Partes de Guerra semanales
Semana del 4 al 10 de Mayo 2002
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1. EL CENTRISTA DE TODA LA VIDA RUIZ GALLARDÓN , EL VALLE DE LOS CAÍDOS Y LA RUTA IMPERIAL
4. MILES DE OCIOSOS Y SOCIAL COMUNISTAS SE MANIFIESTAN CONTRA LA LEY DE CALIDAD
7. ESTAS COSAS PASAN , INCLUSO EN LAS MEJORES FAMILIAS : LA ECONOMÍA REDUJO AL 2,1% SU CRECIMIENTO EN EL PRIMER TRIMESTRE
8. LA CARTERA DE ACCIONES EN MANOS DE LAS FAMILIAS MENOS CENTRISTAS CAE POR PRIMERA VEZ EN DIEZ AÑOS10. EL 'CASO BBV' ENFRENTA A NUESTRO AMIGO OMNIPRESENTE GARZÓN CON LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN
11. ARIAS $ CAÑETE Y NUESTRO SINDICATO AMIGO ASAJA
12. FALTARÍA MAS : EL GOBIERNO DE S. E SE OPONE A QUE GAYS Y LESBIANAS TENGAN VOZ EN LA ONU
14. COMUNIDAD DE MADRID : RUIZ-GALLARDÓN PERMITE 600 PISOS JUNTO A UN MONTE PROTEGIDO
19. LOS CRÍTICOS DEL PARTIDO DE CÓRDOBA CUESTIONAN A SU PRESIDENTE
La Comunidad de Madrid se convierte en una entusiasta de la época franquista como continuidad del imperio bajo Carlos V y Felipe II. Así, al menos, hay que interpretarlo según la visita turística que la Dirección General de Turismo recomienda bajo el epígrafe Ruta Imperial. Ruta que incluye, además del monasterio de El Escorial -construido por Felipe II-, el Valle de los Caídos, levantado con los vencidos de la guerra civil por el general Franco. En el recorrido recomendado por Turismo no se aclara el sentido de este monumento. Sólo se dice que es 'un monumento funerario levantado como recuerdo de aquellos que murieron durante la guerra civil'.
Los 10 vocales del Consejo General del Poder Judicial propuestos por el PARTIDO, más el cada día presidente + PPopular, Francisco Hernando Santiago, y el vocal propuesto por CiU, Alfons López Tena, formaron la mayoría que acordó la reincorporación inmediata en la carrera judicial de nuestro Javier Gómez de Liaño, condenado por dictar resoluciones injustas a sabiendas e indultado por el Gobierno de SE. Según la mayoría, los antecedentes penales no cancelados no impiden a Liaño ejercer como juez, mientras la minoría progresista -9 votos- estima que el acuerdo invade competencias del Supremo.La resolución final, aprobada por 12 votos a 9, acuerda dar de alta a Gómez de Liaño en el escalafón judicial con efectos del 8 de mayo de 2002 y le impone la obligación de solicitar destino en el primer concurso de traslados de magistrados que se convoque. Se le concederá la plaza que corresponda por criterios de antigüedad, y no le corresponderá cobrar ningún atraso de los emolumentos dejados de percibir por la condena. Asimismo, Gómez de Liaño estará limitado para volver a la carrera judicial por los requisitos que estableció el decreto de indulto, que le prohíbe pedir plaza en la Audiencia Nacional por un periodo de 25 años. Nuestro locuaz portavoz del Consejo, Enrique López, señaló que el hecho de que Gómez de Liaño -condenado en octubre de 1999 a 15 años de inhabilitación por prevaricación- no haya cancelado sus antecedentes penales (lo hará en 2005) no es obstáculo para que vuelva a ejercer, ya que el indulto que le concedió el Gobierno de SE el 1 de diciembre de 2000 precisaba que suponía su reintegro en la judicatura.
Por su parte, la minoría progresista y polanquista considera que Liaño no podía reintegrarse hasta que cancelase sus antecedentes penales. José Antonio Alonso, integrante de esta minoría progresista, sostuvo que la posición institucional y legal del CGPJ le impedía tomar este acuerdo, ya que "la competencia exclusiva para aplicar el indulto corresponde a la Sala Penal del Supremo, mientras el CGPJ no tiene otra competencia que la puramente burocrática y automática de anotar lo que el órgano competente para la ejecución del indulto, el Supremo, diga". Alonso acusó a la mayoría de "cancelar de hecho los antecedente penales de Gómez de Liaño [al reintegrar al ex juez a la carrera], que el Gobierno no pudo eliminar".
