un "insuficiente liderazgo" político y anunció su intención de presentar este mes un nuevo marco en el que estén definidos tanto los recursos presupuestarios como los responsables políticos que lo ejecutarán. Muestra del fracaso del Info XXI es el porcentaje de hogares españoles conectados a Internet: el 30%, frente al 40% de la media europea.
Asimismo Piqué reconoció que el 54% de los hogares españoles carece de ordenador y atribuyó este retraso a que los ciudadanos no han percibido las ventajas de las tecnologías de la información. El precio, no es, en su opinión, una barrera.
17. LA FISCALÍA COMUNICA AL JEFE ANTICORRUPCIÓN Y AL INSPECTOR FISCAL QUE NO SERÁN RENOVADOS
El Inspector Fiscal, Juan José Martínez Zato, y el fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, no serán renovados en sus respectivos cargos, según les ha hecho saber ya la Fiscalía General del Estado. En la renovación de las jefaturas de la carrera fiscal se da por descontado el cese de Mariano Fernández Bermejo como jefe de Madrid y el cambio del jefe de la Secretaría Técnica, Fernando Herrero Tejedor. El Ministerio de Justicia está encontrando dificultades para cubrir las plazas de Anticorrupción y la de Madrid, en tanto que puede haber overbooking de candidatos a la Inspección.
El Inspector Fiscal, Juan José Martínez Zato, pedirá una de las tres nuevas plazas de fiscal de Sala creadas por real-decreto que aprobará en el Consejo de Ministros del viernes y que informado favorablemente por el Consejo Fiscal. Se trata de tres plazas creadas ex profeso para acomodar a los fiscales depurados o removidos de sus puestos o atraer a otros con los que Justicia desea contar.
18. JUECES Y FISCALES PROGRESISTAS DENUNCIAN EL DETERIORO DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES EN ESPAÑA
Más de 200 jueces y fiscales progresistas debaten en Castellón el actual estado de la justicia en nuestro el país. Los asistentes a este encuentro consideran que el Ejecutivo de José María Aznar se ha apropiado de la administración de justicia y la utiliza en su propio beneficio.
El objetivo de la reunión es analizar cuestiones como el nuevo régimen de la prisión provisional, el tratamiento penitenciario, la eficacia de los juicios rápidos y el sometimiento a la legalidad internacional de la intervención de España en la guerra de Irak.
El programa del encuentro, que se celebra bajo el lema "Crisis de la legalidad democrática. La fuerza de los derechos", incluye un análisis sobre la situación actual del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia y el estudio de las últimas reformas legislativas y de lo que JpD y UPF denominan "crisis del derecho internacional y constitucional de la guerra".
19. LA AUDIENCIA ADMITE LA QUERELLA CONTRA ALIERTA QUE ARCHIVÓ EL JUZGADO 32
La sección sexta de la Audiencia Provincial de Madrid dictó, el pasado viernes 6 de junio, un auto por el que ha admitido a trámite una querella por presunto uso de información privilegiada que habrían cometido César Alierta, su esposa, Ana Cristina Placer, y su sobrino, Luis Javier Placer, con acciones de Tabacalera en 1997 y 1998. En esa época, Alierta, que hoy preside Telefónica, era presidente de Tabacalera.
El auto estima un recurso elevado por los querellantes -la Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Generales de Banca y Bolsa (AUGE)- contra la decisión del titular del juzgado número 32 de Madrid, Juan Luis Rodríguez Pons, de desestimar la querella el pasado 17 de febrero. Dicho recurso fue apoyado por la Fiscalía Anticorrupción.
El tema jurídico en cuestión es, según el auto de la Audiencia, que el juez realizó diligencias antes de resolver sobre la admisión a trámite y luego decidió que no se reunían los tipos del delito de información privilegiada contemplado por el artículo 285 del Código Penal, por lo que desestimó la querella.
La Audiencia sostiene que el juez debía haber admitido la querella y resolver como resultado de ella si se sobreseía o abría juicio oral, porque los hechos "resultan en principio subsumibles en el tipo delictivo descrito en el artículo 285 del Código Penal en el que se castiga la conducta de quien de forma directa o por persona interpuesta usa de alguna información relevante para la cotización de cualquier clase de valores o instrumentos negociados en algún mercado organizado, oficial o reconocido, a la que haya tenido acceso reservado con ocasión del ejercicio de su actividad profesional".
