Partes de Guerra centristas
Semana del 29 de Marzo al 4 de Abril 2003
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SOBRE EL BUQUE FANTASMA PRESTIGE, ACUÉRDATE DE VISITAR EL ESPECIAL
1. GUERRA DE IRAK Y LOS BUCANEROS CENTRISTAS DE LAS AZORES (VARIOS)2. MAYOR OREJA Y LA UNIDAD DE ESPAÑA
3. ZAPLANA SE HIPOTECA: ADQUIERE SU PISO DE MADRID CON UN PRÉSTAMO DE 1,62 MILLONES DE LA CAM
4. EL ENDEUDAMIENTO DE LAS FAMILIAS SUBIÓ AL 80% DE SU RENTA EN 2002
5. EL CONSUMO Y LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL SE HAN FRENADO EN EL PRIMER TRIMESTRE
6. EL PARO EN MARZO SUFRE LA MENOR CAÍDA DESDE 1995
7. DESTACADOS JURISTAS PROPONEN UNA LEY PARA REVISAR SENTENCIAS FRANQUISTAS
8. LAS FAMILIAS DE DESAPARECIDOS EN LA GUERRA CIVIL PIDEN UN ACTO DE RECONOCIMIENTO
9. TVE CONTRATA DOCUMENTALES AL DOBLE DEL PRECIO DE MERCADO
10. EL SUPREMO FULMINA LA POLÍTICA DE EXTRANJERÍA AL ANULAR 11 ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO
11. LA OCDE RECOMIENDA A ESPAÑA QUE REGULARICE A LOS INMIGRANTES 'SIN PAPELES'
13. UNA COMISIÓN DE EXPERTOS PIDE UN GOLPE DE TIMÓN EN LOS PLANES DE INTERNET
14. 2.700 CIENTÍFICOS FIRMAN EN 'SCIENCE' UNA CARTA CONTRA PIQUÉ POR NEGAR LA FUGA DE CEREBROS
15. EL PRESIDENTE DEL SUPREMO Y DEL PODER JUDICIAL ADMINISTRA Y REPARTE LOS BIENES DE UNA HERENCIA
16. LA FISCALÍA DEL ESTADO ABRE DILIGENCIAS AL FISCAL JEFE DE MADRID
18. C.VALENCIANA: UN CARGO DEL PP CAZA Y DA ÁGAPES EN COTOS Y REFUGIOS PÚBLICOS
19. C.A. DE ANDALUCÍA: MARTÍNEZ ACHACA LA CRISIS DEL PP DE CHICLANA A LA CONFECCIÓN DE LA LISTA
22. DIMITE UN CONSEJERO DEL GOBIERNO DE CEUTA ACUSADO DE DESVIAR FONDOS
2. MAYOR OREJA Y LA UNIDAD DE ESPAÑA
El Partido Popular tiene ocho semanas para movilizar a su electorado, y lo hará con una apelación dramática: la izquierda y los nacionalistas quieren poner en marcha "una segunda transición" con la que, al menos, se reformará la Constitución y, en último extremo, se romperá la unidad de España. Así lo advirtió Jaime Mayor, vicesecretario del PP y director del programa para las elecciones del 25 de mayo, al equipo responsable de trasladar ese programa-marco a las necesidades de cada municipio o autonomía. "Las elecciones del 25-M no son unas primarias pero van a ser una radiografía de la sociedad española. Pedimos a los españoles responsabilidad y que sean conscientes de su trascendencia", exclamó solemne. "En el PP nos tenemos que saber dirigir a una mayoría de españoles que nos han dado hace muy poco tiempo una mayoría absoluta y recordarles el papel político de nuestro partido", aseguró Mayor al equipo que trasladará el programa-marco del PP a cada municipio y comunidad autónoma. Ese papel político incluye, "de forma muy relevante", cuál será el "proyecto para España que también se dilucida en estas elecciones".El proyecto del PP es el del "partido que defiende la Constitución", según resaltó Mayor. El de la izquierda y el nacionalismo pretende "recorrer una segunda transición". Esa "transición pendiente" pasa, en el mejor de los casos, por la reforma de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía de, al menos, el País Vasco y Cataluña. Y en el peor incluye la ruptura con España de, al menos, Euskadi. "Lo que es verdad es que todos apuntan a un proyecto de transición puesto en marcha en la política española". Y ese proyecto, que Jaime Mayor denomina "ofensiva nacionalista", copará el debate político "en cuanto finalice el conflicto bélico de Irak, que ojalá sea cuanto antes". Será, además, "la gran cuestión tras las elecciones municipales" del 25 de mayo. Por eso, subrayó, de cómo "se gestione esa ofensiva nacionalista dependerá del resultado de las elecciones". En el País Vasco, según su análisis, dependerá del resultado global y, "en especial, del resultado de Álava". En Cataluña, no sólo de las municipales sino también de las autonómicas de otoño. Y en toda España, del respaldo que obtenga el PP que es, según su análisis, el único partido que "defiende la Constitución", pues "la izquierda española piensa que todavía está pendiente un tramo de la transición democrática en España". Por eso, enfatizó, el PSOE actúa "con una enorme miopía e irresponsabilidad" al "no aceptar la realidad" y, a cambio, "echarle la culpa al PP". El otro gran problema que, según Mayor, la guerra "está enmascarando" es "la obsesión de una parte de la izquierda de derrotar al PP". Y de esa izquierda "obsesionada con el PP" ha "surgido otra, radical y violenta": "Esa izquierda violenta no ha desaparecido, y no aceptarlo es una estupidez". Por suerte, destacó, "no hay dos derechas, ni dos centros, sino sólo uno": el PP
3. ZAPLANA SE HIPOTECA: ADQUIERE SU PISO DE MADRID CON UN PRÉSTAMO DE 1,62 MILLONES DE LA CAM
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana, ha adquirido recientemente un piso en Madrid que le ha supuesto una inversión de 1.622.732,68 euros, cantidad que corresponde exactamente a 270 millones de las antiguas pesetas. La compra de esta propiedad inmobiliaria, registrada a su nombre y al de su esposa, Rosa Barceló, en régimen de gananciales, se efectuó el pasado 19 de noviembre de 2002, según consta en la correspondiente escritura notarial de compraventa.
El pago por la adquisición de esta propiedad se realizó mediante un préstamo hipotecario concedido conjuntamente al matrimonio Zaplana-Barceló por la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) el mismo día en que se llevó a cabo la operación inmobiliaria, según se recoge en la escritura de condiciones del crédito, formalizada ante el mismo notario, Juan Carlos Caballería Gómez, del colegio de Madrid.
La anterior propietaria del piso, una persona física, recibió del matrimonio Zaplana-Barceló la cantidad de 1,62 millones de euros en dos cheques bancarios en el mismo acto de escriturar la compraventa, algo habitual en este tipo de transacciones en las que se hacen coincidir todos los trámites en una misma operación y ante el mismo fedatario público.
El piso comprado por Zaplana está situado en una de las zonas más cotizadas y caras de la capital de España: en pleno Paseo de la Castellana. El edificio, dedicado íntegramente a viviendas habituales, alberga una vivienda por planta.
