Partes de Guerra centristas
Semana del 1 al 7 de Febrero 2003
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SOBRE EL BUQUE FANTASMA PRESTIGE, ACUÉRDATE DE VISITAR EL ESPECIAL
1. LA ECONOMÍA SÓLO CRECE UN 2% EN 2002. DICEN LOS DESAFECTOS QUE ES EL PEOR DATO EN NUEVE AÑOS
2. EL PARO ENTRE LOS OCIOSOS NO CENTRISTAS AUMENTÓ SU DIFERENCIA CON LA MEDIA EUROPEA EN 2002 Y QUE?
3. EL PARO SUBE EN 54.229 PERSONAS Y ALCANZA LA CIFRA MÁS ELEVADA DESDE MARZO DE 1999
4. LOS DESPIDOS COLECTIVOS AUTORIZADOS POR EL MINISTERIO DE TRABAJO CRECIERON UN 15,6%
6. NUESTRO EMPRESARIO EN EXCEDENCIA RODRI $ RATO SE INHIBE EN EL 'CASO BANESTO'
7. LA LEY DE MONTES RECIBE UNA LLUVIA DE CRÍTICAS, SALVO DEL SECTOR AMIGO PAPELERO
8. LAS VENTAS DE COCHES INICIAN EL AÑO CON UNA FUERTE CAÍDA DE CASI EL 6%
9. DICEN QUE LA LOCOMOTORA TURÍSTICA NO CARBURA
11. LA DELINCUENCIA EN LOS PUEBLOS SUBIÓ UN 3,55%, CON 577.000 INFRACCIONES
13. LOS TRIBUNALES AUTONÓMICOS ALERTAN SOBRE LA FALTA DE MEDIOS ANTE LAS REFORMAS
5. LA DICHOSA GALA DE LOS PREMIOS GOYA (VARIAS)17. LOS TRABAJADORES DE TVE-BALEARES DENUNCIAN CENSURA INFORMATIVA EN EL 'CASO FORMENTERA' Y QUE?
19. TVE PAGÓ UN SOBREPRECIO POR LA COMPRA DE PELÍCULAS A LOS INTERMEDIARIOS SIVSA Y DRIMTIM
20. ESPAÑA NO ALCANZA LA MEDIA DE LA OCDE EN EDUCACIÓN Y GASTO SOCIAL
21. EDU $ ZAPLANA DIO UN CONTRATO A LA EMPRESA DEL EX PORTAVOZ DEL GOBIERNO
22. CASO PIQUE: ERCROS "AJUSTÓ" SUS CUENTAS TRES AÑOS PARA NO DEVOLVER UN CRÉDITO AL ICO
23. CASO BITEL: LA AUDIENCIA REABRE EL SUMARIO
26. COMUNIDAD VALENCIANA: NUEVOS CASOS DE CONTRATOS DE FAMILIARES Y ALLEGADOS VARIOS
1. LA ECONOMÍA SÓLO CRECE UN 2% EN 2002. DICEN LOS DESAFECTOS QUE ES EL PEOR DATO EN NUEVE AÑOS
La economía cerró 2002 con un crecimiento del 2%, siete décimas menos que un año antes y en el nivel más bajo desde 1993 (cayó entonces el 1%), según estimaciones del Banco de España. Este resultado se aleja de la previsión con que el Gobierno elaboró los Presupuestos de 2002 (2,9%) y es dos décimas inferior a la revisión posterior (2,2%). La tendencia es a la desaceleración, sin que el Banco de España se atreva a dar por seguro un pronto despegue. La incertidumbre internacional es el principal freno exterior, al que se añade la inflación, la caída de la renta familiar y el endeudamiento de las empresas como lastre para iniciar la recuperación.
Según el Banco de España la recuperación no está a la vista y únicamente se indica que la "suave" tendencia a la desaceleración "parece haber remitido" en la parte final del ejercicio. Un año que se cierra plagado de incertidumbres; desde la pesadilla de la guerra hasta la falta de impulso en Estados Unidos y la decadencia de las principales economías europeas.
En estas condiciones, la economía creció de media el pasado año un "modesto, pero sostenido 2%", dice el Banco de España en el Boletín Económico de enero. Es un resultado que deberá ser confirmado en unos días por el Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que normalmente sucede con exactitud. La tendencia es a la baja, desde el 2,7% de 2001, y supone certificar otro error en las previsiones oficiales, como ha sucedido con la inflación. Desde la recesión de 1993, el crecimiento no había sido tan débil, aunque sin destruir empleo (un 1,3% más en el año).
En el cuarto trimestre del pasado año, los resultados son contradictorios. El crecimiento respecto del mismo periodo del año anterior ha sido del 2,1%, cuando en el tercer trimestre el ritmo fue del 1,8%. Pero si se comparan los dos últimos trimestres (el cuarto sobre el tercero), el crecimiento ha sido del 0,3%, frente al 0,8% del periodo anterior. Este último indicador es el que mejor permite anticipar la tendencia futura.
2. EL PARO ENTRE LOS OCIOSOS NO CENTRISTAS AUMENTÓ SU DIFERENCIA CON LA MEDIA EUROPEA EN 2002 Y QUE?
España cerró el año con el mayor incremento en la tasa de desempleo entre el conjunto de países de la Unión Europea y de la zona euro, a unas décimas de Portugal. El índice de paro español pasó del 10,7%, registrado en diciembre de 2001, al 12% un año más tarde, según datos publicados por la oficina europea de estadística (Eurostat). En ese mismo periodo, el desempleo en la zona euro y en el conjunto de la Unión Europea creció cuatro décimas.
El número total de parados en la UE se cuantifica hoy en 13,8 millones de personas (el 7,8% de la población activa), 11,9 millones en los 12 países que integran la moneda única, lo que representa un 8,5%. En todo el año, en 11 de esos 12 países se registraron incrementos del desempleo. Las subidas relativas más importantes fueron las de Portugal (de un 4,2% a un 5,8%), España (de un 10,7% a un 12%) y Luxemburgo (de un 2,1% a un 2,7%), mientras que Finlandia se redujo dos décimas.
No es ninguna novedad, ni tampoco una sorpresa, decir que España es de lejos el país con mayor índice de desempleo de la UE. En diciembre, la tasa de paro subió una décima, hasta situarse en el 12%. Le siguen, a tres puntos, Finlandia (9%) y Francia (8,9%). Los tres países fueron los únicos que superaron la media de la zona euro, que se mantuvo estable en el 8,5% por segundo mes consecutivo, después de subir una décima entre octubre y noviembre. En la UE, el paro subió una décima en el último mes del año, para situarse en el 7,8%.
La crisis económica está en el origen de esta evolución al alza del paro en la UE durante 2002, lo que también está provocando un incremento mucho menor del previsto en la creación de nuevos puestos de trabajo, que dificulta que se alcance el objetivo del pleno empleo acordado en la cumbre de Lisboa, en marzo de 2000, cuando la economía estaba boyante. Las perspectivas para 2003 no son mejores. La Comisión Europea prevé que continúe el deterioro observado el año pasado durante todo este ejercicio y hasta 2004.
España es también el país con la mayor tasa de desempleo entre los jóvenes menores de 25 años, con el 22,2%, y entre las mujeres, con el 17,3%. Estas cifras superan con mucho las del paro juvenil y femenino en la zona euro, 16,3% y 9,9%, respectivamente, y más aún las del conjunto de la UE (15,1% y 8,8%).
3. EL PARO SUBE EN 54.229 PERSONAS Y ALCANZA LA CIFRA MÁS ELEVADA DESDE MARZO DE 1999
El paro subió en enero por sexto mes consecutivo. El registro de desocupados del Inem aumentó el pasado mes en 54.229 personas y la cifra total se elevó hasta 1.742.297 desocupados, la más alta desde marzo de 1999. La tasa sobre población activa se situó en el 9,44%, la peor desde abril de 2002.
