Partes de Guerra semanales
Semana del 20 al 26 de Abril 2002
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1. NOTICIAS DEL PPOPULAR CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ( VARIAS )
3. S. E DEFIENDE EL HOSPITAL DE ALZIRA, EL ÚNICO GESTIONADO POR UNA ASEGURADORA
4. LOS ESTUDIANTES MALEANTES Y OCIOSOS PROTESTAN EN DIVERSAS CIUDADES CONTRA LA LEY DE CALIDAD6. NUEVAS PROTESTILLAS CONTRA EL PLAN HIDROLÓGICO
7. ONCE INMIGRANTES MUEREN AHOGADOS EN LANZAROTE TRAS NAUFRAGAR EN LOS ARRECIFES
8. EL PARTIDO, LE PEN Y LA POLÍTICA DE INMIGRACIÓN
9. EDUARDO $ ZAPLANA SE CONFIESA : 'NO CAMBIO LA GENERALITAT POR CASI NINGÚN MINISTERIO'
10. LA QUERELLA DE ZAPLANA SE ARCHIVA
11. NUESTRO ALCALDE DE LAS PALMAS Y LAS PRESUNTAS ESPECULACIONES FAMILIARES
1. NOTICIAS DEL
PPOPULAR
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ( VARIAS ) :
· COMO ESTABA PREVISTO , LA INSTRUCTORA DE GESCARTERA NO SERÁ SANCIONADA POR SUS DECLARACIONES : La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) archiva , por tres votos a dos, la investigación abierta a la juez de la Audiencia Nacional Tere PPalacios por sus declaraciones sobre el caso Gescartera. El Día de Córdoba publicó una entrevista en la que Palacios decía que 'Gescartera no es comparable a Filesa o los fondos reservados. Quien quiera ver aquí la Filesa del PP se equivoca, porque Gescartera sólo ha sido un chiringuito financiero', añadió. También se congratuló de que el PP organizase una comisión de investigación parlamentaria, 'algo que no llevó a cabo el PSOE'. 'Es un punto que hay que reconocerle al Gobierno', concluyó. Los vocales propuestos por el PARTIDO, Adolfo Prego y Faustino Gutiérrez-Álviz, y el de consenso, Agustín Azparren, aprobaron el archivo porque la juez sostiene que sus declaraciones fueron 'deformadas'. Sin embargo, el periodista que la entrevistó afirma que reprodujo sus comentarios 'con total exactitud' y, en ocasiones, le pidió que los repitiese.
· AQUÍ NO SE IMPROVISA NI LOS BUENOS DÍAS : UN VOCAL PRÓXIMO AL PARTIDO ENCARGARÁ A DEDO LOS INFORMES DEL PODER JUDICIAL : El presidente de la Comisión de Estudios e Informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Adolfo Prego, propuesto por el Partido, seguirá decidiendo los ponentes de los informes sobre textos prelegislativos respecto a los cuales corresponda pronunciarse al Consejo. La propuesta del sector progresista de que tal designación se realice por reparto no tuvo los 11 votos necesarios, como mínimo, por lo que no fue aprobada. La votación secreta arrojó el siguiente resultado: 10 votos a favor, nueve en contra y dos en blanco.
· UN INFORME PEDIDO POR EL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL AVALA EL REINGRESO INMEDIATO DE NUESTRO AMIGO LIAÑO: Un informe encargado por el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando Santiago, al director de su Gabinete Técnico, Fernando Román García, concluye que Javier Gómez de Liaño, condenado por dictar resoluciones injustas a sabiendas siendo magistrado, debe ser reintegrado a la carrera judicial con efectos desde la fecha del indulto, el 21 de diciembre de 2000. Anteriores dictámenes de letrados del CGPJ estimaron necesario para la reincorporación de Liaño que transcurrieran los cinco años exigidos para cancelar los antecedentes penales. Los sucesivos informes procedentes de la sección de magistrados del CGPJ y del propio gabinete del presidente coincidieron en que el reingreso de Gómez de Liaño en la carrera judicial no podría obviar la cancelación de los antecedentes penales del indultado, en la línea de la doctrina jurídica sustentada, entre otros, por el ex vicepresidente del CGPJ, José Luis Manzanares, en su Tratado de Derecho Penal, de que el indulto no conlleva nunca la cancelación de los antecedentes penales.