La nueva propiedad de Zaplana puede considerarse muy amplia, ya que dispone de 532 metros cuadrados útiles. Así se desprende de la descripción detallada que se hace del piso en el correspondiente registro de la propiedad de Madrid .
El piso consta, según la escritura, de un vestíbulo, un salón con chimenea, una sala de estar, un comedor, un cuarto de armarios, dos cuartos de baño y uno de aseo para los señores, un cuarto de vestir, cuatro dormitorios para los señores, un despacho, un vestíbulo para los niños, oficio, comedor para el servicio, cuarto de plancha, un dormitorio para el servicio, un cuarto de baño y cuarto de entrada y armarios, y cocina.
Toda esta distribución ocupa una superficie total de 479,20 metros cuadrados, a los que hay que añadir una terraza principal, de 31,22 metros cuadrados, y una terraza de servicio con otros 21,55 metros cuadrados. En total, la superficie útil de la vivienda suma 532 metros cuadrados. La nueva propiedad de Zaplana incluye, además, un trastero en el sótano de casi 8 metros cuadrados y dos plazas de garaje.
Las condiciones establecidas en el crédito hipotecario concedido por la CAM al matrimonio Zaplana-Barceló establece «una total responsabilidad hipotecaria» que asciende a casi 2,30 millones de euros (371 millones de las antiguas pesetas) al añadir varios conceptos en el caso de que hubiese impago de las cuotas establecidas.
No obstante, esta cantidad está cubierta por el valor de tasación del piso, que realizan empresas especializadas del sector inmobiliario, en el caso de una subasta y que suele ser el precio de referencia a la hora de que una entidad financiera conceda un crédito. En este caso, la valoración fijada es de 2.658.723 euros, es decir, más de 442 millones de pesetas.
Las condiciones de devolución del crédito señalan una carencia de tres años para el pago del principal, período en el que únicamente se pagan intereses. Durante el primer año, en pagos trimestrales, el interés aplicable es del 3,36% anual. Las cuotas por mes en este período, según la escritura, ascienden a 8.044,47 euros.
A partir de ese momento, el interés variable que se fija es el euribor, el índice de referencia más utilizado, aumentado en un 0,40%, con renovaciones anuales al alza o a la baja coincidiendo con el mes de noviembre, momento en que se formalizó el crédito. Tras los primeros tres años de carencia de principal, los pagos de capital e intereses se realizarán en 300 mensualidades, es decir, 25 años.
Fuentes del sector inmobiliario de Madrid especializados en compraventa de inmuebles de alto valor explicaron que el precio medio en la zona El Viso-Paseo de la Castellana ronda los 4.700 euros por metro cuadrado. «Evidentemente, una transacción como la descrita puede considerarse muy ventajosa», dijo un especialista en el sector.
Respecto a las condiciones del crédito hipotecario explicaron que «la carencia de tres años en la devolución del capital siempre beneficia al deudor. El interés variable puede considerarse beneficioso, especialmente si se trata de una caja de ahorros».
Se da la circunstancia de que en la misma operación de compraventa, siempre ante el mismo notario, la anterior propietaria canceló la hipoteca contraída en su día con la Caixa cuando, a su vez, adquirió el piso y que gravaba la propiedad. Por lo tanto, el piso fue adquirido «sin cargas» por parte del matrimonio Zaplana-Barceló
Zaplana devuelve el crédito con cuotas mensuales de 8.044,47 euros, pagaderas a trimestres vencidos, durante el primer año. En este plazo inicial el tipo de interés aplicable es fijo, al 3,36% anual, según se recoge en la escritura que detalla las condiciones del crédito hipotecario. Estas cuotas mensuales, equivalentes más de 1,3 millones de las antiguas pesetas, son sensiblemente inferiores a su sueldo como ministro, fijado anualmente por los presupuestos generales del Estado. Concretamente, la retribución bruta anual de un ministro del Gobierno como Zaplana queda establecida para este año de 2003 en 72.048,96 euros (unos 12 millones de pesetas).
Ese sueldo se percibe en doce mensualidades, sin pagas extraordinarias, según el artículo 23.1 de la ley de presupuestos generales del Estado vigente. Por lo tanto, el sueldo de Zaplana como ministro es de 6.004,08 euros al mes. La diferencia entre su sueldo y las cuotas mensuales del crédito hipotecario es de 2.040,39 euros. Los miembros del Gobierno no reciben otras retribuciones y la legislación solo contempla, al margen de los gastos devengados, unas dietas fijas cuando viajan fuera de Madrid, similares a las de los funcionarios de mayor rango. Asimismo se prevé el pago de la vivienda cuando un ministro procede de fuera de la capital de España (Zaplana ha estado residiendo desde su nombramiento en la vivienda existente en su ministerio).
En la escritura del préstamo no figuran avalistas terceros u otras garantías adicionales aportadas por los prestatarios. El único bien que lo garantiza es el propio piso. Para ello, según recoge la escritura, está tasado «para subasta» en la cantidad de 2.658.723 euros (más de 442 millones de pesetas), cifra que supera en un millón de euros al del precio de la compra-venta. El pago de estas cuotas de 8.044, 47 euros se prevé durante el primer año, ya que después se aplica el interés variable pactado para el resto de la vigencia del préstamo: el índice euribor aumentado en 0,40 centésimas. Este índice de referencia, el más habitual en operaciones hipotecarias, está actualmente fijado en el 2,504%.
Las condiciones del crédito hipotecario establecen que durante los tres primeros años -el primero con interés fijo y los dos siguientes variable- hay una carencia para devolver el capital prestado. Solo a partir del tercer año y durante un plazo de 300 meses (25 años), según se establece en la escritura. se amortiza el principal, 1,62 millones de euros, y los correspondientes intereses pendientes fijados, al alza o a la baja, según el euribor más 0,40 centésimas.
4. EL ENDEUDAMIENTO DE LAS FAMILIAS SUBIÓ AL 80% DE SU RENTA EN 2002
El Banco de España (BE) calcula que el endeudamiento de las familias alcanzó el 80% de su renta disponible en 2002, y advierte de la velocidad a la que ha ido aumentando desde 1995, cuando el volumen de deuda entre la renta disponible era del 45%. El director general del Servicio de Estudios del BE, José Luis Malo de Molina, apunta que la capacidad financiera de las familias está en mínimos por la caída del ahorro y la carestía de la vivienda. José Luis Malo de Molina explica en un artículo en la revista del Colegio de Economistas que el endeudamiento de las familias no representaría ningún peligro significativo si se tratase de un mero ajuste transitorio para alcanzar el endeudamiento óptimo y coherente con el nuevo escenario de bajos tipos de interés a largo plazo, pero indica que existen "elementos de inercia" que están relacionados con la enorme importancia del crédito para la adquisición de vivienda, que creció en 2002 por encima del 15%. De hecho, Malo de Molina apunta que la capacidad de financiación de las familias se encuentra en "mínimos históricos" como consecuencia de la caída de la tasa de ahorro y del elevado dinamismo de la inversión en vivienda. En concreto, explica que el ahorro global de las familias equivale prácticamente a los pagos de amortización de las hipotecas contraídas para la adquisición de vivienda, de tal manera que los hogares españoles "carecen de un colchón significativo de ahorro disponible" para hacer frente a situaciones adversas. Malo de Molina indica que la mayor vulnerabilidad de las familias procede de la evolución del precio de la vivienda, que acumula un aumento del 62% entre 1998 y 2002.
