Partes de Guerra centristas
Semana del 1 al 6 de Septiembre 2002
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SI LO TUYO NO SON LAS NOTICIAS VULGARES , DATE UNA VUELTA POR LA BODA DEL MILENIO
3. LA OCUPACIÓN DE APARTAMENTOS TURÍSTICOS CAYÓ UN 5,5% EN JULIO Y QUE?
4. EL ASESOR FISCAL Y MINISTRO A MEDIA JORNADA JOSEP $ PIQUÉ ANUNCIA UN
AUMENTO DE LAS TARIFAS TELEFÓNICAS "EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS"
5. LAS VENTAS DE COCHES SUMAN YA SIETE MESES DE CAÍDAS CONSECUTIVAS
7. EL MINISTERIO DEL INTERIOR DEJÓ EN LA CALLE A 19.000 EXTRANJEROS A LOS QUE NO PUDO EXPULSAR
10. RUIZ GALLARDÓN Y EL CASO IMEFE
El paro ha quebrado en agosto una tendencia de bajadas iniciada en marzo y que se había mantenido durante cinco meses consecutivos, llevando la tasa de paro del 9,75% al 8,54%. El registro en las oficinas del Inem arroja un saldo de 3.553 desempleados más (un 0,23%). Los contratos fijos caen un 8,24% respecto a agosto de 2001, mientras que, a lo largo de los últimos 12 meses, el paro ha aumentado en 92.995 personas.
El inicio en agosto del proceso de incremento del paro confirma el estancamiento de la economía, ya que en años positivos para el empleo la subida por razones estacionales no empieza hasta el mes de septiembre con la incorporación de demandantes del primer empleo. La subida de 3.553 nuevos desempleados coloca la cifra total de parados registrados en el Inem en 1.552.000 y la tasa sobre población activa se sitúa en el 8,55%, según los datos difundidos por el Ministerio de Trabajo que ocupa nuestro ex comisionista Edu $ Zaplana.
El incremento de agosto supone algo menos de la mitad que en el mismo mes del año pasado (7.538), pero contrasta con las reducciones experimentadas en ese mismo periodo de la última década. Con ello la evolución interanual arroja un aumento de 92.995 parados más.
La construcción y la industria son los sectores que concentran la evolución más negativa y los servicios no han podido compensar los aumentos en esos sectores. Son 10.349 (6,42%) los parados que engrosan el registro en la construcción y 8.658 (3,51%) en la industria. En el colectivo que busca su primer empleo se produce una reducción de 7.523 personas (3,36%), en los servicios de 6.955 (0,8%) y en la agricultura de 976 (2,48%).
El desempleo femenino se ha reducido en 12.483 personas (un 1,34% menos que el mes anterior), con lo que la cifra total se sitúa en 918.588 paradas, pese a lo que la tasa sigue en el elevado nivel del 12,63%. El desempleo entre los hombres se incrementa en 16.036 (2,6%) y el número total queda en 633.414, con una tasa del 5,76% respecto a la población activa. Entre los jóvenes menores de 25 años, el desempleo baja en agosto en 598 personas (0,25%), lo que coloca la tasa de desempleo en el 10,46% en ese grupo de edad.
Nuestra queridísima España sigue siendo el país de la UE con más desempleo, mientras que el más bajo se da en Luxemburgo (2,4%) y Holanda (2,8%). Los países de la Eurozona tenían el pasado mes de julio una tasa de paro del 8,3%, tres puntos por debajo de la registrada en España por esas mismas fechas, que era del 11,3%, según datos facilitados en Bruselas por Eurostat, la Oficina de Estadísticas de la UE que toma como referencia el dato de la Encuesta de Población Activa (EPA) y no el paro registrado.
