OPINIÓN E IMAGEN

El IRPF que deja Aznar

Ha pasado un año y apenas nos hemos dado cuenta. Volvemos a estar en plena campaña de la Renta, unas semanas en las que, quien más y quien menos, teme rellenar los famosos impresos para Hacienda. En los siete años de gobierno popular, los contribuyentes hemos vivido dos grandes reformas del IRPF, la primera, aprobada en 1998, cambió radicalmente el sistema con la introducción del llamado mínimo vital y la eliminación de las populares deducciones. En 2004, año electoral, los españoles podremos comprobar los efectos del nuevo IRPF con el que se despide Aznar y constatar si sus promesas de bajada de impuestos se han hecho realidad.

Por Vera Castelló

El impuesto sobre la renta es la principal fuente de financiación del Estado ya que supone algo más de la mitad de los ingresos totales que tiene Hacienda. Así mismo, es el más importante dado que lo declaran algo más de 14 millones de contribuyentes. Este año, está previsto que las retenciones de las nóminas  representen en torno al 90% del total, prácticamente igual que en años anteriores. El total descontado durante 2002 ascendió a 40.573 millones de euros, un 8,5% más que el año anterior. Pero lo importante en este caso es cómo afecta a los ciudadanos.

Este año, ¿tocará pagar? ¿nos devolverán? Los más optimistas, quienes creen las promesas del actual Gobierno, están convencidos de que ni lo uno, ni lo otro. El PP lleva sus siete años de gobierno teniendo como uno de sus objetivos principales la bajada de la presión fiscal y ajustar al máximo el impuesto, es decir, que las retenciones que sufren nuestras nóminas sean lo más parecido posible a la contribución final que debe hacer cada trabajador. Sin embargo, hasta llegar a este punto, los distintos gobiernos han aplicado diversas modificaciones en este impuesto que creó UCD hace casi 25 años.

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, conocido por las siglas IRPF, se ha ido simplificando desde su aprobación. En todos estos años, por ejemplo, se han reducido los tramos de cotización de los 28 iniciales a los actuales 6, uno menos en la declaración de la renta del próximo año.

Un largo proceso que se ha mostrado especialmente activo en los últimos años de gobierno popular. El PP, nada más llegar al poder, se puso a estudiar una primera reforma que concluyó con la Ley 40/1998 del 9 de diciembre. A esta seguirían modificaciones parciales y la segunda gran reforma que se aprobó el pasado mes de diciembre y que ha entrado en vigor este año, aunque sus principales efectos no los veremos hasta que hagamos la declaración de la renta a partir de mayo de 2004, año de elecciones generales.

En cuanto a la primera gran reforma del IRPF, el PP tardó casi dos años en aprobarla y lo hizo en un ambiente de gran tensión en el que oposición, sindicatos y organizaciones sociales mostraban su frontal rechazo al nuevo impuesto, al que consideraban “complejo e injusto”. La reforma llegó en un momento de crisis en la Agencia Tributaria, por los conflictos internos y la confusión en los resultados de la lucha contra el fraude, que se saldó con la destitución de su director general, José Aurelio García Martín, y la llegada de  Ignacio Ruiz-Jarabo.

El pleno del Congreso ratificó el Proyecto de Ley de reforma del IRPF, el 26 de noviembre de 1998, con los votos a favor del PP, CiU y Coalición Canaria, la abstención del PNV y el rechazo del PSOE, IU y el Grupo Mixto. Finalmente, esta reforma entró en vigor en enero de 1999, y los españoles aplicamos sus modificaciones en la declaración de la Renta que cumplimentamos en el año 2000. Los grandes cambios se centraban en que estaban obligados a declarar aquellos contribuyentes con unos ingresos superiores a los 3,5 millones de pesetas por rentas del trabajo; la tarifa pasaba a estar dividida en seis tramos, en vez de ocho, y con unos tipos marginales entre el 48 y el 18%, en vez del anterior máximo de 50 y mínimo del 20; se introducía una tarifa estatal y otra autonómica; se incluyó un mínimo personal exento de tributación –denominado mínimo vital– de 550.000 pesetas por contribuyente, a las que se añadían otras 550.000 por cónyuge en caso de declaración conjunta; la deducción por el primer hijo era de 200.000 pesetas, igual cantidad por el segundo y 300.000 a partir del tercero. Además, contenía una rebaja por rentas del trabajo de entre 500.000 y 375.000 pesetas decreciente a medida que aumentaban los ingresos.