En cambio, el informe de Román -quien desde el 6 de marzo sustituye al frente del gabinete del presidente a Emilio Fernández de Castro-, tras admitir que 'el aspecto más problemático del reintegro a la carrera judicial' de Gómez de Liaño es el momento en que puede producirse, argumenta en favor de 'la indultabilidad de los antecedentes penales'. Así, interpreta que el decreto de indulto a Liaño, al referirse a 'todas sus consecuencias', afecta también a los antecedentes penales. Román recuerda que la Sala Segunda del Tribunal Supremo que, como tribunal sentenciador que condenó a Liaño, ejecutó el indulto, se pronunció en sentido negativo respecto a la posibilidad de que el derecho de gracia cancelara los antecedentes penales. 'Sin embargo, pese al indudable respeto que, desde la perspectiva del análisis técnico-jurídico, debe merecer la opinión de tan ilustres juristas', este letrado del CGPJ considera que 'no es menos cierto que también existen argumentos para sostener la contraria'.
Entre ellos, aduce una sentencia del Supremo de 1976 que reconoce que 'el indulto no produce la cancelación de los antecedentes penales, salvo que expresamente así lo disponga la disposición por la que se conceda'. A tenor de esta sentencia, Román arguye que el indulto concedido a Gómez de Liaño 'alcanzaría también a los antecedentes penales derivados de la pena indultada, en caso de que se estimara que así fue querido y dispuesto 'expresamente' por el Gobierno'.
El letrado informante señala que existe el precedente del decreto de 1 de abril de 1964, 'sobre concesión de indulto con motivo de los XXV años de Paz (sic) española'. Dicho indulto 'eliminó del Registro Central de Penados y Rebeldes los antecedentes penales derivados de las condenas correspondientes a los delitos comprendidos en el indulto general de 9 de octubre de 1945', argumenta Román.
A pesar de la fundamentación que el letrado realiza sobre el alcance del indulto a los antecedentes penales, analiza también la 'posibilidad de reincorporación a la carrera judicial con antecedentes penales'. La cuestión planteada es la de 'si es o no posible que esa persona [se refiere a Gómez de Liaño], a pesar de tener antecedentes penales, recupere su condición de magistrado no sólo nominalmente (en virtud de la declaración contenida en el Real Decreto de indulto), sino también materialmente (mediante su incorporación efectiva al desempeño de tareas jurisdiccionales en la carrera judicial)'.
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares decide 'ordenar' al juez Antonio Monserrat, que decretó el archivo del 'caso Formentera' -supuesto delito electoral relacionado con votos por correo de emigrantes en Argentina-, que remita al Tribunal Supremo 'los indicios existentes para la imputación de Jaume Matas, [ex presidente del Gobierno balear y actual ministro de Medio Ambiente], y Rosa Estarás [ex consejera autonómica de Matas y actual diputada del PP en el Congreso]'.
'Los indicios aportados por el Fiscal [de Baleares] son, en definitiva, plausibles', dictamina la sala del tribunal balear, que asume en gran parte las tesis acusatorias refrendadas por 28 de los 30 fiscales de la comunidad autónoma y las acusaciones que representan al PSOE, IU y PSM. La sala arguye que 'es claro que, a nivel indiciario, el delito de malversación puede existir' y que 'no puede descartarse terminantemente la existencia' de un delito electoral.
El caso Formentera se centra en la supuesta manipulación de 74 votantes emigrantes en Argentina, de los que 72 votaron en las últimas elecciones autonómicas a una lista local vinculada al PP, y sobre la posible utilización de fondos públicos para captar esos votos.
Los cuatro jueces de la sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de Baleares revocan y rectifican el auto del instructor, Antonio Montserrat -que parecía un 'auto defensor', según el escrito del fiscal Antonio de Vicente-Tutor- y valoran las alegaciones expuestas por la fiscalía y las acusaciones ejercidas por tres partidos de izquierda.
El magistrado ponente, Antonio Capó; el presidente del TSJB, Angel Reigosa, y los jueces Javier Muñoz y Miquel Masot, requieren en su auto al instructor del caso Formentera para que traslade al Supremo una exposición razonada 'cuyo contenido será el exactamente pretendido por el Ministerio Fiscal y los otros apelantes, consignando el razonamiento jurídico' de la resolución del Tribunal Superior de Baleares.