El nivel de desempleo de la Eurozona permaneció inalterado entre junio y julio, mientras que en España creció en un 0,1%. La tasa de paro del conjunto de países de la UE es del 7,7%, algo que menor que la de los Estados que se han sumado al euro. Frente a la tasa del 8,3% de España, se dan cifra muy inferiores en Austria (4,1%), Dinamarca (4,3%), Portugal e Irlanda (4,5%), Suecia (4,9%), Bélgica (6,9%), Alemania (8,3%), Francia (8,9%) y Finlandia (9,3%).
El registro de contrataciones ratifica la mala racha del empleo, ya que se ha producido una reducción del 4,01% respecto a agosto de 2001, con un total de 1.019.106 contratos suscritos en el Inem durante el mes pasado. La caída es bastante más acusada en la contratación fija, y supone un 8,24% menos que en igual mes del año anterior. Del total de nuevas relaciones laborales, son 78.792 los contratos indefinidos, el 7,73%, frente a porcentajes que llegaron a superar el 10% algunos meses tras la reforma de 1997.
La contratación acumulada en los ocho primeros meses de 2002 es mayor que en el mismo periodo de 2001, con una suma de 9.306.834, un 1,55% más. De ellos, son indefinidos 849.374, un 0,21% más que en igual periodo del año pasado.
   |
| CONTRATACIÓN INDEFINIDA | ||||
|
Agosto |
2001 |
2002 |
Variación 2002/2001 |
Variación 2002/2002 en % |
| Total contratos indefinidos |
85.867 |
78.792 |
-7.075 |
-8,2 |
| Contratos Ordinarios |
19.710 |
25.842 |
6.132 |
31,1 |
| Contratos fomento del empleo |
66.157 |
52.950 |
-13.207 |
-20,0 |
El ex presidente del Consejo Económico y Social (CES), Federico Durán, autor de un informe sobre seguridad laboral encargado por el Gobierno de SE hace dos años, lamenta que no se hayan aplicado las propuestas contenidas en el informe elaborado por el organismo y entregado en marzo de 2001.
Durán recibió el encargo de hacer un estudio con propuestas concretas para reducir el número de accidentes laborales. 'Las propuestas del informe todavía no se han puesto en marcha', afirmó Durán, que agregó que 'en la práctica el informe no ha tenido la incidencia que hubiera debido tener'.
El informe Durán realizaba propuestas como dotar de más medios a la Administración, incrementar el rigor de las mutuas de trabajo o incluir a los autónomos entre los colectivos sujetos a las medidas de prevención, además de una mayor coordinación entre la empresa que subcontrata las obras con las subcontratadas e introducir la seguridad laboral en los temarios educativos de la escuela. Tras recalcar que ninguna de estas medidas se ha aprobado, Durán afirmó: 'Creo que el informe ha tenido una acogida razonable, pero la puesta en práctica no se está realizando con la agilidad que hubiera debido de tener'.
La escalada de accidentes ha sido especialmente intensa en Cataluña, donde en sólo mes y medio han muerto 22 trabajadores por accidente laboral.
3. LA OCUPACIÓN DE APARTAMENTOS TURÍSTICOS CAYÓ UN 5,5% EN JULIO Y QUE?
El Instituto Nacional de Estadística (INE) da a conocer que la ocupación de plazas en apartamentos turísticos cayó en julio un 5,5% respecto del mismo mes del año anterior. Las pernoctaciones (cada noche de alojamiento) han descendido un 3,9%, con una subida del 3,5% en las realizadas por turistas españoles y un descenso del 5,6% en las de extranjeros. En el caso de los turistas alemanes la caída ha sido del 18,3%.Estos datos parece que contradicen los anunciados hasta ahora por nuestra Secretaría de Estado de Comercio, Turismo , Pymes Y Propaganda , que justificaban la caída del 3% en la ocupación de plazas hoteleras en julio, por el aumento en la ocupación de apartamentos. Según Comercio, la divergencia responde a la distinta metodología estadística. Mientras el INE recoge datos de apartamentos oficiales, Comercio amplía el abanico a los que se contratan directamente o sumergidos. El INE compara datos homogéneos -en este caso los de julio de este año con los del mismo mes del año anterior-, lo que sí permite ver la evolución. Por comunidades autónomas, Canarias concentra más del 46% de las pernoctaciones realizadas por los viajeros no residentes, que descienden un 7,5% con respecto a las de hace un año. En sentido contrario, la Comunidad Valenciana es el principal destino elegido por los españoles, que han aumentado un 3,3% en relación a un año antes. El grado de ocupación (en relación al número de plazas ofertadas durante el mes de julio) se ha situado en julio en el 63,1%, 5,8 puntos menos que hace un año. Por comunidades autónomas, Baleares y Murcia han alcanzado los mayores grados (un 74,2% y un 70,6%), así como la estancia media más alta (más de doce días).