El registro de parados ha vuelto a los niveles de hace casi cuatro años y refleja el impacto de la desaceleración económica. La crisis ha provocado una acusada subida en la curva del paro, que alcanzó su punto más bajo en julio de 2001, con 1.451.461 desocupados. Desde entonces, hasta enero pasado, se ha producido un aumento de 290.836 parados y la cifra total ha llegado hasta 1.742.297 personas.
En los últimos 12 meses, el incremento ha sido de 90.569 desempleados (5,48%), según las cifras publicadas por el Ministerio de Trabajo. El alza de enero en 54.229 es, no obstante, inferior al que se produjo en el mismo mes de los últimos cuatro años, aunque supera la cifra media (47.296) en ese periodo de los últimos 10 años.
En todos los sectores productivos se registra un aumento del paro, con la excepción de la construcción, donde baja en 7.716 desocupados (3,87%). Ese dato, tras las subidas de noviembre y diciembre pasados y otros cinco meses de 2002, refleja una cierta confianza en la recuperación de la economía.
En los servicios, donde influye el periodo de baja actividad estacional del turismo, hay un alza de 54.943 desempleados (4,72%); en el colectivo sin empleo anterior, de 4.651 (1,98%); en la agricultura, de 1.802 (4,72%), y en la industria, de 549 (0,20%).
El desempleo entre las mujeres es el que experimenta la mayor subida con 46.143 paradas más (4,73%) y la cifra total llega a 1.021.649. En el desempleo masculino hay un alza de 8.086 desocupados (1,13%), hasta 720.648. Con ello, la tasa de paro entre las mujeres es más de dos veces superior a la de los hombres y se sitúa en el 13,89% (14,03% en el primer mes de 2002). El índice de paro entre los hombres queda en el 6,49% (6,14%, 12 meses antes).
Todas las comunidades registran un aumento del paro, salvo Baleares con una leve bajada de 392 personas. Los mayores incrementos corresponden a Madrid (7.975 personas), Comunidad Valenciana (7.215), Castilla y León (6.300), Canarias (5.764), Asturias (4.210) y Galicia (4.164).
Las cifras de contratación visada por el Inem reflejan un récord histórico en los meses de enero, con 1.355.698 contratos, y un incremento del 6,75% sobre ese mes de 2002. También se ha alcanzado la mayor cifra mensual en contratación indefinida de la serie histórica, con 121.355 contratos fijos, y un alza del 10% sobre igual mes del año pasado. Esa cifra representa un 8,95% de todos los contratos efectuados.
4. LOS DESPIDOS COLECTIVOS AUTORIZADOS POR EL MINISTERIO DE TRABAJO CRECIERON UN 15,6%
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales autorizó 2.543 expedientes de extinción de empleo en los 11 primeros meses de 2002, lo que supone un incremento del 15,6% en relación al mismo periodo del año anterior.
Dichos expedientes supusieron la supresión de empleo de 35.169 trabajadores, lo que representa un 1,6% más que de enero a noviembre de 2001, según datos del Boletín de Estadísticas Laborales. En total, el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados ascendió a 63.159 entre enero y noviembre de 2002, lo que supone un 38,4% menos que en el mismo periodo del año anterior.
Entre enero y noviembre del pasado año, las autoridades laborales autorizaron 3.962 expedientes, un 6,2% menos. De entre todos ellos, 3.136 fueron pactados con los representantes de los trabajadores (un 7,3% más que en el mismo periodo anterior) y 826 no pactados (el 36,5% menos).
La mayoría de los trabajadores afectados por los ERE hasta noviembre fueron de extinción (35.169) y suspensión temporal de empleo (26.760), frente a los de reducción de jornada (1.230). No obstante, se autorizaron bastantes más expedientes de extinción (2.543) que de suspensión temporal (1.336) y de reducción de jornada (83).
Las familias no dejan de endeudarse, pese a que su nivel de riqueza ha disminuido considerablemente en el último año. El informe trimestral del Banco de España analiza esta circunstancia, que atribuye principalmente a la escalada de los precios de la vivienda y a la caída de la Bolsa, dos de los principales destinos del ahorro familiar. Con estas premisas, el ahorro de los hogares descendió hasta niveles muy bajos, equivalentes al 0,1% del producto interior bruto (PIB).
Los créditos para adquirir una vivienda crecieron a un ritmo del 18,1% en el tercer trimestre del año y los datos aún provisionales del último tramo del año no apuntan a una desaceleración. Esta evolución positiva en los créditos para comprar inmuebles compensó la caída de los créditos solicitados para otros fines, como la adquisición de bienes corrientes y duraderos.El Banco de España explica que el mercado de la vivienda prosigue la fase de crecimiento de precios iniciada en 1997 sin que se aprecien signos de agotamiento. Y el índice general de la Bolsa de Madrid cayó un 20,3% en el tercer trimestre y un 30% hasta septiembre.
En este contexto, la riqueza financiera de los hogares experimentó un deterioro acumulado en todo el año equivalente al 10% del PIB. Sólo los bajos tipos de interés impidieron que el alto nivel de endeudamiento se tradujera en una mayor carga financiera para las familias. El ahorro acumulado en los cuatro trimestres de 2002 se situó en el 0,5% del PIB, frente al 0,8% del trimestre anterior.
Al empobrecimiento de los hogares ha contribuido también el crecimiento del paro en el último año (un 14,78% más en el tercer trimestre, según el último dato conocido de la Encuesta de Población Activa) y la peor evolución del empleo. No obstante, el Banco de España califica de "alentador" el hecho de que el empleo haya crecido más del 1% entre septiembre y diciembre.
El endeudamiento de las empresas no financieras también se incrementó en el tercer trimestre, aunque a niveles inferiores a los de los hogares
6. NUESTRO EMPRESARIO EN EXCEDENCIA RODRI $ RATO SE INHIBE EN EL 'CASO BANESTO'
El ministro de Hacienda, Cristóbal Tontoro, será el encargado de resolver el expediente sancionador contra el ex presidente de Banesto, Mario Conde, sus antiguos administradores y la propia entidad, formulado por el Banco de España. El vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, se ha inhibido en este proceso.
La inhibición de Rodrigo Rato en este expediente aparece publicada esta semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y obedece a razones de parentesco con uno de los antiguos miembros de la comisión ejecutiva de Banesto, para el que el Banco de España propone una sanción. El consejero aludido es Vicente Figaredo, primo de Rodrigo Rato Figaredo, para el que el Banco de España solicita una inhabilitación de seis años y una multa de 72.121 euros.
El expediente, que ha elevado el Banco de España, propone tres sanciones por faltas muy graves al ex presidente de Banesto Mario Conde y a los consejeros delegados Juan Belloso y Enrique Lasarte, con inhabilitación para ejercer cargos bancarios y financieros de 20 años para el primero y de 10 años para los otros dos. Además, propone una multa de 240.405 euros para Conde, de 144.243 euros para Lasarte y de 126.212 euros para Belloso, así como 120.202 euros para el propio banco Banesto.
7. LA LEY DE MONTES RECIBE UNA LLUVIA DE CRÍTICAS, SALVO DEL SECTOR AMIGO PAPELERO
A pesar del plazo extremadamente corto que el Ministerio de Medio Ambiente ha concedido para presentar alegaciones al proyecto de Ley de Montes, el sector forestal, las comunidades autónomas y los ayuntamientos se han entregado a fondo en sus respuestas. La lluvia de alegaciones, también desde autonomías del Partido Popular, es mayoritariamente contraria al proyecto y no siempre por los mismos motivos.
El País Vasco, Cataluña y Baleares ya han expresado su disconformidad por invadir competencias propias. El Ejecutivo vasco recuerda que las diputaciones forales tienen plenas competencias fiscales y que, por ejemplo ante los incentivos que ofrecen las normas fiscales, presentarán recurso ante el Tribunal Constitucional.
Al margen de las disputas competenciales (ocho autonomías cuentan con ley propia), la crítica mayoritaria al proyecto de ley que volverá a reiterarse en el Consejo rechaza el concepto "productivista" que destila su texto, reflejo de una cultura forestal caducada. Prueba de ello es que sólo el sector papelero (Aspapel) celebra el texto, aunque lamenta que no recoja la función económica y productiva que ejerce el monte.