5. EL CONSUMO Y LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL SE HAN FRENADO EN EL PRIMER TRIMESTRE
El Banco de España ha detectado en los primeros meses del año "un avance algo más moderado" del consumo y que se ha frenado la recuperación de la industria, mientras que los indicadores de empleo "muestran una evolución más sostenida", en términos generales. Añadido a esto, "el indicador de confianza de los consumidores reanudó en febrero su tendencia a la baja, arrastrado por el empeoramiento de las perspectivas sobre la situación económica para los próximos meses", sostuvo el ente emisor. En su último informe de coyuntura el Banco de España apunta que la construcción continúa la desaceleración iniciada en el último trimestre de 2002, aunque algunos indicadores han registrado una cierta mejoría. El estudio indica que la información disponible sobre la actividad industrial pone en duda la continuidad de la recuperación de este componente.
6. EL PARO EN MARZO SUFRE LA MENOR CAÍDA DESDE 1995
El número de parados registrados en el Inem se redujo en marzo por segundo mes consecutivo, con una bajada de 14.490 personas. Se trata de la menor caída en ese mes de los últimos nueve años. La evolución de marzo, peor a la registrada en ese mes desde 1995, se debe a una incorporación al mercado laboral de más personas, fundamentalmente jóvenes, de las que pueden encontrar ocupación en este periodo de debilidad de la economía. Se trata de un mes en el que el aumento del desempleo se ha concentrado en el colectivo sin empleo anterior, que sube en 4.004 personas (1,64%). Los sectores productivos en cambio registran bajadas, y la mayor es la de los servicios, con 14.117 parados menos (1,42%). En la construcción hay una reducción de 2.709 personas (1,47%); en la industria, de 1.483 (0,55%), y en la agricultura, de 185 desocupados (0,45%).
El paro desciende más entre los hombres, con un retroceso de 12.129 desempleados (1,72%), mientras que entre las mujeres baja en 2.361 (0,23%). La cifra en términos absolutos se sitúa en 694.933 parados y 1.024.638 desempleadas, mientras que las tasas de paro respectivas quedan en el 6,27% y el 13,82%.
7. DESTACADOS JURISTAS PROPONEN UNA LEY PARA REVISAR SENTENCIAS FRANQUISTAS
Un grupo de juristas pertenecientes a diferentes sensibilidades políticas, entre ellos varios magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y de la Audiencia de Barcelona, además de reconocidos constitucionalistas, han redactado un anteproyecto de ley para revisar y anular las "sentencias injustas" dictadas durante el franquismo por las que miles de personas fueron encarceladas y represaliadas por motivos políticos.
Los promotores presentaron su iniciativa al presidente del Parlament, Joan Rigol, el pasado 1 de abril, aniversario del final de la Guerra Civil española, y en breve se entrevistarán con todos los grupos parlamentarios para iniciar su tramitación. La previsión es que el proyecto de ley se apruebe en esta legislatura y posteriormente sea remitido al Congreso de los Diputados para que su ámbito de aplicación sea en toda España.
"El reloj de la historia marca la hora de hacer justicia, especialmente a los que lo dieron todo y nada recibieron, y de otorgar reconocimiento por su enseñanza y sacrificio". Así se expresa la exposición de motivos del anteproyecto de ley "de regulación de situaciones jurídicas originadas por la guerra civil". El borrador establece de manera clara que podrán revisarse todas las sentencias dictadas entre el 17 de julio de 1936, la víspera del levantamiento militar, y el 20 de noviembre de 1975, fecha de la muerte de Franco. La aplicación de la ley se limita a cuatro años y abarca todos los ámbitos: penal, civil, social, militar o contencioso-administrativo, siempre que se crea que hubo un juicio sin garantías y que se trató de una represalia política.
El anteproyecto ha sido redactado por el magistrado Ángel García Fontanet, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, que preside José Manuel Bandrés, también magistrado del TSJC, hizo suya la idea y le encargó a García Fontanet la redacción. Además, se formó una comisión con personas de diferentes ideologías para el seguimiento de la tramitación del anteproyecto en la que figuran, entre otros, el senador y padre de la Constitución Jordi Solé Tura, el historiador Josep Maria Ainaud de Lasarte y el histórico militante comunista y ex diputado Miguel Núñez. También han expresado su parecer favorable el catedrático de Derecho constitucional Luis López Guerra y el de Derecho administrativo Lorenzo Martín-Retortillo, así como los abogados Josep Maria Socias Humbert y Josep Maria Solsona.
Para hacer posible la revisión de las sentencias se aplicarían las leyes actuales en cada ámbito, de manera que en el área penal regiría la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo que el fiscal podría actuar de oficio y también podría solicitar la revisión de sentencias. Si no fuera así, la fiscalía se podría considerar parte demandada, al igual que la abogacía del Estado en el resto de procesos y de los interesados en mantener las sentencias que se pretende revisar. Si los demandados no se presentan, el juez podrá dictar sentencia y si faltasen documentos para demostrar la veracidad de la demanda, el tribunal podrá suspender la tramitación durante un año y solicitar de la administración que se busquen esos documentos. Estos procesos de revisión judicial se declaran preferentes y serán gratuitos, como cualquier otra causa, al margen de la minuta del abogado. Podrá recurrirse contra la sentencia como pasa ahora.
La explicación de motivos del anteproyecto de ley explica que desde la promulgación de la Constitución se han impulsado muchas iniciativas para reparar los efectos de la guerra, pero advierte que todavía quedan rescoldos que hay que liquidar. "El heroísmo de muchos en las trincheras y en la retaguardia no fue inútil. Fue la semilla y el ejemplo para la construcción del actual Estado democrático y social de derecho", asegura el texto. García Fontanet considera que "en definitiva, se trata de una ley para facilitar la reconciliación, para recuperar la memoria y para que de una vez se haga justicia con estas personas".
8. LAS FAMILIAS DE DESAPARECIDOS EN LA GUERRA CIVIL PIDEN UN ACTO DE RECONOCIMIENTO
Las familias de los desaparecidos españoles, organizadas en torno a la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), continúan su lucha para que el Gobierno les ayude a recuperar los cadáveres de las cunetas de media España. Durante una emotiva presentación del libro Las Fosas de Franco (Temas de Hoy) los dirigentes de la asociación y autores del libro Emilio Silva y Santiago Macías exigieron al Gobierno, además de ayuda, reconocimiento. Proponen que, aprovechando que ahora se cumplen 25 años de democracia, uno de los actos conmemorativos sea un gran homenaje a los desaparecidos, de uno y otro lado, realizado por los cuatro presidentes de Gobierno que ha tenido la democracia. Una sala del círculo de Bellas Artes abarrotada escuchó los testimonios de tres familiares de desaparecidos y su lucha por reabrir las fosas comunes.
9. TVE CONTRATA DOCUMENTALES AL DOBLE DEL PRECIO DE MERCADO
Televisión Española ha adjudicado a la productora New Atlantis varios paquetes para la realización de documentales que suponen más de 460.000 euros. La media del precio de un documental "llave en mano" de una hora de duración ronda los 12.000 euros, pero la televisión pública paga a New Atlantis -compañía gestionada por el ex director de TVE Jorge Sánchez Gallo- entre 30.000 y 42.000 euros.