El que avisa no es traidor : El Gobierno de SE planea incluir en la Ley de Calidad una alternativa a la religión equiparable a esa materia, así como la gratuidad de la educación infantil de 3 a 6 años en todos los centros privados concertados, más del 80% de los cuales son religiosos. Así lo anunció la ministra de Educación, Piluca del Castillo, quien dijo que en la alternativa se estudiarían 'el hecho religioso y valores constitucionales y democráticos'. De esta forma, el Ejecutivo concedería a la Iglesia y a las asociaciones y colegios religiosos sus principales peticiones. Actualmente, las alternativas a la religión no son computables para la nota media, pero la religión sí, aunque sin afectar a la promoción de curso y la obtención de becas.
En el bachillerato también se establecerían estas dos materias como alternativa a la religión pero no contarían para la calificación media, para que no influyan en el acceso a la nota de acceso a la Universidad. Esta equiparación de la religión y su alternativa -demandada por la Iglesia al PARTIDO desde que éste empezó a gobernar- se materializaría mediante la creación de un área, que se denominaría Sociedad, Cultura y Valores, compuesta por las dos materias.
Del Castillo especificó que las dos materias 'se harían evaluables y computables a efectos de nota media' de cada evaluación o curso, pero, si se suspenden, 'no contarán a efectos de la promoción de curso' y que tampoco contarán a la hora de conceder becas. La Ley de Calidad establecerá que los alumnos repetirán curso con tres asignaturas pendientes. Actualmente, la alternativa a la religión se puede escoger entre diversas asignaturas que tienen que cumplir el requisito de no ser curriculares, como lo son matemáticas o lengua.
El 27 de febrero pasado el Gobierno y el Vaticano negociaron en Madrid esta reforma después de que el enviado del Papa, el arzobispo francés Jean-Louis Tauran, en visita oficial como secretario vaticano para las Relaciones con los Estados, criticase con dureza el incumplimiento, según él, de los acuerdos bilaterales en materia enseñanza. En la misma fecha, el cardenal Antonio María Rouco, presidente de la Conferencia Episcopal Española, insinuó que las negociaciones con el Gobierno de SE estaban dando sus frutos.
4. MILES DE OCIOSOS Y SOCIAL COMUNISTAS SE MANIFIESTAN CONTRA LA LEY DE CALIDAD
En Madrid , entre 12.000 y 15.000, en Zaragoza, según la Plataforma en Defensa de la la Escuela Pública que convocó manifestaciones en distintas ciudades de España para protestar contra nuestra revolucionaria Ley de Calidad. La plataforma está integrada por todos los sectores de la comunidad educativa (UGT, CC OO, STES, CGT, la confederación laica de padres de alumnos (Ceapa) y el Sindicato de Estudiantes. También hubo manifestaciones más reducidas en Oviedo (500 personas), Santander (más de 1.000), Las Palmas (200); Logroño (300), Albacete (200) y Badajoz (50). En Valencia, Alicante y Castellón se concentraron varios centenares de representantes de las organizaciones integradas en la Plataforma.
Nuestra candidata a sustituir a José Antonio Pastor Ridruejo como juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa Margarita Retuerto, ex defensora del pueblo en funciones y, hasta el año pasado, vocal del CGPJ a propuesta del PARTIDO se encuentra a la espera de que este otoño el Supremo falle una causa de despido presentada por Teresa González, su secretaria en el poder judicial, que fue apartada del cargo debido a su "escaso rendimiento" en junio de 2000, sólo un día después de haber denunciado a Retuerto por "continuos malos tratos".
Como se recordará, González elevó al secretario general del CGPJ una denuncia en la que acusaba a Retuerto de haberle practicado "continuos malos tratos de palabra y con hechos" que superan "ampliamente los límites soportables" en una relación de subordinación laboral y que, según el escrito de la secretaria, conocían varios vocales del máximo órgano de los jueces.
El pasado 7 de junio, la secretaria de Retuerto presentó al Pleno del Consejo una ampliación de su denuncia en la que acusaba a su superior de haberse dirigido a ella de forma "hiriente y amenazante" con frases como "es que eres tonta" o "si no me aguantas como soy, márchate". Cuando se quejaba ante la ex vocal de este comportamiento, su respuesta, siempre según el escrito de González, era: "Yo abuso de lo que me da la gana; a ti no te tengo que dar explicaciones; yo solo tengo que dar respuesta al Estado, que es quien me ha puesto aquí".Sólo un día después, Teresa González era despedida por "escaso rendimiento". La secretaria presentó un recurso de alzada por entender que el despido carecía de motivación suficiente y se trataba, únicamente de un "acto de represalia" contra ella. Al denegar la petición de su reingreso en el puesto que ocupaba desde hacía casi cuatro años, el CGPJ señala que el cargo de González, al ser de carácter eventual, está basado en una "relación de confianza", por lo que, si ésta se pierde, no resulta "exigible" una "motivación especial" para su cese.