4. EL ASESOR FISCAL Y MINISTRO A MEDIA JORNADA JOSEP $ PIQUÉ ANUNCIA UN
AUMENTO DE LAS TARIFAS TELEFÓNICAS "EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS"
El ministro Piqué como no podía ser de otro modo , ha estrenado cargo
atendiendo una clásica reivindicación del sector de la telefonía fija: la
subida de las tarifas. El Gobierno, explicó el optimizador fiscal y
ministro, modificará "en las próximas semanas" el sistema de precios máximos
que regula el sector, el llamado price cap, que regía hasta 2003.
Este mecanismo, que nació con la liberalización de las telecomunicaciones,
impide al operador dominante, Telefónica, incrementar las tarifas por encima
de un determinado nivel. El aumento, según Piqué, no será, "en promedio",
superior a la inflación.
Como en el caso del incremento de tarifas eléctricas para los próximos ocho años, dado a conocer hace un par de semanas por el Ministerio de Economía (aumento de precios por debajo del objetivo de inflación del 2% hasta 2010), el plan de Piqué aún tiene que concretarse.
El anuncio fue bien acogido por las empresas. El presidente de Telefónica, César Alierta, ademas de tirar cohetes en la Gran Via calificó sus palabras de esperanzadoras y el presidente de Aniel, Jesús Banegas, consideró el discurso como "un balón de oxígeno". Alierta se refirió a las bajadas de precios de los últimos años y aseguró rotundo: "Esto tiene un límite y estamos convencidos de que ya hemos llegado".
5. LAS VENTAS DE COCHES SUMAN YA SIETE MESES DE CAÍDAS CONSECUTIVAS
Las ventas de turismos cayeron el 10,7% en el pasado mes de agosto sobre la cifra del mismo mes del año anterior. Son ya siete meses consecutivos de caídas, lo que ha motivado que los fabricantes cuenten con variar su previsión de ventas para fin de año: en lugar de ceder las matriculaciones el 4%, lo harán por encima del 8%. La elevada deuda de las familias y la peor coyuntura turística son los factores determinantes.
Los fabricantes de coches consideran 'difícil' que el mercado automovilístico registre una recuperación en el último cuatrimestre del año, tras el retroceso del 10,7% de agosto de este año (se vendieron 79.416 unidades). En los ocho primeros meses de este año las matriculaciones de turismos han caído el 8,8% sobre el mismo periodo del año anterior, hasta totalizar las 927.072 unidades.
Fuentes de la patronal Anfac señalaron que la desaceleración económica, la elevada deuda de las familias españolas y la menor demanda de las empresas de alquiler de coches por la crisis turística han sido los factores determinantes de la caída de las ventas.
