Partes
de Guerra semanales del
Gabinete de Análisis y Seguimiento
Semana del 16 al 23 de Noviembre 2001
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CASO GESCARTERA: BALANCE DE LA SEMANA :
SI
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4. ESPAÑA ES EL TERCER PAÍS CON MENOS EMPLEO DE MUJERES DE LA OCDE. Y QUE?
6. NOTICIAS REFORMA UNIVERSITARIA ( VARIOS )
9. EL PARTIDO RECHAZA ADOPTAR EN EL CONGRESO MEDIDAS CONTRA LA SINIESTRALIDAD.
10.
VARIAS ONG PLANTEAN CREAR UN FORO DE LA INMIGRACIÓN ALTERNATIVO
11.
NUEVE ONG DENUNCIAN LA ORDEN POLICIAL PARA CONTROLAR A COLOMBIANOS Y
ECUATORIANOS
12.
ESTAMOS QUE NOS SALIMOS Y SEGUIMOS INCUMPLIENDO EL PROTOCOLO DE LUCHA CONTRA LOS
ABUSOS A MENORES
13.
CASO DE LAS VACAS LOCAS: SOMOS ÚNICOS Y COMO QUIEN NO QUIERE LA COSA HEMOS
DESTRUIDO 135.000 RESES SIN HACER EL TEST
14.
EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE NO REÚNE A SU CONSEJO ASESOR DESDE 1997
16. EL SENADOR DEL PARTIDO POR SEGOVIA ACUSADO DE ORINAR EN LA CALLE NIEGA LOS HECHOS EN EL JUICIO
17.
COMUNIDAD VALENCIANA: LA FAMILIA DEL POETA COMUNISTA MIGUEL HERNÁNDEZ
ABANDONA LA FUNDACIÓN
18.
COMUNIDAD VALENCIANA: EL TSJ ANULA LA ADJUDICACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS Y
CONDENA A LA DIPUTACIÓN A PAGAR 157 MILLONES
19. COMUNIDAD DE MADRID: 27.000 FAMILIAS SUFREN "POBREZA EXTREMA".
Los impuestos y las cotizaciones sociales que se pagan al Estado han crecido más deprisa que la actividad económica durante los cinco años de gobierno del Partido. La presión fiscal ha pasado así de representar el 33,7% del PIB en el año 1996 a alcanzar el 35,7%, según datos oficiales. Al crecimiento del empleo y de la actividad económica se ha sumado la no actualización de la tarifa del IRPF y la subida de las bases de cotización a la Seguridad Social para algunos colectivos. En la gestión presupuestaria del Partido destaca también el retroceso de la inversión pública en relación al PIB.
El resultado de estos cinco años es que mientras los impuestos y cotizaciones que se pagan a las administraciones públicas -Estado, Seguridad Social, comunidades autónomas y ayuntamientos- han aumentado su peso en el PIB, el del gasto público ha caído. Es decir, los ciudadanos dan más y reciben menos en relación al total de riqueza que se genera.
Los datos figuran en un informe anual de la Intervención General de la Administración del Estado, que depende del Ministerio de Hacienda. La presión fiscal ha pasado de representar el 33,7% del PIB en 1996, a suponer un 35,7% en 2000. España se mantiene en este aspecto por debajo de la media europea (42,49%), aunque con un crecimiento más rápido. El gasto público, por el contrario, ha caído desde el 43,7% del PIB hasta el 39,8% en las mismas fechas.
El aumento de la presión fiscal se produce porque han sido años muy buenos para el crecimiento y el empleo, con un efecto multiplicador para los ingresos públicos. Pero también se debe a que la tarifa del IRPF y las deducciones se ha mantenido congeladas después de la reforma de 1999. En 2000 el impuesto no se adaptó a la inflación, lo que supuso recaudar unos 150.000 millones de pesetas más.
También se ha debido a que los ingresos por cotizaciones sociales han crecido un 9,9%, pero no sólo gracias al aumento del empleo (3,1%) y del número de cotizantes (5%). También se ha producido una elevación de las bases máximas de cotización para las categorías profesionales intermedias por encima de la inflación prevista (2%). En sentido contrario ha jugado una reducción del tipo de cotización al desempleo de 0,2% puntos.
El resultado es que, aunque el tamaño del pastel ha aumentado, el Estado se ha quedado con un trozo más grande. Y no ha mordido en todos los sitios por igual. La mayor parte del aumento de la presión fiscal en el último año se explica por el factor trabajo, ya que responde al mayor peso de las cotizaciones sociales y del impuesto sobre la renta. El aumento de los beneficios empresariales por encima del crecimiento económico también ha influido en la mayor presión fiscal.
Por el contrario, los impuestos sobre la producción y las importaciones, así como los que gravan el capital, han mantenido prácticamente estable su contribución a la presión fiscal en 2000. En el caso de las rentas del capital, se produjo un descenso de siete puntos en el tipo de retención sobre dividendos y reembolsos de seguros.
En el lado contrario de la balanza está el gasto público cuyo peso ha caído en relación al PIB. Se explica por la política de privatizaciones y la derivación de gastos hacia sociedades en la frontera de lo privado, dos de las claves en la política económica del Partido en estos años. La etapa de bonanza económica ha permitido también bajar el peso de las prestaciones sociales en relación al PIB (del 13,8% al 12,3%). El peso de la inversión pública se ha recortado una décima en estos últimos cinco años y medio punto si se considera desde 1995.