A raíz de esta decisión, la ayudante de Retuerto presentó un recurso ante el Tribunal Supremo, que lo admitió a trámite en marzo de 2001 y podría dictar sentencia en octubre o noviembre de este año.Por aquellas fechas, Retuerto hizo declaraciones en los medios de comunicación, afirmando tener prueba de los "incumplimientos" de González en las obligaciones de su cargo, "que pueden confirmar sus propias compañeras". En respuesta, veinte compañeras de González remitieron una carta en la que aseguraban desconocer estos incumplimientos y, en cambio, certificaban la "profesionalidad y dedicación" de la secretaria.
Retuerto reconoce ser "bastante insoportable", una "auténtica máquina de trabajo" y eso, dice, "no le gusta a cierta gente, pero no estoy condenada a la perfección".
En su camino hacia Estrasburgo, Retuerto se ha encontrado además con otro obstáculo. Hace sólo unos días, se publicó que el Gobierno de SE había "inflado" el currículum de la ex vocal del CGPJ añadiendo en la nota adjunta enviada por el Embajador de España ante el Consejo de Europa, Guillermo Kirkpatrick, la condición de Retuerto como antigua "magistrada del Tribunal Supremo de Justicia de España", un cargo que nunca ha ocupado.
El número de parados registrados en las oficinas del Inem descendió en 12.778 el mes pasado, lo que supone la caída más débil registrada en abril desde 1984 y un importante retroceso con respecto al año pasado, en que el paro se redujo tres veces más. La caída de abril es la segunda que se produce después de siete meses de subidas continuadas, pero en los últimos 12 meses, 101.178 personas se han sumado a la lista de desempleados. En total, España cuenta con 1.636.268 parados, el 9,58% de la población activa.
Los datos del paro acusan directamente los efectos de un menor crecimiento económico en España. Mientras que el año pasado el número de desempleados descendió en 43.366 en abril, este año la caída se ha limitado a 12.778, casi una cuarta parte de la media de los últimos 15 años, que se sitúa en 43.910. Abril es un mes tradicionalmente bueno en la reducción del desempleo. Para encontrar un dato peor al del mes pasado hay que remontarse a 1984, cuando el paro registró un insólito aumento de 2.348 personas.
7. ESTAS COSAS PASAN , INCLUSO EN LAS MEJORES FAMILIAS : LA ECONOMÍA REDUJO AL 2,1% SU CRECIMIENTO EN EL PRIMER TRIMESTRE
La economía creció en el primer trimestre un 2,1% respecto del mismo periodo del año anterior, por debajo del 2,4% de finales de 2001, según estimaciones del Banco de España. El consumo ha mantenido el tono de 'relativa firmeza', igual que el sector de la construcción, mientras la inversión en bienes de equipo frenó su caída y las exportaciones siguieron débiles. La economía crece ahora menos de la mitad que hace dos años, en un proceso de caída que ha sido constante desde entonces.8. LA CARTERA DE ACCIONES EN MANOS DE LAS FAMILIAS MENOS CENTRISTAS CAE POR PRIMERA VEZ EN DIEZ AÑOS
Los tiempos dorados de la inversión de las familias españolas en Bolsa, iniciados en 1996 con el llamado capitalismo popular, conocieron el pasado año un parón significativo. Lejos de mantener el ritmo de crecimiento, la cartera de acciones cotizadas en manos de los hogares cayó en 6.000 millones de euros para terminar 2001 en 120.245 millones, según datos del Banco de España. Se trata de la primera caída en diez años, atribuible tanto a la depreciación del valor de los propios títulos como a la salida del dinero en busca de inversiones más seguras y rentables (depósitos y seguros).
La desconfianza de las familias en la Bolsa se puso de manifiesto el pasado año con una fuga de capitales hacia territorios de inversión más seguros. Esta situación ni siquiera se había producido en el ejercicio de 2000, que también fue malo para las bolsas. La inercia de la inversión en acciones se mantuvo en ese ejercicio, aumentando su cartera en casi 13.000 millones de euros. El pasado año se rompió esta tendencia: la recuperación no llegó a las bolsas y las familias, escarmentadas con la renta variable, dejaron de inyectar dinero en la Bolsa, cayendo el valor de sus carteras en 6.032 millones de euros.
