Partes de Guerra centristas
Semana del 7 al 13 de Septiembre 2002
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1. NUESTRO ALCALDE DE CASTELLÓN ELOGIA A FRANCO ¡PRESENTE! EN UNA PUBLICACIÓN OFICIAL
3. CASILLO ORIHUELA : MEDINA PARTICIPÓ EN LA REUNIÓN DE LA SUPUESTA COMPRA DE UN CONCEJAL
5. EL PARTIDO EXPULSA AL EX PRESIDENTE EN CÓRDOBA
6. EL PARTIDO SE QUEDA SOLO CONTRA LA LEY SOBRE VIOLENCIA DOMÉSTICA
10. EL MAYOR CONTINGENTE DE LOS 10.000 VENDIMIADORES OCIOSOS ANDALUCES PARTIÓ CON DESTINO A FRANCIA
11. PARA LO QUE ME QUEDA EN EL CONVENTO ME CAGO DENTRO : LOS ACCIDENTES LABORALES SE COBRARON 674 VIDAS HASTA JULIO, UN 9% MÁS QUE EN 2001
12. ESTAS COSAS PASAN : UN CENTENAR DE EMPRESAS PONEN AL DESCUBIERTO EL FRACASO DE LA LIBERALIZACIÓN ELÉCTRICA
13. EDU $ ZAPLANA Y LA GESTIÓN PRIVADA DE SERVICIOS PÚBLICOS
15. MANIFESTACIÓN EN GUADALAJARA PARA PEDIR EL CIERRE DE LA CENTRAL DE ZORITA
16. SE Y UN POSIBLE ATAQUE DE EEUU A IRAK : YES GEORGE, YES, GEORGE
17. NUESTRO COLEGA EL OBISPO DE JEREZ DESPIDE SIN OFRECER EXPLICACIONES A UNA MAESTRA DE RELIGIÓN
1. NUESTRO ALCALDE DE CASTELLÓN ELOGIA A FRANCO ¡PRESENTE! EN UNA PUBLICACIÓN OFICIAL
Nuestro centrista alcalde de Castellón, José Luis Gimeno elogia en un libro, patrocinado por el Ayuntamiento de la ciudad, al general Francisco Franco, del que ha escrito 'gobernó con firmeza como dictador' y al que se refiere como 'inflexible, elemental, íntegro, honrado y español hasta la médula, siendo', añade nuestro avezado edil , 'tan sólo responsable ante Dios y la Historia'.
El alcalde atribuye al nuestro Generalísimo, mal llamado dictador, el desarrollo de 'la Seguridad Social y la Educación y la Sanidad públicas' al tiempo que 'evitó' que España entrase en la II Guerra Mundial'. Los halagos entusiastas a Franco continúan en lo económico: 'Consiguió llevar a España hasta las primeras potencias industriales del mundo y desarrollarla espectacularmente...'.
No es la única exaltación que Gimeno hace a los valores franquistas. En la página 226 habla de la División Azul y asevera que sus integrantes "tuvieron un comportamiento heróico. Sus hazañas, capacidad de resistencia y de sufrimiento constituyen una página gloriosa de la Historia militar de España. Mereció la admiración de los alemanes y el respeto de los rusos''.También tiene elogios para José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, un movimiento que considera que fue creado "para dar batalla al capitalismo y al marxismo en defensa del nacional sindicalismo'' y que se basó "en los ideales de unidad, libertad y grandeza de la patria, imposibilitando la lucha de clases''.De Primo de Rivera dice que marcó "el rumbo para un nuevo ser español y la exaltación de un movimiento poético, que aunque tiene paralelismos con el fascismo, nunca coincidió con las formas ni con las ideas del fundador del fascio, el italiano Benito Mussolini''.
En su peculiar repaso de la Historia contemporánea de España, José Luis Gimeno se muestra particularmente crítico con el movimiento obrero. Así, en la página 70 habla de Bilbao, que considera una "población socialista por antonomasia, pionera en los movimientos obreros violentos y debido ejemplo a seguir, según unos, durante la guerra civil de 1936''.Más sibilino se muestra en sus referencias a Pablo Iglesias, fundador del PSOE. Primero lo califica de "político austero y de honradez intachable'', para, luego, dejar entrever que fue el artífice del atentado contra Antonio Maura.
Gimeno también se muestra crítico con Manuel Azaña, de quien dice que "no supo, no pudo, o no quiso, en cualquier caso fue incapaz de evitar los sucesos violentos que dieron lugar a la guerra civil'', unos episodios que, según el alcalde, "no debemos ignorar que fueron causados por incontrolados''
El 'principal beneficiado' por la privatización del 49% de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid en 1992 no fue el Ayuntamiento que preside nuestro Chema Álvarez del Manzano, que recibió 0,60 euros, sino el asesor del equipo de gobierno del PARTIDO en tal proceso, José Ignacio Rodrigo, según concluyen el juez y el fiscal del caso. El fiscal calcula que Rodrigo, actual presidente de Funespaña, logró unos ingresos de 10,1 millones de euros a través de su participación accionarial desde 1993 en la adjudicataria y en las sociedades que creó para cobrar la gestión de la empresa mixta.