El Gobierno tendrá que remitir al Congreso la memoria económica de la Ley de Calidad de la Educación en cumplimiento del reglamento del Congreso. Así lo acordó la Mesa del Congreso, Como se recordará, desde que el pasado 26 de julio el proyecto de ley entró en el Congreso, la polémica no ha dejado de crecer. La ministra Pili del Castillo negó a pesar de las evidencias que hubiera memoria . A partir de ahora habrá que esperar cuál es el documento que el Gobierno envía a la Cámara relativo a los costes de la ley, para calibrar la importancia de la decisión que tomó la Mesa
7. EL MINISTERIO DEL INTERIOR DEJÓ EN LA CALLE A 19.000 EXTRANJEROS A LOS QUE NO PUDO EXPULSAR
A pesar de que Ignacio González, nuevo delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, ha declarado solemnemente que : " El Gobierno intentará expulsar a todos los inmigrantes que pueda ", las dificultades para devolver a extranjeros sin permiso de residencia a sus países de origen fueron enormes en 2001 a juzgar por los resultados: de 22.000 inmigrantes con órdenes de expulsión, Interior sólo pudo repatriar a 3.000.
El resto, 19.000, se quedó en las calles de las ciudades con escasas esperanzas de encontrar trabajo debido a su situación irregular: sin permiso de residencia y con una orden de expulsión en el bolsillo, lo que les complica enormemente lograr un empleo con el que sobrevivir.
Los datos sobre expulsiones ejecutadas fueron facilitados en los cursos de verano de El Escorial por el jefe de Internacional de la Dirección General de Inmigración, José María Haro Savater, . El Ministerio del Interior informó de que en lo que va de año ya se han tramitado 43.000 ordenes de expulsión de inmigrantes que intentaron entrar en España de manera irregular. La zona más caliente de entrada de pateras, según las cifras de Interior, fue el archipiélago canario, donde entre el 1 de enero y el 2 de septiembre pasado fueron detenidos 5.154 extranjeros que pretendían entrar de manera irregular.
La juez Tere Palacios ha rechazado el recurso presentado por el Banco Santander contra el auto por el que transformó las diligencias previas en procedimiento abreviado y que supuso la imputación del presidente de la entidad, Emilio Botín, y de cuatro de sus directivos (uno de ellos ya fallecido) en 138 delitos fiscales, así como de falsedad continuada en documento oficial.
El auto de Teresa Palacios recordaba que las entidades del grupo Banco Santander ofrecieron en 1988 y 1989 a sus clientes un producto financiero denominado cesiones de nuda propiedad de crédito por el que captaba fondos fiscalmente opacos y que según la juez daba "cobertura al dinero negro de los clientes". La magistrada detallaba extensamente las resistencias del banco a facilitar la identidad de los clientes y utilizó las comunicaciones internas entre los directivos para inferir que todos ellos estaban al corriente de las operaciones y que incluso de ellos partían las instrucciones que luego se cumplían, tanto para facilitar datos a la Unidad Central de Información como a Hacienda, y para avisar a los clientes de que debían regularizar su situación con el fisco. La cuantía del perjuicio a Hacienda se cifró en 145.120 millones de pesetas (872.188.765 euros. Entre los imputados se encuentra el ex Consejero de Obras Públicas de Edu $ Zaplana , F. Cartagena
La inseguridad ciudadana se ha disparado en lo que va de año en la capital de España. Los datos oficiales que manejan los jueces revelan que entre enero y julio los atracos callejeros (también llamados robos con violencia e intimidación) han experimentado un aumento del 23% respecto al mismo periodo de 2001.
Desde el Ministerio del Interior se ha atribuido el aumento de la inseguridad ciudadana al incremento de la población inmigrante. Este enfoque ha sido criticado por numerosas ONG.
Se han perpetrado en la capital 22.725 robos con violencia e intimidación, según los datos que figuran en la memoria de actividades relativa a 2001 de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. En la cifra se incluyen 49 robos en bancos, 5.232 tirones y otros 17.443 atracos en los que medió intimidación.
La capital ha registrado, además, 20.133 robos callejeros frente a los 15.700 registrados en el mismo periodo de 2001. Y se han cometido 45.000 robos con fuerza (sin violencia pero con daños) en casas, locales y coches.