También se ha producido entre las familias españolas un descenso en su cartera de acciones no cotizadas, en una cifra superior a los 15.000 millones de euros. Un fuerte descenso que se explica en la disminución en la creación de nuevas sociedades y en la crisis de sectores de la llamada nueva economía, que habían demandado capitales a las familias. En resumen, la desaceleración de la economía real puede ser la clave de esta pérdida de valor de la cartera de títulos no cotizados.
Nuestro hombre en el Banco de España, Jaime Caruana, da explicaciones públicas de su actuación en el caso. Aseguró no tener noticias de que esas cuentas hubieran sido autorizadas por el anterior Gobierno sociata en 1987, en contra de las acusaciones lanzadas por dirigentes del PARTIDO. Matizó al ministro de Economía, Rodrigo Rato, al asegurar que el 18 de octubre pasado le informó de lo que ocurría con más detalles de lo que señaló el vicepresidente.
'No tengo noticias de que haya habido ningún tipo de autorización en 1987 para la apertura de este tipo de cuentas'. Con estas palabras, el gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, se desmarcó de las acusaciones lanzadas por dirigentes del PARTIDO -Javi Arenas, o nuestro pintoresco responsable de Economía, Vicentin Martínez Pujalte-, que han culpado a anteriores gobiernos sociatas de haber dado su aprobación a la apertura de esas cuentas en 1987.
Sobre la actuación del Gobierno de SE y, en concreto, del vicepresidente Rato, como la posible clave política de los cambios en el Consejo de Administración del BBVA, en un claro ataque de nervios Caruana aportó algún dato que matiza la forma en que Rato explicó en el Congreso de qué manera se había enterado de la existencia de las cuentas secretas. Precisó que le había informado a Rato el pasado 18 de octubre, un día antes de hacerlo a la comisión ejecutiva del Banco de España. Caruana le explicó a Rato que había recibido 'un primer informe' del BBVA sobre el asunto y que la comisión ejecutiva iba a enviar un requerimiento al banco 'porque no estamos satisfechos de lo que está sucediendo o de la información recibida'. Esta versión puntualiza mucho la facilitada por el propio Rato al Parlamento el pasado 10 de abril. El vicepresidente dijo que había sido informado en octubre -sin concretar la fecha-, de que había 'una inspección en marcha', de la que el gobernador no le da 'detalles'.
10. EL 'CASO BBV' ENFRENTA A NUESTRO AMIGO OMNIPRESENTE GARZÓN CON LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN
El caso BBV ha provocado un grave enfrentamiento entre el juez omnipresente Baltasar Garzón y la Fiscalía Anticorrupción. La Fiscalía quiere evitar la decisión del magistrado de entregar a un letrado de la entidad financiera toda la documentación original que obra en el sumario. A juicio de la Anticorrupción, esta decisión es contraria a las normas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y al reglamento del Consejo General del Poder Judicial. La Fiscalía cree que el hecho de que los documentos de una investigación queden fuera del control del juzgado es algo "insólito y contrario al derecho", porque podría suponer la pérdida de pruebas y perjudicar a la investigación. Anticorrupción considera que debe ser el juzgado quien entregue fotocopias de los documentos de la investigación a las partes.
11. ARIAS $ CAÑETE Y NUESTRO SINDICATO AMIGO ASAJA
Las organizaciones agrarias social anarquistas COAG y UPA han criticado la presencia del ministro de Agricultura, Miguel Arias $ Cañete, en un acto organizado por Asaja, que se ha celebrado en Valladolid, por considerarlo como un apoyo a las listas electorales del colectivo de jóvenes agricultores en los próximos comicios a cámaras agrarias. Arias $ Cañete asistió a la II Conferencia Agraria Un siglo por delante, organizada por Asaja, que coincide con el inicio de la campaña de las elecciones del 26 de mayo. Según COAG, la presencia en los actos de responsables de instituciones gobernadas por el PARTIDO es 'un pago' a los acuerdos que Asaja ha suscrito con el Gobierno, como el referente al gasóleo para agricultores.
