Informes semanales del Gabinete de Análisis y Seguimiento
semana del  22 al 28  de mayo de 1999

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EL MAL LLAMADO CASO DEL LINO (Continuación)
LA ESPOSA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
MÁS CARGOS DE AGRICULTURA
MÁS DIPUTADOS DEL PARTIDO
EL MAL LLAMADO CASO PIQUÉ: MÁS DATOS SOBRE LA CONDONACION DE LA DEUDA A ERCROS
LOS GASTOS PERSONALES DEL HIJO DE LA AMIGA DE LOYOLA DEL PALACIO
LA EX.PRESIDENTA DE NUEVAS GENERACIONES CONDENADA POR POR UN DELITO DE ESTAFA
LAS DENUNCIAS DEL PP Y LA FISCALIA ANTICORRUPCIÓN
D. EDUARDO ZAPLANA Y LOS FICHEROS INFORMÁTICOS
EL MAL LLAMADO CASO TENERIFE: MÁS IMPUTADOS
LAS CONTRATACIONES FAMILIARES EN EL CABILDO DE GRAN CANARIA
LOS NEGOCIOS PRIVADOS DEL ALCALDE DE TALAVERA DE LA REINA


EL MAL LLAMADO CASO DEL LINO (Continuación)

La esposa del director general de la Guardia Civil, D. Santiago López Valdivielso, figura como socia de la planta transformadora de lino Linitec SA, en Tarazona de la Guareña (Salamanca), a la que lleva también su producción el procurador del Partido por Avila, D. Fructuoso Corona Blanco. La fábrica está participada por Dña. Dolores (Lola) de la Cuesta, esposa del director general de la Guardia Civil, que en la actualidad está en trámites de separación. El titular de la planta, D. César Ruano Vacas, reconoce que no habían podido trabajar el lino de la campaña pasada, que está almacenado. Precisamente, De la Cuesta posee unas 20 hectáreas en la finca de La Mudarra (Valladolid). La subvención de la Unión Europea correspondiente a la cosecha de la última temporada en esa finca asciende a dos millones de pesetas. La polémica sobre esta planta surgió cuando el 31 de julio de 1998 la Junta de Castilla y León le extendió la autorización para transformar el lino de la campaña 97-98 sin que las instalaciones fueran técnicamente aptas para realizar la tarea contratada con los agricultores. Entre éstos se encuentra el parlamentario autonómico Corona Blanco, quien siembra unas 50 hectáreas de lino en Horcajo de las Torres (Avila), de donde es alcalde.

El Sr. Cecilio Prieto, director técnico de Semillas y Plantas del Ministerio de Agricultura. Su finca Santa Lucía, en Toledo, y el lino que almacena en ella formaba parte de la documentación enviada a Agricultura en 1997 por el tal Fausto Sánchez Cano y en la que éste (ex funcionario del departamento) denunciaba irregularidades. Sánchez Cano alababa en su carta al ministerio la actitud de Prieto -socio de la empresa transformadora catalana Agrofibra-, que se negaba "por cargo de conciencia" a quemar el lino tras haber cobrado 16 millones de subvención. Cecilio Prieto confirma que el lino de la cosecha de 1996 sigue en su finca. La razón, la "pequeña empresa catalana [Agrofibra]" con la que contrató el suministro de lino tenía exceso de producto. El gerente de Agrofibra, Manuel Capsada, confirma igualmente que Prieto es uno de los 157 socios de la compañía.

D. Narciso Coloma, secretario del Grupo Parlamentario del Partido en las Cortes de Castilla y León y procurador (diputado) regional por la provincia de Palencia, está pendiente de percibir más de 25 millones de pesetas de subvención por cultivo de lino. El señor Coloma no aparece en las listas de beneficiarios de las subvenciones al lino debido a que forma sociedad con dos hermanos en una empresa agraria de transformación denominada Hermanos Coloma, que es la que percibe las subvenciones y la que aparece asociada a la planta transformadora a la que lleva el lino, ubicada en la localidad palentina de Villalonquite. Como conoce S.E, D. Narciso Coloma Baruque es un hombre de peso en la estructura del Partido en Castilla y León. Lleva doce años como parlamentario regional y figura nuevamente en la candidatura del Partido por Palencia. En esta última legislatura ha presidido la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento regional y ha tenido participación en otras tres comisiones más. El Sr. Coloma ha sembrado más de 200 hectáreas de lino textil desde 1997 a 1999 en su finca El Esquileo, una extensión de más de 1.000 hectáreas entre Valladolid y Palencia y a la que dedica algo más de 500 a otros cultivos. Cuando recoja la cosecha, el diputado autonómico se embolsará en torno a 25 millones de pesetas. En declaraciones a los medios de comunicación el Sr. Coloma, además de reconocer esa actividad, afirmó que se dedica a la agricultura en su tiempo libre y reivindicó su derecho a plantar lino y a recibir las subvenciones a que legalmente tenga derecho.