En 2002, TVE destinó buena parte de su presupuesto de documentales a New Atlantis, vinculada a Cartel, productora presente en series como Cuéntame cómo pasó o Ala... Dina. Uno de los principales paquetes firmados con New Atlantis fue suscrito en enero, en la época en la que Álvaro de la Riva era director de TVE. Se trata de la serie Futuro, que inicialmente comprendía 14 capítulos de una hora cada uno, por un importe total de 42 millones de pesetas (252.400 euros). Cada episodio estaba valorado en 18.000 euros.
Posteriormente se cayeron de la serie siete documentales y se incluyeron otros tres (Mantis, Homeless y El toro amigo). Pero en esta revisión, el precio subió sustancialmente. Los dos primeros (30.000 euros cada uno) se tasaron en casi el doble de lo pactado para el resto de los capítulos y el importe del tercero subió hasta los 42.000 euros.
Estos costes superan ampliamente las tarifas medias que TVE paga por la adquisición de documentales bajo la fórmula "llave en mano". El director general de RTVE, José Antonio Sánchez, cifró el coste medio de un producto de estas características (de una hora de duración y con derecho a dos pases) en 12.000 euros. Aunque advertía de que los precios pueden ser variables en función de las condiciones de emisión.
A finales de 2002, TVE firmó nuevos contratos con New Atlantis, entre ellos la serie de 13 capítulos Ingenio natural, valorada en 159.900 euros. La obra tiene las mismas condiciones de emisión que la anterior. Cada uno de estos capítulos sale a 12.300 euros, pero su duración no es de una hora, sino de treinta minutos, lo que de hecho implica el doble de las tarifas medias anunciadas por Sánchez.
10. EL SUPREMO FULMINA LA POLÍTICA DE EXTRANJERÍA AL ANULAR 11 ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO
El Gobierno no podrá seguir encerrando en centros de internamiento a los miles de inmigrantes que llegan cada año en pateras. Tampoco podrá impedir que miles de extranjeros que han obtenido su permiso de residencia gracias a la reagrupación familiar trasladen legalmente a España a sus parientes más próximos. Ni podrá imponer un año de convivencia en España a los matrimonios con un cónyuge extracomunitario para regularizar su situación. En una sentencia histórica, que ya es firme, el Tribunal Supremo ha pulverizado 11 artículos del reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería. La sentencia responde al recurso contencioso-administrativo presentado en 2001 por 30 organizaciones de las federaciones de asociaciones de defensa de los inmigrantes encuadradas en las ONG Red Acoge y Andalucía Acoge, y descoyunta aspectos fundamentales de la política de inmigración del Gobierno. Éstos son los puntos más importantes:
- Libre circulación. El artículo 38 del reglamento señala que el Ministerio del Interior podrá autorizar la estancia en España a los extranjeros indocumentados, pudiendo adoptar en tales casos restricciones a la libre circulación. El Tribunal Supremo considera que este artículo de la Ley de Extranjería restringe la aplicación de esas medidas cautelares al estado de excepción o de sitio y, excepcionalmente, a razones de seguridad pública. Supuesto práctico: El Gobierno no puede limitar la libre circulación de los indocumentados.
- Reagrupación en cadena. El artículo 41.5 dice que los extranjeros que hayan adquirido la residencia por reagrupación sólo podrán ejercer dicho derecho con sus propios familiares cuando cuenten con un permiso de residencia propio. El Supremo sentencia que exigir la obtención de un segundo permiso de residencia limita el derecho de las personas en esta situación. Supuesto práctico: si un inmigrante obtiene su permiso de residencia por reagrupación familiar puede, a su vez, trasladar a España a sus familiares directos. Este supuesto afecta a miles de personas.
- Exención de visado. El artículo 49.2 d y e concede la exención del visado de residencia a los extranjeros que sean cónyuges de español o de extranjero residente legal, siempre que acrediten la convivencia en España al menos durante un año. El Supremo considera que el que esa convivencia tenga que producirse en España "quiebra el principio de legalidad, amén de que supone obligar a permanecer en territorio español durante un año en situación irregular". Supuesto práctico: un español se casa con una extranjera y, tras un año, ésta obtiene la residencia aunque la convivencia entre ambos se haya producido en otro país.
- Indocumentados. El artículo 56.8 señala que los delegados y subdelegados del Gobierno proporcionarán a estas personas una cédula anual, "salvo que el extranjero se encontrase incurso en alguno de los supuestos de prohibición de entrada o de expulsión". El Supremo afirma que la denegación de la cédula sólo es aplicable a los quienes hayan sido expulsados, mientras dure la prohibición de entrada, así como a aquellos que la tengan prohibida por otra causa legalmente establecida. Supuesto práctico: el Gobierno no podrá negarse a documentar a un extranjero en situación irregular.
- Salvoconducto de viaje. El artículo 57 afirma que a los extranjeros que justifiquen documentalmente una necesidad excepcional del salir del territorio español y no puedan proveerse de pasaporte propio se les podrá expedir un título de viaje. El Supremo considera que la frase "y que justificando excepcionalmente una necesidad excepcional de salir del territoio español" y la expresión "podrá expedir" transforman en potestativo lo que en la Ley de Extranjería es imperativo. Supuesto práctico: el Gobierno debe proporcionar salvoconductos para salir de España a todos los extranjeros que lo pidan.
- Permiso de trabajo. El artículo 84 señala como supuestos de inadmisión a trámite de permiso de trabajo "falta de competencia del órgano al que se dirige la solicitud" y "procedimientos inadecuados". El Supremo rechaza ambas posibilidades. La primera, porque sólo sería procedente si el órgano al que se dirigiese la solicitud perteneciera a una Administración distinta a la competente; la segunda, porque las leyes establecen, en caso de documentación incompleta, un plazo de diez días para subsanar los fallos. Supuesto práctico: las delegaciones del Gobierno deben admitir a trámite los miles de solicitudes de trabajo y de residencia que han venido rechazando desde enero de 2002.
- Expulsiones. El artículo 117.2 señala que "el órgano competente o el órgano instructor" podrán retirar el pasaporte a los extranjeros carentes de arraigo. El Supremo considera que esta medida sólo puede efectuarla la autoridad competente. Supuesto práctico: sólo las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, y no las fuerzas de seguridad, podrán acordar la retirada del pasaporte.
- Pateras. El artículo 127.2.c dice que se podrá acordar el internamiento del extranjero cuando se haya dictado acuerdo de devolución a su país. El Supremo considera que esto contraviene la ley, que distingue entre la devolución por vulnerar la prohibición de entrada en España, para lo cual está prevista la posibilidad de internamiento cuando no pueda ejecutarse dicha devolución en 72 horas, y la devolución de los que pretendan entrar ilegalmente en el país, para los que la ley no establece la posibilidad de internamiento. Supuesto práctico: el Gobierno no podrá recluir en centros de internamiento a los extranjeros que lleguen en pateras.
- Internamiento. El artículo 130 sólo autoriza a los internos a comunicarse "periódicamente" con familiares y amigos. El Supremo considera que el criterio de periodicidad "implica limitación a un derecho incuestionable". Supuesto práctico: los extranjeros podrán comunicarse sin quedar al arbitrio de "restricciones periódicas".