12. FALTARÍA MAS : EL GOBIERNO DE S. E SE OPONE A QUE GAYS Y LESBIANAS TENGAN VOZ EN LA ONU
España fue el único país europeo que se opuso a que la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays (ILGA) entrara en el grupo de ONG que asesoran al Consejo Económico y Social de la ONU. La iniciativa había partido de EE UU, Australia y fue 'especialmente' apoyada por Alemania, Francia y Holanda , según una nota de la ILGA. Nuestro representante se desmarcó de sus colegas europeos, y votó con Egipto (que encabezaba la oposición y cuyos tribunales condenan a trabajos forzosos a los gays), Irán y Sudán (que castigan las relaciones consentidas del mismo sexo con la pena de muerte) , Zimbabue (cuyo presidente, Robert Mugabe, ha declarado que los homosexuales son 'peores que perros y cerdos' y que deben ser 'exterminados') y Uganda y Qatar, entre otros países con leyes homofóbicas, según la asociación.
Era la primera vez que se votaba la inclusión de la ILGA entre las ONG que aconsejan sobre derechos humanos a la ONU, un grupo del que forma parte, por ejemplo, Amnistía Internacional. La asociación agrupa a más de 500 organizaciones de gays, lesbianas y transexuales de 85 países, explicó Jordi Petit, secretario general entre 1995 y 1999. 'Es claro que muchos países no quieren que las denuncias de la ILGA se oigan en la ONU', afirmó Petit. 'Lo que causa estupor es que España esté entre ellos'. Petit señaló que la postura española es 'incomprensible'. En julio la ONU rechazó por un voto dar el estatuto de observador a la ILGA en la conferencia sobre el racismo en Suráfrica, 'pero entonces España votó a favor', indicó Petit. Esta vez el resultado fue de 29 votos en contra, 17 a favor y siete abstenciones. 'Ni siquiera Austria, con Gobierno conservador, se ha opuesto', dijo el ex secretario de la ILGA. 'No entendemos que , Josep $ Piqué, venga a la sede del Colectivo de Gais y Lesbianas de Cataluña a hacer campaña en las elecciones, y luego su departamento se comporte como si fuéramos una república bananera', añadió Petit
El Banco de España ha detectado irregularidades graves en la Caja de Guadalajara, controlada por el PARTIDO y presidida por el diputado provincial Jesús Ortega Molina. En concreto, la autoridad monetaria ha detectado 'falta de rigurosidad analítica y ausencia de control de las inversiones' realizadas con tres grupos industriales de la región, socios de la caja en un 'entramado' societario inmobiliario denominado Wad-Al-Hajara. Con dichos socios, la caja superó todos los niveles de riesgo crediticio permitidos. El Banco de España ha dado de plazo a los gestores hasta el 31 de mayo para resolver las irregularidades.El acta de inspección, firmada por el director general de la Inspección del Banco de España, Pedro Pablo Villasante, con fecha 3 de abril, considera que la actuación de los gestores de la caja (ocupa el puesto 43 entre las 46 que existen en España) 'cuestionan de forma preocupante la gestión y el control ejercido por los órganos de gobierno de la caja e inciden negativamente en la solvencia y rentabilidad de la entidad'. Muestra de la preocupación del Banco de España es la exigencia de que el acta de inspección se comunique a los consejeros, a los que recuerda 'la trascendencia, no exenta de responsabilidad, de su actuación'. La inspección del Banco de España, realizada sobre los estados financieros de la entidad a 30 de septiembre de 2001, se centró en el examen del modelo de crecimiento que ha elegido la caja.
Éste se ha basado, según concluye el Banco de España, en la creación de un 'entramado de sociedades', denominado Wad-Al-Hayara, que ha tenido y tiene como fin la actividad inmobiliaria. En el 'entramado' Wal-Al-Hayara participan 'diversos grupos promotores clientes', entre los que la autoridad monetaria menciona tres: el grupo Morales, el grupo Carpintero (del promotor Arturo Carpintero) y el grupo Herraiz.
El problema es que la caja, según la inspección, ha cedido 'sistemáticamente la gestión de estas sociedades [agrupadas en torno a Wad-Al-Hayara] a los socios industriales'. El resultado ha sido que esos socios industriales han obtenido 'importantes plusvalías' mediante la venta de sus propios activos a las sociedades en las que participan con la caja y mediante el cobro de comisiones por la gestión y comercialización de inmuebles. Mientras, la caja asumía 'en muchos casos' el riesgo total, incluida la financiación 'del buen fin' de las gestiones encomendadas a sus socios. El resultado de esa operativa, con un accionista (la caja) que financia esas sociedades, pero no las gestiona y, según los inspectores 'ni siquiera realiza con eficacia las labores de control' de inversiones, es que los promotores se benefician mientras las sociedades languidecen en sus expectativas de beneficio. O, dicho de otro modo: los beneficios de la parte no privada decrecen en la medida que crecen los beneficios de los socios privados. Además, destaca que la caja asumía la financiación de suelo pendiente de recalificar, cuyas gestiones realizan los socios industriales.Y todo ello mientras la concentración de riesgos de la caja con sus socios aumenta. 'La caja', explica el Banco de España, 'a la fecha de referencia [30 de septiembre] llegó a tener unos niveles de concentración de riesgos muy superiores a los que venía declarando al Banco de España', sobrepasando, afirma el supervisor, los límites legales. En concreto, la Caja de Guadalajara llegó a acumular una cifra de riesgo crediticio con los socios industriales del grupo o 'entramado' de Wal-Al-Hajara espectacular.