8. LAS VENTAS DE COCHES INICIAN EL AÑO CON UNA FUERTE CAÍDA DE CASI EL 6%
Las ventas de coches siguen a la baja. En el pasado mes de enero se matricularon en España 90.612 automóviles de turismo, lo que supone un 5,6% menos que en enero de 2002, según las cifras de la asociación de fabricantes, Anfac. Los importadores, organizados en Aniacam, elevan la caída hasta el 6%. Ambas asociaciones reclaman un nuevo Plan Prever por estar "agotado" el actual modelo.
Si el pasado año 2002 se cerraba con un retroceso en las ventas de coches del 6,6% (tras el récord de matriculaciones del año 2001, con un total de 1.425.573 unidades vendidas), el mes de enero no ha hecho más que confirmar que el mercado se mantiene a la baja. No obstante, fabricantes e importadores destacan que se ha logrado mantener un nivel de matriculaciones "aceptable" por encima de las 90.000 unidades. Anfac y Aniacam se nutren de las cifras de la Dirección General de Tráfico, aunque el tratamiento que hacen de esas cifras les lleva a resultados algo distintos en los porcentajes finales.
9. DICEN QUE LA LOCOMOTORA TURÍSTICA NO CARBURA
La denominada primera industria nacional pierde fuelle. Y no porque vengan menos turistas (el pasado año se batió por séptima vez consecutiva la marca de entradas, con 51,7 millones), sino porque estos turistas gastan menos. Concretamente el 5,5% menos. Aunque no hay cifra de cierre de año en cuanto a ingresos totales del sector, hasta final de octubre los ingresos caían el 3,5% y el Gobierno no ha querido hacer previsiones para el cierre del año. Si se confirma esta caída, el cierre del año 2002 supondría el primer cambio de tendencia desde 1990.
Más turistas pero menos ingresos: éste es el nuevo y desconocido escenario que preocupa al sector. El turismo sigue representando el 12% del producto interior bruto (PIB) y da empleo a 1,5 millones de personas. España se confirma como el segundo destino mundial, después de Francia, pero los nubarrones ya han aparecido y el producto puede quedarse obsoleto si no se le renueva.
En el sector comienzan a surgir voces críticas, que están lejos de la autocomplacencia hasta ahora imperante. El turismo, que en los últimos años fue el artífice principal para nivelar la balanza por cuenta corriente española, ahora se resiente. Abel Matutes, empresario turístico balear, antiguo ministro de Asuntos Exteriores con el PP, recalcó en la misma reunión que la aportación del sector turístico al producto interior bruto nacional fue prácticamente nula en 2002, cuando en los anteriores siete años aportaba entre tres y siete décimas al PIB nacional. Irala fue más allá al resaltar que "en la actualidad tenemos grandes desajustes entre la oferta de alojamiento y la demanda debido a un urbanismo que exige nuevos criterios de crecimiento y que lleva aparejado el eterno problema de la financiación de municipios turísticos".
El presidente Aznar repartió reproches y alusiones a tirios y troyanos, cuando concluía el primer pleno del Congreso de los Diputados dedicado al conflicto con Irak. No hubo réplica. Y se fue solo, como llegó. Ni un solo grupo parlamentario, a excepción del PP, compartió su idea de que haya motivos para ir a la guerra, y menos aún sin una nueva resolución de la ONU.
11. LA DELINCUENCIA EN LOS PUEBLOS SUBIÓ UN 3,55%, CON 577.000 INFRACCIONES
La delincuencia en los pueblos y en las ciudades de menos de 50.000 habitantes, allí donde trabaja la Guardia Civil, creció en 2002 un 3,55%, con un total de 577.150 infracciones penales (delitos y faltas). Casi la mitad de ellas fueron denunciadas en Alicante, Valencia, Baleares, Tarragona, Barcelona y Murcia, que han sido, por ese orden, las provincias con más criminalidad rural. Si estos datos se suman a los de la policía, España rozó por primera vez el año pasado el listón de los dos millones de infracciones sólo en el territorio que protege el Ministerio del Interior.
En 2002 fueron denunciados en los acuartelamientos de la Guardia Civil 302.490 delitos, lo que supuso un alza de un 3,76%, frente al aumento del 13,17% del año anterior. Del mismo modo, las faltas conocidas (aquellos robos, por ejemplo, por un valor inferior a los 300 euros) se elevaron a 274.660, lo que supone un 3,35% más que en 2001
Estas cifras indican que la delincuencia en las zonas rurales siguió subiendo el año pasado, aunque a un menor ritmo que en 2001. El incremento medio entre delitos y faltas fue del 3,55%, un porcentaje que a los responsables de la Guardia Civil les parecía un sueño inalcanzable en octubre, mes en el que el crecimiento acumulado de la criminalidad era del 4,09%, según un documento interno del instituto armado.
Y parecía aún más inalcanzable al comenzar el año, ya que el crecimiento acumulado de la delincuencia entre 1996, cuando llegó el Partido Popular al poder, y diciembre de 2001 fue del 25,53% en el territorio Guardia Civil. El citado documento da un paso más: "Si vemos el número de delitos conocidos tan solo por la Guardia Civil en el año 1997 y lo comparamos con el año 2001, veremos que el incremento de los delitos en ese espacio de tiempo ha sido de un preocupante 26,43%".
La mayoría de los delitos y faltas conocidos por los aproximadamente 69.000 agentes del instituto armado fueron contra el patrimonio, es decir, los robos y los hurtos, que supusieron el 80% de todos los denunciados. De todos los delitos contra el patrimonio, el 60% fueron robos con violencia en las cosas o robos con fuerza; el 14%, robo de automóviles; el 13% fueron hurtos y un 5%, robos con intimidación.
Únicamente el 2% correspondieron a delitos contra las personas, la mayoría de ellos lesiones (55%), malos tratos (30%), otros (peleas, trifulcas..., casi un 20%) y asesinatos (0,9%). De los delitos conocidos, la Guardia Civil logró aclarar 99.000, lo que supone el 33% (un porcentaje que se queda corto ante el 98,6% de homicidios resueltos), lo que propició la detención de 80.000 personas, un 5% más), de los que el 38% lo fueron por delitos contra el patrimonio.
Si los datos de la policía se suman a los de la Guardia Civil, durante el año pasado se denunciaron 1.998.748, la cifra más alta jamás alcanzada en el territorio de exclusiva protección por el Ministerio del Interior (todo, menos Euskadi y Cataluña). Ese dato supone que uno de cada 20 españoles fue víctima de un delito o una falta durante 2002. La mayoría sufrió algún tipo de robo
El arco mediterráneo desde Barcelona a Murcia, con las islas Baleares incluidas, se ha convertido en el territorio español con mayor delincuencia. Durante 2001, las comandancias de Alicante, Baleares, Valencia, Barcelona y Tarragona "acumularon el 44,18% del total de los delitos" y, sobre todo, aquéllos que más directamente afectan al ciudadano. El crecimiento medio de la delincuencia en los pueblos y pequeñas ciudades de esas provincias fue del 25%, lo que habitualmente disparaba las estadísticas del instituto armado en 2001. Esto provocó que en 2002 la Guardia Civil aplicara planes especiales en esas zonas (también se incluyó Murcia) para intentar reducir la criminalidad. Se destinaron más efectivos, se crearon las unidades de Seguridad Ciudadana, se divorció a la pareja del instituto armado para lograr más presencia en la calle y se aplicaron sistemas de guardias combinadas en los puestos y casas cuartel. Las fuentes consultadas indicaron que, pese a que se ha producido un descenso de los delitos y faltas en esos territorios, aún lideran la tabla de las provincias con más problemas en las zonas rurales. Alicante repitió como la comandancia con más delitos (40.000), seguida de Valencia (26.000), Baleares (25.000) y, algo más distanciadas, Tarragona, Barcelona y Murcia. Estas zonas combinan un espectacular aumento de la población en los meses de verano, lo que crea un determinado tipo de delitos, con un gran vacío en invierno, lo que genera un tipo de infracción particular: la abundancia de robos en casas de segunda residencia que están vacías.
La mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial impone finalmente su criterio en la reforma penal anunciada por el Gobierno. Por 12 votos a 9 logró el aval del pleno para informar favorablemente, sin retoques, el anteproyecto que establece el cumplimiento íntegro de las penas por terrorismo y otros delitos y eleva de 30 a 40 años la pena máxima de cárcel. El consenso alcanzado la semana pasada quedó roto con una enmienda del bloque mayoritario. El retoque evita suprimir un párrafo de la reforma que no diferencia, a efectos de posibles beneficios penitenciarios, entre terroristas condenados a numerosos años pero con un pronóstico de reinserción y los que carecen de este pronóstico.
El informe consensuado la semana pasada por la Comisión de Estudios fue cambiado en el pleno para evitar sugerir al Gobierno la supresión del texto que no distingue entre unos y otros terroristas. Así fue aprobado por 12 votos, mientras que nueve consejeros mantuvieron que había que suprimir ese texto y se opusieron, además, a la retroactividad de la ley.
La parte del informe consensuada por el ponente conservador Adolfo Prego y por el progresista Luis Aguiar proponía que no todos los condenados por delitos de terrorismo queden exceptuados de la posibilidad de que el Juez de Vigilancia, "previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social", acuerde "la aplicación del régimen general de cumplimiento"; es decir, que los beneficios penitenciarios se computen a los terroristas reinsertables sobre los 40 años máximos de cárcel, en lugar de sobre la totalidad de la pena.
La supresión del precepto que se pedía permitiría, explicaba el informe, "hacer compatible el sistema de ejecución [de las penas] con los fines de reeducación y resocialización del artículo 25.2 de la Constitución". Lo que se pretendía evitar es que para los terroristas con elevadas penas de cárcel, el tratamiento penitenciario fuera idéntico -cumplimiento de 40 años de cárcel en todo caso-, a pesar de que unos se reinsertaran y otros no. El informe recordaba que, en todo caso, la libertad condicional de esos terroristas reinsertables no se produciría hasta que hubieran cumplido 30 años de cárcel.
13. LOS TRIBUNALES AUTONÓMICOS ALERTAN SOBRE LA FALTA DE MEDIOS ANTE LAS REFORMAS
Los presidentes de los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas consideraron necesario el incremento de los órganos judiciales ante las reformas planteadas por el Gobierno en materia de justicia, como la reforma del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que entrará en vigor el próximo 28 de febrero. El aumento de medios materiales fue uno de los temas que abordaron los magistrados en su reunión anual, que mantuvieron en el Palacio de la Real Cancillería de Granada, sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
La educación pública en primaria y secundaria es la más extendida en Europa. Los datos comparados de 30 países (la UE y los países candidatos además de Islandia, Liechtenstein y Noruega) demuestran que España es uno de los que tiene más educación privada financiada con fondos públicos (los denominados centros concertados). El sector privado subvencionado, un fenómeno creciente en Europa, sigue suponiendo todavía una parte mínima de la enseñanza primaria y secundaria. No existe, por ejemplo, ni en Alemania ni en Italia ni en Irlanda ni en Noruega y apenas es una mínima parte en los países nórdicos y los países candidatos (del 1% al 5%).
En este panorama se destacan Holanda (75%) y Bélgica (58%). Después están el Reino Unido (31%) y España (26%). Son datos del informe Las cifras clave de la educación en Europa 2002 que ha confeccionado la Comisión Europea con estadísticas de Eurostat y Eurydice y que será entregado al Consejo de Ministros de la UE de Educación en Bruselas.
Según ese mismo informe, que compara los datos del curso 1999-2000, España tiene un 5% de centros privados no concertados, lo que supera la media comunitaria, que se sitúa en el 3,2%, y, por supuesto, la de los países candidatos, donde la media es aún más baja: el 2,5%. Los países que más centros privados tienen son Portugal (11%), Malta (9%), Grecia y Chipre (7%), Luxemburgo (6%) y España e Italia (5%).
Al contrario de lo que va a ocurrir en otros sectores, los 12 países candidatos están ya muy bien situados a nivel educativo e incluso presentan algunos parámetros que superan la media comunitaria, como la tasa de diplomados en enseñanza secundaria, incluida la femenina. Éste es uno de los aspectos que destaca el informe, que evidencia también la escasa movilidad de los alumnos europeos (sólo el 2% sale de su país) y la carencia general de diplomados en estudios técnicos.
15. LA DICHOSA GALA DE LOS PREMIOS GOYA (VARIAS) :
TVE OCULTÓ A OTRAS CADENAS LAS IMÁGENES COMBATIVAS: Pasada la gala de los Goya, con su mensaje rotundo de "No a la guerra", continúa la polémica. Los derechos de retransmisión los tenía Televisión Española, y como tal distribuyó imágenes al resto de cadenas, que comprobaron que en la selección enviada faltaban todas las imágenes y comentarios combativos de la gala. TVE había omitido las protestas, las críticas alusiones al Gobierno y los mensajes contra la guerra de Irak. Ante la reclamación por parte de las cadenas de material más informativo, el canal estatal envió un nuevo montaje más adecuado a lo ocurrido en la gala. La gala, gracias a las intervenciones improvisadas de premiados y presentadores en torno a temas como la guerra de Irak o la catástrofe del Prestige, tomó una dirección que no estaba prevista en el guión, pero que agradó a los responsables del espectáculo. Incluso, la aparición final de los dos presentadores, Guillermo Toledo y Alberto San Juan, con camisetas pintadas con las palabras Guerra y No, fue un acto improvisado en vista del tono político de la ceremonia.
DEL CASTILLO: "¿QUÉ PASA, QUE EL CINE ES EL BRAZO ARMADO DE LA OPOSICIÓN?" : En el programa La ventana, de la cadena SER, la ministra y uno de los presentadores de la gala, el actor Guillermo Toledo, protagonizaron un duro enfrentamiento. Toledo, miembro del grupo teatral Animalario, explicó: "todos nuestros montajes tienen un alto contenido político, y cada vez lo tienen más, porque cada vez estamos más enfadados. Todo lo que estaba planeado era lo que estaba en el guión, lo que fue espontáneo fue la reacción de los que recibieron su premio, que mostraron su oposición a la guerra y al Prestige. Eso fue espontáneo". El actor aseguró que estuvo viendo la cara a la ministra durante toda la gala. "Ponía una cara muy mala, no le estaba gustando nada, creo que le hicimos pasar una de las peores noches de su vida política".
La ministra, por teléfono desde Galicia, contestó a Toledo: "Puede que me haya confundido, quizás no sepa quién es la ministra. Creo que tuve una expresión bastante natural. A mí me causó una cierta perplejidad porque se trataba de un acto en el que se entregaban los premios al mejor cine y había otro guión. Yo creo que está en la lealtad de la vida avisar del cambio de guión". Toledo le respondió: "Yo en absoluto soy leal al Gobierno ni tengo por qué serlo".
Sobre las imágenes que mostró TVE de la gala, Toledo dijo:
-"Es mentira que TVE es de todos, está manipulada porque al Gobierno le duelen las críticas".
-"Éste es un país libre y se pueden discutir las ideas", respondió la ministra.
-"Eso es muy relativo", señaló el actor.
Del Castillo dio su opinión sobre la guerra y la paz. "Todo el mundo está contra la guerra. Ése no es el problema ni el debate". Dijo que los que allí estaban no representaban al cine español. "El mundo de la cultura y el cine es muy amplio y no se reduce a lo que estaba allí". Yo también estoy a favor de la paz". Después añadió:
-¿"Qué pasa, qué el cine español es el brazo armado de la oposición al Gobierno?"
-"Armados no estamos más que de palabra y de imágenes. Los que se arman son ustedes, su gobierno que ampara y financia la guerra", le respondió Toledo.
Insistió la ministra en que España es "un país libre", frente a otras épocas que quizá Toledo, "por la edad, no conoció".
