Partes de Guerra semanales
Semana del 25 al 31 de Mayo 2002
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6. UN TRIBUNAL JUDEO MASON DUDA DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN
7. ESPE $ AGUIRRE AUTORIZÓ LA FINANCIACIÓN PÚBLICA DE LOS CENTROS SEGREGADOS
10. POR PURO DESPISTE NUESTRO ENGUIQUE MÚGICA ACUSA AL ALCALDE DE LAS PALMAS DE VULNERAR LA LEY EN EL TRASLADO DE INMIGRANTES
11. LA COMISIÓN EUROPEA NOS PIDE MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PLAN HIDROLÓGICO
12. CASO PONFERRADA : ISMAEL ÁLVAREZ , CONDENADO POR ACOSO SEXUAL A NEVENKA FERNÁNDEZ
15. COMUNIDAD VALENCIANA : SÓLO 13 PERSONAS HAN OBTENIDO PLAZA FIJA EN LA ADMINISTRACIÓN DESDE 1999
17. MILITANTES DEL PARTIDO DE CÓRDOBA LLAMAN A LA 'DESOBEDIENCIA CIVIL' CONTRA LA DIRECCIÓN NACIONAL
18. NUESTRA TEOFILA MARTÍNEZ CADA DÍA MAS ESPABILADA : ANUNCIA 'MEJORAS' DEL PARTIDO ANDALUZ A LA REFORMA DEL SUBSIDIO MIENTRAS EL GOBIERNO LA APROBABA POR DECRETO
El Producto Interior Bruto (PIB) creció un 2% interanual en el primer trimestre de 2002, esto es, un 0,5% respecto al trimestre anterior, y tres décimas menos que en el mismo periodo de 2001. El dato confirma que la economía española continúa la trayectoria de desaceleración iniciada en el primer trimestre de 2000.
El crecimiento del primer trimestre se basó, en una aportación "sensiblemente" menor de la demanda interna (2,1 puntos frente a los 2,9 puntos del trimestre anterior), que contrarrestó parcialmente la contribución negativa de la demanda exterior al crecimiento del PIB, que fue de 0,1 puntos frente a los 0,6 puntos del trimestre anterior.
Todos los componentes de la demanda interna se desaceleraron. Así, el gasto en consumo final de los hogares e instituciones sin ánimo de lucro creció el 2,1%, seis décimas menos que en el trimestre anterior, y su aportación al crecimiento fue de 1,8 puntos, debido al menor crecimiento de las ventas comerciales.
La inversión creció el 0,9%, frente al 1,1% del cuarto trimestre del 2001, debido a la contracción de sus componentes de bienes de equipo y otros productos, con crecimientos negativos del 4,9 y del 0,1%, respectivamente, y al menor impulso de la inversión en construcción, que creció el 4,4%, y que, no obstante, muestra un "vigor apreciable". El gasto en consumo final de las Administraciones Públicas aumentó el 3%, dos décimas menos que en el trimestre anterior.
Por su parte, la demanda externa redujo su aportación negativa al crecimiento, al restar una décima frente a las seis del trimestre anterior, resultado de las variaciones de las importaciones y las exportaciones, que registraron una evolución negativa del 1,2 y del 1,6%, respectivamente.
El empleo, calculado por puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, se desaceleró en el primer trimestre del año y creció el 1,4%, dos décimas menos que tres meses antes, lo que supuso 210.000 empleos netos.
La productividad del factor trabajó creció el 0,7%, un ritmo similar al del cuarto trimestre del 2001. Según el INE, en el primer trimestre se registró una desaceleración de la remuneración de asalariados cuyo crecimiento se situó en el 4,2%, medio punto menos que en el trimestre precedente.
Fernando Salinas, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y otros ocho vocales pidieron al pleno del órgano de gobierno de los jueces que ampare la independencia de la Sala Penal del Supremo, que hace unos días resolvió archivar la querella que el fiscal presentó contra el dirigente de Batasuna Arnaldo Otegi por vitorear a ETA en Francia. Los nueve consejeros (siete elegidos a propuesta del PSOE, uno de IU y otro de CiU) piden que el Poder Judicial se pronuncie sobre la 'descalificación' de dicha resolución que hicieron S.E, y el ministro de Justicia, Ángel Acebes & Gump.
El escrito de los vocales progresistas recalca que 'el Estado de derecho y democrático asigna constitucionalmente a los jueces en exclusiva la tarea de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, en el conocido marco de división de poderes'. De ahí que 'es radicalmente imposible que los jueces desempeñen su función constitucional, en condiciones democráticas, si no es respetada la independencia que ostentan, también como valor constitucional, por el resto de los poderes del Estado, singularmente por el más fuerte de ellos, el Gobierno de la nación'.
Los consejeros de la minoría señalan que la resolución de la Sala Penal del Supremo que archivó la querella del fiscal general del Estado contra Otegi por decir en territorio francés 'gora Euskadi ta askatasuna' ('viva Euskadi y libertad'), interpretable como un vitoreo a ETA, 'puede gustar o no y, desde luego, está sujeta a la pertinente crítica social y mediática, como cualquier otra resolución judicial'. El vocal de CiU, Alfons López Tena, respalda el apoyo al Supremo aunque no suscribe en su literalidad la nota de la minoría.