Sólo en la capital se han perpetrado 4.433 atracos callejeros más que en 2001 (o lo que es igual, 94 atracos callejeros diarios hasta julio frente a los 73 contabilizados el año pasado).
También han aumentado en lo que va de año los hurtos, es decir, los robos sin violencia. Desde enero se han perpetrado en la capital 87.677 (409 diarios), frente a los 86.863 del año pasado.
Según la estadística de los juzgados, en los siete primeros meses de este año han sido robados 10.654 vehículos. En este apartado se ha producido una mejora, puesto que resulta un promedio de 49 robos diarios frente a 52 diarios el año pasado
10. RUIZ GALLARDÓN Y EL CASO IMEFE
La Comunidad de Madrid contrató entre 1995 y 2000 decenas de cursos de formación para desempleados, por valor de 697.560 euros, con las mismas empresas relacionadas con el denominado caso Imefe. Estas empresas cobraron del Instituto Municipal de Empleo (Imefe), dependiente del Ayuntamiento de Madrid, cursos que luego no impartieron, les fueron adjudicados concursos sin tener casi plantilla y pertenecen a militantes del PARTIDO. Estos cursos están sufragados en parte por la Unión Europea.
Estos cursos fueron contratados por el Instituto Madrileño de Empleo (Imaf), una institución que ya no existe. Hasta septiembre de 2001, la Consejería de Economía gestionaba las competencias de empleo. En esa fecha, fue creada la Consejería de Trabajo, que asumió la gestión de las políticas de empleo y decidió disolver el Imaf.
Las compañías son grupos de empresas muy pequeñas (en algún caso sin ningún trabajador) que se presentaban a los concursos con distintos nombres, pese a tener la misma sede social y los mismos dueños.Uno de estos grupos es el formado por las firmas Prevecón, Ifomar -sancionada por cobrar un curso no impartido a reclusos-, Incof y Defoco. Entre los administradores de estas empresas figuran dos militantes del PARTIDO, uno de ellos Javier Alvear Fernández Segado.
Como se recordará, el denominado CASO IMEFE salió a la luz en enero de 2001, cuando se publicó que varias empresas participadas por militantes del PARTIDO habían acaparado entre 1995 y 2000 unos 1.400 millones de pesetas en cursos de formación para desempleados. Estas empresas apenas contaban con plantilla y en los concursos públicos competían con prestigiosas academias de formación. En los meses siguientes fueron haciéndose públicas más irregularidades: algunos de estos cursos ni siquiera se habían impartido y en otros las empresas cobraban dinero por más alumnos de los que en realidad asistían a clase. Además, se demostró que a veces los alumnos poco tenían que ver con el perfil profesional al que oficialmente iban dirigidas las clases. El propio Imefe sancionó posteriormente a una de estas empresas, Ifomar, por haber cobrado por impartir cursos de reinserción a reclusos que en realidad nunca existieron. Estos cursos estaban pagados parcialmente (entre un 30% y un 50% de su coste) por los fondos de la Unión Europea. Bruselas ha obligado al Ayuntamiento de Madrid a devolverle 4,1 millones de euros por estas irregularidades. Una investigación de la Cámara de Cuentas de la Comunidad -el organismo encargado de fiscalizar el dinero que gastan las administraciones públicas en la región- alertó en mayo de este año de que el Imefe no había controlado adecuadamente a las empresas implicadas para que llevaran a cabo los cursos en las mismas condiciones fijadas en los contratos de adjudicación. Además, la Cámara alertó de otras irregularidades en la gestión del Imefe, como el excesivo gasto en protocolo. Para rematar, los sociatas presentarón una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción el pasado 23 de abril instándole a investigar estos hechos. La investigación aún no ha concluido. El caso Imefe costó el cargo a dos altos cargos municipales, aunque su presidenta, María Antonia Suárez, sigue el el cargo pese a las reiteradas demandas de la oposición para que sea relevada. El gerente del organismo, Ricardo Peydró, sí dimitió. Abandonó el cargo en mayo de 2001 y fue sustituido por Jorge Travesero. Cuatro meses antes, el 2 de febrero, el Ayuntamiento de Madrid destituyó a un alto cargo adjunto a Peydró, José Luis Solana, por su presunta relación de amistad con uno de los propietarios de las empresas beneficiadas en las adjudicaciones.