-"No viví de adulto la etapa de Franco, pero muchos de mis mayores me han dicho que no han vivido una situación como esta", dijo Toledo.
-"Te reto a que una sola de esas personas discuta esto en público", zanjó Del Castillo.
Un acto pacifista acabó en Alicante con violencia. Un grupo de jóvenes quería manifestar su rechazo a los ejércitos y su oposición a la guerra con Irak. Para ello, organizaron una acción que consistía en pintar de blanco e "intentar demoler de forma simbólica" un monumento militar instalado en la plaza del Mar. Un amplio despliegue policial frustró sus planes, y en unos segundos seis pacifistas vestidos de blanco fueron detenidos. Otros 30 simpatizantes del colectivo antimilitarista Tortuga fueron identificados por la policía. Un portavoz del colectivo, Fernando Davó, tildó de "desproporcionada" la acción policial. Los agentes, pistola en mano, redujeron "con represión y violencia" al grupo, que portaba una pancarta con la leyenda: "Ningún ejército. Ninguna guerra".
17. LOS TRABAJADORES DE TVE-BALEARES DENUNCIAN CENSURA INFORMATIVA EN EL 'CASO FORMENTERA' Y QUE?
La plantilla de trabajadores de Televisión Española (TVE) en Baleares traslada al director general del ente, José Antonio Sánchez, y al consejo asesor regional de RTVE, un informe en el que denuncia que sufre en su trabajo "manipulación política continuada" y "censura informativa" por parte de la dirección del centro territorial. "El endurecimiento intenso de la presión política" en la redacción de informativos intenta, según el documento, "deformar la realidad y favorecer descaradamente la presencia del PP y minimizar las instituciones autonómicas", en manos de la izquierda.
El escrito de queja de los trabajadores detalla que la dirección ha impuesto silencio informativo sobre las noticias de las declaraciones judiciales del caso Formentera, el supuesto delito electoral que investiga el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, cometido en la época en que era presidente el conservador Jaume Matas, actual ministro de Medio Ambiente.
La mayoría de periodistas han dejado de firmar las noticias elaboradas por ellos en protesta por la modificación de sus textos. Los redactores también denuncian la existencia de pactos previos entre la dirección y los responsables de la imagen del PP sobre el contenido de las noticias y aseguran que los corresponsales son "usados en función de los intereses electorales del PP".
El Parlamento balear, tras la huelga general del pasado 20 de junio, convocó al director de TVE en Baleares, Vicente Enguídanos, quien no acudió a la cita. Ahora son los periodistas del centro quienes trasladan a los grupos políticos la "ocultación escandalosa de hechos".
El comité de empresa, el Sindicato de Periodistas, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores solicitan la destitución "por incompetencia manifiesta" del director regional de TVE y de la nueva subdirectora responsable de Informativos y Programas, María Umbert, "para recuperar el sentido profesional, el pluralismo y el rigor informativo de los contenidos".
En su informe de fiscalización de RTVE durante los años 1996-1999, el Tribunal de Cuentas ha observado deficiencias en la contratación de programas a empresas externas y aconseja su reducción, en especial en lo que se refiere a la incorporación de personal externo. Además, expone que la adquisición de largometrajes y series a través de intermediarios, dada la capacidad de negociación directa de TVE, encareció innecesariamente su precio. El ente público cerró cada uno de los citados ejercicios con un déficit de explotación próximo a los 100.000 millones de pesetas.
El Tribunal de Cuentas examina detalladamente la situación financiera, los estados contables, ingresos publicitarios, producción y gestión de personal de RTVE durante los ejercicios comprendidos entre 1996 y 1999, es decir, durante la etapa en la que el ente público estuvo gestionado sucesivamente por Mónica Ridruejo, Fernando López-Amor y Pío Cabanillas.
En el capítulo dedicado a la producción de programas, el informe resalta un incremento del 83,6% en producción ajena, pasando de 14.598 millones de pesetas a 26.804, "lo que supone una desviación significativa de las políticas de contención aplicadas entre 1993 y 1996".
También detecta un encarecimiento de costes, atribuido a que en numerosas ocasiones las productoras aportan medios y realizan prestaciones que podrían ser gestionados por TVE. Al analizar la contratación de colaboradores, precisa que "TVE infrautiliza los recursos humanos propios disponibles" y resalta el elevado número de asesores (155 en el año 1998) contratados por el ente público.
La política de compras, según el documento, no se rige por criterios de economía y eficiencia, ya que a veces se adquieren productos audiovisuales de elevado coste sin tener planificada las franjas de emisión a cubrir.
Hasta 1996, según el informe, TVE contrataba largometrajes, directamente a las grandes distribuidoras, una tendencia que se quiebra en 1997 y 1998 con la aparición de intermediarios que negocian con los estudios de Hollywood. Sin dar nombres, especifica que el proveedor principal facturó el 73,4% de las compras (14.160 millones de pesetas). El precio de 38 películas de estreno en televisión fue de 110 millones de pesetas de media. En estos contratos, el Tribunal observa anomalías relacionadas con la fecha de los contratos, ya que algunos materiales se entregaron después de la entrada en vigor del contrato. Además, en 1998 se compran menos horas de emisión que el año anterior, pero su precio sube más de un 40%. En ese año caducaron antes de ser emitidas casi cuatro mil horas de programación. Cabanillas afirma en el capítulo de alegaciones que en 1999 se corrigió la contratación de películas a través de intermediarios.
En cuanto a la producción propia, el tribunal señala que en los presupuestos de los programas no existe "una correlación económica" entre espacios similares, lo que provoca "importantes desviaciones entre el presupuesto inicial y el coste final".
Respecto a las retribuciones del personal directivo, menciona el caso de un alto cargo (sin citarlo) que abandonó el ente en 1998 voluntariamente y sin embargo percibió 31 millones de pesetas por la cesión de derechos de imagen. El Tribunal se extraña de que TVE no hubiera reclamado una indemnización y considera anómalo que otras indemnizaciones no fueran acompañadas de correspondiente retención fiscal.
19. TVE PAGÓ UN SOBREPRECIO POR LA COMPRA DE PELÍCULAS A LOS INTERMEDIARIOS SIVSA Y DRIMTIM
Televisión Española pagó en 1997 un sobreprecio por la adquisición de derechos de emisión de un paquete de largometrajes al utilizar empresas intermediarias. Durante la época en la que el ente público estuvo dirigido por Fernando López-Amor (entre 1997 y 1998), la cadena estatal suscribió contratos con Sivsa Entertainment y Drimtim Entertainment, representadas por Manuel Corbi, por un importe superior a los 3.500 millones de pesetas (21,04 millones de euros). En algunos casos, los contratos no especifican los títulos de los productos adquiridos ni la fecha de su entrada en vigor.
Hasta 1996, TVE contrataba directamente con las grandes distribuidoras cinematográficas, principalmente de Estados Unidos.
Tal forma de actuar se altera con la entrada en acción de Sivsa y Drimtim. En 1997, según los informes en los que se apoya el Tribunal de Cuentas, TVE compró a la primera derechos de emisión por un importe de 2.656 millones de pesetas (15,9 millones de euros) y a la segunda por 1.920 millones de pesetas (11,5 millones de euros).
Sivsa ocupa el cuarto lugar respecto a volumen de contratación, por detrás de MCA, Video Mercury y Warner Bros. Ese mismo año, TVE firmó también un contrato con José Frade PC por 1.600 millones de pesetas (9,6 millones de euros).
El paquete de Sivsa incluye 121 títulos, entre largometrajes (Ghost, Instinto básico o A propósito de Henry), telefilmes y miniseries. Los derechos se adquieren por dos pases, pero en ocasiones el periodo de difusión es menor a dos años (algunos títulos caducan a los 14 meses), plazo habitual en la compra de producciones audiovisuales.
El contrato, según los mismos datos, se suscribe el 30 de julio de 1997 y la vigencia de algunos productos comienza dos días más tarde. Pero determinados materiales se reciben con más de dos meses de retraso respecto al inicio de la vigencia del contrato, lo que supone una pérdida de disponibilidad de derechos para TVE.