Los vocales explican que 'el derecho a criticar desde esas instancias se justifica en el hecho de que los jueces están, como el resto de los poderes del Estado, para servir a los ciudadanos a través de la aplicación estricta de las leyes, y no', subrayan, 'para servir al Gobierno'. Argumentan que 'por idéntica razón no está justificada la crítica -en el sentido que sea- del Gobierno a las resoluciones de los jueces'.
El documento hace referencia a las declaraciones realizadas por Aznar, cuando se preguntó: '¿Cómo puedo explicar esto a una víctima del terrorismo? ¿Cómo puedo explicarle que la legislación española establece como delito de terrorismo la apología del terrorismo, la exaltación del terrorismo y, sin embargo, ahora hay una decisión judicial que, ante un caso de este tipo, señala que no es un delito de terrorismo, sino un delito de opinión?' Y se respondió: 'Me costará mucho explicarlo'.
'Las descalificaciones rompen el estándar de respeto que debe regir las relaciones entre ejecutivo y judicial. Respeto que, a su vez, se reclama para garantizar la independencia de los jueces y la división de poderes, sin la que no hay auténtica democracia', señalan los vocales progresistas.
Por primera vez desde la reinstauración de la democracia, casi toda la oposición abandonó el hemiciclo, que se quedó vacío en todo su ala izquierda durante 25 minutos. Mientras la clásica sesión de control de los miércoles continuaba, PSOE, IU, PNV y Grupo Mixto celebraban en otra sala del Congreso un pleno alternativo, un remedo de control al Gobierno pero sin ministros. Durante todo ese tiempo, los portavoces de la oposición criticaron al Ejecutivo en la sala Internacional y se jalearon unos a otros mientras los diputados del PARTIDO controlaban al Gobierno en el hemiciclo. El PARTIDO, CiU y Coalición Canaria continuaron con la sesión. El Gobierno llevó hasta nueve ministros a la Cámara -a pesar de que sólo cuatro de ellos estaban convocados para responder a preguntas- y tachó la iniciativa de 'bufonada' que 'desprecia al Parlamento'. 'Hoy es un día triste para la democracia', proclamó nuestro cada día mas cursi portavoz Excmo Sr. D. Luis de Grandes.
La Memoria Económica para la Ley de Calidad de la Educación destina más del 70% del presupuesto total anual (159 millones de euros) a financiar la educación de 3 a 6 años en los centros privados de infantil y sólo otorga el 17% (27 millones de euros) del presupuesto a la introducción de itinerarios a los 14 años en la ESO, la reforma más significativa y polémica de la ley. Además, el borrador confirma la división de los niños con peor rendimiento a los 12 y 13 años en grupos de refuerzo, en los que podrán estar hasta 15 horas semanales, la mitad de su tiempo escolar, y precisa que sólo se subvencionarán los itinerarios en los centros de la ESO que tengan una sola clase por curso.
El borrador de la esperada memoria económica de la Ley de Calidad establece el coste de esta reforma pero no indica si la financiación correrá a cargo del Gobierno. El texto señala que en las comunidades autónomas que ya han invertido parte de su presupuesto en garantizar la gratuidad de la educación infantil de 3 a 6 años (bien sea creando centros públicos o subvencionar a los privados concertados) no se destinará ni un euro a esta iniciativa. Éstas son cinco: Baleares, Cataluña, Navarra, el País Vasco y La Rioja. En el resto de las comunidades esta medida será financiada, según la memoria económica, 'en una sola anualidad'.
El documento que consta de 15 páginas, incluye el coste de otras tres medidas: la extensión de la enseñanza de la lengua extranjera a 1º y 2º de la educación primaria (ahora se empieza a estudiar generalmente en 3º); la división de los alumnos en itinerarios en la ESO, y la creación de programas de formación para el profesorado y para los equipos directivos. Sin embargo, el texto, elaborado por el Ministerio de Educación, no establece una cantidad concreta para esta última iniciativa, la formación de profesores, sólo señala que 'requiere de un esfuerzo adicional'.
La extensión de la lengua extranjera en primaria y la creación de itinerarios en la ESO se financiarán en tres años a partir del curso escolar 2003-2004. La cantidad que la memoria prevé que costará esta reforma al año es de 159 millones de euros. Como referencia, el gasto público en Educación en España fue en 2001 de 29.100 millones de euros. Por lo tanto, la financiación de esta reforma supone el 0,5% del gasto público en educación.
EE UU, un país con una población escolar unas siete veces superior a la española, ha destinado a su reforma educativa (dirigida a que 'ningún niño se quede atrás') 30.000 millones de euros por curso escolar.
Éstas son las principales cantidades previstas para la Ley de Calidad y las justificaciones del Gobierno para hacer estos cálculos:
- Educación privada infantil. La generalización de la educación infantil de 3 a 6 años significa que todos los padres que quieran que sus hijos vayan a un centro educativo a esas edades (a pesar de que la escolarización no sea obligatoria hasta la primaria) tengan un puesto escolar. Los centros públicos son ya gratuitos en todas las etapas educativas.
La memoria económica destina un total de 121 millones de euros a esta medida. Según se desprende del texto, de esa cantidad sólo financiarán centros públicos en las comunidades que tienen una oferta pública para los niños de 3 a 6 años inferior a la mayoría del país. Se trata de Galicia y Andalucía, donde esa cobertura ronda el 80%. El resto de las comunidades tiene cubierta esa oferta al 91%.