Todos se han puesto en nuestra contra: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea (CE) . Nos dicen que nuestra economía crecerá este año un 2,7% y un 2% el que viene, según el Ejecutivo comunitario, en lugar del 3% y el 2,9%, respectivamente, anunciados por el Gobierno de S.E.
A la misma hora en que el Ejecutivo comunitario difundía sus previsiones económicas en Bruselas, nuestro dicharachero Tontoro declara que el Gobierno 'revisará sus objetivos de crecimiento económico'. El Ministerio de Economía mantiene su intención de hacer públicas las nuevas previsiones el próximo mes de diciembre, cuando envíe a Bruselas la revisión del Plan de Estabilidad.
El día anterior, la OCDE había publicado también sus previsiones en ese capítulo, que coinciden totalmente con las de la CE. El FMI ya rebajó en octubre al 2,3% el crecimiento del PIB español para 2002, y hasta el Banco de España lo situó la pasada semana entre el 2% y el 2,5%, siempre, en todo caso, bastante lejos del 2,9% anunciado por el Ejecutivo.
En el informe de la CE se indica que la actividad económica en España 'se ha debilitado de forma significativa' este año, en buena parte debido al alza de los precios de los combustibles y de la alimentación, así como a la influencia de la situación internacional. Además, el consumo privado se ha moderado debido, entre otras razones, al descenso en el ritmo de creación de puestos de trabajo. El hecho de que el crecimiento para el año que viene sea sólo del 2% se debe, según la CE, a que habrá únicamente 'un moderado crecimiento' de la demanda doméstica y una mínima influencia de la demanda exterior. El consumo privado seguirá experimentando ese año una desaceleración, porque se registrará una disminución en el ritmo de creación de empleo.
Y es precisamente el capítulo del empleo en el que, una vez más, España sale muy malparada en el contexto europeo. La creación de puestos de trabajo, que en los últimos años se situó siempre por encima del 3%, bajará este año al 2,3% y se reducirá al 1% el año que viene. Con estos bajos índices, España seguirá de farolillo rojo en la clasificación de la UE, porque se mantendrá en el 13% de paro este año y el que viene, frente a una media en la zona euro del 8,3% y el 8,6%, respectivamente.
Las malas perspectivas económicas frenaron la creación de empresas en el mes de septiembre. El número de nuevas sociedades mercantiles descendió un 13,97% con respecto a septiembre de 2000, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En total se constituyeron 7.133 empresas, frente a las 8.291 de un año antes. Las nuevas compañías comenzaron a operar con un capital social suscrito de 749,69 millones de euros (124.738 millones de pesetas), un 3% más que en septiembre de 2000. De las 7.133 empresas constituidas, 2.997 ampliaron capital, lo que representa un aumento del 3,9% con respecto al año anterior. El mes de septiembre trajo también la disolución de 484 sociedades mercantiles. De ellas, el 71% lo hizo por causa voluntaria; el 24%, por fusión, y el 5% restante, por otros motivos. Un año antes, el número de empresas que cerraron ascendió a 572.
4. ESPAÑA ES EL TERCER PAÍS CON MENOS EMPLEO DE MUJERES DE LA OCDE. Y QUE?
España se sitúa en el tercer peor puesto en tasa de ocupación de mujeres entre los países de la OCDE, sólo por encima de Turquía y empatada con Italia, según el último informe de la OCDE Una mirada a la sociedad. Indicadores sociales 2001. El informe destaca, además, que España es el país con una tasa de empleo más baja entre las mujeres con hijos de menos de 6 años, sólo por encima de Japón. En 1999 España tenía una tasa de ocupación femenina del 38,3%, muy por debajo de la media de la OCDE (56,5%) y de la UE (55%). Según la OCDE, en 1989 sólo el 30% de las españolas con hijos pequeños trabajaban fuera de casa. A pesar de que diez años después la cifra se ha situado en el 41,8%, seguimos muy lejos de la media de los países desarrollados (en torno al 55%), y de naciones como Francia (56,2%), Portugal (70,6%), Bélgica (69,5%), Alemania (51,1%) e Italia (45,7%).
La oferta de vivienda de protección oficial (VPO) destinada a las familias con menos recursos ha caído en picado en los últimos años, debido al escaso cumplimiento de los planes de vivienda y el poco interés de los promotores inmobiliarios, que prefieren construir viviendas libres, mucho más caras. Para cambiar esa tendencia, el Ministerio de Fomento, recogiendo la queja de los promotores, permitirá a las comunidades autónomas encarecer el precio máximo de la VPO hasta un 56% para mejorar la oferta.
La medida se encuadra dentro del nuevo plan de vivienda, cuyo borrador fue presentado a las comunidades autónomas, aunque sin fijar los objetivos sobre el número de viviendas que se construirán entre 2002 y 2005, ni el volumen de créditos para su compra. Fomento quiere reforzar las ayudas a la entrada de la vivienda dirigidas a los jóvenes. Pero, en lo que va de año, tan sólo 1.652 compradores (el 80% menores de 35 años) han resultado beneficiarios de estas ayudas por un total de 1.486 millones de pesetas, el 16,3% de los 9.000 millones de pesetas comprometidos, según datos proporcionados por el propio Ministerio
6. NOTICIAS REFORMA UNIVERSITARIA ( VARIOS )
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PILI DEL CASTILLO ATRIBUYE LAS CRÍTICAS A LA LEY UNIVERSITARIA A 'UNA LUCHA DE PODERES' . Nuestra ministra de Educación, arremete con gracia y desparpajo contra los miembros social comunistas de la comunidad universitaria (rectores y profesores) que se oponen a su ley, aunque excluyó a los alumnos: "Al margen de los estudiantes, hay una lucha de intereses entre los que apuestan por no mover nada y mantener espacio de privilegio y poder y los que quieren una Universidad dinámica y de progreso; es decir, entre inmovilismo y progreso". Negó que con su aplicación este colectivo vaya a ver recortada su representación en los órganos representativos de la Universidad...Tendrán toda la autonomía que determinen los estatutos de la Universidad ".