El Tribunal cuestiona el concepto de 'arraigo' en la inscripción de 74 votantes en la isla de Formentera, y la coincidencia con que se registraron: los emigrantes son naturales de otras islas, de Ibiza, de Llubí, de Santa Margarita y de Barcelona. 'La cuestión probablemente más importante' que contraviene el arragio, señala el auto, radica en 24 residentes ausentes que consiguieron mudar su lugar de votación a última hora, cuando ya se habían convocado las elecciones, extremo que contraviene gravemente la normativa electoral. Esos electores de última hora procedían de Palma, Ibiza, Mahón, Pollença, Barcelona, Santa Margarita y Sant Antoni. Formentera, cuyo único diputado suele ser decisivo en la formación de mayorías en la comunidad y en el consejo insular, fue supuestamente objetivo de un plan electoral del Gobierno de Matas, con participación de Rosa Estarás, entre otros.
Por su parte, Jaume Matas restó importancia al acuerdo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares. 'Esta decisión judicial no varía esencialmente en nada este caso. Por lo tanto, tranquilidad', declaró. El ministro asumió la decisión judicial con este planteamiento: 'Hay que celebrar que las instancias judiciales puedan actuar cuanto antes, ya que estamos interesados en que esto se resuelva y se elimine cualquier sombra de duda sobre mi gestión'. Y añadió que no piensa abandonar el cargo.
3. S. E DEFIENDE EL HOSPITAL DE ALZIRA, EL ÚNICO GESTIONADO POR UNA ASEGURADORA
Nuestro cósmico líder,
hace un gesto
más que simbólico sobre el futuro del sistema sanitario: de visita en Valencia,
el presidente del Gobierno aprovechó para conocer y alabar el hospital de Alzira,
el único de España construido y gestionado por una empresa privada . Tras su
visita al centro sanitario
Aznar dijo que este hospital marca «un camino, una tendencia y un modo de hacer
las cosas muy positivo.... Hay debates antiguos y hay debates modernos. El
moderno es cómo los ciudadanos son mejor servidos desde la garantía de un
sistema público de salud, pues lo importante no es cómo se gestiona, sino que se
gestione bien; no quién lo gestione, sino que lo gestione.
Este centro cubre la asistencia sanitaria de la comarca de La Ribera. Funciona como una subcontrata más de la mano de un grupo de empresas liderado por la aseguradora Adeslas.
4. LOS ESTUDIANTES MALEANTES Y OCIOSOS PROTESTAN EN DIVERSAS CIUDADES CONTRA LA LEY DE CALIDAD
Alrededor de 10.000 estudiantes se manifestaron en distintas ciudades contra la Ley de Calidad que ultima el Gobierno. El Sindicato de Estudiantes promovió esta convocatoria porque considera que los itinerarios educativos que plantean son 'segregadores', que se está 'privatizando' la educación 'porque se concede más dinero a los centros privados mientras que se le quita a los públicos' y porque 'va en contra de aquellos alumnos con más dificultades económicas y sociales', según explicó la presidenta de este sindicato, Miriam Municio. Municio aseguró que el 85% de los estudiantes de secundaria habían hecho huelga . El Ministerio de Educación rebajó esta cifra hasta el 30%. La asociación de estudiantes Faes también convocó a la jornada de protesta, que tuvo su seguimiento más mayoritario en Barcelona, donde se manifestaron más de 2.500 alumnos.
Rumores confirmados dicen que el Gobierno de SE ha formalizado su propuesta de sustitución de José Antonio Pastor Ridruejo como juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, mediante la comunicación al Consejo de Europa de su candidata, Margarita Retuerto Buades, ex titular en funciones del Defensor del Pueblo y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial. El embajador Guillermo Kirkpatrick se refiere al 'excelente' currículo de Retuerto, en el que figura como 'Magistrat de la Cour Suprême de Justice de l'Espagne', entre otros cargos.
La comunicación dirigida por Kirkpatrick, con membrete del Embajador Representante Permanente de España en el Consejo de Europa, al secretario general del Consejo de Europa, Walter Schwimmer, expresa, en francés, la voluntad del Gobierno español de que el próximo juez español en el Tribunal de Estrasburgo sea 'una mujer'. Kirkpatrick explica que, en virtud de esa intención gubernamental, 'se haya establecido este orden de preferencia en el cual está situada en cabeza la señora Margarita Retuerto Buades, cuyo curriculum vitae es excelente tanto por el puesto de magistrada y de vocal del Consejo General del Poder Judicial que ha ocupado, como por su calidad de adjunta al Defensor del Pueblo español'.
En el currículo se detalla que Retuerto 'ha ocupado puestos de magistrada en el Tribunal Supremo de Justicia y en el Consejo General del Poder Judicial', y en otro de los párrafos se manifiesta que 'es magistrada del Tribunal Supremo de Justicia de España en el puesto que ha ocupado en su calidad de vocal más antigua del Consejo General del Poder Judicial de España'.