El auto recuerda que, según la querella, el beneficio de la operación realizada por Alierta (compraventa de acciones de Tabacalera en 1997-98) fue de 301 millones de pesetas.
La Audiencia mantiene la decisión del juez Rodríguez Pons de rechazar la imputación de un presunto delito de prevaricación de funcionario público que la querella hacía recaer en Antonio Alonso Ureba, ex jefe de la asesoría jurídica de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y actual secretario del consejo de Telefónica.
El juez tendrá ahora que realizar las diligencias que le soliciten los querellantes y la Fiscalía y resolver en consecuencia.
20. EL SUPREMO CONDENA AL GOBIERNO A PAGAR 26 MILLONES A CANAL SATÉLITE
La Sala Tercera del Tribunal Supremo condenó a la Administración a indemnizar con 26,4 millones de euros, más de 4.400 millones de pesetas, a Canal Satélite Digital por los clientes perdidos y el retraso en las contrataciones causados por un real decreto promulgado para obstaculizar el funcionamiento de la plataforma. El Supremo recoge el dictamen de la Comisión Europea y el Tribunal de Estrasburgo sobre el asunto y concluye que el decreto creó "una situación de incertidumbre jurídica que influyó en la actitud de los grandes centros comerciales", que interrumpieron su comercialización.
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado José Manuel Sieira, considera que el decreto 1/97 del Gobierno vulneró el ordenamiento comunitario europeo, concretamente la libertad de circulación de mercancías y la libertad de prestación de servicios. La sentencia sigue la doctrina contenida en una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, recaída en una cuestión prejudicial elevada por el Supremo a Luxemburgo, y el contenido de un informe y un dictamen de la Comisión Europea sobre el mismo asunto.
Del examen de la sentencia de Luxemburgo, el Supremo concluye que "sin lugar a dudas", el real decreto 1/97 es contrario al derecho comunitario y vulneró la libertad de circulación de mercancías y la libre prestación de servicios. Por eso, el real decreto tuvo que ser modificado por otro posterior, el 16/97, de modo que quedaron derogados los preceptos que imponían un determinado sistema de acceso condicional y obligaban a dejar "inoperantes" los descodificadores ya instalados.
21. 'EL MUNDO', CONDENADO POR VIOLAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE UN REDACTOR
El juez de lo Social 11 de Madrid, Segismundo Crespo Valera, ha condenado a Unidad Editorial (Unedisa), editora de El Mundo, a indemnizar al redactor jefe de cierre Francisco Frechoso con 11.990 euros (unos dos millones de pesetas), por haber vulnerado su derecho fundamental a la libertad de expresión, al haberle prohibido participar en una tertulia de Tele5 de la que era colaborador habitual. La sentencia considera radicalmente nula la decisión de Unedisa, por lo que ordena a la empresa el cese en su comportamiento y que reponga al redactor en la situación anterior a la prohibición.
La sentencia del juez Segismundo Crespo, - quien fue antiguo delegado del Gobierno socialista en Madrid-, declara probado que durante una de las tertulias de La Mirada Crítica, en Tele5, Frechoso criticó la salida a la calle de algunos periódicos el día de la huelga general del 20 de junio de 2002 y en concreto, se quejó "del divorcio que se ha demostrado entre las direcciones de los periódico y sus redacciones" y que El Mundo seguía "desinformando sobre la incidencia que tuvo la huelga en la redacción", y no se dijo que "el 90% de la redacción de El Mundo se sumó a la huelga." En otro momento, manifestó que, como trabajador de El Mundo se sentía "avergonzado" de que el periódico en el que trabaja hubiese tenido que salir en furgones de la Policía.
Un mes después, el 22 de julio, la dirección de El Mundo ordenó pedir permiso a sus redactores para colaborar en otros medios de comunicación. Según la sentencia, no consta que tal permiso se solicitara por ningún periodista salvo por Frechoso. Pero la autorización le fue denegada "considerando que no sería beneficioso para los intereses del periódico".
El 17 de octubre siguiente, en una reunión del comité de empresa con el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, éste explicó los motivos de limitar las colaboraciones externas de los redactores y en relación con la de Frechoso, reconoció que "no iba a dar facilidades a aquellos que se dedicaban a criticar las decisiones del periódico en unos medios en los que colaboran gracias a su condición de periodistas de El Mundo. Que eso era un contrasentido".