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FIRMAS CONTRA LA REFORMA: Se han recogido ya 8.691 firmas de profesores universitarios maleantes y ociosos contra la Ley Orgánica de Universidades en una campaña que seguirá abierta en Internet. Uno de los promotores de esta iniciativa, el catedrático de Historia Contemporánea de la UNED Javier Tusell, manifestó que tratarán de entregar las firmas a Aznar para que 'piense serenamente, porque se ha creado un grado de conflictividad muy alto'. Tusell considera que los apoyos que ha recibido el manifiesto y la variedad de los firmantes (desde asociados hasta catedráticos) demuestra que los contrarios a la ley no son grupos aislados, sino la 'comunidad universitaria'. Entre los firmantes de este manifiesto están Juan José Badiola, director del laboratorio de referencia para el problema de las vacas locas, y el catedrático de Ciencia Política de la Complutense Antonio Elorza
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NUESTRA AMIGA LA CONFERENCIA EPISCOPAL SE SITÚA : El portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan José Asenjo, afirma: " Tengo la impresión de que esta ley es necesaria y la convicción de que la mayor parte de los estudiantes no están informados sobre ella".
El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas y hermano del Ministro de Hacienda, Ricardo Montoro, ha valorado en las últimas semanas la posibilidad de preguntar en alguna encuesta sobre temas tan candentes como la sucesión de S.Er, el caso Gescartera. Pero lo ha descartado. A Montoro le parecen asuntos 'muy complejos sobre los que la mayoría de los españoles no tiene información suficiente para un trabajo científico de la trascendencia que requiere el CIS'.
Montoro esgrime a favor de sus argumentos para no abordar ahora asuntos tan polémicos y atractivos como la sucesión de Aznar o el caso Gescartera que el CIS persigue en sus objetivos 'el sentido de la trascendencia de los temas verdaderamente cuajados en la sociedad y que no estén condenados a desaparecer en breve tiempo'.Sobre Gescartera en concreto, Montoro pensó incluir algunas preguntas en algún sondeo reciente. Al final aparcó esa decisión porque sostiene que ese debate está muy acotado al Parlamento y entre los partidos políticos. Pero intuye que Gescartera no le interesa a todo el mundo, como sí sucedió en enero pasado, cuando el centro planteó numerosas preguntas sobre la crisis de las vacas locas.
El coordinador del Partido declaró como imputado en el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) en las que se refugió sistemáticamente en la falta de memoria sobre asuntos de tanta relevancia como la reunión clave de la operación en la que el ex president y actual ministro, Jaume Matas, escribió de su puño y letra el diseño de la trama mientras la autora de informes electorales, Mari Pau Segura, tomaba nota de estas instrucciones. Tampoco recordaba haber estado presente en la reunión del consejo de dirección del IBDI, que él presidía, en la que se trató la contratación de Mari Pau Segura por parte de la empresa pública, a pesar de que en el acta de esta reunión se certifica su asistencia.
Junto a esta desmemoria, común a varios imputados, Cardona optó por desmentir la afirmación de Carlos Gutiérrez de que fue el ex conseller quien le ordenó contratar a través del IBDI al argentino Antoni Mas y a la madre del uruguayo Juan Manuel Mercant, Maria Inés Sapriza, cuyas contrataciones se recomendaban en los informes electorales para lograr su colaboración en la captación del voto emigrante.
Según Cardona, él se limitó a plantear en reuniones con los altos cargos de la Conselleria que se debería contratar a personas que propusieran las casas de Balears en el exterior con el fin de poder utilizar la infraestructura de estas casas para la promoción comercial, pero que no dio órdenes para contratar a nadie en concreto. Por ello, consideró que fueron los cargos de su Conselleria quienes decidieron las contrataciones de Mas y la madre de Mercant, si bien a preguntas del abogado de Carlos Gutiérrez, Domingo Ros, dijo que la iniciativa de esos contratos no fue del ex secretario general técnico de la Conselleria. Además, afirmó que desconocía por qué el IDI contrató a la madre de Mercant cuando era éste quien realmente trabajaba para la empresa pública. También sostuvo que nunca ordenó que el IDI contratara a Mari Pau Segura, a lo que se une su insistencia en que no participó en la reunión en la que Matas escribió el diseño de la trama. Si bien Mari Pau Segura sostuvo en su declaración en el juzgado de Eivissa que en esta reunión estaban presentes, además de ella y Matas, la ex consellera Rosa Estarás y Cardona, este insistió de manera reiterada en que no recordaba haber asistido a este encuentro, ni siquiera cuando el magistrado le puso de manifiesto lo peculiar que resultaba que a una reunión entre personas de la relevancia del president y consellers acudiera una simple contratada como Mari Pau Segura. Junto a ello, sostuvo que desconocía quién ordenó que la autora de los informes electorales, a pesar de estar contratada por el IDI, pasara a trabajar en la conselleria de Presidencia, a cuyo frente se encontraba Estarás. Aseguró que nadie le informó ni le pidió permiso para que Mari Pau Segura pasara a trabajar en Presidencia, ni tampoco recibió ninguna indicación en este sentido de Estarás o del propio Matas.