La investigación judicial del caso funeraria, en el que están imputados los concejales Antonio Moreno, Simón Viñals y el hoy diputado regional Luis María Huete (los tres del PARTIDO) parte de una querella de la Fiscalía Anticorrupción presentada en 1999. El fiscal solicita para los tres un año de prisión por maquinación para alterar el precio de las cosas y cinco años más por malversación, así como 25 años de inhabilitación. El acusador pide para Rodrigo seis años de prisión por los mismos delitos.
Según el fiscal, los tres ediles concibieron 'poner cuanto antes la gestión de la funeraria en manos de una empresa privada que fuera de su agrado y confianza, aceptando el perjuicio económico que pudiera derivarse para las arcas del Ayuntamiento'. La instrucción disecciona cómo se fraguó una venta tan ruinosa para las arcas municipales -'prácticamente gratuita', dice el fiscal- como beneficiosa para Funespaña, y para su presunto cerebro, José Ignacio Rodrigo: la privatización del 49% de la Empresa de Servicios Funerarios por el ayuntamiento en 1992. El PARTIDO aprobó la operación, con informes contrarios del interventor y favorables de Rodrigo y de las concejalías de Viñals y Moreno.
Tanto el juez José Luis Quesada, en el auto del pasado 15 de abril en el que cerraba su investigación, como el fiscal, en su escrito del 30 de julio, no dudan del papel 'decisivo' o 'director' desempeñado por Rodrigo en la venta. 'Rodrigo se puso de acuerdo con el acusado Juan Antonio Valdivia, representante legal de una de las empresas oficiosamente consultadas, Funespaña, para asegurarse una importante participación lucrativa en tal operación'.
Según la fiscalía, si la venta de la funeraria le proporcionó al Ayuntamiento 0,60 euros, Rodrigo obtuvo 10,1 millones a través de su presencia accionarial en Funespaña y de sus sociedades relacionadas con la gestión de la misma. Supera incluso a quien concurrió como representante legal de Funespaña, Juan Antonio Valdivia, que ingresó 9 millones.
'El acuerdo entre Rodrigo y Valdivia', según el fiscal, 'consistió en que el primero aportaría los fondos necesarios para hacerse con la funeraria, haciendo valer su capacidad de influencia en los concejales acusados para que la adjudicación se hiciera a favor de Funespaña'. A cambio, Rodrigo se aseguraba 'una importante participación en el capital social de Funespaña, participación que debería permanecer oculta para no poner en tela de juicio la licitud de la enajenación, dada su condición de asesor de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid'.
Rodrigo 'emitió un informe sobre las distintas ofertas y concluyó a favor de la presentada por Funespaña, de la que habría de adquirir un importante número de acciones pocas fechas después y en ejecución de un acuerdo anterior en el tiempo'. Funespaña carecía de la suma con la que había garantizado ampliar el capital de la empresa mixta (1,2 millones de euros). Tanto el juez como el fiscal tienen claro quién aportó esa suma en febrero de 1993, dos meses después de que el Ayuntamiento declarase vencedora a Funespaña: 'Provino en su mayor parte de una cuenta en el extranjero de Rodrigo'. A cambio éste se convirtió, según juez y fiscal, en destacado accionista de Funespaña, de la que es presidente desde 1995.
Ambos sostienen que, para 'ocultar' su participación en Funespaña, Rodrigo simuló que la compra de acciones se produjo en 1998, y no en 1993, y utilizó empresas pantalla. El juez resume los indicios: Rodrigo mantuvo contactos previos al concurso con Funespaña, aportó su ampliación de capital, compró gran número de acciones de Funespaña tanto simultáneamente como posteriormente a la privatización y lo ocultó mientras era consejero de la empresa mixta, y cobró por la gestión a través de empresas pantalla en paraísos fiscales. El juez relata que Huete y Viñals, entonces presidentes de la funeraria, decidieron privatizar en 1992 la mitad de las acciones, cuyo capital y gestión eran íntegramente municipales. (El fiscal incluye a Moreno en este núcleo privatizador). Huete y Viñals para justificar la venta de la funeraria, invocaron 'su mala situación económica, a sabiendas de las muy favorables expectativas de la empresa'.
