El pasado 28 de marzo, los diputados del PP en las Cortes Valencianas
respaldaron unánimemente la Ley de Uniones de Hecho presentada
por el Gobierno de Eduardo Zaplana. Ninguno de ellos hizo caso al obispo
de Segorbe-Castellón, monseñor Juan Antonio Reig, que
días antes habia instado a los parlamentarios católicos
a que actuasen de acuerdo con su conciencia y votasen en contra de]
nuevo reglamento; ni a monseñor Agustín García
Gasco, arzobispo de Valencia, que ya habia arremetido contra el PP anteriormente
afirmando que se habia alineado con las "utopias marxistas".
Pese a que el nuevo reglamento ha sido criticado por los representantes
de los gays y lesbianas, ya que no atiende a sus principales reivindicaciones
(matrimonio entre homosexuales y regulación de la adopción),
no hay duda de que el presidente de la Generalitat Valenciana ha dado
un paso de gigante respecto a la posición que oficialmente ha
mantenido su partido respecto a este tipo de reglamentos. La primera
Ley de Parejas aprobada por una autonomía del PP ha abierto el
camino para que el Gobierno nacional afronte de una vez por todas los
problemas legales de los homosexuales (sobre todo después de
que el PSOE haya anunciado que todas las autonomías en donde
gobierna tendrán dentro de poco su propia Ley de Parejas). Por
eso, muchos en el PP se sorprenden de que el presidente permita que
uno de los políticos con más proyección dentro
del partido, se le haya escapado del redil (en autonomías como
Navarra, en donde recientemente se ha aprobado la Ley de Parejas más
progresista de España, el PP tiene recurrida la ley ante el Tríbunal
Constitucional, y la semana pasada votó en contra de la misma
en el Congreso).
Pero Zaplana no es ni mucho menos el único ejemplo de politicos
populares que se salen de la línea oficial impuesta por el partido
respecto a muchos de estos temas especialmente sensibles para la Iglesia.
De hecho, las últimas incorporaciones de José María
Aznar al Gobierno de esta séptima legislatura no sólo
han dado al PP la imagen de partido de centro buscada por el presidente,
sino que han provocado una importante división interna entre
un sector 1aico" moderno, partidario de reformas sociales, y otro
"nacionalcatólico" cuyas opiniones se acercan a la
doctrina impuesta por las autoridades eclesiásticas. El presidente
no ha sabido lidiar con unos ni con otros, y las actuaciones y declaraciones
públicas de todos ellos le han valido al partido las críticas
airadas tanto de miembros de la Conferencia Episcopal española
como de los sectores más progresistas
de la sociedad.
Esta batalla interna se ha puesto de manifiesto en el tratamiento de
varios temas de gran calado social con los que las autoridades católicas
se muestran especialmente sensibles: la regulación jurídica
de las parejas homosexuales, el aborto, la eutanasia, la píldora
anticonceptiva del día después, la enseñanza de
religión o la financiación de la Iglesia a través
del IRPF.
En más de
una ocasión, José Maria Aznar ha tenido que aplacar las
iras de la Conferencia Episcopa] por las actuaciones del Gobierno en
muchos de estos temas. El propio presidente, así como su mujer,
Ana Botella (ver cuadro), son católicos practicantes y tienen
buenas relaciones personales con las autoridades eclesiásticas,
lo que hace aun más amargo el trago. Aznar ha sido el primer
presidente de la democracia española que ha realizado una visita
oficial al Vaticano para reunirse con el Papa Juan Pablo II (lo hizo
hace cuatro años). Suele visitar al menos una vez al año
el Monasterio de Silos junto al actual ministro de Presidencia Juan
José Lucas, y hace dos semanas fue al de Poblet, en donde comió
con los monjes y consultó su archivo. Días después
se reunió con el presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio
María Rouco Varela, para tratar de abrir una nueva etapa en las
turbias relaciones que mantienen por la no adhesión de la institución
católica al Pacto por las libertades y contra el terrorismo firmado
por PP y PSOE. En la reunión, Aznar escuchó del presidente
de los obispos los dos problemas que preocupan más a la Iglesia
española: la enseñanza de la religión en los colegios
y las subvenciones a través del IRPF. Pese a que las conversaciones
entre el Gobierno y la Conferencia seguirán produciéndose,
semanas después el PP ha dado un nuevo batacazo a los obispos
con la Ley de Parejas valenciana.
Protagonistas de
1&batalla. El cambio de mentalidad en los miembros del Gobierno
de una legislatura a otra, se puede apreciar claramente en la fórmula
elegida por cada uno en los actos de toma de posesión de los
diferentes cargos. Existen dos formas de comprometerse con el cargo:
en la primera de ellas, normalmente utilizada por los católicos,
se jura (ante Dios) y en la segunda, se promete por la conciencia y
el honor. El resto del texto es similar "cumplir fielmente las
obligaciones del cargo con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar
la Constitución como norma fundamental del Estado, así
como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministro?.