No obstante, no supo explicar el motivo por el que la autora de informes electorales participó en el viaje oficial a Sudamérica que realizó Matas en 1998 -al que también asistió Cardona- acompañando a la expedición del Govern en lugar de a la paralela en la que acudían empresarios, si sus funciones eran la promoción comercial. Sobre este asunto, Cardona dijo que el IDI la contrató después de ese viaje, por lo que desconocía cuál era la función de la autora de los informes electorales en la gira de Matas. Reconoció que era extraño que Maria Pau Segura no entregara ningún informe a Jaime Payeras, de quien en teoría dependía al ser el jefe de Promoción Comercial del IDI, y que, según distintas declaraciones, se los presentara a Salvador Fortuny, jefe de Diseño y Calidad. Aseguró que vio dos informes comerciales realizados por Mari Pau Segura, si bien no los leyó, y que cuando el Partido perdió el Govern en 1999 esos informes quedaron en la Conselleria. Así fue coherente con la tesis del Partido de que si no se encuentran los informes comerciales que en teoría debían haber realizado los contratados, se debe a que alguien los ha hecho desaparecer. De hecho, representantes de la defensa mostraron su malestar porque, según dijeron, se había pedido estos informes a la conselleria de Comercio, a cuyo frente está Pere Sampol, y la respuesta fue que los documentos no estaban
9. EL PARTIDO RECHAZA ADOPTAR EN EL CONGRESO MEDIDAS CONTRA LA SINIESTRALIDAD.
El Partido impone como no podía ser de otro modo nuestra justificadísima mayoría absoluta para rechazar una petición de diversos grupos parlamentarios para que desde el Congreso de los Diputados se reclame al Gobierno de S.E medidas contra la siniestralidad laboral. La diputada del Partido Reyes Montseny fue la encargada de rechazar la propuesta de la izquierda con el doble argumento de que el Gobierno ya toma medidas y que la mayoría de los accidentes de trabajo son leves.
Las cifras de siniestrabilidad arrojan 8.148 muertos en accidente laboral desde que gobierna el Partido. En los nueve primeros meses del año, los accidentes laborales han aumentado un 3,28%. 87 accidentes mensuales, cuatro muertos al día en esos accidentes y uno más in itinere, es decir, en el viaje al trabajo.
10.
VARIAS ONG PLANTEAN CREAR UN FORO DE LA INMIGRACIÓN ALTERNATIVO
Varias ONG de obediencia social comunista que con razón han sido excluidas del
Foro de la Inmigración tras la reciente remodelación del organismo realizada
por el Gobierno estudian la posibilidad de crear un 'punto de encuentro
alternativo'. Algunas de las organizaciones presentes en él también ven con
buenos ojos esa idea. Opinan que el Foro ha perdido representatividad y corre el
riesgo de convertirse en un ente decorativo que sirva de coartada a las
decisiones del Ejecutivo.
El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes es un órgano de consulta, información y asesoramiento en materia de integración de los inmigrantes. Está constituido por representantes de las Administraciones públicas, de las organizaciones de inmigrantes y de las entidades sociales de apoyo, entre ellas los sindicatos y las patronales.
Como se recordará, el anterior Foro nos estuvo tocando los XXXXXX durante meses. Informó desfavorablemente la reforma de la Ley de Extranjería y el Programa Global de Regulación y Coordinación de la Extranjería y la Inmigración en España, conocido como Plan Greco. Ambos eran los proyectos estrella del entonces ministro del Interior, Jaime Mayor, y del delegado del Gobierno para la Extranjería, Enrique Fernández-Miranda. Este último intentó neutralizar la capacidad crítica del organismo variando su composición. Básicamente, aumentó la presencia de la Administración y cambió el método de elección de las ONG.
Hasta la reforma, las organizaciones sociales eran elegidas por un sistema doble: un baremo objetivo de puntuación y una votación entre las mismas asociaciones. El nuevo método premia a las organizaciones más grandes, que casualmente son más afines al Gobierno.
De esta forma, han quedado fuera del Foro ONG como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL), la Federación de Mujeres Progresistas, La Asociación de Inmigrantes Senegaleses en España (AISE) o la Federación de Asociaciones de SOS Racismo. Sus alegaciones no han sido atendidas.
En su lugar permanecen otras como Cruz Roja, Cáritas Española, la Asociación Comisión Católica Española de Migraciones (ACCEM) o el Consorcio de Entidades para la Acción Integral con Migrantes (CEPAIM). Las tres últimas están relacionadas con la Iglesia católica.
11.