¿Cuánto se dará entonces a cada red? Según los expertos , se calcula que alcanzar en esas dos comunidades el mismo porcentaje que en el resto representaría 6,2 millones de euros en total, es decir, una cantidad que ronda el 5% del presupuesto total para esta medida (los 121 millones). Ello dejaría unos 115 millones (el 95% de esta partida y el 73% del total del presupuesto de esta ley) a financiar la educación de 3 a 6 años en centros privados concertados.
- Itinerarios en la ESO. El documento explica que 'el impacto de los costes' de esta medida sólo se producirá en aquellos centros cuyo reducido número de alumnos 'impidiera los nuevos agrupamientos' requeridos para impartir las asignaturas de los itinerarios. Es decir, el texto prevé que los profesores que en la actualidad dan clases de apoyo (en la llamada diversificación curricular en 3º y 4º de la ESO o mediante la división de algunas clases por la mitad en 1º y 2º) se reconduzcan a los itinerarios y a impartir las nuevas 'medidas de refuerzo', por lo que presumiblemente desaparecerán la mayoría de estos apoyos.
De acuerdo con este cálculo, la memoria concluye que harán falta en total 27,6 millones de euros anuales para financiar la creación de itinerarios. El texto, señala que en 2003 se destinarán 4 millones de euros; en 2004, 17 millones, y en 2005, los 27,6.
- Lengua extranjera. La memoria indica que para enseñar la lengua extranjera a partir de 1º y 2º de la educación primaria 'se aprovecharía al profesorado que la imparte a partir de 3º'. Y añade que 'el mejor empleo del profesorado' se ve reforzado por el hecho de que ya actualmente algunas comunidades autónomas han extendido la enseñanza de la lengua extranjera a estos cursos. Tras este razonamiento, el texto establece que el coste de esta medida es de 9,6 millones de euros. El año 2003 se darán, según el texto, 54.000 euros; en 2004, 3 millones y en 2005, los 9,6 del coste total anual de esta medida a partir de ese año. El documento añade que sólo se dotará de profesores de lengua extranjera a los centros muy grandes, es decir, los que tengan más de cinco clases por curso.( Mayo 2002 )
Dicen que miles de personas, parados, inmigrantes ilegales e hijos, ociosos y rencorosos en general se manifestaron en Barcelona bajo el lema No a la ley de Calidad del PARTIDO, educación para todos. La manifestación fue convocada por el Marco Unitario de la Comunidad Educativa (MUCE), plataforma que integra sindicatos, asociaciones de padres y alumnos, y la Federación de Municipios. Participaron los partidos de la izquierda catalana. Los portavoces de las organizaciones del MUCE criticaron la Ley de Calidad de la enseñanza impulsada por la nuestra astuta ministra Pilarin del Castillo por su 'elitismo', porque 'los itinerarios pretenden segregar a los alumnos' y por la organización que prevé instaurar en los centros docentes, que calificaron de 'menos democrática y menos participativa'. El sindicato USTEC-STE, anunció que si el Ministerio de Educación no modifica la ley, convocará huelga en octubre, que podría coincidir con la anunciada por CC OO para el primer trimestre del próximo curso.
6. UN TRIBUNAL JUDEO MASON DUDA DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en una sentencia que condena a la Administración regional a readmitir o indemnizar a un docente despedido sin motivo, advierte ahora de que 'el sustento constitucional' de la propia asignatura no está 'exento de ciertas dudas'.
No es la primera vez que el TSJC condena a Educación por despedir a profesores de religión, pero en este caso, en una sentencia hecha pública el pasado 23 de mayo, avanza su idea de que, aparte las ilegalidades cometidas por obispado y Administración en los despidos, es la propia enseñanza de la doctrina católica en la escuela la que debe ponerse en cuestión.
Dice el máximo tribunal canario: “ El empleador [del docente despedido] es la Administración, que da cumplimiento a la obligación asumida por el Estado frente a la Santa Sede de adoctrinar en la religión católica a los alumnos de los centros públicos, sometiéndose a los dictados de ésta en cuanto a la idoneidad de los profesores contratados para llevar a cabo esa misión pastoral, para los cuales se configura un régimen de temporalidad por cursos, que excluye la estabilidad en el empleo al condicionar permanentemente la renovación a la voluntad de la jerarquía eclesiástica, a quien se confiere el derecho de imponer a la Administración que dé por finalizado el contrato al llegar a su término, proponiendo a otra persona”.
El juicio que merece esta situación a los magistrados sugiere futuras decisiones si, como es previsible, continúan llegando a esa sede judicial más reclamaciones de amparo por parte de docentes marginados de su empleo sin motivo alguno. La sentencia considera tales situaciones consecuencia de 'una opción normativa que parte de la concreta configuración de los compromisos internacionales asumidos por España con la Santa Sede en 1979 y quiere encontrar su sustento constitucional, no exento de ciertas dudas, en la obligación de los poderes públicos de 'tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española' y de 'mantener las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones'.
Tales consideraciones preceden a un severo fallo del tribunal contra el despido improcedente del profesor Marcos Jesús Cabrera Sánchez, que enseñaba religión en un colegio público de Las Palmas desde 1987, de manera ininterrumpida y con renovaciones automáticas de su contrato. En 2001 fue sustituido por otro docente sin que le explicaran causa alguna para la exclusión. El máximo tribunal canario condena a Educación a readmitirlo en su puesto de trabajo o a indemnizarle con 36.917 euros, además de pagarle los salarios de tramitación desde la fecha del despido (63,11 euros diarios).