Frechoso dejó de colaborar en La Mirada Crítica. A los demás participantes en tertulias se les redujo su participación, pero "se desconoce otro caso, que no sea el de Frechoso, que participando en una sola tertulia, se le haya denegado permiso para colaborar en ella". Según el juez Crespo Valera "no deja de sorprender" que la empresa "no haya aportado prueba alguna de la autorización por escrito al resto de los tertulianos procedentes de El Mundo, a pesar de que siguen participando en programas de otros medios de comunicación". "Sólo queda acreditada la negativa expresa y por escrito al demandante", añade la sentencia.
El juez concluye que la negativa a Frechoso respondió "realmente y como motivación oculta" a las fuertes críticas vertidas por el redactor, y la ausencia de prueba empresarial determina la existencia de lesión del derecho fundamental a expresar y difundir libremente sus opiniones, pensamientos e ideas.
22. C. A DE MADRID : UN ALTO CARGO DE GALLARDÓN DESTITUYÓ A SU SECRETARIA POR ESTAR EMBARAZADA
El Tribunal Constitucional ha declarado en una sentencia que Jesús Pedroche, presidente en funciones de la Asamblea de Madrid y concejal electo por la candidatura de Alberto Ruiz-Gallardón, discriminó a su jefa de secretaría y la destituyó en el cargo por estar embarazada cuando él era consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid en 1995. Socio numerario del Opus Dei, Pedroche tuvo como secretaria a Ana Isabel Guitart Huerta en diversos destinos, hasta que, a mediados de septiembre de 1995, la mujer, separada, le comunicó que se encontraba embarazada. A partir de entonces, Pedroche dejó de dirigirle la palabra y la destituyó a los pocos días.
El Constitucional afirma que la destitución de Ana Isabel Guitart Huerta por el entonces consejero de Presidencia se produjo "no por motivos profesionales, sino exclusivamente como consecuencia de que la recurrente había quedado embarazada", lo que revela "un comportamiento discriminatorio por razón de sexo contrario al artículo 14 de la Constitución Española, que debe ser corregido por este Tribunal". El Constitucional otorga el amparo solicitado por Ana Guitart, reconoce su derecho a no ser discriminada por razón de sexo y anula la orden de cese del consejero de Presidencia de la CAM de 6 de octubre de 1995.
Ana Isabel Guitart alegó que su destitución se produjo como represalia por haber quedado embarazada, y, por tanto, por razones discriminatorias. La recurrente llevaba colaborando estrechamente con Pedroche, y siempre a satisfacción de éste, desde septiembre de 1993.
Pedroche había solicitado sucesivamente sus servicios como secretaria primero en el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; más tarde, desde febrero de 1995 y hasta el 30 de junio del mismo año, en el mismo grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid y finalmente, desde el 1 de junio de 1995 y hasta la fecha de su cese, como jefa de Secretaría del Consejero de Presidencia.
Según Ana Guitart, la estrecha relación de confianza con Pedroche quedó "brusca e inesperadamente interrumpida" a partir del momento en que le comunicó su embarazo. Días después, a finales de septiembre de 1995, Pedroche le anunció su intención de prescindir de sus servicios y la cesó el 6 de octubre. La secretaria pidió explicaciones y Pedroche se limitó a contestarle: "Te acompaño con mi carta la notificación de la orden de cese, que en su día se remitió por error a nuestra secretaría, donde tú prestabas tus servicios".
El Constitucional considera probados estos hechos, en los que aprecia una relación de causa-efecto entre el embarazo y el cese, lo que obliga a la Administración a probar que la decisión no obedeció a razones discriminatorias.
Por su parte Pedroche, una vez conocida la sentencia anunció su renuncia al acta de edil del Consistorio.
23. CASTILLA Y LEÓN: EL HIJO DEL SENADOR MAÑUECO, CULPABLE DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS
Juan Pablo Mañueco, hijo del senador del PP y ex presidente de la Diputación de Palencia Jesús Mañueco, fue hallado culpable de un delito de tráfico de influencias por un jurado popular. El jurado concluyó que el acusado se valió de la condición de su padre en abril de 2000 para presionar al gerente del hotel Castillo de Monzón -de propiedad de la Diputación-, José María Díez, para que contratara a su esposa. El fiscal pide una pena de nueve meses de prisión para Mañueco, mientras que la acusación particular elevó su petición a un año de cárcel y a indemnizar a Díez con 4.567 euros. La defensa, por su parte, señaló que se reserva el derecho de presentar recurso tras la publicación de la sentencia.