NUEVE ONG DENUNCIAN LA ORDEN POLICIAL PARA CONTROLAR A COLOMBIANOS Y
ECUATORIANOS
Nueve ONG denuncian ante la Fiscalía General del Estado la llamada Operación
Ludeco que la Dirección General de la Policía puso en marcha mediante una
circular a mediados de octubre contra la delincuencia cometida por inmigrantes
colombianos y ecuatorianos. Las asociaciones entienden que "el contenido de
la circular Operación Ludeco puede ser constitutivo de prácticas inductoras de
la comisión de hechos delictivos como prevaricación, detención ilegal,
privación de derechos fundamentales y otros cuya calificación resultaría
evaluable en cada caso concreto". La denuncia solicita que se investigue
"el presunto alcance delictivo de la circular" y que la Fiscalía
General del Estado "ordene a todos los miembros del Ministerio Público que
recaben las pertinentes investigaciones sobre actuaciones concretas que se hayan
desarrollado o se vayan a desarrollar". La Operación Ludeco supuso la
extensión a nivel nacional de la Operación Café, puesta en marcha por la
Jefatura Superior de Policía de Madrid el 19 de septiembre, tras la muerte a
tiros, dos días antes, de cuatro colombianos en un piso del barrio de Vallecas.
La Dirección General de la Policía la justificó por "el progresivo
incremento de las actuaciones delictivas perpetradas por grupos criminales o
individuos procedentes de Colombia y Ecuador". Incluye una decena de
actuaciones basadas en la Ley de Extranjería. Entre ellas, la propuesta de
denegación de los permisos de residencia por tener antecedentes penales y por
razones de seguridad pública, o el traslado de los inmigrantes a comisaría
para identificarlos y hacerles la reseña policial (sacar las 10 huellas
digitales). También prevé la creación de un fichero especial con todos los
datos recopilados en la operación dentro del superordenador del Grupo de
Análisis y Tratamiento de la Información (GATI). Entre las ONG que firman la
denuncia figuran SOS Racismo, Asociación Pro Derechos Humanos, América España
Solidaridad y Cooperación (AESCO) y ARI-Perú.
Además de la denuncia ante la Fiscalía, 17 ONG presentaron también un documento ante el Ministerio del Interior. En él afirman que la circular de la Operación Ludeco "sienta un precedente de actuación racista y xenófoba desde el poder que fomenta peligrosamente actitudes similares entre la población"
A un mes vista de la cumbre mundial sobre la erradicación de los abusos a menores, España todavía no ha cumplido los compromisos que suscribió hace cinco años en la reunión de Estocolmo. El Gobierno de Aznar aún no ha aprobado el plan nacional contra la explotación sexual de menores, una medida largamente reivindicada por las organizaciones que luchan contra la explotación infantil. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Juan Carlos Aparicio, anunció esta semana que el Gobierno está ultimando dicho plan, aunque todavía no se conocen medidas concretas ni existe ninguna partida económica para erradicar el problema. Sin embargo, el Gobierno mantiene la promesa de presentar el plan durante la próxima cumbre internacional de Yokohama (Japón), que se celebrará en diciembre. El retraso del Gobierno mantiene en vilo a las ONG que trabajan en este sector. Ecpat España, que agrupa cinco entidades que luchan contra la explotación sexual de niños, teme que la precipitación en elaborar el plan español vaya en detrimento de su utilidad y 'comprometa el contenido del documento'. Los responsables de Ecpat también denuncian que el plan que está elaborando el Gobierno se está haciendo de espaldas a los grupos parlamentarios de la oposición.
13.
CASO DE LAS VACAS LOCAS: SOMOS ÚNICOS Y COMO QUIEN NO QUIERE LA COSA HEMOS
DESTRUIDO 135.000 RESES SIN HACER EL TEST
Un año después de que se conociera la primera vaca loca en España, el sistema
de vigilancia ha analizado 310.000 reses y ha detectado 73 positivos, según el
resultado oficial. Hasta el 30 de junio, el Ministerio de Agricultura aprovechó
el margen de tolerancia que le permitía la normativa europea para lograr la
destrucción, sin previo análisis, del mayor número posible de vacas en edad
de riesgo. El ministro Miguel Arias $ Cañete reconoció al presentar sus
resultados de la crisis, que hasta esa fecha se destruyeron sin análisis
priónicos 87.500 vacas mayores de 30 meses. Este mecanismo de intervención fue
estimulado por el Gobierno y subvencionado con un total de 10.787 millones de
pesetas. Agricultura y las administraciones autónomas también se beneficiaron
ampliamente de otra posibilidad que la ley les permitía durante la primera
mitad del año: la de no analizar las reses que morían en las granjas. Hasta el
30 de junio, España sólo estaba obligada a analizar una muestra de 2.500 de
estas vacas (alrededor de un 7% de los cadáveres). Y así lo hizo.
En lo que va de año, y según los datos del ministerio, han muerto en las explotaciones ganaderas 76.000 reses de todas las edades, y de ellas sólo han sido analizadas 28.000 (casi todas, después del 30 de junio, cuando esos tests se hicieron obligatorios). Es decir, que otras 48.000 reses fueron destruidas sin analizar.
Hay otras fuentes posibles de maquillaje de las estadísticas. El pasado 4 de octubre, la Plataforma de Veterinarios Oficiales de Galicia denunció que la Xunta había retenido y silenciado, desde marzo hasta octubre, los análisis de 94 vacas sospechosas. Esa plataforma, que agrupa a 370 veterinarios públicos gallegos, realizó una encuesta entre los inspectores de los 18 mataderos autorizados en la comunidad para sacrificar reses adultas y concluyó que las 94 muestras habían salido de esos mataderos hacia el laboratorio oficial de Lugo, pero nunca habían vuelto de allí. Tampoco fueron enviadas al laboratorio de referencia de Zaragoza, dirigido por Juan José Badiola. La Xunta nunca desmintió estas denuncias.
