El pasado 28 de marzo, los diputados del PP en las Cortes Valencianas respaldaron unánimemente la Ley de Uniones de Hecho presentada por el Gobierno de Eduardo Zaplana. Ninguno de ellos hizo caso al obispo de Segorbe-Castellón, monseñor Juan Antonio Reig, que días antes habia instado a los parlamentarios católicos a que actuasen de acuerdo con su conciencia y votasen en contra de] nuevo reglamento; ni a monseñor Agustín García Gasco, arzobispo de Valencia, que ya habia arremetido contra el PP anteriormente afirmando que se habia alineado con las "utopias marxistas". Pese a que el nuevo reglamento ha sido criticado por los representantes de los gays y lesbianas, ya que no atiende a sus principales reivindicaciones (matrimonio entre homosexuales y regulación de la adopción), no hay duda de que el presidente de la Generalitat Valenciana ha dado un paso de gigante respecto a la posición que oficialmente ha mantenido su partido respecto a este tipo de reglamentos. La primera Ley de Parejas aprobada por una autonomía del PP ha abierto el camino para que el Gobierno nacional afronte de una vez por todas los problemas legales de los homosexuales (sobre todo después de que el PSOE haya anunciado que todas las autonomías en donde gobierna tendrán dentro de poco su propia Ley de Parejas). Por eso, muchos en el PP se sorprenden de que el presidente permita que uno de los políticos con más proyección dentro del partido, se le haya escapado del redil (en autonomías como Navarra, en donde recientemente se ha aprobado la Ley de Parejas más progresista de España, el PP tiene recurrida la ley ante el Tríbunal Constitucional, y la semana pasada votó en contra de la misma en el Congreso).
Pero Zaplana no es ni mucho menos el único ejemplo de politicos populares que se salen de la línea oficial impuesta por el partido respecto a muchos de estos temas especialmente sensibles para la Iglesia. De hecho, las últimas incorporaciones de José María Aznar al Gobierno de esta séptima legislatura no sólo han dado al PP la imagen de partido de centro buscada por el presidente, sino que han provocado una importante división interna entre un sector 1aico" moderno, partidario de reformas sociales, y otro "nacionalcatólico" cuyas opiniones se acercan a la doctrina impuesta por las autoridades eclesiásticas. El presidente no ha sabido lidiar con unos ni con otros, y las actuaciones y declaraciones públicas de todos ellos le han valido al partido las críticas airadas tanto de miembros de la Conferencia Episcopal española como de los sectores más progresistas de la sociedad.
Esta batalla interna se ha puesto de manifiesto en el tratamiento de varios temas de gran calado social con los que las autoridades católicas se muestran especialmente sensibles: la regulación jurídica de las parejas homosexuales, el aborto, la eutanasia, la píldora anticonceptiva del día después, la enseñanza de religión o la financiación de la Iglesia a través del IRPF.
En más de una ocasión, José Maria Aznar ha tenido que aplacar las iras de la Conferencia Episcopa] por las actuaciones del Gobierno en muchos de estos temas. El propio presidente, así como su mujer, Ana Botella (ver cuadro), son católicos practicantes y tienen buenas relaciones personales con las autoridades eclesiásticas, lo que hace aun más amargo el trago. Aznar ha sido el primer presidente de la democracia española que ha realizado una visita oficial al Vaticano para reunirse con el Papa Juan Pablo II (lo hizo hace cuatro años). Suele visitar al menos una vez al año el Monasterio de Silos junto al actual ministro de Presidencia Juan José Lucas, y hace dos semanas fue al de Poblet, en donde comió con los monjes y consultó su archivo. Días después se reunió con el presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, para tratar de abrir una nueva etapa en las turbias relaciones que mantienen por la no adhesión de la institución católica al Pacto por las libertades y contra el terrorismo firmado por PP y PSOE. En la reunión, Aznar escuchó del presidente de los obispos los dos problemas que preocupan más a la Iglesia española: la enseñanza de la religión en los colegios y las subvenciones a través del IRPF. Pese a que las conversaciones entre el Gobierno y la Conferencia seguirán produciéndose, semanas después el PP ha dado un nuevo batacazo a los obispos con la Ley de Parejas valenciana.