La Federación Estatal de Profesores de Enseñanza Religiosa (FEPER) acusó a la Administración de incumplir este tipo de sentencias [docenas ya en toda España este curso], incluso con actitudes de 'acoso moral' a algunos docentes 'en connivencia con las autoridades eclesiásticas', denuncia la FEPER, que incluso documenta cuatro casos concretos de profesores que ganaron en los tribunales su derecho a ser readmitidos o indemnizados y no han visto satisfecho ninguno de esos mandatos judiciales.
7. ESPE AGUIRRE AUTORIZÓ LA FINANCIACIÓN PÚBLICA DE LOS CENTROS SEGREGADOS
La concesión de conciertos educativos a centros que practican la segregación de sexos -sólo chicos o sólo chicas- ha sido objeto de polémica desde hace tiempo. Los sucesivos gobiernos socialistas evitaron otorgar estas subvenciones, pero la llegada del PARTIDO al poder abrió la puerta a estos centros, relacionados en gran medida -cuando no propiedad directa- con el Opus Dei a pedir el concierto educativo a la Administración correspondiente. El Ministerio de Educación, dirigido por Esperanza Aguirre, que todavía ostentaba competencias educativas en buena parte de España, no tardó en aplicar este nuevo criterio. En 1997 otorgó el concierto educativo a tres colegios privados asturianos: Valmayor (femenino), Peñaubiña (femenino) y Los Robles (masculino), regentados por Fomento de Centros de Enseñanza que también logró concertar otros dos centros segregados en la Comunidad Valenciana, junto a otros dos del Opus Dei.
El sindicato UGT recurrió por la vía contencioso-administrativa alegando que la Constitución y la legislación en materia de Educación prohibían este tipo de discriminación, pero la Audiencia Nacional dictó una sentencia el 20 de diciembre de 1999 en la que consolidó la posibilidad de segregar los alumnos y recibir fondos públicos al mismo tiempo.
La citada sentencia establecía, por un lado, el principio de que 'no se produce discriminación' al separar los sexos, en tanto que los padres de los alumnos disponen en la misma zona de numerosa oferta alternativa a este modelo segregado. Pero además, apoyándose en un real decreto de 1997 que regula la elección de centro educativo, que a su vez, reproduce el artículo 20.2 de la Ley Orgánica del derecho a la Educación (LODE), que la separación de sexos no constituye segregación. El citado artículo 20.2 dice exactamente: 'En ningún caso habrá discriminación en la admisión de alumnos por razones ideológicas, religiosas, morales, sociales, de raza o nacimiento'. En su pura literalidad, no menciona el sexo. Sin embargo, el apéndice 5 sobre admisión de alumnos matiza que 'en los centros sostenidos con fondos públicos' serán admitidos 'todos los alumnos, sin más limitaciones que las derivadas de los requisitos de edad y, en su caso, de las condiciones académicas exigidas para iniciar el nivel o curso al que se pretenda acceder'. UGT ha recurrido la sentencia ante el Constitucional, pero, mientras tanto, varias decenas, tal vez medio centenar de centros del Opus Dei o de grupos próximos, han conseguido acceder a la financiación pública. Una condición de la que es muy difícil ser excluido una vez se está dentro.
La vicepresidenta de la comisión de Educación del Parlamento de Andalucía y responsable de Educación del PARTIDO de Córdoba, Rosa Muñoz, pone a la representante de España en Eurovisión, la cantante Rosa López, como ejemplo del «fracaso» escolar. La parlamentaria popular afirmó que «Rosa cantó divinamente en el Festival de Eurovisión, pero lo lamentable es que esta niña es fruto de la implantación de la LOGSE en cuanto a expresión oral».
Miles de agentes del Cuerpo Nacional de Policía se manifestaron por Madrid para exigir al Ministerio del Interior un aumento de sueldo y más medios materiales y personales. Los policías cortaron los carriles centrales del paseo de la Castellana, una de las arterias de circulación más importantes de la ciudad , a pesar de carecer del permiso de la Delegación del Gobierno, que ha anunciado que sancionará a los seis sindicatos policiales convocantes con unos 30.050 euros.
En la manifestación participaron agentes y sus familiares procedentes de toda España, según explicaron los organizadores. Ésta comenzó a la una de la tarde frente a la sede de la Dirección General de la Policía y, tras dos horas de marcha, concluyó ante el Ministerio del Interior. Los secretarios generales de los sindicatos policiales (SUP, ANP, SPARTIDO, UFP, SPARTIDOU y SCP) encabezaron la marcha con una pancarta en la que se leía 'Aznar no cumple. Equiparación salarial ¡Ya!'. José Manuel Sánchez Fornet, líder sindical del Sindicato Unificado de Policía (SUP), exigió al Gobierno 'mayor respeto y diálogo' con la policía. 'El programa con el que se presentó Aznar en 1996 recogía la equiparación salarial entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Han pasado cinco años y los policías nacionales cobramos 300 euros menos al mes que los Mossos d'Esquadra o 480 que algunas policías municipales', explicó Sánchez Forner. 'Además el plan de Policía 2000 ha sacado al 70% de la plantilla del turno de noche y de fines de semana, cuando hay más delincuencia', añadió. El sueldo base de un policía nacional es de 961 euros al mes. El secretario general de la Asociación Nacional de Policía (ANP), Enrique Gómez Gutiérrez, denunció que se necesitan 7.000 policías más para cubrir todos los servicios: 'Los 48.000 funcionarios que tiene el cuerpo no son suficientes. La situación es peor, porque no hay un modelo policial y hace falta un desarrollo legislativo acorde a los nuevos tiempos y la nueva criminalidad'. Los seis sindicatos estudiaran la próxima semana si apoyan la de huelga general del 20 de junio, según explicó el secretario general de la Unión Federal de Policía (UFP), Fernando Vázquez Romay. 'Estamos hartos de la sarta de mentiras e infundios del Gobierno de Aznar sobre nuestro colectivo. Están con la manipulación y el engaño permanente, por eso vemos que la huelga general es un acicate en el que tenemos que implicarnos', dijo.