Arias Cañete anunció Que el plan contra las vacas locas recibirá el año que viene una financiación de 10.000 millones de pesetas, una cifra muy inferior a los 152.000 millones de este año. El ministro explicó que la cantidad de 2001 ha sido tan abultada por razones 'excepcionales' que no tendrán su reflejo en los presupuestos de 2002: planes de intervención, medidas de apoyo y programas de eliminación de residuos cárnicos. El año que viene, el Estado no financiará la retirada e incineración de esos residuos. Por su parte, dos sindicatos agrarios (COAG y UPA) acusaron al Gobierno de 'lavarse las manos'. Según estas centrales, el Gobierno comete una grave irresponsabilidad al dar por superada la crisis de las vacas locas, que en realidad es un problema permanente
14. EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE NO REÚNE A SU CONSEJO ASESOR DESDE 1997
Hace cuatro años (desde el 11 de septiembre de 1997) que no se reúne el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA). Según el real decreto que regula el funcionamiento del organismo, éste debe reunirse al menos una vez cada trimestre. El Consejo está formado por 46 personas que representan a las principales asociaciones ecologistas, sindicales, de consumidores, empresariales, al Consejo de la Juventud, a la Administración y a expertos y científicos. Los ecologistas han denunciado al ministro Jaume Matas ante el Defensor del Pueblo por la falta de convocatorias.
La denuncia ha sido redactada por Ecologistas en Acción, Greenpeace, Adena / WWF y SEO / BirdLife, cuatro de las organizaciones presentes en el Consejo. 'Con la falta de convocatorias, además de incumplir el Real Decreto 224/1994, se impide el ejercicio de los derechos de participación social y de protección del medio ambiente', afirmó Theo Oberhuber, portavoz de Ecologistas en Acción. Alejandro Sánchez, de SEO / BirdLife, resalta que un proyecto 'importantísimo, como el Plan Hidrológico Nacional, tendría que haber pasado por el Consejo y no ha pasado'. 'La Estrategia para un Desarrollo Sostenible tampoco pasará', añadió. Para Sánchez, 'acudir al Defensor del Pueblo es la oportunidad para que llamen la atención a Matas'. Greenpeace recuerda que el Consejo Nacional del Clima tampoco se reúne desde enero de 1999.
Los ecologistas también se han dirigido a la comisaria europea de Medio Ambiente, la sueca Margot Wallström, 'para informarle de la falta de participación en cuestiones ambientales que se está produciendo en España'.
La hoy alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, entonces candidata a la alcaldía por el Partido Popular, proclamó una cruzada contra la inseguridad ciudadana como eje central de su campaña. El programa electoral con el que levantó la vara de mando en 1991 fue un reflejo de esa campaña y dedicó uno de sus más importantes apartados a la policía y a las drogas. Ese documento, que la alcaldesa llevó al notario para garantizar su cumplimiento, incluía el compromiso de «acabar con el tráfico y venta de droga en locales públicos y en las calles, en colaboración con el Ministerio del Interior».
Aquel órdago de su primer mandato dedicaba al apartado de seguridad ciudadana cuatro folios y al de drogodependencias específicamente, otros cinco. Los populares anunciaban la penalización del consumo de drogas en público, como tipificación penal y no sólo administrativa. Además del marco legislativo, el programa municipal recogía otra iniciativa prometida por del Partido Popular: el establecimiento de un «salario familiar antidroga» cifrado en 50.000 pesetas mensuales con cargo al Estado. Esta ayuda, de la que nunca más se supo, estaba destinada a las familias con toxicómanos en su seno a los que atiendan en su proceso de desintoxicación. En la misma línea, y con idéntico resultado, se establecía una deducción fiscal por los gastos originados por los drogodependientes de 25.000 pesetas en la cuota del IRPF.
Este programa fue depositado personalmente por Rita Barberá en la notaría de Carlos Pascual. En esa misma campaña electoral de 1991 llegó a exclamar que en Valencia no habría «más camellos que los de los Reyes Magos» -recientemente matizó que lo que había dicho es que le gustaría que fuese así.
Llegó 1995 y, en el nuevo programa electoral popular, el capítulo de drogas pasó a ocupar un solo folio a pesar de que ya se había instalado el hipermercado de la droga. Las espectaculares medidas prometidas en 1991 «se cayeron» (ni salario familiar, ni deducción fiscal, ni promesas de erradicar el problema). Este documento, que también llevó la alcaldesa a notaría, ya no era tan concreto, aunque anunciaba que «nuestro compromiso de lucha contra la droga sigue firme y decidido, tanto en acciones de prevención como de represión y reinserción», si bien ahora ya advertía que «la legislación vigente atribuye las competencias de lucha contra la droga a otras instancias (É) dejando a los ayuntamientos un mero papel de colaboradores. Pese a ello aportaremos nuestro decidido esfuerzo». Se anunciaba la potenciación de las relaciones con el plan nacional sobre drogas y otras administraciones, el desarrollo del programa municipal y la constitución de una comisión específica, así como distintos programas asistenciales y preventivos.
En el programa de 1999, con el que Barberá revalidó y aumentó su mayoría absoluta, el apartado de drogas queda reducido a un párrafo de «atención al adolescente» bajo el epígrafe general «Trabajamos por una ciudad segura y sana»: «Intensificar y crear nuevos programas de prevención de drogodependencia, centrando las actuaciones en los barrios, y buscando el apoyo de profesores, padres, entidades especializadas y policía local, para fomentar la práctica de actividades deportivas, culturales y recreativas». En seguridad ciudadana se añade una pequeña referencia, al anunciar el trabajo conjunto de policía local y nacional «también centralizado en la lucha contra el tráfico de drogas y la delincuencia que lleva consigo».