 

EL MAL LLAMADO CASO PIQUÉ: MÁS DATOS SOBRE LA CONDONACION DE LA DEUDA A ERCROS

El plan aprobado por nosotros mismos para perdonar a Ercros el crédito de 8.500 millones de pesetas que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) le concedió en 1994, fue diseñado y solicitado por, al parecer, por el propio D. Josep Piqué en 1995, cuando éste era presidente de la compañía. Más tarde, siendo ya ministro de Industria, concretó el plan definitivo que su ministerio remitió en solitario y al menos en dos ocasiones a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. Finalmente, este aprobamos aprobó el plan el 4 de junio de 1998, a propuesta de Industria y otros dos ministerios: Economía y Trabajo.

Aunque en la comparecencia ante la subcomisión de Industria el pasado 26 de mayo el Sr. Piqué aseguró que se había inhibido del asunto, al no acudir a la reunión de la Comisión Delegada en la que se aprobó el plan, lo cierto es que el Sr.Piqué venía persiguiendo la condonación de este crédito desde hacía tiempo. El 27 de septiembre de 1995, en una carta dirigida al entonces presidente del ICO, un tal Miguel Muñiz, Piqué se lamentaba del perjuicio que el crédito de 8.500 millones estaba ocasionando a las cuentas anuales de Ercros. Este crédito había sido concedido por el Gobierno a la firma para que fuera destinado a sanear sus empresas de fertilizantes (Fesa y Fertiberia), que serían vendidas después al Grupo Villar Mir por una peseta la acción. Al tratarse de un crédito sin intereses, de duración indeterminada y a pagar cada año con un 15% de los beneficios obtenidos por Ercros, Piqué advertía a Muñiz de que el ICO difícilmente podría recuperarlo, dada la situación financiera de la empresa. Según la carta, "no es previsible que se produzcan, a corto y medio plazo, beneficios en Ercros (dado que su patrimonio inmobiliario está hipotecado...) y los únicos ingresos previsibles procederán de dividendos de Erkimia, no previsibles antes de 6-7 años".

Por esta razón, nuestro astuto Portavoz Sr. Piqué propuso al ICO "un rescate" del préstamo para "eliminarlo del balance sin menoscabo del valor real" que pudieran "atribuirle". Tras un complicado y particular cálculo, el actual ministro portavoz concluía: "El valor actual resultante es de 140 millones". Aunque, en un arranque de generosidad y "en aras de un rápido acuerdo", manifestaba su "disponibilidad a aceptar un rescate algo superior, en torno, por ejemplo, a los 200 millones de pesetas."

En una breve respuesta remitida dos días después, el tal Miguel Muñiz aconsejaba a Piqué dirigir su propuesta a los ministerios de Economía y de Industria. "He recibido tu propuesta de cancelación del préstamo de 8.500 millones que el ICO formalizó con Ercros", decía Muñiz. "Pero, como bien conoces, estas operaciones han sido ejecutadas por el ICO siguiendo instrucciones de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, y dado que cualquier forma de resolución de la operación distinta a la pactada puede afectar a los intereses del Estado", es necesario el parecer de la Comisión Delegada. Piqué aceptó la sugerencia de Muñiz y elevó su propuesta a Industria. Según el malvadillo de un tal Juan Manuel Eguiagaray, mientras éste ocupó la cartera de Industria, el Sr. Piqué le propuso ese plan varias veces, pero fue rechazado

En junio de 1998, la Comisión Delegada para Asuntos Económicos aprobaba un amplio acuerdo para el rescate, no sólo del préstamo de 8.500 millones (por el que se pagarían sólo 1.100 millones), sino también de las deudas de Ercros con la Seguridad Social (3.245 millones) y con Hacienda (13.374 millones). Se desconocen los motivos, pero el Gobierno y la empresa mantuvieron el acuerdo en secreto ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que tuvo noticias del mismo en octubre de 1998. La CNMV había hecho varios requerimientos a los administradores de la sociedad para que corrigiesen las salvedades que habían realizado los auditores a las cuentas de 1994 y 1995, pues, de lo contrario, podría llegar a suspender la cotización. Precisamente, dichas salvedades se referían a la contabilidad poco ortodoxa del crédito del ICO. En el acuerdo del Gobierno, Ercros se comprometía a pagar la deuda de la Seguridad Social con el dinero obtenido de una ampliación de capital, que se ha realizado en mayo por 4.000 millones. Otra parte se saldaría tras la venta al ICO de unos terrenos que Ercros posee en Huelva y Lanzarote, que están hipotecados por Hacienda y la Seguridad Social. El acuerdo señala que estos terrenos se venderían al ICO por 5.000 millones (2.000 menos que su valor catastral), pero no se refiere a su valor de mercado. Parece ser que lo que le acabamos de relatar nos lleva a pensar que nuestro acuerdo de Gobierno para la cancelación de las deudas de Ercros con la Administración incumplió todos los trámites administrativos que marca la ley.