Respecto a la vivienda, la compra mediante crédito hipotecario, tenía una deducción en cuota del 25 % de las primeras 750.000 pesetas pagadas al banco y del 15 % para otras 750.000 pesetas tanto en el primer año de pago como en el segundo. A partir del tercer año, la deducción era del 20 y el 15%, respectivamente, desapareciendo la deducción por intereses en la base imponible.

Uno de los conceptos más polémicos fue la creación del denominado “mínimo vital” que sustituía al llamado “tramo a tipo cero”. Esta figura significó la desaparición de deducciones tradicionales como la de gastos sanitarios, guarderías, etc. y de las cuentas hijo por hijo, recordando que el tercero come más que el primero y el segundo, y que, por tanto, desgrava más. La nueva filosofía era que el contribuyente debía rendir cuentas con el Estado por su renta realmente disponible. Así, de sus ingresos por rendimientos del trabajo podría deducirse una cantidad, el mínimo familiar, que equivale a los gastos fijos de sus hijos, cónyuges o mayores. Además, perjudicaba notablemente a los que viven de alquiler y se deducían hasta el momento por ello, ya que el mínimo familiar no cubre esta desgravación.

El nuevo impuesto parecía ser un canto a la familia. Además de que el mínimo familiar, la única gran desgravación, es mayor cuanto más numerosa es la prole, la reforma acaba con las ventajas de las parejas de hecho. Hasta ese ejercicio, una unión de este tipo con un hijo podía declarar de forma conjunta uno de sus miembros con el descendiente. Y, después de echar las cuentas, salía mejor que estar casados.

El coste recaudatorio de la reforma se estimaba tan alto que, a última hora, el Gobierno decidió compensarlo en parte con una nueva retención del 20% sobre las plusvalías generadas por ventas de fondos de inversión. Hacienda esperaba así adelantar unos ingresos de 150.000 millones. Además, se estableció una nueva retención del 25% para los seguros de vida.

Tras la aprobación de la reforma, oposición y Gobierno se enzarzaron en un agrio debate. Mientras que el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato, artífice de la reforma, se congratulaba de su aprobación –”es un buen día para los contribuyentes, ya que se ha hecho realidad el compromiso adquirido por el Gobierno de rebajar los impuestos a todos los españoles, que será aprovechado aún más por los contribuyentes con rentas más bajas, asalariados y familias”– los socialistas insistían en que suponía “repartir de forma desigual e injusta” el pastel de la economía española, tal y como declaró el candidato socialista a la presidencia del Gobierno, José Borrell. La oposición argumentaba que la rebaja en los impuestos directos no afecta a muchos millones de españoles, que no están sometidos al pago del impuesto sobre la renta, pero sí que les afecta el aumento en los impuestos indirectos. En este sentido, el portavoz de Economía del Grupo Socialista, Juan Manuel Eguiagaray, reiteraba que el nuevo impuesto profundizaba en el carácter regresivo de la tasa, aportando mayores beneficios a las rentas más altas y al ahorro a medio y largo plazo.

Incluso el PSOE, PDNI –el partido liderado por Diego López Garrido–, Iniciativa per Catalunya y los sindicatos CC OO y UGT firmaron un manifiesto contra el nuevo IRPF. Los firmantes del manifiesto consideraban que, desde que el PP gobernaba, las rentas empresariales y las del capital habían experimentado sensibles rebajas fiscales, que beneficiaban a los más ricos, mientras que subían las tasas y los impuestos indirectos, con el consiguiente perjuicio para las rentas medias y bajas. En opinión de los firmantes, “el Gobierno del PP ha convertido la fiscalidad en un mecanismo de transferencia de rentas a los grupos e intereses sociales que constituyen sus apoyos tradicionales”. En el texto se aseguraba que esta reforma deterioraría la posición de España en la negociación de la distribución de los fondos de la Unión Europea; supondría el aumento de otros impuestos y conllevaría la reducción de gastos en las prestaciones sociales. Si el Estado, se preguntaban, va a recaudar menos con el nuevo impuesto, ¿de dónde saldrán los fondos para sostener el Estado del bienestar? Los firmantes vislumbraban un panorama de menos servicios sociales y de aumento de otros impuestos.