Al final de la marcha, el portavoz del comité de conflictos, José Luis Galdón, leyó un comunicado en el que se pedía 'justicia'. 'Señor Rajoy, estamos hartos de los sueldos de miseria, cansados de que el amiguismo y el enchufe sea la mejor carta de presentación frente a lo evidente, una carrera profesional coherente y orientada a conseguir un futuro digno', señalaba el comunicado que seguía: 'Estamos asqueados del manejo político al que constantemente nos somete, irritados por la ausencia de respuestas ante las agresiones exteriores, de soportar una oligarquía pseudocastrense más interesada en llenar de metal sus uniformes que de solucionar nuestros problemas'.
Nuestro Delegado en el Defensor del Pueblo considera que los traslados de 200 inmigrantes en avión desde Canarias a Madrid realizados por el alcalde de Las Palmas y presidente del PARTIDO en el archipiélago, José Manuel Soria, son arbitrarios, vulneran 'principios constitucionales y legales de carácter elemental', obvian el interés general y cuestionan 'el necesario respeto a la dignidad humana'. Estas acusaciones aparecen recogidas en un durísimo informe de ocho folios remitido al alcalde por Enrique Múgica: 'La decisión adoptada por vuestra ilustrísima afecta a personas que no pueden ni deben ser cosificadas y alentadas a trasladarse en busca de una solución que no va a llegar'. Soria rehusó comentar el informe.
Como se recordará, entre octubre y noviembre del año pasado, Soria pagó con fondos de la Concejalía de Asuntos Sociales el traslado a Madrid de 200 africanos que dormían en el parque de Santa Catalina, en Las Palmas. 'No son españoles y quieren volver a su país', se justificó entonces el alcalde. El documento de Múgica llega en un momento oportuno. Canarias figura en todas las encuestas como la comunidad autónoma cuyos habitantes ven la inmigración de la forma más negativa. Además, desde otras comunidades llueven las peticiones al Gobierno para que informe claramente del acuerdo que ha suscrito con el archipiélago para trasladar inmigrantes a la Península sin el conocimiento previo de las regiones receptoras. El Defensor del Pueblo señala en su informe, remitido a Soria el 9 de abril, que 'las investigaciones realizadas, tanto ante ese Ayuntamiento como ante el Ayuntamiento de Madrid y la Delegación del Gobierno en Canarias, han puesto de manifiesto que la decisión del traslado de los citados inmigrantes fue adoptada de forma unilateral por ese Consistorio'.
11. LA COMISIÓN EUROPEA NOS PIDE MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PLAN HIDROLÓGICO
La comisaria europea de Medio Ambiente, Margot Wallström, comunicó al final de la cumbre informal de ministros de su área que se ha celebrado en Mallorca, que la Comisión ha pedido por carta al Gobierno de SE más información ('preguntas adicionales' y 'respuestas complementarias', dijo), sobre el Plan Hidrológico Nacional (PHN), por 'su gran escala y el gran interrogante de las transferencias de agua que contempla'.
Wallström desveló el requerimiento al ser interrogada sobre si estaba a favor de conceder a España fondos estructurales para financiar el plan. Poco minutos antes, en la misma rueda de prensa, Matas había dicho que la cuestión del PHN no había sido tratada en la reunión.
Wallströn afirma que España, con el PHN, 'tiene un reto difícil, de siglos', pero rechaza que la UE se sitúe ante 'un sí o un no a todo el plan', sino que es preciso el análisis de sus 300 proyectos por 'si se ajustan a la legislación medioambiental existente'. En dos meses el ministerio de Medio Ambiente debe responder a la comisión. El desarrollo de nuevas infraestructuras hidráulicas debería ser congruente con la Estrategia de Desarrollo Sostenible, que en el marco europeo, según la autoridad comunitaria, 'es un principio básico que lo rige todo (...) Hay que analizar paso a paso los impactos ambientales y decidir en función de los resultados'.
En la carta, firmada por la nueva directora general de Medio Ambiente, Catherine Day, la Comisión no entiende cómo la evaluación se ha hecho después de haberse aprobado el plan, cuando el orden debería haber sido el inverso. Tampoco prevé, según la Comisión, medidas compensatorias de los impactos ambientales. La información sobre los recursos hídricos no va más allá del periodo 1940-1995, ni recoge el impacto del cambio climático en un escenario superior a los 50 años, ni las proyecciones de la demanda de agua para los próximos 30. Con la información facilitada hasta ahora, la Comisión no considera suficientemente justificada la cifra de 1.050 hectómetros cúbicos para trasvasar, en función del consumo actual del agua en las zonas receptoras. En cuanto al análisis económico, la Comisión cuestiona si el precio del metro cúbico se doblaría a 100 pesetas en caso de que un año se trasvasara la mitad.