Un paquete de 50 telefilmes comprados a través de Sivsa (de títulos ya emitidos por televisión) se valora en 10,3 millones de pesetas (61.900 euros) cada uno. Meses más tarde, por otra tanda de TV movies (de 45 títulos) de Drimtim se facturan a 48.080 euros por unidad. Estos precios son muy superiores a los que aplican compañías como MCA International y Beta Film, cuyos productos cuestan alrededor de 39.000 euros cada uno de media. En el catálogo de Sivsa no siempre se conocen los títulos ni la fecha a partir de la cual TVE tiene los derechos de emisión. Algunos aparecen con la leyenda "a escoger".
Drimtim actúa como intermediaria de World International Network y Hears Entertainment. Vende a TVE un total de 135 telefilmes por un valor de 1.920 millones de pesetas (11,5 millones de euros), según el informe provisional de la Intervención Delegada de Hacienda en el que se apoya el Tribunal de Cuentas. Ese organismo ya recogía que el precio medio de cada uno de los títulos ascendía a 14,2 millones de pesetas (85.543 euros), una tarifa muy superior a la que aplican las grandes distribuidoras. En algunos de estos contratos no se indica que la cadena estatal puede elegir títulos o rechazarlos en función de su línea de programación.
Los organismos fiscalizadores ponen de manifiesto que en ocasiones existen informes económicos negativos acerca del precio de adquisición. TVE replicó entonces que los precios se ajustaban a la calidad, a la rentabilidad en términos de audiencia y al previsible incremento a corto plazo de estos productos.
El Tribunal de Cuentas cita, asimismo, el contrato suscrito en 1998 con otro proveedor por un precio total de 2.279 millones de pesetas (13,7 millones de euros), que corresponde a la empresa Beggard Trans, compañía creada inicialmente para la promoción inmobiliaria. Esta empresa está vinculada al ex ministro de Sanidad en la etapa de UCD y ex consejero de RTVE por el PP Jesús Sancho Rof.
En el periodo evaluado, los gastos en la compra de derechos de emisión de producciones ajenas pasó de 13.849 millones de pesetas (83,3 millones de euros) a 26.367 (161,1 millones de euros). La compra de derechos representan entre el 94,6% y el 98,4% del total de los costes de producción ajena. El incremento es especialmente significativo en 1997 y 1999. El Tribunal de Cuentas echa en falta una planificación de las necesidades de programación para evitar "la inadecuada utilización de los recursos". La política de compras repercutió en las malas cifras económicas de la compañía. A finales de 1999, el endeudamiento de RTVE se situó en 4.718 millones de euros. Para final del actual ejercicio, la deuda acumulada se aproximará a los 6.000 millones.
20. ESPAÑA NO ALCANZA LA MEDIA DE LA OCDE EN EDUCACIÓN Y GASTO SOCIAL
España ha vivido importantes progresos en política social, pero ninguno suficiente para colocarse entre los mejores de los 30 países más desarrollados y que forman parte de la OCDE. Calidad educativa, gasto social, gasto sanitario y, por supuesto, la tasa de empleo, sitúan a España siempre por debajo de la media. Entre lo positivo, la ínfima tasa de chicas delincuentes y de suicidio juvenil.
El informe de la OCDE, Society at a glance (Panorama social), hecho público con los últimos indicadores sociales de los 30 Estados socios, arroja ciertos resultados inesperados. Resulta sorprendente que la calidad educativa más alta la posea Japón, seguido de Corea del Sur y Finlandia, y que el peor, tras México, sea Luxemburgo, con la mayor renta per cápita del mundo. Este indicador, que valora la capacidad de los estudiantes en adquirir conocimientos y habilidades, deja a España en el pelotón de los torpes.
El informe destaca el enorme esfuerzo realizado por algunos países en gasto sanitario, particularmente alto en Corea del Sur (7,4% del PIB), Irlanda (6,6%) y Turquía (6,1%). España ha aumentado en este capítulo su presupuesto (3,9%), aunque no bastante para colocarse en lugar destacado. De hecho, el gasto per cápita español es uno de los más bajos de la OCDE, en relación tanto al nivel de gasto público como privado. El país que más gasta, con una diferencia abismal, es EE UU, aunque el informe señala que más de la mitad de su gasto proviene de fondos privados (a través fundamentamente de los seguros médicos), en contra de lo que sucede en la práctica totalidad de los 30 países analizados.
Los gastos sociales también arrojan a España al furgón de cola, especialmente los destinados a la familia y los hijos. En este aspecto, como ya es sabido, España ocupa el último lugar de la Unión Europea (muy por detrás incluso de Portugal o Grecia). Dentro de la OCDE, España sólo figura por delante de México y Corea del Sur, mientras que Suecia ocupa el primer lugar. En un análisis comparativo más limitado, en el que sólo aparecen 15 países, España aparece en el último lugar respecto al número de receptores de beneficios sociales.
En cuanto a ocupación de personas discapacitadas, España y Polonia son los países que menos empleos ofrecen a este colectivo, todo lo contrario que Suiza y Noruega.
21. EDU $ ZAPLANA DIO UN CONTRATO A LA EMPRESA DEL EX PORTAVOZ DEL GOBIERNO
El ministro de Trabajo adjudica un contrato de 7,2 millones de euros a Carat, la empresa publicitaria que preside Miguel Ángel Rodríguez, ex portavoz del Gobierno.
Además de Carat España, la empresa presidida por Rodríguez, presentaron solicitudes las sociedades Estrategias Creativas, McCann-Erickson, Eureka y Vitrubio-Leo Burnet, y anunció que competiría pero no llegó a hacerlo Overmarketing Comunicación. Todas ellas son empresas muy conocidas en el sector de la publicidad.
El coste, además, era muy similar en las cinco ofertas, 1.198 millones de las antiguas pesetas. El año pasado, el entonces ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, sólo se gastó en informar del ajuste previsto por la ley lo que cuesta enviar una carta a cada pensionista.
22. CASO PIQUE: ERCROS "AJUSTÓ" SUS CUENTAS TRES AÑOS PARA NO DEVOLVER UN CRÉDITO AL ICO
Ercros, el grupo empresarial que dirigió el actual ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, entre 1992 y 1996, "ajustó" durante tres años (entre 1995 y 1998) la contabilidad de sus filiales para no presentar beneficios y evitar así la devolución del préstamo de 8.500 millones de pesetas (51 millones de euros) que recibió en 1994 del Instituto de Crédito Oficial (ICO). La conclusión figura en el informe de fiscalización elaborado por el Tribunal de Cuentas y aprobado recientemente. El Tribunal concluye, pese a todo, que no existieron irregularidades.
El préstamo de 8.500 millones de pesetas (el Tribunal siempre utiliza esta moneda en su informe) que, según el organismo, la empresa evitó amortizar fue "rescatado" por Ercros tras pagar al ICO 1.100 millones de pesetas. La operación de "rescate" fue autorizada por la Comisión Delegada del Gobierno en junio de 1998 y el acta de autorización fue firmada por tres ministros: Rato, Arenas y Piqué, entonces ministro de Industria.
El informe del Tribunal de Cuentas, que examina todas las operaciones del ICO con Ercros desde 1992, justifica la polémica operación en sus conclusiones, pero en dos páginas sin desperdicio da más munición para el debate. El Tribunal afirma: "Durante los ejercicios 1995, 1996 y 1997, en los que Ercros, SA tenía la obligación de devolver el crédito, esta sociedad ajustó la cuantía de dividendos a repartir por sus filiales en el modo preciso para que la matriz no presentase beneficios y no tuviese que amortizar parte alguna del crédito". Y añade: "Se observa un cambio de tendencia radical [en los beneficios de Ercros, SA] a partir del ejercicio 1998 en el que Ercros ya no tiene que devolver el crédito al ICO, ya que se incrementa la actividad y obtiene beneficios, aun cuando los del grupo se reducen considerablemente".