- Jueces. El artículo 136.3 les ordena comunicar a la autoridad gubernativa la finalización de los procesos sobre extranjería. El Supremo dice que ese precepto altera el Estatuto de Jueces y Magistrados. Supuesto práctico: los jueces no tienen obligación de comunicar a las delegaciones del Gobierno sus resoluciones sobre extranjeros.
- Repatriación. El artículo 138.1.b contempla la repatriación de los extranjeros que pretendan entrar ilegalmente en el país, e incluye a los interceptados en frontera o en el interior del territorio nacional en tránsito o en ruta. El Supremo afirma que la Ley de Extranjería sólo se refiere a la pretensión de entrar en el país. El reglamento hace, pues, una interpretación extensiva que va más allá del mandato legal. Supuesto práctico: un irregular interceptado dentro del territorio español no podrá ser devuelto a su país sin que se le abra expediente de expulsión
11. LA OCDE RECOMIENDA A ESPAÑA QUE REGULARICE A LOS INMIGRANTES 'SIN PAPELES'
España debe regularizar a los inmigrantes irregulares. Esa es una de las principales conclusiones del informe sobre nuestro país que ha presentado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico(OCDE). Según este organismo "la política de inmigración necesita ser lo bastante flexible como para permitir que los inmigrantes ilegales, cuya presencia se acepta de hecho, puedan obtener permisos de trabajo". La OCDE hace un llamamiento a esta integración "importante por razones tanto económicas como sociales" y pide que se tenga en cuenta "las especificidades en función del lugar de origen".
Por lo que respecta a las variables macroeconómicas, la OCDE revisa a la baja la previsión de crecimiento de España para este año hasta el 2,1%, frente al 2,5% estimado inicialmente. El informe incide también en el problema de la vivienda. España debería corregir "las distorsiones del mercado inmobiliario", que han sustentado "el agudo encarecimiento del precio de la vivienda y han llevado a una escasez de viviendas de alquiler", asegura la OCDE.
El plan especial que el Ministerio del Interior puso en marcha en 2001 para combatir diez tipos de delitos que causan gran alarma social en diez grandes ciudades españolas ha fracasado en Madrid, Palma de Mallorca, Alicante, Valencia y Vigo, según ha reconocido el propio Ministerio del Interior. Durante el pasado ejercicio, los índices de delincuencia subieron en estas cinco ciudades, mientras se redujeron en Barcelona, Sevilla, Málaga, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. El plan especial se puso en marcha ante el aumento de bandas organizadas en diversas zonas de España.
El plan piloto se presentó a bombo y platillo a finales de 2000 con el objetivo de luchar contra la delincuencia organizada, uno de los aspectos de la inseguridad ciudadana que más preocupan al Gobierno. El programa especial combinaba diez áreas geográficas y diez delitos que por sus características "son especialmente graves y cuya importancia y trascendencia social y económica producen grandes perjuicios y elevadas cotas de alarma social". Las ciudades para aplicar el programa se eligieron en base a la existencia de un mayor número de grupos organizados de delincuentes.
Los delitos contra los que se actúa son los que siguen:
- Tráfico de drogas.
- Crimen organizado
- Redes de inmigración ilegal.
- Grandes delitos económicos y blanqueo de capitales.
- Delitos contra el patrimonio.
- Delitos contra la libertad sexual.
- Delitos del ámbito familiar, contra los menores.
- Delitos tecnológicos.
La Dirección General de la Policía, según explica el Gobierno en una respuesta parlamentaria potenció distintas unidades para combatir esta delincuencia en las 10 grandes ciudades. Pero los resultados sólo fueron óptimos en cinco de ellas, donde bajó la tasa de delincuencia. Se trata de Málaga, con un descenso del 15,58% en esos delitos, Las Palmas (15,06%), Santa Cruz de Tenerife (13,49%), Barcelona (5,54%) y Sevilla (1,89%). En el lado contrario se sitúan otras cinco grandes ciudades donde subió la criminalidad. En tres de ellas, Madrid, Alicante y Palma de Mallorca, el crecimiento superó incluso la media nacional, según indica en su respuesta el Gobierno. La información no precisa en qué porcentaje subió aquí la delincuencia. Los sindicatos policiales aportaron datos referidos a la suma de delitos y faltas conocidos en las tres ciudades. Madrid, según sus datos, sufrió un aumento del 13,%, en Alicante se registró una subida del 2,1% y en Palma de Mallorca un 43%. Las otras dos ciudades donde fracasó el plan especial de la policía son Valencia (un 1,95% de aumento) y Vigo (1,77%).
13. UNA COMISIÓN DE EXPERTOS PIDE UN GOLPE DE TIMÓN EN LOS PLANES DE INTERNET
El fracaso del plan gubernamental InfoXXI para impulsar la sociedad de la información en España provocó que el propio ministerio de Ciencia y Tecnología encargara a una comisión independiente de expertos unas recomendaciones para lanzar un nuevo plan a finales de año. Ahora se presentó el documento en el que se pide literalmente "un golpe de timón"
En un acto con el ministro Josep Piqué, el presidente de la comisión, Juan Soto, presidente de honor de Hewlett Packard España, expuso las principales conclusiones. Soto destacó que el documento no se dedica tanto a aconsejar acciones concretas sino que se centra en cómo deben hacerse "para que las cosas pasen de verdad". El Plan InfoXXI no ha cumplido sus objetivos ni se ha aplicado en su totalidad. Para evitar repetir el error, la comisión pide un plan con "objetivos mesurables y concretos, responsables claros y sincronización de las administraciones".
Según el texto, el presidente del Gobierno debería liderar el proyecto; Ciencia y Tecnología, responsabilizarse de su impulso; y la Comisión Delegada de Asuntos Económicos hacer el seguimiento. Un órgano técnico en el que esté el citado ministerio y el de Administraciones Públicas debería impulsar la estandarización de herramientas para la administración electrónica y coordinar administraciones y sectores. Para la gestión "empresarial" del futuro plan, el documento sugiere la entidad Red.es. Paralelamente, un grupo de expertos haría un seguimiento externo y crítico del plan.
La Asociación de Internautas criticó en un comunicado que el informe no aborda temas claves que preocupan a los internautas como la universalidad, calidad y coste del servicio de conexión
14. 2.700 CIENTÍFICOS FIRMAN EN 'SCIENCE' UNA CARTA CONTRA PIQUÉ POR NEGAR LA FUGA DE CEREBROS
Casi 2.800 científicos españoles se han dirigido a la revista Science, uno de los dos principales medios de comunicación científica del mundo, por medio de tres cartas para responder a las afirmaciones que hizo el ministro de Ciencia y Tecnología en la misma revista el pasado 31 de enero. Una primera misiva, con 2.700 firmas, se refiere especialmente a la siguiente afirmación de Piqué: "En la actualidad existen muchos más científicos extranjeros trabajando en España que españoles en el extranjero". Los científicos, en su mayor parte residentes en el extranjero, aseguran que los datos de que disponen indican que sí existe una preocupante fuga de cerebros y afirman que no se cumplen las condiciones para que los investigadores puedan trabajar en España.