Así, con los escasos 30 millones de euros de recursos propios con que cuenta la Caja de Guadalajara, el riesgo con el grupo 'Morales' llegó a ser de 23,51 millonesde euros (60,6% de los recursos de la entidad); con el grupo 'Carpintero', de 23,64 millones de euros (60,9% de los recursos de la caja), y con el grupo 'Herraiz', de 12,97 millones de euros, el 33,4% de los recursos propios. Tal concentración de riesgo o 'incorrecta estimación del volumen real de riesgo', según la terminología del Banco de España, se produjo porque la caja trató a cada sociedad del 'entramado' como una unidad diferenciada, sin tener en cuenta su pertenencia a grupos concretos y, sin atender 'las advertencias realizadas en la anterior inspección y en varias reuniones con los responsables máximos de la caja'.
14. COMUNIDAD DE MADRID : RUIZ-GALLARDÓN PERMITE 600 PISOS JUNTO A UN MONTE PROTEGIDO
El Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón permitirá que las constructoras levanten a los pies del monte de Abantos -una de las mayores masas forestales de la región- 575 pisos y 92 chalés pareados, en los que vivirán unas 2.000 personas. Entre las casas y el bosque no habrá ningún colchón medioambiental que impida que la actividad humana (desperdicios, daños al arbolado, incendios...) afecte al monte. El Ejecutivo, que hace dos años apostó por declarar esa zona no urbanizable, afirma ahora que es la 'mejor opción' ante la presión de los promotores.
El Gobierno regional considera que la finca Prado de la Era, adyacente al monte de Abantos, puede ser ya urbanizada, a pesar de que la Consejería de Medio Ambiente la calificó hace dos años, tras el incendio forestal que arrasó Abantos, como 'punto de referencia de la futura regeneración forestal'.
Tras el espectacular incendio se encargó a la Consejería de Medio Ambiente un 'informe urgente'. Los técnicos regionales no dudaron: 'El desastre ecológico ha sido de tal calibre que para que la zona se regenere es necesario que Prado de la Era no se urbanice y permanezca con la vegetación y los árboles que ahora presenta. Desde Prado de la Era, la flora y la fauna volverá con el paso de los años a Abantos, que no estará completamente regenerado hasta dentro de 10 lustros'. Los ecologistas aplaudieron.
Pero ahora, a menos de tres años del incendio, el Gobierno ha cambiado de opinión. El Ejecutivo ha dado su visto bueno al convenio que han firmado los promotores de las viviendas con el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial , gobernado por el PARTIDO y que permite la construcción de 667 casas en la finca. De ellas, 575 serán en bloque y 92 en pareados unifamiliares en parcelas de 250 metros.
Los expedientes de regulación de empleo (fórmula legal mediante la cual una empresa puede llevar a cabo un despido masivo si justifica su decisión ante el Gobierno) registraron en 2001 un aumento del 25% con respecto a 2000, según datos suministrados por la Dirección General de Trabajo. El sector de la industria fue el más perjudicado: 3.324 trabajadores perdieron sus empleos a lo largo de 2001. Los sindicatos traidores CC OO y UGT atribuyen este dato a la 'pérdida de tejido industrial' y acusan al Gobierno regional de no emplearse a fondo para evitar esta situación. El director general de Trabajo, Javier Vallejo, explica que fue en los meses de noviembre y diciembre de 2001 cuando se registró un incremento notable de los expedientes de regulación de empleo, motivado, en gran parte, por la crisis económica mundial surgida a raíz de los ataques del 11 de septiembre contra EE UU.