El Gobierno calculaba por entonces que el nuevo IRPF supondría una rebaja fiscal media del 11% para todos los contribuyentes y tendría un coste de unos 550.000 millones de pesetas, que cinco millones de españoles dejarían de presentar la declaración en el primer año de vigencia del impuesto al no alcanzar los 3,5 millones de ingresos y que la reforma supondría un impulso a la economía de 0,5 puntos de PIB y crearía 50.000 nuevos puestos de trabajo. Finalmente, las arcas del Estado se resintieron mucho más de lo previsto. Según los datos que se publicaron años después, la rebaja del IRPF ha supuesto un ahorro para los contribuyentes de 800.000 millones de pesetas –dinero que deja de ingresar el Estado–, 58.000 pesetas por cabeza, según datos del Ministerio de Hacienda. Lo cierto es que en la memoria económica que acompañó al proyecto de ley del IRPF que se envió al Parlamento se estimó en 370.000 millones de pesetas el coste de la reforma, incluido el mayor crecimiento económico impulsado por la propia reforma y sus efectos sobre la recaudación de otros impuestos. Después, esa cifra se elevó hasta 550.000 millones, después de que los más variados expertos alertaran de lo mesurado de los cálculos gubernamentales.

El impacto fue mayor del anunciado, sin embargo, sus efectos recaudatorios se suavizaron al registrarse un aumento del 10% en la renta declarada y de 700.000 en el número de contribuyentes, respecto del año anterior. Además, hay que tener en cuenta que la reforma se aplicó en uno de los mejores años para la economía española desde hacía bastante tiempo. En 1999, la economía crecía a un ritmo por encima del 4%, los tipos de interés bajaron al 2,5%, se crearon 600.000 empleos y la inflación se mantuvo en torno al 2,5%. Según los cálculos de Hacienda, sobre el crecimiento económico alcanzado en 1999 (el 4% en media anual), 0,5 puntos fueron resultado de la reforma fiscal y a ella es imputable también la creación de 60.000 empleos.

No obstante, la reforma de 1998 trajo consigo un efecto negativo del que nuestra economía aún no ha podido zafarse: la inflación. Según los expertos, con 800.000 millones de pesetas más en los bolsillos, el auge del consumo en los años siguientes fue espectacular, a lo que se añadió el aumento de los precios del petróleo y la debilidad del euro, lo que conformó un cóctel explosivo para el control de la inflación.

Con la vista puesta en las elecciones. Con el IPC disparado, el PP ha tardado más de lo que prometió durante la campaña electoral de 2000 en impulsar una nueva reforma del IRPF que finalmente se firmó el pasado mes de diciembre.

Para elaborar esta nueva modificación, el Ejecutivo encargó un informe a una comisión de expertos encabezada por el catedrático Manuel Lagares, cuyas propuestas fueron mayoritariamente adoptadas a la hora de elaborar la nueva ley fiscal, que el PP aprobó en el Congreso con el apoyo de CiU y Coalición Canaria.

La reforma que ya ha entrado en vigor y cuyos efectos notaremos en la declaración de la renta del próximo año persigue, según el Gobierno, tres aspectos fundamentales: la reducción de tipos y tramos; incrementar el ahorro y la inversión; y mejorar la fiscalidad de las familias. Según el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, esta reforma va a suponer “una inyección de 3.600 millones de euros en el bolsillo de los contribuyentes”. El ministerio calcula que la reducción del IRPF será de 500 euros al año para una familia media, cantidad que ascenderá a 1.700 euros en el caso de que la mujer trabaje fuera del hogar y tenga un hijo menor de tres años y supondrá una reducción media del 11% en el mayor tributo directo del sistema financiero español.