Los tres concejales imputados en el caso Funeraria, según el fiscal, obviaron las peticiones del gerente de la empresa, Francisco Yáñez, para mejorar la situación financiera de la misma. De todas las iniciativas aprobadas en el pleno del 28 de julio de 1992, el edil Moreno eligió una y dictó un decreto 'de manera caprichosa y parcial', en septiembre de 1992, descartando las demás sin justificación. Eso permitía vender el 49% de las acciones al capital privado mediante concurso público. 'Mientras tanto, y ya durante el verano de 1992, Huete había iniciado contactos personales y directos, al margen de cualquier previsión legal o reglamentaria, con los representantes de una serie de empresas que, según su particular opinión, podrían estar interesadas en hacerse cargo del monopolio funerario en Madrid', según el fiscal. Viñals y Rodrigo 'colaboraron activamente en el establecimiento y desarrollo de estos contactos que, obviamente, permitieron a los concejales acusados tantear y prefigurar las condiciones en que cabría asegurar el aparente éxito de la operación de cesión, eliminando en realidad cualquier posibilidad efectiva de libre competencia'. Durante esos contactos, o antes, 'pero en todo caso no después de ellos', Rodrigo alcanzó su pacto con los responsables de Funespaña. Estos contactos le posibilitaron, además, 'una posición de ventaja'. En octubre de 1992, Moreno logró que el grupo del PARTIDO aprobara el pliego de condiciones que, según el fiscal, 'vulneraba de manera frontal y palmaria los artículos 11 y 12 de la Ley de Contratos del Estado del 8 de abril de 1965'. La propuesta fue aprobada 'por mayoría gracias a la disciplina de voto del grupo popular', añade. El precio orientativo fijado de la funeraria era de unos 8,8 millones de euros. Pero, señala el juez, el contenido era tan ambiguo que en realidad permitía cualquier oferta. Ni estaba claro el objeto enajenado ni su precio. Y se tramitó por vía de urgencia, cosa que 'carecía de justificación legal'. Según el fiscal, los concejales imputados necesitaban tal premura para 'acabar cuanto antes el proceso que, además, ya daban por resuelto a partir de los contactos privados'
3. CASILLO ORIHUELA : MEDINA PARTICIPÓ EN LA REUNIÓN DE LA SUPUESTA COMPRA DE UN CONCEJAL
Nuestro Alcalde de Orihuela reconoce que participó en la reunión en la que supuestamente se intentó comprar a un edil disidente, pero se limitó a convencerle de que volviera a las filas del PARTIDO sin ofrecerle dinero a cambio. Eso fue lo que el alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, del PARTIDO, declaró ante el juez de Orihuela que le ha imputado por cohecho. El alcalde reconoció que la voz que figura en una grabación de la reunión es la suya.
Para la acusación, este testimonio es fundamental, ya que Medina ha sido el único imputado que ha reconocido su voz en la cinta de audio aportada como prueba del presunto delito. Los otros dos imputados, el empresario Ángel Fenoll y el ex alcalde pedáneo de Orihuela, Francisco Torrecillas, siempre han sostenido que la reunión en la que se fraguó el presunto cohecho nunca se celebró.
La reunión tuvo lugar el domingo 8 de marzo de 1998, y a ella acudieron presuntamente Fenoll, Torrecillas, Medina y el edil que se había desmarcado de la disciplina popular, José Meseguer, según éste. El objetivo del encuentro era presuntamente comprar el voto de Meseguer para adjudicar el servicio de recogida de basuras en la costa al empresario Angel Fenoll.
El equipo de gobierno en el Ayuntamiento quedó en minoria tras la marcha de los cinco ediles del PARTIDO que luego constituyeron el partido Centro Liberal. Esta situación les impedía adjudicar la concesión. El presunto acuerdo consistía en que Meseguer daría su voto a favor de esta adjudicación a cambio de percibir 48.000 euros y un salario mensual de 1.500 euros. La reunión se celebró en un restaurante de Santomera (Murcia).
En la declaración ante el juez Medina reconoció su voz en la cinta de audio grabada por Meseguer, pero negó la finalidad que la acusación atribuye a este encuentro. 'Yo sólo traté de mantener la cohesión del grupo', explicó Medina. 'Siempre ha defendido mi inocencia y confío en que la Justicia al final lo demuestre'.
La investigación judicial sobre el presunto soborno a Meseguer sigue abierta después de cuatro años de diligencias judiciales. La fiscalía de Alicante archivó el caso en 1998, y el Centro Liberal decidió interponer una denuncia en los juzgados. La acusación aportó como pruebas hasta cuatro grabaciones de audio y video realizadas por detectives.
El Comité de Redacción de TVV emite un comunicado contra la información de Canal 9 sobre la acusación de un juez y un fiscal contra su director general, José Vicente Villaescusa, de delito contra los derechos cívicos. El Comité Redacción considera que la versión ofrecida en el espacio Notícies Migdia 'no informa a los espectadores de que Villaescusa ha sido inculpado de un delito contra las libertades constitucionales, que el juez ha ordenado la apertura de juicio oral contra él y le ha impuesto una fianza de 6.000 euros'.