En el caso de Madrid, sin embargo, antes del fatídico 11-S ya se habían producido anuncios de regulaciones en Ericsson, Alcatel, Luccent Tecnologies y Siemens para recortar su plantilla. El caso más reciente ha ocurrido en Leganés. La empresa Sanmina-SCI, un gigante tecnológico fabricante de productos para telefonía móvil, ha anunciado el cierre de su fábrica, lo que dejará en la calle a 240 empleados. El pasado año, Trabajo autorizó 61 expedientes, que, a la postre, dejaron en la calle a 3.324 trabajadores del total de 5.130 contra los que se inició el trámite del despido. En el sector servicios, la consejería autorizó 109 expedientes, que afectaron a 1.707 trabajadores. En total, sumando todos los sectores, se abrieron en la región 235 expedientes y se aprobaron 174 (35 más que el año anterior, es decir, un incremento del 25%), que afectaron a 5.098 trabajadores. El pasado año se hicieron en la región 1.863.554 nuevos contratos, de los cuales el 85,4%, es decir, 1.591.295, eran temporales, y el 53% (987.683) tenía una duración inferior a tres meses.
Los balances de Colsur, SL, la firma del empresario del PARTIDO Ángel Fenoll que controla el negocio de las basuras en más de una docena de municipios, dieron un espectacular giro entre 1999 y 2000. El resultado neto de explotación creció ese año un 233%, al tiempo que el resultado global se incrementó un 300%, y eso durante un ejercicio en el que la media del sector registró un descenso del 9%. Fenoll, condenado como cómplice de Luis Fernando Cartagena, a quien vecinos de Orihuela asocian con una trama de corrupción del PARTIDO, mantiene activas media docena de empresas.Los ingresos de explotación de Colsur en 2000 (más de 4,5 millones de euros) crecieron un 49% respecto al año anterior, el valor añadido de la empresa se incrementó un 26%, la cuenta neta de explotación subió un 233% y el cómputo global del ejercicio registró un aumento del 300%. Según datos de los registros públicos, Colsur obtuvo en 2000 unos beneficios de más de 240.000 euros, frente a los 60.300 de 1999.Aunque Colsur es la principal empresa de Fenoll, este militante del PARTIDO, que fue condenado por comprar votos para su partido, mantiene activas media docena de mercantiles con importantes contratos con la Administración, sobre todo en la Vega Baja, aunque también en otras comarcas alicantinas y en la región de Murcia.
El alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, del PARTIDO, no sólo tenía supuestamente pleno conocimiento del intento de compra de un concejal crítico de su partido, sino que participó en, al menos, una de estas reuniones. Ésta es la versión que relataron al juez dos ediles del PARTIDO de Orihuela que fueron expulsados del equipo de gobierno en 1998 tras denunciar un presunto soborno por parte del empresario Ángel Fenoll.
El empresario oriolano Ángel Fenoll trató, presuntamente, de comprar el voto de José Meseguer para poder obtener, así, la adjudicación del servicio de recogida de basuras en la costa de Orihuela.Jesús Ferrández y José Esquiva comparecieron en un juzgado de lo Penal de Orihuela para testificar contra Ángel Fenoll y contra Francisco Torrecillas, ex alcalde pedáneo de La Aparecida, ambos imputados en el proceso judicial. Los dos testigos coincidieron sustancialmente en su declaración e inculparon al primer edil, José Manuel Medina, en los hechos que se denuncian ya que, según Ferrández, 'él asistió al último encuentro, en un bar de Santomera (Murcia), donde los tres reiteraron a Meseguer su oferta de los días precedentes', o sea, 48.000 euros y una percepción mensual de 1.500 euros a cambio de que permaneciera en el PARTIDO y votara a favor de una contrata de basuras para Ángel Fenoll. Esta adjudicación sigue sin efectuarse, después de que el procedimiento fuera impugnado por los cinco concejales críticos cuando descubrieron que las plicas estaban abiertas. Según el Centro Liberal, 'Fenoll desempeña este servicio de forma ilegal, al estar condenado por el caso Cartagena'.
El Ayuntamiento de Oviedo, gobernado por el PARTIDO con mayoría absoluta, acaba de sufrir un nuevo revés judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha anulado la adjudicación de la dirección de obra del auditorio de Oviedo -inaugurado hace tres años-, que fue encomendada al arquitecto Rafael Beca, viceconsejero de Urbanismo en uno de los Gobiernos regionales que presidió el PARTIDO.