Aunque los verdaderos efectos no los veremos hasta que hagamos la declaración de la renta en 2004, año electoral, ya desde el mes de febrero los trabajadores están comprobando la cacareada rebaja de las retenciones en las nóminas, que este año se estiman será de unos 3.000 millones de euros. A parte de este aspecto, la segunda gran reforma del IRPF promulgada por el PP tiene entre sus principales puntos la reducción a cinco de los tramos del impuesto, y la rebaja la tarifa del 18% y al 15% en el tramo de las rentas más bajas, y del 48% al 45% en el de las más altas. El Gobierno estima que la reducción del IRPF permitirá un crecimiento de la economía equivalente al 0,5% del PIB, y que contribuirá a la creación de 65.000 empleos.

Uno de los colectivos a los que la reforma teóricamente beneficia especialmente es el de las mujeres, ya que se multiplica por cuatro la rebaja fiscal por cuidados de hijos menores de tres años, hasta alcanzar los 900 euros y se crea una nueva deducción de 1.200 euros por cada hijo menor de esa edad para las madres que trabajen fuera de casa. De hecho, a partir de febrero, estas ayudas ya están siendo recibidas por adelantado, mediante una paga de 100 euros al mes, por quienes las han solicitado. Para cobrar esa paga, a la que también pueden acceder padres separados y viudos, no es necesario ser contribuyente. Según explicó en su día el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se trata de una “discriminación positiva” encaminada a “conciliar la vida laboral y familiar”. Sin embargo, este punto ha sido muy criticado por la oposición, poco partidaria de las deducciones generalizadas y más proclive a que las desgravaciones tengan en cuenta las condiciones salariales de cada contribuyente.

La reforma recoge también un incremento en la deducción general por hijos, especialmente a partir del segundo (y no del tercero, como hasta ahora). Las ayudas fiscales van de 1.400 euros, para el primer hijo, a los 2.300 euros, a partir del cuarto, lo que supone un incremento de entre 200 y 500 euros respecto al anterior IRPF.

Otro de los colectivos más beneficiados por la reforma del impuesto es el de las personas mayores, ya que la ley incrementa de 600 a 800 euros la deducción para aquellos declarantes que sean mayores de 65 años, o convivan con ellos. El IRPF recoge además una deducción adicional de 1.000 euros en el caso en el que la persona que conviva con el declarante sea mayor de 75 años.

La reforma beneficia también a los propietarios de vivienda en alquiler, que este ejercicio empezarán a desgravar hasta un 50% de la renta que cobren a sus arrendatarios. El objetivo de la medida es que afloren los dos millones de pisos vacíos que hay en España.

El Gobierno dice que con la rebaja del IRPF y la supresión del Impuesto de Actividades Económicas, otro de los cambios aprobados por el Gobierno dentro del paquete de medidas fiscales, permanecerá este año en los bolsillos de los españoles un total de 4.000 millones de euros. Para compensar a los ayuntamientos, los encargados de recaudar hasta ahora el mencionado IAE, éstos pasarán a financiarse con porcentajes de impuestos estatales, como el IRPF, el IVA o los especiales. El 93% de las empresas y profesionales dejará de pagarlo.

No obstante, la oposición critica los “desequilibrios” de las medidas. El PSOE denuncia que, con el nuevo modelo, a las rentas del capital se les aplica un sistema de fiscalidad “mínima o blanda”, mientras que las del trabajo sufren un auténtico “drenaje fiscal”. Durante los debates de la reforma, desde el Grupo Socialista en el Congreso se criticó el modelo de rebaja como continuista y se aseguró que “la reforma de 1998 favoreció doce veces más a las personas con ingresos superiores a los diez millones de pesetas que a las que tienen rentas de tres millones”. Los dirigentes de Izquierda Unida temen que este nuevo IRPF propiciará un “tratamiento fiscal más ventajoso” para las familias “con mayores ingresos”. Su coordinador general, Gaspar Llamazares, mantiene que “acentuará” aún más la actual política fiscal “regresiva de la derecha”.