El Comité de Redacción afirma que 'en lugar de eso, se habla de una supuesta conspiración entre el PSPV-PSOE, el diario Las Provincias y Tele 5 por calumnias, una vez más, a Canal 9'. Y asegura que los directivos Genoveva Reig y Pau Pérez Rico 'pasean por el fango la imagen y el trabajo de los profesionales, que se esfuerzan en vano por ofrecer una información exacta, plural y democrática'. En relación con la imputación de Villaescusa.
Por otra parte, Canal 9 es la cadena de televisión con mayor porcentaje de noticias deportivas en sus servicios informativos, un 35% del total, según una encuesta publicada por la revista de información Consumer. El estudio analiza la proporción de noticias deportivas en los espacios informativos de 15 cadenas de televisión (cinco de ámbito nacional, cinco autonómicas y cinco desconexiones de Televisión Española). Los resultados del análisis muestran que Canal 9 es la tercera cadena de televisión que menos tiempo dedica a las noticias políticas y en la que se duplica la publicidad respecto de hace cuatro años. Los informativos de Canal 9, según el mismo estudio, son los que menos tiempo dedican a las noticias de carácter cultural y los que tienen el mayor porcentaje de noticias con origen en instituciones públicas
5. EL PARTIDO EXPULSA AL EX PRESIDENTE EN CÓRDOBA
El comité nacional de derechos y garantías del PARTIDO ha resuelto expulsar del partido al ex presidente de Córdoba y senador Enrique Bellido por una falta muy grave cometida al constituir el denominado Foro de los Catetos, que agrupó a miembros de la junta directiva de la formación cordobesa destituidos de sus cargos por la dirección regional el pasado 12 de mayo. Este mismo comité señala que no cabe recurso alguno ante los órganos nacionales. Bellido ha anunciado que apelará ante los tribunales.
El PARTIDO considera 'graves' las manifestaciones de Bellido en distintos medios de comunicación. Según la resolución, 'suponen descrédito, menosprecio o descalificación' contra los secretarios general y regional del partido, Javier Arenas y Antonio Sanz, respectivamente, y contra Rafael Merino, Juan Ojeda, María Antonia Cuadrado (suegra del ahora tan solo Ministro Paco Álvarez-Cascos) y María Jesús Botella (cuñada de SE). Todos ellos ostentan cargos institucionales en el PARTIDO de Córdoba.
Por esta infracción se le impone la suspensión de militancia por cuatro años, sanción que queda sin efecto, ya que por la falta muy grave -crear el Foro de los Catetos- se le expulsa del Movimiento .
6. EL PARTIDO SE QUEDA SOLO CONTRA LA LEY SOBRE VIOLENCIA DOMÉSTICA
Los 165 votos en contra del PARTIDO, frente a 151 a favor de toda la oposición desafecta, impiden que la propuesta de ley integral contra la violencia de género presentada por los SOCIATAS fuera aprobada por el pleno del Congreso. Nuestra disciplinada y en ocasiones empalagosa portavoz , María Jesús Sainz, señaló que el PARTIDO no ve ventajas en el texto y que éste plantearía problemas jurídicos con las autonomías. Los separatistas partidos nacionalistas, sin embargo, con tal de dejarnos mal confirmaron su seguridad en que las enmiendas solucionarían posibles problemas de cruce de competencias.
Nuestra valiente negativa fue abucheada y pateada al final de la sesión por una treintena de abogadillas y militantes de grupos feministas, apoyadas por representantes del mundo del espectáculo izquierdista como los cantantes de chichinabo Caco Senante, Pedro Guerra y Cristina del Valle, y la actriz Pilar Bardem.
Un español que cometa una agresión sexual se enfrenta a una pena de entre uno y cuatro años de prisión. En cambio, un extranjero en situación irregular que perpetre el mismo delito será expulsado a su país, donde quedará en libertad. Ésta es una de las paradojas que, en opinión de varios juristas, implica la reforma de la Ley de Extranjería que prepara el Gobierno de SE. y que persigue que 'en todos los casos sea preceptiva la expulsión' de quienes cometan fechorías castigadas con entre seis meses y cinco años de cárcel.
El director del Aula de Inmigración del Colegio de Abogados de Madrid, Fernando Oliván, advierte de que el Gobierno tendrá que madurar mucho más su reforma antes de ponerla en práctica: 'Si no la desarrolla correctamente, puede resultar contraproducente'. Junto a otros juristas y organizaciones políticas y sociales, ha puesto de relieve algunos de los riesgos que entrañan las modificaciones anunciadas por el ministro del Interior:
-Pueden convertirse en un sistema de fraude de la pena. Ejemplo: un tironero viene desde su país, saquea a todos los turistas que puede y vuelve a casa con un billete pagado por el Estado.