Nuestro alcalde interpuesto de Majadahonda, Guillermo Ortega recibe de las arcas municipales, en febrero de 2001, 30.000 euros 'a justificar' con cargo al concepto presupuestario 'reparación, mantenimiento y conservación de las vías públicas'. Pero se gastó parte de este dinero en adquirir artículos de regalo y material de oficina, un móvil, soldaditos de plomo y en otros pagos que nada tienen que ver con el cuidado de las calles de la localidad que gobierna.
El informe realizado por el interventor municipal, sin duda de vocación social comunista cuando no miembro del Al Qaeda , para aprobar la cuenta indica que 'no se respeta el principio de especialidad presupuestaria y especificación contable' en diferentes gastos. Las facturas entregadas revelan que el alcalde destinó 2.139 euros a la compra de artículos de papelería y regalos, 470 euros a saldar la minuta de un abogado, 483 euros en adquirir un monitor de 17 pulgadas y 323 euros en otros productos informáticos. También utilizó 180 euros para comprar soldaditos de plomo y 1.665 euros en la reparación de tres automóviles. El interventor indica en el mismo informe que en el desembolso a una empresa por 21.752 euros para retirar unas vallas no se acredita que se hayan llevado a cabo los trámites para la realización de la contratación que señala la Ley de Contratos de Administraciones Públicas.
La Comunidad de Murcia es la única de Europa que presenta un 'muy alto riesgo de desertificación', según el Gobierno regional, pero, al mismo tiempo, la extensión de las tierras dedicadas a regadío agrícola 'no hace sino aumentar', en un proceso 'imparable', según afirma el mismo Ejecutivo. Los datos proceden del estudio de impacto territorial del Plan de Ordenación del Territorio del Litoral. El trabajo pone de manifiesto un crecimiento de la superficie dedicada al regadío. El propio texto oficial asegura que ello es posible gracias al agua que llega de fuera.
El documento, aunque excluye la costa de Cartagena, considera que la causa de la disminución de la superficie dedicada a la agricultura de secano es la mayor rentabilidad por hectárea de los regadíos. 'Unido a la posibilidad de abastecimiento con aguas foráneas, hace que la situación sea imparable', afirma. La implantación de nuevos regadíos está prohibida desde la puesta en marcha, en 1986, de la Ley del Suelo, corroborada por toda la legislación posterior, sobre todo el Plan Hidrológico del Segura y del Plan Hidrológico Nacional, que consagran la limitación.
Este punto ha sido uno de los más polémicos en la cuestión del agua. Desde los Gobiernos de Castilla-La Mancha y Aragón, ambos en manos de sociatas, se mantiene el rechazo a la utilización de las aguas trasvasadas desde el Tajo, y en el futuro desde el Ebro, en los nuevos regadíos y en los nuevos campos de golf incluidos en el Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia.
El hecho de que la necesidad de agua se haya acelerado de forma exagerada no hace sino 'confirmar' las críticas vertidas desde los sectores de defensa de la naturaleza. Por ejemplo, Ecologistas en Acción denuncia periódicamente ante la Guardia Civil la extensión en nuevos terrenos de la agricultura intensiva mediante regadío.
El controvertido proyecto para construir un complejo lúdico sobre 31.000 metros cuadrados de suelo junto al puerto deportivo de Guardamar del Segura no saldrá a la luz. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha resuelto 'anular los actos administrativos' por los que el Ayuntamiento, gobernado por el PARTIDO, aprobó el pliego de condiciones del concurso y su adjudicación. En la sentencia el TSJ considera que dichos actos 'son contrarios a derecho' y estima las alegaciones que en su día presentó el PSPV.