El informe explica que "la devolución del crédito [de 8.500 millones] estaba ligada a los beneficios de Ercros, SA, no a los del Grupo Ercros. En el momento de la concesión del mismo, Ercros, SA era una sociedad prácticamente sin actividad, con un volumen de negocio muy reducido y que generaba pérdidas de explotación sin perspectiva de cambio en un futuro próximo, siendo la única fuente de ingresos que podía cambiar el signo de los resultados los ingresos financieros por dividendos obtenidos de sus filiales. Pero al ser la propia matriz, Ercros, SA, la que decide la cuantía de dividendos a repartir por aquéllas, es ésta, por tanto, la que al mismo tiempo decide si amortiza parte del crédito o no".
Un examen de las cuentas de Ercros, SA, la matriz y de sus filiales desde el año 1994 confirma la conclusión del Tribunal. Ercros, SA registró pérdidas entre 1994 y 1998 (172 millones de pesetas en 1994; 19 millones en 1995; 12 millones en 1996 y seis millones en 1997) a pesar de que excepto en un año, 1994, sus filiales arrojaban beneficios (1.101 millones en 1995; 737 millones en 1996 y 1.289 millones en 1997). Sin embargo, a partir de 1998, cuando Ercros, SA se ha liberado del crédito por decisión del Gobierno, empieza a ganar dinero. En concreto, en 1999 gana 260 millones y en 2000 270 millones. Al mismo tiempo, los beneficios de las filiales se reducen, de forma que el grupo empresarial gana 158 millones en 1999 y 242 en 2000.
Pese a la abierta acusación de juego contable que realiza contra Ercros, el Tribunal admite en sus conclusiones que el rescate del crédito fue "razonable". Dice textualmente: "Ercros, SA era una sociedad prácticamente sin actividad, que generaba pérdidas de explotación sin perspectivas de cambio en un futuro próximo, por lo que aún no había comenzado a devolver el crédito cuando, en junio de 1998, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprobó el rescate del mismo, estableciendo la cuantía a pagar por la prestataria al ICO en 1.100 millones, que dadas sus condiciones de concesión [en 1994], sin garantías, interés nulo, a devolver con los beneficios de Ercros, SA y situado en el orden de prelación de los créditos (inmediatamente antes del capital) y las valoraciones que existen del mismo (entre 75 y 823 millones de pesetas), se pueden considerar una cifra razonable".
El "rescate" del préstamo originó una dura polémica en el Congreso. El PSOE acusó a Piqué de haber facilitado el perdón del crédito público a su antigua empresa y reprochó al ministro no haberse inhibido en el proceso. Frente a las acusaciones, Piqué explicó que no existía irregularidad porque el crédito era incobrable y porque él se limitó a firmar el acta de condonación, sin participar en los debates.
El denominado caso Ercros está desde hace tres años pendiente de que el Supremo se pronuncie sobre la situación del aforado Josep Piqué. El caso, que provocó la destitución del fiscal del Supremo Bartolomé Vargas, favorable a la imputación del ministro, permanece todavía en el limbo judicial, pendiente de que se solucionen asuntos colaterales de Ercros (caso Ertoil) que se investigan en otros juzgados. La falta de pronunciamiento del Supremo sobre Piqué provocó que el pasado día 7 de enero, la juez Asunción González, del Juzgado número 5 de Barcelona, archivara la causa que seguía contra directivos de Ercros por un supuesto delito de alzamiento de bienes. Otro juzgado, el Central de Instrucción número 3, investiga el destino del precio de la venta de Ertoil.
23. CASO BITEL: LA AUDIENCIA REABRE EL SUMARIO
La sala segunda de la Audiencia de Palma ha ordenado la reapertura del caso Bitel, el presunto espionaje a través de Internet del correo del socialista Francesc Quetglas entre marzo del 98 y marzo del 2000, para dar pie a que Sebastià Vallori Domenech y Francisca Pascual Canet, funcionarios en esa época de la secretaría personal del president del Govern de Jaume Matas, sean juzgados por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos. La sala estima que el auto del Tribunal Supremo de 3 de septiembre del 2002, por el que se rechazó la imputación del hoy ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, no ha modificado las sospechas sobre la presunta trama de espionaje político.
La sección segunda revocó el segundo auto de archivo del caso dictado por el juez instructor, Enrique Morell, el 14 de octubre pasado. Morell, que ya cerró la causa el 20 de febrero del 2002, estimaba que no existían indicios de que el desvío de correos electrónicos de Quetglas, entonces presidente de la Comisión Insular de Urbanismo del Consell de Mallorca, al ordenador de Vallori en el gabinete de Matas fuera intencionado y tampoco había pruebas de que alguien se hubiese apoderado de esos mensajes.
Aunque el tribunal no específica en su resolución contra quién tendrá que abrirse el juicio oral, en el auto de 27 de mayo del 2002 los magistrados apuntaron a que existían indicios fuertes contra Vallori, defendido por Diego Wencelblat, y menos contundentes contra Francisca Pascual, la jefa de la secretaría personal de Matas y representada por Rafael Perera, mientras que no había base para mantener la acusación contra el resto de imputados (otros funcionarios del gabinete del president del Govern y trabajadores de la empresa pública de telecomunicaciones Bitel).
Los magistrados señalan que si el juez instructor Morell ha sido coherente al volver a archivar el caso, ellos no pueden ser menos, "y, a fuer de no ser incongruentes", se han de mantener en su tesis de que existen indicios suficientes para que se haga un juicio oral.
La sala entiende que el auto del Supremo en el que se rechazó la imputación del ministro Matas "analiza el asunto desde la única perspectiva que le fue sometida, que era la posible imputación de un aforado". El auto destaca que el Supremo no entró, por no ser de su competencia, a analizar los indicios contra los otros imputados
La Sección Penal Cuarta de la Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del juez instructor Baltasar Garzón de concluir la investigación del caso Telecinco, iniciada en 1997, y preparar el juicio oral contra ocho imputados, entre ellos Miguel Durán, ex presidente de la cadena de televisión y de la Organización Nacional de Ciegos (ONCE).
En la misma resolución, la Sala considera ajustada a Derecho la decisión del juez -que acogió en todo el criterio del fiscal Anticorrupción Carlos Castresana- de dejar en suspenso la tramitación de la causa contra el actual primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, y contra el eurodiputado Marcello dell'Utri, mientras se mantengan en sus cargos y gocen, por tanto, de inmunidad jurisdiccional.
En este proceso se imputa a Berlusconi, presidente del Grupo Fininvest, la utilización de sociedades fiduciarias y la financiación de la compra de acciones de Telecinco por terceros para conseguir la titularidad del 58 % del capital social, burlando la prohibición legal de que un mismo propietario poseyera más del 25 % de una cadena privada de televisión.
Al primer ministro italiano y a Dell'Utri, ex presidente de Publiespaña, se le atribuyen presuntos delitos fiscales y de falsedad documental.«Al tratase de delitos contra la Hacienda Pública, perseguibles de oficio y presuntamente cometidos por dichos aforados en fecha anterior a su nombramiento, rigiendo el principio de legalidad y no el de oportunidad, es obligatoria e indisponible la persecución y castigo de dicho delito de naturaleza pública, sin que esa obligación se extinga ante el obstáculo procesal que supone la inmunidad de jurisdicción», razona la Audiencia Nacional en el auto conocido ahora, que reproduce un informe elaborado por Castresana en septiembre de 2001. La tesis de que la inmunidad de Berlusconi mientras sea primer ministro no le exonera de responsabilidad penal por el caso Telecinco ya fue expuesta en un anterior pronunciamiento emitido el 27 de mayo de 2002 por la misma Sección Cuarta, aunque compuesta por otros magistrados.
La nueva resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Fernando Bermúdez de la Fuente, desestima los recursos promovidos contra la conclusión de la instrucción por Durán, Santiago Muñoz Machado, Javier de la Rosa, Alfredo Messina, Giovanni Acampora, Rafael Alvarez-Buiza, Angel Medrano y Juan Carlos López-Cid.