16. EL SENADOR DEL PARTIDO POR SEGOVIA ACUSADO DE ORINAR EN LA CALLE NIEGA LOS HECHOS EN EL JUICIO
El senador del Partido por Segovia Pedro Antonio Hernández Escorial niega en el Tribunal Supremo los hechos recogidos en el atestado policial que señalan que fue interceptado cuando conducía por Marbella bajo los efectos de bebidas alcohólicas durante la madrugada del 22 de abril de 2000. Según sostuvo el abogado del senador no son ciertos los hechos recogidos en el informe, que consignó síntomas de que el senador había bebido «por su forma de hablar, pastosa, halitosis etílica, ojos brillantes y deambulación vacilante». En las dos pruebas de alcoholemia a las que fue sometido Escorial dio 0,84 y 0,87 miligramos de alcohol en sangre, datos que según su defensor habrá que estudiar con más detenimiento. Respecto a que el senador orinó en la calle mientras esperaban a Atestados, «ante los agentes actuantes y los viandantes», el abogado apuntó que Escorial orinó discretamente tras un árbol y junto a un seto -después de explicar a los policías que tenía una necesidad- y afirmó que algunos medios habían querido presentarlo como «la meada nacional».
17.
COMUNIDAD VALENCIANA: LA FAMILIA DEL POETA COMUNISTA MIGUEL HERNÁNDEZ
ABANDONA LA FUNDACIÓN
La familia de Miguel Hernández ha dejado de pertenecer a la fundación
auspiciada por la Generalitat valenciana para recoger y transmitir el legado del
poeta. Lucía Izquierdo, nuera de Hernández, acusa al Gobierno valenciano de
bloquear la actividad del organismo y asfixiarlo económicamente. El
desencuentro entre la Administración valenciana, en manos del Partido, y la
familia de Miguel Hernández no es nuevo, aunque sí definitivo. 'Hace un mes
que comuniqué por carta a [Eduardo] Zaplana la renuncia de la familia a seguir
en la Fundación', integrada, al margen de la familia, por representantes de la
Generalitat valenciana, de la Diputación de Alicante y de los ayuntamientos de
Orihuela, Elche y Alicante.
La Fundación Miguel Hernández se creó a mediados de 1994, cuando el PSOE gobernaba todas las instituciones valencianas, salvo el Ayuntamiento de Orihuela. Los 14 patronos de la Fundación se reparten entre la familia (siete) y las instituciones antes citadas, con otros siete. 'Reto a Zaplana a que explique cuántas actividades ha realizado la Fundación en los últimos tres años y medio', dijo Izquierdo para argumentar la decisión de la familia de abandonar la Fundación. 'Hemos perdido el tiempo y nos han estado entreteniendo con falsas promesas' se lamentó la nuera del poeta, quien subrayó que sólo el Ayuntamiento de Alicante, que ha pagado religiosamente su parte, y el de Elche, que ha puesto incluso más medios de los que le correspondían', han respaldado la Fundación. La gota que ha colmado el vaso ha sido la negativa del Partido a admitir al director de la Fundación propuesto por la familia -el ente llevaba tres años y medio sin dirección y sin desarrollar más actividad que el premio internacional de Poesía Miguel Hernández- porque no cumplía el perfil. Era socialista. Los familiares ni siquiera asistieron a la entrega del premio en su última edición a José Hierro, aunque se excusaron con él mediante un telegrama.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha condenado a la Diputación de Valencia a indemnizar por «daños y perjuicios» con 157,7 millones de pesetas a la firma Martauro 2000, SA, al considerar «contraria a derecho» la adjudicación de la plaza de toros de Valencia decidida en 1997 por el anterior gobierno del Partido, entonces presidido por Manuel Tarancón. Martauro, formada por los empresarios Emilio Miranda, Ángel Bernal, José Barceló y Manuel Flores Cámara, optó a la concesión del recinto taurino. La mayoría del Partido Popular se escudó en el informe de la comisión técnica de Cultura para conceder la gestión, desde 1998 a 2000 -posteriormente hubo una prórroga de un año-, a la persona de Roberto Espinosa Cantó. El Partido estimó que su oferta era la más beneficiosa de cuantas presentadas al concurso público. El fallo judicial considera que Roberto Espinosa vulneró el artículo 81 de la bases de la adjudicación, que impedía a cualquier licitante presentarse en más de una opción. Espinosa incumplió este precepto ya que concurrió a título personal y como consejero delegado de Tauro Castellón, SL. La sentencia considera que la infracción de esta norma da lugar a la «no admisión» de sus dos propuestas. La sala tercera del tribunal nombra al demandante empresario de la plaza durante el período 1999-2000 y ordena indemnizarlo con el 6% de los ingresos brutos (2.628.912.419 pesetas), lo que supone 157,7 millones.
19.
COMUNIDAD DE MADRID: 27.000 FAMILIAS SUFREN "POBREZA EXTREMA".