En 1996, fecha en que el PP asumió por primera vez el poder,
todos los miembros del Gobierno,
incluidos el propio Aznar y los presidentes deL Congreso y del Senado,
optaron por jurar sus cargos, excepto Francisco Álvarez-Cascos
y el entonces independiente Josep Piqué, que lo prometieron.
Esta cifra aumentaría en 1999, cuando Esperanza Aguirre, que
tres años antes habia jurado textualmente como ministra de Cultura
y Educación, cambió la fórmula para prometer su
cargo de responsable del Senado. El año pasado, tras ganar de
nuevo las elecciones, de los 16 miembros del Gobierno del PP que asumieron
el cargo, el club de miembros 'prometidos" ascendió a cinco:
curiosamente Aznar había contado de nuevo con las dos excepciones
de la anterior legislatura, Josep Piqué y Francisco Álvarez-Cascos,
e incorporaba además a otros teóricamente laicos como
Rafael Montoro, Celia Villalobos o Jaume Matas (ver Prometer o jurar.
esa es la cuestión).
El presidente de la Comunidad Valenciana, protagonista de la última
polémica, juró el cargo en julio de 1995 y ha visitado
recientemente a Papa, pese a que en el partido le sitúan como
bastante liberal en estos temas.
Sin embargo, estas juras y promesas sirven sólo de primera referencia,
porque, si bien es cierto que los cargos "prorrietidos" coinciden
con el ala más progresista del partido, entre los que juraron
el puesto se mezclan los católicos más moderados (democristianos)
y los más fervientes defensores de la doctrina de la Iglesia.
El ala progresista del partido influye más de lo que parece en
el presidente. De hecho, el católico practicante Aznar sabe muy
bien que la mayoría absoluta se ha conseguido dando una imagen
de partido de centro liberal y permisivo con determinadas políticas
sociales. (No hay más que echar un vistazo a la encuesta elaborada
a principios de año por Sigma Dos sobre las parejas homosexuales:
un 76,5% de los españoles está a favor de las bodas civiles
entre éstos, y un 56,7% se muestran favorables a que puedan adoptar
hijos.) Pedro Arriola, uno de sus todopoderosos asesores y marido de
la actual ministra de Sanidad, Celia Villalobos, se sitúan en
el ala más "progresista" del partido, junto a los responsables
de industria y Ciencia y Tecnología, losep Piqué y Anna
Birulés. De hecho, como EL SIGLO informó
en su portada Marido de Mínistra (nº 421) todos ellos,
junto a la ministra de Educación, Cultura y Deportes, Pilar del
Castillo, y a su marido Guillermo Gortázar, simpatizaban de jóvenes
en la izquierda radical antifranquista.
Birulés y Piqué militaban en el PSUC, y Del Castillo y
Gortázar, primero en la organización Bandera Roja, y luego
en el PCE. Villalobos y Arriola nunca pertenecieron a ningún
partido, aunque la ministra alardea de haber tenido entonces "actitudes
de Bandera Roja". Su evolución también ha sido común,
aunque Del Castillo y Gortázar son los que posteriormente se
han identificado más con el liberalismo.
La presencia de Villalobos en un ministerio como Sanidad supone un problema
para la Iglesia. En su mandato al frente de Sanidad no sólo no
se ha tocado la Ley del Aborto promulgada en la etapa socialista (que
permite la interrupción del embarazo en los casos de violación,
malformación del feto o peligro para la salud fisica y mental
de la madre), sino que además, la ministra ha aprobado recientemente
la comercial ización bajo receta médica de la píldora
anticonceptiva del "dia después", cuya utilización
los obispos califican de "crimen abominable". Respecto a otros
temas de especial sensibilidad como la eutanasia, prohibida por la legislación
vigente, Villalobos se limita a señalar que `en este momento
no es un asunto que esté encima de la mesa por parte del Gobiemo".
Con las dos ministras de Educación y Cultura, Esperanza Aguirre
y Pilar del Castillo la Iglesia tampoco lo ha tenido fácil. La
enseñanza de la asignatura de religión y el lugar que
ésta ocupa en los programas docentes ha sido uno de los temas
que han provocado mayor enfrentamiento entre la Conferencia Episcopal
y el Gobierno. La anterior ministra, Esperanza Aguirre (actual presidenta
del Senado) había mantenido el tratamiento académico de
la religión como materia voluntaria, pero sin que las asignaturas
alternativas fueran obligatorias y evaluables como quería la
Iglesia. De] Castillo ha impulsado una reforma de la ensenanza que amplía
la jornada lectiva, quitando horas a asignaturas como Música
y Plástica, y sin tocar la de religión, pero los obispos
siguen estando preocupados por el poco peso de su materia en los colegios
e institutos.
Otros ministros del sector liberal, como Josep Piqué o Jaume
Matas no han tenido ocasión de topar con la iglesia. Si lo ha
hecho, aunque resulte extraño, el que fuera vicepresidente primero
del Gobierno (actual ministro de Fomento) Francisco Álvarez-Cascos.