Protagonistas de 1&batalla. El cambio de mentalidad en los miembros del Gobierno de una legislatura a otra, se puede apreciar claramente en la fórmula elegida por cada uno en los actos de toma de posesión de los diferentes cargos. Existen dos formas de comprometerse con el cargo: en la primera de ellas, normalmente utilizada por los católicos, se jura (ante Dios) y en la segunda, se promete por la conciencia y el honor. El resto del texto es similar "cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministro?. En 1996, fecha en que el PP asumió por primera vez el poder, todos los miembros del Gobierno, incluidos el propio Aznar y los presidentes deL Congreso y del Senado, optaron por jurar sus cargos, excepto Francisco Álvarez-Cascos y el entonces independiente Josep Piqué, que lo prometieron. Esta cifra aumentaría en 1999, cuando Esperanza Aguirre, que tres años antes habia jurado textualmente como ministra de Cultura y Educación, cambió la fórmula para prometer su cargo de responsable del Senado. El año pasado, tras ganar de nuevo las elecciones, de los 16 miembros del Gobierno del PP que asumieron el cargo, el club de miembros 'prometidos" ascendió a cinco: curiosamente Aznar había contado de nuevo con las dos excepciones de la anterior legislatura, Josep Piqué y Francisco Álvarez-Cascos, e incorporaba además a otros teóricamente laicos como Rafael Montoro, Celia Villalobos o Jaume Matas (ver Prometer o jurar. esa es la cuestión).
El presidente de la Comunidad Valenciana, protagonista de la última polémica, juró el cargo en julio de 1995 y ha visitado recientemente a Papa, pese a que en el partido le sitúan como bastante liberal en estos temas.
Sin embargo, estas juras y promesas sirven sólo de primera referencia, porque, si bien es cierto que los cargos "prorrietidos" coinciden con el ala más progresista del partido, entre los que juraron el puesto se mezclan los católicos más moderados (democristianos) y los más fervientes defensores de la doctrina de la Iglesia.
El ala progresista del partido influye más de lo que parece en el presidente. De hecho, el católico practicante Aznar sabe muy bien que la mayoría absoluta se ha conseguido dando una imagen de partido de centro liberal y permisivo con determinadas políticas sociales. (No hay más que echar un vistazo a la encuesta elaborada a principios de año por Sigma Dos sobre las parejas homosexuales: un 76,5% de los españoles está a favor de las bodas civiles entre éstos, y un 56,7% se muestran favorables a que puedan adoptar hijos.) Pedro Arriola, uno de sus todopoderosos asesores y marido de la actual ministra de Sanidad, Celia Villalobos, se sitúan en el ala más "progresista" del partido, junto a los responsables de industria y Ciencia y Tecnología, losep Piqué y Anna Birulés. De hecho, como EL SIGLO informó en su portada Marido de Mínistra (nº 421) todos ellos, junto a la ministra de Educación, Cultura y Deportes, Pilar del Castillo, y a su marido Guillermo Gortázar, simpatizaban de jóvenes en la izquierda radical antifranquista.
Birulés y Piqué militaban en el PSUC, y Del Castillo y Gortázar, primero en la organización Bandera Roja, y luego en el PCE. Villalobos y Arriola nunca pertenecieron a ningún partido, aunque la ministra alardea de haber tenido entonces "actitudes de Bandera Roja". Su evolución también ha sido común, aunque Del Castillo y Gortázar son los que posteriormente se han identificado más con el liberalismo.
La presencia de Villalobos en un ministerio como Sanidad supone un problema para la Iglesia. En su mandato al frente de Sanidad no sólo no se ha tocado la Ley del Aborto promulgada en la etapa socialista (que permite la interrupción del embarazo en los casos de violación, malformación del feto o peligro para la salud fisica y mental de la madre), sino que además, la ministra ha aprobado recientemente la comercial ización bajo receta médica de la píldora anticonceptiva del "dia después", cuya utilización los obispos califican de "crimen abominable". Respecto a otros temas de especial sensibilidad como la eutanasia, prohibida por la legislación vigente, Villalobos se limita a señalar que `en este momento no es un asunto que esté encima de la mesa por parte del Gobiemo".
Con las dos ministras de Educación y Cultura, Esperanza Aguirre y Pilar del Castillo la Iglesia tampoco lo ha tenido fácil. La enseñanza de la asignatura de religión y el lugar que ésta ocupa en los programas docentes ha sido uno de los temas que han provocado mayor enfrentamiento entre la Conferencia Episcopal y el Gobierno. La anterior ministra, Esperanza Aguirre (actual presidenta del Senado) había mantenido el tratamiento académico de la religión como materia voluntaria, pero sin que las asignaturas alternativas fueran obligatorias y evaluables como quería la Iglesia. De] Castillo ha impulsado una reforma de la ensenanza que amplía la jornada lectiva, quitando horas a asignaturas como Música y Plástica, y sin tocar la de religión, pero los obispos siguen estando preocupados por el poco peso de su materia en los colegios e institutos.
Otros ministros del sector liberal, como Josep Piqué o Jaume Matas no han tenido ocasión de topar con la iglesia. Si lo ha hecho, aunque resulte extraño, el que fuera vicepresidente primero del Gobierno (actual ministro de Fomento) Francisco Álvarez-Cascos. El asturiano, paladín de Manuel Fraga, asistente a multitud de actos religiosos y considerado tradicionalmente uno de los elementos más derechistas del partido (el PSOE le llegó a identificar con un "doverman" en un polémico video de campaña), tuvo que vérselas con los obíspos, que no recibieron con buenos ojos que la plana mayor del PP asistiera en octubre del 96 a su boda civil en segundas nupcias con Gemma Ruiz (de la que alguno, como el de Mondoñedo, llegó a decir que era "nula ante la Iglesia").