Los firmantes señalan que, aunque han tratado de obtener los datos exactos, no han podido lograrlos porque no existen, y desafían a Piqué a explicar en qué datos se basa su afirmación. Sin embargo, los firmantes han logrado datos parciales que indican que sólo en un año ha aumentado en un 6,8% el número de españoles que investigan en EE UU (1.822 en 2001). Ese mismo año 154 investigadores postdoctorales españoles se trasladaron a otros países europeos en el marco del programa Marie Curie, mientras que sólo entraron en España 39 extranjeros.
Igual balance negativo se dio en otros programas similares. También señalan los firmantes que la entrada de científicos extranjeros en España se ve dificultada por la endogamia, y que en el novedoso programa Ramón y Cajal de contratos de cinco años sólo 209 de los 1.300 contratados en 2001 y 2002 son extranjeros. En ese periodo se trasladaron al extranjero al menos 628 investigadores postdoctorales, becados por el Ministerio de Educación y Cultura. Concluyen los firmantes: "Consideramos que las actuales condiciones no son las adecuadas para reincorporar investigadores o atraer a extranjeros".
Cristina Muñoz-Pinedo, de 28 años, primera firmante, es un ejemplo de investigadora recibida con brazos abiertos en EE UU, donde sólo lleva un año, pero que no logra trabajar en condiciones dignas en España (tuvo una beca y un contrato de corta duración). Su beca actual, de Educación y Cultura, es insuficiente y debe completarla el departamento del Instituto La Jolla de Alergia e Inmunología en el que trabaja. Ella calcula que sólo en el área de San Diego hay al menos 200 científicos españoles.
Otros 93 investigadores, del citado programa Ramón y Cajal, han firmado la segunda carta que publica Science. En ella puntualizan que los términos de sus contratos no incluyen garantía alguna de poder seguir una carrera científica en España y recuerdan que los seleccionados en 2002 han sufrido un retraso de cinco meses en su incorporación a las universidades y centros de investigación. Recuerdan también que la edad media es de 37 años, por lo que no pueden considerarse recién doctorados como se decía en la entrevista a Piqué, y valoran el programa, en parte porque incluye a científicos extranjeros.
"Encuentro bastante sorprendentes las afirmaciones positivas sobre la ciencia en España realizadas por Josep Piqué, dado que parecen estar lejos de la realidad", comienza la tercera carta que publica Science, firmada por Javier Escartín, del área de geociencias marinas, que trabaja en París. Este investigador recuerda que la financiación de la ciencia en España (que representa menos del 1% del PIB, con un 30% destinado a I+D militar) y la proporción de científicos respecto a la población están entre las más bajas de Europa. También enumera diversos graves retrasos en los últimos años en la financiación de proyectos y en los contratos Ramón y Cajal que han llevado a que se pierdan los fondos al final del año fiscal. "Los recientes ministros de Ciencia (incluyendo a Piqué) tienen escasa cualificación importante o la credibilidad necesaria para llevar a cabo una adecuada política científica en un país que necesita una clara mejora en la administración de este área", añade Escartín. Concluye: "Existe una clara fuga de cerebros" y remacha: "A pesar de ocupar ese ministerio, Piqué parece ignorar esta realidad".
15. EL PRESIDENTE DEL SUPREMO Y DEL PODER JUDICIAL ADMINISTRA Y REPARTE LOS BIENES DE UNA HERENCIA
Francisco José Hernando Santiago, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), administra y reparte la herencia de M. P. F., fallecido el 25 de noviembre de 2001 y que en 1991 le designó partidor-contador de sus bienes, por más de 712.000 euros, según la nieta del testador. Fuentes del CGPJ estiman que Hernando debió al menos consultar al Consejo, ya que la ley declara incompatibles a los jueces "con todo tipo de asesoramiento jurídico, sea o no retribuido". Hernando Santiago considera su actuación en este caso "perfectamente legal".
Hernando respondió a través de Eduardo Ortega, jefe de gabinete de la presidencia del Consejo: "Se trata de la herencia de un íntimo amigo de mi padre y no he consultado si se trata de una actividad compatible, porque no es retribuida y la ejercen muchos jueces y fiscales. Es perfectamente legal".
Expertos en derecho civil sucesorio consideran que lo habitual es que los contadores-partidores sean abogados. Otros especialistas en la materia del CGPJ estiman, por su parte, que en la medida que el cargo de partidor-contador requiere la administración del patrimonio ajeno, el magistrado llamado a ejercerlo debe pedir autorización al Consejo.
De este caso existe al menos un precedente, el del magistrado y vocal del primer Consejo Diego Palacios, que el 26 de octubre de 1984 pidió y obtuvo autorización para ser contador-partidor.
La vigente Ley Orgánica del Poder Judicial otorga al CGPJ "la competencia para la autorización, reconocimiento o denegación de compatibilidades" y establece en su artículo 389 un amplio catálogo de actividades incompatibles con el cargo de juez o magistrado, entre ellas "el ejercicio de la abogacía y de la procuraduría"; "todo tipo de asesoramiento jurídico, sea o no retribuido"; "el ejercicio de toda actividad mercantil, por sí o por otro"; "las funciones de director, gerente, administrador, consejero, socio colectivo o cualquier otra que implique intervención directa, administrativa o económica en sociedades o empresas mercantiles, públicas o privadas, de cualquier género".
Un informe del Servicio de Personal del CGPJ, elaborado el 27 de febrero de 2003, tras reproducir el precepto indicado, manifiesta que "el Consejo ha venido interpretando el régimen de incompatibilidades legalmente establecido de forma rigurosa, de acuerdo con el principio de exclusividad de la función jurisdiccional" consagrado por la Constitución.
La importancia legal que se viene concediendo a la observancia del régimen de incompatibilidades queda también de manifiesto en el precepto según el cual "el ejercicio de cualquiera de las actividades incompatibles con el cargo de juez o magistrado" se configura como falta muy grave, que puede dar lugar a suspensión en la función judicial de hasta tres años, traslado forzoso o expulsión de la carrera.
Según la nieta del testador, la partición realizada por los contadores-partidores Gerardo y Francisco José Hernando Santiago fue impugnada judicialmente. Para ello, su padre -uno de los dos hijos del testador- demandó a los hermanos Hernando, así como a J. M. P., el otro heredero. Los demandantes evalúan el importe total de los bienes incluidos en el testamento en 712.620 euros (más de 118 millones de pesetas). La disposición testamentaria nombra en 1991 comisarios y contadores-partidores a los hermanos Hernando Santiago, atribuyéndoles "las más amplias facultades" para administrar y distribuir entre los herederos los bienes del testador.
En el poder notarial otorgado por los dos contadores-partidores el 18 de julio de 2002 a varios procuradores para que les representaran procesalmente, Gerardo Hernando Santiago reflejó su profesión de médico, mientras que Francisco José Hernando Santiago hizo constar sólo que es "licenciado en Derecho". El jefe del gabinete de la presidencia del CGPJ interpreta esa omisión como "un acto de humildad y de elegancia, para no inquietar o perturbar en su independencia al juez del caso".
Sin embargo, la profesión y cargos actuales de Hernando Santiago no pasaron inadvertidos. Según la nieta del testador, el primer abogado al que su familia encargó la impugnación del reparto realizado por los contadores-partidores, propuso requerir notarialmente a ambos hermanos a sus domicilios privados, pero, "tras dos semanas de dilaciones incomprensibles, decidió que podría incurrirse en desacato", dado el cargo de Hernando.