El asturiano, paladín de Manuel Fraga, asistente a multitud de
actos religiosos y considerado tradicionalmente uno de los elementos
más derechistas del partido (el PSOE le llegó a identificar
con un "doverman" en un polémico video de campaña),
tuvo que vérselas con los obíspos, que no recibieron con
buenos ojos que la plana mayor del PP asistiera en octubre del 96 a
su boda civil en segundas nupcias con Gemma Ruiz (de la que alguno,
como el de Mondoñedo, llegó a decir que era "nula
ante la Iglesia").
El último ministro 'laico', Cristóbal Montoro (encargado
de Hacienda), ha tenido que encargarse de la subvención pública
a la Iglesia a través del IRPF, aunque en esta cuestión
la Conferencia parece estar satisfecha. la declaración de la
renta da la posibilidad a los ciudadanos de destinar un 0,52% de la
recaudación a la Iglesia católica, a las ONG o a ambas,
y el mantenimiento de esta subvención pública, aunque
sea voluntaria, beneficia a las autoridades eclesiásticas.
Nacionalcatólicos.
El sector enfrentado a los laicos" está formado por la gente
más reaccionaria del partido. Si bien sus opiniones y sus actuaciones
en defensa de la Iglesia son contadas, sus deciaracíones suelen
tener una estruendosa relevancia pública. Muchos de ellos pertenecen
al Opus Deiy algunos provienen de las filas del franquismo, de la UCD
o de la extinta Alianza Popular. los casos del presidente de la Xunta
de Galicia, Manuel Fraga, o del alcalde de Madrid, José María
Álvarez del Manzano son casos de sobra conocidos. Sirvaisólo
como ejemplo la sorprendente declaración que este último
dio ante las cámaras de televisión el pasado junio después
del asesinato de una mujer a manos de su compañero sentimental:
las uniones de hecho están produciendo muchísimo más
deterioro en la convivencia y se produce más violencia en el
seno de las uniones de hecho que en las uniones matrimoniale?. Pese
a que las estadísticas afirmaban rotundamente lo contrario, y
muchos de sus compañeros se habían apresurado a corregir
el exabrupto, el ex ministro de información y Turismo franquista
Manuel Fraga apoyó a su compañero nacionalcatólico
afirmando: "es evidente" que "el matrimonio es la fórmula
más segura para todos" y "hay un motín de progresistas
contra mí y Álvarez del Manzano", sin caer en la
cuenta de que muchos de esos que denominaba "progresistas"
estaban en su propio partido.
Con todo, capítulo aparte merecen los miembros del Gobierno ligados
al Opus Dei. Entre los mandatarios populares que pertenecen a la Obra
fundada por monseñor Escrivá de Balaguer destacan los
supernumerarios Federico Trillo, actual ministro de Defensa y ex presidente
del Congreso de los Diputados, (que ha sido varias veces testigo de
beatificaciones de españoles en Roma, la última hace un
mes, y al que esta Semana Santa se le espera en Cartagena para portear
la imagen de la Virgen en la procesión de los Marrajos), e Isabel
Tocino, ex ministra de Medio Ambiente, diputada y miembro de la Cofradía
Internacional de Investigadores que desfila todos los años en
la procesión del Corpus Christi de Toledo.
Así mismo, aunque en un escalón más bajo en cuanto
a responsabilidades políticas, según fuentes cercanas
al PP, también figurarían como numerarios en el censo
del Opus Dei el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Jorge
Fernández; el diputado por Granada y presidente de la Comisión
de Justicia, Andrés Ollero (que participa activamente en multitud
de congresos católicos y siempre ha defendido el papel del catolicismo
"frente a los planteamientos laicistas que pretenden expulsarlo
del ámbito de lo público", y que hace bien poco afirmó
respecto a la eutanasia que la disponibilidad sobre la propia vida "no
quiere decir que cada uno pueda hacer con su vida lo que quiera'); el
director general de la Policía, Juan Cotino, o el Fiscal General
del Estado elegido por el Gobierno, Jesús Cardenal. También
se ha relacionado con la doctrina de monseñor Escrivá
a la eurocomisaria y ex ministra de Justicia, Loyola de Palacio.
Estas fuentes enumeran también a otros cargos menores considerados
en el partido como más sensibles con los temas sociales: la diputada
Rosa Estarás, que elabora el proyecto de Ley de Unión
Civil de los populares; la teniente de alcalde de Madrid, Mercedes de
la Merced y la alcaidesa de Valencia, Rita Barberá; uno de los
padres de la Constitución, Gabriel Cisneros; la cabeza de lista
del PP en Andalucía, Teófila Martínez; el diputado
autonómico Iñakí Oyarzábal (que el pasado
enero pidió en la Cámara vasca la creación de un
servicio de asesoramiento a gays y lesbianas); así como la presidenta
del Congreso Luisa Fernanda Rudi (que en una entrevista concedida hace
tres meses a la revista Mundo Cristiano aseguraba: "los
principios religiosos no los puedes imponer a toda la sociedad".)
Todos ellos, dicen estas fuentes, están por la labor de regular
los derechos de los homosexuales, y sus opiniones liberales pueden ampliarse
a temas ya mencionados como el aborto, la píldora anticonceptiva
del 'día después', etc...