Por su parte, entre los jueces del Tribunal de Estrasburgo más conocedores de España -del total de 43 que forman parte del mismo, uno por cada uno de los Estados del Consejo de Europa- produjo malestar la alegación de una cualificación inexistente, como la de magistrada del Tribunal Supremo español para su pretendida futura colega. Fuentes próximas al tribunal pusieron de manifiesto el contraste profesional entre Retuerto, licenciada en Derecho, y los anteriores jueces españoles: dos de ellos, Pastor Ridruejo y Juan Antonio Carrillo Salcedo, catedráticos de Derecho Internacional; Eduardo García de Enterría, catedrático de Derecho Administrativo, y José María Morenilla, 'magistrado del Tribunal Supremo de verdad', según recordaron.
Por lo demás, resulta ilustrativo que el Gobierno no presentó una terna, en igualdad de condiciones, a pesar de que el Convenio Europeo de Derechos Humanos establece, en su artículo 22, que 'los jueces serán elegidos por la Asamblea Parlamentaria (...) por mayoría de votos emitidos, de una lista de tres candidatos presentada' por el Estado Parte.
6. NUEVAS PROTESTILLAS CONTRA EL PLAN HIDROLÓGICO
El día de san Jorge, fiesta de Aragón, Cien mil personas, según datos de los organizadores, volvieron a inundar la plaza del Pilar de Zaragoza para decir no al Plan Hidrológico Nacional (PHN) y al trasvase del Ebro. Y eso a pesar de que la convocatoria no había tenido el apoyo de los sindicatos, ni de la Mesa del Agua, que se distanciaban del Ejecutivo autónomo por sus decisiones en materia educativa. A pesar de ello, la protesta fue un rotundo éxito. Miles de aragoneses se volvieron a reunir en torno al manifiesto que leyó, como en octubre de 2000 el periodista Luis del Val, en el que se reivindicaban las razones de una 'tierra diversa que busca su futuro en un desarrollo armónico que el PHN frustra'.
7. ONCE INMIGRANTES MUEREN AHOGADOS EN LANZAROTE TRAS NAUFRAGAR EN LOS ARRECIFES
Una patera cargada con 18 inmigrantes africanos se estrelló en Costa Teguise (Lanzarote), contra los arrecifes de lava. Sólo sobrevivieron siete personas: seis subsaharianos y un magrebí. Mientras se producía el siniestro, arribaban a Canarias otras cuatro pateras. Al final de la tarde, la Guardia Civil había localizado a 50 inmigrantes 'sin papeles'.Los inmigrantes que había naufragado explicaron que en la embarcación viajaban otras 11 personas, que se habían ahogado.
8. EL PARTIDO, LE PEN Y LA POLÍTICA DE INMIGRACIÓN
El ministro virtual del Interior, Marianin Rajoy; el portavoz del Partido en el Parlamento Europeo, Gerardo Galeote, y nuestro piadoso líder en el Parlamento vasco, Jaime Mayor Oreja, han aprovechado el éxito de Jean-Marie Le Pen en las elecciones presidenciales francesas para justificar la política de inmigración del Ejecutivo .
Para Jaime Mayor, el éxito de Le Pen es producto de un mal tratamiento del fenómeno de la inmigración. 'Los políticos franceses la convirtieron en un arma arrojadiza. La izquierda la usó para acusar a la derecha de falta de sensibilidad hacia los derechos humanos, y la derecha la utilizó para culpar a la izquierda de poca atención hacia la seguridad ciudadana', según Mayor. El ex ministro opina que para que evitar que surja un extremismo racista y xenófobo es necesario 'apartar la inmigración de la controversia política diaria'. No sugiere un pacto de Estado,:'Sólo pido que tengamos el máximo sentido de la responsabilidad', matiza. El portavoz del Partido en el Parlamento Europeo, Gerardo Galeote, abundó en esa misma idea: 'Ojalá que [el éxito de Le Pen] contribuya a que algunos defectos de carácter demagógico que hemos observado en la oposición queden soterrados'.El virtual ministro del Interior, Marianin Rajoy, aprovechó para defender su política de inmigración 'clara y contundente en la lucha contra la inmigración ilegal y la delincuencia que muchas veces lleva aparejada'.