Todos ellos han pedido, sin éxito, el archivo del proceso esgrimiendo una especie de inmunidad extensiva al abrigo del paraguas que les ofrece el estatus de Berlusconi.
«Carece de toda lógica jurídica pretender extender el beneficio de la inmunidad a personas que carecen de la condición de senador o de diputado», les ha contestado el Tribunal, que recuerda, al tiempo, que tanto las normas procesales españolas como las internacionales prevén que un acusado pueda ser juzgado antes o después que otros implicados en la misma causa.
La Sala vuelve a rechazar, como términos de comparación que serían favorables a los imputados, las decisiones de la Audiencia Nacional de inadmitir querellas contra mandatarios como Hasán II o Fidel Castro. «Las situaciones contempladas en esos procedimientos son diferentes, ya que se dirigían contra jefes de Estado en activo denunciando hechos realizados en el ámbito de sus funciones, mientras que en el presente la situación de inmunidad [del primer ministro italiano] sobrevino una vez incoado el proceso y el objeto del mismo se refiere a hechos ajenos y previos a la función pública».
La decisión de la Sección Cuarta despeja el camino para la presentación en breve por la Fiscalía Anticorrupción del escrito de acusación contra los ocho acusados.
La Consejería de Justicia realiza una encuesta telefónica con decenas de funcionarios y usuarios de esta Administración en la que se les pregunta por su ideología. La encuesta, llevada a cabo por la firma Stiga por encargo de la consejería, tiene 90 preguntas. La penúltima de ellas inquiere a los funcionarios sobre "su posición ideológica" y ofrece cuatro posibles respuestas: "¿De izquierdas?, ¿de centro-izquierda?, ¿de derecha? o ¿de centro-derecha?".
En distintos sectores de los juzgados y tribunales de Madrid existe desde hace días un gran malestar. Y es que, por sorpresa, personas que decían llamar en nombre de la Consejería de Justicia les habían telefoneado a sus puestos de trabajo para que contestasen a una encuesta. Les dijeron que la finalidad era conocer sus condiciones laborales y conocer su opinión sobre las infraestructuras judiciales.
Aunque la consejera Paz González afirmó que a nadie se le había pedido el nombre, varios encuestados señalaron que sus encuestadores sí les habían solicitado el nombre y cargo que desempeñaban en su juzgado.
Tras casi 20 minutos de preguntas y respuestas, la penúltima de las 90 formuladas decía así: "¿Cuál es su posición ideológica?" El encuestado debía inclinarse por alguna de las siguientes respuestas: "De izquierdas, centro-izquierda, derecha o centro-derecha".
La consejera aclaró que se trata de un trabajo que su departamento encargó a la firma Stiga y que nadie de la consejería había intervenido en la elaboración de las preguntas de la encuesta, cuyo objetivo, dijo, es recabar "la percepción que funcionarios y usuarios tienen sobre la justicia en Madrid". González insistió en que la encuesta es "aleatoria, voluntaria y totalmente confidencial" y que, por tanto, a nadie se le había pedido el nombre. En el encabezamiento de la encuesta se lee: "(...) ¿Es tan amable de colaborar contestantando a unas breves preguntas? Sus respuestas serán anónimas y confidenciales...". La consejera señaló que ignoraba que algunos funcionarios se hubiesen sentido molestos.
26. COMUNIDAD VALENCIANA: NUEVOS CASOS DE CONTRATOS DE FAMILIARES Y ALLEGADOS VARIOS
Según una denuncia de FSP- UGT , un hermano del senador y actual Portavoz de GPP en la Cámara Alta, Gónzalez Pons, figura entre las supuestas contrataciones irregulares de 300 interinos en la empresa semipublica Tissat,
Así, en el recurso de apelación con fecha de 8 de febrero de 2002 aparecen los nombres de Beatriz Concepción, hija del diputado autonómico del PP, Luis Concepción; Fernando Castellano Martí, familiar del conseller de Sanidad, Serafín Castellano; Encarnación Serrano, cónyuge del conseller de Cultura y Educación, Manuel Tarancón; Luisa del Cerro Angosto, cónyuge del entonces subsecretario de inmigración y ahora director del Imserso, Antonio Lis; Cristina Álvarez Aloy, hija del interventor delegado de la Conselleria de Obras Públicas; Pilar Anta Bernabeu, sobrina del interventor delegado de Bienestar Social; Carmen Fenollosa, sobrina del interventor general, Salvador Hernández; Luisa Martínez, cónyuge del interventor delegado de Cultura; María Jesús Giner Almaraz, hija del interventor delegado de Hacienda; Eva Teixidor, hija de la ex jefa del servicio de Cultura, Carmen Aramegui; Helena de Carmen Gómez, ex asesora del conseller Fernando Castelló; Luisa Martínez, cónyuge del interventor delegado de Cultura.
Representantes de la empresa Calviga, del grupo Lubasa, se reunieron con el concejal de Urbanismo de Castellón, Alberto Fabra, antes de que la firma resultase beneficiada con la adjudicación del solar de Renfe que quedó libre tras el soterramiento de las vías. Tanto el alcalde de la ciudad, José Luis Gimeno, como el gerente de la empresa, Alberto Oller, negaron que se hubiese celebrado un encuentro en sus declaraciones ante el juez que instruye el caso por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsificación de documento público.
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Castellón, Alberto Fabra, admitió ante el juez la celebración de una reunión con miembros de Calviga, filial de Lubasa, antes de que se modificara el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que delimitó la zona sobre la que la empresa presentó, posteriormente, una propuesta de desarrollo. Una reunión que tanto el alcalde de Castellón, José Luis Gimeno, como el gerente de Calviga, Alberto Oller, negaron en sus declaraciones por la misma causa, según han asegurado diversas fuentes.
Fabra declaró ante el titular del juzgado de Instrucción número 1, el decano Horacio Badenes, que instruye el caso, tras la querella presentada por los concejales del Grupo Socialista municipal por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsificación de documento público. La querella señalaba al alcalde de Castellón, al propio Fabra y a un tercer concejal, José Pascual, así como al máximo responsable de Calviga, Luis Batalla, cuatro funcionarios y la Caja Rural Castellón, como responsables de las presuntas irregularidades en la operación urbanística que acabó con la adjudicación, a la empresa de Batalla, del desarrollo de los terrenos liberados tras el soterramiento de la vía férrea. El contrato dejó en manos de Batalla, a cambio de la urbanización de la zona, un solar sobre el que, según se ha anunciado, se ubicará El Corte Inglés.
Alberto Fabra reconoció que, durante 1999, se celebró una reunión a la que asistieron miembros de Calviga, así como de Renfe (propietaria en aquel momento del suelo) y dos representantes de El Corte Inglés. El edil popular señaló que ésta fue una reunión "informativa" y en la que no se adoptó ningún compromiso. Además, se apresuró a indicar que acudió a la reunión "asesorado" y señaló la presencia de tres funcionarios durante la misma.
Esta reunión se celebró, según dijo el concejal de Urbanismo, porque la empresa ya había mostrado interés por la zona y se quería "trasladar el deseo del Ayuntamiento de renegociar el convenio con Renfe" y modificar las características de urbanización del suelo. Sin embargo, esos "deseos" del Ayuntamiento no fueron plasmados en la revisión del PGOU que se aprobó en 2000, según explicó Alberto Fabra, porque "habría retrasado su aprobación", lo que llevó a la aprobación de una modificación en 2001, cuya publicación fue posterior a la presentación de la propuesta de Batalla para urbanizar la zona. Así, en el momento de la reunión, no se había aprobado la revisión del PGOU y el suelo sobre el que, según Fabra, Batalla había mostrado interés era dotacional y de uso exclusivo de Renfe. "Fue una toma de contacto y, a partir de ahí, no se ha celebrado ninguna otra", aseveró el edil.
Alberto Fabra acudió al juzgado asistido por Vicente Falomir, el mismo letrado que asiste al alcalde, José Luis Gimeno, y que, en varias ocasiones, ha llevado casos de Renfe tanto en la capital de La Plana como en el resto de la provincia.
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