Cuatro son las consideraciones que ha seguido el Tribunal Superior de Justicia para dictar un fallo favorable al recurso: la indefenición del objeto del proyecto, la ausencia de una fianza acorde con la envergadura de este programa, la imprecisa clasificación del contratista y la inexistencia de parámetros urbanísticos que permitan controlar el uso del suelo.
Según consta en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ), la fianza que el Ayuntamiento le reclamaba a la empresa también era claramente inferior a lo que estipula la ley. El consistorio se conformaba con 60.000 euros, unos diez millones de pesetas, en lugar de exigir a Alfa Noray el 4% del importe de la inversión prevista, que ascendía a 6.000 millones de pesetas, 36 millones de euros, y habría supuesto unos ingresos de 1,4 millones de euros a las arcas municipales.
Nuestro buen amigo y colaborador José Vicente Villaescusa, director general de RTVV, será juzgado por un delito contra las garantías constitucionales. Así lo ha decidido la titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Valencia por negarse en reiteradas ocasiones a facilitar las cuentas de RTVV al Consejo. El fiscal pide dos años y seis meses de inhabilitación especial para cargo público.
La titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Valencia ha decidido que el director general de RTVV sea juzgado por delito contra las garantías constitucionales. En el auto de apertura de juicio oral, la magistrada ha fijado además una fianza a Villaescusa de 6.000 euros por entender que 'es la cantidad en que se calcula provisionalmente pueden ascender las responsabilidades pecuniarias'. El fiscal, por su parte, solicita una pena de dos años y seis meses de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo o empleo público.
En el auto de apertura de juicio oral, la juez dispone que 'se tiene por dirigida la acusación contra José Vicente Villaescusa como autor de un delito contra las garantía constitucionales'. El delito, previsto en el artículo 542 del Código Penal, recoge que 'incurrirá en una penal de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes'. El fiscal, en su escrito de calificación, considera que Villaescusa ha incurrido en dicho delito. Afirmación que justifica al señalar que una de las funciones del Consejo de Administración es la aprobación, a propuesta del director general, de los anteproyectos de presupuestos de RTVV. El fiscal entiende que del relato de los hechos, y las pruebas documentales aportadas, se desprende que esa función no ha podido ser realizada porque la información de las cuentas de 2000 para elaborar los presupuestos de 2001 no fue aportada pese a las reiteradas peticiones en el Consejo de Administración.
E alegre y divertido presidente provisional de la Generalitat, José Luis Olivas, se refirió al procesamiento de Villaescusa: 'La presunción de inocencia es hoy la misma que hace 24 horas'
El alcalde de Alicante, nuestro colaborador Luis Díaz Alperi, pretende clasificar suelo residencial para unas 25.000 nuevas viviendas. El avance del nuevo planeamiento urbano estimó que 15.000 viviendas serían suficientes para atender la demanda de los próximos años, pero el alcalde ha decidido ampliar ese número en 25.000 (lo que supone un 74% más de suelo residencial) porque 'la llegada del AVE incrementará la demanda'.
A las 25.000 nuevas casas que se construirán en suelo cuya clasificación actual no es residencial hay que añadir 25.630 viviendas ya programadas en el vigente planeamiento y no ejecutadas, para lograr así un potencial superior a 50.000 nuevas unidades residenciales. Diaz Alperi justificó la ampliación de suelo residencial ante la perspectiva de aumento de la demanda de viviendas por la llegada del AVE desde Madrid. 'Hay que estar preparados', porque 'un número importante de familias madrileñas tendrán su segunda vivienda en Alicante o querrán tenerla, por eso es necesaria esa posibilidad de oferta y ese suelo', resaltó.
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