9. EDUARDO $ ZAPLANA SE CONFIESA : 'NO CAMBIO LA GENERALITAT POR CASI NINGÚN MINISTERIO'
Eduardo & Zaplana se deslizó por el pantanoso terreno de su futuro político durante un desayuno con periodistas. 'No cambio la presidencia de la Generalitat por casi ningún ministerio', dijo en medio de un apreciable rumor en la sala. Una afirmación que se precipitó a precisar cuando dijo: 'Quien sea presidente de la Generalitat en junio de 2003 tendrá mucho más que decir en mi partido que quien tenga una responsabilidad en Madrid'.
Zaplana recuperó su prudencia habitual sobre el asunto y se mostró partidario de que el próximo candidato del PP a la presidencia del Gobierno se conozca lo más tarde posible, para evitar una situación caótica. Una posición similar a la que mantiene sobre su propio futuro, aunque sí deslizó que los populares cometieron 'un pecado absolutamente justificado' cuando limitaron los mandatos a ocho años y tachó de 'simples' las interpretaciones acerca de su posible marcha a Madrid. 'José María Aznar dijo lo de la limitación de mandatos y muchos le seguimos miméticamente y declaramos lo de los ocho años con alegría', añadió. 'Igual que antes dije que sería malo anticipar quién sucederá a Aznar, sería malo también decir si me presento o no'.
10. LA QUERELLA DE ZAPLANA SE ARCHIVA
La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha archivado la querella presentada por el
presidente de la Comunidad valenciana, Eduardo Zaplana, contra el de
Extremadura, el sociata de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, a quien acusaba de un
delito de calumnias e injurias por decir que Gescartera estaba detrás de la
financiación ilegal del Partido y que Zaplana era "la pieza clave'' del
entramado. El Supremo, de acuerdo con la Fiscalía, entiende que los hechos
denunciados no son constitutivos de delito, ya que las imputaciones de Ibarra a
Zaplana fueron "sumamente vagas y genéricas'', y además, las manifestaciones
públicas de los presidentes de comunidad, y en este caso altos dirigentes del
PSOE y el PP, respectivamente, están protegidas, según un criterio analógico,
con la inviolabilidad que la Constitución establece para diputados y senadores
por declaraciones realizadas en el ejercicio de sus cargos.En el auto de
archivo, el alto tribunal señala que "suelen ser los ciudadanos, a través del
voto, los que, en último término, dan el veredicto definitivo sobre la actuación
de sus representantes''.
Asimismo, la Sala hace suyos los argumentos de la Fiscalía, quien resaltó que la
financiación ilegal de los partidos políticos, imputada por Ibarra a Zaplana, no
es un delito incluido específicamente en el Código Penal, por lo que no puede
dar lugar a un delito de calumnias. Además, el fiscal manifestó en su informe
que las declaraciones de Ibarra se realizaron dentro de un contexto marcado por
"la efervescencia política surgida en los partidos políticos de distinto signo
ideológico a los que pertenecen querellante y querellado, con ocasión del debate
abierto en torno a las sesiones de la Comisión Parlamentaria de investigación
del denominado "caso Gescartera'', con cruce recíproco de imputaciones de igual
contenido respecto a otros asuntos sujetos a investigación''.
11. NUESTRO ALCALDE DE LAS PALMAS Y LAS PRESUNTAS ESPECULACIONES FAMILIARES
El grupo municipal de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acusa al alcalde y presidente regional del Partido, José Manuel Soria, de aprobar una operación de recalificación de unas parcelas de cuyo cambio de uso se beneficia directamente su hermana, Adela Soria López.
Según señaló el portavoz nacionalista en la corporación municipal, Marino Alduán, el cambio de uso rústico a urbanizable aprobado sobre unos 3.000 metros cuadrados de terreno localizado en el barrio de Las Mesas supondrán un beneficio para los familiares del alcalde de 600.000 euros (100 millones de pesetas). Para Alduán la decisión adoptada por el alcalde es "especulativa" porque no beneficia a ningún vecino de este barrio salvo a los familiares de Soria, en cuyos terrenos se podrían construir unas 30 viviendas. Además, según señaló el portavoz nacionalista, con la actual Ley de Ordenación del Territorio (LOT) esta recalificación es "ilegal" ya que impide la edificación en la zona. Alduán se mostró convencido de que Soria conocía perfectamente el cambio de uso de estos terrenos "ya que han sido familiares directos del alcalde los que han participado en el procedimiento del dominio". Alduán relató que los 3.000 metros cuadrados pertenecientes ahora a la hermana del alcalde han sido considerados siempre de uso rústico, incluso en el Plan General de Ordenación Urbana
Pedro Ribera es el propietario de las librerías Quorum y Cuentum de Cádiz. Es un empresario que se 'atrevió' hace días a criticar la política cultural del Ayuntamiento de Cádiz, gobernado por Teófila Martínez, a raíz de que le cobrasen una tasa por ocupar la vía pública tras colocar, en el Día del Libro, unas mesas a las puertas de sus locales para fomentar la lectura. Sus críticas fueron contestadas de inmediato por el gobierno del Partido con un ataque personal a su independencia. En un comunicado de prensa, los populares se preguntan qué 'motivaciones políticas tiene (el librero) para montar este escándalo'. Asimismo, el Partido insta a 'quien quiera hacer política que se presente a las elecciones y asumiendo todas las consecuencias'. 'No es de recibo que para pedir dinero y colaboración al Ayuntamiento sea alguien un empresario independiente y para pagar una tasa de 18 euros el gran defensor de la cultura', concluía la nota.