Para el secretario general de UGT, Cándido Méndez, no existen argumentos suficientes para reducir el tipo máximo del IRPF, del 48% actual a un 45 %. José Mª Fidalgo, por parte del CC OO, ha acusado al Gobierno de “dilapidar” el ciclo de crecimiento económico “más importante” que ha habido en España en el último cuarto de siglo. El sindicato argumentó su oposición a la rebaja del IRPF por considerarla “regresiva para las rentas más bajas”, y recordó que la reforma anterior, también llevada a cabo por el Gobierno del PP, “descansó” sobre las capas de renta más débil. En cuanto a los analistas, la mayoría aseguran que persiste la falta de incentivos a las rentas de trabajo, que tributan más que las del capital.

La respuesta socialista. Tras un año de reflexión y como respuesta al nuevo Impuesto sobre la Renta que estaba anunciando el Gobierno para ponerse en marcha en 2003, el PSOE lanzó con toda solemnidad su propia alternativa fiscal. El grupo de expertos elegido por los socialistas para elaborar esa alternativa de reforma avaló la propuesta de tipo único, pero con un recargo para las rentas altas, aunque no lo consideran la única posibilidad. La idea la lanzó unos meses antes el responsable socialista de Economía, Jordi Sevilla, y desató una fuerte polémica. El informe de los expertos del PSOE no establece ese tipo único, ni el recargo, ni la cantidad a partir de la cual se aplicaría. Únicamente apunta que se situaría “en el umbral” de los tipos efectivos –el porcentaje de impuestos que se paga sobre las rentas declaradas, después de deducciones– del impuesto de sociedades. Según datos de 1997 –últimos publicados–, el tipo efectivo del impuesto de sociedades es del 21,24%. Así, el porcentaje barajado para el tipo único está en torno al 23-25%, aunque la cifra exacta no se ha desvelado. Según el documento, el recargo se aplicaría al 10% de contribuyentes con rentas más altas, que ahora son quienes ganan más de 30.000 euros al año.

Si el tipo único del IRPF se situase en torno al 23%, los que ahora están en la parte baja de la escala pagarían más, y los de arriba, menos. Para estos últimos, la propuesta del PSOE contempla el recargo. Para los perjudicados, el efecto se corregiría con unas deducciones en la cuota que beneficiarían de forma inversamente proporcional al nivel de renta.

Frente al sistema actual de mínimos familiares y personales que se descuentan en la base del IRPF, los expertos del PSOE se inclinan por llevar esos descuentos a la cuota. La diferencia está en que una deducción en base produce un ahorro fiscal proporcionalmente superior cuanto más alta es la renta. En el caso de la Seguridad Social, por ejemplo, la deducción que ahora se practica en la base se aplicaría en la cuota en un porcentaje sobre lo que se ha cotizado.

La otra diferencia básica es cómo se forma la base. El IRPF del PP separa las rentas según sean del trabajo o del capital. Los salarios tributan según tarifa, mientras que las plusvalías lo harán el año próximo a un tipo único del 15%. Los socialistas plantean volver al sistema anterior, que integraría las rentas de trabajo y capital bajo una misma tarifa, con coeficientes reductores para las del capital en función del número de años.

Los efectos económicos variarán mucho según donde se sitúen esos porcentajes, pero la propuesta dejaba claro que el modelo es muy diferente del que aplicó el Gobierno del PP en 1998 y ha desarrollado para 2003.


 

En plena campaña

Este año, el periodo para hacer la declaración de la renta ha coincidido con la campaña y elecciones autonómicas y municipales. Sin embargo, el Gobierno es consciente de que según le salgan las cuentas al ciudadano no sólo se mostrará más amable con el PP el 25 de mayo, sino que también puede recordarlo de cara a las generales del próximo año, para lo que Aznar ya ha dejado diseñada esta segunda reforma del IRPF. Así, el año 2002 ha sido el último en que se ha aplicado a las retenciones el impuesto que reformó el Gobierno del PP en 1998 y la declaración que se presenta ahora también es la última. Desde febrero de 2003 han entrado en vigor las retenciones del nuevo IRPF, que se declarará a mediados de 2004.

El 2 de mayo comenzó la campaña de la renta y acaba para todos, independientemente de que haya que pagar a Hacienda o de que ésta devuelva alguna cantidad, el 30 de junio. Salvo en lo relativo a planes de pensiones, no hay grandes novedades respecto al pasado año.