El último ministro 'laico', Cristóbal Montoro (encargado de Hacienda), ha tenido que encargarse de la subvención pública a la Iglesia a través del IRPF, aunque en esta cuestión la Conferencia parece estar satisfecha. la declaración de la renta da la posibilidad a los ciudadanos de destinar un 0,52% de la recaudación a la Iglesia católica, a las ONG o a ambas, y el mantenimiento de esta subvención pública, aunque sea voluntaria, beneficia a las autoridades eclesiásticas.

Nacionalcatólicos. El sector enfrentado a los laicos" está formado por la gente más reaccionaria del partido. Si bien sus opiniones y sus actuaciones en defensa de la Iglesia son contadas, sus deciaracíones suelen tener una estruendosa relevancia pública. Muchos de ellos pertenecen al Opus Deiy algunos provienen de las filas del franquismo, de la UCD o de la extinta Alianza Popular. los casos del presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, o del alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano son casos de sobra conocidos. Sirvaisólo como ejemplo la sorprendente declaración que este último dio ante las cámaras de televisión el pasado junio después del asesinato de una mujer a manos de su compañero sentimental: las uniones de hecho están produciendo muchísimo más deterioro en la convivencia y se produce más violencia en el seno de las uniones de hecho que en las uniones matrimoniale?. Pese a que las estadísticas afirmaban rotundamente lo contrario, y muchos de sus compañeros se habían apresurado a corregir el exabrupto, el ex ministro de información y Turismo franquista Manuel Fraga apoyó a su compañero nacionalcatólico afirmando: "es evidente" que "el matrimonio es la fórmula más segura para todos" y "hay un motín de progresistas contra mí y Álvarez del Manzano", sin caer en la cuenta de que muchos de esos que denominaba "progresistas" estaban en su propio partido.
Con todo, capítulo aparte merecen los miembros del Gobierno ligados al Opus Dei. Entre los mandatarios populares que pertenecen a la Obra fundada por monseñor Escrivá de Balaguer destacan los supernumerarios Federico Trillo, actual ministro de Defensa y ex presidente del Congreso de los Diputados, (que ha sido varias veces testigo de beatificaciones de españoles en Roma, la última hace un mes, y al que esta Semana Santa se le espera en Cartagena para portear la imagen de la Virgen en la procesión de los Marrajos), e Isabel Tocino, ex ministra de Medio Ambiente, diputada y miembro de la Cofradía Internacional de Investigadores que desfila todos los años en la procesión del Corpus Christi de Toledo.
Así mismo, aunque en un escalón más bajo en cuanto a responsabilidades políticas, según fuentes cercanas al PP, también figurarían como numerarios en el censo del Opus Dei el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Jorge Fernández; el diputado por Granada y presidente de la Comisión de Justicia, Andrés Ollero (que participa activamente en multitud de congresos católicos y siempre ha defendido el papel del catolicismo "frente a los planteamientos laicistas que pretenden expulsarlo del ámbito de lo público", y que hace bien poco afirmó respecto a la eutanasia que la disponibilidad sobre la propia vida "no quiere decir que cada uno pueda hacer con su vida lo que quiera'); el director general de la Policía, Juan Cotino, o el Fiscal General del Estado elegido por el Gobierno, Jesús Cardenal. También se ha relacionado con la doctrina de monseñor Escrivá a la eurocomisaria y ex ministra de Justicia, Loyola de Palacio.
Estas fuentes enumeran también a otros cargos menores considerados en el partido como más sensibles con los temas sociales: la diputada Rosa Estarás, que elabora el proyecto de Ley de Unión Civil de los populares; la teniente de alcalde de Madrid, Mercedes de la Merced y la alcaidesa de Valencia, Rita Barberá; uno de los padres de la Constitución, Gabriel Cisneros; la cabeza de lista del PP en Andalucía, Teófila Martínez; el diputado autonómico Iñakí Oyarzábal (que el pasado enero pidió en la Cámara vasca la creación de un servicio de asesoramiento a gays y lesbianas); así como la presidenta del Congreso Luisa Fernanda Rudi (que en una entrevista concedida hace tres meses a la revista Mundo Cristiano aseguraba: "los principios religiosos no los puedes imponer a toda la sociedad".)
Todos ellos, dicen estas fuentes, están por la labor de regular los derechos de los homosexuales, y sus opiniones liberales pueden ampliarse a temas ya mencionados como el aborto, la píldora anticonceptiva del 'día después', etc...