-Imposibilidad de revisar la sanción. Ejemplo: una persona expulsada por un delito que no ha cometido tendrá serias dificultades para recurrir la sentencia, a menos que el Estado la retorne.
-Vulneración del principio constitucional de igualdad ante la ley. Ejemplo: un español condenado por robo con violencia deberá pasar entre dos y cinco años en prisión, mientras que un extranjero en situación irregular quedará en libertad al volver a su país.
-Eliminación de la responsabilidad civil y del derecho de la víctima al resarcimiento. Ejemplo: una víctima de agresión sexual, que sin violación está penada con entre uno y cuatro años de cárcel, no podrá exigir una indemnización al delincuente.
-Duplicidad de penas. Ejemplo: un individuo acusado de un delito menor pasará un tiempo de prisión preventiva, a la que se añadirá la expulsión.
-Ruptura de la proporcionalidad entre el delito y la sanción. Ejemplo: un extranjero que cometa un hurto, penado con entre seis y 18 meses de cárcel, sufrirá la misma condena (expulsión) que otro que se dedique a fomentar la prostitución de menores, castigada con entre uno y cuatro años.
-Discriminación por nacionalidades. Ejemplo: un delincuente originario de un país con el que España haya firmado convenio de repatriación podrá ser expulsado, pero uno cuyo gobierno no lo reconozca como ciudadano tendrá que quedarse en España.
Además, la reforma implicaría la creación de una nueva pena, la expulsión del país, que no está prevista en el Código Penal.
El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió en agosto el 0,3%, lo que situó la tasa acumulada de inflación en los ocho primeros meses del año en el 2,1 % y la interanual en el 3,6%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística.
La inflación subyacente, que refleja la evolución estructural de los precios porque excluye los de los alimentos frescos y los de los productos energéticos, aumentó en agosto el 0,2%, con lo que su tasa de crecimiento en los últimos doce meses fue del 3,8%. Durante el pasado mes, los grupos más inflacionistas fueron ocio y cultura, que subió el 1,2%, y hoteles, cafés y restaurantes, el 0,8%, mientras que menaje, medicina, comunicaciones y enseñanza no experimentaron cambios y vestido y calzado fue el único grupo que bajó, el 0,7%.
En lo que va de año bajaron los precios en Vestido y Calzado, un 7%, y Comunicaciones, el 1,9%, y subieron en todos los demás capítulos, más en Hoteles, Cafés y Restaurantes (un 6,6%) y en Transporte (5,8%).
En los doce últimos meses (IPC interanual), el IPC bajó en Comunicaciones (el 3,1%) y subió más en Bebidas Alcohólicas y Tabaco (el 7,9%).
El presidente del Consejo Económico y Social (CES), un tal Jaime Montalvo, opina que la reforma de la protección por desempleo aprobada por el Gobierno 'no es impecable y es mejorable', aunque precisó: 'Ni aplaudo toda la reforma ni todas las críticas que se le han hecho'. En este sentido, añadió que la reforma contiene medidas que 'podrían haberse planteado de otra forma' y consideró que 'no todas las medidas valen lo que cuestan' y que 'por muy explicables que sean desde el punto de vista de un modelo económico', hay ocasiones en las que a la hora de aplicarlas 'sirven para poco'.
Montalvo hizo estas consideraciones durante el curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid La nueva España laboral, donde habló de los Nuevos paradigmas en el Diálogo Social.
10. EL MAYOR CONTINGENTE DE LOS 10.000 VENDIMIADORES OCIOSOS ANDALUCES PARTIÓ CON DESTINO A FRANCIA
Enrique López empezó a ir a la vendimia francesa con sólo 16 años. Hoy ya tiene 47, pero la necesidad económica sigue siendo la misma. Nunca le ha importado coger las maletas con tal de echar los jornales que no encuentra en su pueblo, Los Corrales (Sevilla). Pero este año no se va como si tal cosa, lo hace cabreado con el Gobierno de SE por las críticas vertidas hacia los jornaleros andaluces para justificar la nueva reforma laboral y el famoso decretazo. 'Que luego no diga Aznar que somos vagos; no nos vamos por gusto a 1.400 kilómetros de nuestra casa', exclama este jornalero sevillano.
Como Enrique -que marcha a Francia acompañado de su hija Mati, de 18 años, que se estrena como temporera- otro millar de vendimiadores andaluces partió hacia las viñas del sur francés en el mayor éxodo de la campaña. El resto, hasta completar los 10.000 vendimiadores andaluces -de un total de 15.000 en toda España-, saldrán en los próximos días para echar entre 20 y 30 días de trabajo. La mayoría de ellos lo hace a bordo de los autobuses de la empresa Torralbo, convertida desde hace ocho años en el principal referente de los vendimiadores andaluces a la hora de elegir el transporte.