Unas 27.000 familias de la región madrileña (un 1,5% del total) viven en la
'pobreza extrema', según el estudio elaborado por el departamento de Trabajo
Social de la Universidad Pública de Navarra para el futuro Plan contra la
Exclusión de la Comunidad de Madrid. Estos hogares, con una media de tres
miembros, tienen ingresos no superiores a las 60.000 pesetas al mes. Un tercio
están formados por mujeres solas con hijos, y en un 42% de los casos hay
enfermos crónicos o minusválidos.Los autores del estudio, dirigido por el
sociólogo Miguel Laparra, concluyen que en una comunidad autónoma como la
madrileña, con una situación económica superior a la media del Estado, buscar
soluciones a ese 1,5% de hogares que padecen miseria 'es una tarea abordable de
forma social, política y económica'. En el conjunto de España, las familias
que sufren pobreza extrema suponen un 3% del total. El informe considera que una
familia sufre pobreza extrema cuando sus ingresos mensuales son inferiores o
equivalentes al Ingreso Madrileño de Integración (IMI) -también conocido como
salario social- que le correspondería según sus miembros. Por ejemplo, a una
familia formada por una madre con dos hijos le correspondería percibir un IMI
de unas 60.000 pesetas al mes. Si gana menos de eso o está en el límite, puede
considerarse que padece extrema necesidad, según el criterio seguido en este
estudio. El 40% de esas 27.000 familias pobres percibe dicho subsidio.
- Vivienda. Los autores hacen mucho hincapié en los elevados precios de la vivienda en Madrid como un factor que puede crear grandes bolsas de pobreza. 'Los precios de los pisos han subido a un ritmo muy superior a los de las rentas familiares, y eso hace que, si en 1998 los madrileños dedicaban un 42,3% de sus ingresos a la vivienda, en 2000 tuvieron que destinar hasta un 49,3%, y la tendencia de este año es similar'. Además, de las casas construidas de 1995 a 1999 en la región, 'el 76,5% era de precio libre'; es decir, a los cada vez más altos precios del mercado. Conclusión: 194.432 familias no podrían acceder a una vivienda si ahora tuvieran que comprarla o alquilarla. Los expertos matizan que eso no significa que vivan en la calle o en chabolas. 'Muchas residen en pisos que adquirieron en momentos menos alcistas o que heredaron, y también en casas de renta antigua o en viviendas sociales. Lo que queremos decir es que ahora, si se quedasen sin ellos, no tendrían opción', explican. Hay asimismo 5.411 familias que malviven en poblados de casetas y en pisos ínfimos y mal dotados (chabolismo vertical), y otras 30.000, en casas que pueden considerarse infraviviendas por su mal estado de conservación.
- Empleo. Un 5,5% de los hogares madrileños (unas 85.000 familias) sufre exclusión laboral porque ningún miembro del hogar tiene trabajo o, si lo tiene, éste no es ni fijo ni a jornada completa.
- Educación. Unos 75.400 ciudadanos mayores de 16 años (un 1,8% del total) son analfabetos. Asimismo, en la región hay, según el estudio, 1.617 niños no escolarizados en tramos de enseñanza obligatoria (de los seis a los 16 años) y 7.900 de 16 años. De las 80.000 personas que sufren pobreza extrema, 25.000 (un 30%) son niños; y, en esas condiciones, es muy difícil que estos chavales tengan un rendimiento escolar que les saque del círculo de la miseria.
- Salud. Los madrileños sin ningún tipo de cobertura sanitaria, ni pública ni privada, son muy pocos: un 0,3% (unos 15.000).
De los 27.000 hogares extremadamente pobres, unos 11.000 (un 40%) cobran a lo largo del año el IMI, una ayuda regional de 43.085 pesetas al mes, que se incrementa en otras 10.745 por la primera persona a cargo y en otras 6.730 por la segunda.
Pero hay otras 16.000 familias que no acceden a este subsidio. Para llegar a ellas, el Gobierno regional ha decidido transformar, a partir del 1 de enero de 2002, el IMI en una renta mínima de inserción como la que ya hay en el País Vasco. El estudio encargado a la Universidad Pública de Navarra pretende servir de base a la futura Ley de Rentas Mínimas de Inserción, pendiente sólo de ser debatida en la Asamblea, y al Plan Regional contra la Exclusión, aún en negociación entre el Gobierno regional, patronal, sindicatos y expertos de universidades madrileñas.
La principal diferencia entre el IMI y las rentas mínimas es que, en el primero, la ayuda económica está condicionada a que el perceptor cumpla un programa de inserción (cursos de formación, escolarización de los hijos...) y, sin embargo, las segundas se dan a todas las personas que demuestren carecer de ingresos, sin obligarles para ello a seguir ningún proyecto. Además, la cuantía mensual de la renta mínima es mayor: 49.000 pesetas al mes por persona, frente a las 43.000 del IMI.
Además de este estudio, encargado por la Comunidad, en el último año se han publicado otros dos informes sobre la pobreza en Madrid, realizados por el equipo de investigación sociológica Edis para el Ayuntamiento de la capital y el Defensor del Menor.
Según el primero, en el municipio de Madrid hay 10.000 hogares en 'pobreza extrema' (renta per cápita de menos de 25.000 pesetas al mes), 23.000 en lo que se llama 'pobreza moderada' (renta per cápita de 25.000 a 35.000) y 74.000 en nivel de 'precariedad' (de 35.000 a 49.000 pesetas).
El informe del Defensor del Menor indicaba que 160.000 niños y adolescentes madrileños (el 14% del total) vivían en hogares 'pobres' (con una renta per cápita inferior a 50.000 pesetas al mes), y 50.000, en familias con 'pobreza severa'