 

LOS GASTOS PERSONALES DEL HIJO DE LA AMIGA DE LOYOLA DEL PALACIO

El presidente de la empresa pública de aceites (Alycesa), D. Carlos Gila Lorenzo, por purito descuido, al parecer, cargó a las cuentas de la sociedad que dirige desde 1996 gastos particulares como el traslado de enseres personales desde Segovia a Madrid -250.000 pesetas-; cuota de pertenencia a la asociación estadounidense Young President, de la que es miembro desde 1994 -170.000 pesetas anuales- y asistencia a un Congreso de la citada asociación en Grecia, acompañado por su esposa -un millón de pesetas-. El presidente de Alycesa, empresa que pertenece a Patrimonio del Estado y al Ministerio de Agricultura, visto que se había conocido este asuntillo, reconoció que los gastos mencionados se produjeron y fueron pagados por la sociedad que preside, si bien, añadió que todos los gastos son legales y que los realizó en beneficio de la empresa. Carlos Gila, de 32 años, fue nombrado presidente de Alycesa en 1996 a instancias de la entonces ministra de Agricultura, Dña. Ignacia Loyola de Palacio, pese a que carecía de experiencia en el sector del aceite.

 

LA EX. PRESIDENTA DE NUEVAS GENERACIONES CONDENADA POR POR UN DELITO DE ESTAFA

La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a seis meses de prisión a la ex presidenta de las juventudes del Partido, Nuevas Generaciones, la señorita Marta Andrés Calleja. La misma pena ha sido impuesta a su padre, D. Teodoro Andrés, en ambos casos por un delito de estafa en grado de tentativa. La señorita Marta y su padre intentaron engañar a una compañía de seguros para que ésta cubriera un accidente mortal causado por el conductor de un camión de su empresa que no tenía el preceptivo seguro de responsabilidad. Según la sentencia, ha quedado probado que Marta Andrés, suscribió una póliza de seguros el 5 de diciembre de 1997 cuando el percance había ocurrido el día 1 de ese mismo mes. La sentencia también explica que Marta Andrés, aprovechándose de la confianza de uno de los empleados de la aseguradora, que desconocía la existencia del siniestro, hizo que se pusiera en la nueva póliza una fecha anterior a la del accidente mortal. Los dos acusados, padre e hija, mantuvieron en la vista oral del juicio, celebrada el pasado 19 de mayo, que suscribieron el seguro del camión el 1 de diciembre de 1997, antes de que ocurriera el accidente en la carretera de circunvalación de Burgos en el que perdió la vida una persona. Además de la pena de prisión de seis meses y un día que impone la sentencia, la Audiencia también condena a los acusados a las penas accesorias de suspensión de empleo y cargo público durante el mismo periodo y al pago de 300.000 pesetas. La defensa pidió la absolución de los acusados, en tanto que el fiscal y la acusación particular coincidieron en solicitar dos años de prisión por el delito, por el que han sido finalmente condenados a seis meses de cárcel.

 

LAS DENUNCIAS DEL PP Y LA FISCALIA ANTICORRUPCIÓN

La Fiscalía Anticorrupción ha archivado, al no encontrar delito, la denuncia que el Partido presentó contra tres consejeros del Ejecutivo de Castilla-La Mancha por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas por valor de 30.000 millones. Como bien sabe su S.E, la denuncia que el Partido presentó el pasado 27 de abril iba dirigida contra los tres últimos consejeros de Obras Públicas del Gobierno de José Bono -Isidro Hernández Perlines, Emiliano García Page y Araceli Muñoz- a los que acusaba de siete presuntos delitos, entre ellos prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho o tráfico de influencias. El fiscal jefe, Carlos Jiménez Villarejo, rechaza todas las acusaciones con respuestas como "la denuncia carece totalmente de fundamento", "la apreciación es incorrecta" o "no sólo no es una irregularidad sino que es la regla general". Por su parte, Nuestro Presidente regional ,pluriempleado letrado y candidato a la presidencia de Castilla-La Mancha, el Señorito Agustín Conde, quizá un tanto desconcertado ha declarado que "el hecho de que la fiscalía archive una denuncia no implica que se haya entrado en el fondo", por lo que no descarta trasladar la denuncia al juzgado de instrucción.