Varios sindicalistas de UGT esperaron a los vendimiadores en Bailén (Jaén), lugar donde hicieron un alto para el almuerzo los autobuses procedentes de Sevilla, Cádiz, Córdoba y otros puntos de Andalucía. Lo hicieron para repartirles folletos informativos con todos los derechos que deben reclamar a los empresarios del país vecino. Se les recuerda que ningún trabajador podrá cobrar menos de 6,83 euros por hora (que es la cantidad del salario mínimo interprofesional francés), de las prestaciones familiares que podrán percibir del Gobierno francés y de otros trámites burocráticos. Sin embargo, el folleto apenas dedica dos líneas a las condiciones de habitabilidad. Y es que, 'ya quisieran los empresarios españoles ofrecer unos alojamientos tan dignos como los franceses', asegura el sindicalista Antonio Gómez.
Pese a los avances de los últimos, los vendimiadores no pueden evitar el largo viaje, de más de 24 horas en autobús. 'No nos queda otra solución, es una época donde no hay trabajo en nuestro pueblo', indica, mientras se come un racimo de uvas, Antonio Mohedano, que viaja con un grupo de vendimiadores de Fuente Palmera (Córdoba). Entre los expedicionarios hay muchos adolescentes que han cambiado las aulas por el oficio de cortadores en las viñas francesas. Como Baldomero, que viaja con sólo 17 años desde Fuente Carretera (Córdoba) o Manuel Jesús, éste ya mayor de edad, que lo hace tras haberse quedado en el paro en la construcción y 'por el incierto futuro del decretazo para los más jóvenes', se lamenta. En cambio, su padre, Rafael Lucena, tiene un motivo para estar más contento: el año que viene, al cumplir los 52 años, podrá tener derecho a un año de subsidio agrícola, 'una limosna que da el Gobierno a Andalucía', puntualiza.
Muchos vendimiadores se ven obligados a dejar a sus hijos pequeños en la red de guarderías temporeras que la Junta abre en los municipios con mayor número de temporeros. Aunque algunos, como la familia de Cristóbal Merino, de Los Corrales (Sevilla), han tenido que echar mano de su suegra ante la ausencia de guardería.
11. PARA LO QUE ME QUEDA EN EL CONVENTO ME CAGO DENTRO : LOS ACCIDENTES LABORALES SE COBRARON 674 VIDAS HASTA JULIO, UN 9% MÁS QUE EN 2001
La siniestralidad laboral sigue creciendo en España. Un total de 674 personas murieron en accidente de trabajo durante los siete primeros meses del año, 54 más que en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un aumento del 8,7%, según los datos presentados por el secretario de Salud Laboral de CCOO, Joaquín Nieto. En total, el número de accidentes laborales registrados hasta el mes de julio ascendió a 550.558 siniestros, lo que supone un descenso del 4,96% en términos globales, pero, en cambio, los siniestros mortales aumentaron.
Más de un tercio de las muertes se produjeron en accidentes de tráfico, lo que sitúa al transporte como «la principal razón» de la mortalidad en el puesto de trabajo. «Los desplazamientos elevan el riesgo y, aunque los empresarios y el Gobierno digan que el tráfico no tiene que ver en la organización del trabajo, eso es absolutamente falso», señaló Nieto.
Con respecto a los sectores más afectados, destacan los accidentes en el sector servicios, con un repunte del 24,6% y la construcción (+15,5%), mientras que en la industria (-0,8%) y la agricultura (-24,6%) registraron descensos respecto a 2001.
12. ESTAS COSAS PASAN : UN CENTENAR DE EMPRESAS PONEN AL DESCUBIERTO EL FRACASILLO DE LA LIBERALIZACIÓN ELÉCTRICA
La industria básica no utiliza el mercado liberalizado para comprar energía pese a que puede hacerlo desde 1998. Un centenar de grandes compañías químicas, cementeras, papeleras y siderúrgicas pagan sus recibos por el sistema de tarifa porque los precios en el mercado libre son mucho más altos que los regulados. Sólo el 30% de la energía consumida por el sistema eléctrico español está en el mercado libre, a un precio superior al de Francia y Alemania.
Diez años después de la implantación del Mercado Único europeo, el sector eléctrico se resiste a ser competitivo. Debido a ello, las grandes compañías industriales se ven forzadas a comprar su energía a través de tarifas reguladas, que fija anualmente el Gobierno y que sirven para equiparar el coste energético español con el que soportan sus competidores europeos. En esta situación se encuentran químicas como Solvay, Aragonesas, Ercros y Electroquímica de Hernani; las cementeras Uniland, Valenciana de Cementos, Asland o Cementos Molins; las siderúrgicas Aceralia, Acerinox, Celsa; la productora de aluminio Alcoa, y la papelera Torrespapel, entre otras.