Recuerde que en esta campaña tienen que presentar declaración de la renta todas las personas que, con residencia fiscal en España, hayan obtenido en 2002 rentas del trabajo superiores a 21.035,42 euros. Sin embargo, también han de hacerlo los contribuyentes que sin haber ingresado esa cantidad sí cumplan media decena de requisitos entre los que se incluyen que hayan cobrado de más de una empresa, si se ha recibido una pensión compensatoria del cónyuge o si las rentas percibidas no se habían sometido a retención.. Además, es obligatorio declarar los rendimientos del capital mobiliario (dividendos de acciones, intereses de cuentas, de depósitos...) y ganancias de patrimonio (beneficios por la venta de acciones, de inmuebles...), siempre que su valor supere los 1.502,53 euros.

Así mismo, deben presentar declaración, sin importar la cuantía de sus rentas, las personas que deseen utilizar las deducciones por inversión en vivienda, por aportaciones a planes de pensiones o a mutualidades de previsión social y por doble imposición internacional. En ningún caso tienen que declarar quienes en 2002 sumaron unos ingresos de menos de 601,01 euros.

Tenga en cuenta que la declaración puede ser individual o conjunta, entendiéndose como unidad familiar tanto la formada por los cónyuges y sus hijos menores, como la que conforman los padres solteros, viudos, separados o divorciados que conviven con sus hijos.

Los impuestos se aplican sobre la renta disponible, es decir, por la renta del contribuyente menos los llamados mínimos personales y familiares. Estos mínimos, introducidos en la reforma de 1998, varían según la edad, el estado civil, la situación personal, etc, y representan las cantidades que se consideran necesarias para la subsistencia de la familia y sobre las que, por tanto, no han de abonarse impuestos.

Si el resultado de la declaración fuese positivo, el particular puede optar por pagar a Hacienda de una vez o fraccionar su abono en dos plazos. Para ello hay que presentar la declaración entre el 2 de mayo y el 30 de junio, ambos inclusive, e ingresar el 60% de la deuda fiscal al presentar la declaración. El 40% restante se pagará antes del 5 de noviembre de 2003.

Así mismo, recuerde que podrá decidir si destina el 0,5239% de la cuota íntegra al sostenimiento de la Iglesia católica o a fines sociales. De los casi 15 millones de personas que hicieron sus declaraciones el año pasado, 6.389.320 decidieron rellenar la casilla de fines sociales, lo que supuso una recaudación de 105.582.537 euros, 19 millones más que en la campaña anterior. Sin embargo, esta cifra aún es inferior a la cantidad mínima de 114 millones de euros que el Gobierno asegura anualmente para estos proyectos según lo establecido en el acuerdo que alcanzó con la plataforma de ONGs en 1999 y que caduca este año. El objetivo de la plataforma, que reúne a 16 organizaciones, es superar este mínimo para afrontar las próximas negociaciones en condiciones favorables. El logro de esta meta pasa por reducir el 57,23% de los contribuyentes que dejó en blanco esta casilla, algo que supuso que 120 millones fueran a parar a los Presupuestos Generales del Estado.

Acaba de empezar la campaña de la Renta, pero Hacienda ya tiene una idea de cómo le saldrán las cosas. Según la información remitida al Congreso, el Estado recaudó el pasado año por retención del trabajo a cuenta del IRPF un 9,3% más que el año anterior, pese a que tanto el empleo como la masa salarial aflojaron su crecimiento. Es decir, los asalariados adelantaron a cuenta de la liquidación que deben presentar estos días algo más de 40.573 millones de euros. El mayor avance de los ingresos por retenciones del trabajo responde, en gran parte, a que la tarifa del IRPF no se ha actualizado desde 1999, el primero en que se aplicó el actual impuesto.

La segunda fuente de ingresos por retenciones es la de las rentas del capital, a las que se aplica un tipo fijo del 18% (un 15% con el nuevo IRPF). El volumen recaudado ascendió a 2.644 millones de euros el pasado año, cifra que representa una caída del 15,2% sobre 2001.

12.05.03


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