12. CASO PONFERRADA : ISMAEL ÁLVAREZ , CONDENADO POR ACOSO SEXUAL A NEVENKA FERNÁNDEZ
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha condenado al alcalde de Ponferrada (León), el popular Ismael Álvarez, por un delito de acoso sexual, recogido en el artículo 184 1 y 2 del Código Penal, cometido sobre la que fue su concejal de Hacienda, Nevenka Fernández. El Tribunal le ha impuesto una pena de nueves meses de multa, con una cuota diaria de 24 euros, con la responsabilidad penal subsidiaria.
La vista oral se inició el 29 de abril con el interrogatorio de Ismael Alvarez, que negó todas las acusaciones e incluso llegó a decir que, analizando minuciosamente la relación sentimental que mantuvo con la ex concejala de Hacienda, ésta habría sido la "acosadora". Al tiempo, Álvarez atribuyó la querella a un posible "despecho o venganza de la joven, a celos amorosos o profesionales convertidos en auténtica enfermedad...la verdad es que no lo sé porque todo esto me parece increíble".
Acusado y querellante ofrecieron versiones diferentes de la relación que mantuvieron y de los hechos que se sucedieron durante los años 1999 y 2000 en el ayuntamiento berciano, periodo en el que Nevenka aseguró que el alcalde, tras la ruptura de la relación entre ambos, buscaba cualquier excusa para desairarla ante el resto de la corporación y para organizar viajes con estancias en hoteles que constituían una auténtica encerrona para ella.
La mayor polémica desatada a lo largo del juicio tuvo como protagonista al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, José Luis García Ancos, tras el interrogatorio que realizó a Nevenka Fernández. La comparación de su situación laboral en el Ayuntamiento de Ponferrada con la de las empleadas de Hipercor y el tono y contenido de sus preguntas provocó numerosas críticas que motivaron que el 6 de mayo la Fiscalía General del Estado le apartara del caso, le abriera diligencias informativas y acordara sustituirle por el teniente fiscal, Gregorio Segurado.
En sus conclusiones finales, la Fiscalía pedía una pena de 15 fines de semana de arresto y una indemnización de 6.000 euros (1 millón de pesetas) para Ismael Álvarez como autor de un delito de acoso sexual, mientras que el abogado de Nevenka Fernández elevó su solicitud a diez meses de multa, a razón de una cuota diaria de 60 euros (un total de 18.000 euros de multa), así como un año de prisión e inhabilitación por el tiempo de condena. La Defensa pedía la libre absolución.
Un 74% de los seropositivos evaluados por el Instituto de las Migraciones y Servicios Sociales (Imserso) antes del 26 de enero de 2002 obtuvo un grado de discapacidad de más del 64%. El porcentaje bajó al 41% entre los que se evaluaron después. La diferencia es importante: tener un 65% de discapacidad permite cobrar una pensión no contributiva, el único ingreso de muchas de estas personas. La causa del descenso está en un real decreto que endurece los criterios de evaluación del Imserso. La norma también ha afectado a unos 900 pensionistas que han perdido la subvención.
Las ONG de atención a seropositivos y enfermos de sida ya habían advertido de que el Real Decreto 1971/1999 podía dejar sin pensión no contributiva a casi la mitad de los beneficiarios. El Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (Imserso), dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, lo confirma, según los datos facilitados por el director de Programas del organismo, Francisco Margallo, a la Mesa Estatal de Minusvalías.
Donde se ha visto más claro el efecto del decreto ha sido en los casos nuevos. El 74% de los 22.365 enfermos valorados antes de que entrara en vigor obtuvieron una discapacidad del 65% o superior. Desde enero del año pasado hasta marzo de 2002 se han evaluado 2.257 casos, según el Imserso, y sólo el 41% consiguió superar la barrera que da derecho a pensión. Tampoco los seropositivos que ya tienen una prestación están a salvo. Durante el último año se han revisado 1.587 valoraciones, y unas 900 personas (el 59%) han visto cómo su grado de discapacidad bajaba del 65%, por lo que perdían el derecho a la prestación. Para la mayoría de ellos, quedarse sin la pensión supone el fin de su única fuente de ingresos. Estos 1.587 casos son el 15% de los 10.427 que el Imserso considera como 'revisables', y que se arriesgan a perder la ayuda en el futuro.
e se matiza el decreto está en el requisito de que haya seis ingresos hospitalarios durante un año para tener derecho a la máxima calificación de discapacidad. La recomendación aclara que 'debe atenderse como atención médica hospitalaria cualquier atención médica realizada en servicios relacionados con un hospital de referencia, incluyéndose en ello, por ejemplo, la llevada a cabo en hospital de día, hospitalización a domicilio, servicio de urgencias o unidad de estancia corta'.
La circular también recoge los aspectos psicológicos de la enfermedad, tanto si están relacionados con 'la dependencia de sustancias psicoactivas' como con otras causas. Otros factores que deben ser evaluados son 'la dificultad en los contactos sociales' o los 'problemas de rechazo social'.