Finalmente, asesorado por la abogado Olotz Rey Alberdi, el hermano disconforme con la partición envió dos cartas a su hermano y, ante la falta de respuesta, interpuso demanda de testamentaría contra él y los dos partidores-contadores. La vista del juicio se celebró el 28 de febrero. El caso está a la espera de sentencia
16. LA FISCALÍA DEL ESTADO ABRE DILIGENCIAS AL FISCAL JEFE DE MADRID
La Fiscalía General del Estado ha abierto diligencias informativas al fiscal jefe deMadrid, Mariano Fernández Bermejo, por sus declaraciones sobre la puesta en funcionamiento de los juicios rápidos en Madrid.Jesús Cardenal. El pasado día 15, la Junta de Fiscales de Madrid, presidida por Fernández Bermejo e integrada por 175 fiscales, hizo público un comunicado en el que advertía que la ley que regula los juicios rápidos y que entrará en funcionamiento el 28 de abril, será un "fracaso" porque el Ministerio de Justicia no la ha dotado de los medios necesarios para su aplicación.
En el escrito, los fiscales de la Comunidad de Madrid arremetían contra "la intolerable rebaja de las garantías procesales" de la nueva ley y denunciaban que parte de su contenido es "inconstitucional". También criticaron que el "tan cacareado Pacto por la Justicia, suscrito por PP y PSOE, desemboque en tamañas soluciones". El fiscal jefe, Mariano Fernández Bermejo, manifestó además que para aplicar esta ley, Madrid necesita al menos otros 69 fiscales, es decir, al menos un fiscal por cada juzgado.
Por su parte, los secretariados de la Unión Progresita de Fiscales (UPF) y de Jueces para la Democracia calificaron de "intolerable" la medida adoptada contra Fernández Bermejo por "exponer públicamente" el contenido del acuerdo alcanzado por la junta de fiscales de Madrid. De los 175 fiscales que integran esta junta, sólo dos votaron en contra del documento difundido y dos se abstuvieron. A Antonio Camacho, portavoz de la UPF, le parece "absolutamente asombroso" que se haya abierto expediente a un fiscal por denunciar las carencias de la justicia. "Es un aviso para navegantes", sospecha.
Pedro Martínez, teniente fiscal de Madrid, señaló: "Pese a quien le pese, dicho documento fue aprobado en junta general tras un amplio debate, y en él se expresa la voluntad de los fiscales de Madrid; y precisamente porque no es una opinión particular sino de la fiscalía, no se comprende la decisisón de expedientar al fiscal jefe".
Al juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, le extrañó la medida, ya que, subrayó, "todos los colectivos profesionales [de la justicia] vienen denunciado desde hace tiempo la carencia de medios personales y materiales, así como la falta de infraestructuras, para que los juicios rápidos puedan implantarse con eficacia". También se mostró crítico con la decisión de Cardenal José Antonio Alonso, vocal progresista del Poder Judicial: "No ha cometido ningún acto de indisciplina y ha cumplido con su deber como fiscal jefe". Según Alonso, esta medida pone de manifiesto "el nerviosismo del Gobierno del PP", que, tras el fracaso en su lucha contra la delincuencia, "ha vinculado la seguridad ciudana a los juicios rápidos, y teme que éstos también le salgan mal". El también vocal del Poder Judicial Félix Pantoja opina que la decisión del fiscal general "es absolutamente injusta".
La medida adoptada por Cardenal es apoyada, en cambio, por los vocales conservadores Carlos Ríos y Fernando Fernández. Aseguran que la fiscalía de Madrid "cuenta con medios materiales y 209 fiscales, más otras tres plazas de fiscales de nueva creación, para la entrada en vigor" de la citada ley
La Consejería de Medio Ambiente ha elaborado un informe favorable al proyecto presentado por los dueños de la finca La Granjilla, una fresneda protegida de El Escorial, que pretenden convertir el paraje en un salón para celebrar bodas, banquetes y "eventos sociales" cuatro meses al año, con una carpa de 1.000 metros, un aparcamiento con 110 plazas y una previsión de hasta 14.000 visitantes anuales. La fresneda, propiedad de la familia de la candidata del PP Esperanza Aguirre -aunque ella se opone al proyecto-, tiene el máximo nivel de protección. Urbanismo debe dar aún el permiso definitivo.
La finca La Granjilla -propiedad de la familia Aguirre Borrell desde que sus antepasados la compraran hace 150 años- ocupa la mayor parte del espacio histórico-paisajístico conocido como La Fresneda, un conjunto renacentista de monumentos, jardines y estanques levantado por Felipe II entre 1561 y 1566 a tres kilómetros al este de El Escorial. Además de por la especie arbórea que le da nombre, las 150 hectáreas de La Fresneda están pobladas por ejemplares de cigüeña blanca, garceta común, garza real, martinete, avetorillo, milano negro y real, galápago leproso y galápago europeo, este último en peligro de extinción en la Comunidad.
Dos quintas partes de la finca son propiedad de Esperanza Aguirre y sus siete hermanos, que la heredaron de su padre, y las tres quintas partes restantes pertenecen a los tíos de la candidata, que llevan tiempo intentando conseguir la licencia para montar en La Granjilla un negocio de "eventos sociales (bodas, congresos, jornadas, etc.)". Éstos alegan que el mantenimiento de los monumentos resulta muy caro, y que el dinero ingresado con el negocio lo destinarían a rehabilitar el conjunto.
La copropietaria de La Granjilla y candidata del PP a presidenta del Gobierno regional, Esperanza Aguirre, se opone al proyecto, aunque no por razones de índole estrictamente ecologista. "No sé si el impacto ambiental será muy grande o no, pero esa finca es el lugar donde nosotros pasamos muchos fines de semana, y las bodas se hacen casi siempre en sábado o domingo. Lo perderíamos como sitio de descanso", argumenta. Aguirre asegura que uno de sus siete hermanos se dirigió expresamente a Medio Ambiente para pedir el expediente y mostrar su rechazo, "pero no obtuvo respuesta".
18. C.VALENCIANA: UN CARGO DEL PP CAZA Y DA ÁGAPES EN COTOS Y REFUGIOS PÚBLICOS
José María Rubio, diputado provincial de Medio Ambiente, del PP, y cazador vocacional, remata las jornadas de cacería en cotos públicos con la celebración de ágapes en recintos también públicos, en este caso un refugio propiedad de la Diputación de Alicante. El alto cargo conservador admitió que efectivamente saciaba su pasión por el arte de la cinegética en fincas rurales de titularidad pública en un pleno de la corporación provincial, celebrado en febrero de 2002.