La industria española vende sus productos en los mercados internacionales, que han desmontado sus antiguas barreras arancelarias y se encuentran en régimen de plena competencia. Sin embargo, una parte importante de los costes de estas empresas -los energéticos- están condicionada por el funcionamiento oligopolístico del sector en el mercado libre. Para paliar este efecto, grandes empresas industriales prefieren seguir pagando la electricidad por medio de la tarifa. El hecho de que las tarifas sigan siendo necesarias para lograr un tratamiento similar al recibido por otros industriales europeos, es una medida de la ineficacia del modelo español de liberalización energética.
El mercado liberalizado tiene en la actualidad unos 70.000 puntos de suministro autorizados en toda España. Sin embargo, sólo 32.000 han ejercido este derecho y en conjunto representan el 57% de la energía cualificada -la de los grandes consumidores- y el 30% de la energía total consumida por el sistema eléctrico peninsular. Entre los grupos de grandes consumidores que no han accedido al mercado libre, aunque por ley podrían hacerlo, se encuentran el sector del aluminio, que tiene la tarifa G-4; las grandes industrias unidas a la red de alta tensión (tarifas THP e interrumpibles); y los puntos de suministro que gozan de la llamada tarifa de tracción (fundamentalmente Renfe y las compañías del metro).
A estos grupos se les han añadido 30.000 pequeñas y medianas empresas (pymes), que se mantienen en tarifa pese a estar cualificadas, desde julio de 2001, para acudir al mercado libre. Finalmente, tampoco utilizan los canales de la liberalización los 12.280 puntos de suministro de riego agrícola españoles conectados a la alta tensión.
El año de apertura del sector eléctrico (1998), los precios ofertados en el mercado libre -el llamado precio del pool- experimentaron sustanciales rebajas de hasta el 20%. Sin embargo, aquel éxito inicial fue sólo una llamarada sin continuidad alguna. Así, las posteriores revisiones anuales de los precios del pool han mantenido un alza constante, hasta situarse muy por encima de los precios de la electricidad para uso mayorista hoy vigentes en el mercado centroeuropeo que demanda a las grandes compañías de Francia (Électricité de France) y Alemania (RW, EnBV).
La explicación se encuentra en la estructura de la oferta: al pool concurren las empresas generadoras, pero dos de ellas -Endesa e Iberdrola- se llevan el 80% de las operaciones. El peso de este duopolio tiene mucho que ver con el hecho de que, en apenas cinco años, el porcentaje de consumo negociado en el mercado abierto no sólo se ha estancado, sino que presenta una clara recesión. Es decir, la liberalización no sólo está detenida; retrocede.
13. EDU $ ZAPLANA Y LA GESTIÓN PRIVADA DE SERVICIOS PÚBLICOS
El flamante ministro de Trabajo y ex comisionista Edu $ Zaplana quiere impulsar un debate sobre la entrada de la gestión mixta (pública y privada) en los servicios públicos, entre los que están el sistema de pensiones y el desempleo. Ahora que existe un periodo de tranquilidad sobre la viabilidad de la Seguridad Social, cree que es el momento para abrir una reflexión sobre 'cómo se van a garantizar los sistemas de protección social' en el futuro y que se haga 'sin miedo'.
En su primera comparecencia en el Parlamento Zaplana quiere abrir una “ reflexión “sobre los sistemas públicos de protección social, con 'algunas fórmulas novedosas que han dado buenos resultados en la Comunidad Valenciana', de la que fue presidente hasta el pasado 9 de julio. Zaplana aseguró que se trata de 'uno de los retos de mi departamento', y ahora que la Seguridad Social tiene 'garantizada la viabilidad y el superávit al menos hasta el año 2015'. El ministro cree que esos datos permiten que estemos ante 'en un periodo de tranquilidad suficiente' para reflexionar sobre su futuro.
Esas fórmulas novedosas no pasan por privatizaciones, pero sí por introducir la gestión mixta en algunos servicios públicos y prestaciones sociales.
El Gobierno prevé que la deuda de RTVE para el año 2003 sea de 677 millones de euros, algo más baja que en 2002 (778 millones de euros), pero lejos de la política de saneamiento que planteó este año cuando decidió traspasar el ente a la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). Los gastos financieros de dicha deuda serán en ese año de 300 millones de euros. Según el presupuesto para 2003 la aportación del Estado será de 75, 3 millones de euros, un 13,5% más que en 2002.