La anulación llega tres años después de la polémica inauguración del auditorio. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias argumenta que 'existen toda una serie de circunstancias que inducen a pensar que ha existido una arbitraria valoración' por parte de la mesa de contratación en favor del arquitecto seleccionado, Rafael Beca, en detrimento del reclamante, Javier Calzadilla, a quien el fallo judicial reconoce, entre otros méritos no suficientemente valorados por el PARTIDO, una experiencia personal, y de su equipo, 'notoriamente superior'. La sentencia obliga al Ayuntamiento a rectificar su decisión y convocar de nuevo la mesa de contratación para que sean reconsideradas las calificaciones dadas a los aspirantes.
El auditorio ovetense, como la mayor parte de las grandes realizaciones urbanas de Gabino de Lorenzo, estuvieron envueltas desde el primer momento en la polémica cuando no en la irregularidad, y su coste definitivo ha sido muy superior al presupuestado: 21,04 millones de euros (3.500 millones de pesetas), el doble de lo previsto. El auditorio, cuya ubicación y concepción estética ha sido muy discutida, lo inauguró el entonces vicepresidente primero del Gobierno y hoy ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, el 29 de abril de 1999, sin que el edificio estuviese terminado y cuando el Ayuntamiento no disponía del permiso preceptivo de apertura de locales públicos. La inauguración se produjo incluso sin que estuvieran aprobadas las medidas de seguridad y el plan de evacuación preceptivos. El Ayuntamiento hizo caso omiso de la orden de cierre, de las posteriores amonestaciones en ese sentido y sólo suspendió la programación para reiniciar las obras inconclusas.
19. LOS CRÍTICOS DEL PARTIDO DE CÓRDOBA CUESTIONAN A SU PRESIDENTE
Cargos públicos del PARTIDO de Córdoba, entre ellos el ex alcalde Rafael Merino, y 11 concejales más de los 14 que tiene en el Ayuntamiento de la capital, parlamentarios nacionales, autonómicos y provinciales, y el europarlamentario Juan Ojeda, han cuestionado en un documento interno el trabajo de su presidente, Enrique Bellido, al que le responsabilizan de la situación por la que atraviesa la formación desde que éste se hizo con el mando del partido en el congreso de septiembre de 2000. Éste es el segundo intento de este sector crítico para desbancar a Bellido de la presidencia. El primero se produjo un día antes del congreso de 2000, cuando estos y otros militantes más suscribieron otro documento.
Un documento de quejas del sector crítico del PARTIDO de Córdoba contra su presidente y senador, Enrique Bellido, y que ya está en manos de las direcciones nacional y regional del partido, ha desencadenado una de las crisis más fuertes de esta formación. A este sector crítico, que capitanean el portavoz municipal y ex alcalde, Rafael Merino, y el europarlamentario, Juan Ojeda, se han unido 12 de los 14 ediles en el Ayuntamiento de la capital, así como diputados nacionales, autonómicos y provinciales, hasta 42 cargos. El PARTIDO cordobés tiene 192 ediles en la provincia y 7.800 afiliados.
Los que integran esta corriente crítica son los cargos vips del partido, los mismos que respaldaron la candidatura oficialista que encabezaba el parlamentario andaluz Salvador Fuentes en el último congreso provincial (30 de septiembre de 2000) que ganó Bellido. Desde entonces, la herida abierta en el PARTIDO no se ha cerrado y los encontronazos han sido frecuentes.
Los críticos celebraron una reunión la pasada semana en Córdoba, de la que salió el documento, que se ha remitido al secretario general, Javi Arenas, y a la presidenta andaluza del PARTIDO, Teófila Martínez.
En el fondo del conflicto subyace la no aceptación por parte de muchos cargos públicos de los resultados del congreso provincial, así como el deseo de Merino de confeccionar a su gusto la candidatura con la que se presentará a las municipales de 2003 y de que sea Juan Ojeda el coordinador de la campaña en lugar de - como desea Enrique Bellido- el actual secretario general del PARTIDO cordobés, José Ángel Palomares, y Ángel Blanco, ambos ediles y que no se han sumado a la protesta. Por su parte, Bellido ha acusado de 'deslealtad' a los firmantes del documento, puesto que no han planteado esas quejas en las reuniones internas, y ha asegurado que 'se está haciendo un daño irreparable al partido' a un año vista de los comicios locales. En un durísimo artículo publicado en Diario Córdoba, Bellido señala que 'el daño político y social que con ello se produce importa poco a quienes promueven este tipo de acciones, cegados por la enfermiza obsesión de mantenerse en el poder por encima de todo y maniatados por la dependencia, en muchos casos económica, que tal situación genera'. Añade que frente al 'acoso' cabe rendirse o 'defender la legitimidad vigente, defendiendo con ello los principios éticos y democráticos'.
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