De los nueve miembros del jurado, siete votaron a favor de que Juan Pablo Mañueco cumpla la pena de prisión que le sea impuesta, a pesar de carecer de antecedentes penales, y decidieron, en este caso por unanimidad, "que no haya lugar al indulto".
El jurado también considera que la rebaja efectuada por el empresario en el precio del banquete de bodas de Juan Pablo Mañueco y el hecho de que éste gestionara las cuentas de Díez no se hizo por una cuestión de amistad, "sino por intereses".
24. C. VALENCIANA: SANCIONADO POR INFRACCIÓN ELECTORAL EL CONSEJERO DE BIENESTAR SOCIAL DE VALENCIA
La Junta Electoral de la Comunidad Valenciana acuerda sancionar por infracción electoral al consejero de Bienestar Social de la Generalitat valenciana, Rafael Blasco. La sanción, por importe de 450 euros, se produce tras la resolución del expediente abierto el pasado 16 de mayo contra Blasco como supuesto responsable de la distribución del libro 150 razones sociales, que la propia Junta Electoral autonómica, días antes, había prohibido repartir.
El libro 150 razones sociales fue editado por la propia Consejería de Bienestar Social para comparar los logros de los ocho años de gestión del Partido Popular en la Comunidad Valenciana con lo realizado por anteriores Gobiernos socialistas.
La resolución de la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana señala que el consejero es responsable "tanto de la entrega de los ejemplares del libro al Partido Popular, como de la distribución que del mismo se hizo" en un acto electoral de este partido y "consistió la distribución del libro sufragado con fondos públicos y del que se hizo un uso partidista".
25. C. VALENCIANA: EL JUEZ INVESTIGARÁ A ALTOS CARGOS DE SANIDAD POR HACER CONTRATOS A DEDO
El juez ha admitido a trámite una denuncia por prevaricación presentada por Comisiones Obreras (CCOO) contra altos cargos de la Consejería de Sanidad por contratar fuera de la bolsa de trabajo hasta en el 63,9% de los casos, según el sindicato. CC OO acusa en la querella a José Cano Pascual, director general de Recursos Humanos, a Daniel Pablo Comeche, director Territorial de Valencia, y a los directores de centros sanitarios Manuel Montánchez, Vicente Gil Suay, Mario Gresa, Eugenio Tejerina y José Luis Ibáñez, estos últimos por firmar los contratos pese a ser por competencia delegada.
La secretaria general de la Federación de Sanidad de CCOO-PV, Tere Conca, señaló que la admisión a trámite "muestra que estamos ante un escándalo innegable". Conca dijo que "pese a las múltiples peticiones, denuncias y sentencias judiciales ganadas por el sindicato, la Administración ha hecho caso omiso" a las solicitudes del sindicato de que Sanidad se ciñera a la bolsa de trabajo a la hora de realizar contratos "dando lugar a la lastimosa situación en que hoy nos encontramos". Esta querella es una de las 13 que el sindicato ha puesto para denunciar que 14.859 contratos de un total de 22.195 realizados en la Comunidad Valenciana por Sanidad fueron a dedo.
26. C.A CASTILLA-LA MANCHA : SUÁREZ ILLANA DESATA UNA CRISIS EN EL PP
La crisis en el PP de Castilla-La Mancha se precipita tres semanas después de su debacle electoral. Adolfo Suárez Illana, el candidato fracasado a la presidencia regional, quiere continuar liderando el proyecto popular en esta comunidad autónoma después de que el presidente del Gobierno, José María Aznar, respondiera con un no a su intención de controlar "todo" el poder dentro del partido. La negativa de Aznar a que Suárez Illana se haga con la presidencia regional del PP, en manos del alcalde de Toledo, José Manuel Molina, de los pocos que ha mantenido las siglas del partido en el mapa electoral de Castilla-La Mancha, puede desembocar en la salida del que se presentó como la opción más segura del PP para ganar en Castilla-La Mancha. Según fuentes del PP en esta comunidad, Suárez Illana quería el control absoluto del partido, que pasaba no sólo por la presidencia regional sino también por realizar cambios en las presidencias provinciales.
NOSOTROS VAMOS A POR MÁS Y TU?