Ribera no salía de su asombro. 'Es indignante que se intente desacreditar al ciudadano que exprese una opinión o una crítica. Es una ofensa porque no entiendo que el PP, además de querer cobrar también un peaje a la cultura, sostenga que para opinar es necesario presentarse a las elecciones'.
Al hilo de este nuevo ataque , se ha vuelto a recordar algunos otros insultos personales: Martínez se mofó de la estatura física de Román; llamó al portavoz del PA, Julio Braña 'animal, tiburón, cobarde y sinvergüenza'. El senador y teniente alcalde, José Blas Fernández llegó a tildar de 'mamporrera' a la anterior portavoz socialista, María de la O Jiménez. Poca cosa comparado con lo que ha tenido que escuchar el presidente andaluz, Manuel Chaves. Según Martínez, es 'un opresor, un señor feudal, un dictador, un mandarín, el Padrino de la Política andaluza y un político esquizofrénico que amedranta, atemoriza, vigila, controla, interviene, mangonea y lincha'.
Nuestro alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Carlos Juárez gastó durante el año 2000 con cargo al presupuesto municipal 9.008.618 pesetas (54.143 euros) en viajes y comidas, al margen de otro 1,4 millones de pesetas que percibió en concepto de dietas. Un portavoz de la alcaldía sostiene sin embargo que cada peseta está empleada convenientemente en gestiones realizadas por Juárez 'por el bien de la ciudad'.
Los datos están extraídos de los listados de asientos elaborados por la Intervención municipal de los gastos abonados durante el año 2000 en capítulos de dietas, protocolo y especiales de la alcaldía, así como del de las operaciones realizadas con la tarjeta de crédito Visa de la que dispone el alcalde. Con este sistema de pagos Juárez abonó facturas por importe de unos 2,5 millones de pesetas. A tenor de estos listados, el Ayuntamiento sufragó al alcalde 3.852.327 pesetas en comidas y 5.156.291 de pesetas de gastos de viaje, que incluyen billetes y alojamientos. A ello hay que sumar 1.399.128 pesetas que aquel año percibió el alcalde en concepto de dietas.Entre diciembre de 1999 y 2000 Juárez viajó, entre otros destinos, a Bruselas, Lisboa, París, Ginebra, Las Palmas y Madrid. En la capital francesa asistió a un concierto homenaje al compositor linense José Muñoz Molleda, y durante su estancia hizo compras por importe de 117.531 pesetas que pagó con la tarjeta de crédito del Ayuntamiento.Durante los vuelos a Ginebra y Lisboa, ambos para realizar gestiones para un proyecto de World Trade Center en la Línea, hizo gastos en 'servicios especiales' de 23.400 pesetas y 19.291 pesetas, respectivamente. En Las Palmas asistió a un congreso sobre centros comerciales cuya inscripción costó al consistorio 139.200 pesetas.
También asistió con cargo al Ayuntamiento a una manifestación antiterrorista en San Sebastián, desplazamiento durante el cual hizo sendas comidas en Burgos y la capital donostiarra por importe de 35.000 pesetas cada una.
En cuanto a las comidas, en su mayoría con inversores, un sólo restaurante de la Línea facturó 1.458.375. Otro establecimiento propiedad de un concejal del equipo de gobierno se embolsó 371.000 pesetas. Juan Carlos Juárez, cuyo sueldo es de un millón de pesetas brutos mensual, obtuvo en 1999 la alcaldía de La Línea como cabeza de lista del Grupo Independiente Liberal, se pasó después con los demás concejales del grupo al Partido Popular (PP).