La asociación judicial minoritaria y moderada Francisco de Vitoria (FV) decide impugnar ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de reintegrar en la carrera judicial a Javier Gómez de Liaño, condenado por dictar resoluciones injustas a sabiendas e indultado por el Gobierno, pero sin que sus antecedentes penales se hayan cancelado. FV se une así a la iniciativa de Jueces para la Democracia (JpD), anunciada el 17 de mayo.
Según la portavoz de FV, Cristina Cadenas, el motivo del recurso es que el reingreso ahora de Gómez de Liaño en la judicatura 'supone un ataque flagrante a la legalidad'. Cadenas aseguró que no existe ninguna causa personal contra Gómez de Liaño ni contra nadie, sino sólo la defensa de la legalidad, que exige que el indulto lo aplique el tribunal sentenciador, en este caso el Supremo, y que no permite ejercer como juez con antecedentes penales pendientes.
Tanto Cadenas como el portavoz de JpD, Miguel Carmona, contemplaron la posibilidad de que el recurso conjunto, o los respectivos de cada asociación, planteen al Supremo la suspensión cautelar del acuerdo del CGPJ.
15. COMUNIDAD VALENCIANA : SÓLO 13 PERSONAS HAN OBTENIDO PLAZA FIJA EN LA ADMINISTRACIÓN DESDE 1999
Eduardo $ Zaplana se descolgó hace un año en una convención del PARTIDO con una espectacular propuesta para resolver la precariedad laboral en el seno de la Administración autonómica que afecta a cerca de 30.000 trabajadores interinos. Pero las cosas de palacio van muy despacio. Un seguimiento de los concursos relativos a la Administración General, donde los interinos suman cerca de 4.500, revela que desde entonces sólo se han incorporado a la Generalitat 13 trabajadores fijos a partir de la Oferta de Empleo Público de 1999.El anuncio del presidente de la Generalitat en la convención que celebraba los seis años de gobierno del PARTIDO en la Comunidad Valenciana abrió un intenso debate, despertó esperanzas entre los representantes de los empleados públicos y, sobre todo, alentó grandes expectativas entre los miles de asalariados de la Administración autonómica que no tienen la plaza garantizada y que no habían sido convocados a ninguna oferta de empleo público desde 1994.
Sin embargo, la espectacular propuesta ya estaba contenida en el primer decreto legislativo firmado por Eduardo $ Zaplana y el entonces consejero de Administración Pública, José Joaquín Ripoll Serrano, en octubre de 1994, cuyo artículo 22 establecía que 'anualmente, las necesidades de recursos humanos con consignación presupuestaria que no puedan ser cubiertas con los efectivos de personal existentes serán objeto de oferta de empleo público'. El contenido del decreto fue sistemáticamente congelado durante años, en los que se multiplicaron las plazas cubiertas temporalmente en comisión de servicio y la entrada de nuevo personal interino. Cuatro años después, en marzo de 1999, José Emilio Cervera pactó un reglamento de provisión de puestos de trabajo que firmaron Eduardo Zaplana y José Luis Olivas, quien acumulaba entonces la reponsabilidad sobre Hacienda y Administración Pública. El nuevo decreto era totalmente innecesario, puesto que el acceso a la función pública está claramente establecido por la Constitución y una ley de rango estatal de 1984. Pero el acuerdo llevaba aparejada una oferta de empleo público destinada a dotar 1.037 plazas de la Administración General de la Generalitat. La convocatoria cobró cuerpo a través de un decreto de octubre de 1999, firmado por Zaplana y Serafín Castellano, que autorizaba a 'convocar los puestos de trabajo o plazas que, estando presupuestariamente dotados e incluidos en las relaciones de puestos de trabajo se encuentren desempeñados interina y temporalmente'. La oferta sumaba 1.037 plazas en la Administración General para la promoción interna de personal al servicio de la Generalitat. Un rosario de denuncias ha rodeado casi todas las pruebas convocadas desde entonces. El seguimiento de los procesos a través del Diario Oficial de la Generalitat Valenciana pone de manifiesto una lentitud exasperante en la gestión de las ofertas y errores de bulto, con sus respectivas correcciones. Pero, sobre todo, revela que dos años y medios largos después sólo 13 opositores han logrado superar todas las pruebas y tomar posesión de sus puestos, 11 de ellos del grupo A que engrosan el polémico cuerpo de inspectores de Tributos de la Generalitat Valenciana
El alcalde de Pozuelo de Alarcón, José María Martín-Crespo, del PARTIDO, responde a la posibilidad de que su partido prescinda de él y sitúe al frente de las listas para las elecciones municipales de 2003 a Jesús Sepúlveda Recio, senador por Murcia y secretario del área electoral en el Comité Ejecutivo Nacional del PARTIDO. Martín-Crespo afirmó que 'en estos momentos es desafortunado un cambio en la alcaldía'. La razón: la próxima entrada en vigor del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, para cuyo arranque, aseguró, es necesaria una persona que conozca sus entresijos. A José María Martín-Crespo, que lleva 19 años al frente de la alcaldía de Pozuelo, le gustaría continuar en el cargo otra legislatura más, e iniciar así las actuaciones urbanísticas que prevé el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Por eso piensa que su desarrollo requiere, como primer edil, a una persona que tenga las condiciones adecuadas para hacer frente a un problema de gestión muy difícil. Martín-Crespo no cierra, sin embargo, las puertas a su sucesión: 'Nadie es imprescindible', admite. Lo que el primer edil pide al partido es que, en caso de buscar un candidato, él tenga 'la oportunidad de explicarle de qué va la historia'. 'Porque es muy fácil decir que se quiere ser alcalde de Pozuelo, pero serlo es más complicado', advierte el regidor. En cuanto a la poca vinculación de Sepúlveda con el Ayuntamiento, Martín-Crespo no le concedió ninguna importancia: 'Vive en Pozuelo; por lo tanto, conoce el municipio', zanjó. Y añadió, en tono jocoso: 'Si a mí me nombraran alcalde de Hong Kong, yo sería un buen alcalde'.