15. MANIFESTACIÓN EN GUADALAJARA PARA PEDIR EL CIERRE DE LA CENTRAL DE ZORITA
Varios cientos de ociosos y parasitos participan en la concentración convocada por organizaciones ecologistas, políticas, sociales y sindicales en Guadalajara para exigir el cierre de la central nuclear de Zorita, cuyo permiso de explotación concluirá en octubre. En la movilización de la capital alcarreña se realizó una representación irónica sobre la situación de la planta.
Los manifestantes exigieron al Gobierno de SE y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que impidan la continuidad de una 'antigualla insegura, obsoleta y tremendamente peligrosa'. Por su parte, el consejero director general y responsable de la división de energía de Unión Fenosa (propietaria de la central), Elías Velasco, mostró su 'plena confianza' en que el principio de legalidad 'primará' al decidir sobre la prórroga del permiso de explotación de la planta. También denunció 'la persistente campaña' contra ella. 'Unión Fenosa no entendería que se pudiera prescindir de las prestaciones de la central por otras razones que no fueran las estrictamente técnicas', añadió
16. SE Y UN POSIBLE ATAQUE DE EEUU A IRAK : YES GEORGE, YES, GEORGE
“ Señoría, el Gobierno desea agotar todas las vías de persuasión en relación con la crisis de Irak; pero también desea afirmar, con toda claridad, que lo importante y lo determinante es terminar con la amenaza que el terrorismo supone para todos........ Pero le quiero decir que eso supone que tengan una actitud muy firme todas las democracias occidentales para que se sepa que el retorno de inspectores debe ser incondicional y que no puede haber ningún tipo de obstrucción para la eliminación de lo que significa una amenaza de utilización de armas de destrucción masiva. Quien defienda lo contrario tiene que decidir y tiene que decir si está dispuesto a esperar a que pueda surgir del terrorismo internacional o de otro país otro golpe, otro atentado sangriento, en cualquier parte del mundo. Lo tiene que decir. Yo, Señoría, no diré eso. Diré que estamos al lado de los que quieren evitar amenazas para el mundo. Y espero, efectivamente, que eso sea la responsabilidad de todos con el amparo del Consejo de Seguridad “ ( Sesión Control. Congreso de los Diputados.11.09.02 ).
17. NUESTRO COLEGA EL OBISPO DE JEREZ DESPIDE SIN OFRECER EXPLICACIONES A UNA MAESTRA DE RELIGIÓN
Vuelven los despidos indiscriminados de profesores de Religión. Esta vez le tocó a una profesora del colegio público San Francisco de Arcos de la Frontera que, tras 15 años de ejercicio, 12 de ellos en el citado centro, ha sido despedida «sin motivo alguno y en el más puro estilo caciquil del siglo XVIII», según denunció Manuel González, director del colegio.
González explicó que la profesora recibió la comunicación de su despido en julio, tras lo cual se puso en contacto varias veces con los responsables del obispado, sin conseguir «explicación alguna ni de ellos ni del obispo», monseñor Juan del Río. La diócesis tampoco envió notificación al centro e incluso mandó a la nueva titular de la materia antes de que llegase al colegio la certificación de su incorporación al claustro. El director asegura: «No tenemos nada en contra de esta nueva profesora y así se lo hemos hecho saber, lo que ocurre es que estamos indignados porque la actitud y el comportamiento de la anterior, la profesora más antigua de Religión en Arcos, era intachable».
Manuel González sospecha que detrás del despido de la profesora se esconde la connivencia del obispado con «el cacique de turno del pueblo, al que no le gustaba la excepcional labor de la profesora».También criticó el «enchufismo» que practica la Iglesia a la hora de nombrar profesores de Religión.
La próxima actuación de Julio Iglesias en la ciudad romana de Clunia, en Burgos ha levantado una oleada de críticas. Los responsables de la Diputación sostienen que no habrá riesgo para el yacimiento romano, uno de los más ricos de España, pero la explanada en la que se celebrará el concierto es una parte del yacimiento aún no excavada, en la que se desconocen los restos que puede haber en el subsuelo y en la que incluso aparecen con cierta frecuencia restos en superficie. El arqueólogo Pedro Palol considera 'inaceptable' la celebración del concierto.
Pedro Palol, el arqueólogo que dirigió las excavaciones en Clunia desde 1958 hasta 1988, asegura que, de ser responsable del yacimiento en la actualidad, se hubiera 'opuesto radicalmente' a la celebración del concierto en una zona tan sensible. La ciudad romana de Clunia está situada unos ochenta kilómetros al sur de la capital burgalesa.Pedro Palol, catedrático de Prehistoria y autor de varias publicaciones sobre Clunia, considera que 'hacer un solo agujero en zona arqueológica perjudicará la integridad del yacimiento, y parece difícil garantizar que no ocurra así cuando se habla de un concierto de gran envergadura'.