Por otra parte, el juez que preside la Junta Electoral de zona de Albacete, Fernando Cabarcos, ordenó la paralización "con carácter cautelar y urgente" de miles de fotocopias que se estaban realizando en la cuarta planta del Ayuntamiento de Albacete, por orden de nuestro alcalde, Juan Garrido, con las que se elaboraban un dossier que recogía informaciones aparecidas en la prensa nacional sobre el cada vez más malvado José Bono, con la finalidad de ser distribuida masivamente por la ciudad. En este mismo departamento de reprografía del ayuntamiento, se habían "falsificado" 10.000 sobres, tamaño cuartilla, como si fueran el modelo oficial de propaganda electoral.

 

D. EDUARDO ZAPLANA Y LOS FICHEROS INFORMÁTICOS

La Generalitat Valenciana, que preside el Sr. Zaplana, ha creado y regulado varios ficheros informáticos, entre ellos uno que recogerá los datos personales de los candidatos a representantes de los trabajadores en las elecciones sindicales que se celebren en la Comunidad Valenciana, en el que se indagará y tratará la ideología de los aspirantes. La creación y regulación del mencionado fichero informático se ha realizado por orden de 28 de abril de 1999, publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, de 27 de mayo, del consejero de Empleo, Industria y Comercio de la Generalitat Valenciana. Según esa orden, las personas de las que se pretende obtener datos son "las que se presenten como candidatos a representantes de los trabajadores en las elecciones sindicales que se realizan en centros de trabajo de la Comunidad Valenciana". La orden prevé la cesión del fichero al "Ministerio de Trabajo y Seguridad Social" [quiere decir de Trabajo y Asuntos Sociales]. Entre otros datos a recabar, como el DNI o NIF, la fecha y lugar de nacimiento, el sexo, la antigüedad, la fecha de mandato, el colegio electoral y el sindicato al que se pertenece, figura la "ideología".

 

EL MAL LLAMADO CASO TENERIFE: MÁS IMPUTADOS

Ya son ocho, por ahora, las personas imputadas por la juez en el llamado caso Tenerife, después de que fuese también inculpado Jorge Erik Villalba, un auxiliar administrativo que trabaja en la sede del Partido en Santa Cruz de Tenerife. Villalba podría ser el autor material del envío de un fax a la abogada del partido Julia Bango, desde nuestra sede, en el que se la amenazaba de muerte para que abandonase la investigación de un supuesto fraude urbanístico. Los otros imputados son: el consejero de Desarrollo Económico del Cabildo de Tenerife, Alfredo González; la secretaria de la Ejecutiva insular del Partido, Cristo Pérez; Elvira González, miembro del gabinete jurídico del partido; Miguel Angel Labrador, concejal de La Guancha; Víctor Rodríguez, promotor de la urbanización investigada; Carmelo Barreto, el matón que, presuntamente, agredió a Bango, y Antonio Cabrera, ex empleado del número dos de nuestro Partido en Canarias, D. Ignacio González.

 

LAS CONTRATACIONES FAMILIARES EN EL CABILDO DE GRAN CANARIA

Coalición Canaria ha presentado dos denuncias sucesivas ante los tribunales contra un consejero del Cabildo de Gran Canaria del Partido, el Sr. D. Antonio Artiles, al que acusa de un presunto delito de prevaricación, por haber contratado en la corporación insular a "cincuenta personas de su pueblo -Agüimes, municipio del sur de la isla-, entre las que se encuentran sus dos hijos, su pareja de hecho, dos hermanas de la anterior, su nuera, su consuegra, dos cuñadas, tres sobrinas, la esposa de un sobrino y cuatro candidatos del PP local". Según los denunciantes, para ello se han utilizado diversas "artimañas", como solicitar al Inem profesiones y especialidades "raras" -como peones exteriores de minas- o falseando los domicilios de los aspirantes.

 

LOS NEGOCIOS PRIVADOS DEL ALCALDE DE TALAVERA DE LA REINA

El alcalde de Talavera de la Reina (Toledo), Florentino Carriches reconoce que tres meses después de haber resultado elegido primer edil de la segunda ciudad más importante de Castilla La Mancha fundó junto a algunos familiares una empresa constructora que trabaja con empresarios de Talavera y otras localidades próximas. La empresa Chebio S.L, comenzó a funcionar el 13 de octubre del año 95. Desde entonces esta constructora ha trabajado con empresarios de Talavera y sobre todo de otros municipios cercanos como Calera y Chozas, como reconoció el propio alcalde. Carriches admitió poseer alrededor del 17% del accionariado de esta empresa familiar que cuenta con dos administradores mancomunados -uno de ellos su madre- aunque afirmó que «yo puedo ser accionista de algunas sociedades y eso no quiere decir que las esté gestionando directamente».