17. MILITANTES DEL PARTIDO DE CÓRDOBA LLAMAN A LA 'DESOBEDIENCIA CIVIL' CONTRA LA DIRECCIÓN NACIONAL
Miembros del comité ejecutivo y de la junta provincial del PARTIDO de Córdoba, destituidos el 13 de mayo por la dirección regional popular, han elaborado un manifiesto en el que muestran su rechazo 'a la autoridad ética y moral de los dirigentes nacionales y regionales que han intervenido en la crisis', y añaden: 'Nos situamos en una posición de desobediencia civil ante el atropello que contra las libertades se ha cometido'. En el manifiesto, Por la restitución democrática de Enrique Bellido y la junta directiva provincial del PARTIDO en Córdoba, estos ex cargos orgánicos señalan que no reconocen 'la autoridad de la comisión gestora'.
El documento fue presentado en Córdoba por Adela Santiago, Javier Tafur, Pilar Sarazá, Isidro Salado y María Emilia Carrasco, todos ellos cargos orgánicos del PARTIDO cordobés cuando Bellido dirigía esta organización. Poco tiempo después de dar a conocer el texto, estos militantes se dirigieron a la notaría de Carlos Alburquerque para requerir a la dirección andaluza del PARTIDO que notifique, en el plazo de 48 horas, la decisión adoptada en el comité ejecutivo regional del 13 de mayo, en relación a la destitución de la junta directiva provincial de la formación, y para que comunique los fundamentos de hecho y de derecho en los que ese órgano ejecutivo regional se basó para adoptar esa resolución.
Los cinco representantes de esta plataforma fueron especialmente críticos con la situación por la que atraviesa el PARTIDO de Córdoba y no descartaron que a partir de ahora se produzcan enfrentamientos. 'Enfrentamientos debe haber, y los habrá entre los militantes y las 42 personas' que firmaron el documento crítico contra Bellido que dio origen a la crisis, firmado por cargos públicos de la formación. En el manifiesto se expresa la 'profunda repulsa al papel que han venido jugando en esta crisis representantes institucionales', como el portavoz en el Ayuntamiento de Córdoba, Rafael Merino; la portavoz en la Diputación, María Jesús Botella; el europarlamentario Juan Ojeda, y el portavoz adjunto en el Parlamento de Andalucía, Salvador Fuentes, 'instigadores de una situación que irresponsablemente va a causar daños irreparables a nivel político, electoral, orgánico, social y personal'. Pilar Sarazá, ex vicesecretaria de Organización Sectorial del PARTIDO de Córdoba, fue más allá cuando responsabilizó de todo lo ocurrido al europarlamentario Juan Ojeda. A este respecto dijo que este colectivo no pretende atacar al PARTIDO, sino defenderlo, pero matizó que 'sí estamos atacando a personas que para nada han beneficiado al PARTIDO, y me estoy refiriendo a Juan Ojeda', del que dijo que es un 'elemento oscuro' del que el partido debe desprenderse. 'Tenemos que limpiar el partido de personas como Juan Ojeda, que no representan a nadie', añadió Sarazá. En el documento se lamenta igualmente del papel jugado en esta crisis por los secretarios nacional y regional del PARTIDO, Javier Arenas y Antonio Sanz, respectivamente, a los que responsabilizan de la situación por no haber dado su apoyo desde el principio a la junta directiva provincial que surgió tras el congreso que Bellido ganó en septiembre de 2000.
18. NUESTRA TEOFILA MARTÍNEZ CADA DÍA MAS ESPABILADA : ANUNCIA 'MEJORAS' DEL PARTIDO ANDALUZ A LA REFORMA DEL SUBSIDIO MIENTRAS EL GOBIERNO LA APROBABA POR DECRETO
La presidenta del PARTIDO en Andalucía, Teófila Martínez, reiteró que nuestro partido está preparando un conjunto de propuestas para 'complementar y mejorar' el subsidio agrario recogido en el documento 'abierto' del Gobierno de SE sobre la reforma de la protección del desempleo. Al mismo tiempo, se celebraba el Consejo de Ministros en el que SE aprobaba por real decreto-ley esta reforma.
El Consejo de Ministros comienza habitualmente a las 9.00 horas. Dos horas más tarde, pasadas las 11.00, Martínez dijo en una comparecencia de prensa en el Ayuntamiento de Cádiz: 'Aprovechando la oportunidad de que el Gobierno ha planteado que es un documento abierto, el PARTIDO andaluz va a presentar un trabajo que estamos haciendo para tratar de complementar y mejorar, si cabe, la propuesta del subsidio agrario de desempleo ya que el Gobierno no quita el subsidio a los que en este momento lo están cobrando y no quita las obras municipales con los ayuntamientos'.
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