El singular colofón que Rubio da a sus monterías en pos de los jabalíes por los parajes de Sierra Mariola lo desveló el diario Información. Según el rotativo, el también vicepresidente de la Diputación usa un refugio en una finca pública para organizar encuentros gastronómicos privados con los que agasaja al resto de tiradores. El inmueble rural se ubica en la finca Peñas del Sol, en el término de Villena (Alt Vinalopó) y ha sido restaurado con fondos públicos. La Diputación de Alicante ha concentrado en esta comarca del Alt Vinalopó la mayoría de las compras de terreno rústico. Entre esas propiedades de la Diputación hay dos zonas autorizadas para la celebración de batidas de caza. En los ocho años del PP al frente de la Diputación de Alicante, la institución ha acumulado un millar de hectáreas de terreno rústico con el objetivo, según Rubio, de fomentar proyectos medioambientales. El reconocimiento público de Rubio de su afición a cazar en cotos públicos acarreó la intervención del presidente regional del PP, Eduardo Zaplana, que instó a De España a erradicar esas prácticas. El diputado admitió que cazó y que entre sus colegas estaban los ex diputados provinciales Antonio Botella y Pedro Barrio. El episodio del diputado cazador es uno más de la larga lista de decisiones que confunden lo público y lo privado con las que De España, que no opta a la reelección, ha jalonado su etapa al frente de la Diputación.
19. C.A. DE ANDALUCÍA: MARTÍNEZ ACHACA LA CRISIS DEL PP DE CHICLANA A LA CONFECCIÓN DE LA LISTA
La presidenta del PP andaluz, Teófila Martínez, relativizó la nueva crisis declarada en el comité local y grupo municipal popular de Chiclana de la Frontera (Cádiz), donde la mayoría de miembros y concejales están en contra de la dirección local, y achacó las disputas internas al proceso de configuración de las listas electorales. "La situación es la de un partido que está afrontando la elaboración de las listas para tratar de presentar al mejor equipo para gobernar esta ciudad de la Bahía", dijo Martínez, quien no se pronunció sobre el rechazo a la guerra manifestado por uno de los concejales críticos, Juan Antonio Ortega, último candidato popular en esta localidad, quien no ha abandonado el PP pero que sí se declaró en contra de la intervención estadounidense cuando decidió salirse de un pleno que debatía sobre la guerra.
Por otra parte, Martínez se mostró muy crítica con la decisión de Ecologistas en Acción de expulsarla por "su apoyo decidido" a la guerra. "No va a ir en detrimento de mi conciencia y mi compromiso medioambiental, y de mi rechazo profundo a todas las guerras", dijo la alcaldesa de Cádiz, quien acusó a los dirigentes ecologistas de "intentar erigirse en expendedores de certificados de comportamientos personales y políticos". La dirigente del PP cuestionó también las formas en que ha conocido su expulsión de la organización ecologista.
El ex alcalde de Burgos, el popular, José María Peña San Martín, condenado por el llamado caso de la "Construcción" y luego indultado por el Gobierno, se vuelve a presentar a las elecciones, en este caso como independiente. Desde el PP le han pedido que retire la candidatura.
José María Peña San Martín aprovechó la presentación pública de su candidatura por Solución Independiente al Ayuntamiento de Burgos para poner de manifiesto las gestiones realizadas por el Partido Popular para conseguir que no se presentase a las elecciones municipales.
Peña confirmó los rumores que existían en la ciudad afirmando que un "importantísimo" representante del PP, que se encuentra "entre las cuatro primeras figuras" de la Ejecutiva Nacional del partido, le llamó personalmente para pedirle "con la más exquisita educación" que no concurriera a los comicios.
La respuesta de Josè María Peña fue que retiraría su candidatura con la condición de que tanto las ejecutivas nacional como regional del PP garantizasen que se iban a realizar los proyectos que se encuentran pendientes en Burgos, tales como la puesta en marcha del aeropuerto, el Museo de la Evolución Humana o completar el anillo de circunvalación de la ciudad.
El candidato de Solución Independiente ha sido el alcalde que más tiempo ha permanecido al frente del Ayuntamiento de Burgos, entre 1979 y 1992. Tuvo que dejar la Alcaldía de Burgos al ser condenado por el Caso de la Construcción. En los comicios municipales de 1987, el entonces presidente de AP en Castilla y León y candidato a la Junta, Josè María Aznar, retiró la candidatura de su partido al Ayuntamiento de Burgos para apoyar a Peña San Martín por Solución Independiente
El candidato del PP a la alcaldía de Elche, Emilio Cano, anuncia que abandona la carrera electoral por motivos de salud. El PP de Castellón no pasa por su mejor momento. Por motivos diversos, se enfrenta, a dos meses de las elecciones locales y autonómicas, a escisiones en municipios importantes. Un concejal de Onda, un ex alcalde de Nules y ex vicepresidente de la Diputación, un ex militante y concejal de Vinaròs y grupos de militantes de La Vall d'Uixó, Almenara y Vilafranca preparan listas independientes.
La situación también se le ha complicado al PP en Castellón. Las imposiciones de candidatos y la existencia de una directiva provincial extremadamente rígida son algunas de las causas que se achacan para explicar el surgimiento de listas municipales independientes basadas en militantes o exmilitantes del PP. Nules, Onda, Vilafranca, La Vall d'Uixó, Vinaròs y Almenara son las localidades en las que, de momento, ya se han anunciado o presentado listas de independientes.
El último en alzar la voz ha sido Vicente Martínez Lucas, ex vicepresidente de la Diputación de Castellón y ex alcalde de Nules, que presentó su baja en el PP, tal como confirmó Campos. En Onda, el aún concejal del PP, Pascual Mundina, ya ha anunciado que se dará de baja de las filas populares y encabezará una candidatura independiente, que se denominará Alternativa Municipal Independiente. Fabra espera la baja de Mundina que, en las anteriores elecciones ocupaba el número 2 en las listas populares. En Vilafranca, más de una docena de militantes, con Jaime Vives a la cabeza, han solicitado su baja del PP por la imposición del candidato. Vives fue alcalde por UCD en dos legislaturas y en las dos últimas convocatorias electorales ha figurado en la lista del PP. Mientras, en La Vall d'Uixó, las discrepancias con el alcalde de la localidad, Vicent Aparisi, han llevado a los fundadores de la entonces Alianza Popular y durante esta legislatura militantes del PP a crear un partido independiente. Además, tanto en Alqueries como en Almenara, una gran parte de la militancia se encuentra disconforme con los candidatos, por lo que no se descarta la elaboración de nuevas listas.
22. DIMITE UN CONSEJERO DEL GOBIERNO DE CEUTA ACUSADO DE DESVIAR FONDOS
El consejero de Participación Ciudadana del Gobierno ceutí, Francisco Torres, presentó su dimisión irrevocable después de que la oposición municipal le acusara de desviar fondos de su departamento hacia una empresa de servicios dirigida por un familiar directo al que en el plazo de dos años le adjudicó, por contratos verbales, trabajos por más de 108.000 euros. Torres, que fue uno de los cinco miembros del GIL con los que el PP pactó en febrero de 2001 para desbancar de la presidencia de la ciudad autónoma al gilista Antonio Sampietro, es también el quinto consejero que deja el Ejecutivo ceutí, que preside Juan Vivas (PP), en los dos últimos años después de que lo hicieran los responsables de Fomento (Tomás Alvarez de Lara), Medio Ambiente (Jesús Simarro), Mustafa Mizzian (Obras) y Mohamed Chaib (Bienestar Social), los dos últimos acusados por la Fiscalía de un delito de sedición por su presunta participación en unos disturbios ocurridos en el interior del ayuntamiento en octubre de 1999.
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